El Ateneo de Madrid acoge este próximo jueves 26 de febrero la presentación de un manifiesto elaborado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que cuenta con el respaldo de un centenar de juristas. El objetivo de este documento es reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución.

Entre los firmantes se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Manuela Carmena o Baltasar Garzón, magistrados en activo como Ignacio González Vega o Ximo Bosch y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés o Alberto Jorge Barreiro. También figuran académicos y constitucionalistas.

Una vez finalizado el acto, una delegación hará entrega del manifiesto a las fuerzas parlamentarias del Congreso, el mismo día en que se someterá a votación la revalorización de las pensiones.

La MERP ha anunciado la movilización por sus redes sociales y ha informado que su objetivo es "prohibir los recortes, la privatización del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo".

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La vida, entendida como reparto de tiempos, decisiones y expectativas, ya no se parece a lo que fue. Durante décadas dimos por sentado que la vida avanzaba siguiendo un mapa fijo: estudiar, formarse, trabajar, formar una familia, jubilarse. Una secuencia lineal, ordenada y relativamente predecible. Sin embargo, en los últimos años ese mapa ha empezado a desdibujarse. La longevidad crece, la natalidad cae, el trabajo se transforma, las familias se retrasan y la neurociencia revela que maduramos más tarde de lo que creíamos. Con ello, las etapas de la vida ya no duran lo mismo ni significan lo mismo.

Hoy vivimos más y también vivimos distinto. Durante toda nuestra vida el cerebro humano pasa por fases diferentes. Estos ciclos se dan gracias a los hitos conseguidos durante los años y que se acompañan de unas experiencias concretas. Cada hito y etapa se puede identificar por conocimientos específicos adquiridos a través de vivencias determinadas. Así, podemos ver que estos cambios no responden a patrones uniformes, se dan cuando la persona experimenta acontecimientos específicos que son significativos. Ejemplos de estos hitos pueden ser: terminar los estudios, independizarse, formar una familia, la compra de la casa o el coche, entre otros.

Hasta hace unas décadas se podía observar que el paso por estas etapas se daba de manera generalizada en rangos específicos de edad. Hoy en día, la situación socioeconómica y demográfica no es la misma y esto ha cambiado. Pero, ¿cómo influye esta realidad en nuestra biología?

Gracias a los avances médicos, nutricionales y tecnológicos, las personas no solo vivimos más, sino mejor. La esperanza de vida supera en muchos países los 85 años y la llamada “vida útil” se estira: seguimos física y cognitivamente activos mucho más tiempo que generaciones anteriores. Este fenómeno, que algunos expertos denominan paso de una sociedad envejecida a una sociedad de longevidad, implica que las fronteras entre juventud, madurez y vejez se vuelven más difusas.

La ciencia del cerebro refuerza este cambio. Investigaciones recientes muestran que la corteza prefrontal, responsable del juicio y de la planificación, termina de madurar entre los 25 y los 30 años, mucho después de lo que se pensaba. Por eso algunos estudios hablan ya de una “adolescencia extendida”, que no terminaría a los 18, sino más cerca de los 30. En otras palabras: no solo vivimos más años, sino más etapas dentro de esos años.

A este alargamiento vital se suma otra tendencia: la natalidad desciende en casi todos los países desarrollados. Las familias se forman más tarde, si es que se forman. La edad media del primer hijo no deja de aumentar. El resultado es una pirámide poblacional transformada: menos niños, más adultos mayores, y una población con más longevidad que juventud.

Este aplazamiento generalizado de decisiones (tener hijos, emanciparse, estabilizarse laboralmente), alarga la juventud, complica la entrada en la adultez y hace que las transiciones vitales ya no ocurran al mismo tiempo para todas las personas. La norma hoy es la diversidad de ritmos.

La prolongación de la vida activa también está redibujando el mercado laboral. La fórmula clásica (estudiar 20 años, trabajar 40 y jubilarse a los 65) se ha roto. Ya no encaja en un mundo en el que la longevidad aumenta, la tecnología desplaza empleos y la reinvención profesional se vuelve imprescindible.

Cada vez más personas cambian de ocupación a los 40 o 50 años, continúan formándose, emprenden, se reinventan. Para muchos, la llamada “segunda juventud profesional” es una realidad: un tramo vital de descubrimiento y oportunidad que antes no existía.

En paralelo, la jubilación deja de ser un punto final. Se convierte en una transición flexible: algunas personas trabajan más allá de los 67, otras emprenden proyectos, otras alternan descanso y actividad. Donde antes había un cierre definitivo, hoy hay múltiples caminos.

La unidad tradicional de etapas (infancia, juventud, adultez y vejez) ha dado paso a una constelación de microfases:

Las decisiones vitales ya no están ordenadas cronológicamente. Algunas personas estudian con 50, otras emprenden con 60, otras se reinventan con 35 y otras deciden no seguir un camino convencional. La flexibilidad amplía las oportunidades, pero también multiplica las dudas.

