Sergio Massa apoyó en su juventud al equipo de fútbol San Lorenzo, más tarde al de Chacarita y ahora al de Tigre, un acomodado suburbio de Buenos Aires que se ha convertido en su bastión político. En Argentina, cambiar dos veces de equipo favorito a lo largo de la vida roza la herejía.

La anécdota, que surge una y otra vez en boca de sus adversarios en los perfiles dedicados al peronista de 51 años, se supone que revela el oportunismo de un candidato sin grandes convicciones, dispuesto a traicionar con tal de escalar los peldaños del poder. "Massa es ante todo un massista, es un pragmático", dice a Mediapart Humberto Cucchetti, de la Universidad 3 de Febrero e investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), cuando se le pregunta a qué figura peronista se parece más.

El "advenedizo del poder", como lo llama su biógrafo Diego Genoud (2023, Siglo Ventiuno), acaba de dar un gran golpe: se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre, con el 36,7% de los votos, frente al candidato de extrema derecha Javier Milei (30%). Con su coalición Frente para Todos, Massa consiguió atraer a tres millones de votantes más que los peronistas en las primarias de agosto.

Si el resultado es sorprendente es porque Massa ha sido ministro de Economía del Gobierno saliente desde agosto de 2022 y su balance ha sido calamitoso. La tasa de inflación trepó al 137% interanual. La proporción de pobres alcanzó el 40,1% en el primer semestre de 2023. Tras la victoria de Milei en las primarias, Massa impuso la mayor devaluación del peso en cuatro años, con el riesgo de alimentar aún más la inflación.

"Que un ministro de Economía saliente, dada la situación económica en la que estamos, pueda sacar más del 20% de los votos dice mucho de la resiliencia del voto peronista", dijo Gabriel Vommaro, de la Universidad Nacional San Martín, pocos días antes de la elección, en referencia a las encuestas que circulaban en ese momento, que daban a Massa entre 20 y 30 puntos. "¿Es la economía una estupidez? No, no lo es", comentaba el lunes por la mañana el diario argentino Clarín.

En una entrevista que también concedió a Mediapart pocos días antes de la elección, el editorialista e historiador de La Nación Carlos Pagni resumió: "La pregunta que plantea la campaña de Massa es cuánto pesa una campaña en el proceso electoral más amplio. Si la campaña pesa mucho, entonces puede ganar. Si la campaña es anecdótica comparada con el peso de la realidad, perderá".

Está claro que el último mes de campaña de Massa dio sus frutos. En primer lugar, supo apelar a las clases populares adoptando, en el último minuto, una batería de medidas tachadas de izquierdas: una reforma de la escala impositiva que supone que 800.000 personas dejen de pagar el impuesto sobre la renta, o una exención del IVA en los productos alimenticios...

Frente a la tormenta y el caos de la candidatura de Milei, Sergio Massa también consiguió construir una imagen de candidato presidencial tranquilo, sobre todo durante los dos debates televisados entre los candidatos. "Massa se mostró como el 'adulto en la sala'", escribieron Mariano Schuster y Pablo Stefanoni en un texto publicado por Nueva Sociedad. Mientras Milei intentaba caóticamente incorporar su utopía anarcocapitalista a un proyecto de gobierno, el apoyo a Massa terminó apareciendo como una suerte de voto defensivo de un sector de la sociedad".

"Durante cuatro años, la coalición gobernante ha estado dividida [entre el bando del presidente Alberto Fernández y el de la vicepresidenta Cristina Kirchner - nota del editor]. Massa supo imponer respeto, erigirse en líder de la coalición, hasta el punto de parecer el verdadero presidente, tanto que Fernández pasó a un segundo plano al final de su mandato. Hay una especie de valentía, o sentido de la aventura, en tomar el timón de un Ejecutivo que se estaba hundiendo, y dio sus frutos", afirma Humberto Cucchetti.

Massa está metido en política desde la infancia: es un producto puro de la "casta" que aborrece Javier Milei. Nacido en las afueras de Buenos Aires (en San Martín), ingresó a los 15 años en las filas de la Unión del Centro Democrático (UCéDé), un partido liberal de derechas aliado de la mayoría peronista de Carlos Menem en los años noventa. Convertido al menemismo en 1992, fue elegido por primera vez en 1999 diputado por la provincia de Buenos Aires.

"Massa construyó su ascenso navegando por las distintas corrientes del peronismo, un movimiento político sin parangón en el mundo, trabajando con los presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner. Pero no se entregó a ninguno de ellos", escribe el diario español El País. "Tuvo la audacia de abandonar el barco cuando el momento más convenía a sus intereses".

En 2013, Sergio Massa creó su propio partido, el Frente Renovador, que convirtió en una máquina de guerra para torpedear la elección de Daniel Scioli, el candidato peronista respaldado por Cristina Kirchner. Durante esta campaña, llegó a decir que mandaría a la cárcel a la presidenta saliente, acusada de corrupción. Massa quedó tercero en las primarias de 2015 y Scioli acabó perdiendo frente al liberal Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.

El episodio ha dejado huella. Massa es el "traidor espectacular del kirchnerismo", escribe la muy antiperonista escritora Pola Oloixarac en su acerada Galería de celebridades argentinas. Cuando Martín Guzmán, ministro de Economía, dimitió en 2022, Cristina Kirchner se negó inicialmente a aprobar el nombramiento de Massa, entonces presidente del Congreso, para sustituirle, antes de ceder.

Y en junio de 2023, en un acto público junto a Massa, todavía dijo que su candidato presidencial no era el ministro de Economía, sino Wado de Pedro, un miembro de la dirección del partido, hijo de desaparecidos durante la dictadura, que estaba más a la izquierda, pero que al final no se presentó.

También calificó a Massa de "fullero", adjetivo utilizado para describir a los estafadores y tramposos del juego. En su única aparición pública durante la campaña, a finales de septiembre, la vicepresidenta saliente no mencionó el nombre de Sergio Massa. Este silencio es quizás una oportunidad para el interesado, ya que Javier Milei intentará durante la campaña entre las dos vueltas asociar a Massa con Cristina Kirchner, que es vista como repelente por un público de centro-derecha.

Básicamente, Massa representa un ala más derechista del peronismo que Cristina Kirchner. Hubo una clara ruptura cuando el vicepresidente se negó a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022. Durante su campaña, Massa no dudó en aparecer junto al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales (radicales), criticado por su gestión ultrarrepresiva de los movimientos sociales que defienden los derechos de los pueblos indígenas contra la industria extractiva.

En su biografía de Massa, el periodista Diego Genoud defiende la idea de que Massa está en camino de superar al kirchnerismo, el peronismo de izquierda que estructuró la política argentina en los últimos veinte años: no demonizándolo u oponiéndose frontalmente a él, como intentaron Mauricio Macri y luego Patricia Bullrich a lo largo de la década de 2010, sino infiltrándose en él para derrotarlo mejor.

El editorialista Carlos Pagni dice sobre este formidable estratega: "Tiene algo del mago del Kremlin [alusión al libro de Giuliano da Empoli publicado en 2022 sobre un asesor de Vladimir Putin - nota del editor]: ha hecho una campaña muy coherente con sus propios intereses y no ha dudado en utilizar recursos del Estado al más alto nivel".

El domingo por la noche, Sergio Massa prometió formar "un gobierno de unidad nacional", que incluya a los mejores, "cualquiera sea su fuerza política". Prometió resolver "la fisura" de la sociedad argentina, tras veinte años de divisiones entre pro y antikirchneristas. Además del voto progresista, que tiene asegurado para la segunda vuelta del 19 de noviembre, espera ganarse a un electorado de centro-derecha incómodo con el método de Javier Milei.

ACS acaba de lanzar un órdago que le permitirá hacerse con el control de Abertis, una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Este jueves anunció la compra del 14,46% de Hochtief, empresa alemana en la que entró en 2018 y de la que ahora posee ya el 68,01%. Con los 577,8 millones de euros que le ha costado la operación, la constructora de Florentino Pérez hace salir a la familia Benetton de Hochtief y puede ya pensar en adquirir también el 20% que ésta tiene en Abertis, un movimiento que hasta ahora le impedía el pacto de accionistas por el que tanto ACS como Atlantia –la compañía de los Benetton– habían entrado en la concesionaria de autopistas en 2018 tras una cruenta pugna. En Abertis, el 50% del capital más una acción está aún en manos de los italianos, mientras que el 30% pertenece a ACS y el 20% a Hochtief.

El grupo, que factura 4.854 millones por sus negocios repartidos por todo el mundo, es un bocado apetitoso ahora que ACS pretende pasar de la construcción a las mucho más lucrativas autopistas de peaje. El beneficio de Abertis en 2021 ascendió a 691 millones de euros en 2021.

Pero el envite se produce justo cuando Abertis corre el riesgo de perder todo su negocio en Argentina. Sólo un día antes de comunicar a la CNMV su avance en Hochtief, el presidente argentino, Alberto Fernández, acompañado de su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció ante los periodistas que iniciaba el procedimiento para pedir al juez que anule los acuerdos por los que el Gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, había renegociado las concesiones a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) en 2018. Tras una auditoría que ha durado dos años el Ejecutivo peronista ha declarado que ambos acuerdos son “lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. De forma cautelar, también pedirá al tribunal de lo contencioso-administrativo que entregue al Estado ambas autopistas de peaje.

Aunque el peligro puede ir más allá. Porque, al mismo tiempo, un tribunal de lo Penal investiga la comisión de un posible delito de lavado de dinero mediante esos acuerdos. “Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando”, explicó el ministro de Obras Públicas.

Ambas concesiones fueron otorgadas en 1994 por el Gobierno de Carlos Menem a estas empresas, que construyeron y gestionan las dos mayores autopistas de peaje que dan acceso a Buenos Aires: Ausol, 119 kilómetros en la Autopista Panamericana, y GCO, los 59 kilómetros de la Buenos Aires-Luján. Abertis posee el 31,59% de Ausol, y el 42,87% de GCO a través de Acesa, otra empresa del grupo ACS. Pero la presencia española en la primera se remonta a los 90, cuando era Dragados, también del grupo de Florentino Pérez, uno de los accionistas, junto con Sideco, una empresa de la familia del expresidente Macri.

Porque la pugna entre el Estado argentino y estos dos concesionarios ha sido larga y feroz. Además de contar con otros elementos políticos.

En efecto, un tercio del capital de Autopistas del Sol pertenecía a la empresa del padre de Mauricio Macri, Franco. En 2001 vendió el 25% a Dragados, y en 2017 el 7% que le quedaba. En 2015 su hijo fue elegido presidente de Argentina, cargo en el que permaneció hasta 2019. Un año antes su gobierno había renegociado las concesiones tanto de Ausol como de GCO. Así, reconoció una deuda por inversiones no recuperadas mediante el cobro de los peajes por importe de 540,52 millones de dólares con la primera y de 272,62 millones con la segunda. Un total de 813,14 millones. Según el actual Ejecutivo argentino, ese reconocimiento de deuda y la “dolarización del contrato” se hicieron “sin ninguna justificación”.

Además, se prorrogaron –“de manera arbitraria, según el ministro Katopodis– hasta 2030 las adjudicaciones, que tenían un plazo inicial hasta 2020, de forma que “se transformó un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. Al tiempo, se pactó una subida de los peajes del 8% anual, el mismo porcentaje que se aplicó a los intereses de la deuda. Estos, explicaron fuentes del Gobierno peronista a la web infobae, era capitalizable; es decir, pasaba a formar parte del capital y, por tanto, aumentaba la deuda. Hasta los 1.161,13 millones de dólares. Como, además, las obligaciones de pago de las concesionarias –deuda, intereses e impuesto sobre sociedades– debían ser sufragadas mediante los peajes, éstos debían subir 22 veces en la autopista de Ausol –de 80 pesos (56 céntimos) a 1.830 (12,74 euros)– y 11 veces en la de GCO –de 100 pesos a 1.072–. En total, según los cálculos gubernamentales, la deuda a la que debía hacer frente el Estado argentino alcanza los 2.000 millones de dólares.

Ambas empresas respondieron este jueves asegurando que los acuerdos por los que se renovaron las concesiones son “plenamente legítimos” y resultado de un proceso de renegociación que duró 16 años. “Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006, y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, precisaron en un comunicado enviado a la CNMV argentina.

Ausol y GCO se refieren al pleito que ambas instaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial en 2015. Las concesionarias reclamaban entonces 3.000 millones de dólares por la deuda que les había ocasionado la congelación de peajes ordenada por el Gobierno den 2003. En agosto de 2017, cuando comenzaron las conversaciones para renegociar las concesiones con el Ejecutivo de Macri, las autopistas anunciaron que desistían de su pleito ante el Ciadi. Los acuerdos se firmaron en junio de 2018.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner [anterior presidente argentino]. Les dijimos: ‘Esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de 2.000 millones de dólares. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, respondió el director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, uno de los negociadores del equipo de Macri, en la emisora Radio con Vos. Según detalló, el contrato estaba “dolarizado” ya antes de que llegara Macri al poder y Kirchner había reconocido a las empresas de Abertis una deuda de 600 millones de dólares por la congelación de los peajes. También aseguró que Ausol y GCO fueron a juicio porque el Gobierno peronista “violó su propio contrato” después. “Es la nueva y gran mentira de este presidente [Alberto Fernández]”, zanjó.

El pasado mes de agosto, las dos concesionarias intentaron recusar al ministro de Obras Públicas, al responsable de Vialidad Nacional y al procurador del Tesoro de la Nación por el “prejuzgamiento” –al emitir una opinión judicial antes de dictar sentencia-- en que habían incurrido. El Gobierno rechazó la recusación y ahora ha emitido un decreto para instar a la justicia a actuar.

Abertis también está en pleito, y desde hace años, con el Estado español, al que desde 2006 viene reclamando que le compense por las obras realizadas y un tráfico por debajo de las previsiones en las autopistas cuya concesión se le otorgó. En total, hasta 4.200 millones de euros, de los que, de momento, las arcas públicas sólo le han pagado 1.070 millones por el fin de la concesión del tramo catalán de la AP-7.

