La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

La Sala de Apelaciones concluyó que los abogados del exmandatario no lograron demostrar errores en la valoración previa del tribunal, que había determinado que su detención seguía siendo necesaria al persistir riesgos procesales como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.

La decisión, leída por la jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también rechazó que las garantías propuestas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte fuesen suficientes para mitigar esos riesgos, así como los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud.

El tribunal desestimó así los tres motivos de apelación planteados por la defensa y confirmó de manera unánime la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de finales de septiembre, por lo que Duterte continuará bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.

La defensa había recurrido la decisión alegando tres errores: que el tribunal había evaluado de forma incorrecta los riesgos; que había descartado de manera indebida las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte bajo supervisión mientras continúa el proceso; y que no había valorado adecuadamente los argumentos humanitarios vinculados a la salud del exmandatario.

La defensa sostiene que Duterte, de 80 años, sufre problemas de salud y que su estado físico se habría deteriorado desde su arresto.

El exmandatario renunció a su derecho a estar presente en la lectura del fallo, por lo que no se le ha visto desde que compareció por videoconferencia por primera vez ante la CPI el pasado marzo para confirmar su identidad.

En una primera reacción, su abogado, Nicholas Kaufman, aseguró a los periodistas en La Haya que la defensa “espera los resultados de la evaluación médica del expresidente, prevista para el mes que viene, y volverá a presentar su solicitud para liberar a un hombre de 80 años que, debido a sus condiciones médicas debilitantes, es incapaz de fugarse o de constituir, como se alega, una amenaza para los testigos”.

Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya.

Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.

La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente prevista para septiembre, fue aplazada y aún no tiene nueva fecha.

El supertifón Fung-Wong tocó tierra en la localidad de Dinalungan, en la provincia de Aurora en la isla de Luzón, norte de Filipinas, informó la autoridad metereológica del país.

Fung-wong (llamado localmente UWAN), con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, tocó tierra sobre las 21.10 (13.10 GMT) en esta localidad y se espera que atraviese el terreno montañoso del norte de Luzón para salir por el golfo de Lingayén, en el oeste de la isla por la mañana.

"La interacción con el terreno provocará un debilitamiento significativo de UWAN, pero se espera que mantenga su categoría de tifón durante su paso por el norte de Luzón", dijo el Centro Regional Metereológico (Pagasa) en su último boletín.

Casi un millón de personas han sido evacuadas ante la llegada de este supertifón, que se espera que cause inundaciones y que va a llegar a abarcar toda la isla de Lizón, apenas días después de que el tifón Kalmaegi causara más de 220 muertos, informó la Defensa Civil filipina.

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, se espera que toque tierra a última hora del domingo, afectando prácticamente a todo el archipiélago, con lluvias intensas y marejadas ciclónicas.

Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en la isla principal de Luzón, incluida Manila, donde cerca de 300 vuelos han sido cancelados.

Residentes de la isla de Cantanduanes, donde este domingo ya se sentían las fuertes lluvias y el viento, relataron que las olas golpeaban con fuerza desde la mañana y que las lluvias intensas y los fuertes vientos ya azotaban sus hogares. En varias localidades, los habitantes aseguraron techos con cuerdas y anclajes para evitar que fueran arrancados por el viento.

Filipinas, ubicada en el cinturón de tifones del Pacífico, enfrenta alrededor de 20 tormentas tropicales al año y sufre con frecuencia inundaciones, deslizamientos y actividad volcánica.

Pegasa pronostica que Fung-wong comience a desplazarse hacia el norte hasta el martes, manteniendo la categoría de tifón, y el martes gire al noreste en dirección al estrecho de Taiwán, mientras va perdiendo fuerza. Se prevé que toque tierra en el oeste de Taiwán el jueves y se debilite rápidamente.

La llegada de Fung-wong se produce cuando el país aún no se recupera del devastador paso del tifón Kalmaegi, que esta semana causó más de 220 muertos y más de un centenar de personas desaparecidas, según la Oficina Nacional de Defensa Civil.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., mantiene vigente el estado de emergencia nacional y pidió a la población extremar las precauciones.

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los registrados este año. Expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano, que alimenta sistemas más extensos y destructivos.

El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se ha degradado este viernes a depresión tropical tras tocar tierra el jueves en Vietnam y dejar al menos cinco víctimas mortales en el país, después de su paso por Filipinas, donde las autoridades elevaron hoy a 188 el número de muertes, con 135 desaparecidos.

Las autoridades vietnamitas confirmaron que el ciclón había entrado hoy en la jurisdicción de Laos y que sus vientos bajaron a menos de 50 kilómetros por hora, después de tocar tierra anoche con vientos por encima de los 200 km/h y causar lluvias intensas e inundaciones en las provincias centrales de Gia Lai y Dak Lak.

La prensa estatal de Vietnam informó, citando portavoces gubernamentales, de que cinco personas perdieron la vida en derrumbes e inundaciones causadas por el tifón, que dejó sin techo cerca de 8.000 viviendas.

Además de los cinco fallecidos, al menos tres personas están reportadas como desaparecidas y otras seis sufrieron lesiones.

El Gobierno vietnamita confirmó que al menos 700 viviendas quedaron destrozadas por completo en ciudades costeras como la turística Da Nang y Quang Ngai, después de que subiera la marea y las olas sobrepasaran los diques.

"En algunas localidades se registraron árboles caídos, cortes de luz. Numerosas vías de comunicación quedaron temporalmente interrumpidas debido a las inundaciones", dice un reporte gubernamental.

Las autoridades suspendieron el jueves las operaciones en seis aeropuertos del centro del país, si bien este viernes han ido restableciendo los vuelos que se vieron retrasados por el mal tiempo, por el que también se había emitido una prohibición de zarpe a las embarcaciones en Gia Lai.

La agencia meteorológica de Vietnam prevé lluvias durante el viernes, cuando se espera que las autoridades actualicen el balance de daños computados.

Entretanto, sigue la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos en Filipinas, donde las autoridades subieron hoy a 188 el total fallecidos y a casi 9.400 el número de casas dañadas por el mal tiempo.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de calamidad nacional después de que el tifón tocase tierra siete veces en el archipiélago, afectando a poco más de dos millones de personas, entre ellas unas 500.000 que quedaron desplazadas.

La isla de Cebú, con 139 fallecidos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones que impactaron a unas 360 localidades, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

El Gobierno de Filipinas movilizó este miércoles a efectivos militares y equipos de guardacostas para el reparto de asistencia humanitaria en respuesta al terremoto de magnitud 6,9 registrado la noche del martes en el centro del país y que ha dejado de momento al menos 60 muertos.

Varios helicópteros y un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas transportaron más de 300 sacos de arroz y 100 cajas de fideos, entre otros productos de primera necesidad, hasta las zonas más devastadas por el temblor, que afectó con mayor violencia a la isla de Cebú.

Médicos militares y grupos de ingenieros también viajaron hasta el lugar para cooperar en las tareas de asistencia sanitaria y la reparación de infraestructuras dañadas por el sismo, informa en varios comunicados el Ejército en redes sociales

"El Ejército filipino vigila la situación en Cebú y desplegará tropas según sea necesario para ayudar en las operaciones de búsqueda, rescate y socorro", remarca el cuerpo castrense.

El terremoto de magnitud 6,9 tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) del martes a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, al norte de la isla de Cebú, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs).