¿Cuándo empieza la edad adulta? ¿En qué momento se espera estabilizarse? ¿Qué significa “envejecer” cuando a los 70 se sigue activo? Si la vida cambia, también deben cambiar nuestras instituciones. La escuela, la universidad, las empresas, el sistema de pensiones, la sanidad, la vivienda… todos fueron diseñados para una vida más corta y lineal. Hoy deben enfrentarse a nuevas preguntas:

El futuro no será de quién viva más, sino de quienes sepan rediseñar la vida en función de estos cambios.

El alargamiento de la vida no es solo un dato demográfico: es un cambio en la civilización. Nos obliga a reconsiderar qué significa ser joven, adulto o mayor. A entender que la vida ya no es una línea recta, sino un viaje flexible, con etapas reversibles, decisiones aplazadas y oportunidades múltiples.

Vivir más debería ser sinónimo de vivir mejor: con más aprendizaje, más relaciones, más proyectos y más libertad para elegir. Y para que eso sea posible, nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras propias expectativas deben actualizarse.

Porque vivir más años no es el reto. El reto es reimaginar la vida que queremos vivir dentro de esos años.

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Fernando Díez Ruiz es profesor asociado en la Universidad de Deusto y Elene Igoa Iraola es profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.

El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que mañana jueves encara dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, despejó este miércoles el camino que seguirá la suspensión de la reforma de las pensiones, exigida por los socialistas para no dejarle caer: la presentará en noviembre y se incluirá como enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social.

En sendas comparecencias en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional y ante el Senado para explicar su programa, Lecornu fue desbrozando así el camino que seguirá esa suspensión, que se mantendrá hasta enero de 2028, con el objetivo de que las pensiones formen parte del debate de las elecciones presidenciales de 2027.

Pese a la urgencia por sacar adelante los presupuestos de 2026 antes del fin del año, la incertidumbre planea aún sobre la viabilidad del segundo Gobierno de Lecornu, a la espera del voto mañana de las mociones de censura, una presentada por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y otra por el bloque ultranacionalista, compuesto por Agrupación Nacional (RN) y la UDR de Éric Ciotti.

Según los cálculos que circulan en los pasillos de la Asamblea Nacional, la votación de una de las mociones, la presentada por la LFI de Jean-Luc Mélenchon, podría tener ciertas posibilidades de salir adelante dependiendo de los socialistas que la apoyen (al no haber disciplina de voto) y se quedaría a solo una veintena de votos de ser aprobada.

La extrema derecha de Marine Le Pen dijo que la votará, pero haría falta la mayoría absoluta de 289 votos para derribar al Gobierno. Por ahora, se perfilan 270 dispuestos a votar la censura.

"Estamos presentando propuestas para el debate", defendió hoy en la Asamblea Nacional la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, al criticar las mociones que se votarán el jueves.

"Si nos censuran, ya no habrá Gobierno y no habrá debate", añadió. "El único debate que tendremos será sobre la incertidumbre económica, sobre el desorden económico, sobre la agitación en la que estaríamos sumiendo al país sin votar un presupuesto, clamó.

Pero, salvo un giro imprevisto de guión, Lecornu debería esquivar el riesgo de caída gracias a sus concesiones a las demandas socialistas (suspensión de la reforma de las pensiones, contribución fiscal de los más ricos y renuncia a gobernar por decreto).

Ahora bien, su equipo sabe que no es un cheque en blanco y vive con los días contados, ya que el Partido Socialista no descarta derrocarlo este otoño si no se cumplen sus condiciones o si no obtiene más concesiones durante el debate presupuestario.

"El Gobierno debe presentar una enmienda al Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social ya en noviembre", anunció el primer ministro sobre la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Eso permitirá, dijo, "avanzar con la mayor celeridad posible, con plazos que se cumplan".

Y será el Parlamento quien tendrá que decidir, añadió, aunque advirtió de que "no se puede votar una suspensión sin los elementos de ingresos correspondientes" para financiar el agujero adicional en las arcas del sistema de pensiones, que será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.

A continuación, en su discurso de política general ante el Senado, Lecornu anunció que propondrá confiar la gestión del sistema de pensiones a los interlocutores sociales.

El Parlamento tiene 50 días para examinar el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que incluirá la suspensión de la reforma de las pensiones, y 70 días para el presupuesto del Estado de 2026.

Pero estos plazos, basados en la letra de la Constitución, podrían ser complicados de cumplir si se presentan cientos de enmiendas.

Y más teniendo en cuenta que tienen que ser aprobados con el consenso de la mayoría en un Parlamento fraccionado y sin la posibilidad, ya que el Gobierno de Lecornu ha renunciado a ello, de usar el as del artículo de la Constitución que permite la adopción de leyes sin voto.

Además de una posible avalancha de enmiendas, también planea como obstáculo que la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones pueda verse comprometida por otras aportaciones en el mismo texto imposibles de respaldar para la izquierda.

En el peor de los casos y como último recurso, Lecornu podrá optar por una ley especial, que le permitiría seguir recaudando los impuestos existentes a la espera de la aprobación de un presupuesto real, como ya ocurrió en 2024, tras la exitosa moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier en diciembre de ese año.

