Es 16 de junio de 1951. El explorador francés Jean Malaurie avanza en trineos tirados por perros por la costa noroeste de Groenlandia. Había llegado solo, de forma impulsiva, con unos escasos ahorros del CNRS, oficialmente para trabajar en los paisajes periglaciales. En realidad, este encuentro con pueblos cuya relación con el mundo era de otra naturaleza forjaría un destino singular.

Ese día, tras largos meses de aislamiento entre los inuit, en el momento crítico del deshielo, Malaurie avanza con algunos cazadores. Está agotado, sucio, demacrado. Uno de los inuit le toca el hombro: “Takou, mira”. Una espesa nube amarilla se eleva hacia el cielo. A través del catalejo, Malaurie cree al principio que se trata de un espejismo: “Una ciudad de hangares y tiendas de campaña, de chapas y aluminio, deslumbrante bajo el sol entre el humo y el polvo […] Hace tres meses, el valle estaba tranquilo y desierto. Había plantado mi tienda, un día claro del verano pasado, en una tundra virgen y llena de flores”.

El aliento de esta nueva ciudad, escribirá, “no nos abandonará jamás”. Las excavadoras tentaculares raspan la tierra, los camiones vomitan los escombros al mar, los aviones dan vueltas. Malaurie es proyectado de la edad de piedra a la era atómica. Acaba de descubrir la base secreta estadounidense de Thule, cuyo nombre en clave es Operación Blue Jay, uno de los proyectos de construcción militar más ambiciosos y rápidos de la historia de los Estados Unidos.

Tras este nombre anodino se esconde una logística faraónica. Estados Unidos teme un ataque nuclear soviético por la ruta polar. En un solo verano, unos 120 barcos y 12.000 hombres se han movilizado en una bahía que hasta entonces solo había conocido el silencioso deslizamiento de los kayaks. Groenlandia contaba entonces con unos 23.000 habitantes. En 104 días, sobre un suelo permanentemente helado, surge una ciudad tecnológica capaz de albergar los gigantescos bombarderos B-36, portadores de ojivas nucleares.

A más de 1.200 kilómetros al norte del círculo polar ártico, en un secreto casi total, Estados Unidos acaba de levantar una de las bases militares más grandes jamás construidas fuera de su territorio continental. En la primavera de 1951 se había firmado un acuerdo de defensa con Dinamarca, pero la base de Thule ya estaba en marcha: la decisión estadounidense se había tomado en 1950.

Malaurie comprende inmediatamente que la desmesura de la operación supone, de hecho, una anexión del universo inuit. Un mundo basado en la velocidad, la máquina y la acumulación acaba de penetrar de forma brutal y ciega en un espacio regido por la tradición, el ciclo, la caza y la espera.

El arrendajo azul (“Blue Jay” en inglés) es un pájaro ruidoso, agresivo y extremadamente territorial. La base de Thule se encuentra a medio camino entre Washington y Moscú por la ruta polar. En la era de los misiles hipersónicos intercontinentales, ayer soviéticos, hoy rusos, es esta misma geografía la que sigue sustentando el argumento de la “necesidad imperiosa” invocado por Donald Trump en su deseo de anexionar Groenlandia.

El resultado inmediato más trágico de la Operación Blue Jay no fue militar, sino humano. En 1953, para asegurar el perímetro de la base y sus radares, las autoridades decidieron trasladar a toda la población inughuit local a Qaanaaq, a unos cien kilómetros más al norte. El traslado fue rápido, forzado y sin consulta, rompiendo el vínculo orgánico entre este pueblo y sus territorios ancestrales de caza. Un “pueblo raíz” desarraigado para dar paso a una pista de aterrizaje.

Es en este momento de cambio radical donde Malaurie sitúa el colapso de las sociedades tradicionales inuit, en las que la caza no es una técnica de supervivencia, sino un principio organizador del mundo social. El universo inuit es una economía del sentido, hecha de relaciones, gestos y transmisiones, que dan a cada uno reconocimiento, papel y lugar. Esta coherencia íntima, que constituye la fuerza de estas sociedades, también las hace extremadamente vulnerables cuando un sistema externo destruye repentinamente sus fundamentos territoriales y simbólicos.

Hoy en día, la sociedad groenlandesa está ampliamente urbanizada. Más de un tercio de los 56.500 habitantes vive en Nuuk, la capital, y casi toda la población reside ahora en ciudades y localidades costeras sedentarizadas. El hábitat refleja esta transición brutal.

En las grandes ciudades, una parte importante de la población ocupa edificios colectivos de hormigón, muchos de ellos construidos en los años sesenta y setenta, a menudo vetustos y superpoblados. La economía se basa en gran medida en la pesca industrial orientada a la exportación. La caza y la pesca de subsistencia persisten. Las armas modernas, los GPS, las motos de nieve y las conexiones por satélite acompañan ahora a las antiguas costumbres. La caza sigue siendo un referente identitario, pero ya no estructura la economía ni la transmisión.

Las consecuencias humanas de esta ruptura son enormes. Groenlandia presenta hoy en día una de las tasas de suicidio más altas del mundo, especialmente entre los jóvenes inuit. Los indicadores sociales contemporáneos de Groenlandia –tasa de suicidio, alcoholismo, violencia intrafamiliar– están ampliamente documentados. Numerosos trabajos los relacionan con la rapidez de las transformaciones sociales, la sedentarización y la ruptura de las transmisiones tradicionales.

Volvamos a Thule. El inmenso proyecto secreto iniciado a principios de la década de 1950 no tiene nada de provisional. Radares, pistas, torres de radio, hospital: Thule se convierte en una ciudad totalmente estratégica. Para Malaurie, el hombre del arpón está condenado. No por una falta moral, sino por una colisión de sistemas. Advierte contra una europeización que no sería más que una civilización de chapa esmaltada, materialmente cómoda, pero humanamente empobrecida.

El peligro no reside en la irrupción de la modernidad, sino en la llegada, sin transición, de una modernidad sin interioridad, que opera en tierras habitadas como si fueran vírgenes, repitiendo, cinco siglos después, la historia colonial de América.

El 21 de enero de 1968, esta lógica alcanza un punto de no retorno. Un bombardero B-52G de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comprometido en una misión permanente de alerta nuclear del dispositivo Chrome Dome, se estrella en el hielo marino a unos diez kilómetros de Thule. Transportaba cuatro bombas termonucleares. Los explosivos convencionales de las bombas nucleares, destinados a iniciar la reacción, detonaron con el impacto. No se produjo una explosión nuclear, pero la deflagración dispersó plutonio, uranio, americio y tritio por una amplia zona.

En los días siguientes, Washington y Copenhague lanzan el Proyecto Crested Ice, una vasta operación de recuperación y descontaminación antes del deshielo primaveral. Se movilizan unos 1.500 trabajadores daneses para raspar el hielo y recoger la nieve contaminada. Varias décadas más tarde muchos de ellos iniciarán procedimientos judiciales, alegando que trabajaron sin la información ni la protección adecuadas. Estos litigios se prolongarán hasta 2018-2019, dando lugar a indemnizaciones políticas limitadas, sin reconocimiento jurídico de responsabilidad. Nunca se llevará a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva entre las poblaciones inuit locales.

Hoy rebautizada como Pituffik Space Base, la antigua base de Thule es uno de los principales nodos estratégicos del dispositivo militar estadounidense. Integrada en la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, desempeña un papel central en la alerta antimisiles y la vigilancia espacial en el Ártico, bajo un régimen de máxima seguridad. No es un vestigio de la Guerra Fría, sino un eje activo de la geopolítica contemporánea.

En Los esquimales del Polo: los últimos reyes de Thule, Malaurie muestra que los pueblos indígenas nunca tienen cabida en las consideraciones estratégicas occidentales. Ante las grandes maniobras del mundo, la existencia de los inuit se vuelve tan periférica como la de las focas o las mariposas.

