“Una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos”. Esta frase del pastor bautista inglés Charles Spurgeon ya debía de ser buena allá en el XIX. Pero es imposible, totalmente imposible, que Spurgeon supiera lo buena que iba a acabar siendo ya bien metidos en el siglo XXI. El periodista de The New Yorker Andrew Marantz ha utilizado el aserto de aquel pastor para cerrar Antisocial. La extrema derecha y la 'libertad de expresión' en Internet (Capitán Swing, 2021), una crónica que levanta acta del fin de la tecnoutopía y fija las coordenadas de un nuevo mundo en el que la tan prometida “democratización de la información” ha resultado en carajal donde circulan libremente las falsedades, hacen su agosto troles y sociópatas e ideas que dábamos por enterradas desde la derrota ideológica del fascismo vuelven a campar a sus anchas. Todo ello al servicio de uno de los negocios más colosales de la historia de la humanidad y con un coste cada vez más elevado para la democracia.

¿Qué cuenta Antisocial? Si hubiera que resumirlo muchísimo, esto: cómo un grupo de cerebritos convencidos de tener el mundo a sus pies, con Mark Zuckerberg a la cabeza, prometieron un mundo “interconectado” y “social” y acabaron cebando un auge global de la ultraderecha con epicentro en la Casa Blanca. Mientras los niños prodigio pagan su error haciéndose multimillonarios, una plétora de radicales marginados durante la era analógica aprovecharon la oportunidad para abrir paso a discursos de odio que se creían superados por la democracias liberales. “Es un libro –resume su autor– sobre cómo lo impensable se convierte en pensable”. Y no se refiere a la tecnología, sino a las ideas, terreno donde se ha producido la paradoja: resultó que los viejos prejuicios han regresado ahora, con marchamo de “incorrección política”, a demostrar su óptima adaptación a un ecosistema digital que promueve la superficialidad y el conflicto.

Con todo ello se explica, razona Marantz, que hoy en Estados Unidos haya vuelto a ser “pensable” la deportación de niños. No es una desgracia caída del cielo. Hay dos grandes fuerzas que empujan el debate público hacia la locura. Las big tech hacen caja con los contenidos adictivos, extremos y polarizadores. Los instigadores del conflicto ganan público, influencia y poder. Y el periodismo, antaño organizador de un relato sobre el mundo basado en hechos verificables, asiste impotente mientras unos le quitan publicidad y otros audiencia.

“Querían 'cambiar el mundo', pero no se molestaron en especificar que querían cambiarlo para mejor”, escribe Marantz, que apenas oculta el sarcasmo al recordar cómo Zuckerberg iba de “Robin Hood”. LiveJournal, WordPress, Blogger, Movable Tipe, My Space, Reddit, Twitter, Youtube o Facebook no trajeron la prometida “democratización la información, pero sí lograron dinamitar una jerarquía periodística sobre cuyas ruinas los cazadores de clics de Upworthy han llegado a reportar más visitas que The New York Times. La lógica –periodística– de la relevancia informativa ha sido carcomida por la lógica –mediática– de la lucha por la atención. Ese es un fenómeno sin el que difícilmente hubiera llegado a la presidencia un hombre al que el The Washington Post atribuye 30.000 mentiras.

Las redes sociales, explica Marantz, primero impidieron aplicar a Donald Trump un “apagón” mediático durante su ascenso y luego le permitieron comunicarse directamente con una inmensa audiencia-electorado, declarándose exento de la fiscalización del periodismo y mintiendo a diario en Twitter. Como colofón, ha irrumpido en la escena un abanico de nacionalistas blancos, extremistas y filonazis que a través de webs, canales y cuentas a priori marginales han logrado cambiar el “vocabulario nacional”. Tienen algo a su favor: el contenido basura es fácil de producir y la distribución está garantizada. Ahí están esperando, sin apenas filtros, Google y Facebook y Youtube, y sin ningún filtro ni control en absoluto Whatsapp, propiedad de Facebook.

Así es como Marantz explica cómo Trump, el padre del birtherism, aquella falsedad según la cual Obama no había nacido en Estados Unidos, se convirtió en presidente. Simplemente era “el influencer más influyente”, explica. Pero la alerta de Marantz va más allá de Trump: aunque ahora haya perdido, la llamada “ventana de Oberton”, ese marco que delimita lo concebible de lo inconcebible en democracia, ya está hecha añicos. Uno de los troles resentidos convertidos en propagandistas de éxito en los que se detiene el autor de Antisocial, Mike Cernovich, derechista radical y teórico de la conspiración, trumpista hasta la médula, explica sin complejos las nuevas reglas: “Sólo necesitas tener un móvil inteligente y huevos, y con eso ya puedes hacer periodismo de verdad”. Y también: “Antes los medios eran capaces de controlar el relato. Pues que os jodan, hijos de puta. Los bárbaros están a las puertas. Ahora todo el mundo tiene una voz”.