Los catedráticos de Universidad nos jubilamos de forma obligatoria a los 70 años. Algunos amigos se quejan del edadismo que afecta a la sociedad actual y se consideran víctimas de una ofensa personal. Sin duda ninguna podrían seguir con sus clases y sus reuniones de departamento, porque los 70 años no son una bomba de destrucción masiva. De hecho, después de jubilado, uno puede seguir leyendo, investigando, escribiendo y publicando, junto a otros gerundios terminados en ‘ando’ que, desde luego, son una forma de hacer camino. Aunque evito la discusión, no dejo de recordar al muchacho de 22 años que en 1981, recién terminada su carrera, se convirtió en profesor de literatura en la Universidad de Granada. Tenía por delante no sólo una plaza y un sueldo a fin de mes, sino toda una vida.

No está mal recordar, en este tiempo de discusiones y quiebras generacionales, que si los profesores nos perpetuamos en nuestros puestos más allá de los 70 años, orgullosos de nuestra vitalidad inagotable, habrá muchos jóvenes que no puedan entrar a tiempo en un departamento para protagonizar y cumplir el destino de su vocación. Convivir es dejar espacios libres para los demás. El diálogo generacional debe empezar por la comprensión de los mayores ante las necesidades y los derechos de los jóvenes.

Pero convivir supone también comprometerse con la comunidad. Como pensar es dar vueltas a las cosas, y la literatura enseña a darle muchas vueltas a la vida, debo confesar que en el diálogo generacional, mientras me convenzo de que debemos darle espacio a los jóvenes, me preocupan algunas ideas de individualismo egoísta que se han extendido entre la juventud frente a las ilusiones colectivas. Con mis compañeros de la Universidad, como estudiante y profesor, hacerme historiador de la literatura, igual que hacerme poeta, resultaba inseparable de un sentido de pertenencia, la elección de una manera de comprometerme con el Nosotros, con las apuestas compartidas de toda una sociedad. Repetí muchas veces una frase de Sartre con la que explicaba mi vocación y mi militancia: ser libre no supone hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.

El individualismo radical que están extendiendo la ideología neoliberal y las urgencias de la sociedad de consumo determina una quiebra en las ilusiones colectivas, algo que también marca el diálogo generacional. El bienestar social cortoplacista se ha desentendido de pensar desde el presente en los caminos futuros de los jóvenes, y los jóvenes piensan ahora que triunfar es una tarea individualista, algo que no tiene que ver con el compromiso colectivo. La vida se entiende como una carrera de competición donde el fracaso y el éxito son asuntos propios. Resultan no sólo prescindibles, sino despreciables, las ilusiones políticas, las herencias culturales del pasado, la compañía que dan los valores compartidos en los momentos de soledad y la dignidad de la conciencia individual que se afirma a sí misma al formar parte de lo comunitario. 

Cuando nuestro trabajo deja de ser una responsabilidad social, ya sea al hablar de Cervantes, al pasar consulta en un hospital o al cubrir una información periodística, se rompe el compromiso con uno mismo para vivir el individualismo de una manera decente en nombre de la propia libertad. 

El recuerdo del joven que encontró trabajo de profesor en 1981 hace que no me sienta víctima del edadismo al acercarme a mi jubilación. Feliz de dejar paso y apurar el sentido de la vida. Por la misma razón, espero que el joven que me sustituya en la Universidad no se queje de pagar impuestos, esos impuestos que servirán para mantener la sanidad pública que me cuide y la pensión que me paguen cada mes, con revisiones anuales, igual que su salario.

Las personas mayores de 65 años son la única franja de población de España que cuenta con una renta mediana superior a la media de la Unión Europea (UE), en concreto un 6,4% más alta, frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea, según recoge EFE. Los mayores de 65 años son además los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2009, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que toma la mediana (valor central entre la mitad superior y la mitad inferior) para evitar la distorsión de la media por el efecto de los extremos.

En términos intergeneracionales, informa EFE, los datos colocan a España en una de las primeras posiciones de la UE por renta relativa de los mayores respecto a la población de 25 a 54 años, una situación que tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, ya que el 90% de su renta procede de estas prestaciones.

En términos económicos, los mayores están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, están menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.

El estudio señala que una parte sustancial del colectivo supera con claridad los niveles de renta habituales del país, puesto que más de un 30% de los mayores de 65 años tiene rentas al menos un 30% por encima de la renta mediana de España.

La ventaja se amplía conforme aumenta su nivel de formación, una variable que determina las desigualdades dentro del grupo de los mayores de 65 años, según explica el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia, Lorenzo Serrano. En general, dice Serrano, los mayores más formados participan más en el mercado laboral, son más productivos, encuentran más fácilmente un puesto de trabajo, su empleo es de más calidad, está más ajustado a su formación y conlleva un mejor salario.

El trabajo y los ingresos influyen asimismo en un mejor estado de salud, una mayor participación cultural y política, un mayor aprovechamiento de la tecnología y una mayor interacción con amigos y familiares, según destaca el investigador del Ivie y profesor de la Universitat de Valencia, Ángel Soler. Las diferencias en el colectivo derivadas del nivel de formación implican que la renta mediana pasa de los 16.807 euros de los que solo tienen estudios básicos a 23.134 euros (37,6 % más) para los que tienen estudios medios y hasta los 30.864 euros (83,6 % más) de los que cuentan con formación superior.