Las declaraciones de Donald Trump no dan lugar a un mundo nuevo. Su objetivo es generalizar en Groenlandia un sistema que lleva setenta y cinco años en vigor. Pero la postura de un hombre no nos exime de nuestras responsabilidades colectivas. Escuchar hoy que Groenlandia “pertenece” a Dinamarca y depende de la OTAN, sin siquiera mencionar a los inuit, equivale a repetir un viejo gesto colonial: concebir los territorios borrando a quienes los habitan.

Los inuit siguen siendo invisibles e inaudibles. Nuestras sociedades siguen representándose a sí mismas como adultos frente a poblaciones indígenas infantilizadas. Sus conocimientos, sus valores y sus costumbres quedan relegados a variables secundarias. La diferencia no entra en las categorías a partir de las cuales nuestras sociedades saben actuar.

Siguiendo a Jean Malaurie, mis investigaciones abordan lo humano desde sus márgenes. Ya se trate de sociedades de cazadores-recolectores o de lo que queda de los neandertales, cuando los despojamos de nuestras proyecciones, el Otro sigue siendo el ángulo muerto de nuestra mirada. No sabemos ver cómo se derrumban mundos enteros cuando la diferencia deja de ser pensable.

Malaurie concluía su primer capítulo sobre Thule con estas palabras:

Por encima de todo, hay que temer no la desaparición brutal de un pueblo, sino su relegación silenciosa y radical a un mundo que habla de él sin mirarlo ni escucharlo nunca.

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Ludovic Slimak es arqueólogo, pensador e investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) en la Universidad de Toulouse. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Léelo aquí.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que a lo largo de la historia compartida entre España y México “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y enmendarlo”, asegura EFE.

En la inauguración de la exposición La mujer en el México indígena, organizada entre ambos gobiernos, Albares ha asegurado que entre España y México ha habido “una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros”, para quien es “parte de nuestra historia compartida y no podemos negarla ni olvidarla”.

Por eso, esta exposición organizada a instancias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es parte del "camino de justicia y reconciliación que recorremos juntos; un hito más en nuestras relaciones y nuestra hermandad”, ha dicho Albares.

La exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’ es un homenaje al universo femenino, en el que, a través de cerámicas, textiles, esculturas y joyas, se pone de manifiesto el papel de la mujer como transmisora de cultura y tradición, tanto en el ámbito doméstico como en el terrenal y espiritual.

La muestra, que reúne 435 piezas procedentes de diversos pueblos indígenas de todo México, se presenta en cuatro sedes: el Museo Arqueológico Nacional (MAN), la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ofrecen distintos aspectos del universo indígena femenino.

La presidente del país norteamericano celebró este viernes como "importante" y un "primer paso" por parte de España las declaraciones del ministro español. “Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Pese a que dio la “enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español”, Sheinbaum reiteró la petición de perdón que España, a su juicio, le debe a México. "El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, afirmó. “Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que de efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento. Fue un proceso de invasión violenta”, expuso Sheinbaum.

La mandataria mexicana enmarcó el gesto en los primeros resultados de la solicitud de perdón formulada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los agravios de la conquista.

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no se avergüenza de la historia de España, después de las declaraciones de Albares sobre México.

"Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país", ha afirmado Feijóo en un mensaje en X en el que afirma que lo que le avergüenza es la actualidad a la que condena a España este Gobierno.

Por ello, ha agregado, quien tiene que pedir perdón por lo que hace ahora es el propio Gobierno. "Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora", ha sentenciado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la relación con España es "buena", pero le pidió "recapacitar" tras la polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura por no contestar la carta de Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos de la conquista. "Es buena (la relación), no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre nuestra posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, culturales", declaró en su primera conferencia matutina, según recoge EFE.

Aún así, la mandataria insistió en que la Corona española debe "recapacitar" tras la misiva que envió en marzo de 2019 el entonces presidente López Obrador a Felipe VI para que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los abusos de la colonia. "A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar", manifestó.

Para respaldar la petición de México, la presidenta señaló que el gobernador de California, Gavin Newson, ofreció una disculpa oficial en días recientes por el papel de esa entidad de Estados Unidos en la esclavitud y las disparidades raciales. "Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública, entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, sentenció.

La gobernante mexicana consideró "importante" retomar el tema de España porque ella implementará la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que el lunes promulgó López Obrador en su último día como jefe de Estado. La iniciativa reconoce por primera vez a los casi 70 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como "nación multiétnica" a México, donde 23 millones de personas son indígenas.

La presidenta defendió su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una "campaña tremenda contra México" que, según ella, se desató en España tras el episodio. "¿Qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, que fue una carta privada, que tenía que ser contestada como una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo", opinó.

Diciembre de 2022. Kerra y Cambria Harris no esperaban convertirse en representantes de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Las dos jóvenes perdieron a su madre, Morgan. Llevaba desaparecida varios meses y, según la policía, algunos de sus restos se encuentran en un vertedero de la ciudad de Winnipeg, en Manitoba (oeste de Canadá). La policía afirma que la tarea es demasiado compleja para encontrarlos por completo.

Cambria afirma: "Estas mujeres, que nos han dado la vida, son sagradas y siempre deben ser tratadas como tales. Sigue ocurriendo y dejamos que ocurra. Nadie hace nada".

Con lágrimas en los ojos y algún sollozo de vez en cuando, Kerra y Cambria hablaron en Otawa ante una audiencia de representantes políticos autóctonos de todo el país. Envueltas en mantas donadas por otras mujeres indígenas en muestra de apoyo, las hermanas expresaron su consternación y volvieron a pedir que la policía inspeccionara el vertedero.

Morgan Harris forma parte de una larga lista de mujeres autóctonas asesinadas en una de las ciudades más racistas del país. Ya se han producido cinco muertes sospechosas en los últimos meses.

En Canadá, esas mujeres tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser asesinadas que las demás. Desde 1980, han sido asesinadas o han desaparecido casi 1.200 mujeres indígenas ante una indiferencia casi total. Proporcionalmente, esta cifra oficial equivaldría a 55.000 mujeres francesas. 

Un reciente informe confirma que las mujeres indígenas representan el 36% de las víctimas de feminicidio en Canadá, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población total del país, de 38 millones de habitantes, según el Observatorio Canadiense del Feminicidio para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CMJCA).

Según las familias, las investigaciones suelen ser chapuceras. No se toman en serio y a las víctimas se les suelen endosar estereotipos: no son "más que" drogadictas, prostitutas o alcohólicas. En resumen, son responsables de lo que les pasa.

Según Michèle Audette, primera mujer indígena elegida senadora en Canadá, la situación es una consecuencia más de las políticas colonialistas aplicadas en el país. "Durante mucho tiempo, las comunidades religiosas y políticas han permitido las palizas, la humillación y la violencia contra las mujeres indígenas. Tenemos pruebas en los archivos", explica Audette, que también fue comisaria de la gran investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas (2016-2019).

En términos generales, el último informe del CMJCA da fe de una explosión de feminicidios en el país. En total, fueron asesinadas 184 mujeres en Canadá el año pasado, un aumento del 27% respecto a 2019. Esto significa que al menos una mujer es asesinada cada dos días. Eso sin contar las víctimas colaterales de esos asesinatos, como los hijos.

Marci Ien, ministra federal de la Mujer, Igualdad de Género y Juventud, lo califica como "un problema de seguridad nacional que requiere una respuesta de todos los niveles de gobierno".

La situación de las mujeres es peor que antes de la pandemia, afirma Crystal Giesbrecht, miembro del comité asesor de expertos del CMJCA: "Se trata de la pobreza, el empleo, los trabajos no remunerados, el cuidado de los hijos, la pérdida de independencia y, por supuesto, la violencia sexual y el feminicidio por parte de la pareja", afirma, alarmada por la situación.

Casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o ex pareja.

Otra miembro del CMJCA, Claudette Dumont-Smith, cree incluso probable que estas cifras aumenten este año. Con amargura, afirma que "no le sorprende".

De hecho, es difícil no subrayar una vez más la importancia numérica de las mujeres indígenas en todas esas cifras. "Saskatchewan y Manitoba tienen las tasas más altas de feminicidio. Esto se debe al número desproporcionado de feminicidios de mujeres indígenas, así como a la mayor tasa de feminicidios en zonas no urbanas", afirma Crystal Giesbrecht.

Pero, ¿qué podría explicar este incremento? Según Manon Monastesse, directora ejecutiva de la Federación de Refugios de Mujeres, la pandemia ha tenido un impacto significativo.

"En Quebec no hubo feminicidios durante la pandemia y los confinamientos, porque los hombres tenían un control total sobre sus mujeres. Era la expresión absoluta del control coercitivo en estado puro", afirma Monastesse. Pero cuando terminó, las mujeres volvieron al trabajo, a verse con sus colegas, sus amigos, y ahí, yo no lo llamaría una ola, sino un tsunami de feminicidios", añade.

Para ella, los hombres han perdido ese control absoluto sobre sus esposas y eso es lo que les ha llevado a matarlas. "Esta situación nos demuestra que cuando un hombre mata, es cuando ya no tiene control sobre su pareja", prosigue.

Al Observatorio le gustaría que el feminicidio se incorporara al Código Penal canadiense y se tipificara como delito independiente. "Está bien documentado que en los casos de feminicidio, los cargos de asesinato a menudo se rebajan a homicidio involuntario, lo que se conoce como "atenuante de intimidad". Reconocer el feminicidio como delito independiente ayudaría a corregir esta disparidad", argumenta Crystal Giesbrecht.

El gobierno federal afirma que se compromete "a subsanar las lagunas del Código Penal para garantizar una respuesta firme de la justicia". Señala que "se han iniciado consultas sobre la inclusión del feminicidio en el Código Penal". Pero en general, el Ministerio de Justicia canadiense considera que ya existen mecanismos para castigar a los asesinos de mujeres en la medida que se merecen. 

También hace mención a las grandes sumas de dinero –300 millones de dólares– invertidas en refugios y centros de apoyo a las víctimas. 

En el terreno legislativo, Dumont-Smith cree que las penas deberían ser más duras para los hombres que matan a mujeres. "De momento, el mensaje es: 'No es tan grave si asesinas a una mujer. Menos aún si es indígena", afirma.

Habría que desarrollar también un enfoque específico para esas mujeres. La senadora Michèle Audette cree que cuando la atención se centra en la policía, ésta hace un esfuerzo, pero pronto reaparece la "vieja cultura".

Pero también ha habido aspectos positivos. Manon Monastasse recuerda, por ejemplo, que hace poco más de un año se crearon cinco tribunales especializados en violencias sexual y doméstica. Sin embargo, ese proyecto piloto fue criticado por la judicatura, por considerar que ponía en tela de juicio los principios fundamentales de la presunción de inocencia y la imparcialidad del tribunal.

La provincia de Quebec ha puesto en marcha numerosos planes de acción para abordar el problema, pero para ella "todos estos planes deben converger y ser complementarios. Necesitamos estrategias integradas", admitiendo que también hay que abordar las raíces del problema: el patriarcado.

Traducción de Miguel López

"Es difícil decir quién soy porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la cabeza alta. Nos gustaría caminar libremente. Hemos crecido con vosotros, hemos caminado y hemos trabajado juntos, también hemos participado en la construcción de este país, pero este Estado no nos reconoce, reniega y se burla de nosotros." 

La Convención Constitucional apenas llevaba un mes cuando Luis Vásquez Chogue testificó ante ella, con la voz temblorosa y al borde de las lágrimas, como representante del pueblo selk'nam. En un vídeo que se ha hecho viral [ver abajo], se le ve relatando su historia familiar con emoción. 

Los selk'nam, procedentes del sur de Chile, de la Gran Isla de Tierra del Fuego, fueron víctimas de un genocidio. El número de víctimas aún se desconoce, ya que este pueblo, también conocido como Ona, ha sido invisibilizado por la historia oficial chilena y no es reconocido como un pueblo vivo, pero la presencia de José Luis Vásquez Chogue en la Convención no pasó desapercibida.  

El proceso constituyente comenzó así con una agenda que mostraba la urgencia de ciertos sectores por incluir la plurinacionalidad en las páginas del texto constitucional. La primera etapa ya estuvo marcada por un acuerdo que incluyó la participación de 17 escaños reservados a los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, un hecho inédito en un proceso electoral chileno. 

En julio pasado, un año después de su instalación en el hemiciclo del antiguo Congreso Nacional, los 154 constituyentes entregaron el resultado de un trabajo intenso, rico en debates y en controversias. "Chile es un Estado social y democrático de Derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico", dicen las primeras líneas del artículo 1 de la nueva Constitución. Esta afirmación ha causado controversias y ha alimentado la división entre quienes apoyan la propuesta del nuevo texto y quienes prefieren definir el país como una sola nación, tal y como se describe en la actual Constitución, vigente desde 1980, cuando el país se encontraba en plena dictadura cívico-militar.

Junto a los cambios formales y de fondo del modelo político y económico que rige en la actualidad, la nueva Constitución incluye, entre las cuestiones más destacadas, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la definición de Chile como un país que "reconoce la convivencia de los diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado". 

Para la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan, era lógico que la plurinacionalidad fuera uno de los temas más esperados en el proceso constituyente, ya que fue una demanda de los pueblos indígenas que saltó a la palestra con el retorno de la democracia, cuando en 1989 el ex presidente Patricio Aylwin hizo su campaña presidencial y prometió el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Natalia Caniguan afirma que la actual inclusión forma parte de la deuda histórica del Estado chileno con los pueblos indígenas. 

"La tensión aquí es que hay efectivamente una subversión del poder, por así decirlo. En otras palabras, los que siempre han sido invisibles, marginados, que siempre han sido vistos como grupos sociales económicamente vulnerables y no como personas con derechos, son los que ahora hablan. Son ellos los que han impuesto una serie de exigencias en el texto constitucional", afirma Natalia Caniguan, nacida en Temuco, en el corazón de la Araucanía, parte del territorio ancestral mapuche. 

Para ella, la oposición a los pueblos indígenas sigue siendo fuerte. Un ejemplo de ello es el discurso del bando del rechazo, según el cual la plurinacionalidad es una idea que se ha impuesto por la fuerza. Sin embargo, señala, el número de escaños reservados en la Asamblea Constituyente para los indígenas fue inferior al de los representantes de centro derecha. "No se puede decir que se trate de una mayoría que haya impuesto su agenda, sino un grupo que pudo negociar sus demandas en la Asamblea Constituyente, demandas que están reflejadas en el texto", dice Natalia Caniguan. 

Los desacuerdos sobre la cuestión de los pueblos indígenas en la nueva Constitución van mucho más allá de su reconocimiento explícito. No sólo es la primera vez que se define el Estado como plurinacional, sino que también incluye el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, así como el consentimiento previo de los pueblos y naciones indígenas en asuntos que afecten a sus derechos. 

Richard Caifal, abogado y director ejecutivo de la fundación Rakizuam ("pensamiento" en idioma mapudungun), dijo a Mediapart que está totalmente de acuerdo con la lógica del Estado plurinacional, pero admite que una de sus principales preocupaciones es la justicia indígena. "La justicia es uno de los poderes del Estado, de ahí su importancia y la necesidad de trabajar no sólo en el plano político, a través del reconocimiento, sino también desde el punto de vista técnico jurídico. Hay un vacío ahí", dice. 

