El Gobierno aprueba este martes la convocatoria de becas para el curso 2026-2027 por un importe récord de 2.559 millones de euros, 15 millones más que el curso pasado, la novena subida consecutiva desde 2018 y que beneficiarán a casi 1 millón de estudiantes, según informa EFE.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, comparece en el Consejo de Ministros para explicar esta inversión histórica en las becas que afectan a estudiantes de Universidad, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Superiores, y que han aumentado un 83% en los últimos nueve años.

La previsión para el curso 2026-2027 es de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y de 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por lo que el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes.

Esta convocatoria se sumará a la que próximamente tiene que aprobar el Ejecutivo de las nuevas becas Luisa Medrano, que con una cuantía de al menos 900 euros, se pondrán en marcha el curso que viene y permitirá movilizar a los universitarios entre comunidades autónomas, incentivando sobre todo las universidades de pequeñas ciudades.

Desde el 1 de enero del pasado año todas las prácticas formativas, pagadas o no, deben cotizar a la Seguridad Social. Así lo estableció el Gobierno de España, que también fijó un procedimiento para cotizar de manera retroactiva por antiguas prácticas o becas de investigación. Las personas interesadas tienen desde el 1 de junio del pasado año hasta el 31 de diciembre de 2028 para pagar de su bolsillo las cotizaciones por el tiempo que trabajaron hace años y sumar así meses o años con los que en el futuro pueden adelantar la jubilación o mejorar su importe.

Un año después de abrirse el proceso, y cuando aún quedan más de tres años para hacerlo, cientos de personas están ya tramitando en Galicia meses o años de cotizaciones. Solo la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga), una de las muchas vías por las que se vienen haciendo prácticas en Galicia, ha recibido ya un millar de solicitudes de certificados con los que probar ante la Seguridad Social el trabajo pasado por el que se quiere cotizar.

El sistema habilitado por la Seguridad Social para cotizar, pagando, por prácticas o becas de investigación realizadas hace años, cuando no se cotizaba por ellas, permite la redención de hasta cinco años. Para hacerlo hay que solicitar a la Seguridad Social un denominado convenio especial y pagar por cada mes la cuota correspondiente a la base mínima de cotización que se exigía entonces.

El sistema permite el pago de golpe o fraccionado en el doble del tiempo por el que se quiera cotizar. Esto es, para cotizar por seis meses de prácticas hechas hace años puede pagarse ahora el importe a la Seguridad Social fraccionado en 12 meses.

Para realizar la solicitud hay que presentar a la Seguridad Social “certificados de la realización de las prácticas y/o de la participación en programas de formación”, que pueden emitir tanto las empresas o entidades en que se realizasen las prácticas como las entidades que financiaron las mismas, si fueron distintas. Cientos de personas ya han solicitado esos certificados a empresas, universidades o centros de investigación o formación profesional.

En Galicia buena parte de las prácticas universitarias se canalizan a través de la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga), que lleva décadas canalizando estudiantes de las tres universidades públicas a las empresas privadas. Según confirman desde Feuga, un año después de abierto el plazo y cuando aún quedan más de tres para poder adherirse al sistema de cotización, se han recibido “hasta el momento 940 peticiones de emisión de certificados de personas que podrían cumplir con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la cotización, tanto de participantes de los programas de prácticas formativas como de titulados que participaron en proyectos de investigación de las universidades”.

Ante el volumen de peticiones, Feuga está trasladando a las personas solicitantes que puede tardar un par de meses en ir remitiendo los certificados.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública una respuesta a una consulta vinculante (V0467-25) en la que establece que los pagos a la Seguridad Social para cotizar por esas antiguas prácticas, sean en una única vez o fraccionados, pueden deducirse en la declaración de la renta.

“Al tratarse de cotizaciones a la Seguridad Social, su abono —ya sea en pagos mensuales o en un pago único— tiene la consideración de gasto deducible de los rendimientos íntegros del trabajo”, dice el ministerio en su respuesta vinculante. En ella añade que esas deducciones “deberán imputarse al periodo impositivo de su exigibilidad, que se corresponderá con el sistema de abono elegido”. Esto es, en el año en que se haga el pago único o la parte proporcional en los años en que se hagan los pagos fraccionados.

España tiene una Real Academia en Roma. Está en lo alto de San Pietro in Montorio, en un convento erigido por los Reyes Católicos donde, según la tradición, dieron matarile al príncipe de los apóstoles crucificándolo bocabajo. El edificio tiene sus encantos: el más célebre es el templete de Bramante, que se encuentra en medio de uno de los claustros. A finales del siglo XIX, los artistas reemplazaron a los frailes (entre mendicantes anda el juego) y desde entonces, bajo distintos patronazgos (la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores) han ido desfilando pensionados y becarios.

El plan es de ensueño: investigadores, comisarios, escritores y artistas compiten por una beca que concede nueve meses de honorarios, hospedaje y un montante con el que sufragar la producción de sus trabajos. La precariedad da muchas dentelladas en el barrio de las artes, así que, como imaginarán, no faltan candidatos dispuestos a instalarse un curso en el Trastevere. Con tanto postulante, el proceso de selección se ha vuelto laborioso, así que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) —que es la responsable— ha incluido un nuevo requisito para los becarios: la bilocación. Verán, este primero de octubre ha terminado la fase de entrevistas (la última del proceso). Denle diez o quince días al comité para que delibere y tendremos veredicto. Las residencias comienzan el primero de noviembre. Conciliación, beso tu nombre. ¿Tienes hijos? Ándate listo buscando un internado. ¿Gato? A la perrera ipso facto. ¿Empleo? Suerte solicitando la excedencia en semana y media. La resolución de la beca romana siempre ha sido particularmente árida: hará unos años se comenzó a publicitar cada etapa del proceso selectivo; antes, los interesados solo se enteraban de que habían sido descartados en tal o cual paso si algún colega les contaba que él había tenido mejor suerte.

Si traigo como ejemplo esta convocatoria es porque la organiza todo un ministerio: un estamento que tendría los posibles para resolver el asunto en tiempo, forma y afecto. Pero, lamentablemente, los desmanes se prodigan por todo el organigrama nacional. Hace tiempo les conté el calvario al que el Ayuntamiento de Madrid estaba sometiendo a los beneficiarios de unas ayudas de producción, a los que, por minucias formales, les estaba reclamando devoluciones con recargo. Hay muchos ejemplos sangrantes: abundan las subvenciones que solo financian los materiales para producir la obra pero no los honorarios, como si los artistas (escritores, investigadores, larguísimo etcétera) no pagasen alquileres y se alimentasen del aire. Otras, pagan a posteriori, de modo que el beneficiario se compromete a adelantar gastos hasta que, tras una ristra de justificaciones kafkianas y eones burocráticos, la entidad de turno abone lo convenido. (Esto, claro, descarta a todos aquellos que no tengan respaldos familiares o ahorros con los que afrontar el desembolso inicial). Cualquier profesional del sector podría relatarles un buen número de sinsabores a cuenta de algún escarceo institucional y no sería provechoso engolosinarnos con los detalles de tal o cual diputación, fundación o comunidad autónoma. Más bien, quisiera apuntar a la lógica que parece actuar bajo todos estos casos particulares: la idea de que el apoyo institucional a la producción artística es una dádiva, una limosna ante la que sería descortés mostrarse desagradecido.

Una vez, montando una exposición de premio (al comisario le llegan los trabajos seleccionados y debe armar con ellos una muestra más o menos coherente), escuché a una de las funcionarias que pululaban por la sala quejarse a la otra: "Nosequién dice que los plazos no son adecuados: les das un premio y encima se quejan". La convocatoria, claro, había tenido (de nuevo) un sinnúmero de irregularidades que nadie se estaba molestando en subsanar, y resultaba casi milagroso que la exposición fuese a inaugurarse el día acordado. Con todo, la encargada de turno consideraba que eran los artistas los que suponían un gasto prescindible para el erario, no su puesto, que sería inservible si ese mismo programa expositivo (tan absurdo y despilfarrante) se extinguiese. Aunque me parece estúpido, puedo entender a los que quieran cepillarse las políticas culturales del país y condenar a las nuevas generaciones a no ver más arte que el que se hizo a cuenta del mecenazgo de burgueses y archiduques. Prefiero esa oposición frontal (siempre conviene verle los contornos al enemigo) a la perpetuación de unas prácticas paternalistas y violentas (ordeno y mando) ejercidas por gestores que viven holgadamente del mismo sector que tratan a puntapiés. Si tal beca, ayuda o premio no puede convocarse sin menoscabar los derechos más elementales de artistas y adláteres, sería conveniente que se dejase de convocar. Porque, de lo contrario, parecería que las tan defendidas políticas culturales obedecen más al interés publicitario de las instituciones que las promocionan ("el ayuntamiento de tal invierte nosecuántos miles de euros en…", "la consejera inaugura la muestra del premio…") que al provecho de sus beneficiarios.