La riqueza neta de los hogares también varía en función de los niveles educativos, ya que la riqueza mediana es de 226.000 euros para la cohorte de personas entre 65 y 74 años, pero cae a los 140.000 euros para quienes cuentan con estudios básicos y se eleva a 243.000 para aquellos con estudios medios y a 503.000 para los que tienen estudios superiores. Entre otros indicadores asociados a la formación está la salud, aspecto en el que el estudio destaca que los mayores más formados muestran un 9% menos de sobrepeso y obesidad y practican más deporte que el grupo con educación básica e inferior.

El Imserso ofrecerá este año casi 7.500 plazas para que los pensionistas con las rentas más bajas puedan viajar por una tarifa plana de 50 euros, al tiempo que permitirá, también por primera vez en sus 40 años de historia, la opción de viajar con mascotas. "El objetivo es que nadie se quede sin viajar, sin disfrutar de este derecho por razón de ingresos o de renta. Queremos que los viajes del Imserso lleguen a todos los pensionistas y las pensionistas", ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a EFE.

Con su aprobación por parte del Consejo de Ministros, su ministerio ha iniciado este martes la tramitación de una nueva licitación para los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que este año incluye como novedad la introducción de una tarifa plana. Así, se reservarán 7.447 plazas para personas cuya prestación sea igual o inferior a la pensión no contributiva. El coste restante de estos viajes será asumido por el Imserso, según la información facilitada por el ministerio.

Además, entre las novedades de la nueva licitación, se permitirá por primera vez viajar con animales de compañía en los desplazamientos a la costa peninsular e insular, ha detallado el ministro, quien explica que se busca "hacer estos viajes más accesibles, más inclusivos y más justos, y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios que se prestan".

La nueva licitación también busca combatir la estacionalidad en el turismo. Con este fin, se ha establecido que el 36% de las plazas de cada lote se distribuya de manera proporcional a lo largo de la campaña.

Además, los viajes en temporada alta tendrán un coste adicional de 100 euros respecto a los mismos trayectos en temporada baja. La duración de los viajes oscila entre cuatro y diez días, según el destino.

Para garantizar la sostenibilidad del sector y la mejora en la calidad de los servicios, se incrementará el presupuesto destinado a las empresas adjudicatarias y se reforzará el sistema de sanciones en caso de incumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el Imserso.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación del procedimiento de contratación, necesario para licitaciones superiores a los doce millones de euros. Las bases del proceso se publicarán en las próximas semanas en la plataforma de contratación del sector público.

Este año, los viajes del Imserso cumplen su 40 aniversario. Desde su creación en 1985, cuando se ofrecieron 16.000 plazas, el programa ha crecido hasta alcanzar las 879.213 plazas previstas para la próxima campaña. Actualmente, más de 4,6 millones de personas están acreditadas para participar. "Los viajes del Imserso se han convertido en un estandarte de nuestra política social y queremos mejorarlos: queremos que el acceso sea más equitativo y que nadie se quede sin viajar por no disponer de los ingresos para ello", ha resumido el ministro.

En esta edición, los hoteles incluidos en el programa contarán con un mínimo de tres estrellas y deberán ofrecer actividades de ocio y tiempo libre. Asimismo, las empresas adjudicatarias deberán elaborar materiales informativos sobre envejecimiento activo y prevención del maltrato a personas mayores.

El programa cubre destinos en la costa peninsular, las islas Baleares y Canarias, además de circuitos culturales y de turismo de naturaleza, incluidas capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según ha detallado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con el arranque de esta licitación se eleva a 970 millones el importe destinado a este programa para el periodo 2025-2028. "Hablar del programa del Imserso es también hablar de la propia historia de nuestro país", según Alegría, que ha incidido en que apostar por esta iniciativa es hacerlo por "el envejecimiento activo" y por "la desestacionalización de nuestro turismo,", al tiempo que implica "trabajar contra esa soledad no deseada que afecta fundamentalmente a las personas mayores de nuestro país".

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la entidad y recogido por EFE, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada "clausula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos de PIB el crecimiento del gasto hasta 2050. Cuestiona además la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto, pero no descuidemos la dinámica subyacente", ha alertado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

Herrero ha destacado del diseño de esta regla que tiene "importantes limitaciones" para ser un indicador de la sostenibilidad del sistema y ha incidido en que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla". Este mecanismo obligado de evaluación trianual por parte de la AIReF quedó fijado en la reforma de pensiones aprobada en 2022 por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea.

Al detalle del impacto de las medidas de ingresos recogidas en la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la AIReF cifra en el 0,4% del PIB el impacto promedio 2022-2050 del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que irá aumentando. El resto de medidas tienen menor impacto, con un 0,3% del PIB en el caso de la subida de la base máxima y también del 0,3% en las transferencias del Estado.

En este punto, Herrero ha querido aclarar que no todas las transferencias del Estado a la Seguridad Social se pueden considerar como ingresos para las pensiones y ha afeado que el Gobierno les trasladara en el reglamento de desarrollo de este examen qué ingresos debían considerar. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de la cotización de trabajadores autónomos o la cotización "solidaria" de los salarios más altos aportan 0,1%, 0,1% y 0,2%, respectivamente, en el citado periodo.