Mentira y extremismo

De modo que ya está aquí la ansiada “democratización de la información”. Si tomamos la evidencia académica disponible, su resultado sería doble: 1) Proliferación de la mentira. 2) Auge del radicalismo político, especialmente el populismo ultraderechista e identitario. Veamos algunos estudios. The spread of true and false news online, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha concluido que las noticias falsas en Twitter corren un 70% más rápido que las verídicas, hallazgo obtenido tras el análisis de 126.000 historias tuiteadas por 3 millones de personas más de 4,5 millones de veces. Una investigación de la BBC centrada en India, Kenia y Nigeria vincula directamente la difusión de notificas falsas con el auge de ideas nacionalistas, que se adaptan como un guante a la inmediatez y la emocionalidad de las redes. Otra de la Folha de São Paulo cuantificó en un 97% de las noticias compartidas por Whatsapp por los seguidores de Bolsonaro durante la campaña en Brasil que eran distorsiones o lisamente mentiras. En torno a 126 millones de estadounidenses, un tercio de la población del país, recibieron contenido respaldado por Rusia en Facebook durante la campaña de 2016. La vinculación del éxito de Trump con la difusión de contenido dudoso está acreditada por numerosos informes, como Trump 2016, ¿presidente gracias a las redes sociales?, del profesor de Comunicación Roberto Rodríguez Andrés. La confluencia de facilidades para la mentira y oportunistas deseosos de utilizarlas ha llegado incluso al Parlamento británico, que publicó un informe en 2019 en el que acusaba a Facebook de comportarse como "un gángster digital".

El Eurobarómetro de otoño de 2019 ya dejaba datos para la preocupación por el fenómeno en España. El 83% afirmaba encontrarse “a menudo” con noticias falsas. Y sólo un 55% de veía fácil detectarlas (además, cabe preguntarse si estos son autoindulgentes con su respuesta). La investigadora Carolina Plaza sintetiza en unos brochazos en Agenda Pública la ventaja competitiva del radicalismo excluyente en este terreno de juego: “Las redes sociales han servido como herramienta indispensable para los partidos de derecha radical, ya que les han permitido superar el bloqueo de los medios e interactuar directamente con las audiencias [con] ideas no sujetas a los efectos ideales de la intermediación mediática como son, por ejemplo, la comprobación de los hechos”.

Hay amplia coincidencia sobre una idea: el iliberalismo ha encontrado en Internet un estrado privilegiado. El sociólogo Iago Moreno coincide en que las redes tienen “un peso clave en el auge de la extrema derecha”, aunque sitúa sus causas profundas en factores más puramente políticos. “La derecha radical es consciente de que la esfera digital no es un ágora democrática libre e igualitaria, sino un espacio marcado por enormes asimetrías de poder. Despliegan campañas basadas en cuentas bot, reclutan troles y experimentan con todo el abanico de posibilidades de la red”, explica. Y añade: “Hemos pasado a ser náufragos digitales. Las redes han frustrado las promesas sobre la era digital. Más que circunvalar la desinformación y la censura de los grandes medios, se han vuelto un altavoz para los mensajes de odio y una estresante fuerza que marca la agenda con anécdotas y polémicas huecas”.

Toma la palabra Enrique Fárez, director de MMI Analytics: “Las redes sociales y las tecnologías de automatización de mensajes (bots) son perfectas para la propagación de discursos antidemocráticos. Lo sabemos desde las elecciones en Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica. Los mensajes plagados de mentiras e intoxicación son difundidos a través de una red de actores, cada uno con un papel en la larga cadena de la manipulación, y alimentados por una inversión millonaria y apabullante tecnología”. Y sigue el hilo Thomas Carothers, investigador en calidad democrática de la Fundación Carnegie, que también detecta el efecto de la misma carcoma. Las redes, explica, tienen “un papel directo en la exacerbación de la polarización política”, fenómeno que ha estudiado a fondo. ¿Por qué? Al “reducir las barreras de entrada a la información, incentivan los contenidos incendiarios y atractivos”, explica Carothers a infoLibre.

Polarización

Los estudios han demostrado que la pugna por contenidos que atrapen la atención presenta un claro sesgo hacia las “opiniones extremas”, añade Carothers. Una investigación publicada en Nature, obra del investigador Luke Munn, concluye que el funcionamiento de Facebook “privilegia el contenido incendiario, estableciendo un bucle de estímulo-respuesta en el que la expresión de la indignación se hace más fácil e incluso se normaliza”. En cuanto a Youtube, su “sistema de recomendaciones” conduce hacia contenidos “extremos”, señala Munn. Carothers añade que el problema no es sólo que los usuarios queden atrapados en “burbujas”, recibiendo continuamente contenido que reafirmar sus sesgos y dificultando el diálogo. Es que, además, la exposición a contenidos extremos “está remodelando la forma en que los usuarios perciben las noticias, los acontecimientos o los puntos de vista en competencia”.