Al movimiento telúrico inicial le han seguido casi 800 réplicas, la gran mayoría con magnitudes 1,8 y 4,8, apunta Phivolcs, al remarcar que los temblores de baja potencia cerca del epicentro podrían continuar durante las próximas semanas.

En una rueda de prensa recogida por EFE, el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro, indicó que han recibido informes "de que hasta 60 víctimas mortales a causa del terremoto", y remarcó que la situación "es muy fluida".

Estas cifras procedentes del hospital regional, transmitidas por Alejandro, superan los 26 muertos y 147 heridos de los que había informado previamente la OCD.

A raíz del desastre, las autoridades locales declararon este miércoles el estado de calamidad.

Por su parte, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., expresó en un comunicado sus "condolencias" a los familiares de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

"Animo a todos a mantenerse alerta y a escuchar el aviso de su gobierno local. Juntos, apoyaremos a nuestros compatriotas y reconstruiremos las comunidades afectadas", dijo el mandatario.

A las tareas de emergencia también se han unido equipos de la Guardia Costera filipina, que incluyen perros adiestrados para búsqueda y rescate que ayuden en las misiones para localizar a posibles desaparecidos, indican en su perfil de Facebook.

El centro de Filipinas fue golpeado duramente por el tifón Bualoi el pasado fin de semana, dejando 14 muertos y obligando a evacuar a más de 350.000 personas.

El archipiélago se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

El pasado enero, dos sismos de magnitud 6,1 y 5,8 golpearon el sur y el centro del archipiélago causando daños en carreteras, viviendas y parte de una escuela.

El supertifón Ragasa, la mayor tormenta del año, tocó tierra este lunes en el norte de Filipinas con vientos por encima de los 265 kilómetros por hora, mientras varios países asiáticos han extremado las medidas de precaución ante su paso, por el que se prevé que cientos de miles de personas sean evacuadas.

La intensidad de la tormenta, que se espera que se desplace en las próximas 72 horas por el Mar de China Meridional, es la mayor registrada en lo que va de año en todo el mundo, según la agencia meteorológica de Japón.

Las autoridades de varios destinos asiáticos, entre ellos Filipinas, Hong Kong, Taiwán, el sur de China y Vietnam, han comenzado a tomar medidas: se han cancelado cientos de vuelos y se prevé evacuar a cientos de miles de personas de sus hogares -sobre todo en el sur de China-, mientras se mantienen cerradas oficinas y escuelas en las zonas de alto riesgo.

El supertifón de categoría 5 tocó tierra en la provincia de Cagayan, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora que obligaron al desalojo preventivo de unas 10.000 personas en esa región y en otras zonas céntricas del país, incluida Manila.

Además de la suspensión de clases, más de una decena de vuelos nacionales fueron cancelados debido al riesgo que supone Ragasa, mientras se ha prohibido la navegación en las zonas más vulnerables a este fenómeno meteorológico.

Como el ojo de la tormenta se ubicaba este lunes a unos 300 kilómetros de Taiwán, que comparte el estrecho de Luzón con Cagayan, las autoridades de la isla elevaron sus niveles de alerta en el sur, donde ya se han cancelado una treintena de vuelos y servicios de ferry.

En una comparecencia de prensa matutina, la experta de la Administración Meteorológica Central Wu Wan-hua estimó este lunes que Ragasa continuará intensificándose y expandiéndose a medida que se acerque a la isla, dejando fuertes precipitaciones en las zonas del este y el sur hasta el martes.

Tanto en el sur como en el este de Taiwán ya ha comenzado la evacuación preventiva de unos 1.800 residentes ante el posible desbordamiento de un lago, indicó el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC).

Mientras el tifón mantiene este lunes su intensidad, se espera que se aproxime la tarde del martes un poco debilitado a Hong Kong y a la ciudad china de Shenzhen, donde las autoridades han adoptado fuertes medidas de precaución.

En Hong Kong, el aeropuerto de Chek Lap Kok -que maneja un promedio diario de 1.100 movimientos de aeronaves y 190.000 pasajeros- canceló al menos 500 vuelos de Cathay Pacific y decenas de rutas de otras aerolíneas debido a las graves perturbaciones que provocará el supertifón en la región.

Entre el martes y el jueves solo se autorizarán despegues y aterrizajes limitados en franjas horarias específicas aprobadas por las autoridades, lo que equivaldrá a una paralización casi total del centro financiero asiático, recoge el rotativo local The Standard.

El paso del tifón pondrá en jaque a la población hongkonesa, de 7,5 millones de habitantes y a las infraestructuras de la urbe, incluyendo las pistas del aeropuerto. Con la paralización, se estima que más de 350.000 viajeros se verán afectados en apenas día y medio.

Por su parte, la megalópolis de Shenzhen -de unos 17 millones de habitantes- también suspenderá vuelos comerciales el martes y anunció planes para evacuar a unas 400.000 personas, en vista de que Ragasa podría ser el tifón de mayor impacto en la ciudad desde 2018.

En paralelo, varias urbes costeras de la provincia de Cantón -que conecta Hong Kong con China continental- anunciaron la adopción total o parcial de los denominados "cinco paros": suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, en función de la evolución del temporal.

A la ola de prevención se ha sumado Vietnam, donde la agencia estatal de meteorología prevé que la tormenta impacte el jueves, aunque considerablemente debilitada.

Pese a ello, el Gobierno ha ordenado implementar medidas tempranas para minimizar los riesgos, especialmente en las provincias de Ha Tin y Quang Ning, situadas en el centro y norte del país.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos, según informa EFE.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local (01:20 GMT), inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter "a la fuerza", según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte. La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 23:00 hora local (15:00 GMT), afirmó la cadena de televisión GMA. Tras hacer una parada en Dubái, su llegada a Rotterdam (a unos 25 kilómetros de La Haya) está marcada a las 17:05 hora local (16:05 GMT), indica FlightRadar.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá "que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas".

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay "motivos razonables" para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste. El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto. "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", dijo este miércoles ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.

De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el presidente. El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo. Marcos Jr., por su parte, negó que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la "familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr." y declaró a EFE que la detención "es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes".

El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que hay "motivos razonables" para creer que lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

"La sala considera que hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen de lesa humanidad de asesinato", indica la orden de arresto "secreta" de la CPI del pasado 7 de marzo a la que ha tenido acceso el medio filipino Rappler y que ha recogido EFE.

El documento, clasificado como "secreto" y que detalla el razonamiento del tribunal internacional, fue compartido con EFE por Josalee Deinla, la secretaria general de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL), que apoyó la denuncia ante la CPI. No obstante, la CPI se niega de momento a confirmar la existencia de dicha orden de detención, o hacer comentarios sobre este arresto, sin ofrecer más explicaciones de las razones.

Tras una investigación que comenzó en 2021, la sala citó una lista "no exhaustiva" de asesinatos de supuestos delincuentes: 19 a manos de un escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, de la que Duterte fue alcalde durante 22 años, y otros 24 "por o bajo supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad" durante su mandato como presidente (2016-2022).

Solo durante la presidencia de Duterte, las autoridades cifraron en 6.000 los muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, mientras que algunas ONG elevan a los muertos a 30.000.