Por lo tanto, Richard Caifal votará en contra del texto. Miembro de Evópoli, un partido de derechas que aboga por el rechazo, dice que le preocupa que no exista un sistema judicial en el mundo mapuche. "En el mundo aymara o rapa nui tampoco existe un sistema judicial. Lo que sí existe es la costumbre o la tradición, y esta idea se refleja también en la ‘ley indígena’ de 1993, que establece un procedimiento especial. Pero la propuesta constitucional no establece a quiénes afecta", continúa el hombre que pertenece a la comunidad mapuche Ricardo Cayín, al sur de Temuco. Caifal dice que muchos mapuches comparten su sentimiento y que el rechazo es bien recibido en las comunidades. 

La investigadora Natalia Caniguan reconoce que, aunque hay un grupo muy activo de mapuches que trabajan a favor del "sí", también hay otros sectores que han decidido no apoyar la nueva Constitución. Algunos están vinculados a ciertas iglesias evangélicas con visiones más conservadoras que se oponen, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales; otros, más extremistas, se han autoexcluido del proceso constituyente para no negociar ni vincularse con el Estado de Chile. 

Luiz Jiménez, ex miembro de la Asamblea Constituyente por los escaños reservados al pueblo aymara, está actualmente trabajando en reuniones y campañas puerta a puerta en el norte del país para difundir el texto que ayudó a redactar. Dice que ha conocido a personas que piensan votar no basándose en informaciones falsas que circulaban en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. 

"Cuando llegamos, por ejemplo, corría el rumor de que se suprimirían las segundas residencias y que no se respetarían los contratos de agua. También se creía que la plurinacionalidad se aplicaría a los pueblos indígenas de otros países. Pero al recorrer las comunidades y disipar estas dudas, la gente tiende a apoyar el voto a favor. 

El ex miembro de la Asamblea Constituyente de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, dice que el contexto de su región es muy diferente al del sur del país, y que los pueblos indígenas valoran sobre todo que el nuevo texto incluya artículos que protejan la naturaleza, el agua como derecho fundamental, y que el "buen vivir" sea considerado el eje central del nuevo modelo constitucional. Esto se suma a la regionalización y tratamiento diferenciado de los territorios rurales y extremos, así como a la consagración de una serie de derechos colectivos que el pueblo aymara viene reclamando desde hace tiempo. 

Unos kilómetros más al sur, en San Pedro de Atacama, Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, explica a Mediapart las razones por las que decidieron apoyar el sí. El sábado 20 de agosto, las 18 comunidades que integran su organización, ubicadas en la gran cuenca del desierto de sal de Atacama, se reunieron para analizar los temas transversales que afectan negativa y positivamente a los pueblos indígenas en la propuesta constitucional. 

Gracias a la presencia de abogados expertos en diferentes áreas y de la ex miembro de la Asamblea Constituyente, Cristina Dorador, la comunidad pudo hacer preguntas, aclarar dudas y debatir durante horas antes de tomar una decisión. 

En caso de que el voto sea afirmativo, el Estado Plurinacional reconocerá los derechos de once pueblos indígenas y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Por primera vez, el pueblo selk'nam, y los descendientes de sus supervivientes, como José Luis Vásquez Chogue, serían reconocidos como un pueblo preexistente al Estado chileno.

Traducción de Miguel López

Alessandra Sampaio, la mujer del periodista británico Dom Phillips, cuyo rastro se perdió junto al del indigenista Bruno Pereira hace poco más de una semana mientras realizaban una travesía por una región de difícil acceso en la Amazonia, ha informado este lunes de que los cuerpos sin vida de ambos han sido localizados, informa Europa Press.

Por el momento, ni las autoridades brasileñas, ni la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) que denunció la desaparición de ambos, han confirmado que los cuerpos hallados sean los de Phillips y Pereira.

Sin embargo, Sampaio ha revelado que la Policía Federal le ha confirmado que los cuerpos son los de su esposo y el compañero de este, mientras que la Embajada británica se habría ya puesto en contacto con los hermanos de Phillips para comunicarles la noticias, informa el portal G1 del diario O Globo.

Ambos habían sido vistos por última vez el pasado 5 de junio en la comunidad de Sao Rafael —dentro de las tierras indígenas del Valle del Javari—, desde donde partieron hacia Atalaia del Norte, aunque finalmente no llegaron a su destino.

El domingo, los equipos de búsqueda encontraron una mochila y otras pertenencias que pertenecerían supuestamente a los desaparecidos cerca del domicilio de Amarildo Costa de Oliveira, uno de los sospechosos de la desaparición, quien se encuentra desde hace unos días en prisión preventiva.

La zona en la que ambos desaparecieron es conocida por ser una de las más inaccesibles de la región, hogar no solo para la mayor concentración de pueblos indígenas sin contactar, sino también escenario de una de las mayores rutas por las que circula la cocaína que llega desde Perú para ser distribuida a Europa.

El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno de Brasil pedirá la acusación del presidente, Jair Bolsonaro, de crímenes contra la Humanidad o genocidio del pueblo indígena, entre otros delitos, según informa Europa Press.

Se espera que el informe de la comisión del Senado sea presentado el próximo martes, tras lo que será votado y enviado a la Fiscalía para que esta decida si perseguirá acciones legales contra Bolsonaro, según recoge el medio brasileño GloboNews. En el caso del Bolsonaro, tan solo la Oficina del Fiscal General (PGR) tiene la potestad de perseguir acciones legales contra el presidente de Brasil.

Los once delitos de los que la comisión acusará al presidente Bolsonaro son: crimen de epidemia con resultado de muerte; violación de medidas preventivas sanitarias; uso ilegal de fondos públicos; incitación al crimen; falsificación de documentos privados; curanderismo -promoción de medicina falsa-; prevaricación; genocidio contra el pueblo indígena; crímenes contra la Humanidad; crimen de responsabilidad; y homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia.

El encargado de presentar el informe será el principal relator de la CPI, Renan Calheiros, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), para quien toda los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de comisión son "unánimes" en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro. Además del presidente, la comisión del coronavirus prevé solicitar la imputación de al menos una treintena de personas por diversos delitos, entre ellos también los de malversación de fondos y robo.

No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil. El pasado mes de agosto, la principal organización de los pueblos indígenas de Brasil (APIB), presentó una demanda por genocidio contra el presidente basándose en un informe en el que se detalla cómo 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.

El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.

Como en todos los mensajes propagandísticos de la presidenta, se cumple el precepto de Gustave Le Bon: “La afirmación pura y simple, desprovista de todo razonamiento y de toda prueba constituye un medio seguro para penetrar una idea en el espíritu de las masas. Cuanto más concisa sea la afirmación, cuanto más desprovista de pruebas y demostración, tanta más autoridad posee”. (Psicología de las masas, capítulo 3).

El mensaje electoral “Comunismo o libertad” se basaba en una definición de libertad que habrá conmocionado a Stuart Mill en su tumba, pero no se trataba de pasar un examen de liberalismo, sino de conseguir los objetivos definidos por Le Bon. 

Lo mismo ocurre con la afirmación sobre el indigenismo lanzada en Nueva York. Los pueblos indígenas tenían organizaciones sociales en las que la propiedad privada no tenía la importancia que tiene en nuestras sociedades; trabajaban sus tierras en forma comunal, pero no se puede afirmar que fueran sociedades comunistas y mucho menos de un comunismo tipo soviético.

¿Cuáles son hoy día los objetivos de los movimientos indígenas, de las comunidades indígenas que subsisten, construir una sociedad comunista?

Los indígenas de todo el mundo se darían por muy satisfechos si se hicieran efectivos los derechos consagrados en la Declaración de Naciones Unidas de septiembre de 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración ratificada por 143 países, entre ellos España, con la oposición de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países que se distinguieron por la violencia extrema contra los pueblos indígenas.

El objetivo de la Declaración, que no es vinculante, es aplicar los derechos humanos a las peculiaridades propias de los pueblos indígenas, así de sencillo.