Este es un punto clave: las redes fomentan la polarización y el tribalismo. Gordon Hull, director del Centro de Ética Profesional y Aplicada de la Universidad de Carolina del Norte, lo ha sintetizado en un artículo de referencia. La publicidad específica utilizada en las noticias de Facebook ayuda a crear “filtros burbuja”, de modo que “funciona determinando los intereses de los usuarios a partir de los datos que recopila de sus búsquedas y sus me gusta”, expone.

“Dentro de un filtro burbuja, los individuos sólo reciben básicamente el tipo de información que ellos mismos han seleccionado previamente o, y esto es más peligroso, que terceras partes han decidido que les interesa”, explica. Y añade: “Lo malo es que dentro de un filtro burbuja la persona nunca recibe noticias con las que no esté de acuerdo […]. Todo esto se combina para significar que el mundo de las redes sociales tiende a crear grupos pequeños y profundamente polarizados que tenderán a creer todo lo que oigan”. No olvidemos que ya tenemos base psicológica para caer en esta repliegue político. La mente humana, como han demostrado entre otros investigadores los del Proyecto de Cognición Cultural de Yale, se inclina a interpretar las nuevas pruebas a la luz de las creencias previas. Se llama “sesgo de confirmación”. Estamos lejos de saberlo todo sobre los logaritmos de los gigantes digitales, pero es seguro que son aliados estrechos del sesgo de confirmación.

El reino de la “bulocracia”

Hay algo que Marantz quiere dejar claro en Antisocial: “Por muy neutral que pueda parecer una plataforma, siempre hay alguien en un segundo plano”. Es decir, lo que ocurre en la red no es fruto de la actuación espontánea y desmadrada de una multitud a la que por fin se ha liberado de la unidireccionalidad de los mass media. El control que hoy ejercen sobre los flujos de comunicación Facebook o Google, sobre cómo vivimos y consumimos, no entraba ni en los sueños más excesivos de los viejos magnates de los medios de comunicación. La “bulocracia”, como la llama el consultor y periodista Juan Carlos Blanco, tiene detrás la lógica del beneficio económico.

“El modelo de negocio de las redes sociales y las plataformas está centrado en la acumulación de datos. Eso necesita que haya cuantos más usuarios mejor. Prima lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Y para atraer a más usuarios, se recurre a contenidos más impactantes. Los algoritmos de Facebook o Youtube [propiedad de Google] priorizan elementos impactantes y cámaras de eco, que te dan acceso a los contenidos que refuerzan tus creencias previas”, explica Blanco, autor de un blog de análisis sobre comunicación y política. Los gigantes digitales, entre ellos Google y Facebook, llevan años aparentando contrición y autoenmienda por sus estragos al tejido democrático mientras “siguen promoviendo contenidos sensacionalistas o falsos que enganchan a las audiencias y les permiten acceder a más y más datos con los que refinan sus mensajes publicitarios. Un bucle adictivo. Y un negocio casi perfecto”.

Blanco cree insuficiente un análisis que considere a las big tech como multinacionales cuya actividad ha adquirido tal dimensión que requiere esfuerzos políticos de los gobiernos. No. Son eso y más. Se han erigido, afirma, en “naciones pantalla” que libran de tú a tú con los Estados una lucha por cuotas de poder mundial. “Reinos feudales con mesas de ping-pong”, señala Blanco. A su juicio, el problema central es que su modelo de negocio socava “las reglas del juego de la democracia”, al facilitar una autopista para la información basura que acaba minando la credibilidad de pilares básicos del sistema democrático: política, periodismo, universidad, sindicatos...

La manipulación del 'homo digitalis'

Hay otro factor con el que ningún tecnooptimista pareció contar. Lo expresa Marantz en Antisocial: “Personas inteligentes y bienintecionadas son incapaces de distinguir la simple verdad de informaciones falsas viralizadas”. El homo digitalis es ante todo manipulable. Una portería vacía para el gol de propagandistas y anunciantes. Michael Kosinski, psicólogo y experto en datos de la Universidad de Stanford, ha demostrado que el análisis de los me gusta de Facebook es capaz de determinar las creencias políticas básicas. Certezas así han impulsado a una segmentación extrema de los mensajes publicitarios y políticos. No siempre con resultados edificantes.

Una investigación de ProPublica prueba que Facebook permite insertar anuncios dirigidos a antisemitas. ¿Otro estudio poco tranquilizador? Karsten Müller y Carlo Schwarz, dos investigadores de la Universidad de Warwick, han logrado establecer una relación entre el uso de redes sociales y los delitos de odio en Alemania. A preguntas de este periódico, Schwarz recupera un elemento central del estudio: “Podemos demostrar que la relación entre el uso de Facebook y los delitos de odio contra los refugiados desaparece en las semanas en las que un municipio sufre un grave corte de Internet”.

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado hoy el Informe de 2018, que está especialmente dedicado a la discriminación interseccional que viven las mujeres gitanas y presenta los casos de discriminación denunciada recogidos en toda España, los avances, las buenas prácticas y la jurisprudencia más reciente en materia de discriminación.