Mientras, se arriesga a perder en Argentina dos autopistas que le suponen unos ingresos anuales de 7.474,8 millones de pesos (53,06 millones de euros) –Ausol– y 5.416,3 millones (38,45 millones de euros) –GCO–, según figura en sus cuentas anuales de 2021. Pero que cerraron ese año con unas pérdidas de 521,23 y 462,7 millones de pesos (3,7 y 3,3 millones de euros), respectivamente.

La Cámara Federal de Argentina ha ordenado este martes revocar la imputación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en dos de los casos que tiene abiertos por corrupción, pero al mismo tiempo ha confirmado los cargos en un tercero, apenas 48 horas después de que se convirtiera en vicepresidenta electa, informa Europa Press.

Fernández de Kirchner ha quedado liberada de los casos en los que se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de los contratos de corredores viales y de importación del gas natural licuado, según informa el diario local La Nación.

Esta última está considerada la causa fundamental del escándalo de corrupción de los llamados cuadernos de las coimas, elaborados por el chófer de un alto cargo del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) que fue apuntando el dinero que, supuestamente, se entregaba y cobraba para la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de los Kirchner.

Sin embargo, el mismo tribunal ha confirmado el procesamiento de la líder izquierdista por un delito de cohecho pasivo por hechos similares en la conocida popularmente como "cartelización" de la obra pública.

Fernández de Kirchner es objeto de numerosas investigaciones judiciales, la mayoría por corrupción. El pasado mes de mayo se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados por, presuntamente, liderar una organización criminal para defraudar al Estado contratando obra pública en la provincia de Santa Cruz a través de testaferros con el Grupo Austral Construcciones, propiedad de la familia Kirchner. Con ello habría facturado 46.000 millones de pesos (más de mil millones de euros).

La sentencia de este primer juicio —ya tiene otros en el horizonte— se espera para principios de 2020, cuando ya será vicepresidenta en ejercicio, cargo que ganó en las elecciones celebradas el pasado domingo y del que tomará posesión el 10 de diciembre. Sus críticos denuncian que el verdadero motivo del regreso de Fernández de Kirchner a la política es frenar las investigaciones judiciales en su contra.

El juez Claudio Bonadio ha procesado formalmente a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al considerarla la jefa de una "banda paraestatal" de corrupción para recaudar fondos ilegalmente como resultado de la conocida como causa de los cuadernos.

Para el juez, la investigación ha probado que se montó un aparato complejo desde el Estado, "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales [...]", apunta el juez, según recoge la prensa argentina.

Al frente de esta red estaban "quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido)".

El objetivo de esta estructura, activa entre los años 2003 y 2015 era "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional", señala el juez.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha anunciado este jueves la recuperación de la nieta 125, a la que ha identificado como la hija de una mujer secuestrada en abril de 1977, cuando tenía 24 años.

Según las informaciones recogidas por el diario argentino El Once, la mujer es Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis, desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

De Sanctis Ovando expondrá este viernes una serie de dibujos en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos en el marco de la campaña Líneas x la Identidad, en un acto en el que se presentará además la segunda edición del libro del periodista Alfredo Hoffman ReencuentroReencuentro, sobre el robo de bebés en Paraná durante la dictadura.

Ovando y De Sanctis eran miembros de los montoneros y su madre fue secuestrada el 1 de abril de 1997 en Virreyes cuando estaba embarazada de seis meses. Ivando estuvo detenida ilegalmente en un centro clandestino y dio a luz en agosto de ese año, según los registros del libro de parteso del Hospital Militar de Campo de Mayo.

El 1 de julio, Alberto Manguel tomó posesión como director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) de Buenos Aires. El regreso de Manguel, autor del bestseller mundial Una historia de la lectura, a su país natal, debería haber sido considerado como el regreso de un hijo pródigo, celebrado como todo un honor y una oportunidad para la institución. Sin embargo, es imposible ignorar la guerra que capitanean los peronistas, en cualquier circunstancia, contra cualquiera que tenga la osadía de cuestionar su derecho histórico a controlar el poder en Argentina, generalmente con resultados desastrosos. Nombrado el pasado mes de diciembre por el gobierno liberal de Mauricio Macri –éste elegido democráticamente por los argentinos para poner fin a 12 años de kirchnerismo (Néstor y después su viuda Cristina)– Alberto Manguel no ha tardado en ser víctima de una campaña hostil, orquestada, a nivel nacional e internacional, por su predecesor a la cabeza de la BNMM.

De este modo, el caso de la BNMM pronto ha traspasado fronteras, saltando Argentina a toda América Latina. Bien es verdad que el régimen populista de Cristina Kirchner no irrumpió directamente en la BNMM, tal y como hizo en las arcas del Banco Central. Tampoco la ha sometido a su control, como hizo con el Instituto Nacional de Estadística, para obligarle a camuflar los catastróficos resultados de su gestión. Simplemente alentó o toleró las derivas de todo tipo, con el objetivo de cuestionar la principal vocación de una biblioteca nacional: su equilibrio financiero, malversando fondos públicos para asuntos más que cuestionables. También es reveladora la tendencia de ciertos intelectuales que no han dudado en utilizar su pluma para unirse a esta campaña de desprestigio contra Alberto Manguel, sin contar con información seria y contrastada sobre el asunto.

Cristina Kirchner, como mala perdedora, rechazó trasmitir a su sucesor la banda y el bastón, símbolos del poder presidencial. El anterior director de la BNMM, Horario González, como mal perdedor, ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra Alberto Manguel, al que acusó –incluso antes de ocupar su cargo y de planificar la gestión de la institución– de querer "desmantelarla". Dicha acusación ha derivado en una petición internacional, promovida por una parte de la diáspora intelectual y académica argentina, publicada, incluso, en el diario francés Le Monde.

Pese a todo, los firmantes podrían, por ejemplo, haberse interesado por la respuesta de Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, a la larga y violenta diatriba enviada por Horacio González al comité de dirección de ABINIA, la Asociación de Bibliotecas Nacionales de América Latina. Sobre este texto, escribe Gaitán, "lo primero que pensé fue en la enorme tragedia que estamos viviendo en Colombia en este momento, debido a que un expresidente [Alvaro Uribe] no se resigna a limitarse a serlo, poniendo en riesgo el mayor anhelo que tenemos todos los colombianos, la consolidación de la paz".

Sobre la caza de brujas contra Alberto Manguel, Gaitán recuerda que "probablemente, no hay mayor conocedor de la cultura escrita, del libro y de las bibliotecas en el hemisferio occidental que el nuevo director de la Biblioteca Nacional de tu país". Y proclama, además, "la inmensa alegría que le causó que Alberto Manguel hubiese aceptado dirigir la Biblioteca Nacional y el "honor" de pasar a ser "colega de un intelectual de su talla". Consuelo Gaitán precisa que ABINIA no debe tomar partido "sobre decisiones internas de un país, sobre el modelo de gobierno ("como si solamente hubiera uno absoluto y perfecto"), ni sobre "los 1.048 empleados" que deja tras de sí González, "por muy sorprendente que sea".

La BNMM de Horacio González: triplicó los empleos, pero precarios

El argumento principal de la campaña contra Alberto Manguel es su preocupación por el enorme número de empleados, descomunal en comparación con otras instituciones similares. La Biblioteca Nacional de Colombia, dirigida por Gaitán, un ejemplo en América Latina, condecorada por la Unesco (y nominada este año a los premios Princesa de Asturias), cuenta con 190 trabajadores. En este contexto, los que firman y protestan contra Alberto Manguel critican su decisión de despedir a 240 empleados, ignorando que en 2005, año en el que el Gobierno de Kirchner nombró a González director de la BNMM, la institución contaba con 306 asalariados.

El ministro argentino de Cultura, Pablo Avelluto, ha destacado que de los 700 nuevos empleados, bajo diferentes estatus, contratados bajo la dirección de Horacio González, más de 500 fueron elegidos directamente por el entonces director, sin que se respetase el proceso de contratación de los funcionarios públicos. Por si fuese poco, el director saliente ordenó 142 contrataciones a dedo días antes de cesar en el cargo. Se trataba, manifiestamente, de una participación deliberada en la campaña de Cristina Kirchner, no sólo para identificar a los fieles o devolver los favores antes de ceder su puesto, sino también para complicar el panorama a su sucesor al frente del Estado.

Como escribe el ministro, "el desprecio por las carreras profesionales de la Administración pública ha alcanzado un nivel tal que sólo 15 personas forman parte de la plantilla permanente de la institución". 

Pero, evidentemente, reclutar a través de un concurso público a profesionales cualificados requiere transparencia y profesionalidad, aspectos que Horacio González ha ignorado. Personal de la institución coincide en señalar que se realizan contratos por intereses políticos, sindicales o familiares y cuyos beneficiarios ni siquiera se tomaban la molestia de trabajar o, incluso, de hacer acto de presencia. Contactado por Mediapart, el exdirector no ha respondido a nuestras preguntas.

Basten algunos ejemplos. El caso de Carolina P., que entre julio de 2015 y febrero de 2016 no acudió a su puesto de trabajo. La explicación de uno de sus compañeros: "Vive a 60 kilómetros. ¿Cómo va a venir todos los días?". Una hija y una hermana de Horacio González también se beneficiaron de estos contratos familiares, igual que la hija de un diputado del Parlamento Nacional, próximo al antiguo director de la institución. Los directores de los diferentes departamentos se han visto obligados a aceptar a empleados caídos del cielo para los que fue necesario "inventar" un puesto a la medida de su incompetencia. Familias al completo fueron reclutadas a través de las "listas sindicales". Para no caer en los excesos, Horacio González acordó para todo el personal reducir una hora a la semana su jornada de trabajo. Es lo que él calificó de "concepción del Estado [y de la Biblioteca Nacional] que se aleja de la estrechez de la eficacia".

¿La solución de Horacio González a las consecuencia de estos contratos discriminatorios de personas poco o nada cualificadas? La creación de colegios de formación en el seno de la BNMM. Como él mismo reivindica en una carta a sus antiguos compañeros de América Latina, "diferentes escuelas funcionaban en su interior: de bibliotecarios, de encuadernadores, posgrado de bibliotecología". Todas estas formaciones, sin embargo, ya se impartían en los institutos profesionales y en las universidades públicas de la República de Argentina. Por poner un ejemplo, la directora adjunta, Elsa Barber, del equipo técnico que Horacio González reclutó en 2007 según las reglas antes de terminar marginándola, es profesora de bibliología en la Universidad de Buenos Aires.

¿Una Biblioteca Nacional o una “Casa de la Cultura”… imparcial?

"La BNMM no es un colegio. Las personas que se contratan deben ser competentes y operacionales", se indigna el profesor José Buruca, filósofo e historiador de Arte y de Ciencias. Este intelectual de renombre internacional, que regresa a Argentina tras un año en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, califica la situación como "caótica" tras los diez años de Horacio González al frente de la BNMM. "El catálogo sigue sin haberse concluido. La BNMM no cuenta con una base de datos pública accesible a través de internet. Ahora es imposible encontrar documentos que en los años 80 eran accesibles. Nadie puede decir cuántos libros hay en las estanterías. ¿Dos millones? Esta era la cifra antes de cambiar las instalaciones de la Biblioteca. Incluso el catálogo de publicaciones nacionales, que se obtiene de los depósitos legales, no se ha completado. Es un escándalo".

Según fuentes internas, si, a pesar de todo, la digitalización y el catálogo han avanzado, ha sido gracias al trabajo de la dirección técnica, con el apoyo de la directora adjunta, contra Horacio González.

Fue necesario esperar a 2010 para que la BNMM pusiese en marcha un sistema completo de gestión bibliotecaria (SIGB), que acabaría con la elección, contra la voluntad manifiesta de Horacio González, del software ALEPH (¿Homenaje al gran Jorge Luis Borges, ex director de la Biblioteca Nacional?), de origen israelí. Según una fuente interna, González no dejó de "minimizar todo lo que concernía al trabajo bibliológico realizado durante su mandato. El catálogo nunca existió, reconocía cualquier actividad pero nunca agradeció el inmenso trabajo que todo el personal hizo para llevar a cabo esta tarea prioritaria de toda Biblioteca Nacional". La misma fuente acusa al exdirector de poner obstáculos a los equipos técnicos, asignándoles otros trabajos en detrimento del desarrollo del catálogo.

A los firmantes franceses de la petición contra Alberto Manguel, José Burucua recomienda verificar sobre el terreno si es posible trabajar en dichas condiciones. "La misión esencial de una biblioteca es tener libros y ponerlos a disposición de los lectores. Si esta misión central se lleva a cabo, es posible añadir otras actividades, siempre en torno al libro, como ha hecho la BNF (Biblioteca Nacional de Francia)". Sin embargo, afirma que Horacio González ha trasformado la BNMM en "una especie de festival permanente", con conciertos, proyecciones cinematográficas, mítines políticos, lanzamientos de libros y diversos eventos de animación. En su respuesta general a las preguntas precisas y detalladas de Mediapart (el periodista que escribe esta líneas ha sido acusado de caer en "los prejuicios" o de ceder a las advertencias del nuevo Gobierno), el antiguo patrón de la BNLL revindica haber "concebido la Biblioteca como una institución histórico-cultural en condiciones de interrogar y movilizar a la cultura argentina, pasada y contemporánea". Para ello, "puso a disposición, de forma gratuita, el auditorio y las instalaciones de la institución para actividades que no tenían ninguna relación con su misión, a título gratuito, la BNMM se hacía cargo de todos los gastos (electricidad, limpieza, instalación y trasporte de los equipos de sonido, luz, personal técnico, seguridad, etc.)". En el caso de Carta Abierta, una iniciativa de los militantes intelectuales próximos al kirchnerismo, la "movilización" que reivindica Horacio González es, sobre todo, política e imparcial, por ello la necesidad de utilizar los recursos e instalaciones de la BNMM.