(También, puestos a desear, sería maravilloso que la famélica legión consiguiese armar una respuesta articulada y conjunta con la que replicar a estos desmanes: si el problema es general, la réplica también debería serlo. A veces, permítanme, a uno le gusta soñar). 

La Fundación "La Caixa" prevé invertir más de 4.000 millones de euros en el período 2025-2030. El objetivo es que a lo largo de ese periodo, la fundación incremente anualmente su presupuesto hasta alcanzar los 800 millones en el último ejercicio. Esta inyección de recursos es la previsión que la organización recoge en el nuevo plan estratégico que bajo el lema «Creer para transformar», fija como misión principal contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa, que dé más oportunidades a las personas que más lo necesitan.

Los ejes principales de actuación se han fijado en tres áreas: la social, que concentrará cerca del 60% del presupuesto anual, la investigación y las becas, y la cultura. La entidad estudiará, además, nuevas líneas de actuación como la sostenibilidad ambiental, la salud mental y la longevidad.

El presidente de la Fundación "La Caixa", Isidro Fainé, ha presentado este plan recordando que la vocación de la entidad siempre ha sido "de servicio a la sociedad y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El nuevo Plan Estratégico bebe de esta misma esencia y la adecúa a los retos y necesidades de nuestro tiempo". 

Durante la presentación, Fainé ha hecho referencia a CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa. "El plan dibuja el marco de actuación para que la Fundación y CriteriaCaixa operen de manera coherente y coordinada para alcanzar un objetivo común: la atención y el desarrollo de su obra social por medio de la gestión adecuada de su patrimonio", ha asegurado.

El presupuesto de la fundación para 2025 es de 665 millones de euros, la cantidad más alta invertida nunca por la fundación. Esta cantidad irá en aumento hasta llegar a los 800 millones en 2030, el último año del plan. Las actividades sociales acapararán entre el 55% y el 65% del presupuesto; la investigación y las becas concentrarán entre el 15% y el 25%; y la cultura, entre el 15% y el 20%.

En el ámbito social, el propósito de la fundación es mejorar la calidad de vida de las personas, en especial las más vulnerables, con el foco puesto en la lucha contra la pobreza, la inserción sociolaboral de aquellos que están en riesgo de exclusión y el acompañamiento de las personas de más edad.

En la lucha contra la pobreza, la entidad pone especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Desde su puesta en marcha, este proyecto ha atendido a cerca de 400.000 niñas, niños y adolescentes de familias en riesgo de exclusión. En los últimos años, el programa ha ampliado su alcance y está presente en todas las provincias españolas.

Para la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, la fundación cuenta con el programa Incorpora, que ya actúa en todas las provincias españolas y en Portugal. Para la humanización de la salud, lo hace a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. Y para el acompañamiento a las personas mayores, con el programa de Personas Mayores, el más longevo de la Fundación ”la Caixa”.

En el área de la investigación y las becas se plantea promover el talento y la innovación científica para dar respuesta a los retos de salud y bienestar, con objetivos concretos como la construcción del primer ecosistema europeo "filantrópico" de centros de investigación biomédica y biotecnológica, liderado por CaixaResearch Institute. Este instituto será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España, y centro de referencia mundial. A finales de 2025, está prevista la inauguración del primer bloque del nuevo edificio.

Por su parte, la actuación en el ámbito de la cultura persigue construir una oferta "de excelencia" a escala nacional e internacional, a través de instrumentos como la red de CaixaForum, presente ya en nueve ciudades de España. El plan prevé la finalización de la construcción del CaixaForum de Málaga.

Los centros de la red de CaixaForum recibieron más de 3 millones de visitantes en 2024. Por su parte, CosmoCaixa se ha consolidado uno de los principales museos de ciencia de Europa. Este centro promueve el progreso social a través de la divulgación científica y solo el año pasado recibió más de un millón de visitantes. A estos equipamientos se añade Cap Roig, un paraje que reúne naturaleza, arte y cultura.

CaixaForum+, además, es una de las apuestas más recientes en el ámbito de la cultura. Se trata de una plataforma de streaming especializada en contenidos culturales y científicos. Cuenta con cerca de 270.000 suscriptores y más de 1.700 contenidos.

El Gobierno ha abierto el plazo para solicitar las becas SERÉ para preparar las oposiciones a altos cargos de la Administración de Justicia, que contarán con una dotación anual de 12.000 euros, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista con EFE.

Estas ayudas están destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos más altos de la Justicia (carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración y Cuerpo de Abogados del Estado) y en la convocatoria de este año casi se duplica la dotación presupuestaria, hasta los 15,6 millones de euros, con los que se concederán 1.300 becas.

"Este ministerio está apostando de manera muy decidida por estas becas. Mientras yo sea ministro, mientras haya un ministro progresista, habrá becas para opositar a la carrera Judicial y Fiscal", ha subrayado Bolaños, que ha defendido la necesidad de blindar por ley estas ayudas. Así lo contempla el proyecto de ley de Reforma de la Carrera Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, que establece el carácter estructural del programa y fija como cuantía mínima de la ayuda el salario mínimo interprofesional (SMI).

El objetivo es evitar que "cuando lleguen los gobiernos conservadores las supriman", como ocurrió durante el mandato de Mariano Rajoy, señala el titular de Justicia. En la convocatoria de este año están disponibles 930 becas para las carreras Judicial y Fiscal, 230 becas para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 40 becas para el Cuerpo de Abogados del Estado.

Además, se incluyen 100 becas adicionales en modalidad mixta de ayuda económica y en especie. De esta manera, una parte de la cuantía se ofrece directamente a la persona que prepara y otra a la persona que oposita para su manutención. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este lunes y hasta el 23 de junio y los interesados deberán presentar su solicitud a través de los medios electrónicos habilitados por el Ministerio de Justicia.

Bolaños ha detallado que la futura ley va a mejorar tanto la dotación, que se equipara al salario mínimo interprofesional, como la duración de las becas, que permitirán que cualquier persona, aunque su familia no tenga suficiente renta, pueda opositar. En los últimos años se ha ido incrementado la financiación y número de beneficiarios de estas ayudas, de manera que la inversión en 2025 casi duplica la de 2024 (pasa de 8 millones a 15,6 millones de euros) y multiplica por diez la de 2022, cuando la dotación fue de 1,6 millones de euros.

En 2024, un total de 983 personas obtuvieron una de estas becas, un 24 % más que en 2023. De ellas, 790 destinaron la ayuda a la preparación de las oposiciones para convertirse en jueces o fiscales, 162 lo hicieron para acceder al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 31 lo invirtieron en preparase para el Cuerpo de Abogados del Estado. Andalucía encabezó el número de beneficiarios, con un 26 % de las mismas, seguida por la Comunidad Valenciana, con un 13 %. En cuanto a rangos de edad, el 90 % de los beneficiarios tenía entre 21 y 33 años, y de la totalidad de las ayudas otorgadas, 791 fueron concedidas a mujeres frente a 192 hombres.

La 43ª- edición de la ceremonia de entregas de becas para estudiar en el extranjero de la Fundación "la Caixa" le ha otorgado a cien estudiantes una beca para poder estudiar en las mejores universidades del mundo.

Las becas concedidas han sido repartidas entre tres continentes, con 71 plazas para estudiar en Europa, 27 para estudiar en Estados Unidos y 2 para estudiar en Japón.

A la ceremonia, que ha sido presidida por el Rey Felipe VI en el  CaixaForum Madrid, ha acudido el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

"El programa de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero se remonta a 1982 y cuenta ya con una comunidad de más de 6.000 personas. En esta edición, solo uno de cada diez candidatos obtuvo finalmente la beca. Estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión. Solo así, contribuyendo cada uno y cada día desde lo mejor de nosotros mismos, podremos construir verdaderamente una sociedad mejor", ha dicho Fainé. 

En esta edición, la Fundación ha contado con 1.045 candidatos a la beca de los cuales tan solo 100 la han conseguido debido a su excelencia académica.

Para la obtención de la misma, los estudiantes han tenido que pasar dos fases, la primera a través del sistema de peer review (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares) y los estudiantes que reciben las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal realizada por profesores universitarios con experiencia internacional.

Los becarios de la promoción del año 2024 provienen de 27 provincias españolas, siendo Barcelona con el mayor número de becados (31), seguida de Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3). A demás, hay becados que proceden de dos distritos portugueses, y de Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

La convocatoria general de becas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2025-2026 ya se pueden solicitar desde este lunes 24 de marzo hasta el 14 de mayo, según informa EFE. Las ayudas, con un presupuesto de 2.544 millones de euros, están dirigidas a estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores (grado y máster), así como a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y otros estudios no universitarios.