Así, la sala de la CPI consideró contar con elementos suficientes para concluir que Duterte dirigió un escuadrón de la muerte formado por policías y criminales conocido como Davao Death Squad o simplemente DDS, según sus siglas en inglés. De hecho, el propio expresidente admitió haber dirigido escuadrones de la muerte ante un comité del Senado filipino el pasado noviembre, en unas confusas declaraciones en las que aseguró que estaba formado por "gánsteres" que mataban a criminales.

Tras hacerse con la victoria en las elecciones presidenciales de 2016, Duterte desencadenó una sangrienta guerra contra las drogas a nivel nacional. Según el documento publicado por Rappler, la CPI consideró que el expresidente "instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales" y ofreció "incentivos financieros y ascensos a oficiales de Policía y asesinos para matar a sospechosos", entre otras "contribuciones esenciales" de Duterte a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Aunque el propio Duterte retiró a Filipinas del CPI en 2019 para evitar ser implicado en la investigación sobre los asesinatos extrajudiciales, el tribunal subrayó en su orden que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro.

El exdirigente de 79 años fue detenido este martes por la Policía filipina al llegar al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de la capital filipina procedente de Hong Kong, y actualmente se encuentra retenido en la capitalina base aérea de Villamor. La oficina presidencial ha afirmado que cumplió con la orden de arresto de la CPI recibida esta mañana por la oficina de la Interpol en Manila, aunque Duterte y sus seguidores han denunciado que se trata de una detención ilegal. Según el procedimiento que sigue en estos casos, Duterte debería permanecer detenido hasta que Filipinas y la CPI acuerden su extradición a La Haya.

Cuando un sospechoso es arrestado por orden de la CPI, se debe primero notificar formalmente a las autoridades del tribunal la detención, lo que da comienzo a las negociaciones legales y diplomáticas.

Si Manila acepta entregar a Duterte, el expresidente será enviado a Países Bajos y trasladado al centro de detención gestionado por la Corte en La Haya, donde el sospechoso comparecerá ante un juez en una audiencia inicial para confirmar su identidad e informarles de los cargos y sus derechos, antes de avanzar hacia el comienzo oficial del juicio. Si Filipinas se niega o hay resistencia a la entrega, pueden iniciarse negociaciones diplomáticas.

El polémico expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en el aeropuerto de Manila, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto al acusarle de crímenes contra la humanidad por su campaña contra las drogas, que dejó miles de muertos en el país, según informa EFE.

El exdirigente, de 79 años, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de la capital filipina procedente de Hong Kong a las 9:20 hora local (1:20 GMT), donde fue detenido y escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeródromo. La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

El político, que había participado este fin de semana en Hong Kong en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del 12 de mayo entre rumores sobre su posible arresto, fue examinado por un equipo médico tras ser detenido y goza de buena salud, según la misma fuente.

El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos. Aunque Filipinas no ha regresado a la CPI, el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., afirmó a finales del pasado año que su Gobierno no bloquearía a la corte en su investigación a Duterte, y en 2023 afirmó que el país "estudia" regresar al amparo del tribunal.

Tras su detención en su país natal, que se produce cuando el clan Duterte protagoniza una sonada ruptura con el del presidente Marcos, el exdirigente se preguntó: "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", desde la base aérea de Villamor, donde afirmó haber sido trasladado "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido en la red social Instagram por su hija Verónica.

Estas declaraciones se suman a otras similares pronunciadas en las últimas horas por seguidores del político, entre ellas los llamamientos a la calma del senador Bong Go, ex asesor especial del expresidente. "Vamos a relajarnos y a orar por el expresidente", afirmó a los medios Bong Go desde Villamor.

Por su parte, familiares de víctimas de la guerra contra las drogas celebraron su detención. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

"Estoy llorando, realmente quería verlo en la cárcel. Pagarán por lo que nos hicieron", dijo Jane Lee, mujer de una de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte, según la nota.

Frente a las denuncias de supuesta ilegalidad de la detención de Duterte, la oficina presidencial filipina señaló en un comunicado que el arresto tuvo lugar después de que Interpol en Manila recibiera este martes la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, tras lo que el fiscal general del país asiático presentó la notificación.

Por su parte, la letrada que presentó el caso ante la CPI, Kristina Conti, dijo que Duterte debería ser extraditado a La Haya. "Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro, y debe ser trasladada a La Haya (Países Bajos) lo antes posible", dijo Conti.

Las declaraciones de la letrada se producen en plena incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades filipinas tras la detención, que también suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte.

El exdirigente, conocido asimismo por una incontinencia verbal que dejó una ristra de polémicas declaraciones durante su mandato, pretendía regresar a la arena política y se había presentado como candidato a la alcaldía de Davao, la sureña ciudad de Mindanao que rige su clan, para los comicios del 12 de mayo.

Duterte ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias, unidas por conveniencia durante las elecciones de 2022, donde la hija del exlíder, Sara, hizo tándem con Marcos y ganó los comicios para la vicepresidencia del país.

Mientras su padre está detenido, Sara Duterte se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto, según informa Europa Press. "En obediencia a la voluntad de las personas que, después de todo, me auparon hace tanto tiempo a la Presidencia, ahora anuncio este sábado que me retiro de la vida política", ha manifestado en una comparecencia recogida por ABS-CBN.

Duterte expresó en agosto su deseo de presentarse al cargo de vicepresidente en las elecciones del año próximo -el mandatario no puede revalidar mandato- en una decisión que muchos críticos denunciaron como un intento de aferrarse al poder. Ahora, Duterte, de 76 años, asegura que ha cambiado de opinión basándose en "el sentimiento universal del filipino reflejado en las diferentes encuestas y en muchos foros y, bueno, charlas y reuniones para discutir lo que debo hacer en mi vida".

"El sentimiento abrumador del filipino es que no estoy cualificado, y que se trataría de una violación del espíritu constitucional", ha añadido. En su lugar, Duterte ha respaldado la candidatura a la Vicepresidencia del senador y estrecho colaborador Christopher Go, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

Esta decisión despeja el camino a su hija y actual alcaldesa de Davado, Sara Duterte-Carpio, quien hasta ahora se había negado a postularse a la Presidencia porque su padre contemplaba la posibilidad de presentarse como 'número dos' en la carrera electoral.

Si finalmente cumple su anuncio, Duterte pondrá fin a cinco años en el poder, marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.

Grupos pro Derechos Humanos creen que el número total de muertos en estas operaciones podría estar entre los 27.000 y 30.000, y acusan a las autoridades de llevar a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron sospechosos inocentes, incluidos niños. De hecho, una investigación de la ONU detalló en su momento que entre los muertos había al menos 73 menores de edad, y el más joven de solo cinco meses. Todos ellos se suman a un gran número de personas asesinadas por pistoleros, muchos de ellos agentes de Policía en activo o retirados.

Al menos 46 personas han muerto y 49 han resultado heridas al estrellarse este domingo un avión militar en el sur de Filipinas, según ha informado a DPA el comandante de la fuerza antiterrorista del Ejército, William Gonzales.

De los fallecidos, 43 eran militares que viajaban en el avión, mientras que las otras tres víctimas mortales eran civiles que acabaron aplastados por el fuselaje. Todavía quedan por encontrar cinco militares, según informa Europa Press.

El accidente tuvo lugar a las 11:30 (hora local), en el municipio de Patikul, provincia de Jolo. Según las primeras investigaciones, el avión de transporte de tropas, un Lockheed C-130 Hercules procedente de Mindanao, fue incapaz de aterrizar en la pista del aeropuerto provincial y acabó estrellándose en una aldea del municipio de Patikul, cerca del aeródromo.