Del total de casos registrados en el Informe, un total de 101 se han producido en ámbitos como los medios de comunicación e internet; mientras que en acceso a bienes y servicios se han registrado 44 casos; en empleo, 29 casos; en educación, 17; en vivienda, 17; en salud, nueve y en los servicios policiales, tres. En relación al Informe de 2017, se relataban 202 casos en los que se había discriminado a 334 personas, siendo -de nuevo- los ámbitos "más relevantes" los medios de comunicación e internet (33%), empleo (21%) y acceso a bienes y servicios (15%).

En cuanto al perfil de las víctimas de este año, el documento constata que la discriminación afecta mayoritariamente a personas gitanas jóvenes, entre los 16 y 45 años, a un total de 199 personas.

Las principales conclusiones apuntan a que el tratamiento informativo, el acceso a los bienes y servicios, y la vivienda son los ámbitos de desigualdad más destacados según recoge el informe, que también apunta al acompañamiento a las víctimas como un factor clave en la lucha contra la discriminación, y al litigio estratégico como una de las vías fundamentales en la defensa de los derechos de la población gitana. Las conclusiones recogen también el problema del discurso de odio antigitano en redes sociales e internet y la necesidad de que España cumpla las últimas recomendaciones de los organismos internacionales.

Discriminación interseccional de las mujeres gitanas

En la presentación de este miércoles, la secretaria de Estado de Igualdad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Soledad Murillo, ha destacado la relevancia de que el Gobierno haya creado una Dirección general para la Igualdad de trato y la Diversidad, y que esté dando los pasos para recuperar la Ley integral de Igualdad de Trato y No discriminación, paralizada en 2011, ya que se trata de "una norma de Derecho antidiscriminatorio que contempla mecanismos de vigilancia".

Por su parte, el director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha subrayado que el objetivo del informe pasa por "visibilizar la discriminación cotidiana que sufre la comunidad gitana por su condición étnica, y mostrar en qué medida afecta a sus vidas y las aleja del acceso a sus derechos fundamentales".

Posteriormente, la escritora y periodista Elvira Lindo ha moderado la "Mesa de Análisis de la discriminación interseccional", en la que han participado la directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez; la profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Romero, y la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

"En los casos de discriminación que anualmente registramos y asistimos en España, hemos detectado que las mujeres gitanas en nuestro país sufren discriminación interseccional sobre todo en el ámbito del acceso a bienes y servicios, concretamente en los supermercados y establecimientos comerciales. Son perseguidas al hacer sus compras por los guardias de seguridad con presunciones prejuiciosas", ha denunciado Giménez en su intervención.

"Para identificar este tipo de discriminación nos hacemos dos preguntas básicas: ¿Sería tratada de la misma forma una mujer gitana que otra no gitana? ¿Y un hombre gitano?", ha añadido. Por su parte, Soleto ha reflexionado sobre la importancia de disponer de instrumentos de denuncia públicos para que las entidades sigan trabajando por los derechos de las personas.

La presentación también ha contado con los testimonios de Lorena, Sofía y Juan Antonio, que han contado sus casos en primera persona y se han animado a denunciar: "Hay que visibilizarlo y hay que seguir luchando por nuestros derechos". "Que te persigan en una tienda por ser gitana es injusto y duele", afirmaba Lorena.

Este Real Decreto Ley, a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press, establece también un gravamen de 3,15 euros para las tabletas, de 5,45 para reproductores de sonido o vídeo y de 6,45 para reproductores no integrados. No obstante, no se aplicará más de una cantidad a los ordenadores o tabletas.

Además, las impresoras estarán gravadas con entre los 4,5 y los 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0,33 y 1,86 euros, y los discos compactos para la reproducción mixta de entre 8 y 28 céntimos.

Este nuevo modelo vuelve al sistema anterior a la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por el que los fabricantes y distribuidores pagan un canon de las ventas de los equipos, pero introduce como novedad la posibilidad de reembolso para un uso "exclusivamente profesional" o para su "exportación o entrega intracomunitaria".

En este sentido, quedan exceptuados de pago las adquisiciones de equipo de las entidades del sector público y de las personas jurídicas o físicas que puedan justificar el uso profesional de la adquisición de estos equipo.

En cuanto a la fecha de aplicación, el texto señala que el real decreto ley entrará en vigor el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE.En este sentido, fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han señalado a Europa Press que previsiblemente estará vigente a partir del 1 de agosto, tras su convalidación en las Cortes, donde cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

Esta determinación de equipos y de tarifas tiene un "carácter transitorio" de un año, que se regularizará a través de un Real Decretoy a partir de ese momento las actualizaciones se realizarán por orden ministerial como mínimo una vez cada tres años.

Este texto señala que las entidades de gestión que reciban los pagos por parte de los fabricantes y los distribuidores deberán provisionar al menos el 30 por ciento de las cantidades percibidas hasta el momento en el que se realicen los reembolsos.