Los estudiantes deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, ya que deben solicitarla ahora aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación. En cuanto al importe de las ayudas, la cuantía asociada a la renta familiar se sitúa en 1.700 euros, mientras que la ayuda ligada al cambio de residencia durante el curso asciende a 2.700 euros (el pasado curso fue de 2.500) y la cantidad por excelencia académica podrá ir desde 50 a 125 euros.

El Ministerio explica que se ha incrementado la ayuda al cambio de residencia para que cerca de 101.000 alumnos, la mayor parte de zonas rurales, puedan desplazarse fuera de sus municipios y continuar con sus estudios gracias a esta ayuda. En esta convocatoria, los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores se equiparan a los universitarios, lo que beneficiará a unos 7.000 jóvenes, detalla Educación.

También aumentan un 25% las cuantías fijas para aquellos alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que acrediten una discapacidad del 25% al 65%; medida que complementa a la que ya se aplica al alumnado con discapacidad igual o superior al 65%. En el caso de los alumnos de las zonas afectadas por la dana, no se tendrán en cuenta en el cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones estatales recibidas por este motivo.

En esta edición se flexibilizan los requisitos académicos a aquellas personas mayores de edad que acrediten la condición de víctimas de violencia sexual, para equipararlas a las personas menores de edad en igual situación y a las víctimas de violencia de género. La solicitud se podrá formalizar en el apartado de "Becas y Ayudas" de la web del Ministerio de Educación.

Con motivo del último acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, la presidenta del CGPJ proclamó que el vigente sistema de acceso a la carrera judicial “es democrático”. Verdad tan incontestable como de Perogrullo: no de otra forma cabe calificar lo impuesto por el legislador democrático. Mucho más opinable y cuestionable es la segunda parte de lo por ella proclamado: este sistema de acceso “garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual”. Eso no es cierto, lo sabe la presidenta, todo el mundo de la Justicia y casi me atrevo a afirmar que todos los españoles.

La “igualdad de oportunidades” no puede considerarse garantizada cuando para lograr el objetivo de ser juez es necesario alejarse del mundanal ruido, disponer del sustento familiar (económico, emocional, psicológico, médico, habitacional…) durante unos cinco años (de media) y financiar el pago de los emolumentos a los preparadores. Por ello, la reforma anunciada por el Gobierno tiene gran calado y adquiere pleno sentido cuando está en juego el sistema de provisión de un poder del Estado que Montesquieu calificó como “terrible, invisible y nulo: la boca por donde habla la ley” .

La Justicia española adolece de déficits y lastres estructurales de entre los que me atrevo a resaltar el retraso y las dilaciones indebidas en el proceso, la ausencia de un sistema reconocible de exigencia de responsabilidad judicial, el rol del juez de instrucción en la investigación penal o el arcaico sistema de acceso a la judicatura. Problema este último que no es exclusivo de jueces y fiscales, sino que se extiende al acceso a otros muchos cuerpos de élite del funcionariado (diplomáticos, abogados del Estado, etc.).

Con la experiencia y conocimiento acumulados tras haber ostentado durante casi tres años (2004-2007) la condición de Director del Centro de Estudios Jurídicos (llamado a ser el futuro Centro de preparación de opositores) y de miembro del Comité de Selección organizador de las pruebas de acceso de jueces y fiscales, doy mi entusiasta bienvenida a las novedades que introduce la reforma legislativa del Gobierno: consolidar un sistema suficiente (en cuantía y tiempo) de becas para opositores; crear un auténtico centro de opositores; implantar un registro público de preparadores que dignifique esta función (y aleje la sombra del fraude fiscal o laboral); sustituir pruebas orales memorísticas por otras escritas de razonamiento práctico; introduir el anonimato en la corrección.

El sistema vigente de acceso a la judicatura resulta insostenible dejando de lado, incluso, los costes económicos y del sesgo social que puede provocar. Aislar socialmente a un joven de brillante expediente durante un lustro sometiéndolo a un régimen espartano de ansiosa dedicación y muy incierto futuro no puede deparar nada bueno y/o saludable. Conquistar la cima y reincidir en un nuevo retiro colectivo en la Escuela Judicial durante los siguientes dos años –junto a homólogos que han recorrido idéntica tortuosa travesía– aboca inevitablemente a una sesgada visión de la realidad de aislamiento, singularidad y excepcionalidad. Este hercúleo esfuerzo, humano y psicológico, puede facilmente llevar a la creencia de condiciones personales excepcionales en el futuro juez llamado a resolver sobre nuestra vida, hacienda y libertad. Tras tan denodado y costoso esfuerzo personal, este encumbramiento en la cúspide de un poder individualizado del Estado puede fácilmente venir acompañado de dosis, más o menos intensas, de envanecimiento y ensoberbecimiento que no son difíciles de percibir en el día a día de los estrados. La ausencia de un sistema real y efectivo de exigencia de responsabilidades al juez en los supuestos de anormal funcionamiento de su jurisdicción cierra un perverso círculo que es indiferente al origen socioeconómico del juez  o a su perfil ideológico.

El sistema de acceso a la judicatura merece las modificaciones que propone el Gobierno pero no debería quedarse ahí. Se impone la reducción de temarios inmensos que abocan a años y años de memorización sobre contenidos fugaces que, en muchos casos, cambian año a año por mor de la prodigalidad del legislador. Nada más absurdo que el opositor se vea abocado a memorizar nuevos contenidos cambiantes cada año. En la era digital mantener esta insufrible exigencia mnemotécnica resulta aberrante. Como docente de una disciplina jurídica antepondré siempre el razonamiento a la mnemotecnia, máxime cuando las fuentes de conocimiento jurídico (legislación, jurisprudencia y doctrina) resultan hoy perfectamente accessibles.

Redimensionar la oposición al mínimo (en tiempos y contenido) para preservar su esencia como proceso selectivo de excelencia no debería suponer devaluación del sistema de extracción judicial si viniera acompañado de un proceso real (fiscalizable, evaluable y trascendente para la definitiva adquisición de la condición de juez) posterior de formación teórica y perfeccionamiento práctico en la Escuela Judicial y a través de un sistema combinado de prácticas más intenso y completo.

Durante demasiado tiempo el sistema español de acceso a la judicatura ha generado dudas y sospechas: muchas injustificadas, otras no. Entre estas últimas se encuentra el rol de los preparadores, el sesgo económico y social de los aspirantes, la dudosa utilidad de un modelo exclusivamente mnemotécnico, la publicidad y falta de anonimato que podrían amparar riesgos de cooptación nepotista. El proyecto del Gobierno busca superar estas dudas y modernizar un sistema de acceso a la judicatura que no solo debe ser democrático sino que debe concebirse para preservar la función constitucional del juez en tanto funcionario al servicio de la Administración de Justicia e integrante individualizado de ese poder judicial difuso al que Montesquieu consideraría “tan terrible”.

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Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional.

Creo que el título que he elegido para esta tribuna es arriesgado, al resumir de forma muy explícita la opinión que aquí desarrollo, y que puede inducir a una decisión mayoritaria de abandonar la lectura aquí mismo. También, porque puede resultar extraña a muchas familias la denuncia implícita en el título sobre la ausencia de comedor en muchísimos centros escolares en los que se imparten etapas educativas obligatorias, como ocurre en los institutos públicos.

El debate que surge en torno a la jornada escolar —continua o intensiva versus partida—, especialmente en la etapa de educación infantil y primaria, es recurrente por estas fechas, y también cuando en los centros, cada par de años allá por el mes de enero, se ha de decidir si abrir o no este melón, primero en los consejos escolares integrados por equipos directivos, representantes del cuerpo docente y representantes de las familias y, segundo, en función del resultado de la votación allí realizada, proceder (o no) a invitar a las familias a decidir, con su voto, si la jornada de su centro escolar ha de ser de un tipo o de otro.

Lo he vivido en varias ocasiones siendo presidenta de una AMPA de un cole público, y como representante en el consejo escolar de ese mismo centro. Reconozco que, motivada por la inercia, la falta de información y mi propia jornada laboral, que fue en formato reducido por cuidado de cachorros durante catorce años, he sido muchos años defensora de la jornada partida, la única que conocía hasta la pandemia. También —recapacito— porque no he tenido estrecheces para sufragar el coste del comedor, sobre el que ahora volveré, ni para acompañar a mis hijos a sus actividades extraescolares fuera del centro escolar, al parque, o a rondarles cerca por las tardes. Mi horario de entrega y recogida durante esos catorce años de infantil y primaria ha sido a las ocho y media de la mañana y a las cinco de la tarde, gracias a la AMPA que ofrecía servicios de conciliación y actividades extraescolares asequibles.