2,7 millones de pesos para los “pollos” de Crónica

Horacio González justifica la multiplicación del número de empleados por "la ampliación vertiginosa de nuevas funciones, la adquisición de tecnologías, de archivos, y la construcción de nuevos edificios". De hecho, durante el tiempo que permaneció en el cargo, la BNMM adquirió, por una sustancial suma, el fondo impreso y fotográfico, sin inventario ni clasificación de los archivos, del periódico Crónica, una publicación considerada "populista peronista". La BNMM asumió la obligación de clasificar y digitalizar los archivos de una empresa privada, de la que solo es depositaria. Así, la factura para la institución pública ascendió a 12,7 millones de pesos (760.000 euros), sin recibir ninguna contrapartida. Según fuentes internas de la BNMM, un centenar de personas se vieron afectadas por este trabajo, empleados que, por aquel entonces, trabajaban en el catálogo. En cuanto al varlo bibliográfico de los fondos del Crónica, es cuestionable.

La BNMM de Horacio González también puso en marcha, al igual que otras bibliotecas nacionales, una actividad editorial. Pero la edición consiste, también, en buscar un público. Publicar para ser leído, en definitiva. Este no fue el caso de las imitaciones de las revista argentinas de los años veinte, "un desastre financiero", según las mismas fuentes. Y cuando la BNMM se erigió en el Museo del Libro, Horacio González ignoró de nuevo el funcionamiento de los mercados públicos. El edificio fue concebido y pagado antes de la finalización de las obras. Se encontraron fugas de agua en el depósito de los manuscritos y en las salas de lectura, las instalaciones de calefacción y aire acondicionado son deficientes, la iluminación es de mala calidad.

En este complicado escenario, un elemento más de la herencia global del matrimonio Kirchner, lo más difícil es gestionar la dimensión social. ¿Cómo diferenciar, entre los centenares de contratos realizados por González, entre las personas competentes y trabajadoras, indispensables para el buen funcionamiento de la institución, y aquellos que en Argentina se apodan los gnocchis, puros productos del clientelismo que parasitan los fondos públicos?

Las mismas fuentes internas aseguran que entre las 240 personas despedidas, se encuentra un centenar que no merecía estar en el mismo saco. 131 empleados han vuelto a ser contratados, no precisamente los más cualificados, sino aquellos que forman parte de los sindicatos de la BNMM, la ATE (minoritario y virulento) y la UPCN (mayoritario y oportunista), que contaban con sus propias listas. El mejor procedimiento consistiría en ofrecer un contrato fijo, siguiendo las normas en vigor que rigen los empleos públicos (a través del concurso), a los 500 empleados cualificados que bastarían para asegurar el buen funcionamiento de la institución. Pero esto supondría entrar en un campo de minas político y sindical, como ya lo ha demostrado "el recibimiento" reservado por los sectores pro-kirchner a Alberto Manguel cuando inauguró el Salón del Libro en Buenos Aires el pasado mes de febrero.

El Gobierno de la institución supone un problema de cara al futuro. Sin un consejo de administración o de "fiduciarios", el director cuenta con todo el poder. Horacio González impuso un funcionamiento completamente vertical, todas las decisiones dependen de él. A decir verdad, y sin sorprendernos, el "caudillismo" siempre ha funcionado bien en los populismo, en gobiernos de "izquierdas" y de derechas.

Los débiles y buenos "progresistas" contra los malvados "liberales"

Justamente, Horacio González y aquellos que le apoyan, en Argentina y a nivel internacional, tratan de convertir el caso de la BNMM en una parábola sobre el enfrentamiento entre los buenos progresistas (ellos) y los malvados conservadores o, pero aún, los "liberales". Cierto, si conducir a un país hacia la inflación galopante y al borde la fatalidad, es ser de "izquierdas", entonces el matrimonio Kirchner puede autoproclamarse de tal forma. ¿O, quizás, el rigor en la gestión del dinero público, el profesionalismo, el respeto de la misión principal de la institución, son principios de "derechas"? La prensa argentina toma partido en esta guerra en función de sus inclinaciones ideológicas, los medios de oposición a los Kirchner apoyan a Manguel, las publicaciones peronistas lo critican.

La realidad es mucho más simple. Hombre de izquierdas cuando está en Argentina, Horacio Tarcus, director del CeDinCi, el Centro de Estudios de la Cultura de Izquierdas, ligado a la Universidad de San Martin. Director adjunto de la BNMM durante los dos primeros años del mandato de González, salió de la institución por su desacuerdo con la perversión de las misiones de la BNMM, como relata José Burucua, y como confirman fuentes internas. En lo que concierne a materia bibliológica (o "bibliotecológica", el discutible neologismo utilizado en la petición publicada por Le Monde), al desarrollo del catálogo, al acceso a través de Internet, al apoyo a los investigadores y estudiantes, el CeDinCi es todo lo que la Biblioteca Nacional no ha conseguido ser en los 12 años de los Kirchner en el poder.

Acusar a Alberto Manguel de apoyar un "capitalismo salvaje" es, simplemente, ridículo. Entrevistado por el diario portugués Publico, él juzgaba "inmundo" el Gobierno conservador de Canadá, su país de adopción. En sus violentos ataques contra Manguel, González le ha calificado, entre otras lindezas, de "gran señor", de "don Juan de las bibliotecas", de un Ulises que se hace esperar (ya que Manguel decidió acabar su curso como profesor en la Universidad de Princeton y Columbia antes de ocupar su nuevo cargo), llegándole a comparar, en una alusión pintoresca a Hamlet, "con su querido Shakespeare", al personaje de Fortinbras que reina sobre un campo de cadáveres. ¡Ni más ni menos! Haber sido, como Horacio González, un combatiente contra la dictadura militar, haberlo pagado en su silla (de tortura) y con el exilio (en Brasil), soportando, a día de hoy, las consecuencias físicas (insuficiencias renales graves), no autorizan todo, como le recordó Consuelo Gaitan.

"¿Qué proyecto abandera?", se interrogan a propósito de Manguel los firmantes. "¿La continuidad institucional de la Biblioteca o su desmantelamiento?". "¿La continuidad de la gestión de Horacio González?". Es sobre la reconstrucción de la BNMM sobre lo que se debe discutir… Incluyendo el plano financiero, el análisis de las cuentas ha puesto de manifiesto un agujero de 19 millones de pesos. Según una personalidad de la cultura que reside en París y que habló con Manguel sobre este reto, el autor de La Biblioteca de noche y de una veintena de obras consagradas a la lectura, desea poner sus ideas en práctica. Especialmente, convertir la BNMM en una auténtica biblioteca nacional, trabajando con las instituciones de las diferentes provincias. Llevando los libros y la cultura a los barrios más desfavorecidos, incluyendo los barrios marginales. Para los bibliólogos internacionales, para los centenares de miles de lectores de Alberto Manguel en el mundo, no encontramos ante una buena noticia, en el inicio de una experiencia apasionante.

Una autora extranjera, residente en Francia, gran lectora de Manguel, indignada por el contenido de la petición publicada en Le Monde, me puso sobre la pista del caso BNMM. Todavía en Estados Unidos al inicio de esta investigación, Alberto Manguel, que tiene la doble nacionalidad canadiense y argentina, no ha querido manifestarse. Lo hará públicamente en los próximos días en Buenos Aires. La situación revelada en esta investigación, de varias semanas me ha llevado a pensar en cómo el matrimonio Kirchner (especialmente Cristina, responsable de la degradación de la situación en el país) ha tratado a otras instituciones, más próximas a sus intereses habituales. Pero las instituciones de un país civilizado, ya sean políticas, económicas, sociales o culturales, son los pilares de un régimen democrático y de una sociedad avanzada. Es necesario tratarlas con respeto, ayudar a su evolución con prudencia, respetarlas en su vocación.

El candidato opositor Mauricio Macri fue electo el domingo por la noche presidente de Argentina en una segunda vuelta muy pareja con el 51,4% frente al 48,6% del oficialista Daniel Scioli. Es la primera vez en la historia del país que un partido de derecha llega al poder mediante sufragio universal. Es difícil identificar con precisión las causas capaces de explicar la ajustada victoria de este empresario millonario de 56 años, pero sin duda una de ellas fue su habilidad para erigirse como el encargado de llevar adelante un cambio superador de lo existente frente a un gobierno que luego de doce años en el poder se limitó a mostrarse como la garantía de las conquistas económicas y sociales logradas tras la crisis de 2001. Si bien un porcentaje amplio de la población valora esas conquistas, ya las siente como propias y por lo tanto decidió no votar para conseguir lo que ya tiene, pese a que el gobierno insistió en mostrar a Macri como una amenaza para lo construido.

El PRO, la formación de Macri, que se presentó a la elección como líder de la Alianza Cambiemos, efectivamente, es distinto del Frente para la Victoria, la vertiente peronista de izquierda que gobierna Argentina desde mayo de 2003. El kirchnerismo, como se lo conoce habitualmente, reivindica el papel del Estado como protagonista de la economía, mientras que el PRO identifica al mercado como el mejor asignador de sus recursos.

Este partido reconoce que el Estado tiene un papel que cumplir, pero lo limita a la asistencia social y la generación de oportunidades de negocios para el sector privado. No cree que el Estado deba gestionar empresas. Por eso sus dirigentes se opusieron a todas las estatalizaciones que concretó el kirchnerismo. El PRO se nutre de organizaciones del sector privado como ONG, think tanks, fundaciones y gerentes de empresas. Creen que la eficiencia está en el sector privado, pero luego de la crisis de 2001 aprendieron que sólo participando en política se puede cambiar la realidad. Un ejemplo de su apuesta por los cuadros gerenciales del sector privado quedó de manifiesto en los últimos días cuando trascendió que, ya sabiéndose ganador de la elección de ayer a partir de lo que pronosticaban las encuestas, lanzó una convocatoria reservada para sumar a la próxima gestión a unas 300 personas que ocupan altos cargos en grandes empresas.

Esta filosofía se combina con una puntillosa estrategia de marketing donde lo importante para mostrarle a la gente no es el programa de gobierno que buscan llevar adelante, sino una serie de ideas fuerza como la necesidad de privilegiar el diálogo, unir a los argentinos, trabajar en equipo, recuperar la confianza y gobernar con amor y paz. Esa especie de revolución de la alegría y las buenas ondas se complementa con una estética rigurosamente planificada. El festejo de anoche fue el mejor ejemplo de cómo un acto político puede ser presentado como una fiesta de casamiento, en la que los candidatos electos agradecen como si fueran los novios y luego bailan junto a cientos de invitados de elegante sport con música de moda a todo volumen y globos de colores decorando el salón.

Esto no significa que los líderes del PRO no hayan hecho propuestas concretas durante la campaña. De a poco y sin grandes precisiones fueron mostrando sus cartas a medida que se acercaba la segunda vuelta, dejando en claro su neoliberalismo económico, el deseo de alinearse con los Estados Unidos y el poco entusiasmo que, como mínimo, les genera que se sigan investigando los crímenes de la última dictadura militar y su red de complicidades. Lo que sigue es un detalle de lo que han planteado en temas clave como política cambiaria, de precios, industrial, la negociación con los fondos buitre, la inserción internacional y política de derechos humanos.

Dólar, precios y subsidios

La economía argentina se mueve al ritmo del dólar. Por lo tanto, las restricciones cambiarias que introdujo Cristina Fernández de Kirchner hace ya cuatro años afectaron el crecimiento económico y ocuparon ahora el centro de la campaña electoral. Macri aseguró que va a terminar con el cepo cambiario que afecta a las inversiones e impide comprar dólares libremente, lo que dio lugar al surgimiento de un dólar negro que cotiza a casi un 60% más que el valor oficial (15,10 versus 9,67 pesos).

Los especialistas coinciden en que si se levanta el cepo, subirá la cotización del dólar oficial, al menos en el corto plazo, debido a una combinación explosiva entre demanda reprimida y escasez de divisas en el Banco Central. En el PRO reconocen esa situación, pero afirman que en el medio plazo entrarán más dólares al sistema. Además, prometen potenciar ese flujo con mayores incentivos a los productores rurales, como, por ejemplo, la eliminación de los derechos de exportación de la mayoría de los cultivos. Desde el gobierno, respondieron que la devaluación del peso que promueve Macri afectará al poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Cuando le preguntaron a Alfonso Prat Gay, uno de los economistas del PRO, cómo repercutiría en los precios esa medida aseguró que la subida del dólar oficial no afectará “prácticamente a nadie” porque la gran mayoría de la población tiene como referencia el dólar negro. El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, le contestó que “en los últimos 12 meses hubo 40.000 millones de dólares en importaciones que se hacen al tipo de cambio oficial, así que imaginen ustedes lo que ocurriría con los precios de los bienes importados (electrónicos, autos, etc.) en caso de una gran devaluación”.

El PRO también adelantó que pondrá fin a los acuerdos de precios porque provocan distorsiones. Su objetivo será bajar la inflación con políticas macroeconómicas. Además, Macri dijo que eliminará los subsidios a las tarifas de la luz, el gas y el transporte, manteniéndoselos sólo a aquellas familias que acrediten estar en situación de pobreza. Esa medida también repercutirá en la inflación, pero el líder del PRO señaló que es necesario “sincerar” ciertas variables para reducir el déficit fiscal que este año llegó al 7% del PIB. Lo llamativo es que al mismo tiempo propone una reducción impositiva a partir de la subida del piso de ingresos establecido para pagar el Impuesto a las Ganancias, lo que beneficiará a la clase media alta.

Macri también prometió regularizar el sistema nacional de estadísticas, muy cuestionado desde 2007 por supuesta manipulación de distintos índices. De hecho, la última vez que el gobierno difundió el Índice de Pobreza fue el 29 de octubre de 2013, hace ya más de dos años. Desde entonces no hay ninguna estadística oficial sobre pobreza.