Asimismo, establece que los fabricantes y los distribuidores deberán repercutir el importe de la compensación "de forma separada en la factura que entreguen a su cliente" e indicar, en el caso en el que el cliente sea consumidor final, su derecho a obtener el reembolso si cumple los requisitos.

Respecto a la determinación de la cuantía, se tendrá en cuanta la intensidad del uso de equipos, la capacidad de almacenamiento o el impacto del límite legal de copia privada sobre la venta de ejemplares, entre otros.

No tendrán consideración de reproducciones para uso privado las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de reproducciones para el público, o mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el decreto ley que regula el nuevo sistema de compensación por copia privada para adaptarlo al derecho comunitario. Así, el canon pasa de sufragarse a través de los Presupuestos Generales del Estado a cargarse directamente a los dispositivos digitales. El nuevo reglamento establecerá, sin embargo, "un mecanismo efectivo de exceptuaciones y reembolsos", según ha asegurado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

El Tribunal Supremo declaró nulo el pasado mes de noviembre el real decreto de 2011 que cargaba el canon digital a los Presupuestos Generales del Estado. Lo hizo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbara ese mismo reglamento, ya que este sistema "no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas". Así, España vuelve al modelo de 2008, cuando se estableció una tasa por cada dispositivo que pudiera realizar o albergar copias privadas. Es el fabricante quien deberá hacerse cargo del impuesto, pero este puede decidir, en última instancia, aumentar el precio del producto.

Con el sistema establecido en 2008 por la conocida como ley Sinde, en referencia a la entonces ministra de Cultura socialista, las entidades de gestión de derechos llegaron a ingresar 115 millones de euros al año por este concepto. En los últimos tres ejercicios, con el nuevo modelo, el Gobierno ha destinado únicamente 5 millones de euros anuales de los Presupuestos a esta partida. Varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, entre ellas Egeda y la SGAE, llevaron la medida al Tribunal Supremo, que preguntó a su vez si la norma era compatible con las reglas de la Unión Europea. La Asociación de Internautas era también contraria a este modelo porque "era como si el contribuyente pagara la licencia del taxi". 

El real decreto establece unas cantidades a pagar por los fabricantes que supondrán un coste adicional de 1,1 euros para los móviles o 12 euros para los discos duros, entre otros. La lista de precios también incluyen los CD con un coste de compensación por copia privada de 0,10 euros por unidad regrabable y los DVD por 0,28 euros. Las memorias USB estarían gravadas con 0,24 euros la unidad y las tablets, con 3,15 euros la unidad. Estas tarifas tendrán una vigencia de un año, y se actualizarán periódicamente. 

En el nuevo modelo, estarán exentas del pago las personas físicas y las empresas "que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, además de las entidades del sector público", según el Ministerio de Cultura. Esto igualaría el modelo español con otros europeos como el francés, que implantó esta medida en 2011. Esta novedad, negociada con las entidades de gestión, ahorrará enfrentamientos como el el caso Padawan, en el que una tienda de informática se negó a pagar el canon que le exigía la SGAE. La Audiencia de Barcelona le dio la razón atendiendo a la legislación europea, que asume que el fin por el que las administraciones y las empresas compran un dispositivo no es el de conservar copias privadas de obras protegidas por derechos de autor. 

El ministro ha señalado que este decreto ley será desarrollado a través de real decreto. Al no tener mayoría en las cámaras este texto, fruto del "consenso" según Méndez de Vigo, recoge aspiraciones de los distintos grupos parlamentarios.

No obstante, se trata de una propuesta inicial que debe ser todavía tramitada y podría sufrir modificaciones e incluso no aparecer en el documento final, tal y como han explicado fuentes del sector, que también han incidido en que el modelo de precios se basa en la última orden ministerial que puso precio al canon digital en el año 2008.

En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan que lo que tendrá que discutirse a partir de ahora serán formas de copia privada que no había en ese momento y que a día de hoy son "objetos de discusión", tales como el almacenamiento en nube, las tabletas u otros tipos de dispositivos como los smartphones.

El borrador únicamente habla de teléfonos móviles "con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos". Asimismo, también hay otro apartado para dispositivos portátiles "reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales", que tendrían un coste adicional de 3,15 euros por unidad.

La lista de precios también incluyen los CDs (sean o no regrabables) con un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por unidad y los DVD por 0,44 euros la unidad. Las memorias USB estarían gravadas con 0,30 euros la unidad y equipos (de menos de 17 kilos) con capacidad para copia, impresión, fax o escáner, con 7,95 euros la unidad.

En cualquier caso, se trata de un punto que tendrá que ser negociado por las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual y, de no ponerse de acuerdo, tendría que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

De ahí que el texto pudiera salir adelante sin precios y que sean aprobados en el próximo semestre, según han señalado estas fuentes. El borrador se encuentra en manos de Agenda Digital y pasará también por el ministerio de Economía.