El artículo 7 de la Declaración señala que los pueblos y personas indígenas no serán sometidos a ningún acto de genocidio, violencia, incluido el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Este mandato supone un reconocimiento, al menos implícito, de que se cometieron  genocidios o violencias. Si está reconocido en una Declaración de Naciones Unidas, ¿por qué tanto miedo a reconocerlo explícitamente, al menos por los países más concernidos, entre ellos España?

Los pueblos indígenas no reclaman venganza o una vuelta a la situación anterior. El artículo 11 de la Declaración indica que los Estados establecerán mecanismos  de reparación y restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados sin su consentimiento ,¿será esto comunismo?

A pesar de la Declaración no se ha avanzado mucho en la consecución de los derechos expuestos en la misma. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto de 2020, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas: “Debemos realizar un renovado esfuerzo para abordar el nefasto legado de injusticia histórica, discriminación y asimilación al que los pueblos indígenas se han visto sometidos a lo largo de los siglos”.

Por cierto, en esa fecha España recordó y reforzó su compromiso con los derechos establecidos en la Declaración de 2007, que compromete a todas las autoridades del Estado Español.

Reconocimiento de los hechos dolorosos pasados

El Papa Francisco coincidiendo  con  el aniversario de la independencia de Méjico, aunque sus palabras tienen validez universal, declaraba: “El fortalecimiento de las raíces debe hacerse a partir de una relectura del pasado teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Este proceso lleva a un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos , pidiendo perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones que no contribuyeron a la evangelización”.

Las claras y  oportunas declaraciones del Papa Francisco han suscitado la crítica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quizá más por hacerse notar, que por una convicción razonada del significado de las palabras del Papa.

Como ha señalado el historiador Jack Forbes, los vivos no son responsables de lo que hicieron sus ancestros, pero sí de la sociedad en que viven, que es el resultado de las sociedades pasadas. Asumir esa responsabilidad es un medio de supervivencia y superación .

Si aplicamos este razonamiento a  España, el reconocimiento de los hechos vergonzosos cometidos por nuestros ancestros, será un medio de superación. Empeñarse en sostener un concepto de Hispanidad, que no los reconoce, es anclarse en el pasado, permanecer en un espacio reaccionario.

La actitud y conducta  de la presidente de la Comunidad de Madrid, no tiene en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y supone una regresión de lo aceptado y apoyado por el estado español.

De esta forma, siempre nos llenará de vergüenza lo relatado por Colón en sus diarios en su primer encuentro con los arawaks: “No llevan armas ni las conocen… no tienen hierro y sus lanzas son de caña… serían unos criados magníficos… con cincuenta hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos” (citado por Howard Zinn en su libro La Otra Historia de Estados Unidos).

Los arawaks fueron totalmente exterminados.

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre

El partido gubernamental mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha mostrado su "rotunda" condena a las declaraciones del expresidente español José María Aznar en las que ha rechazado pedir perdón por la conquista de América, lo que, para la formación, "ofende abiertamente" la "historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios", según recoge Europa Press.

La formación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha difundido un comunicado en el que ha expresado que "repudia tajantemente" que durante un acto del Partido Popular, una fuerza política que ha descrito como "vinculada al franquismo"un acto del Partido Popular, Aznar "haya negado el genocidio indígena".

"No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio papa Francisco, que recientemente ofreció disculpas al pueblo de México", ha apuntado Morena.

Asimismo, ha criticado que el expresidente español contradiga, incluso, "la postura de su rey Juan Carlos I, quien tuvo la decencia de reconocer los arbitrios cometidos en el pasado contra el pueblo sefardí".

Morena ha manifestado, además, su "contundente rechazo" a la "insistente injerencia" en los asuntos internos de México por parte de Aznar y "de su personero", el líder de Vox, Santiago Abascal.

Al respecto, ha criticado a Vox, al que ha definido como "partido de ultraderecha", por su "lamentable y vergonzosa" visita a México a principios de septiembre, cuando Abascal se reunió con miembros del partido conservador mexicano Partido de Acción Nacional (PAN).

"Señor Aznar: negar la historia no la borra. Las culturas milenarias de nuestros pueblos que sus antepasados políticos intentaron desaparecer, siguen vivas y son enaltecidas por la transformación de México", ha subrayado el partido de López Obrador en el final de su comunicado.

Morena ha respondido así a las críticas de Aznar al papa por haber pedido perdón por la conquista de América. "Yo no lo voy ha hacer", ha aseverado el expresidente en la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular que se celebra en Sevilla.

"Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso (de la conquista de América), pero no voy a pedir perdón", ha resaltado.

Además, ha afirmado que en México "el nuevo comunismo se llama indigenismo" y supone "volver a las sociedades precolombinas", al tiempo que ha apostillado que el "indigenismo solo puede ir contra España, no contra Estados Unidos".

"Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted como se llama? Dígame como se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador", ha continuado ironizando que los apellidos del presidente mexicano son españoles y no aztecas o mayas.

Dirigiéndose a López Obrador, ha dicho también que "si no hubiesen pasado algunas cosas", él "no estaría ahí" ni podría llamarse como se llama ni "podría haber sido bautizado" ni se hubiera producido "la evangelización de México".

“Esta carretera sólo nos trae cosas malas. Los trabajadores trajeron enfermedades... Muchos Parintintin han muerto”. Severino Parintintin, jefe de la aldeia de Traira, a más de dos horas y una travesía en ferry de la ciudad de Humaitá, en el sur del estado de Amazonas, suspira cuando habla de la BR-320. Esta carretera, la mítica Transamazónica, pasa a unos 6 kilómetros de allí. Sin previo aviso, las excavadoras llegaron en los años 70. Y con ellas, la viruela y el sarampión...

La doctrina de la seguridad nacional, desarrollada por los militares en el contexto de la guerra fría para todo el país, encuentra una resonancia particular en la región. En 1960, el libro Amazonia y la codicia internacional, de Arthur Reis (futuro gobernador de Amazonas durante la dictadura), marca profundamente a los altos mandos del Ejército y alimenta sus teorías paranoicas.

Convencidos de que Brasil podría perder este inmenso territorio despoblado, temían especialmente que los estados extranjeros financiaran la formación de naciones indígenas, especialmente en las zonas fronterizas. Por lo tanto, era necesario “ocupar para no entregar”, como decía un eslogan de la época.

“Esta doctrina es la matriz intelectual de nuestra región”, explica Lucio Pinto, periodista que ha pasado las últimas décadas cubriéndola. Una ideología que allanó el camino a la caótica deforestación que sigue produciéndose y que se impuso con mayor facilidad porque “Brasil nunca ha producido realmente una idea o un gran mito nacional sobre esta selva”, continúa el periodista.

Durante mucho tiempo, la región fue considerada el fin del mundo, ideal para exiliar a los indeseables, como los participantes en la revuelta de las vacunas de Río de Janeiro en 1904. La inmensidad y la complejidad de la selva van más allá del entendimiento. La dificultad de incorporar la Amazonia a la cultura brasileña se ilustra con la frustración de Euclides da Cunha, monumento de la literatura del siglo XIX, que tras un año de expedición no pudo completar su obra maestra sobre la región.

A los autores locales les costó tener influencia en el resto de Brasil. Las obras de Dalcídio Jurandir, uno de los grandes escritores modernistas de la Amazonia, son casi imposibles de encontrar. Más contemporáneos, Milton Hatoum o Márcio Souza son algunos de los pocos autores con reconocimiento en la actualidad.

De hecho, el país ha negado su historia amazónica, empezando por rechazar su herencia indígena. Además de siglos de masacres y epidemias, “el Estado se construyó contra los indígenas durante los siglos XIX y XX, buscando borrar sus especificidades para apoderarse de sus tierras”, explica Davi Avelino, profesor de historia de la UFAM (Universidad Federal de Amazonia). “Primero a través de los misioneros, luego a través de los militares, que empezaron a ejercer una gran influencia en la política indígena desde principios de siglo”.