Industria

Desde el equipo económico del PRO adelantaron durante la campaña que desmantelarán el sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que durante los últimos años protegió a varios sectores industriales de una avalancha importadora. “Vamos a dejar de lado el sistema de DJAI porque un fallo de la Organización Mundial del Comercio nos obliga a hacerlo a partir del 31 de diciembre”, aseguró Rogelio Frigerio, unos de los principales referentes económicos del PRO, en una reunión con industriales.

En ese encuentro, también afirmó que va a “utilizar otras medidas inteligentes para cuidar el empleo sin cerrar el país”, aunque no dio precisiones de qué medidas pondrá en marcha y a qué sectores protegerá. Varias asociaciones industriales se manifestaron preocupadas porque temen que Macri abra la economía para intentar bajar la inflación, como se hizo varias veces en la historia argentina, lo que trajo como contrapartida un creciente desempleo. De hecho, el Ministerio de Trabajo distribuyó la semana pasada un informe donde destacaba que el esquema vigente de administración de comercio exterior protege 300.000 puestos de trabajo directos en la industria automotriz, metalúrgica, textil, del calzado y juguetera.

Negociación con fondos buitre

Es uno de los temas principales que deberá resolver Argentina si quiere volver a tomar deuda en el mercado internacional, fundamentalmente en Nueva York. En junio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo del juez Thomas Griesa que obligaba al Estado argentino a pagarle a una serie de fondos buitre la totalidad de la deuda que reclaman en un pago en efectivo, Macri se manifestó a favor de cumplir con el fallo. “Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo hay que hacerlo. Si no, entramos en default. Tenemos que ir y pagar y si hay que pagar al contado se pagará al contado”, declaró entonces.

Esa postura no fue bien recibida por la mayoría de la población que ve a los buitres como grupos de especuladores que buscan obtener ganancias extraordinarias litigando en los tribunales internacionales. Por lo tanto, a medida que se aproximaba la campaña Macri evitó volver a hablar del tema. Rogelio Frigerio aseguró hace poco que la idea es acordar con los buitres, pero no dio precisiones. “Mauricio Macri va a negociar a cara de perro con los holdouts para que tenga el menor costo posible para los contribuyentes y podamos volver a tener crédito”, aseguró. La toma de crédito es central dentro de la estrategia del PRO y si soluciona el conflicto con los buitres podrá hacerlo sin inconvenientes, más allá de la posible alza de tasas que decida la Reserva Federal norteamericana en las próximas semanas, porque el kirchnerismo dejó una deuda pública externa que está por debajo del 10% del PIB.

Impacto regional

La llegada de Macri al gobierno marcará un punto de inflexión a nivel regional. “Como presidente, me comprometo a pedir que se aplique la cláusula democrática a Venezuela en la región”, aseguró en el debate presidencial previo a las elecciones. De este modo, dejó en claro que buscará expulsar a Venezuela de Mercosur y Unasur por supuestas violaciones a los derechos humanos. El líder de Cambiemos ya había anticipado esta postura cuando criticó la condena de 13 años de cárcel contra el opositor venezolano Leopoldo López.

En Mercosur rige un Protocolo sobre Compromiso Democrático aprobado en 1998 que prevé la suspensión como miembros del bloque de aquellos países donde se produce un golpe de Estado. Ese protocolo se le aplicó a Paraguay en junio de 2012 luego de que el presidente Fernando Lugo fuera destituido por el Congreso. A su vez, Unasur aprobó en noviembre de 2010 en Georgetown un texto todavía más duro que prevé la suspensión dentro del organismo regional y escala hasta llegar al cierre de las fronteras con interrupción del comercio y las comunicaciones.

La promesa de Macri de avanzar en esa dirección provocará divisiones en esos espacios regionales, donde hasta ahora los países miembros cerraron filas con Venezuela. A su vez, el flamante presidente electo buscará una mayor cercanía con los Estados Unidos, marcando diferencias con la política de independencia respecto de la principal potencia continental, diseñada por Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Hugo Chávez a partir de noviembre de 2005, cuando se opusieron a la formación del Área de Libre Comercio de las Américas que impulsaba George W. Bush.

Crímenes de la dictadura

Cuando asumió el poder en mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner respaldó la investigación judicial de los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983), proceso que había sido obstaculizado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Kirchner solicitó al Congreso que declarara nulas las leyes de impunidad, ordenó bajar el cuadro del represor Jorge Videla de la galería de honor del Colegio Militar y recuperó el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había funcionado como centro de tortura, para que se erigiera allí un Museo de la Memoria.

Una vez que el Congreso anuló las leyes de impunidad en agosto de 2003 y la Corte Suprema validó esa decisión en junio de 2005, los tribunales empezaron a dictar sentencias. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 30 de diciembre de 2014 habían finalizado 134 juicios con 554 personas condenadas y 59 absueltas, mientras que otra cantidad similar de investigaciones siguen su curso.

A comienzos de noviembre, el Congreso respaldó los juicios, pero las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos están preocupados por lo que pueda ocurrir en el próximo gobierno de Macri. Del lado de los represores, en cambio, predomina el optimismo. La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, creada en 2009 para conseguir una amnistía general de los militares, se manifestó esperanzada y llamó a “derogar y reemplazar la legalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria”.

El pesimismo de unos y el optimismo de otros se basa en las propias declaraciones de Macri que en diciembre destacó que “los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas”. “Hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI, ocuparse de lo que está pasando hoy”, agregó. Además, el PRO se opuso recientemente a que el Congreso investigue la complicidad de los empresarios con la dictadura.

El repaso de los temas deja en claro que la llegada del PRO implicará un cambio de época profundo que repercutirá no sólo puertas adentro sino también a nivel regional. Su éxito dependerá de la habilidad para generar consensos con los partidos políticos de la oposición, la eficiencia para gestionar y del acompañamiento que encuentre de parte de la población, ahora que llegó el tiempo de la puesta en marcha de medidas concretas.

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Sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas. Con el 97,12% de los votos escrutados, el opositor Mauricio Macri dio se quedó cerca de ganarle a Daniel Scioli, el candidato oficialista apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. Scioli logró el 36,86% votos escrutados, frente al 34,33% de Macri. Cerca del empate técnico. Además, el segundo se coloca en una posición privilegiada de cara a una segunda vuelta.

Por su parte el peronista opositor Sergio Massa sumó un notable 21% de lo votos, lo que supone que Macri le quitó votos a su rival Scioli y se benefició además de un aumento de la particpación, cifrada en un 7%.

Con esta cifras, ninguno obtiene el 45% de los votos o al menos el 40% más una diferencia de diez puntos sobre el segundo más votado necesarios para ser designado presidente en la primera votación, por lo que Argentina celebrará por primera vez en su historia una segunda ronda electoral.

Además, el peronismo oficial fracasa de forma contundente en su intento de ganar en primera vuelta y pierde la provincia de Buenos Aires. La macrista María Eugenia Vidal venció al candidato oficialista, el jefe de Gabinete de Kirchner, Aníbal Fernández.

Borges, en las tantas referencias que ha hecho sobre el peronismo, una de sus bestias negras, sostenía que este no es bueno ni malo, es incorregible. Perón, en su camaleónico recorrido vital y político, da fuerza a esta boutade borgiana si se atiende a su origen fascista, que abandona ante la supremacía de los Aliados frente al Eje en la Segunda Guerra Mundial; la adopción del paquete de leyes de los socialistas que promulga ni bien alcanza el poder pero que aplica desde un movimiento verticalista; y su regreso triunfal, desde el exilio, construido por un gran movimiento de izquierda. A este movimiento lo traiciona ni bien pisa suelo argentino y muere dejando al país en manos de su viuda, Isabel Martínez, comprometida con fuerzas parapoliciales y en el presidente del Senado, Italo Luder, quien, ejerciendo la magistratura del país en un breve interinato, firma una serie de decretos que autorizan la represión política en un claro prólogo de lo que será luego la larga noche de la dictadura militar (1976-1982).

El matrimonio Kirchner llegará al poder en 2003 negando la memoria de aquellos años funestos para reivindicar a la Juventud Peronista, en la cual militaban, que llevó al poder, exactamente tres décadas antes, a Héctor José Cámpora, candidato justicialista que representaba el programa revolucionario del peronismo y que tuvo que renunciar para dejar el sillón presidencial a Perón. Néstor Kirchner inicia entonces un modelo de gobierno inclusivo que convoca a todas las sensibilidades progresistas poniendo en práctica un sistema inverso al utilizado por la izquierda en los setenta: del entrismo, es decir, el ingreso al peronismo para trabajar desde sus bases populares al transversalismo, la máquina kirchnerista de poder que hizo un llamamiento a la integración para construir un modelo abierto, colectivo, nacional y popular.

Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora, expuso en Madrid un año después, en un foro junto a Felipe González y Juan Luis Cebrián y moderado por Iñaki Gabilondo, el propósito del kirchnerismo de perfilar un modelo capaz de rebatir las exigencias del Consenso de Washington que, según explicó, planteaban un problema de legitimidad democrática vinculado a cuestiones sociales y económicas. “El FMI se equivocó con sus recetas durante 10 años”, dijo ese día Fernández de Kirchner, “y sin embargo no hay nadie que audite ese trabajo”.

Así, de manera frontal y clara, se manifiesta siempre Fernández de Kirchner. Así lo hizo en un momento clave de su gestión al nacionalizar Repsol: “Se logró un acuerdo con Repsol por 5.000 millones de dólares y a cambio recuperamos la segunda reserva de gas shale (no convencional) del mundo y la cuarta reserva de petróleo shale del mundo (...) este es un fin de ciclo en que nos quisieron convencer de que el Estado es mal administrador, pero ya sabemos que no podemos ser autónomos si no tenemos nuestra energía”.

Los titulares los ponía Néstor; los argumentos, Cristina

La intelectual argentina Beatriz Sarlo, voz extremadamente crítica frente al kirchnerismo, define el estilo retórico de la presidenta como argumentativo frente a la indignatio, la fórmula que utilizaba su marido. Para Sarlo, en tanto que Néstor Kirchner usaba frases breves como el apotegma o el improperio, Fernández de Kirchner argumenta, como en una asamblea, para convencer al auditorio de adoptar una acción y evitar otra. Que poco tiempo después de nacionalizar Repsol lo entregara en parte a la petrolera estadounidense Chevron en condiciones nunca aclaradas en el Parlamento, poco importa; lo esencial es obtener la aquiescencia del abanico progresista argentino de esa acción para preservar la soberanía sobre la gestión de la energía.

Cuando convocó a Chevron su explicación fue: “Es contradictorio; nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no despertábamos confianza. Todas son críticas (…) Yo sé que a muchos les molestó [el acuerdo con Chevron]. Con todo respeto por su derecho a manifestarse, les recuerdo que no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba la guita [dinero] afuera”. El registro de su marido era más simple: la indignatio, como explica Sarlo.

Cuando el kirchnerismo rompe con el grupo mediático del diario Clarín (que incluye, entre otros medios, el canal 13 de televisión y radio Mitre), en un discurso le espetó: “¿Qué te pasa Clarín.... por qué estás tan nervioso? Hacé democracia, sé abierto, usa los medios para informar y no para desinformar. Tranquilizate, abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Lo digo con cariño y afecto”. La frase “¿Qué te pasa Clarín?” se popularizó hasta tal punto que se utilizaba por los militantes de La Cámpora, la organización juvenil del kirchnerismo, como consigna y se corea aún hoy en los actos partidarios. De este modo, el matrimonio creó un tándem perfecto en el que Kirchner producía titulares mientras que Fernández de Kirchner ofrecía –y lo sigue haciendo a diario– los argumentos que explican y van fijando el ideario del modelo.

La capacidad líquida del relato de la presidenta Fernández de Kirchner alcanzó una de sus cotas más alta en su relación con el papa Francisco. Cuando éste era cardenal primado de la Argentina, los enfrentamientos con los Kirchner eran frecuentes y la mayor crisis se produjo cuando se promulgó la ley de matrimonio igualitario ante la que Jorge Bergoglio se opuso con vehemencia y la presidenta le respondió con un argumento directo: “Una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías en el ejercicio del poder les negaran derechos a las minorías. Y me preocupa el tono en que se discute esto. He oído hablar de la guerra de Dios, como en el tiempo de las Cruzadas. Esto no es bueno para la sociedad. No se puede estigmatizar al otro porque piensa diferente”.

Pero cuando se debatía en el Vaticano el nombre del sucesor de Benedicto XVI, la presidenta, ya viuda, rescató el estilo de la indignatio de su marido para ironizar sobre los papables en general y a Bergoglio en particular: “Decí que no hay papisa, si no, te disputo algún lugar”. Pero cuando el cardenal argentino se convierte en el papa Francisco la relación muta y con ella el relato: “Yo creo en la pluralidad, en la diversidad, yo creo en un mundo multipolar, él [Francisco] también lo cree. Creemos en el diálogo interreligioso, no creemos un mundo sacudido por los fanatismos. Podemos decir que afortunadamente esto en la Argentina no sucede”. Así se expresaba Fernández de Kirchner el mes pasado al salir de su última entrevista en Roma con el papa.

Han sido varios los encuentros y la sintonía que ha ido in crescendo desde que se inició el actual papado han llevado al periodista político Carlos Pagni a ironizar que el peronismo dejó de tener su referente en Madrid, en alusión al exilio de Perón, a tenerlo ahora en Roma con la figura de Francisco, quien no sólo ha recibido a la presidenta sino que también ha abierto la residencia de Santa Marta al expresidente Eduardo Duhalde y al actual candidato oficialista, Daniel Scioli. Aquí cabe matizar el vínculo del papa Francisco con el peronismo. Jorge Fernández Díaz, secretario de redacción del diario La Nación de Buenos Aires, cuando Bergoglio fue investido papa escribió: “Dios, con magnífica ironía, entronizó a un papa del peronismo conservador después de 10 años de izquierda peronista”.