Vuelta al modelo de 2008

Cineastas, músicos y escritores han aplaudido la intención, expresada en el primer borrador de la nueva norma que modificará la regulación de la propiedad intelectual, de regresar a un modelo de canon digital similar al que se aprobó durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún así, se han mostrado prudentes a la hora de celebrarlo porque quieren verlo "por escrito" en una nueva ley aprobada en el Parlamento. "Por ahora hay solo palabras y las palabras se las lleva el viento", ha recordado en declaraciones a Europa Press la escritora Paula Izquierdo.

De hecho, el músico y compositor Nacho García Vega ha hecho hincapié en la importancia de que el nuevo canon se cargue a las empresas tecnológicas, porque "son las que se benefician" de la piratería, al ser las que venden los soportes y dispositivos que se emplean para realizar las copias.

"Es importante y justo que lo paguen quienes se están beneficiando de ello", ha explicado. Sin embargo, se ha mostrado "prudente" porque, pese a que la imposición del canon a estas empresas, a su juicio, no les supondría un gran perjuicio, cree es un sector "muy poderoso" y con gran influencia, de modo que cree posible que se frene un intento de aplicarles el canon a ellas.

"El daño" de los últimos cinco años

El actor Emilio Gutiérrez Caba ha alertado sobre la posibilidad de que las empresas tecnológicas "se nieguen" a que se les aplique el impuesto. "Por ahora, al Gobierno le han dado un varapalo y no sabemos lo que se va a hacer. Además, el daño hecho los últimos cuatro o cinco años no lo va a pagar nadie", ha indicado el actor.

En todo caso, el cineasta Imanol Uribe ha subrayado que el borrador publicado por ahora indica que "está volviendo la razón" al debate sobre la propiedad intelectual al orientarse a que sean las empresas tecnológicas quienes paguen el canon, en tanto que "sacan beneficios muy sustanciosos" de la difusión de la cultura por medios digitales.

"Ahora es tan fácil piratear que muchas veces está la película en Internet y no te ha dado tiempo ni a recuperar el dinero para hacer otra película" lamenta el guionista y director de cine Benito Zambrano. "Somos un país con una larga tradición de no proteger nuestra cultura, pero luego todo el mundo quiere leer libros, escuchar música, ver películas e ir al teatro".

Todos estos artistas coinciden en que el sector cultural "está entre la espada y la pared" y señalan que la eliminación del canon durante los últimos cinco años ha provocado importantes consecuencias en el sector, reduciendo la capacidad de las productoras para invertir en promoción de sus películas, libros y discos y mermando las cantidades que reciben las sociedades de gestión de derechos de autor para compensar el trabajo de los artistas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto este miércoles duplicar "en tiempo y cantidad" el plan de 315.000 millones de euros para impulsar las inversiones en la Unión Europea, para llegar a los 630.000 millones de aquí a 2022, según ha informado Europa Press.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha defendido que, tras la movilización de 116.000 millones de euros, el plan ya ha creado 100.000 nuevos empleos y el nacimiento de más de 200.000 nuevas empresas. Por ello asegura que "debemos ir aún más lejos", para "doblar la duración del fondo y duplicar su capacidad financiera".

Juncker ha advertido que es necesario crear el entorno propicio para atraer a las inversiones privadas con este fondo, por lo que ha incidido en la urgencia de acelerar el proyecto de una Unión de mercado de capitales.

Para el presidente de la Comisión, el mercado de las telecomunicaciones es el área por el que la UE debe apostar en los próximos años. Un sector que, ha señalado, necesita "un nuevo marco que atraiga y favorezca las inversiones" en proyectos de conectividad. Según sus cálculos, este mercado podría generar "al menos 1,3 millones de nuevos empleos en diez años".

Así, de aquí a 2025 debería desplegarse el 5G en todo el conjunto de la Unión Europea, año en el que se pretende que todas las escuelas, universidades, centros de investigación, hospitales o empresas tengan acceso a una "extremada alta conectividad". Además, todos los hogares tanto urbanos como rurales deberían disponer de una conexión con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps.

Como último objetivo, se aspira a que todos los espacios urbanos, carreteras principales y líneas de trenes tengan una cobertura de 5G ininterrumpida. Como meta intermedia, el 5G debe estar disponible en al menos una ciudad importante de cada Estado miembro en 2020.

Juncker también ha hablado sobre las nuevas normas de copyright copyright que presenta el Ejecutivo comunitario este miércoles y ha asegurado que los artistas y creadores deben contar con todos los medios necesarios para "proteger sus obras".

"Son las joyas de Europa, la creación de contenidos no es un pasatiempo, es una profesión y es parte de nuestra cultura europea", ha resumido ante los eurodiputados.

"Quiero que los periodistas, editores, autores y otros sean remunerados de manera justa por su trabajo, sin importar si lo hacen desde un estudio o desde su salón, lo difundan o no online, lo publiquen con la ayuda de una fotocopiadora o a través de un hipervínculo".