Todos los heridos ellas están recibiendo tratamiento de atención inmediata en un hospital de Jolo, pero algunos han tenido que ser trasladados a Zamboanga para recibir tratamiento adicional.

Se cree que 92 personas, entre ellas ocho miembros de la tripulación, podrían haber estado a bordo en el momento del siniestro, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio, recogidas por la filial nacional de la cadena CNN. El Ejército ha explicado que entre los pasajeros había soldados a punto de ser enviados a la región de Sulu como parte de la campaña antiterrorista del Gobierno.

El secretario de Defensa, Delfin Lorenzana, ha precisado que a bordo del avión había tres pilotos, cinco miembros de la tripulación y el resto eran soldados que viajaban a Jolo desde Cagayan de Oro.

Según testigos de CNN Filipinas, varios soldados saltaron de la aeronave antes de que golpeara el suelo, lo que les permitió evitar la explosión inicial, de acuerdo con fuentes explosión", de acuerdo con fuentes de la Fuerza de Intervención y Rescate.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exigirá a los organismos internacionales "el esclarecimiento del asesinato de Diego Bello y la consiguiente depuración de responsabilidades, de acuerdo con la declaración institucional realizada en la sesión plenaria del Ayuntamiento de A Coruña el pasado 5 de marzo", informa el gobierno local.

Inés Rey ya pidió con anterioridad a las autoridades competentes información sobre la muerte del coruñés en Filipinas, el pasado mes de enero, según informa Europa Press. 

Ahora, tras conocer el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la República de Filipinas, "que concluye que la Policía del país disparó deliberadamente para matar al coruñés

Diego Bello, y que al mismo tiempo desmonta la versión del jefe de la Policía filipina", el Ayuntamiento de A Coruña entiende que las autoridades internacionales "deben intervenir".

"Con el fin de que las personas culpables de este suceso no queden impunes y para limpiar la memoria de Diego", añade. La regidora señala que esta intervención se realizará "o bien directamente actuando en nombre del Ayuntamiento de A Coruña ante dichos organismos o bien reclamando al Gobierno de España dicha intervención, allí donde las normas de procedimiento no permitan una actuación directa".

"Debemos luchar con todas nuestras fuerzas para limpiar el nombre de Diego Bello y llevara sus asesinos a la cárcel, es por eso que seguiremos peleando para que se haga justicia y no permitiremos que las personas culpables de su asesinato queden impunes", asegura Rey, que también afirma que harán todo lo que esté en sus manos "para que esto se esclarezca".

A su vez, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, registró una pregunta por escrito al gobierno local para conocer qué acciones va a emprender tras el informe de la Comisión de Derechos Humanos. También le pide que haga gestiones ante el Gobierno central para que el crimen no quede "impune" y se juzgue "a los responsables del asesinato".

La editorial Gallimard era registrada por primera vez este miércoles 12 de febrero, en el marco de la investigación por “violación de menores” de 15 años, a la que se enfrenta el escritor francés Gabriel Matzneff, según ha podido saber Mediapart (socio editorial de infoLibre). Más exactamente, los agentes de la Oficina Central de Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP), al frente de la investigación, llevan a cabo esta semana una operación destinada a intervenir fragmentos de Gabriel Matzneff, eliminados de sus libros antes de la publicación de los mismos y conservados por el escritor en una caja fuerte.

Los investigadores también han añadido otro elemento a la causa: un libro de homenaje dedicado al escritor –Gabriel Matzneff–, publicado en 2010 por Éditions du Sandre, bajo la dirección de Florent Georgesco, editor y crítico literario. Este libro de 366 páginas, que obra en poder de Mediapart, incluye textos inéditos de los Carnets noirs del escritor, entrevistas y textos de admiradores. También incluye detalles de los viajes de Gabriel Matzneff a Filipinas, durante los cuales tuvo relaciones sexuales con niños menores de edad.

La investigación judicial se inició con la publicación, el 2 de enero, del libro de Vanessa Springora, Le consentement, en el que se describía el control que Gabriel Matzneff ejercía sobre ella y con quien tuvo relaciones sexuales a los 14 años.

En este libro, la directora de la editorial Julliard también escribió sobre las estancias del escritor en Manila. Leyendo a escondidas los “libros prohibidos” de Matzneff en su casa un día, cuenta que se detuvo “en un párrafo en particular donde, en un viaje a Manila, G. [Gabriel Matzneff] va en busca de ‘culos frescos’”, y menciona a “niños pequeños de 11 o 12 años que [él] mete aquí en [su] cama”. La escritora hablaba de “una orgía de cuerpos de niños de 11 años”, que conseguía “por el precio de un billete de avión a Filipinas”.

Matzneff, que en la actualidad tiene 83 años, dijo, en una entrevista concedida a BFMTV el 29 de enero, “lamentar” estas acciones: “A veces puedes hacer cosas sin pensar. Debo decir que en ese momento, nadie pensaba en la ley. Se hacían cosas prohibidas. Algo completamente lamentable. Un turista, un extranjero, no debería comportarse así”.

El martes, los agentes de policía de la OCRVP hacían un llamamiento en las redes sociales para tratar de localizar a posibles “víctimas o testigos”.

Además del escritor, en estos momentos hay un segundo personaje en el punto de mira de los investigadores: Christian Giudicelli, de 78 años. Este hombre, íntimo de Matzneff, también él novelista, es miembro del comité de lectura de Gallimard y dirige la colección "La fantaisie du voyageur", que publica Éditions du Rocher, editorial en la que ha publicado el escritor. Contactado por Mediapart, Giudicelli no ha respondido a nuestras llamadas.

Giudicelli, muy presente en los círculos intelectuales y literarios de París, es uno de los diez miembros del jurado del Premio Renaudot. En varias ocasiones, promovió la candidatura de Matzneff en las deliberaciones, tal y como informó Le Monde. En 2013, su labor de lobby daba frutos: el escritor era premiado con el Renaudot, en la categoría de ensayo, por su libro Séraphin, c'est la fin!

La proximidad que los une se percibe en las obras de Giudicelli. En Les Spectres joyeux (2019), se define a sí mismo como el “fiel cómplice” de Matzneff. En un texto titulado Gabriel infiniment aimable, publicado en el libro homenaje de Éditions du Sandre (2010), alude a un “flechazo” amistoso con “un hombre próximo a él desde hace unos 35 años”. Subraya “la inalterable complicidad que los une” desde “el final de los años 70, coincidiendo con la celebración de una cena en Pia Daix, en la Avenida de la Ópera”.

Matzneff admitía el martes en The New York Times que su amigo Christian Giudicelli accedió a esconder en su casa las cartas y fotos de Vanessa Springora que le comprometían.

Lo que interesa a los investigadores no es la complacencia del editor con su escritor, sino su posible complicidad. Christian Giudicelli fue también, si no fundamentalmente, el compañero de viaje de Matzneff cuando fue a Filipinas a tener sexo con menores. La Policía investiga la participación de Christian Giudicelli. Especialmente porque la pareja ha sembrado, a lo largo de los años, sus libros y entrevistas de pistas, ahora halladas por Mediapart.

