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Ley de vivienda

Casi la mitad de los españoles no se beneficiará de la Ley de Vivienda por el boicot del Partido Popular

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto al de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Murcia, Fernando López Miras.

La Ley de Vivienda verá la luz en las próximas semanas tras el acuerdo alcanzado este viernes entre el Ejecutivo de coalición y sus socios parlamentarios. Esta norma establece por primera vez en España la consideración de "zona de mercado residencial tensionado", es decir, permite delimitar las zonas en las que en un barrio o municipio el precio de los alquileres está desbocado e implica más del 30% o más de los ingresos de los hogares de media. Así, la ley plantea regular los arrendamientos en esas áreas tensionadas tanto para grandes tenedores —propietarios de cinco inmuebles o más— como para pequeños propietarios y también apuesta por dar incentivos y ayudas fiscales.

El actual Gobierno, conformado por una alianza entre PSOE y Unidas Podemos, es el que más énfasis ha puesto en las políticas sociales de vivienda de toda la democracia, ya que hasta ahora eran las propias comunidades autónomas las que decidían si impulsar normativas propias. Algunas como Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco ya reconocen el derecho a la vivienda y contemplan la acción pública, pero otras como Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria no lo hacen.

Tras el pacto con ERC y EH Bildu se han incluido algunas novedades al proyecto que ya se aprobó en el Consejo de Ministros como la fijación del tope del 3 % en la subida de todos los alquileres para 2024, la rebaja del concepto de gran tenedor, medidas para la protección contra los desahucios en familias vulnerables o el hecho de que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble han de correr a cargo del propietario, entre otras cuestiones.

Hay, sin embargo, un requisito indispensable para que se apliquen todas estas medidas: que la comunidad autónoma en la que se halla el barrio o municipio active la declaración de zona tensionada. Las regiones gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que no la van a aplicar o directamente que la van a recurrir al Tribunal Constitucional. Esto, en la práctica, supone que las más de 21 millones de personas que viven en estas regiones no se puedan beneficiar de prácticamente ningún aspecto de la norma.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, viven más de 6,7 millones de personas y es la región junto con Cataluña donde los precios de la vivienda están más disparados. Pero la política del PP en esta materia es apostar por lo que denominan "mercado libre". Este viernes la presidenta madrileña ha amagado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si considera que la ley invade sus competencias y ha asegurado que "no va a permitir" que "se empobrezca masivamente a toda España". Esta norma también implica a los Ayuntamientos, que podrán aplicar cuestiones como el recargo del IBI, pero no el límite de precios. El alcalde madrileño, José Luís Martínez Almeida, ya ha asegurado que su consistorio no iba a aplicar este IBI a las viviendas vacías por considerarlo "un ataque a la propiedad privada".

Andalucía

Andalucía es la comunidad más poblada de España con más de 8,5 millones de habitantes. El Gobierno andaluz, en manos de Juanma Moreno Bonilla, es otro de los que amaga con recurrir la ley al Constitucional. Desde la Junta aseguran que la ley va cargada de "medidas intervencionistas" y es "permisiva con la okupación" pese a que no legisla sobre esta cuestión. Desde el equipo de Moreno insisten en que esta regulación de precios ha "fracasado" en otros países, supone "un ataque a la propiedad privada" y "plantea inseguridad jurídica".

Galicia

Otra de las comunidades que también ha amagado con presentar un recurso de inconstitucionalidad es Galicia, donde viven 2,7 millones de personas. Cuando la norma se aprobó en el consejo de ministros en 2022 la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, afirmó que la Xunta presentaría un recurso por entender que invadía competencias. El entonces presidente autonómico y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la norma este viernes: "Intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de los pisos porque los propietarios no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos", ha censurado.

Castilla y León

Los 2,3 millones de personas que viven en Castilla y León tampoco se beneficiarán, previsiblemente, de las ventajas de la ley. Su actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya decía en 2022 que la norma impulsada por el Ejecutivo central tenía "mil cabos sueltos": "Estamos acostumbrados en Castilla y León a que Sánchez nos castigue y se entrometa en nuestras competencias. La ley tiene mil cabos sueltos. No hay presupuesto suficiente, no se ha hecho con diálogo con las comunidades autónomas", censuró en una entrevista con TVE. Mañueco es el único barón del PP que comparte gobierno con la ultraderecha, que ha criticado en varias ocasiones la ley de vivienda por sus políticas "intervencionistas".

Murcia

El Gobierno acuerda con ERC y Bildu la ley de vivienda con topes en los alquileres y una rebaja en el umbral de 'gran tenedor'

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La autonomía menos poblada que preside el PP es Murcia, con 1,5 millones de habitantes. Su presidente, Fernando López Miras, señala que la Ley de Vivienda estatal es, directamente, "comunista". Antes siquiera de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, López Miras ya la tildaba de "expropiatoria, intervencionista y alejada de las políticas liberales que defendemos en la Región". El murciano ya adelantó entonces que su gobierno no iba a solicitar que ninguna zona fuera considerada como tensionada.

Euskadi, en duda

En Euskadi viven 2,1 millones de habitantes, pero es una de las regiones que más sufre los problemas de acceso a la vivienda, especialmente en ciudades como Donostia. Actualmente gobierna una coalición presidida por Íñigo Urkullu con el PSE como socio minoritario. Los peneuvistas han mostrado sus reservas a la ley por la "invasión competencial" aunque todavía no tienen decidido el sentido del voto en el Congreso. Sin embargo, el viceconsejero de vivienda es el socialista Pedro Jáuregui, y ya ha dejado claro que la ley estatal se podrá aplicar sin problema en Euskadi.

Las autonomías del PSOE, a favor pero con matices

Las comunidades gobernadas por los socialistas en coalición con Unidas Podemos y otras fuerzas de izquierdas como Baleares, Canarias, la Comunitat Valenciana, Asturias o La Rioja ya anunciaron su intención de aplicar la ley, mientras que otros barones socialistas como el presidente de Aragón, Javier Lambán, o el de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, criticaron en su día que el Ejecutivo había redactado esta norma sin consultar con las autonomías y afirmaron que esperarían a su aprobación definitiva para anunciar si la aplicarían en sus territorios o no.

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