La AIReF no estima que la reforma laboral aporte nada en este lado de los ingresos.

Herrero también ha advertido de que el gasto se ha visto reducido por el impacto de las últimas revisiones del PIB que han rebajado a ese 14,6 % del PIB el gasto promedio frente al 15,4% que recogía el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Así, la AIReF ha cuestionado los parámetros que se le obliga a considerar para el informe y ha aportado una visión propia, a la vez que ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En la opinión publicada este lunes, junto al informe al que le obliga la reforma de pensiones, la AIReF resalta una "mayor pendiente" del gasto en pensiones, con un promedio del 14,4 % del PIB en el periodo 2022-2050; así como un incremento de la tasa de generosidad en 13 puntos en 2050, cuando se prevén 17 millones de pensionistas.

Los cambios que afectan a la jubilación activa, la jubilación demorada y la jubilación parcial entran en vigor desde este 1 de abril, según ha recordado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha recogido EFE. Las nuevas medidas, que buscan mejorar la compatibilidad de la pensión con el trabajo, se acordaron en verano del año pasado con patronal y sindicatos y se aprobaron a final de año con entrada en vigor para este próximo martes 1 de abril.

En lo que se refiere a la jubilación activa -que permite compatibilizar durante un tiempo determinado la pensión y el trabajo una vez se accede a la situación de jubilación- se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa. Además, a partir de abril cada año que se compatibilice trabajo y pensión se incrementara el porcentaje a aplicar en el percibo de la prestación, según una escala.

Así, si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%; si es de dos, 55%, si de 3, 65%, si de 4, 80% y, si la demora es de cinco o más años, podrá percibirse hasta el 100 % de la prestación. Otra novedad es que a partir de ahora este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora.

La nueva regulación introduce cambios también en la jubilación demorada, al dar la posibilidad de recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no sólo por cada doce meses.

También entran en vigor ahora los cambios en la regulación de la jubilación parcial. Así, se amplia de dos a tres los años de la posibilidad de anticipo de acceso a la edad de jubilación y se mejoran las condiciones del trabajador relevista, cuya contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo. En este punto, los sindicatos han reclamado adaptaciones para poder llevarse a cabo en el caso del personal laboral público.

Según avanzaron esta semana tras reunirse con el ministro de Función Pública, Óscar López, el Gobierno se ha comprometido a implantar una tasa adicional de empleo público que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público.

La Seguridad Social ha abonado en el mes de marzo un total de 10.313.634 pensiones con un desembolso de la cifra récord de 13.492,5 millones de euros, que supone un aumento del gasto del 6,3% interanual.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por EFE, el número de pensionistas se elevó un 1,66% respecto a marzo del año pasado hasta 9,33 millones, de los que 6,57 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.870,4 millones de euros), seguidas por las prestaciones por viudedad (2.191,2 millones), incapacidad permanente (1.217,23 millones), orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,98 millones).

La pensión media por jubilación procedente del régimen general se situó en 1.662,3 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos alcanzó los 1.007,1 euros. La pensión media por viudedad, por su parte, se situó en los 933 euros mensuales.

Para las nuevas altas de jubilación —de las cuales un 11,3% son por jubilación demorada—, la cuantía media fue de 1.761,5 euros, con una edad media de acceso de 65 años. Del total de pensionistas, 4,6 millones son mujeres y 4,7 millones, hombres.

En marzo, 976.975 pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 88,7% corresponden a mujeres, con un importe medio mensual de 75,5 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,7% de los casos (866.851).

La pensión media de jubilación ha superado los 1.500 euros en febrero (1.500,67 euros), en un mes en el que la nómina de las pensiones supuso un desembolso de 13.455,6 millones de euros, un 6,22 % más que el mismo mes de 2024. En total se han abonado 10.293.631 pensiones (1,63% más que en febrero del año pasado) a más de 9,3 millones de personas, de las cuales, 6,4 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación, según informa EFE.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.848,44 millones de euros), seguidas por las de viudedad (2.186,17 millones), incapacidad permanente (1.207,98 millones), orfandad (177,16 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,85 millones).

La pensión media de jubilación para el régimen general se situó en 1.661,1 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos fue de 1.006,23 euros.

La pensión media de viudedad se situó en los 990,29 euros y la cuantía de la pensión para las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en febrero a 1.754,24 euros de media.

Además, en febrero, 952.637 pensiones contaron con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio mensual de 75,5 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,8% de los casos (845.700).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue apostando por presentar un nuevo real decreto ley ómnibus con las medidas que incluía el rechazado esta semana en el Congreso y ante las que pide responsabilidad a los partidos, en vez de presentar otros con medidas concretas como la subida de pensiones. El líder del Ejecutivo se ha mostrado favorable a ese real decreto ley en declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur 2025 según informa EFE.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado la trascendencia de todas las decisiones que fueron rechazadas y no sólo las relativas a pensiones o ayudas al transporte, y se ha mostrado convencido de que van a sacarlas adelante como lo está de que la legislatura puede seguir avanzando. Su objetivo es que se pueda aprobar "un real decreto ley ómnibus, que es un escudo social –ha dicho– que se necesita en nuestro país".