El modus operandi de estos últimos, que favorecía la integración como mano de obra en lugar del exterminio, no evitó numerosos abusos y violencia. Pero con el golpe de Estado y, sobre todo, con la llegada al poder del general Médici, a finales de 1969, se abrió un nuevo periodo dramático para los indígenas, considerados entonces obstáculos para la seguridad nacional. Incluso la historia oficial ocultó durante mucho tiempo el calvario sufrido durante la dictadura. “Los militares nunca reconocieron su papel, a pesar de las pruebas y los testimonios”, dice Davi Avelino.

Al menos 8.350 indígenas fueron asesinados por acción directa u omisión del régimen, según cifras publicadas en 2014 por la Comisión Nacional de la Verdad.

Las identidades e ideas de estos pueblos sacrificados, cuya tradición es mayoritariamente oral, quedan marginadas o desaparecen. “Nos cuesta hacer revivir nuestra cultura, que está casi al límite de la extinción”, dice Edson Diarroi. Por su parte, el jefe de la aldea Severino Parintintin explica que la BR-320 ha dañado gravemente “la cohesión y la organización de nuestra sociedad, mientras que la cultura es esencial para defender nuestro territorio”.

Mientras se organizan para revitalizarlas, las brechas atraen a los aprovechados. Los nuevos misioneros intensifican sus actividades, sobre todo desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, mientras que los traficantes de madera y los buscadores de oro alternan amenazas y propuestas de colaboración. Esta presión constante alimenta las divisiones internas. Severino no lo admite, pero según otro Parintintin entrevistado, su pueblo está ahora dividido, ya que algunos venden madera del territorio.

A un lado de la carretera, se amontonan modestos troncos con sus precios dibujados con tiza. Se trata de maderas para vallas, pero entre los Tenharim vecinos, los madereros trabajan mano a mano con varios de ellos para explotar las especies más nobles.

Más allá de los indígenas, Brasil ha descuidado la Amazonia. Durante el periodo colonial y hasta el comienzo de la república, miró más bien a Europa. Cuando estos vínculos se rompieron con el fin del boom del caucho (1879-1912), este territorio en crisis se dirigió a la capital, que no hizo ningún esfuerzo por integrar a esta región, poco interesante electoralmente por ser pobre y poco poblada.

En cuanto al desarrollo prometido por el régimen militar, nunca se materializó. La Amazonia sigue estando en desventaja, a pesar de la riqueza ya extraída, mientras que el caótico asentamiento ha provocado conflictos por la tierra. “Hay una incapacidad para entender las especificidades de la región. Esta ideología ha sobrevivido a la dictadura, pero está cerrando la Amazonia sobre sí misma e impidiendo su desarrollo”, afirma Flavio Pinto. “Y la democracia brasileña tampoco ha entendido este territorio”.

Las grandes inversiones siempre conllevan un desarrollo caótico y una explosión de problemas sociales y medioambientales, como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Altamira con la construcción de la presa de Belo Monte.

El actual gobierno, con más de 6.000 militares en sus filas y presidido por un admirador de la dictadura, parece querer dar una nueva juventud a esta doctrina. En 2019, el sitio web The Intercept reveló grabaciones de una reunión de altos mandos que organizaban el “proyecto Río Branco”, un gran plan de infraestructuras para avanzar sobre las regiones más preservadas de la Amazonia. También en este caso, las justificaciones mezclan promesas de desarrollo económico, paranoia y razones estratégicas.

Las críticas recurrentes de Jair Bolsonaro contra los indígenas o contra las ONG son también herencia de esta doctrina y encuentran un fuerte eco en la región, donde una parte de la población solo ve oportunidades en una economía de destrucción.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Una investigación ha sacado a la luz los restos mortales de 215 menores de edad en una fosa común de un colegio canadiense cerrado en 1978 canadiensey levantado para facilitar la integración de la población indígena. La Escuela Residencial India Kamloops, en la Columbia Británica, donde trabajan ya los forenses para determinar la causa exacta y la fecha de las muertes, informa la televisión pública canadiense, CBC y recoge Europa Press.

El hallazgo ha sido anunciado por el jefe de la tribu india Tk'emlups te Secwepemc. "Hasta donde sabemos, las de estos niños perdidos son muertes indocumentadas. Algunos tenían solo tres años", ha relatado la jefa de la comunidad de Kamloops, Rosanne Casimir, en declaraciones a la cadena británica BBC.

Este tipo de escuelas se crearon en los siglos XIX y XX para asimilar de forma forzosa a los jóvenes indios y estaban financiadas por el Estado y gestionadas por organizaciones religiosas.

La de Kamloops era la más grande del país, abierta en 1890 bajo una administración católica, y acogía a unos 500 estudiantes en su momento álgido, en la década de 1950. En 1969 el Gobierno federal asumió su gestión y la convirtió en residencia estudiantil y así funcionó hasta su cierre, en 1978.

Son un "doloroso recordatorio" de "un capítulo vergonzoso de la historia" de Canadádoloroso recordatorio" de "un capítulo vergonzoso de la historia" de Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha reconocido estos hechos como un "doloroso recordatorio" de "un capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país". La ministra de Relaciones Indígenas, Carolyn Bennett, ha criticado estos internados, manifestación de una "vergonzosa" política colonial y se ha comprometido a "rendir homenaje a estas almas inocentes perdidas".

Entre 1863 y 1998 se calcula que más de 150.000 menores indígenas fueron arrancados de sus hogares e internados en estos colegios en los que no se les permitía hablar su idioma o manifestar su cultura y donde eran frecuentes maltratos y abusos. Una comisión de investigación concluyó en 2015 que muchos de los menores no regresaron jamás a sus comunidades y reconoció así un "genocidio cultural".

El Proyecto Niños Perdidos ha identificado hasta el momento a más de 4.100 menores fallecidos durante su estancia en los internados y muchos de ellos fueron sepultados en los propios recintos escolares.

Este domingo de madrugada el Pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) ha proclamado los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de febrero con Andrés Arauz y Guillermo Lasso como los candidatos más votados y, por tanto, los que se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 11 de abril, informa Europa Press.

Según los datos oficiales, Andrés Arauz, de la progresista Unión por la Esperanza (Unes), ha obtenido 3.033.753 votos (32,72%), mientras que el conservador Guillermo Lasso, de la alianza CREO-Partido Social Cristiano (CREO-PSC), se ha hecho con 1.830.045 votos (19,74%), ligeramente por delante del candidato indigenista, Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik (1.797.445 votos, 19,39%).

El secretario del CNE, Santiago Vallejo, ha comparecido en rueda de prensa para informar de los resultados, contra los que cabe ahora recurso por las vías previamente establecidas. Precisamente Pérez había pactado con Lasso un recuento parcial cuando estaba por delante de él en los resultados provisionales, pero con los resultados definitivos, Lasso ha desistido de la petición, lo que ha provocado las protestas de las organizaciones indígenas.

Con estos resultados, Arauz y Lasso "pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril conforme a lo establecido en el artículo 89 del Código de la Democracia", una proclamación aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto. La consejera Esthela Acero estuvo ausente. Los cuatro consejeros estaban presentes en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios celebrada a las 23.00 del sábado y que se suspendió a las 2.36 del domingo.

Durante la sesión, el Pleno del CNE no aceptó la petición de Pérez para suspender el escrutinio y realizar un recuento del 100 por cien de los votos en Guayas y del 50% en otras 16 provincias. De acuerdo con el calendario electoral, el inicio de la campaña para la segunda vuelta arranca el próximo 16 de marzo.