Porque el horario escolar en modalidad de jornada partida es, más o menos y según de qué territorio hablemos, de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00; y en modalidad intensiva, de 9 a 14. Fuera de ese horario, hacen falta billetes para atender necesidades básicas de la infancia, como comer, jugar o estar acompañado de una persona adulta que la cuide. Por supuesto que hay programas de becas de comedor que sufragan las administraciones públicas, pero en algunas de ellas están dirigidos exclusivamente a familias ultrapobres y/o que acumulan una serie espeluznante de catastróficas desdichas a sus espaldas, que son las que acreditan puntos positivos en la valoración para la concesión de esa beca. Beca que, a razón de unos cinco euros por comensal y día lectivo, pues no llega a los noventa euros al mes.

Sin embargo, son muchas más las familias que, sin ser ultrapobres, enfrentan serias dificultades para financiar el coste que supone el comedor escolar. A tal punto que hacen sus cálculos para valorar si les compensa pagar el comedor o, por el contrario, asumir todo lo que implica no hacerlo en un contexto de jornada escolar partida: preparar la comida; acudir a las 12:30 al cole; recoger al cachorro o cachorros; ir a casa; comer; hacer un poco de tiempo; volver al cole antes de las 14:30, que es cuando empiezan las clases vespertinas; y estar de vuelta de nuevo a las 16:00, que es cuando termina la jornada escolar. Con la jornada intensiva es todo absolutamente igual, salvo el horario del comedor, que es de 14 a 16, y que por tanto ahorra a familias que no utilizan el comedor todo el trajín descrito de idas y venidas.

Pero no se pueden reducir las soluciones a una cuestión exclusivamente de horarios y de jornadas. Además de la gratuidad del comedor escolar, que considero básica y central, urge que los equipamientos de los centros escolares estén al servicio de la infancia más allá del horario lectivo, con actividades extraescolares de calidad, asequibles o gratuitas, a cargo de profesionales.

Y no solo. Se (me) quedan muchas cosas importantes fuera por falta de espacio y porque el asunto no es tan simple como nos quieren hacer pensar. Un asunto abordado con diagnósticos parciales y sesgados, y a menudo poco honestos, porque, en infinidad de aspectos esenciales, no es lo mismo un cole público que un cole privado concertado. Por ejemplo, de la complejidad administrativa a la que están sometidos los centros públicos cuyos equipamientos son propiedad y responsabilidad de los ayuntamientos, que han de autorizar previamente absolutamente todo lo que dentro ocurre y que tienen, literalmente, la llave de las puertas, los privados concertados están eximidos.

Queda fuera también la visión y opinión de las y los docentes desde una perspectiva pedagógica y laboral, que no he abordado.

Y volviendo al comedor, considero de valor incalculable que todo niño y niña disfrute de al menos una comida completa y equilibrada al día en el mejor entorno y con la mejor compañía posible, que es en su cole y con su pandilla.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aceptado modificar la orden que regula la cotización retroactiva de los antiguos becarios de investigador tras las críticas recibidas por las asociaciones científicas.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha presentado este lunes a sindicatos y patronal, reunidos en la Mesa de Diálogo Social de Pensiones, una propuesta que supone la modificación de la orden para recuperar años cotizados de antiguos estudiantes en prácticas e investigadores, según han informado fuentes del Ministerio y ha recogido Europa Press.

Desde el Ministerio destacan que siempre han seguido "el camino del diálogo y ahora también". Esta orden se ha debatido este en la mesa del diálogo social, ya en su trámite los interlocutores pudieron hacer aportaciones, y el Departamento ha considerado que "sería enriquecedor abordar juntos los cambios en el texto".

La propuesta de modificación incluye la adecuación de la base de cotización del convenio especial, por lo que se tomará como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad. Esto hará, por ejemplo, que la cuota de 1997 sea de 101 euros. También se amplía el periodo de rescate cuando ya se hubiera suscrito el convenio especial previsto en el RD 1493/2011, por lo que podrán rescatarse íntegramente cinco años, también en los casos en los que, de acuerdo con la regulación de 2011, ya se rescataron dos años.

Asimismo, se amplía la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años. Por ejemplo, si se rescatan dos años, pueden pagarse en cinco. Con esta propuesta de modificación de la orden, se extiende a tres años y medio la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio. El Ministerio propone ampliar esta ventana hasta el 31 de diciembre de 2027, para facilitar que los interesados puedan acceder a él.

"Debemos tener en cuenta que la posibilidad de regularizar hasta cinco años es una oportunidad y un procedimiento excepcional para que antiguos estudiantes e investigadores más senior puedan añadir años de cotización para poder acceder a una pensión o mejorar su importe. También es excepcional que puedan recuperar un derecho que no existía (y ahora sí) cuando hicieron estas prácticas", apuntan desde el Ministerio.

La cotización por los períodos de prácticas reconocidos en este convenio especial tendrá por objeto la cobertura de las pensiones de jubilación, de incapacidad permanente, y de muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.

El Ministerio destaca que la posibilidad de suscribir este convenio especial "es un elemento adicional en una reforma importante, un cambio de modelo, que se ha puesto en marcha para la extensión de derechos de los más jóvenes, que es que las prácticas formativas no remuneradas empiecen a cotizar". "Estamos por encima de los 600.000 estudiantes que desde enero han tenido esta protección", asegura.

Por último, este Departamento recuerda que las cuotas del convenio especial son gasto deducible en el IRPF.

La justicia social es "aberrante", la redistribución de la riqueza se basa en la “envidia”, los impuestos son "un robo” o "el control del capital es inmoral”. Son afirmaciones con las que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha nutrido sus polémicas intervenciones públicas en su primera visita a España dentro del traje presidencial. Pero la justicia social no es un invento de los rojos peligrosos, "ese espíritu está recogido en la Constitución, que es el pilar de nuestro Estado del bienestar, como la protección de los derechos sociales de la ciudadanía”, apuntan fuentes del ámbito del derecho. “Una democracia sin justicia social es una falsa democracia. Y la ONU, que la vincula a la igualdad de oportunidades y a los derechos humanos, defiende que permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada”, completan las mismas voces.

Hay, de hecho, varios artículos constitucionales en los que se reflejan esos fundamentos. Para arrancar, el primero dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Junto a este, en el artículo 40 se asevera que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. Y, “de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. En la misma línea, en el punto 128 del articulado de la carta magma, se establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y se añade: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En resumen, España se ha constituido como un "estado social y democrático de derecho" con obligación constitucional de redistribuir la riqueza. La población en nuestro país alcanzaba los 48.692.804 habitantes el día 1 de abril de 2024, la mayor cifra de la historia, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un grueso de personas que se beneficia de uno de los pilares del Estado del bienestar español y promotor de la mencionada justicia social: la sanidad universal, a la que esos millones de habitantes recurrirán en algún momento de sus vidas. 

Y hay otros ejemplos de medidas que están ligadas a estos conceptos constitucionales. Durante la pandemia, fueron prueba de ello los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se acogieron hasta 3,6 millones de personas trabajadoras, que lograron resistir el envite del covid-19 gracias a una medida excepcional que impidió el cierre de empresas. Sin abandonar la esfera laboral, fueron casi un millón de personas las que en 2021 ingresaron algún tipo de subsidio por desempleo, en concreto, 969.412, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El número se redujo a 882.585 en 2022 y fueron 714.461 los que pudieron subsistir en 2023 gracias a ellos. 

Otro colectivo que sabe de los efectos de la justicia social es el integrado por quienes cobran pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC). En este caso, según datos accesibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el pasado abril hubo 280.034 beneficiarios, la pensión media fue de 516,92 euros y a ello se destinaron más de 144 millones. 

Junto a lo expuesto, existe también el llamado complemento a mínimos, que es una cantidad adicional que se suma al importe de la pensión contributiva, cuando la cifra que corresponde por años cotizados y bases de cotización no alcanza el mínimo fijado por ley. Su razón de ser es garantizar que nadie tenga una pensión por debajo de ese límite, cuando ésta es su principal medio de subsistencia. La cuantía garantizada varía según el tipo de jubilación y a fecha del 1 de mayo de 2024, 2.141.772 pensiones estaban complementadas a mínimos, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cabe señalarse que el 67,3% de las pensiones complementadas son de mujeres y la cantidad media del complemento a mínimos es de 263,5 euros al mes. En la órbita de ese ministerio hay otra muestra evidente de justicia social: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En el pasado mes de abril 589.948 familias fueron beneficiarias de esta ayuda, con un total de 1.771.480 personas. La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria fue de 164 euros, y de 492,4 por hogar.

En el campo de la educación, alrededor de 845.000 estudiantes fueron los solicitantes agraciados en las convocatorias general y de apoyo educativo de becas, según datos del Gobierno relativos al curso 2022-2023. El presupuesto destinado a ellas se incrementó en un 47% desde 2018. En el curso anterior, 2021-2022, hubo un total de 810 convocatorias de becas y ayudas al estudio destinadas sólo a estudiantes universitarios de Grado y Máster, que tuvieron 514.375 adjudicatarios, que recibieron 1.226,2 millones de euros, a la luz de información del Sistema Integrado de Formación Universitaria. Hay consenso científico sobre la importancia del acceso a estudios superiores a la hora de escalar de clase social y poder salir de las franjas con menores ingresos, terreno en el que aún hay margen de mejora. 