Al plantearle si no baraja presentar un real decreto exclusivo con la revalorización de las pensiones, ha señalado que quedarían fuera otras medidas de relevancia incluidas en el rechazado por el Congreso como las ayudas al transporte, las destinadas a Valencia por la dana o las relativas a los desahucios.

Medidas todas ellas que ha recordado que negociaron con los grupos que las apoyaron a finales de diciembre. Por ello ha apelado a la responsabilidad, el sentido común y la empatía porque no puede haber formaciones que causen "dolor social". "Tienen que ser conscientes del dolor que han causado. Que reconsideren su posición y que permitan la aprobación de un decreto ley que es en favor de la gente. Apelo a esa responsabilidad que no es en favor de ninguna minoría, sino -ha apostillado- de la mayoría social del país".

El presidente del Gobierno ha subrayado que las medidas podrían haberse aprobado con una abstención del PP y cree que el hecho de haber votado en contra demuestra que quieren causar ese dolor. "Tenemos que reivindicar la política sana frente a esa antipolítica, esa oposición destructiva que desde 2018 vota sistemáticamente que no a la redistribución de los recursos económicos entre la gente que lo necesita", ha añadido.

Ante la negativa de Junts a aprobar el real decreto, Sánchez ha señalado que la historia de su Gobierno en minoría parlamentaria ha sido siempre "sudar la camiseta, jugar los partidos hasta el último minuto y, al final, sacar las cosas adelante". "Y eso es lo que vamos a hacer, sacar las cosas adelante a pesar de la oposición destructiva que tenemos y que no actúa contra el Gobierno, sino contra los intereses de pensionistas y de ciudadanos que usan el transporte público", ha añadido.

Al igual que había hecho poco antes en su intervención en un acto organizado con motivo de Fitur, ha recordado que durante su participación esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos ha comprobado la confianza que genera España en las empresas internacionales por su crecimiento y creación del empleo.

Lo que desea el Gobierno, ha dicho, es redistribuir el crecimiento a las personas que más lo necesitan, a los jubilados, a quienes utilizan el transporte público o a sectores afectados como los de Valencia. "¿Por qué se tiene que votar en contra? ¿Qué lógica política, qué fin político explican los que hacen eso?", se ha preguntado.

Desde este miércoles la edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses y se sitúa en 66 años y ocho meses cumplidos. Durante todo 2025 esta será la edad para poder retirarse del mercado laboral con el cien por cien de la pensión, aunque la jubilación sin penalización se mantiene en los 65 años para quienes tengan 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social, según informa EFE.

Desde 2013 y hasta 2027 la edad ordinaria de jubilación está subiendo progresivamente de 65 a 67 años, conforme a lo establecido en la reforma de las pensiones acordada en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos. La siguiente tabla detalla esa transición, así como los años que hay que tener cotizados para poder optar a la jubilación a los 65 años sin reducción en la pensión.

Asimismo desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, transición que finalizó en 2022, año desde el que ya se calcula con los últimos 25 años cotizados.

La edad efectiva de jubilación ha subido 1,1 años en la última década y ha llegado a los 65,2 años en 2024, una media que en el caso de las mujeres sube a 65,6 años, mientras que para los hombres baja a 64,8 años.

A partir del 1 de enero los trabajadores que quieran jubilarse con el 100 % de la pensión tendrán que tener 66 años y ocho meses cumplidos, aunque la jubilación sin penalización seguirá siendo posible a los 65 años si se cuentan con 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social, según informa EFE.

La reforma del sistema de pensiones de 2011, acordada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos, estableció la subida progresiva de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años, aunque mantuvo la posibilidad de retirarse a los 65 años para carreras más largas de cotización.

La norma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación, según consta en la siguiente tabla, en la que también se especifican los años que hay que tener cotizados para poder seguir jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.

 AÑO     EDAD LEGAL   PARA JUBILARSE A LOS 65 AÑOS

2013   65 años y 1 mes     35 años y 3 meses o más

2014  65 años y 2 meses     35 años y 6 meses o más

2015  65 años y 3 meses     35 años y 9 meses o más

2016  65 años y 4 meses          36 o más años

2017  65 años y 5 meses     36 años y 3 meses o más

2018  65 años y 6 meses     36 años y 6 meses o más

2019  65 años y 8 meses     36 años y 9 meses o más

2020 65 años y 10 meses          37 o más años

2021       66 años     37 años y 3 meses o más

2022  66 años y 2 meses     37 años y 6 meses o más

2023  66 años y 4 meses     37 años y 9 meses o más

2024  66 años y 6 meses          38 o más años

2025  66 años y 8 meses     38 años y 3 meses o más

2026 66 años y 10 meses     38 años y 3 meses o más

2027       67 años     38 años y 6 meses o más

Asimismo desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, transición que finalizó en 2022, año desde el que ya se calcula con los últimos 25 años cotizados.