Una relación contradictoria con el papa

Pero los vínculos entre la izquierda y la derecha en el peronismo son también, parafraseando a Borges, incorregibles. Y por eso el abrazo, ahora fraterno, entre la presidenta y Francisco no sólo es constante sino que alumbra sus propias contradicciones. En uno de los últimos encuentros entre ambos al que se sumó el dirigente Andrés Larroque, diputado nacional y secretario general de La Cámpora, este le obsequió a Francisco una camiseta con el logo de la agrupación juvenil y la rúbrica de la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha villa es el mayor conglomerado de chabolas de la ciudad con más de 45.000 habitantes, se encuentra situado en el popular barrio de Barracas y es uno de los epicentros de La Cámpora. La fotografía que testimonió el encuentro en el Vaticano los muestra a los tres, sonrientes; la presidenta emocionada, Larroque afable y Francisco agradecido y atento a las inscripciones de la camiseta.

Aquí el significado, imperceptible para un neófito del universo mítico del peronismo, está en el retrato del sacerdote tercermundista Carlos Mujica que sostiene en sus manos Fernández de Kirchner, un cura vinculado a la izquierda peronista y asesinado en la década de los setenta como producto de los enfrentamientos entre Montoneros y los sectores ultraderechistas del peronismo en el poder. Mujica trabajaba principalmente en las villas de emergencia y ese detalle es el que destaca la camiseta: el vínculo de la villa 21-24 con La Cámpora y la aceptación de Francisco, un peronista conservador, de la comunión de todos estos símbolos. Pasa a un segundo plano el dato dramático de que más de cuatro décadas después las villas se hayan multiplicando en lugar de reducirse y que además de asentamientos de pobreza se conviertan en territorio mítico a mayor gloria de un relato. Esto connota un desplazamiento curioso por parte del populismo similar al que opera el neoliberalismo con las instituciones.

Mientras el capitalismo financiero convierte a las Estados en marcas y los erradica de la dinámica del equilibrio democrático para ponerlos en la órbita del mercado, la inercia populista, en este caso, desplaza el campo marginal a una zona donde se desarrolla el mito de la militancia en lugar de propiciar una transformación real hacia un verdadero Estado de bienestar. Así como el capitalismo en su fase mediática y de consumismo masivo, más allá de la capacidad que le atribuía Marx para profanar lo sagrado, se ha caracterizado por su fuerza inversa, su tendencia a elevar lo efímero y superficial en algo dotado de trascendencia, aquí la pobreza y la marginalidad se elevan a un plano de sublimación política.

El concepto de populismo después de Perón

Ernesto Laclau sostenía que un universo en el que fuera imposible toda fijación de sentido sería un universo psicótico. Por ello, desde el peronismo, Laclau evoluciona el concepto de populismo y lo lleva a diferenciar entre populismos de izquierda y de derecha para reivindicar a los primeros. El sentido es posible construirlo en el policlasismo atendiendo a demandas y construyendo poder político: la articulación entre los movimientos sociales y las formas de representación tradicionales. En España, Podemos ha puesto en marcha este modelo porque sin su presencia el 15M y el movimiento social de los indignados no hubiera tenido cauce. La politóloga belga Chantal Mouffe, viuda de Laclau, defiende el modelo kirchnerista desde esta perspectiva ya que considera que su propuesta populista de izquierda es una alternativa a la hegemonía neoliberal y que se define –tal como ella interpreta al populismo de izquierda– por un eje vertical que son las instituciones democráticas, dentro de la lucha electoral, y una sustentación horizontal apoyada en los movimientos sociales. A esta fijación de sentido se refería Laclau y a ella llega observando al peronismo. ¿Perfiló el kirchnerismo su modelo en esta estructura o su dinámica lo llevó espontáneamente a coincidir con este presupuesto ideológico?

Más allá de esta especulación teórica el futuro de la presidenta, obligada a dejar el poder por imperativo constitucional ya que no puede repetir mandato, ha construido –a diferencia del menemismo– un poder real con base en La Cámpora que pervivirá y convivirá con el próximo presidente. Si este es Daniel Scioli, un neoliberal cooptado por el kirchnerismo, influirá desde dentro. Si el próximo octubre gana las elecciones Mauricio Macri, un neoliberal de pura cepa, la acción será desde el Congreso y la calle.

Carlos Menem tenía a las capas medias prisioneras

de un modelo basado en un dólar bajo y una capacidad de deuda ilimitada; el carné de afiliación a su proyecto era la tarjeta de crédito. El kirchnerismo no es un contrato de consumo sino una idea de convivencia que ofrece inclusión social. kirchnerismo La dinámica de subsistencia del modelo acarrea corrupción, contradicciones e incluso traiciones al propio sistema que intenta construir. Este es el perfil incorregible del peronismo.

Laura Di Marco, autora de Cristina Fernández: La verdadera historia, una biografía no autorizada y aunque altamente crítica, describe a la presidenta como “la figura más controvertida, atractiva y polémica que surgió en la Argentina en los últimos 50 años, después de Eva Perón”. No es poco. Pero es bastante para especular con su regreso. Porque el tiempo, también incorregible, al entender de Borges, es circular. O al menos así lo imaginaba al afirmar que “regresaba eternamente al Eterno Retorno”. Y Cristina Fernández de Kirchner no piensa más que en ello ya que si pudiera ser “papisa” tal vez se pondría otra meta.

El candidato kirchnerista a las las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Daniel Scioli, celebró su victoria en los comicios, según los primeros resultados oficiales, y se comprometió a poner "todo el empeño" para convencer a los que no le han votado, informó Europa Press.

Con un 33% de los votos escrutados, Scioli obtuvo el 36,6% de los votos, con lo que obtendría una victoria que ya habían anunciado las encuestas a pie de urna. En segundo lugar queda Mauricio Macri, que se presenta por la coalición Cambiemos.

"Aunque buscaron sembrar odio, hoy el pueblo fue a votar a favor de estos sólidos cimientos", afirmó Scioli cuando los resultados parciales le daban una ventaja de doce puntos porcentuales frente a Macri, informó el diario La Nación.

El candidato del Frente para la Victoria (FpV) subió al escenario la pasada la medianoche (hora local) con su mujer, Patricia Alsua, para celebrar unos resultados parciales aunque reconociendo que quedaban por escrutar buena parte de los resultados, que están sufriendo retrasos debido al mal tiempo.

"Jornada ejemplar"

"Sin escrutar todavía la mayoría de los votos, estando doce puntos arriba de Mauricio Macri y a veinte puntos de Sergio Massa, es el momento que queremos junto a mi compañero Carlos Zannini agradecer a los argentinos por esta jornada democrática ejemplar que, a pesar de las inclemencias del tiempo, transcurrieron con total normalidad", afirmó Scioli.

"A los que nos votaron todo nuestro agradecimiento, y a los que no nos votaron que sepan que vamos a poner todo el empeño para convencerlos y ganar voluntades", subrayó el candidato oficialista en su discurso.

Dedicado a Néstor Kirchner

Scioli también dedicó unas palabras al expresidente Néstor Kirchner y a su mujer y actual presidenta, Cristina Fernández. "Argentina ha encontrado un camino y es evidente que con este resultado hay una clara voluntad de seguir avanzando", afirmó.

Por último, Scioli aseguró recibir su triunfo con "mucha humildad y mucha responsabilidad". Es necesario seguir sobre estas bases sólidas, no la marcha atrás, no el ajuste. Aunque me digan que peco de optimista hoy tengo más fe y esperanza que nunca", dijo.

La empresa Belfast Link, investigada por la Agencia Tributaria por posible blanqueo en España de 458 millones de euros, fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, según consta en un informe de 1 de junio sobre la Operación Arganda del Rey elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, que ha sido remitido al juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Y según la documentación aportada por el diario argentino La Nación, estos dos empresarios están detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el actual vicepresidente del Gobierno argentino, Amado Boudou.

El documento de Hacienda explica sobre Castagno Schickendantz: "Al ser preguntado por la participación de una empresa creada por él en un presunto caso de lavado de dinero (artículo publicado en La Nación el 24/03/2012), manifestó: "No tengo relación jamás con el cliente". En la misma entrevista dice: "Armamos sociedades y las vendemos sin movimientos".

La firma Dusbel fue la que inyectó una parte del dinero utilizado por el ciudadano argentino Alejandro Vandenbroele, considerado el presunto testaferro del vicepresidente, en la Compañía de Valores Sudamericana (que antes se llamaba Ciccone), y que se encargaba de imprimir los billetes de 100 pesos argentinos.

Procesado en Argentina

En Argentina, Vandenbroele está procesado junto a Boudou por el conocido como caso Ciccone, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Argentina. De hecho, Boudou se ha convertido en el primer vicepresidente de la historia de este país sudamericano en ser encausado estando en funciones.

El número dos de Cristina Fernández de Kirchner está imputado por los delitos de sobornos y tráficos de influencias, por lo que afronta una posible condena de hasta seis años de cárcel.

Tal y como publicaron los medios de comunicación argentinos, la justicia de este país considera que hay indicios suficientes de que Boudou, en 2010, cuando era ministro de Economía, se apropió del 70% de las acciones de una empresa que iba a la quiebra, la imprenta Ciccone Calcográfica.

La familia Ciccone era la concesionaria del monopolio de la impresión de moneda, matrículas y bonos para el Estado. Y ante la quiebra acudieron al Ministerio de Economía en busca de ayuda.

Boudou, según el juez, aceptó reunirse y delegó las negociaciones en su amigo y socio, José María Núñez Carmona. La instrucción ha determinado que a cambio de dádivas, los Ciccone debían ceder la empresa a Boudou y poner al frente a un testaferro del vicepresidente, que según el magistrado sería Vandenbroele.

Beneficio de 30 millones

Fue entonces cuando las empresas The Old Found y Dusbel arrendaron la imprenta. Y el testaferro Vandenbroele se hizo con las riendas de la misma. La Casa de la Moneda argentina, por instrucciones del ministro Boudou, según el juez, contrató a la empresa Ciccone controlada por The Old Found la impresión de los billetes de 100 pesos, un negocio que según el diario El Mundo le pudo haber reportado un beneficio de alrededor de 30 millones.

La exmujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, explicó al juez que su marido le confesó en 2009 que había empezado a trabajar con Boudou: "Me dijo que estaba haciendo cosas fraudulentas con él, que se iba a quedar con dinero que no era de él". "Mi esposo –destapó– es testaferro de Boudou, él trabaja directamente para el Gobierno".

El diario La Nación explica que Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, los empresarios que ahora aparecen en Gürtel en relación con Belfast Link, figuran vinculados a una veintena de sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos veinte años en Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Y en el caso de Castagno Schickendantz, a ocho empresas identificadas en un informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los diputados nacionales argentinos Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con ambos ciudadanos uruguayos sin éxito. Ambos se publicitan en internet como los responsables de la asesoría Pereira y Castagno, un estudio contable dedicado, desde 1997, a la constitución, venta, reforma y disolución de sociedades anónimas.

Un millón desde Suiza

Además, tal y como publicó este diario tras contactar de forma telefónica con el abogado argentino Jorge Vitale, otra de las vinculaciones entre el caso del corrupción del vicepresidente argentino y la trama de Bárcenas sería la empresa P.T. Bex Bursátil, que según un informe de la Policía Judicial española del 19 de febrero recibió un millón desde una de las cuentas suizas del extesorero del PP Luis Bárcenas en las que llegó a tener 48 millones.

La transferencia de este dinero de Bárcenas se produjo el 12 de marzo de 2009, un mes después de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención del presunto cerebro de la red, Francisco Correa. Pero el dinero fue devuelto, explica la Policía, que constata que los fondos acabaron en una cuenta de la sociedad Brixco en Estados Unidos. Esta última firma es propiedad del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, que también está imputado en el caso Gürtel.

Pero infoLibre ha tenido acceso a las transferencias realizadas desde España hasta Sudamérica de las cuentas de la firma Belfast Link. Y según las mismas, 12,2 millones de dólares fueron enviados con destino a P.T. Bex Bursátil, que no han sido bloqueados.

Precisamente, esta redacción informó de que el caso Gürtel había logrado destapar un sistema de envío masivo de dinero desde España a Argentina que burlaba la conversión obligatoria de las divisas extranjeras en Argentina, vigente hasta 2011. Esta forma de enviar el dinero a Buenos Aires utilizaba como intermediarias la empresas de los mencionados testaferros uruguayos, Belfast Link, y la agencia de viajes Eves, que según sostiene la Agencia Tributaria en un primer informe de 18 de julio de 2013, podrían estar blanqueando dinero en España: "La utilización de estas cuentas puede encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo, debiendo también tenerse en cuenta los altísimos importes [458 millones de euros] de los movimientos de las cuentas a que antes se ha hecho referencia”, especifica Hacienda.

El modus operandi descubierto por infoLibre se iniciaba en España con la transferencia de dinero a una de las cuentas de la firma uruguaya Belfast Link en el Banco Pastor (hoy Banco Popular) de A Coruña u Oviedo. Unas horas después los clientes ya podían recoger en la agencia de viajes Eves, en Buenos Aires, el dinero en dólares. De forma habitual la compañía no emitía comprobantes de estas operacionesno emitía comprobantes, en las que ha puesto el foco la Hacienda española. Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron a infoLibre esta forma de actuar, de la que también se beneficiaron otras instituciones oficiales españolas en Argentina.

En concreto, el 24 de junio de 2008 la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) utilizó los servicios de Belfast Link porque según estas fuentes no disponía de cuentas en Argentina, sino en Uruguay. Y no tenía una cuenta en Argentina por la excesiva regulación del mercado cambiario de este país. Este es el motivo por el que las transferencias se hacían directamente a través de compañías financieras como Belfast Link y no de un banco. Pero esta forma de enviar el dinero, que era más rápida que la vía bancaria, tenía un problema: las compañías no emitían comprobantes.