En el sitio web dedicado a Matzneff (matzneff.com) –eliminado a finales de diciembre tras los primeros artículos que relatan el libro de Vanessa Springora–, figura una detallada cronología en la que se alude a los viajes del escritor por Filipinas. El escritor fue allí por primera vez el 14 de diciembre de 1978, según esa web. En la década de los 1980 se menciona una serie de viajes a Manila “con Christian Giudicelli” (30 de marzo a 17 de abril de 1985; 26 de abril a 26 de mayo de 1986; febrero de 1988).

Esta cronología queda confirmada por una serie de elementos. En particular, dos fotografías publicadas en el libro de homenaje de las Éditions du Sandre. En una de ellas se ve a Christian Giudicelli al lado de Matzneff en Filipinas; la otra muestra a Matzneff posando con dos pequeños niños filipinos en segundo plano.

Gabriel Matzneff, en un volumen de su diario dedicado a Vanessa Springora (La Prunelle de mes yeux, 1993), menciona sus “semanas en Filipinas” con Christian Giudicelli en la primavera de 1986. Y narra uno de sus intercambios, “el 13 de mayo de 1986”, en el avión de Air-France de Manila a París, con escala en Bangkok.

Pero Matzneff y Giudicelli fueron todavía más explícitos. En sus respectivos libros, hablan el uno del otro por números –“804” en el caso del primero, “811” del segundo. Un guiño a sus respectivas habitaciones del Hotel Tropicana de Manila que ocupaban. 

Esos códigos aparecen en todos sus libros. En Station balneaire (1986) –novela de Giudicelli en la que encontramos a un escritor de 40 años manteniendo relaciones sexuales con un portugués de 18 años que se prostituye–, el héroe se aloja en la habitación “811” de un hotel , “Eight one one”, en la Costa Azul. En La Planète Nemausa (2016), Giudicelli menciona a su “querido Gabriel Matzneff”, especificando: “Eight o four en algunos de mis libros, mientras que yo soy Eight one one en los suyos”EightfourEight one one.

Gabriel Matzneff se atreve a poner otro dato –explícito en esta ocasión–, en la dedicatoria de su libro Les Émiles de Gab la Rafale (2010): “Para Christian Giudicelli, alias Eight one one”Eight one one.

En sus escritos, no sólo aparecen códigos de números de habitación. En su Carnets noirs (2008), Matzneff habla de “lo que hoy llamamos (frunciendo el ceño) 'turismo sexual'" que “sigue siendo un turismo de pobres fracasados, de pobres tipos”, con “notables excepciones”, señala, citando a “Byron”, “Gide”, “Montherlant”, y sobre todo a “811 y a mí”. Alude a los “polvos en Oriente con el joven Nelson o el joven Lito” con “811”.

Encontramos a este mismo Lito en un capítulo entero de la novela de Giudicelli La planète Nemausa, en la que el narrador, de “algo más de cuarenta años”, tiene relaciones sexuales durante tres semanas en Manila con este “joven filipino de clase media” que “sólo bebe Coca-Cola”, que estudia en el instituto y al que le “suda la frente como a un bebé”. Prudente, dice que Lito tiene 18-20 años. Le Point vio en este libro un “autorretrato”.

En La Prunelle de mes yeux, Gabriel Matzneff presenta una escena en la que sodomiza a una joven, que sufre, y añade: “Me retiré inmediatamente del sendero de las especias (es una anécdota de Giudicelli, una broma privada)”.

En una entrevista publicada en el semanario Belgique nº 1 (10 de mayo de 1990), Matzneff vuelve a abordar sus relaciones sexuales con muchachas de 14, 15 y 16 años (entre ellas Vanessa Springora) y expresa su atracción por Asia, en particular por Tailandia y Filipinas. Presenta su diario como “experiencia pura y dura”. “Soy natural, no puedo falsificar mi diario”, dice. El periodista Skender Sherifi se refiere irónicamente a este escritor “pervertido” que "colecciona menores y muchachas menores de edad, que acuesta con las filipinas”. En Un galop d'enfer (1985), uno de los volúmenes de su diario, Matzneff no puede ser más explícito. "Llego a estar con cuatro niñas –de entre 8 y 14 años– en mi cama al mismo tiempo", escribe.

En Une leçon particulière, la primera novela de Christian Giudicelli (1968), el narrador habla de sus jóvenes amantes en los siguientes términos: “A mí las chicas, me interesan desde los 14 años y hasta los 23. Me encantaría desflorar vírgenes [...] Rasgar la minifalda, abrir las piernas. Morder. Los ojos en blanco. El grito. Satisface mi gusto por destrozarlo todo. Cuanto más destruya, más fuerte seré”. Unas páginas más adelante, explica que “sería bueno dislocarse en los pechos duros de Virginie. De ellos saldría leche, que se mezclarían con la sangre. Antes de morir, tener fuerzas para hacer el amor con ella. Esta carne tranquila espera el destrozo”.

También describe una relación sexual con una joven. “Oh, señor, enséñeme latín. Con gusto, mi niña. [Posa] tus ojos azules en mi bajo vientre. Impresionante, ¿no? Oh, señor, señor, llamo a mi madre. Mater. Mater. Dolorosa [en español en el original]. Oído. Ay. Para empezar no está mal. [...] Ven mañana, te haré pruebas más completas. Te acompaño. Acepta mi pañuelo, tienes sangre en la pierna”.

Matzneff y Giudicelli son conscientes de que estos actos son reprensibles. En una entrevista en el sitio web Biffures en junio de 2008 –que también aparece en el libro de homenaje–, Gabriel Matzneff habla del “riesgo de [que se emprendan] acciones legales”. En esta misma entrevista, el escritor afirma que “en 2001” fue “por primera vez [...] censurado por un volumen de [su] diario, Les Soleils révolus, en Gallimard”. Dice que, por “prudencia”, según los consejos de Philippe Sollers y Christian Giudicelli, que “habían leído el manuscrito”, “decidió eliminar ciertos pasajes que el nuevo orden moral habría considerado especialmente escandalosos”.

¿Qué contenían estos pasajes? “El tipo de pasajes que Montherlant destruyó cuando arrojó su diario al Sena”, respondió Matzneff a la periodista, añadiendo que su publicación provocaría “protestas”, “la indignación de los santurrones” y supondría que se emprendieran, potencialmente, acciones legales. ¿Esas páginas ocultaban posibles cómplices?

En cualquier caso, el escritor revela que no destruyó estas “páginas censuradas”. “Están a salvo en una caja de un banco y serán publicadas tan pronto como las condiciones atmosféricas lo permitan”. Los investigadores han localizado dicha caja fuerte.

Contactado por Mediapart, Antoine Gallimard no ha respondido a nuestras preguntas. A principios de enero, después de haber decidido dejar de comercializar Le Journal de Matzneff, que llevaba 30 años publicando, el jefe del editor declaró en una entrevista concedida a JDD que “siempre le había avergonzado que el Journal informara sobre hechos reales de personas vivas”, al tiempo que subrayaba que se oponía a cualquier forma de censura. “No se cuestiona una editorial ni un entorno, sino el funcionamiento de una sociedad al completo, en la que estamos”, se defendió.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este domingo en Filipinas la primera muerte a causa del nuevo coronavirus fuera de China. Se trata de un hombre chino de 44 años de edad que ha muerto el sábado después de estar en aislamiento desde el pasado 25 de enero, según ha informado el ministro de Sanidad de Filipinas, Francisco Duque, y la organización a través de su cuenta de Twitter y recoge Europa Press.