La reforma de pensiones del actual Gobierno de coalición, que se completó en 2023, estableció como novedad un periodo de cómputo dual que entrará en vigor en 2026 y que aplicará para el cálculo de la pensión la más beneficiosa de dos posibilidades: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses peores, o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La edad efectiva de jubilación ha subido 1,1 años en la última década y ha llegado a los 65,2 años en 2024, una media que en el caso de las mujeres sube a 65,6 años, mientras que para los hombres baja a 64,8 años. 

Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, hasta noviembre de este año se habían jubilado 338.771 personas, de las que el 71 % lo hizo a la edad ordinaria o superior con una media de 66 años, frente al 29 % que se retiró de forma anticipada con una media de 63,2 años.

En el caso de la jubilación anticipada, la edad media sube a 64 años si es voluntaria y baja a 62,8 años para la no voluntaria.

Hace una década la jubilación anticipada involuntaria suponía una de cada cinco altas al sistema y eran consecuencia del aumento de los despidos durante los años de la crisis financiera, mientras que ahora es minoritaria y solo representa el 3,5 % del total.

La edad sube a los 68 años en el caso de la jubilación demorada, una modalidad incentivada desde 2022 que casi se ha duplicado en el último lustro, ya que acumula un 9,4 % de las altas frente al 4,8 % que suponía en 2019.

La Seguridad Social ha abonado este mes la pensión de noviembre y la paga extraordinaria a 9,3 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 25.565 millones de euros. Según los datos publicados este martes por la Seguridad Social y recogidos por EFE, en la nómina de noviembre se han abonado más de 10,3 millones de pensiones por un total de 12.941 millones de euros, junto a la paga extraordinaria, por un importe de 12.624,2 millones.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,4 millones de personas) se situó en 1.448,8 euros mensuales en noviembre, tras incrementarse un 5,2% respecto al mismo mes de 2023, en tanto que la paga extra de jubilación tiene un importe medio de 1.428,5 euros.

El importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.606,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen de Especial de Autónomos (RETA) es de 966,8 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.810,6 euros, y de 1.604,2 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en octubre a 1.664,6 euros de media, según los últimos datos disponibles. por otro lado, el número de pensionistas rozó los 9,3 millones, de los que casi 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 por persona. La pensión de jubilación es la principal para 6,4 millones de personas, de las que el 60% son hombres.

En el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 95,8% son mujeres. Por otra parte, hay 985.333 perceptores de incapacidad permanente, 321.398 de orfandad y 45.705 de la prestación en favor de familiares.

Entre enero y octubre de 2024, se han registrado 305.702 nuevas altas en pensiones, de las que 88.860 son jubilaciones anticipadas, el 29,1 % del total, cuando en 2019 eran el 40 % de las nuevas jubilaciones. El 70,9% de los nuevos pensionistas accedieron al sistema con la edad ordinaria (216.772). En este mismo período, el 9,4% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro, la edad media de acceso a la prestación de jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.

De acuerdo con la última nómina, 890.872 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 89% de sus titulares son mujeres. El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 70,2 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24,6% corresponde a pensionistas con un hijo, el 47,1% a beneficiarios con dos hijos, el 18,5% lo percibe por tres hijos y el 9,7%, por cuatro hijos. 

La entrevista que infoLibre ha realizado recientemente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha corrido como la pólvora entre los grupos que las camareras de piso conocidas como Las Kellys tienen en redes sociales. ¿El motivo? Una pregunta acerca de si se incluirá a ese colectivo en la jubilación anticipada que se negocia con los agentes sociales. Saiz aseguró que su departamento dialoga con organizaciones empresariales y con los sindicatos y “en lo que tiene que ver con los coeficientes reductores se está trabajando en objetivar lo que son los riesgos, físicos y psicosociales” y habrá que ver cuáles son los frutos de “ese trabajo de diálogo constante”. “Se escucha a muchos colectivos y lo que intentamos es, desde la justicia social, en este caso desde la objetivación de cuáles son los riesgos, dejar claro que la protección social para nosotros es una prioridad, pero siempre dentro del marco del diálogo y de la búsqueda de los consensos necesarios en ese tipo de situaciones”, añadía Saiz.

“Estamos muy disgustadas viendo lo que dice la ministra”, trasladan a este periódico desde ese grupo de trabajadoras, ya que creen que con sus palabras “ha lanzado balones fuera” y dicen “estar muy cansadas de eso”, de ahí que transpiren “malestar”. “Otra vez a las mujeres precarias, a Las Kellys, nos dejan al margen de un avance. Siempre se acuerdan sólo de colectivos que mayoritariamente son hombres. Las mujeres seguimos siendo ciudadanos de segunda y lo vemos con estas cosas”, lamentan. Están hartas también, confiesan, de que únicamente se interesen por las camareras de piso en determinadas épocas, como las electorales. Aseveran que no se ha reunido con ellas “ningún ministerio” para abordar sus problemas, ligados a un trabajo que las machaca por la repetición de movimientos y el peso que soportan, el estrés por las exigencias que a menudo sufren, las malas formas que tienen que aguantar o los salarios precarios. Restan importancia incluso al supuesto encuentro que el presidente Pedro Sánchez habría mantenido con ellas en Mallorca en 2022. “No fue una reunión como tal. Él fue a otras cosas, se hizo la foto y nos adelantó que iban a pedir camas elevables en los hoteles”, relatan. 