Sin embargo, la Fiscalía y  la Contraloría han manifestado ya su intención de realizar una revisión del sistema informático electoral y Pérez y las organizaciones indígenas y movimientos sociales que lo respaldan han lanzado una marcha sobre Quito que previsiblemente llegará el próximo martes a la capital para exigir un recuento de los votos.

No quiero irme sin haberte amado,

Tierra, como una esposa.

Todos mis hijos nacen de tu carne rasgada.

(Esposa Tierra, de Pedro Casaldáliga)

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Escribo estas líneas con el dolor presente de la ausencia de Pedro Casaldáliga, defensor de los vulnerables, azote de los poderosos, protector de las gentes indígenas a las que dedicó su vida desde la pobreza compartida, pese a las amenazas de las multinacionales y secuaces políticos y siempre desde la tierra que defendía y amaba como parte propia de la existencia humana. Su fallecimiento ha tenido lugar a 24 horas de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se convierte así en un doble recuerdo.

Este aniversario– que tiene lugar cada 9 de agosto, desde 1995 –viene marcado por la nueva realidad que ha traído consigo la pandemia. Por ello, la conmemoración oficial de Naciones Unidas en esta ocasión tiene como eje central el "covid-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas". Y es que no podemos olvidar que para ellos este virus ha supuesto un obstáculo más que añadir a la larga lista de amenazas y desafíos que vienen enfrentando desde hace siglos, casi todos los cuales tienen una raíz común y que es también uno de los mayores problemas que existen en nuestras sociedades occidentales: el racismo institucionalizado, que proviene desde el "descubrimiento" y la posterior "colonización" iniciada por España y seguida por toda Europa, apropiándose del mundo entero, como si esos territorios no tuvieran dueño. Lo quiero decir así de claro, así de contundente, porque lamentablemente es la cruda verdad. Se trata de un supremacismo occidental que es nocivo no sólo para pueblos indígenas enteros, sino también para nuestros ecosistemas.

Debemos proteger el futuro de la vida en el planeta y para ello es preciso volcar nuestra mirada hacia la cosmovisión de los habitantes originarios de los territorios, que nos enseñan que no somos ajenos al medioambiente, sino que somos parte de él y que, aunque nos empeñemos en confinarnos en ciudades y apartarnos de la naturaleza, seguimos formando parte de ella y si no aprendemos a convivir en armonía la destruiremos y nos destruiremos. Nuestra existencia depende de la naturaleza. Es por eso que los pueblos indígenas la consideran una divinidad, una madre, la Pachamama.

Son la exacerbación del individualismo, del egoísmo y de ese supremacismo occidental los que nos han traído la devastación del planeta, el calentamiento global contribuyendo a esta pandemia y a las que seguramente en el futuro vendrán. La cosmovisión indígena es todo lo opuesto: es lo colectivo, es la hermandad de la tribu, es valorar la generosidad de la tierra que nos alimenta y devolver esa generosidad cuidando de ella, manteniendo el equilibrio y la armonía. Es también la humildad de no sentirnos superiores, amos y señores de un trozo de tierra, de un bosque o de un río, sino hermanados con ellos, y tampoco sentirnos por encima los unos de los otros dentro de nuestra misma especie, sino hermanados, porque compartimos un origen y un destino común.

Conectados con la madre Tierra

Esta forma de pensar no dista mucho de los propios orígenes de la cultura occidental, de la que nos hemos ido apartando hasta perder el rumbo. Fue Aristóteles quien dijo que el hombre es un animal político; es político, porque vive en la polis, en sociedad, en comunidad, pero no por ello dejamos de ser animales, aunque más inteligentes (supuestamente), pero animales al fin y al cabo. A veces pienso que la humanidad ha pasado demasiado tiempo buscando qué nos diferencia del resto de los seres y de la naturaleza, en vez de centrarnos en lo que nos asemeja para reconocernos como uno más de sus hijos.

La población indígena se encuentra, según los datos que recoge el Banco Mundial, en más de 90 países, y constituye el 5% de la población mundial (aproximadamente 370 millones de personas). Todos estos pueblos, con sus características específicas, tienen un punto en común: la conexión con la Madre Tierra. No sé qué haríamos sin ellos. ¿Qué pasaría si ellos fueran como nosotros y en vez de cuidar la Amazonia la devastaran? Pienso en personajes como Jair Bolsonaro abogando por su derecho a la explotación y expolio del pulmón del mundo. Los indígenas brasileños son unos 800.000, repartidos en más de 200 grupos, habitando el 14% del territorio. Conservan su integridad, frenan la deforestación y mitigan el impacto del cambio climático, todo ello gracias a lo bien que conocen las tierras y a la forma que tienen de relacionarse con ella. Llevan habitando y cuidando esos territorios por milenios, desde mucho antes del "descubrimiento" y "conquista" europea, que derramó la sangre de miles de indígenas, llevando a muchos grupos a la extinción.

"Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas, para las cuales tienen una baja inmunidad y una tasa de mortalidad superior a la media nacional", señaló Luís Roberto Barroso, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que hace un mes emitió un dictamen ordenando que se adopten una serie de medidas con el fin de contener los contagios y las muertes entre la población indígena.

Ellos son la clave para el cuidado de la naturaleza, de hecho, protegen el 80% de la biodiversidad que aún tenemos, pero por tal causa sufren graves violaciones de Derechos Humanos. Ya de por sí no se cumple la Declaración Universal en su artículo 2.1 que establece el derecho a la no discriminación, por lo que han sido necesarios instrumentos internacionales específicos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, y antes el Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, de 27 de junio de 1989 (ratificado hasta la fecha sólo por 22 países).

Genocidio, pobreza, expolio…

Desde entonces y hasta ahora se sigue produciendo el asesinato de líderes indígenas, precisamente por defender el territorio. Colombia, por ejemplo, es uno de los países donde más han tenido lugar estos crímenes sistemáticos contra indígenas y defensores del medioambiente, una práctica que ya comienza a ser calificada de genocidio.

Ni qué decir de los presos políticos Mapuches en Chile, que han llevado al Machi Celestino Córdoba a hacer huelga de hambre. Más tarde o más temprano llegará el momento de la justicia internacional y de la jurisdicción universal para Chile y también para Colombia, como está ocurriendo para el genocidio de los Aché en Paraguay en una iniciativa que, pese a las dificultades en los tiempos que corren, seguimos impulsando desde la Fundación que presido.

Las restricciones decretadas a causa de la pandemia han supuesto también un aumento de la pobreza para estos pueblos. Más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabajan en la economía informal, viéndose afectados negativamente por la pandemia, con lo que peligra su supervivencia, su forma de vida y su cultura, que ya estaba de por sí amenazada por la presión externa extractivista que devasta los recursos naturales.

Durante muchos años se impulsaron políticas para "beneficiar" a los pueblos indígenas, en la falsa creencia de que al implementar en sus vidas la tecnología moderna podrían "sacarles de su atraso", cuando lo que los indígenas quieren, generalmente, no es cambiar sus formas de vida tradicionales, sino obtener autonomía, que los dejen ser y seguir existiendo, y que les incluyan en la toma de aquellas decisiones que de un modo u otro les afectarán.

Se afirma que fueron los "indios" americanos los que "enseñaron a los ingleses a pescar, a preparar los alimentos de la región, a cazar, a sembrar el maíz: les enseñaron a sobrevivir en esas tierras estériles y que en el invierno quedaban sepultadas bajo gruesas capas de nieve". El pago que recibieron a cambio ya lo conocemos: muerte y exterminio hasta ser arrinconados y recluidos en reservas indígenas, en un auténtico genocidio que ha sido enaltecido por Hollywood en cada Western. Lo propio ocurrió un poco más al norte, donde lo más escabroso fue el trato hacia los niños indígenas. Con toda razón se ha dicho que Canadá tiene una deuda pendiente. Se calcula que unos 150.000 niños indígenas pasaron por los "internados indios" canadienses entre 1880 y 1996. Se trataba de escuelas de asimilación para sacarles "el indio que tenían adentro" mientras sufrían maltratos e incluso agresiones sexuales. Se estima que 6.000 criaturas habrían muerto, varias por malnutrición. Desde 2017 el 21 de junio es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Canadá, en cumplimiento de una de las tantas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En cuanto a África, la situación no es nueva, sólo que ahora en vez de los Estados europeos son las grandes corporaciones transnacionales las que continúan con el expolio de sus riquezas naturales, sin que se tomen medidas efectivas y eficaces para preservar a los pueblos originarios de este continente y a la naturaleza en la que habitan.