El presidente de la Comisión Europea ha explicado también que la semana pasada decidió retirar la propuesta inicial de limitar a 90 días el roaming gratuito porque "en las próximas semanas verán un proyecto mejorado", con una propuesta que "mantendrá la promesa y será mejor".

"Cuando viajamos por Europa con nuestro teléfono móvil, debemos sentirnos como en casa en cualquier lugar de Europa", ha zanjado Juncker.

La abogacía general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves que los libros electrónicos y los periódicos y revistas online queden fuera del IVA reducido, el cual la normativa comunitaria sí permite aplicar a publicaciones equivalentes en soporte físico, según ha informado Europa Press.

Según esta normativa europea, las publicaciones digitales deben someterse al tipo impositivo normal salvo que suministren su contenido mediante un soporte físico como, por ejemplo, un CD.

La abogada Juliane Kokott ha recordado una sentencia anterior del TUE que declaraba que "no existe necesariamente competencia" entre la versión digital en soporte físico y la versión en papel de un libro, ya que esto depende de otras variables como pueden ser las diferencias entre los Estados miembros y el paso del tiempo.

"En un escenario objetivamente tan incierto, corresponde preferentemente al legislador de la UE, y no al TUE, efectuar la compleja valoración de una situación de competencia", ha añadido.

Acerca de la violación del principio de igualdad de trato entre los formatos físicos y los digitales, ha señalado que no ve ningún problema, ya que los segundos pueden seguir ofreciéndose a un precio inferior al de los soportes físicos incluso estando sometidos a un IVA más elevado.

La Comisión Europea ya ha hecho público que trabaja en una propuesta que aclare este campo antes de finalizar 2016.

Telefónica trabaja en una plataforma para devolver a sus usuarios el control sobre sus datos y su vida digital con el objetivo de que sean ellos mismos quienes decidan el uso que otras compañías como Google, Facebook o WhatsApp hacen de ellos. Estas compañías tendrían que compensar a los clientes por esos datos incluso económicamente, tal y como explica José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

En declaraciones realizadas a los medios tras participar en el XXX Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por Ametic, Álvarez-Pallete ha explicado que el objetivo es que sea el usuario el que decide directamente su relación con las compañías conocidas como Over the Top y la propuesta de valor que se derive de esta.

"Vamos a poner a través de la red de forma transparente en manos de los usuarios todos los datos y el valor de su vida digital para que sean ellos los que decidan si quieren acceder a esas plataformas o no o qué parte de su vida quieren proteger o bloquear ellos mismos a través de la red", afirma Álvarez-Pallete.

Además, defiende que la responsabilidad de los operadores es explicar a los usuarios qué es la digitalización y lo que está suponiendo en sus vidas, así como transmitir cuál es el valor de su información para que ellos mismos decidan qué quieren compartir y qué no.

La compañía lleva año y medio trabajando en este proyecto y la parte operativa se está preparando. Sin embargo, explican que es algo "complicado", ya que tiene una parte de arquitectura que requiere integrar sistemas de la red con sistemas nuevos de almacenamiento, procesamiento y de ordenamiento.

Así mismo, Álvarez-Pallete señala que están analizando varias interfaz de usuario y que todavía no está preparado para su lanzamiento al mercado. Llegado el momento, podría ser una aplicación o cualquier tipo de tecnología fácil de utilizar y comprender que ayudase al usuario a comprender qué está ocurriendo en todo momento.

El fin último es que el cliente le vea valor a pertenecer a una red "inteligente, potente, ágil y veloz como la de Telefónica que tiene una contrapartida que es que puede gestionar su vida digital".

Por su parte, Vodafone Group ha respaldado que los clientes vuelvan a tener el poder de decidir aquello que quieren hacer con sus datos aunque, como explicó Vittorio Colao, consejero delegado del grupo, es un objetivo complicado y que se debe desarrollar a largo plazo, ya que la situación será diferente en unos años. 

A este poder de decisión añaden el de qué publicidad quieren ver al acceder a ciertas aplicaciones o informaciones. "Hay que dar al consumidor la posibilidad de elegir qué hacer con sus datos en ambos sentidos", señala Vittorio Colao.

Álvarez-Pallete no ve ningún problema en que el resto del sector siga el mismo camino que Telefónica, reiterando la necesidad de establecer la regulación que devuelva a los usuarios el poder de decidir.

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, celebró el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que declara ilegal que la compensación por copia privada destinada a los autores de la obra sea financiada por los Presupuestos Generales Estado (PGE), como establece el canon digital español introducido en 2012, y no por los usuarios de la copia. "Es como si el contribuyente tuviera que pagar la licencia de los taxistas", destacó.

Así se expresó Domingo, en declaraciones a Europa Press, tras conocer la decisión del TUE, en las que indicó que como lo planteó el PSOE "estaba mal y también fue anulado, porque no se podía cargar arbitrariamente el canon digital".