“Nos hace gracia cuando dicen que miran por las mujeres en fechas como el 8M, para ponerse la banderita de que han estado con ellas ese día”, deslizan. Y siguen: “Pringarse con las mujeres es incorporarlas a la jubilación anticipada. Y no sólo a Las Kellys, a Territorio Doméstico -espacio que lucha por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar- y a un montón de colectivos más de mujeres que están muy cascadas porque tienen trabajos muy duros y porque ellos han permitido que estén en empresas de servicio que las explotan, no, lo siguiente, que las esclavizan”, afean.

Detrás de la etiqueta Las Kellys hay un doble juego de palabras, se bautizaron así por ser “las que limpian” y porque kellys en gaélico irlandés significa guerreras. Se esconde además tras la marca la historia de una alianza femenina que se ha expandido “al margen de todos los partidos políticos y de los sindicatos”.

Hay que remontarse hasta 2014 para encontrar el germen: un perfil de la red social Facebook de camareras de piso que congregó a un número creciente de ellas. Luego, se organizó un primer encuentro en Madrid, al que acudió “gente de Canarias y Barcelona” y fue entonces cuando “bajaron los estatutos de internet y los adaptaron a la asociación”, narran. “A partir de entonces se montó una directiva nacional”, enlazan, se extendieron a otras ciudades del país y abandonaron el verde inicial de sus rótulos “porque Vox comenzó a usarlo y no queremos compartir nada con esos señores”, aclaran. Se pasaron al blanco.

Más tarde se dieron cuenta de que “tener una coordinadora a nivel nacional no servía” porque en cada territorio, las empresas de servicio para las que trabajan “funcionan de manera distinta”. “En las zonas de costa les exigen en ocho horas hasta 40 habitaciones y en otras áreas no”, ejemplifican, por eso decidieron que cada comunidad se autogestionara. Comenzaron a caminar 80 mujeres y ahora son “80.000 y subiendo”. Algunas han “ido dejando los sindicatos a los que pertenecían, pese a haber pagado cuota durante años, para pasarse a Las Kellys”, señalan las fuentes del colectivo consultadas, aunque matizan que “hay compañeras que a título individual aún pertenecen” a alguna organización sindical. 

Miran atrás para traer al presente el momento en que una jueza les trasladó “hace siete años”, durante la ceremonia de entrega de un premio que les concedieron en el municipio madrileño de Getafe, un mensaje: “Que los cambios los íbamos a tener que hacer judicialmente”. “No intentéis conseguirlos desde la política porque os van a escuchar, pero no van a hacer nada”, les avisó, “y así ha sido”, confirman. “Todo lo que hemos ido logrando, lo hemos ganado en los juzgados”, como el que se incluya la patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores que afecta a los hombros como una enfermedad profesional asociada a las camareras de piso. “Se ha ganado en el Tribunal Supremo (TS) -una sentencia de 20 de septiembre de 2022 así lo refleja-, pero todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que es una enfermedad laboral de Las Kellys”, critican.

Están empeñadas en proseguir “con la lucha” para dignificar sus condiciones de trabajo, convencidas de que “la unión hace la fuerza”. Una pelea que escalan a Bruselas cuando tienen oportunidad. De hecho, María del Mar Jiménez, una de sus portavoces, participó hace unos días en el cuarto Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización y defendió en el Parlamento europeo que “los políticos escuchar” las “escuchan muy bien”, “pero hacer no hacen nada por nadie, que no sean los colectivos que les vengan bien en cada momento”. Desde esa convicción manifiestan ya en Madrid que en la actualidad “están apoyando a policías y bomberos. Habrán hecho sus cuentas de cuántos hay en España y de cuántos votos podrían ser para las próximas elecciones que hay este año”, lanzan.

No era la primera vez que Jiménez viajaba a la capital belga y auguran que tampoco será la última. Las Kellys no quieren restarle derechos a nadie, pero tampoco ser menos que otros. “Los políticos no se dan cuenta -engarzan- de que camareras hay -en el conjunto del país- entre 250.000 en temporada baja, y cerca del medio millón en temporada alta”, advierten, conscientes de igual modo de que muchas elecciones empiezan a ganarse en femenino. Son cálculos propios porque afirman haber pedido “muchas veces” la cifra oficial que el Gobierno tiene contabilizada “y no contestan, como en otras muchas cosas”, se quejan. Lo exponen como constatación del desinterés que, sienten, muestran por ellas. 

Persistirán en su reclamación de que “se las tenga en cuenta en la jubilación anticipada” y guerreando por sus derechos en un ámbito en el que en 2023 se incrementaron alrededor de un 12% los accidentes laborales respecto al año anterior debido a la sobrecarga de trabajo y a la falta de prevención de las empresas, de acuerdo a lo reflejado en el informe de CCOO Camareras de pisos: salud, prevención, jubilación anticipada y externalizaciones. Es, asimismo, terreno abonado para la realización de horas extra sin controlar ni pagar, más allá de los escasos salarios de partida, según ratifican desde la organización. Causas para continuar batallando no les faltan.