Problemas judiciales en la empresa Eves

Pero no solo los creadores de Belfast Link han tenido problemas con la justicia. Según el informe de la Agencia Tributaria, la otra firma vinculada al millonario fraude, EVES S.A, ha visto como su presidente hasta noviembre de 2012, Manuel Roel, cesó de su puesto tras ser procesado por justicia de Argentina por una presunta estafa millonaria tras captar fondos de particulares con la promesa de inversiones en el extranjero con altos rendimientos.

Según publicó la prensa argentina, Roel supuestamente utilizó la empresa que dirigía para enviar dinero al exterior. También se dice que fue sustituido en su puesto por Walter Hernández, quien hasta entonces había sido vicepresidente de la compañía.

El propio informe especifica que el 1 de noviembre de 2012 se publicó en la página web www.gaceta mercantil.com que la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal resolvió procesar al presidente de la empresa de turismo EVES, Manuel Roel, por su presunta participación en una estafa por una suma millonaria. Según dicha publicación, actuaba en connivencia con dos integrantes de una "empresa fantasma" captando fondos de particulares para invertir en el exterior con la promesa de altos rendimientos.

La presidenta argentina

Este miércoles infoLibre publicó una información en la que apuntaba que entre los destinatarios de las transferencias de Belfast Link aparecían nombres que coinciden con personalidades de la vida pública citadas en informaciones periodísticas en internet. Como por ejemplo es el caso de Francisco Macri, Víctor Composto, Vanesa Garimaldi, José Carlos Amil López, Adolfo Pittaluga Shaw, Pablo Medrano y Florencio Aldrey Iglesias. Ante la falta de parte de la documentación reclamada por el juez Pablo Ruz, como por ejemplo el NIF de los beneficiarios, es posible determinar si se trata de las personas que aparecen en los medios de comunicación argentinos y uruguayos.

De confirmarse la coincidencia, se trataría de empresarios y familiares relacionados con el actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri; y con la presidencia de Argentina, como por ejemplo es el caso de José Carlos Amil López, que el diario Clarín relaciona con el caso Hotesur sobre la venta de un hotel a la familia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Al día siguiente de las elecciones de marzo de 2004, sin esperar a que José Luis Rodríguez Zapatero asumiera su cargo, el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, desató una ofensiva para deponer al CEO de Repsol YPF: “Si no dejáis cambiar a Cortina, sabiendo que nosotros los accionistas queremos, estáis siendo intervencionistas”. Zapatero dedujo que el plan tenía el visto bueno de Argentina. No era prudente forcejear con Néstor Kirchner. Meses después, el 27 de octubre, Antonio Brufau recibió el mando de la petrolera, despidiéndose de La Caixa con una pensión de 22,5 millones de euros. Alfonso Cortina cruzó el puente de plata hasta la dirección de Inmobiliaria Colonial, una rama del banco catalán.

En sus Recuerdos (2013), Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009, recapitula los hechos: “La operación suscitó de inmediato todo tipo de especulaciones. En parte, impulsadas desde el nacionalismo catalán, que no ocultó su entusiasmo ante lo que calificaba como 'puñetazo en la mesa' de La Caixa, que catapultaba a un empresario catalán, Antonio Brufau, a la cúspide de una de las grandes multinacionales españolas, y así a gravitar el poder empresarial un poco más hacia Cataluña”. Y añade que la maniobra “contaba claramente con el aliento del mundo político catalán… empeñado en ganar relevancia en el ámbito empresarial para reequilibrar a favor de Cataluña, lo que, desde la óptica nacionalista, se consideraba el centralismo económico imperante”.

Los canales de comunicación entre Fainé y Argentina se afinaron con la venida del embajador Carlos Bettini, en agosto de 2004. El diplomático, que no lo había sido antes en ningún otro país, era una de las personas que hablaba al oído de Néstor Kirchner. Un analista afirma que, “frente a la complejidad de Argentina, el grupo de Fainé y Brufau abusó de su catalanidad como declaración de intenciones”. Desde este punto de vista, “renunciaron a su soberanía moral, porque los problemas con su antecesor debían de resolverse en casa, en Madrid o en Catalunya, no delante de Kirchner”. El presidente argentino, un animal político antediluviano, caló a sus nuevos socios. Supo desde ese momento que se representaban a sí mismos; cumplían el código peronista: la palabra “pacto” está en la letra A de su diccionario. Al poco tiempo, Brufau no dudó en renunciar a su perfil catalán, adaptándose al estereotipo argentino que ve un gallego en cualquier español. Antoni se convirtió en “don Antonio”.

Néstor Kirchner y su esposa apoyaron a Carlos Menem para privatizar YPF a comienzos de los noventa. Más que por ideología —maldecida en el discurso, avalada en la práctica—, el gobernador y la senadora de Santa Cruz lo secundaron porque Menem fue hábil ahorrándose obstáculos: prometió un desembolso millonario a las provincias que tuvieran petróleo. ¿El concepto? Pago de regalías atrasadas. Kirchner declaró en mayo de 2002 que obtuvo 527 millones de dólares entre bonos y efectivo. “Prefiero preservarlos hasta que se aclare esta tremenda crisis nacional”, dijo, y la suma entró en una zona gris. Se sabe que ese dinero jamás fue “pesificado”, que fue a parar a Suiza y a Luxemburgo, y que fue repatriado a Argentina en cantidades imprecisas hasta 2008. La justicia archivó el caso. Brufau sabía que Kirchner vendió a Alfonso Cortina, en 1999, el 5% de las acciones de Santa Cruz en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Los Kirchner están ligados al fiasco de Repsol-YPF desde el comienzo.

La época que va de finales de 2004 hasta el invierno austral de 2007 es irresponsablemente apacible para Antonio Brufau. Una semana al mes, atravesaba el Atlántico en —la para él fatigosa y denigrante— clase business, visitaba sus posesiones y se dedicaba a hacer vida social en los círculos de poder. Casi siempre lo acompañaba Roser Penella, su esposa. Compró un piso enorme en La Recoleta, en la avenida más afrancesada de Buenos Aires. Gracias a una agresiva y dispendiosa estrategia de marketing, era aclamado por la prensa; el establishment lo trataba como uno de los suyos. Encarnaba una especie de diplomacia alternativa a la oficial en territorio argentino. Miraba sobre el hombro a embajadores y cónsules españoles, y no se dignaba a mezclarse con los pequeños empresarios emigrados de la Península. (Como si se tratase de una revancha involuntaria del gremio, el día de la expropiación de YPF, el embajador español Román Oyarzun, se encontraba de vacaciones en Nueva York).

Por el peso de YPF en la cuenta de resultados de Repsol, Brufau fijó en Buenos Aires la capital de su patrimonio latinoamericano. Se fiaba más de un político propenso al regateo, como Néstor Kirchner, que de un ex militar impredecible como Hugo Chávez. En Bolivia, donde también goza de recursos energéticos, se acentuaban la ingobernabilidad y la crisis económica. Antes de renunciar en junio de 2005, como su predecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente Carlos Mesa convocó  un referéndum que, al cabo de varios muertos, se pronunció a favor de que el Estado recuperara la propiedad del gas. Una reivindicación popular en la que Caracas iba a aplicarse mediante la Ley de Hidrocarburos de 2001. A lo largo de la década, la Revolución bolivariana obligó a las corporaciones extranjeras a crear sociedades con la participación de Petróleos de Venezuela S.A.

El pacto Kirchner-Brufau-Eskenazi

Antonio Brufau celebró su primer aniversario en Repsol-YPF acumulando querellas. Varios inversionistas lo acusaron de haber mentido acerca de sus reservas bolivianas y venezolanas para “inflar artificialmente” el valor de las acciones, que bajaron en la bolsa un 7,6%. La reducción de su almacenaje fue del 25%, un perjuicio traducible en 1.254 millones de barriles menos. En ese contexto político, Argentina era el elemento que oxigenaba la maquinaria industrial de Brufau y, de paso, confería la influencia de Néstor Kirchner sobre sus pares latinoamericanos. Según recuerda un ex funcionario español, “los Kirchner y Brufau estaban a partir un piñón”. Al idilio no lo interrumpía ninguna nube gris o pájaro de mal agüero. Brufau defendía la línea política argentina. De regreso a Madrid se comportaba como su segundo embajador, un “hombre K” en misión permanente. Ante los mercados, en calidad de CEO de una multinacional asentada en treinta y tres países, intercedió como su “gran valedor”. La Casa Rosada lo agradecía dándole alas. Por ahora, bajaba la cabeza ante las salvajemente asimétricas columnas de dividendos y de inversiones.

Así fue perdiendo la perspectiva. Brufau dejó de pisar la tierra y se elevó por encima de España, de la compañía y de los accionistas que pagaban su salario de potentado. En el límite de su vanidad supuso que le estaba ganando la mano de póquer a Kirchner, un tahúr invicto. Como no había nada más productivo que hacer, Brufau lanzó su segunda OPA; esta vez contra Endesa, en septiembre de 2005, y también fracasó. Fuera del Upstream petrolero, que debería de ser su prioridad, “Brufau estaba tan enfermizamente obsesionado buscando enemigos en España —recuerda el ex funcionario—, que no se esperó el golpe de Argentina”.

El directivo, al que Josep Vilarasau calificó de “fuera de serie", supo lidiar con los impuestos a las exportaciones, y con las “retenciones móviles” si el barril de petróleo superaba los 35 dólares. No lo perturbó la congelación de precios, su descenso o subida según lo apremiara el Gobierno. Brufau consintió la intromisión de Kirchner porque era consciente de que Repsol-YPF se movía por lo vendido en Argentina y por lo exportado desde allá. Diariamente extraían 1,2 millones de barriles. Con esas mismas reglas de juego, inconstantes y perniciosas, Alfonso Cortina multiplicó por tres los beneficios de la compañía y por cinco sus ingresos totales.

El vuelco que inquietó a Brufau fue la jugada maestra de Néstor Kirchner: teniendo derecho a un segundo mandato, y bastante gancho electoral para repetir, “abdicó” a favor de su esposa. Kirchner sabía que si optaba a la reelección inmediata acabaría peor que Menem. “El primer día de mi segunda presidencia tendré menos poder que el último día de la primera”, solía repetir a sus amigos. En consecuencia, Kirchner I delineó una intercalación de períodos con su alter ego y pareja. El plan era tan sagaz que su sucesora transmitía una mezcla de renovación y continuidad; lo mejor: Kirchner II podría renacer socialmente como una Evita. Así que los años que Antonio Brufau permaneciera al frente de Repsol-YPF, no iba a relacionarse con otro poder que no fuera el matrimonio Kirchner.

El 28 de octubre de 2007 se cumplieron los pronósticos. Como su cónyuge arrasó en las urnas, correspondía alejarse de los reflectores. En la sombra, Néstor Kirchner avanzó algunos movimientos en su ajedrez particular. Uno de esos ataques estaba dedicado a Repsol-YPF. Con el arma de la inversión escasa, tenía un negocio que ofrecer a los españoles: concederle el 25% de YPF a un socio argentino. O eso o nacionalizaba. Cierta cláusula no escrita obligó al vendedor a prestarle al comprador la cantidad necesaria para hacerse con las acciones. Este patrocinio —1.269 millones de euros— es el núcleo de una transacción insólita, que incluía una serie de ventajas contractuales.

Con esas prerrogativas, los Eskenazi entraron por la puerta grande, a pesar de que jamás se habían dedicado a la industria del petróleo, ni siquiera en sueños. “Antonio Brufau aceptó —indica una fuente del mercado bursátil argentino—, pero exigió a cambio flujo de caja. Demandó una rentabilidad descomunal para que Enrique Eskenazi y su familia pudieran pagar el préstamo”. Acordaron repartir el 90% de los beneficios anuales. Parados sobre dos centímetros de cristal se echaron sobre los hombros una tonelada de dinero. “No hay empresa, pequeña, mediana o grande, que pueda soportar tal régimen de expolio”, sostiene ese buen conocedor de la operación. El pacto, como dictado por Fausto, traicionó las urgentes y costosas tareas de exploración. “Aquel dineroducto —ironiza la misma fuente— fue la debacle de Respol-YPF y, a la larga, la sentencia de muerte de Brufau”dineroducto.

El banquero de los Kirchner

El socio argentino bendecido por Néstor Kirchner era el ingeniero químico Enrique Eskenazi, nacido en 1925. Antes de su salto a la construcción y a la banca, fue ejecutivo en la emblemática Bunge & Born. A finales de los setenta, su amigo Carlos Alberto Petersen, dueño de Petersen, Thiele & Cruz, tiró la toalla ahogado por las deudas. Eskenazi accedió a reflotar la constructora y se la quedó en 1980. Estableció contactos políticos, lo que puso a su alcance el mundillo de las licitaciones. En 1996, con el favor de Carlos Menem, adquirió el Banco de San Juan. Ese año conoció a Néstor Kirchner, entonces gobernador en Santa Cruz. Gracias a su amistad, compró el banco de esa provincia. El progreso de Eskenazi no registró otro pico hasta que Kirchner ganó la presidencia. En septiembre de 2003, el Grupo Petersen se amplió con el Banco de Santa Fe. Dos años después, fue el turno del Banco de Entre Ríos.

Con Enrique Eskenazi como presidente del Banco de Santa Cruz, la escurridiza cantidad que Néstor Kirchner recibió por las regalías petroleras, dejó de ser una cuenta personal constituyendo un fideicomiso administrado por la entidad santacruceña. Tapadera de la que procede el membrete “banquero de los Kirchner”. ¿Ignoraba estos vínculos Antonio Brufau? ¿O por eso convino que el Grupo Petersen era el colaborador perfecto para seguir rentabilizando YPF?. “A alguien como Brufau —responde un empresario— no se lleva hasta allí si no quiere”.