Y hay otras dos muestras de materialización de lo que en España se entiende por justicia social que alcanzan incluso a Argentina: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 3,6 millones de euros a programas de ayudas para personas mayores y dependientes y de españoles en el exterior. Y a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Ejecutivo dedicará este año más de ocho millones para garantizar una correcta atención sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior, vía convenios con los sistemas públicos de salud de esos estados o con sociedades o aseguradoras privadas. Existen 19 convenios de esa naturaleza con los que se da cobertura a los españoles y españolas en el exterior en 14 países, entre ellos el que preside Milei. En 2023, un global de 6.307 ayudas fueron a parar a españoles y españolas que viven en terceros países. Supusieron un desembolso de casi 6,5 millones, con detalle: 6.409.344.

Rodolfo Rieznik, doctor en Economía y miembro de Economistas sin Fronteras, es muy consciente del revuelo que han provocado las palabras del presidente argentino en varios sentidos. "Es un personaje de novela al que la derecha mundial ha erigido en una especie de líder a mostrar, pero, al mismo tiempo, temen que su fracaso, que no puede ser muy lejano por lo que está haciendo en Argentina, pueda hundir todas las esperanzas que están depositando en él", traslada a infoLibre. 

Sostiene que "el capitalismo surge como una gran potencia colonial explotadora" y que "las alabanzas" que Milei hace de éste y de "Occidente" son "mentira, sin más". "Es un debate casi saldado desde el punto de vista histórico –enlaza– y lo hace para tratar de defender una política de barbarie, que es lo que está pasando en Argentina, donde ha llevado a la mayoría social hacia una situación de miseria, pobreza y explotación. Ha revalorizado leyes en términos laborales indiscriminadas en favor del empresario y del capitalismo”. Pero, avisa: “Su discurso está trufado de mentiras, pero de mentiras de colegio primario. Cualquiera que haya estudiado historia, lo que fue el nacimiento del capitalismo, sabe de la explotación de los niños en la Inglaterra donde nació la Revolución Industrial, por ejemplo. No es un dato a debatir, pasó”.

Rieznik confirma que el máximo mandatario ahora en el ojo del huracán "no está redistribuyendo nada, en efecto" en su país. Desde que desembarcó en la Presidencia, "la pobreza ha pasado a estar cerca del 50% y subiendo. Los salarios son de miseria, la gente no puede comer. Y hay periodistas que lo elogian y que hacen comparaciones del tipo: así como uno tiene que a veces ajustarse y no puede cambiar el coche, habrá familias que tendrán que ajustarse y comer un plato de sopa por la noche. Y a los niños les encanta la sopa. Es un discurso brutal y es lo que él entiende por justicia social”, lamenta.

El economista piensa que "gran parte del triunfo electoral" de Milei tiene que ver "con la desilusión de la gente por gobiernos que se reclamaban populares. Hay un voto de castigo a lo que pasaba, del que se ha beneficiado", mantiene. Augura que será "volátil" y que muchos de esos sufragios se esfumarán "cuando la mayoría social a la que está machacando se dé cuenta de que no tiene ninguna esperanza de cambiar su situación ", sintetiza. Y engarza: "Se reclama continuador de un Gobierno de Menem -Carlos- que dolarizó la economía y terminó en una especia de sublevación social con muertos en las calles porque la gente no soportó la situación. Para él ese Gobierno es líder y eso es justicia social".

Al margen de lo expuesto, tilda a Milei de ser "un insolente en términos formales, no sólo por lo que ha dicho hablando de la mujer de un presidente anfitrión", afirma, en alusión a que ha calificado de "corrupta" a la mujer del presidente Pedro Sánchez, "sino en general, él habla e insulta", lanza. "La pregunta es -une- cómo acepta el establishment mundial, que teóricamente es formal, a un personaje de este tipo". A su juicio, "tener que apoyarse políticamente en él, en realidad no indica fortaleza de las políticas liberales, al contrario, indica debilidad".

Por último, pone el foco en que mientras "él decía barbaridades en España, su canciller estaba firmando con el Departamento de Estado un acuerdo estratégico militar para darle mayor control a los EEUU en el Atlántico sur. ¿Por qué tan rápido?", se pregunta. Tiene una posible respuesta: "Creo que piensan que no va a durar mucho y tienen prisa por amarrar pactos que después va a costar desarmar", cierra.

Otras fuentes anotan que la expresión justicia social fue acuñada en 1840 por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli, quien "quería orientar la doctrina del derecho natural de Tomás de Aquino hacia la nueva cuestión social". De vuelta a la actualidad, el papa Francisco, quien recibió en el Vaticano al presidente argentino, pese a que éste se había referido a él antes como “representante del maligno en la tierra” y lo había acusado de ser afín a “comunistas asesinos”, ha manifestado recientemente que "el Estado, hoy más que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”.

La convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025 se abre este martes, 19 de marzo, y se podrán solicitar hasta el 10 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Desde que se abra la convocatoria, los alumnos que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, podrán pedir su beca.

Como en la convocatoria anterior, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación.

La principal novedad de esta convocatoria es la subida del 5% en los umbrales de renta, que permitirá que más estudiantes accedan a una beca. Esto se suma a las mejoras incorporadas en cursos anteriores como el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia.

En las próximas semanas se anunciarán también las fechas de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. La principal novedad, en este caso, es la reducción del porcentaje de discapacidad que es necesario acreditar para solicitar estas ayudas, que pasa del 33% al 25%.

La convocatoria de becas de este año cuenta con un presupuesto de 2.535 millones de euros, similar al del curso anterior debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y beneficiará a cerca de un millón de alumnos que podrán obtener una beca que les permita continuar con sus estudios.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, que incluye por primera vez a menores víctimas de abuso sexual y reduce el grado de discapacidad. Por recomendación del Consejo de Estado, el decreto, recogido por Europa Press, incluye por primera vez que se extiendan los supuestos de flexibilización de los requisitos académicos aplicables a las víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual menores de edad.

En este sentido, el decreto señala que, a las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas menores de 25 años y las personas menores sujetos a su tutela o guardia y custodia no les serán de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024, ni el límite del número de años con la condición de beneficiario de becas, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca. Estas peculiaridades también se aplicarán a las personas menores de edad que acrediten la condición de víctima de violencia sexual.

Asimismo, el próximo curso el grado de discapacidad exigido para acceder a las ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo se reducirá del 33% al 25% en la convocatoria de becas del curso 2024-2025.

La convocatoria de becas vuelve a incluir una ayuda complementaria de 400 euros dirigida a personas que presentan una necesidad específica de recibir apoyo educativo derivado de las siguientes situaciones: discapacidad; trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje; trastorno del espectro autista; o altas capacidades. También mantiene el incremento de la beca de residencia (de 1.600 a 2.500 euros) introducido el curso pasado.

El real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, fija para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, y por razones de seguridad jurídica, un grado mínimo del 25% para acceder a las ayudas.

Dicho porcentaje supone al menos una discapacidad moderada, asociada a la necesidad de apoyos significativos y estables. En cursos anteriores han sido directamente las convocatorias anuales las que han establecido la forma de acreditar la necesidad específica de apoyo asociada a discapacidad, que se fijó desde el curso 2020/2021 en el 33%.

Otra de las novedades que incluye este año el decreto de becas, dirigido a estudios universitarios y no universitarios, es que se añaden a las exclusiones en el cómputo de los rendimientos patrimoniales los gastos derivados del alquiler de la vivienda habitual.

También actualiza los umbrales de renta familiar en la convocatoria de becas de carácter general y en la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se incrementan en un 5%, con objeto de "dar respuesta a los incrementos nominales de renta de las familias, particularmente las asociadas al salario mínimo interprofesional y al coste de la vida desde las últimas actualizaciones".

El Gobierno justifica que el margen para introducir ciertas mejoras este año viene condicionado por un supuesto escenario de prórroga presupuestaria, ya que el calendario en el que deben publicarse las convocatorias "no puede esperar" a la aprobación de los futuros Presupuestos Generales del Estado del año 2024.

Es decir, que el presupuesto con el que se dota es el mismo que el del año 2023. Así, el coste estimado de la convocatoria será de 2.535 millones de euros que se imputan a los ejercicios presupuestarios de 2024 y 2025.

En la convocatoria general para estudios postobligatorios (Bachillerato, FP, Enseñanzas de Idiomas, Artísticas, Deportivas y Universitarias), que se publicará en marzo, el Gobierno prevé que haya unos 744.000 beneficiarios (el curso pasado fueron 429.494 no Universitarios y 305.570 universitarios).