El hombre era compañero del primer caso conocido del nuevo coronavirus en Filipinas, una mujer china de 38 años. Duque ha explicado que en este tiempo el hombre ha desarrollado una neumonía "severa". "En los últimos días, el paciente estaba estable y mostraba síntomas de mejora, sin embargo, su situación se empeoró en las últimas 24 horas, lo que causó su fallecimiento", ha añadido el ministro, en declaraciones recogidas por DPA.

El fallecido se encontraba en el hospital de San Lázaro. Desde el propio hospital y desde el Ministerio de Sanidad han asegurado que se mantienen las medidas de control y prevención.

La pareja, ambos de Wuhan, ciudad china donde se sitúa el epicentro del brote, llegó a Filipinas desde Hong Kong el pasado 21 de enero y hasta el momento eran los únicos confirmados con este virus en el país.

Repatriada desde EEUU una peruana supuestamente fallecida por el coronavirus

A este primer caso fuera de China se podría sumar el de una anciana peruana que habría fallecido en Estados Unidos por el nuevo coronavirus originario de China. La mujer falleció el pasado 17 de enero en Los Ángeles, pero hasta este sábado no ha podido ser repatriada a su país de origen para evitar cualquier posibilidad de contagio. En el documento que certifica la defunción se indica que la mujer tenía 72 años cuando murió, según recoge la televisión pública peruana TV Perú.

El certificado explica además que el lugar del fallecimiento fue el Torrance Memorial Medical Center. El virus originó que la paciente sufriera una neumonía y otras dolencias.

El médico Marco Almeri ha subrayado en declaraciones a TV Perú que es imposible que un cadáver propague el virus. "Al no poder oxigenar su sangre, todos los órganos vitales del cuerpo como el cerebro, riñón, páncreas, hígado, todos dejan de funcionar", ha indicado. El tiempo que se retrasó la vuelta del cuerpo a Perú era necesario para que el virus muriera, pues durante ese lapso la temperatura y otras condiciones químicas del cuerpo hacen que eso suceda. "Cuando un cuerpo fallece cambia la composición química de este. La temperatura, por ejemplo, ya no se mantiene en 37 grados, sino que toma la temperatura ambiente, que puede ser 20 grados. El PH sanguíneo se vuelve muy ácido. Todas las condiciones químicas de nuestro cuerpo cambian, lo que va a motivar que ese coronavirus muera en el plazo más o menos de 30 minutos", ha subrayado.

Los muertos por el brote del nuevo coronavirus ascienden a 304 y los afectados a 14.380.

En China, el último balance de este domingo de la Comisión de Salud ha elevado a 304 los muertos a causa del nuevo coronavirus y a 14.380 los afectados en todo el país, que ha alcanzado ya a todas las provincias chinas. Durante el sábado, las autoridades han confirmado 2.590 nuevos casos de coronavirus y otras 45 muertes en el país, todas ellas en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, según el último balance.

Además, un total de 328 personas han sido dadas de alta tras haberse recuperado del brote, concretamente, este sábado han sido 85 las que han podido salir del hospital, 49 de ellas en Hubei.

El Gobierno chino aísla la ciudad de Wenzhou

Por otra partes, las autoridades chinas han ordenado este domingo el cierre de carreteras y restricciones de movimiento en la ciudad de Wenzhou, la primera urbe que se encuentra fuera de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia de coronavirus. Los nueve millones de residentes de la ciudad solo tendrán permitido mandar a un miembro de su familia fuera de la ciudad por asuntos de necesidad una vez cada dos días, y todos han recibido la recomendación de quedarse en sus casas excepto para buscar tratamiento médico o cuestiones de similar urgencia, según ha hecho saber el gobierno local en un comunicado.

Al mismo tiempo, se ha dado a conocer que el Gobierno central ha decidido asignar a 1.400 nuevos militares a la ciudad de Wuhan, el lugar donde comenzó la epidemia, para ayudar a los médicos en el tratamiento de los enfermos. El contingente desempeñará su labor en el nuevo hospital de Huoshenshan, levantado específicamente para atender a un millar de pacientes de la epidemia, según informa la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

Emergencia sanitaria internacional

Las autoridades sanitarias siguen luchando contra este brote de coronavirus mientras que varios países se han sumado este sábado a los estados que han prohibido la entrada a personas procedentes de China continental como Irán, Australia, Rusia, Pakistán o Bangladesh.

La Sociedad de la Cruz Roja de China y la Fundación de la Cruz Roja China han recibido más de 849,72 millones de yuanes (unos 110 millones de euros) en donativos sociales para la prevención y control del nuevo coronavirus.

Esto se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara su decisión de declarar el brote de nuevo coronavirus en China como una emergencia sanitaria internacional. "El principal motivo de esta declaración no es lo que está pasando en China, sino lo que está pasando en otros países", manifestó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

En 2003, más de 600 personas murieron en todo el mundo (349 en China) a causa del SARS o síndrome respiratorio agudo, que dejó 5.327 afectados en nueve meses.

Dos personas han muerto víctimas de sendos ataques al corazón cuando huían de la erupción del volcán Taal, que ya ha provocado la evacuación de más de 82.000 personas en la región de Batangas, en Filipinas, según han informado este miércoles las autoridades locales y recoge Europa Press.

El volcán Taal, situado en la provincia de Batangas, a unos 66 kilómetros al sur de Manila y emplazado en medio de un lago del mismo nombre, comenzó a expulsar cenizas el domingo, según informa Europa Press. Las víctimas mortales son una mujer de 65 años y un hombre de 27 años de las localidades de Talisay y Taal, en Batangas, según ha dicho un responsable provincial de emergencias.

La mujer sufrió el lunes una parada cardiaca y el hombre falleció el martes, según este responsable. La Policía ha informado de que un conductor de camión murió el lunes en la provincia de Laguna cuando perdió el control de su vehículo por la falta de visibilidad causada por las cenizas expulsadas por el volcán.

Los residentes han sido evacuados de las localidades de Batangas y de la provincia vecina de Caviete pero algunas personas se han quedado en sus casas para vigilar las propiedades y el ganado. Las autoridades han desplegado equipos de emergencias, incluidos militares y policías, este miércoles para asegurarse de que han sido evacuadas por completo todas las zonas de alto riesgo, después de que se informara de que algunas personas habían desoído las advertencias y habían vuelto a sus casas.

"Tenemos que hacer cumplir la orden de evacuación e impedir que las personas vuelvan porque esto es muy peligroso", ha dicho el vicegobernador de la provincia de Batangas, Mark Leviste. "Las cenizas de la erupción son muy densas y algunas zonas parecen desiertos o localidades fantasmas", ha indicado.

El Instituto de Vulcanología y Seismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que ha estado vigilando la "continua pero más débil erupción" del principal cráter del volcán Taal provocada por procesos hidrovolcánicos y magmáticos" durante las últimas 24 horas.

El centro ha alertado de que ha detectado fisuras y deformaciones en la corteza terrestre en torno al volcán, cientos de terremotos volcánicos y altas emisiones de dióxido de sulfuro, lo que conlleva que hay un continuo movimiento magmático que podría provocar más erupciones.