Enrique Eskenazi prometió supeditar a Antonio Brufau al perfil nestoriano. La misma gente que nunca dejó de susurrarle a Kirchner que Repsol estaba sobreexplotando los yacimientos, y que su ejecutivo estrella era un incompetente que no echaba músculo a la exploración, se sorprendió con el socio elegido. Los ilusos que añoraban el esplendor nacionalista de YPF se quedaron helados. En un negocio donde se juegan miles de millones de dólares al día, nadie entendió que el presidente trajera a un octogenario, lego en hidrocarburos, para reestructurar una petrolera grande y deteriorada. ¿No sabía Kirchner que los Eskenazi eran los últimos de la cola en los que confiar el futuro energético del país? El asombro revirtió en horror cuando el apalancamiento y la apropiación del 90% de las ganancias recalaron en la prensa. ¿Es que Kirchner era un ingenuo? Lo expresa un destacado abogado porteño: “Kirchner sabía lo que hacía: jamás iba a poner en peligro su patrimonio”.

Con la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, Antonio Brufau tuvo dos amos a los que obedecer: la presidenta y su marido, el auténtico poder tras el trono. Ese tango no lo iba a saber bailar. Fernández se estrenó con un problema de protagonismo. Para aquellos que necesitaban favores, o no caer en desgracia, valía más el silencio del ex presidente que una palabra de la presidenta. Gente como Enrique y Sebastián Eskenazi, o como Antonio Brufau, menospreciaban la autoridad de Cristina Fernández. Tenían en cuenta sus palabras con obediencia fingida. “No se lo digás a mi mujer”, pedía Kirchner, después de dar instrucciones en asuntos sensibles para Argentina. La presidenta empezó a hartarse de que el petróleo fuera cuestión masculina.

Cuando los Eskenazi empezaron a defraudarlo, Néstor Kirchner presionó a través de la burocracia estatal y asignó tareas de agitación a las juventudes de 'La Cámpora', un grupo de choque fundado y liderado por el primogénito —Máximo— para la propaganda de sus padres. Esta es la definición que da un periodista argentino: “Son una agencia de empleo: han llenado el Gobierno de amigos y de parientes. Pontifican sobre política y economía alrededor de un mate. Pero ojo: están organizados y hacen mucho, mucho ruido”. Las ideas fijas con las que Kirchner los movilizó son llanas, verídicas: "Repsol no produce, no invierte; está llevándose nuestra plata". El otro blanco era la desidia traidora de la familia Eskenazi. Específicamente Sebastián, al que repelían por yuppie. La Cámpora cinceló esa revancha peronista, y la dramatizó todavía más con la muerte del ex presidente en 2010. De ahí vienen los carteles —“¿Dónde está la producción?”— que aparecieron sistemáticamente en las provincias petrolíferas entre 2011 y 2013.

Según cuenta Luis Majul en El dueño (2009), un libro que repasa los negocios de Néstor Kirchner, éste llamó a Sebastián Eskenazi, nuevo CEO de YPF, pocos días después de la navidad de 2007. “Ahora preparate, porque si no empiezan a invertir, los vamos a hacer mierda”. Dicho y hecho. La falta de inversión era un mantra kirchneriano. Se lo dijo a Brufau en Buenos Aires y en Madrid; se lo repitió a José Luis Rodríguez Zapatero en Viena, en mayo de 2006, y lo refrendó delante de su esposa Cristina en Quinta de Olivos, en noviembre de 2007: “Quiero que Repsol se involucre más, que explore, que invierta. Esto no puede seguir así”.

El giro de los acontecimientos no impidió que Brufau inaugurara la nueva sede de Repsol-YPF a finales de 2008. Una torre de 160 metros de hermoso y brillante acero. 134 millones y, de improviso, su despacho en el piso 32 no sería el único en su especie: compartiría las alturas con Sebastián Eskenazi, un advenedizo. Brufau lo tomó con filosofía financiera y vio en el edificio un homenaje a sus seis décadas de vida. Kirchner vio otra cosa: en la cúspide de la construcción, las letras de Repsol se recostaban, hirientes y perezosas, sobre las de YPF.

Brufau explica el pacto

El rostro de Antonio Brufau es el que tienen los prelados que van a recibir el título de cardenal. La calvicie ha indefinido una cabeza algo combada, pulida por las manchas de sol y por los flashes, de los que es veterano. El pelo, que crece sólo en los lados, refuerza su disfraz de clérigo acostumbrado a los inciensos y a que le besen la mano. La nariz aguileña, caída, como un instrumento falible para oler el petróleo. Usa gafas, o ya no. El poder lo ve todo. Su apariencia la enfatiza un tic: mientras habla, la mano izquierda se eleva y se retuerce como una garra.

Con esa actitud altiva y una voz sofocada, Brufau explicó a sus accionistas lo inexplicable. Lo narra un testigo: “Dijo que había una presión potente y que la única manera de mantenerse en Argentina era dejar entrar a una familia recomendada por el Gobierno. Iban a servir como 'abrepuertas' político”. Al Consejo de Administración lo sedujo el razonamiento y el plazo: “Si una cosa conviene, entre tener el 100% y nada, es preferible quedarse con el 75%. Brufau nos aseguró —sigue contando el testigo— que el pacto sólo iba a durar un año, y que estaba garantizado que el Estado no iba a intervenir o nacionalizar YPF”.

Los Eskenazi eran el precio de la paz con los Kirchner.

Dentro de lo grave hubo algo todavía peor: “Jamás se habló de traspasarles el control técnico de la empresa”. La capacidad de los Eskenazi era la adecuada para una red de bancos provincianos; por tanto, no se esperaba que hicieran el trabajo por el que pagan a Antonio Brufau. De la noche a la mañana, los denominados expertos “en mercados regulares” no sólo absorbían su parte del 90% de las utilidades de YPF, sino que dirigían la petrolera. Como gondoleros gobernando un portaviones.

Brufau dejó que YPF fuera un botín para nepotes. Estos eran los cargos que ocupaban los Eskenazi: Sebastián, vicepresidente ejecutivo y CEO; Enrique, vicepresidente; Matías, director adjunto; y Ezequiel, vicepresidente de la Fundación YPF. Del clan, faltaron únicamente Esteban, que no les habla, y Valeria, que vive a su aire. Hasta el abogado de la familia, Mauro Dacomo, fue nombrado director general de Asuntos Legales de YPF. “No es posible conducir un camión con dos volantes”, le dijo el patriarca Eskenazi a Brufau, y éste, dócil, se hizo a un lado, precipitando el desprestigio de la empresa y el pavoroso déficit operativo.

Continúa una fuente económica argentina: “Este abandono español en los mandos de YPF se exacerba con el relevo de Antonio Gomis Sáenz, que fue director general de Operaciones de YPF hasta 2010, cuando Brufau le da su cargo a los Eskenazi. Gomis Sáenz pasa a ser el 'director de España en Argentina', pero no ocupa más que un 'puesto florero'. En la jerarquía sólo se mantuvo otro español: Tomás García Blanco, director general de Exploración y Producción, desde 2009, porque Brufau quería que alguien cuidara el grifo”.

En diciembre de 2007, con la firma de un acuerdo de intenciones, Petersen Energía obligaba a Repsol-YPF a formalizar, en los siguientes dos meses, un contrato de compraventa para la adquisición del 14,9% de su capital. Librándose de la OPA de rigor, los Eskenazi pagaron 2.235 millones de dólares. Para ajustar metieron la mano en el bolsillo del comprador: Repsol-YPF les concedió un préstamo de 785 millones de euros. “Mirá si habrá sido contra natura ese acuerdo —señala un economista argentino— que los Eskenazi, con la primera participación del 14,9%, manejan todo”.

En febrero de 2008, Repsol y Petersen Energía, suscribieron otros dos acuerdos adicionales, por los que, dentro de un periodo máximo de cuatro años, Petersen Energía podía comprar las participaciones restantes del 0,1% y del 10% de YPF. Nueve meses después, los Eskenazi ejercieron la primera de las opciones de compra por el 0,1% a un costo de 13 millones de dólares. La segunda se llevó a cabo en mayo de 2011, con la adquisición de 39.331.279 acciones, que equivalían al 10%. El precio de venta fue de 1.302 millones de dólares, una cantidad cubierta en parte por un segundo préstamo de Repsol-YPF, que transfirió a su comprador 484 millones de euros.

Antonio Brufau, presidente de Repsol, en el despacho del entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, el 13 de diciembre de 2005 | EFE

A la par que suministraba liquidez, el pacto exigía a Brufau servir de fiador ante los bancos. En junio de 2008, el Banco Santander otorgó un crédito de 198 millones de dólares a Petersen Inversora. Curiosamente, las sociedades anónimas que el Grupo Petersen involucró en estas operaciones tenían sede en Madrid y formaban parte de un conglomerado australiano.

Es verdad que el mecanismo de compra utilizado está inscrito en la práctica comercial. Se llama Vendor's Loan o “préstamo del vendedor”, y ha sido mencionado varias veces por los beneficiarios del pacto. El problema que deslegitima la invocación de esta fórmula radica en la marca política del acuerdo, en la magnitud de la suma y en el tipo de industria en el que se aplicó. Si bien un vendedor puede prestar dinero al comprador para que consiga un producto o una propiedad suya, con o sin intereses, incluso regalándoselo, es completamente sui generis que ocurra en un campo donde deben predominar los intereses nacionales.sui generis Por ese motivo, la connivencia y la simulación son los rasgos que sellan la financiación del Grupo Petersen por parte de Repsol-YPF.

“Kirchner nos presionó para que tengamos a alguien suyo en YPF. Era necesario hacerlo, porque de lo contrario nos expropian”. Son las palabras de Brufau que resuenan en los oídos de nuestro testigo. “Dijo que Enrique Eskenazi era amigo”. Con tono de broma, pero muy en serio, los mexicanos y los constructores le recomendaron: “Pues pon 4 ó 5 amigos más, Antonio, porque en Argentina éste es amigo hoy, pero mañana seguro se pelean”. La sugerencia acabó siendo profética: en la escala de cariños, que es paralela a los negocios, Eskenazi e hijos acabaron reemplazados por Cristóbal López, otro empresario K. “El kirchnerismo es un elemento básicamente inestable —escribió Martín Caparrós—: se prende fuego fácil al contacto con el agua o el aire. La lista de sus enemigos es, caso por caso, la lista de sus ex aliados”.

Un CEO que vende perros y compra gatos

A pesar del traspié mayúsculo, el CEO de Repsol-YPF estaba satisfecho, como si los Eskenazi hubieran salido de la sala de máquinas de ExxonMobile; o como si la fortuna que les confió fuera a centuplicarse en un abrir y cerrar de ojos. Para Brufau, es ley del mercado venderle-prestando-al comprador. No será la última vez que haga un lance anómalo como presidente de Repsol. Veamos cómo ilustra un empresario español lo que podríamos designar el “estilo de negocios Brufau”: “Es el hombre que logra vender a su perro por 2 millones de euros, y cuando le preguntas qué hizo con tanto dinero, te contesta, muy orgulloso: 'Pues comprarme una ganga, un gato de 2 millones de euros'. Ese es Brufau”. Entregue perro o gato, Antonio Brufau cuenta con el apoyo total de su Consejo de Administración. Ha sabido sentarse al mismo tiempo en la silla del presidente ejecutivo, en la silla del presidente de la Comisión Delegada y en la silla del presidente de la Fundación Repsol. Este poder le da margen para ser arrogante, equivocarse y mecerse entre los aplausos. Es tan bueno que la compañía le compró en 2009 un jet privado Gulfstream G5. Los magníficos negocios que cierra Brufau valen esos 40 millones de euros.

Fuera de los consejeros dominicales que representan a CaixaBank, Pemex, Sacyr y Temasek, estas son las personas responsables de refrendar las decisiones de Brufau. (Por supuesto, escogidas y promovidas por él):

2 consejeros del PSOE:

Paulina Beato, con 264.891 euros anuales, ex consejera de Mario Conde en Banesto y esposa de Julio Viñuela, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama —Certasa—, entre 2004 y 2012, gracias a su íntimo amigo Pedro Solbes; y Luis Carlos Croissier, con 220.743 euros anuales, ex ministro de Industria y Energía en el segundo gobierno de Felipe González, y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 1988 y 1996.

2 consejeros catalanes: Artur Carulla, con 397.337 euros anuales, presidente del grupo familiar Agrolimen; y la notaria María Isabel Gabarró, con 264.891 euros anuales.

2 consejeros vascos: Javier Echenique Landiribar, con 441.486 euros anuales, ex director general del Grupo BBVA, es vicepresidente del Banco de Sabadell y Consejero de Telefónica México, entre otros cargos; y Mario Fernández Pelaz, con 220.743 euros anuales, ex vicelehendakari del Gobierno Vasco, presidente del BBK y presidente ejecutivo del Kutxabank.

Y 2 consejeros surgidos de la pura amistad: el primero, Ángel Durández, con 264.891 euros anuales, empezó su carrera en Arthur Andersen en 1965; fue nombrado socio director en Barcelona, en 1976. Allí fue jefe de Antonio Brufau. En el epílogo de El legado de Arthur Andersen (2009), de Carmelo Canales y Francisco López, se jacta de que uno de los valores transmitidos por aquella empresa era la meritocracia: “nepotismo cero”, afirma. Dentro de Repsol se hace cargo de su especialidad: la Comisión de Auditoría y Control. El segundo es un francés nacionalizado brasileño, Henri Philippe Reichstul, con un sueldo anual de 353.188. De todos los consejeros independientes, este ex presidente de Petrobrás es el único que tiene experiencia en la industria energética.