Por su parte, en la convocatoria de ayudas y subsidios para alumnado con especiales necesidades de apoyo educativo (ANEAE), destinada al alumnado con discapacidad; con trastorno grave de la comunicación y el lenguaje; alumnado con trastorno de espectro autista (TEA); y alumnado con altas capacidades, que se publicará en el mes de mayo, prevé que haya alrededor de 249.000 beneficiarios.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha fijado como una de sus prioridades aprobar el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, según ha informado Europa Press. "Lo haremos cuanto antes", ha sentenciado este viernes el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, durante su comparecencia en rueda de prensa en la que ha presentado los datos de paro y afiliación. 

El Estatuto del Becario, según ha recordado Pérez, fue objeto de un acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno en la pasada legislatura. 

Por ello, el secretario de Estado ha asegurado que el Estatuto del Becario saldrá "adelante salvo que las organizaciones sindicales dijeran lo contrario y quisieran hacer alguna alteración en los términos", algo que, a su juicio, "en principio no parece previsible porque fueron los términos en los que se produjo el acuerdo". 

"Lo impulsaremos a la mayor brevedad posible porque este es un elemento muy decisivo para los jóvenes, para garantizar una formación de calidad que no redunde en la precariedad y lo haremos cuanto antes", ha zanjado Pérez. 

Aunque el Ministerio tiene en estos momentos "muchas iniciativas en curso" y tiene que "ordenar un poco ese canal normativo", el secretario de Estado ha incidido en que el Estatuto del Becario "es una de las prioridades". 

"Esa prioridad se sustenta sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las organizaciones sindicales a finales de la pasada legislatura", ha concluido Pérez.

Los estudiantes que realicen prácticas formativas o académicas externas comenzarán a cotizar a partir del 1 de enero, una medida que debía haber entrado en vigor tres meses antes, según pactaron Gobierno y sindicatos, pero que fue aplazada para que instituciones y empresas pudieran adaptarse, según informa EFE.

Según recogía el último tramo de la reforma del sistema público de pensiones –que tuvo el visto bueno de la Comisión Europea y la firma de los sindicatos– los estudiantes en prácticas no laborales pasan a cotizar a la Seguridad Social, si bien el coste de esta medida está bonificado al 95%.

Además, se establece que la realización de prácticas es compatible con el cobro de la prestación por desempleo.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó tras su primera reunión con sindicatos y patronal que no habría nueva prórroga y, por tanto, la cotización de los becarios entrará en vigor este 1 de enero.

Ese punto de la reforma de las pensiones debería haber entrado en vigor el 1 de octubre, pero el Gobierno lo prorrogó –mediante un decreto ley de finales de junio– hasta el cambio en aras de que las empresas e instituciones afectadas dispusieran de más tiempo para adaptarse a la nueva situación.

Con la prórroga también ampliaron la retroactividad de la medida, de manera que, una vez entre en vigor, cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023 podrá incorporar ese periodo a su cotización, si bien deberá solicitarlo expresamente a la Seguridad Social.

El compromiso para que los estudiantes que realizan prácticas no laborales comenzaran a cotizar se alcanzó en julio de 2021, con la primera parte de la reforma de las pensiones, y se concretó en ese último tramo de la reforma este mismo año.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha opuesto desde un principio a este cambio en la situación de los becarios, una medida que no comparten y ante la que pidieron una moratoria que fue concedida por ese periodo de tres meses.

A principios de junio, la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, afirmó que "no tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social".

Sin embargo, los agentes sociales no han compartido esa visión del mundo académico, en tanto que los sindicatos han reivindicado que la medida se pusiera en marcha y la patronal CEOE no se ha opuesto al no suponer un coste excesivo para las empresas.

En un comunicado de mediados de este mes, el sindicato CCOO exigió el cumplimiento completo de los acuerdos que reconocen la cotización a quienes realizan o han realizado prácticas universitarias, de formación profesional o investigación.

En la misma nota, advertía de una "posición obstruccionista" de algunas autoridades académicas para reconocer el derecho de los becarios a cotizar y las acusa de colocarse en una posición de "clara ilegalidad alejada del modelo de excelencia educativa que dicen defender".

Desde el mundo empresarial no se han opuesto a la medida, por ese bajo coste al estar las cotizaciones bonificadas al 95 %, aunque fuentes del sector reconocen que algunas compañías, quizá "porque no han hecho los deberes" tienen "miedo" de no ser capaces de gestionar la nueva situación.

"No es por dinero", remarcan esas fuentes, "sino un problema logístico y quizá un conflicto", en el caso de que las universidades renuncien a aplicar el modelo y las empresas no contraten nuevos estudiantes en prácticas. dd

Son muchos los alumnos que, debido a sus circunstancias personales y económicas, no pueden realizar estudios universitarios. Para que la desigualdad no sepulte su talento, la Fundación Dádoris otorga, desde 2018, premios a los estudiantes más vulnerables. En la última convocatoria, celebrada el pasado 22 de septiembre, se han destinado 380.000 euros a un total de 82 alumnos. De ellos, el 65% son mujeres y el 35% hombres, según ha explicado a infoLibre el encargado de comunicación, el periodista Aurelio Medel.

La demanda de las ayudas ha crecido a pasos agigantados: como recuerda Medel, el primer año sólo hubo cinco premiados. El aumento se debe a "los mecenas privados, los voluntarios y las empresas que aportan fondos". "Ven que esta labor es muy importante y tiene impacto en personas concretas", celebra Medel. Se refiere a jóvenes "tremendamente espabilados, muy trabajadores, con mucha determinación por estudiar y muy conscientes de que la educación es la vía para cambiar su destino", apostilla.

El perfil tipo de los estudiantes es variado, aunque todos cuentan con un denominador común: bajos ingresos. La mayoría procede de entornos rurales o barrios humildes y el origen es, al 50%, español y extranjero. Sin embargo, según detalla Medel, hay algunos especialmente vulnerables. "Un alto porcentaje proviene de familias desestructuradas", explica. "Dos vinieron a España en patera, otros dos proceden de casas de acogida…", enumera. A estos, además, "los padres no les pueden apoyar". Por eso, la entidad dispone de “un tutor para cualquier cosa que les pueda surgir”.

En cuanto a los requisitos para recibir el premio, además de la escasa renta, los jóvenes deben estudiar Bachillerato en España y tener una nota mínima en el expediente académico, una alta calificación necesaria "tanto para el que se presenta el primer curso como para el que ya ha entrado en la facultad y lleva varios años". Y es que la idea de la fundación es acompañar al estudiante durante toda su trayectoria universitaria.

Sin embargo, no se destina el mismo dinero a cada joven. "El tope es 9.000€ por curso, en función de sus necesidades", explica Medel. Por ejemplo, quien vive y se forma en la misma ciudad se ahorra el alojamiento, y requiere una cuantía menor que quien debe desplazarse.

Como las circunstancias pueden cambiar, cada año "se hace un análisis de la situación económica de la familia". "Si ya no reúne las condiciones, no se le daría el premio el curso siguiente", añade Medel. No es habitual, pero ha habido casos.

Las titulaciones escogidas por los premiados también son variadas. De los 82 de este curso, hay 19 diferentes. La favorita es Medicina, en la que se han matriculado once personas. Ingeniería es la segunda carrera más elegida, aunque apenas por las mujeres, que cada vez la escogen menos. "Es una pena", lamenta Medel, que tiene la esperanza de que las cifras "se recuperen". La medalla de bronce esta edición se la pone Derecho.

Estudiar en el extranjero es otra de las aspiraciones que suele tener el alumnado, al que se impulsa hacia el Erasmus. La idea es atractiva, pero algunos jóvenes la consideran un abuso de confianza y son reacios a aceptarla, según explica Medel: “Teníamos el caso de un estudiante de Química que quería ir a Portugal para que la fundación no gastara mucho. Al final se fue a Malta”. Gracias a eso está mejorando su inglés. Además, Dádoris facilita prácticas en empresas una vez que finalizan el grado, de modo que no se desvinculan de sus estudios. Dos de ellos, de hecho, terminaron el curso pasado y ahora están preparándose las oposiciones para juez y fiscal".

El proceso para optar a estos premios dura unos meses. En marzo la asociación hace la convocatoria y la manda a todos los institutos del país. Después, cada centro habla con los alumnos que reúnen las condiciones. Luego se les entrevista. Y, por último, se habla con su familia "para ver la situación en la que están y saber la ayuda que necesitan".

Uno de los propósitos de esta entidad sin ánimo de lucro es que los estudiantes que concluyen sus estudios se conviertan en un eslabón más de la cadena y formen parte de la fundación cuando puedan permitírselo. Para concienciarles de "la importancia de colaborar", les recomiendan dedicar un mínimo de 50 horas anuales a tareas sociales en la organización que prefieran.