Por todo ello, el Phivolcs ha reiterado su recomendación de una evacuación completa de la isla y de todas las zonas de alto riesgo. "La alerta nivel cuatro sigue vigente por el volcán Taal", ha señalado. "Esto implica que una erupción explosiva peligrosa todavía es posible en horas o días", ha concluido.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado este viernes que ha arrojado él, personalmente, a las aguas de la bahía de Manila los cuerpos sin vida de los últimos supuestos narcotraficantes abatidos durante su polémica guerra contra las drogas, la cual ha propiciado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país por considerar que estas medidas tan represivas facilitan que se comentan abusos por parte de las autoridades policiales, informa Europa Press.

Duterte ha explicado que los cuerpos de los últimos señores de la droga han sido arrojados a distintos lugares de la geografía filipina, desde la bahía de Manila, pasando por los barrancos de las zonas del norte del país, hasta Laguna De Bay, el lago más grande del archipiélago. El dirigente filipino ha vuelto a defender de las críticas su guerra contra las drogas, asegurando que esta lacra ha causado una "disfunción social" a la mayoría de sus compatriotas y que no tiene que dar explicaciones acerca de todos los movimientos vinculados a la campaña, tal y como ha informado el periódico Philippine Star.

"Diablos, ¿quieren que entregue el cuerpo de ese narcotraficante que fue arrojado en Laguna De Bay? ¿O de aquel otro que tiré por un barranco en Mountain Province? ¿Tengo que anunciar todo eso?", se ha preguntado el dirigente, al tiempo que ha explicado que los últimos muertos se han producido tras resistirse a las autoridades.

La campaña del Gobierno contra las drogas ha recibido críticas debido a las miles de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. Según las estadísticas de la Policía de Filipinas, 5.779 sospechosos han sido asesinados en operaciones antidroga desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. Sin embargo, las estimaciones de los grupos de Derechos Humanos colocan la cifra de muertos en más de 12.000.

Buenaventura de Erquiaga Palacios nació en casa de sus abuelos maternos en Elantxobe, Bizkaia, el 24 de abril de 1895. En 1912 viajó a Filipinas, donde se casó y formó una familia. Durante los años 30, Buenaventura encabezó el Partido Republicano en Filipinas, en apoyo a la Segunda República Española; cuando en 1946 se promulgó un decreto por el cual sólo filipinos y estadounidenses podían desempeñar la actividad empresarial en territorio flilipino, Erquiaga se vio obligado a adquirir la nacionalidad filipina, puesto que su marcada ideología republicana le imposibilitaba regresar a España.

Ahora, sus descendientes piden al Ministerio de Justicia que se les otorgue la nacionalidad española de la que no disponen por motivos políticos: en 1966, los vástagos de Buenaventura regresaron a la tierra de su padre; en concreto, a Madrid. Pero ante la imposibilidad de comunicarse con el exterior, puesto que el control y la censura franquistas hacían que la correspondencia llegase abierta a la capital, y debido a su precaria situación económica, en 1969 la familia puso rumbo a Filipinas de nuevo. El hijo de Buenaventura, Santiago, falleció en 1976 en el exilio, sin haber recuperado la nacionalidad española.

La nieta de Buenaventura e hija de Santiago, Miren, obtuvo la nacionalidad en 2009 por ser hija y nieta de exiliados a través de la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas “en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Hoy, Miren lucha para que se conceda la nacionalidad española a sus hijos, así como a sus sobrinos, que, por ser bisnietos, y no nietos, de represaliados, no pueden acceder a ella mediante el mismo procedimiento de Miren.

Los seis han optado por otra vía y el pasado 4 de noviembre interpusieron una petición de carta de naturaleza, un trámite administrativo por el que el Ministerio de Justicia ha otorgado recientemente la nacionalidad española a Ansu Fati, futbolista del Barcelona, y a la regatista Nicole Van Der Velden.  Se trata, además, del mismo medio por el que más de 132.000 judíos sefardíes –nacidos, en su mayoría, en México, Colombia y Venezuela- han formalizado la solicitud de nacionalidad española en los últimos meses.

La familia Erquiaga, que en la actualidad tiene su domicilio en San Sebastián, ha vivido durante cerca de un siglo en Filipinas “sin perder el sentimiento vasco”, hasta el extremo de que, según cuentan, los descendientes de Buenaventura dominan hoy el euskera y el castellano.  En 2019, año en que se conmemora –que no celebra, tal y como apuntan– el 80 aniversario del exilio, piden para su familia, por orgullo, la nacionalidad que no tienen por ser víctimas de una  guerra y una dictadura que, aseguran, les robó toda una vida.

Al menos 20 personas -15 civiles y 5 soldados- han perdido la vida este domingo y otras 81 han resultado heridas tras registrase dos explosiones en una catedral de una localidad de Jolo, localizada en el sur de Filipinas, según ha informado la Policía regional, según ha informado Europa Press. Todavía se desconoce el número de heridos en la primera explosión, que se ha producido en la entrada de la catedral de la localidad de Jolo, a unos 1.000 kilómetros al sur de Manila, según ha informado el portavoz militar regional, Gerry Besana.

La segunda explosión ha tenido lugar en el propio párking de la iglesia mientras las fuerzas de seguridad respondían al primero, ha añadido Besana. El ataque ha tenido lugar tan sólo dos días después de que la Comisión Electoral proclamase que la creación de una entidad autónoma musulmana en la región meridional de Mindanao había sido oficialmente ratificada por el plebiscito celebrado allí el pasado 21 de enero.

Este viernes se anunció que la región, cuya población es mayoritariamente musulmana -al contrario que en el resto del país, donde predomina la religión católica- había aprobado un plan para gobernarse de manera autónoma en 2022. El referéndum del pasado lunes concluyó con un 85% de los votantes pronunciándose a favor de la creación de un área autónoma denominada como Bangsamoro. Sulu formaría parte de esta nueva entidad estatal musulmana.

El secretario de Defensa de Filipinas, Delfín Lorenzada, ha denominado el ataque como un "acto cobarde" y ha urgido a la población local a mantenerse alerta y a colaborar con las autoridades para "evitar que el terrorismo obtenga más victorias". "Haremos uso de toda la fuerza de la ley para llevar ante la Justicia a los responsables de este incidente", ha apuntado en un comunicado. La mayor parte de las víctimas han sido civiles. No obstante, al menos siete soldados presentes en la zona después de la primera detonación han perdido la vida. 

Besana ha asegurado que cuando puedan examinar los materiales del artefacto explosivo lograrán averiguar quién está detrás del ataque. El jefe de la Policía Nacional, Oscar Albayalde, ha dicho que es probable que el grupo terrorista islámico Abu Sayyaf esté detrás del atentado. "Quieren acabar con la paz y el orden haciendo uso de la fuerza y sembrando el caos", ha apuntado. 

La Presidencia de Filipinas, en una declaración citada por el canal CNN en Filipinas ha condenado el atentado "en los términos más fuertes" y ha extendido sus condolencias a las familias de las víctimas. "Las autoridades están investigando este descarado ataque, incluida la identificación del grupo detrás de las explosiones", según el comunicado.

La provincia de Jolo forma parte de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, cuyo futuro se decide estos días en un plebiscito que podría derivar en la supresión de esta entidad y la creación de otra, la llamada Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, que incluirá más territorios y estará dotada de mayores poderes y fondos. La primera parte de la consulta tuvo lugar este lunes, la segunda votación está programada para el 6 de febrero. La votación marca un hito importante para lograr una paz duradera en Mindanao, escenario de enfrentamientos entre militares y diversos grupos islamistas y terroristas desde 1969.