En este sentido, aseguró que el Partido Popular cometió "otro gran error", cargándolo a los PGE. "Es una cosa absolutamente inconcebible que los derechos de autor los tenga que sufragar el contribuyente, independiente de que ejerza el derecho a la copia privada o no", manifestó Domingo, al tiempo que defendió que "si tiene que haber un canon por copia privada, tendría que ir, a lo mejor, al original, pero nunca a los dispositivos".

De esta forma, el presidente de la Asociación de Internautas aseguró que el dictamen del TUE es una noticia "excelente" e instó al próximo Ministerio de Cultura a "atender el debate que se suscitó para buscar una solución a este problema que creó falsamente el PSOE", mientras que "el PP se ha conformado en hacer esto, que hoy ha caído abajo".

Finalmente, Víctor Domingo advirtió de que este fallo obliga ahora a reformar la Ley de Propiedad Intelectual y concluyó que es una "pena" que el Ejecutivo "haya recibido este tirón de orejas de la Unión Europea".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este pasado miércoles que es ilegal que la compensación por la copia privada destinada a los autores de la obra sea financiada por los presupuestos generales, como establece el canon digital español introducido en 2012, y no por los usuarios de la copia, informa Europa Press. En su pronunciamiento, la sala europea valoró que el sistema español "no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una "excepción de copia privada" que incluya una "compensación equitativa".

Desde 2012, el canon digital por copia privada se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente, "dentro de los límites presupuestarios" establecidos para cada ejercicio.

Varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, entre ellas Egeda y la SGAE llevaron la medida al Tribunal Supremo, que ha peguntado al TUE si la norma es compatible con las reglas de la Unión Europea.

En su sentencia de este miércoles, el TUE ha declarado que la directiva comunitaria "se opone" al nuevo canon digital español, porque "no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

El Tribunal ha aclarado que la norma europea permite a los Estados miembros financiar la compensación con cargo a los presupuestos, pero que ello es posible sólo si el sistema alternativo "garantiza" el pago de tal compensación a favor de los titulares de los derechos y que cumple con el objetivo de ofrecer un elevado grado de protección de la propiedad intelectual.

De hecho, otros países como Estonia, Finlandia y Noruega aplican sistemas de este tipo que la UE ve compatibles con la directiva.

Pero el tribunal ha recalcado que la excepción por copia privada "se ha concebido en beneficio exclusivo" de las personas físicas que realizan reproducciones de obras protegidas para un uso privado, sin fines comerciales.

Son las personas físicas las que causan un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda, ha advertido el Tribunal, que añade que las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción.

Por ello, y aunque los gobiernos nacionales pueden instaurar sistemas en los que, por razones prácticas, las personas jurídicas estén obligadas a financiar la compensación, éstas no pueden "en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen".

Este requisito se aplica en todos los casos en los que un Estado miembro introduce la excepción de copia privada, con independencia de si éste establece un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o con cargo a sus Presupuestos Generales.

Sobre la solución española, la sala europea ha tenido en cuenta que el Tribunal Supremo consideró que el sistema de financiación del nuevo canon digital no puede garantizar que el coste sea sufragado únicamente por los usuarios de copias privadas.

Así, concluye que, a falta de un tributo específico para gastos determinados, se debe considera que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa "se alimenta de la totalidad" de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, "de todos los contribuyentes".

Tampoco ha considerado probado que en España exista algún mecanismo que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.

El Tribunal Supremo ha acordado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el sistema de compensación económica por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ajusta a la legislación europea, según informa el Supremo en un comunicado.

En concreto, el Supremo ha dictado un auto en el que acuerda plantear una cuestión prejudicial al TJUE tras las "dudas" surgidas sobre si el decreto que regula esta compensación se ajusta a la directiva europea. Si la respuesta es afirmativa, el Supremo cuestionará si la cantidad total destinada por los PGE a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

Según explican los jueces en este auto, hasta ahora el TJUE no se ha pronunciado sobre esta forma de compensación económica. A su juicio, "la compensación ha de ser equitativa y debe reflejar el perjuicio sufrido, guardando un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y de los usuarios".

Debido a que el Supremo no ve "con claridad" que esta compensación con carga a los PGE tenga una incidencia negativa sobre el mercado interior, ha dejado en suspenso el proceso de admisión a trámite de un recurso presentado por tres entidades de gestión --la Entidad De Gestión De Derechos Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)-- contra la compensación por copia privada a la espera de la respuesta del TJUE acerca de este asunto.

El 7 de diciembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que reguló el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en lugar del canon digital por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los ciudadanos.

La directiva europea establece que "los Estados miembros podrán fijar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en cualquier soporte, efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6".

Fuentes de Adepi, la entidad que agrupa a las ocho entidades gestoras de derechos de autor en España, han indicado a Europa Press que afirmar que esta suspensión paraliza la ley es una "osada interpretación teórica", puesto que en la práctica "no pasa nada". Además, recalcan que desde hace tiempo las entidades han manifestado que la compensación establecida "contradice" las sentencias europeas.