Desde la Fundación Dádoris remarcan que no tienen "ningún tipo de vínculo, ni religioso, ni político, ni nada. Cero. La intención es ayudar". A sus ojos, el color de piel, la nacionalidad o las historias personales se guardan en un cajón. Lo único a considerar son sus méritos.

¿Llegan las becas educativas a los hogares que más las necesitan? Sí, pero no a todos. Así lo ha revelado un estudio de EsadeEcPol publicado este martes. Según el informe —que lleva por título Radiografía del gasto de las familias en material escolar y las becas que ayudan a compensarlo y ha sido elaborado a partir de los datos de la Encuesta del Gasto de Educación de los Hogares (EGEH) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), ambas elaboradas por el Insituto Nacional de Estadística (INE) y publicadas con escasa frecuencia—, tan sólo cuatro de cada diez del 20% de hogares con menos recursos recibe alguna beca. Dicho de otro modo: seis de cada diez familias con menos recursos no tiene ningún tipo de ayuda educativa. Un 60%. Del lado contrario, del 20% de familias con mayor capacidad económica, el 13% recibe alguna.

El problema no acaba ahí. La progresividad de las becas tampoco está funcionando adecuadamente. Según los investigadores de Esade y autores del estudio, Lucía Cobreros y Ángel Martínez, el efecto reductor del gasto que tienen las becas es más alto entre las familias de poder adquisitivo medio, que ahorran unos 40 euros, que medio-bajo, donde la cifra ya desciende hasta los 25 euros. Lo más acuciante, no obstante, es que entre las de menor poder, el efecto reductor es prácticamente de 0 euros.

Además, en algunas comunidades autónomas, el alumnado de la escuela concertada percibe becas en la misma proporción que el de la pública, donde se concentra hasta el 50% de alumnado con entornos desfavorables para la educación, según los datos que recogió un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Pasa en Navarra, donde el 52% de alumnos de la pública y el 47,1% de la concertada reciben ayudas, y en Madrid, donde los beneficiarios de ayudas en las primeras son el 55,7% y en las segundas el 44,3%.

¿Por qué ocurre esto? Cobreros identifica varias causas. En primer lugar, critica la "escasa y escueta" información sobre becas, puesto que muchas ayudas no se contabilizan como tal, lo que podría falsear los datos. Lo afirma también el informe. "Parte de los sistemas de financiación pública que ayudan a subsanar los gastos de las familias, como de gratuidad de los préstamos de libros de texto y material didáctico, no siempre tienen carácter de beca o ayuda, de forma que se recogen en estadísticas diferenciadas y no permiten capturar, en un solo indicador homogéneo y preciso, el porcentaje de alumnado que recibe alguna ayuda por comunidad y etapa educativa", señalan los investigadores.

En segundo lugar, Cobreros apunta en conversación con infoLibre a un problema de acceso a las ayudas. "Pensamos que esto puede deberse a la falta de información sobre cómo acceder", explica. No es una crítica nueva. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido en no pocas ocasiones que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tampoco llega a quienes más lo necesitan. La última vez fue en mayo, cuando la organización denunció que el 80% de la población bajo el umbral de la pobreza no era beneficiaria de la ayuda.

La principal razón, han argumentado en varias ocasiones, es la excesiva burocracia, los complejos requisitos a los que está sujeta y la brecha digital que impide a muchas personas completar con éxito las solicitudes. En este sentido, un estudio en Francia realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Instituto IMDEA Networks, y Orange Innovation y recogido por Newtral reveló que los ciudadanos que sufren desigualdad local usan el teléfono móvil para conectarse a las redes sociales en mayor medida que aquellas personas con educación superior, que destacan en el uso de Internet para leer noticias.

En tercer lugar, Cobreros culpa a la financiación. "Hay un problema de recursos. Aunque han aumentado, en España invertimos menos en becas que en otros países de nuestro entorno", critica. El último informe de la OCDE Education at a glance del año 2023 señaló que España, en todos los niveles educativos, gasta 10.348 euros al año por estudiante a tiempo completo, mientras que el promedio de la organización es de 11.766 euros.

Esto ocurre a la vez que, continúa el estudio, los hogares con menor capacidad económica gastan, en proporción, mucho más en material escolar que quienes se encuentran en el lado opuesto del tablero. Así, mientras que para las familias más pobres estas compras suponen un 2,7% de su gasto total anual, para los que tienen mayor capacidad económica ese porcentaje disminuye hasta el 1%. "Dado que el gasto en material escolar se produce en periodos muy cortos de tiempo, normalmente en el mes inmediatamente anterior al comienzo del curso escolar, estos gastos pueden llegar a representar, especialmente entre los hogares con menos capacidad económica, un porcentaje mucho mayor en términos mensuales durante los primeros meses del curso", destaca el informe.

Este curso, la subida continua y sostenida del IPC ha provocado además que el gasto de la vuelta al cole se incremente hasta convertirse en "la más cara de los últimos lustros", algo a lo que los investigadores tampoco dan demasiada importancia porque, también desde hace años, el ascenso de los precios es la tónica habitual. En cualquier caso, según ha calculado EsadeEcPol, "tres de las cuatro categorías relacionadas con bienes educativos han subido de precios". Concretamente, los productos de papelería lo han hecho un 12%, los libros de texto un 7,7% y las prendas de vestir un 5,5%.

Así, el informe cifra en 100 euros el gasto de las familias en el primer ciclo de Educación Infantil y en 210 el del segundo ciclo, unas cifras que aumentan hasta los 328 euros en Primaria, hasta los 398 en ESO y hasta los 474 en Bachillerato, la etapa postobligatoria en la que hay mayor financiación pública, apunta Cobreros, que lo explica por el mayor precio de los materiales por el alto uso de recursos informáticos.

Para solucionar el problema y garantizar que las becas llegan a quienes más las necesitan, desde EsadeEcPol apuestan por expandir el sistema de becas, pero reorientándolo "prioritariamente hacia los tramos más bajos de renta, donde aún no se ha alcanzado el 50% de cobertura". Apuestan, además, por que los umbrales y las cuantías máximas para que sean concedidas se equiparen a todo el Estado, permitiendo no obstante que las autonomías las eleven.

Es lo que se hizo, precisamente, con el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que los investigadores autores del informe creen que debe servir de condición automática para percibir la beca. Es decir, que todas aquellas familias beneficiarias del IMV con hijos se incluyan, automáticamente, en el listado de perceptores de ayudas educativas. Así, explican, "se agilizan procesos, se eliminan trabas administrativas y se evita que las familias tengan que realizar más solicitudes". En esta línea, además, apuestan por convertir a los centros educativos en centros de información para detallar a las familias las ayudas disponibles y cómo acceder a ellas.

Por último, solicitan que se estudie el número de hogares que podrían recibir una beca y no la solicitan, además de sus características. Sólo así se podrá, dicen, dimensionar el problema.

El pleno del Parlamento Europeo ha instado este miércoles a la Comisión Europea a prohibir las prácticas no remuneradas de acuerdo con una legislación que garantice la calidad de los periodos de prácticas en toda la Unión Europea y evite así la explotación de los becarios, informa Europa Press.

La Eurocámara ha aprobado, con 404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, un informe en el que pide al Ejecutivo comunitario que plantee una directiva sobre la calidad de los períodos de prácticas y que actualice el marco existente.

Según los eurodiputados, la nueva directiva debería establecer estándares mínimos de calidad, incluidas normas sobre la duración de las prácticas, así como sobre la remuneración y el acceso a la protección social de conformidad con la legislación nacional.

Además, reclaman que las prácticas sean adecuadamente compensadas y cubran, como mínimo, las necesidades básicas de vida -como alimentos, vivienda y transporte- teniendo en cuenta el coste de vida en cada Estado miembro.

El informe pide también a los países de la UE que hagan que las prácticas sean más accesibles para las personas con discapacidad y para las personas de entornos vulnerables y que fomenten, además, las prácticas transfronterizas.

Los eurodiputados también solicitan a la Comisión que revise el marco de calidad existente para los períodos de prácticas e introduzca más normas que sean vinculantes para los países de la UE.

La eurodiputada socialista Alícia Homs, ponente socialista del informe, ha afirmado que "los becarios realizan un trabajo real, por lo que deben ser tratados y remunerados como trabajadores y trabajadoras. "Ya es hora de dejar de abusar de ellos como mano de obra barata o gratuita", ha apostillado.

Aunque el texto ha conseguido el respaldo mayoritario de la Eurocámara, Homs ha lamentado la abstención del PP español, a pesar de que la mayoría de eurodiputados de su grupo político ha votado a favor. "No han sido coherentes con su discurso de acabar con la precariedad de los becarios", ha zanjado.

“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.