No hay ningún consejero que provenga de las filas del Partido Popular. Algo extraño porque a Antonio Brufau, como un tiburón que nada en todas las aguas, le gusta congraciarse con el poder de turno. Sólo un ejemplo: en junio de 2007, Jesús Fernández de la Vega se jubiló como Director General de Recursos Humanos de Repsol-YPF, puesto que ocupó durante más de veinte años. Y lo hizo con una pensión de 10,9 millones de euros. Al año siguiente, Antonio Brufau lo fichó para presidir la Fundación Repsol. “Sin duda lo hizo como un gesto hacia María Teresa Fernández de la Vega”, asegura un funcionario de la época socialista. “Era ella la que preparaba las Cumbres Iberoamericanas”. En verano, mientras la mayoría de sus compañeros de gabinete tomaban vacaciones, la entonces vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, viajaba para afianzar lazos con los presidentes de América Latina. Cuando estalló el escándalo, el equipo de Zapatero presionó para que el hermano de Fernández de la Vega dimitiera.

El Consejo de Administración de Antonio Brufau está hecho a la medida de sus decisiones. Los 2,428 millones de euros que cuesta su unanimidad al año, y el reparto del 1,5% del beneficio neto de la compañía, vigente hasta junio de 2013, lo preservan de críticas y disensos. Esa subordinación revela por qué se aprobó el pacto con Néstor Kirchner y los Esquenazi, y por qué si pretendía conservar el lucro de las reservas argentinas —imprescindibles para la contabilidad general—, permitieron que Brufau pusiera en marcha un plan de desinversión. En teoría, el propósito de esta oferta pública de venta era aligerar la participación de Repsol en YPF y reequilibrar su cartera de activos. Por su propio carácter bursátil, resultó estridente para la hipersensibilidad argentina. Fue el mecanismo escogido por Brufau para no perder raiting, y acabó desafiando a la Casa Rosada. La recaudación de capital no servía para buscar hidrocarburos en territorio argentino, pero sí para amortizar la deuda de la petrolera y mantener los abultados salarios de su directiva.

El aterrizaje de los Hedge Funds

A lo largo de 2010, Repsol-YPF vendió un 0,97% de las acciones de YPF por 105 millones de euros. El 23 de diciembre de 2010, Eton Park Capital Management compró un 1,63%. Capital Guardian Truts Company y Capital International, Inc. adquirieron otro 1,63%. Con los dos intercambios, Repsol-YPF facturó 384 millones de euros. El 14 de marzo de 2011, Repsol traspasó a Lazard Asset Management un 2,9% del capital social de YPF. Otros inversores se quedaron con un 0,93%. La caja registradora siguió sonando: 446 millones de euros. Ese mes, mediante una oferta pública de venta y por un valor de 862 millones de euros, se entregó un 7,67% de la empresa.

Si las acciones de YPF estaban por los suelos y se percibía que la compañía estaba mal gestionada, ¿qué estaban comprando los astutos Hedge Funds? Un experto en bolsa lo explica: “Al quedarse con esos porcentajes de utilidades, estaban sustrayendo flujo de caja, es decir, la parte más jugosa del acuerdo por el 90% de los beneficios. Y lo hacen sabidos [sic] de que el dividendo que paga esa compañía es monumental, mientras dure la fiesta”.

La presencia de los fondos de alto riesgo en el corazón de YPF enrareció el ambiente. La gobernanta argentina fue informada de que Antonio Brufau había iniciado una operación gradual de salida. Estaba troceando la petrolera sin su autorización. El comportamiento del CEO español fue interpretado como una prueba de deslealtad. Estaba en la disposición de invertir 46 millones de euros (junio de 2011) en derechos de promoción en tres parques eólicos en la costa escocesa, pero en Argentina no mostraba el mismo entusiasmo emprendedor. Hubo quienes entendieron este despliegue operativo como una estrategia financiera, de las que Brufau era asiduo, y hubo quienes se limitaron a añadir este gesto a su lista de agravios.

La osadía de Antonio Brufau estaba relacionada con la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida, súbitamente, el 27 de octubre de 2010. “Con él, había muerto el único garante del pacto entre Brufau y los Eskenazi”, dice un abogado argentino. Sobraban los motivos para que Brufau estuviera preocupado. O quizá la aflicción no fuera tan desconsolada como pensamos. En algún momento, la mentalidad especulativa de Brufau, inclinada siempre a tiburonear, contempló una ganancia marginal: con la desaparición del actor que más ejercía coacción sobre él, la agonía de su casta era factible. Y mientras llegaba la ruina del kirchnerismo, la viuda sería una figura dolida y desorientada que se prestaba a la manipulación. Si no estaba dispuesta a transigir, no daría la guerra que su difunto esposo. Brufau ya no se sentía obligado a rendir cuentas ante los Kirchner. Era el escenario perfecto en el que prescribían todos los pactos.

Pero Cristina Fernández tenía una cabeza propia y el deseo de tomar las riendas. “Muerto Néstor —vuelve a repasar la misma fuente—, la figura del hijo crece muchísimo en el entorno familiar. La madre, entrada en sus sesentas, encuentra en Máximo su apoyo psicológico más fuerte”. Desde su tumba, y a través de La Cámpora, Néstor Kirchner iba a romper con Brufau y los EskenaziLa Cámpora. Como ninguno cumplió su promesa de invertir con el mismo brío que sacaban tajada, debían de pagaran las consecuencias.

Hasta ese punto de quiebre, Antonio Brufau había corrido con suerte. El primer año de mandato de Fernández de Kirchner fue sacudido por un lockout patronal, en protesta por el aumento de las retenciones a la exportación de soja y de girasol. Entre marzo y julio de 2008, la mirada del Gobierno no abarcaba otra cosa que no fuera el diálogo con el sector agroganadero y la sucesiva reparación de los daños. Al irrumpir la crisis financiera, Brufau se convirtió en un refuerzo esencial para que los argentinos mantuvieran a raya a sus acreedores. Lo mismo ocurrió en España, donde los aportes de Repsol-YPF al Ibex-35 rayaban en el maná bíblico.

Incluso Hugo Chávez respetaba a Brufau. O no. En Madrid le preguntó delante de los periodistas (El País: 12/09/09): “¿Qué vamos a hacer con tanto gas?” “Alguna utilidad le encontraremos”, respondió Brufau. El encuentro destacó porque, a los pocos minutos, el presidente venezolano llevó al CEO de Repsol-YPF de copiloto camino al aeropuerto de Barajas. Sin embargo, hay una parte de la conversación en la que Chávez sacó el tema de Termobarranca, una planta eléctrica y de gas. El activo, ubicado en Barinas (Venezuela), pertenecía a Repsol-YPF desde 2001. Brufau se limitó a referir que la “venta” se trataba de un proyecto hecho “de común acuerdo”. Era una nacionalización de libro y cuajaría en febrero de 2010, cuando la empresa española entregó la licencia de exploración y explotación a PDVSA. El informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas de 2011, anota en tono críptico: “Como consecuencia de esta venta se dieron de baja 132 millones de euros”. Y Chávez que le había dicho: “¿Te das cuenta? No somos tan diablos”.

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Mañana, capítulo 2: 'La historia no contada del desplante a Lukoil'capítulo 2

La palabra vergüenza es la que pronuncia en más ocasiones Baltasar Garzón vergüenza en el curso de una entrevista telefónica con infoLibre a propósito de la orden de detención dictada por una juez argentina contra dos expolicías, un exescolta de Franco y un exguardia civil, acusados de torturas durante la dictadura (1939-1975). El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional abrió el procedimiento para resolver el tema de los alrededor de 150.000 desaparecidos durante el franquismo y fue posteriormente inhabilitado y expulsado de la carrera judicial.

Confiado en que, en breve plazo, “la ONU hará un informe negativo de la actitud de España y de su Gobierno por el desamparo de las víctimas”, Garzón impulsa desde su fundación que se cree una Comisión de la Verdad, al igual que se hizo en muchos otros países que sufrieron dictaduras o crímenes de lesa humanidad.

“Es muy triste y frustrante como ciudadano y como jurista”, señala Garzón, “que tenga que ser la Justicia argentina quien abra finalmente ese procedimiento para resolver el tema de las víctimas del franquismo. Al mismo tiempo, hay que darle la enhorabuena a la Justicia argentina por no haber optado por el sectarismo de dar carpetazo al asunto, como hizo el Tribunal Supremo español. Mi intención, pues, no resultaba tan descabellada cuando ahora una magistrada argentina, María Servini de Cubría, califica esos crímenes de lesa humanidad”.

Una y otra vez, el jurista se refiere al desamparo de las víctimas, a los familiares que no han podido saber dónde yacen sus antepasados o que no han podido exhumar sus cuerpos, a pesar del tiempo transcurrido. De hecho, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y de incitar a los poderes públicos a actuar, la Fundación Baltasar Garzón presentó el pasado viernes un vídeo de cuatro minutos de duración que muestra el problema desde la perspectiva de un desaparecido anónimo.

La ley de 2007, el único intento, pero "corto"

“La decisión de la jueza argentina”, aclara Garzón, “significa un pequeño gran paso porque abre la puerta a la calificación de los crímenes del franquismo como de lesa humanidad. Aquí radica su importancia. Se trata de una asignatura pendiente de la Transición y de la consolidación democrática porque es inaudito que haya 150.000 desaparecidos en España. La mayoría de la clase política ha aceptado esta situación a lo largo de los años y no ha mostrado el más mínimo interés por remediarla, por ordenar los archivos o por favorecer las exhumaciones”.

En opinión del jurista, las asociaciones de los familiares de las víctimas y de la memoria histórica, han desplegado un esfuerzo titánico que no se ha visto correspondido por las autoridades. “El único intento”, comenta, “fue la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, pero se quedó corta y sus aspiraciones eran tímidas. Hoy en día, con un Gobierno del PP en el poder, las escasas posibilidades de aquella ley están bloqueadas. Sólo algunos jueces han impulsado ese proceso de amparo de las víctimas y resulta vergonzoso que sea así. Todavía llama más la atención cuando los organismos internacionales han animado a España a abordar ese problema”.

A partir del día 23 de septiembre el grupo de trabajo de la ONU de desapariciones forzadas e involuntarias visitará España para elaborar un informe y para ayudar a los familiares a conocer los paraderos de sus antepasados. Este grupo de la ONU subrayó, en su informe anual de 2012, que España debe investigar las desapariciones del franquismo porque “el destino de las víctimas sigue sin esclarecerse”. A juicio de Garzón, “esta visita dinamizará el proceso y España deberá someterse a un examen en la ONU en noviembre sobre este tema”.

"Lo que se pide es justicia, y no revanchismo"

El exjuez español, que se encuentra estos días en Buenos Aires, recalca que ahora se ha producido el camino inverso a su apertura de una causa contra los crímenes de la dictadura argentina (1976-1982) que se desbloqueó con el acceso al poder del presidente Néstor Kirchner. “Cuando llegue la orden de detención de los cuatro presuntos torturadores del franquismo”, explica Garzón, “han de comparecer ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional para ser extraditados a Argentina. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, les resultará muy difícil no cooperar con la Justicia argentina. O bien tendrá que abrirse un procedimiento por esa causa en España para solventar el tema que es la otra posibilidad”.

Los cuatro reclamados por la juez argentina María Servini de Cubría son el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar; el exescolta del dictador Francisco Franco, Celso Galván Abascal; el excomisario José Ignacio Giralte González; y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y tristemente famoso entre muchos antifranquistas por sus torturas en las comisarías. Las víctimas del franquismo que acudieron a la Justicia argentina pidieron también la imputación de tres exministros de la dictadura: José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón; Fernando Suárez González y Rodolfo Martín Villa.

Garzón alega no conocer a fondo el procedimiento de la magistrada argentina y desconoce si podrán ser acusados, pero remarca de nuevo que lo más relevante es “la calificación de crímenes de lesa humanidad a los cometidos por el franquismo”. Niega el exmagistrado que exista una intención revanchista y declara con rotundidad: “Lo que se pide es justicia, y no revanchismo y lo que exigimos al Gobierno es que ampare a las víctimas. Ni más ni menos”.

Mujica, que no era consciente de que el micrófono que tenía delante estaba abierto, afirmó este jueves que Fernández es "peor" que su predecesor y marido, Néstor Kirchner. "Esta vieja es peor que el tuerto", fueron sus palabas. Tras la polémica suscitada, el presidente uruguayo advirtió de que no matizará o pedirá perdón porque no habló "públicamente" de Argentina ni de su mandataria. "No voy a recorrer el mundo aclarando nada", ha subrayado.

A última hora de la tarde de este jueves, el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, convocó al embajador uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi, y le hizo entrega de una carta en la que su Ejecutivo expresa su "profundo malestar" por las palabras de Mujica respecto a Néstor Kirchner. En este sentido, el Gobierno argentino considera "inaceptable que comentarios denigrantes que ofenden la memoria (...) de una persona fallecida, que no puede replicar ni defenderse, hayan sido realizadas, particularmente, por alguien a quien el Dr. Kirchner consideraba su amigo".

En cuanto a las palabras referidas a Fernández, precisa la carta publicada por el Ministerio de Exteriores argentino, la presidenta ha solicitado que el embajador uruguayo "haga saber al Gobierno de su país que (...) no va a realizar comentario alguno sobre dichos agravios". Pese a todo ello, "la Cancillería considera que las históricas relaciones que han unido a nuestros países no deberían ser afectadas por expresiones que ofenden a quienes representaron y representan a la República Argentina y a su pueblo", concluye el texto.

Mujica apela a la historia de ambos países

El presidente uruguayo, José Mujica, ha asegurado este viernes que "nada ni nadie podrá separarnos" en alusión a la relación que mantiene su país con la vecina Argentina. Así lo ha manifestado en declaraciones a la emisora M24 de las que ésta ha dado un adelanto. El mandatario no se ha pronunciado expresamente sobre la polémica con Argentina.

"Si bien la historia nos separó, nada ni nadie puede descuajar nuestra historia", ha defendido Mujica, recordando los acontecimientos y enfrentamientos que dieron su origen a la creación de Uruguay en el siglo XIX. "Pertenecemos al grupo de esos pueblos, pero tenemos que andar bien con la humanidad, pero en primer término, con los pueblos que nacieron en la primer matriz", ha asegurado.