El Gobierno de España condena el atentado

El Gobierno de España ha condenado enérgicamente este domingo el ataque terrorista cometido este domingo. "El Gobierno de España traslada su más sentido pésame a las familias y allegados de los fallecidos y al Gobierno de Filipinas, al tiempo que desea una pronta recuperación de los heridos en el ataque", según la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

España, por último "reitera su pleno apoyo al Gobierno de Filipinas en su proceso de reorganización administrativa y su confianza en que dicho proceso permita la consolidación definitiva de la paz en Mindanao", la provincia del sur del país asolada por la acción de grupos terroristas islamistas.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha pronunciado un discurso ante unos 200 antiguos guerrilleros en el que ha defendido que los soldados asuman el nivel de crueldad de la milicia comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) y disparen a las guerrilleras en la vagina porque sin ella "son inútiles", informa Europa Press.

"Decidles a los soldados que tienen una nueva orden. No os vamos a matar. Solo os vamos a disparar en la vagina. Sin la vagina son inútiles", afirmó Duterte en su intervención del pasado 7 de febrero en Malacañang, según la transcripción oficial del discurso. La transcripción censura la palabra vagina, pero los medios filipinos han confirmado que la pronunció.

La portavoz en Manila del partido femenino Gabriela —con dos escaños en el Parlamento—, Emmi De Jesús, ha denunciado estas declaraciones que "confirman que (Duterte) es el más peligroso macho-fascista del Gobierno", según informa el portal filipino Politiko.

"Es solo la última de toda una serie de declaraciones misóginas, despectivas y degradantes sobre las mujeres", ha denunciado por su parte Human Rights Watch. "Anima a las fuerzas de seguridad a cometer delitos sexuales durante un conflicto armado, lo que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario", ha añadido HRW.

Un portavoz de Duterte, Harry Roque, ha reprochado a quienes critican estas declaraciones que no tengan sentido del humor. "A veces estas feministas exageran un poco. Es divertido. Venga, solo hay que reírse un poco", ha añadido.

En mayo de 2017, Duterte ya afirmó en tono jocoso que los soldados podían violar hasta a tres mujeres sin que se les castigara y unos meses después volvió a bromear con la violación de la ganadora del concurso de Miss Universo. El mes pasado afirmó que ofrecería 42 vírgenes a cada turista que visite el país.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este jueves la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes, informa Europa Press.

Según ha explicado en un comunicado, desde 2016 ha estado siguiendo "de cerca" la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el TPI, y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del Tribunal de La Haya, ha decidido que procede la apertura de un "examen preliminar".

En concreto, se analizarán "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones contexto de las manifestacionesy la inestabilidad política relacionada", ha indicado Bensouda.

En concreto, ha precisado, "se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerza para dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de graves abusos y maltratos bajo arresto", que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, ha agregado la fiscal, también se ha informado de que "algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos".

Bensouda ha recordado que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y ha dejado claro que el "examen preliminar no es una investigación" sino un proceso por el que se busca determinar si hay "base suficiente para abrir una investigación" propiamente dicha.

Información "sesgada"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la decisión que ha tomado este jueves el TPI de abrir un examen preliminar por la violencia empleada en las manifestaciones opositoras del año pasado y supuestos malos tratos a detenidos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por considerar que se basa en información "sesgada".

Saab ha denunciado que "la información que maneja la fiscal jefe del TPI pareciera sesgada, pues no ha tenido la oportunidad de comunicarse (con las autoridades venezolanas) para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país".

El jefe del Ministerio Público ha indicado que tiene en su poder, y a disposición del TPI, "documentación que demuestra que se han atendido los casos". "Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos", ha recalcado.

Saab ha reiterado la voluntad del Estado venezolano de "castigar a quienes violen los derechos humanos y no permitir la impunidad". En este sentido, ha destacado que "gracias a acciones conjuntas con el Gobierno se logró que se prohibieran las armas de fuego durante las manifestaciones" opositoras de 2017.

En cualquier caso, ha recordado a la Corte Penal Internacional que "deben actuar de forma complementaria", es decir, "cuando los casos no hayan sido judicializados" en el propio país y ha incidido en que en Venezuela las autoridades judiciales sí han actuado.

"Una victoria"

Sin embargo, los críticos con el Palacio de Miraflores han recibido la decisión del Tribunal de La Haya como una medida de presión que podría empujar a Maduro a adoptar decisiones a las que hasta ahora se ha resistido para mejorar la situación en la nación caribeña.

"Saludamos el inicio de un examen preliminar en el TPI sobre crímenes de lesa humanidad", ha dicho la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, que el pasado 16 de noviembre aportó "más de 1.690 pruebas que sustentan el caso" contra Maduro y su Gobierno en La Haya.

El abogado español Javier Cremades, que forma parte de la defensa internacional del líder opositor Leopoldo López, ha considerado que se trata de "una victoria para todos aquellos que están denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas, detenciones ilegales y otros atropellos de los derechos fundamentales".

Cremades ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "un primer paso para volver a garantizar la libertad y los derechos humanos en Venezuela" y que, "si el procedimiento sigue adelante, podría acabar con Maduro en la cárcel, tal y como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes".

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, ha indicado que permitirá "intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia".

"El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente", ha señalado. "Está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", ha apostillado.

HRW también remitió el pasado mes de noviembre al TPI su propio informe sobre Venezuela, según el cual "los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas". "Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", afirma la ONG.

Examen preliminar contra Duterte

El Tribunal Penal Internacional también ha notificado que está revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la humanidad, según ha informado este jueves el portavoz de la Presidencia Harry Roque.

El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de ser cómplice de la muerte de miles de filipinos en el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo".

"Está cansado de ser acusado de crímenes contra la humanidad... Prometió que protegería al país de las amenazas contra la seguridad nacional", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.

En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusaciones no constituye una investigación en sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha confirmado posteriormente la apertura del "examen preliminar" tras haber seguido "de cerca" desde 2016 la situación en el país y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del tribunal.

Según ha explicado, se analizarán los "crímenes presuntamente cometidos desde al menos el 1 de julio de 2016", cuando comenzó el mandato de Duterte, "en el contexto de la campaña de guerra contra las drogasguerra contra las drogas lanzada por el Gobierno".

En este sentido, Bensouda ha recordado que se ha denunciado que "miles de personas han sido abatidas por razones relacionadas con su presunta implicación en el presunto uso ilegal o tráfico de drogas". "Aunque algunos de estas muertes han ocurrido presuntamente en el contexto de enfrentamientos entre o dentro de bandas, se ha denunciado que muchos de los incidentes implicaron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidroga", ha agregado.

Cerca de 4.000 personas han muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.

El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país del TPI y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".

La Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales son legítimas.

La Corte Penal Internacional ha anunciado este jueves que están revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la Humanidad, según ha informado el portavoz de la Presidencia, Harry Roque.

El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de ser cómplice de la muerte de miles de filipinos en el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo".

"Está cansado de ser acusado de crímenes contra la Humanidad... Prometió que protegería al país de las amenazas contra la seguridad nacional", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.

En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusaciones no constituye una investigación en sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.

Cerca de 4.000 personas han muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.

El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país de la Corte Penal Internacional y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".

La Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales son legítimas.