La cuarta edición del acuerdo, que se firmó en 2018 y caducó en 2020, lleva por tanto tres años en el limbo, primero por la pandemia y después por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios durante la recuperación y más tarde por la crisis de precios que trajo la guerra en Ucrania. Si se deja morir el acuerdo marco de salarios, desaparecerá el principal instrumento del Diálogo Social que empezó a firmarse en 2010.

“No lo vamos a alargar indefinidamente o a permitir una negociación sin contenido que sirva de placebo sobre los convenios que aún están por firmar”, apremió Unai Sordo. En caso de que los empresarios no den muestras de que realmente quieren negociar, y no “juntarse a hablar, como en una tertulia” –precisó Sordo–, la respuesta sindical será aumentar la “intensidad” de las movilizaciones que ya comenzaron a convocar el otoño pasado en los sectores. “Y con las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, avisó el líder de CCOO, quien mencionó las protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. “Las movilizaciones sociales calan en función de variables que son muy difíciles de prever”, aseguró. A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar una huelga general, tanto Sordo como Álvarez dejaron claro que la patronal debe decidir qué escenario quiere: si una negociación colectiva “ordenada y ágil” u otra “más desordenada y sin recomendaciones [sobre subidas salariales]”.

Sindicatos y patronal han mantenido contactos informales en los últimos meses, pero sólo una reunión como tal el pasado 22 de marzo. Entonces quedaron en volver a verse en la primera quincena de abril, después de Semana Santa. Esa cita no ha llegado a producirse. Según explicó Unai Sordo, en todo este tiempo no ha habido “una negociación en profundidad” que permita “atisbar ni remotamente un acuerdo, no hay una posición seria de la CEOE”. El año pasado, cuando las conversaciones quedaron en suspenso, fueron las cláusulas de revisión salarial las que impidieron el acuerdo. La patronal no quería ni oír hablar de subir los salarios tanto como lo estaba haciendo la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. En marzo de este año, el IPC ha caído hasta el 3,3%, pero la CEOE se mantiene reacia a firmar un acuerdo en el que los sindicatos continúan exigiendo el reparto “justo y equitativo” de unos márgenes empresariales considerados “beneficios de usura”, en palabras de Pepe Álvarez. Su presidente, Antonio Garamendi, pedía sustituir el IPC por “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas

El pasado enero, CCOO recogió el guante y propuso una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. La última oferta sindical se concretaba en un 5% de alza salarial para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para 2024. La patronal también la rechazó.

Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales, que tampoco ha despertado el entusiasmo de los empresarios. “Si es para controlar, intervenir o para decidir si esto es bueno o malo, para empezar a meter impuestos a la carta como a la banca y a las eléctricas, no nos parece bien”, reaccionó Garamendi.

CCOO y UGT también han emplazado al Gobierno. “Si no hay reparto de los costes de la crisis media la subida de los salarios, debe haberlo mediante los impuestos y las transferencias a las familias”, instó Unai Sordo. De ahí que los sindicatos reclamen al Ejecutivo que “toque” el Impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo. También que no renuncie al control de precios en la vivienda, los alquileres y los productos básicos.

Además, hubo lugar para que Pepe Álvarez llamara a las organizaciones de autónomos y de pequeñas empresas para que “presionen” a las grandes corporaciones, que según dijo son las que “subcontratan su actividad y se quedan con una parte importante del beneficio”, en lugar de ver el problema en la subida del salario mínimo.

En el tintero del Diálogo Social aún queda igualmente el Estatuto del Becario, para el que casi se cerró un acuerdo el pasado mes de octubre con el Ministerio de Trabajo, pero cuya negociación se reabrió en un intento por sumar a la patronal. La última reunión se celebró el pasado 30 de marzo. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la intención del Gobierno es mantener las prácticas extracurriculares, que en principio quería eliminar. La CEOE quiere que sigan existiendo, mientras que los sindicatos denuncian que es en ese modelo de becas donde se produce el mayor volumen de fraude. “En el caso de que la CEOE no responda a la última propuesta de Trabajo, el Gobierno debe volver al punto de partida, el acuerdo que ya tenía con los sindicatos”, zanjó Pepe Álvarez.

CCOO y UGT, que alabaron la Ley de Vivienda y criticaron el “populismo fiscal de derechas” que reclama bajadas de impuestos al tiempo que “arruina” los servicios públicos, pidieron el voto para organizaciones progresistas en las próximas elecciones –“no somos neutrales ni equidistantes”, dijo Sordo–, pero sin precisar más.

Sordo y Álvarez también contestaron a las preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales desatados dentro de sus propias organizaciones. La plantilla de UGT llevó a cabo protestas en toda España el pasado día 12 contra las subidas salariales que les ha planteado la dirección del sindicato: el 2,8% para 2022 y el 2,5% para este año, no sólo por debajo de la inflación, sino incluso por debajo de lo que UGT reclama a la CEOE en el acuerdo marco salarial. Y los trabajadores de CCOO en Galicia se declararon en huelga el pasado enero para pedir un nuevo convenio colectivo, porque lo tienen congelado desde 2014, además de mejoras salariales: sólo les subieron el sueldo un 1,9% en 2019.

“Un sindicato no es una empresa, no tenemos beneficios ni plusvalías”, explicó Unai Sordo, “no nos lucramos, administramos los recursos que proceden de nuestros afiliados”. Como ambas organizaciones, debido a la crisis de precios, han congelado las cuotas que pagan sus militantes, también han tenido que echar mano de “contención salarial” con sus propios trabajadores. El conflicto subsiguiente, añadió, lo están “gestionando” y “resolviendo”. “No es eso de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo”, justificó.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional abre este lunes 27 de marzo, y hasta el próximo 17 de mayo, el plazo para solicitar las becas correspondientes al curso 2023/2024, que se realizará a través de su web. Durante los meses de agosto o septiembre los solicitantes sabrán si cumplen las condiciones y, en caso afirmativo, podrán percibir la beca en el último trimestre del año, informa Europa Press.

Sin embargo, en el caso de las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo la convocatoria no se ha abierto todavía. En el curso 2022-2023 el plazo para pedir esta ayuda fue del 19 de mayo al 30 de septiembre.

Los estudiantes que hayan solicitado la beca podrán consultar el estado de la tramitación de su solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el apartado "Mis expedientes". Asimismo, podrá dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad correspondiente identificándose en el expediente con su NIF/NIE.

Podrán solicitar las becas los alumnos que se encuentren cursando enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional; o enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo el territorio nacional.

Para el próximo curso, el Gobierno ha aprobado una partida de 2.520 millones de euros para becas, que llegarán a un millón de alumnos, y un subsidio universal que tendrá un importe de 400 euros para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para que las familias puedan hacer frente a la subida de precios.

El Gobierno destinará 200 millones de euros para crear esta ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad, que beneficiará a 250.000 alumnos para contribuir a contar con un sistema educativo más inclusivo.

Así lo refleja el real decreto por el que se establecen las cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, al que ha tenido acceso Europa Press, que justifica este subsidio universal por el hecho de que las familias con hijos que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales "muy significativos" para atender los requerimientos vitales de sus hijos, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario, que se sumará a las cuantías que ya figuran en la convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas con este subsidio.

Asimismo, el real decreto establece un incremento en la cuantía de la beca de residencia en la convocatoria anual de becas de carácter general para estudios postobligatorios, que alcanzará un importe de 2.500 euros, frente a los 1.600 del curso anterior. Este incremento está orientado a facilitar que los alumnos puedan continuar sus estudios en una localidad distinta de la propia, con especial incidencia en familias de entornos rurales, particularmente de la España Vacía, cuyos hijos tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para poder cursar estudios postobligatorios.

Las cuantías de las becas al estudio de carácter general será de 1.700 euros la cuantía fija ligada a la renta del solicitante; de 2.500 euros la ligada a la residencia del solicitante durante el curso; de 300 euros la beca básica, que será de 350 euros en el caso de cursar ciclos formativos de Grado Básico; y la cuantía ligada a la excelencia en el rendimiento académico será de entre 50 euros y 125 euros.

Igualmente, el documento recoge una cuantía adicional de 442 euros para las personas beneficiarias de becas y ayudas al estudio con domicilio familiar en la España insular o en Ceuta o Melilla que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para acceder al centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio. Esta cantidad adicional será de 623 euros para quienes tengan domicilio familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera.

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán el próximo curso hasta 862 euros de ayuda de enseñanza; hasta 617 euros de ayuda de transporte escolar; hasta 574 euros de ayuda de comedor escolar; hasta 1.795 euros de ayuda de residencia escolar; hasta 442 euros de ayuda para transporte de fin de semana; hasta 308 euros de ayudas para transporte urbano; hasta 204 euros de ayuda para material escolar; hasta 913 euros de ayuda para reeducación pedagógica; y hasta 913 euros de ayuda para reeducación del lenguaje, además de los 400 euros de subsidio universal para gastos adicionales de carácter general.