En abril de este año Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, lanzaba este grito desesperado: "A medida que me acerco al final de mi mandato como Relatora Especial… Estoy conteniendo la respiración, sabiendo que muchas vidas, indígenas y no indígenas, están en peligro... Y el resultado a menudo parece un genocidio, o lo es… Ruego a los gobiernos que nos protejan… Hay mucho en juego para toda la humanidad a la hora de ayudar a los pueblos indígenas y las comunidades locales".

Por su parte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirmaba en junio: "Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas".

Es nuestra obligación defender la pluralidad de identidades y tradiciones milenarias que nos enriquecen a todos como humanidad y dejar de menospreciar a las culturas que son diferentes a la nuestra, suprimiendo esa necesidad de Occidente de implantar siempre sus intereses y su visión del mundo, como si fuese la única válida.

Si queremos evitar ecocidios y mitigar las catastróficas consecuencias del cambio climático tenemos que velar por los pueblos indígenas. Si perduran, perdurará la Pachamama, porque para ellos la naturaleza es una madre, es la fuente de la vidaPachamama. Ojalá el resto de la sociedad contemporánea tuviese semejante conciencia ambiental. Es la lección que también Casaldáliga dejó con los hechos de su propia vida. Sabía bien este claretiano intrépido que de los pueblos originarios tenemos mucho que aprender.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR

“Cada día, un poco más, el indio es un ser humano como nosotros”. La sentencia la soltó el 24 de enero Jair Bolsonaro, durante su habitual emisión semanal en directo en Facebook. No es su primera declaración racista en alusión a los indígenas. En 2004, los llamó “apestosos”. En 1990, lamentó que el Ejército brasileño, al igual que su homólogo estadounidense, no hubiera podido “diezmar a los indígenas”.

Pero este anuncio es una prueba de un cambio de estrategia. Los ataques racistas se esconden ahora tras un discurso de promoción del desarrollo, porque Jair Bolsonaro busca sobre todo abrir la explotación de los territorios indígenas a la industria. El 5 de febrero presentó un proyecto de ley que autoriza la explotación minera, de gas, de petróleo y agrícola, así como la construcción de infraestructuras hidroeléctricas. La noticia desató las protestas especialmente porque no hay previsto veto ninguno de los indígenas (excepto para la extracción artesanal de oro). Sin embargo, la Constitución garantiza que, aunque los territorios indígenas son tierras pertenecientes al Estado federal, son para uso exclusivo de los pueblos indígenas.

Según la Apib (Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil), el proyecto está al servicio del desarrollo económico de los pueblos indígenas y promueve “los intereses económicos de los que apoyan al Gobierno de Bolsonaro, aunque ello implique una total falta de respeto por el derecho nacional e internacional”. Si se aprueba el proyecto de ley se podría, por ejemplo, realizar un estudio de impacto ambiental a distancia.

Para Felipe Milanez, profesor de la UFBA (Universidad Federal de Bahía), “aunque se encuentre un resquicio legal, el proyecto no debe aprobarse”. De hecho, el presidente de la Asamblea afirmó el pasado mes de septiembre que nunca incluiría en el orden del día un proyecto de este tipo y, además, la cuestión tiene una gran capacidad de movilización. De hecho, explicó Bolsonaro, el problema no es la obvia inconstitucionalidad, sino “la presión que el proyecto va a recibir por parte de los ecologistas”. “Si pudiera, los confinaría a todos al Amazonas, ya que aman tanto el medio ambiente”, añadió.

La idea de este proyecto de ley, explica Felipe Milánez, es sobre todo enviar el siguiente mensaje: “El presidente nos apoya, podemos empezar las inversiones, luego se regularizarán”. Esto fomenta las invasiones de los territorios indígenas, que han ido en aumento desde que Jair Bolsonaro llegó al poder.

En el terreno, los buscadores de oro y los traficantes de madera también lo utilizan para presionar a los indígenas, apoyados por una minoría de indígenas que apoyan al presidente. “Por un lado, el Gobierno está interrumpiendo el sistema de salud indígena... por otro, deja entrever posibles royalties", se lamenta Felipe Milánez. “Se han quedado atrás, especialmente por los incendios en el Amazonas que han atraído la atención internacional”.

Desde principios de año, en la frontera paraguaya, 3.000 indígenas se han visto privados de ayuda alimentaria, mientras que el Gobierno intenta desmantelar el sistema de salud indígena, ya debilitado por el fin del programa “Mais Médicos” decretado en enero pasado.

El proyecto de ley también puede tener un impacto en los “aislados”, los indígenas que nunca han tenido contacto con el Estado brasileño, o que han roto el contacto con él. El texto prohíbe las actividades en los territorios indígenas en las que se haya registrado su presencia, pero corresponde a la Funai (el organismo encargado de proteger a los indios) establecer esos límites. Sin embargo, la Funai está en problemas, paralizada por los juegos de poder, los graves recortes presupuestarios y la desorganización. Aunque la organización se ha debilitado durante varios años, Jair Bolsonaro ha subido de nivel.

Así, un misionero evangélico, Ricardo Dias, está ahora a cargo de la protección de los aislados, uno de los puestos más delicados de la Funai. Entre 1997 y 2007, trabajó para New Tribes Mission, una organización norteamericana que busca evangelizar a los nativos. Asegura que su mandato será “técnico” y que “no tratará de evangelizar a nadie”, pero no es convincente, ni siquiera en el seno de la Funai, cuyos trabajadores han publicado una carta abierta denunciando los riesgos asociados a su nombramiento.

Porque, como en el pasado, las consecuencias de los contactos no deseados y no preparados pueden ser desastrosas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas denuncia “una decisión peligrosa que puede generar un potencial genocidio para las poblaciones aisladas”.

New Tribes Mission, ahora rebautizada “Ethnos360”, ya es responsable de la muerte de un tercio del pueblo Zo'é, diezmado en la década de 1980 por las enfermedades traídas por estos misioneros. Además, después de este asunto, la Funai cambió sus reglas y Brasil se convirtió en pionero en la política de gestión de los aislados. La idea central era respetar el derecho a la libre determinación de los aislados y no promover ninguna acción que fomentara el contacto.

Esa política había influido en los países vecinos, y lograr invertir ese concepto sería una victoria estratégica para los fundamentalistas. Una grabación telefónica difundida el 13 de febrero por The Intercept muestra el lobby organizado por los misioneros para colocar a Ricardo Dias. El hijo del presidente de New Tribes Mission explica: “Vamos a colocar un nuevo presidente en el Departamento de personas aisladas... para cambiar formalmente esta política [de prohibir los misioneros]”. Este nombramiento representa “un paso atrás de un siglo”, denuncia Felipe Milanez.

Para el investigador, que lleva más de una década estudiándolos, “estos misioneros están locos por Dios”. Para ellos, el regreso de Cristo sólo se producirá cuando todos los pueblos del mundo se conviertan. Pero los aislados son un desafío desalentador, escondidos en lugares de difícil acceso donde está prohibido entrar sin permiso de la Funai.

Ricardo Dias tiene ahora acceso al sistema de vigilancia de los aislados y también es responsable de autorizar las visitas. “Detrás de un aparente discurso social, los misioneros son capaces de cualquier cosa, matar o morir, para convertir. Pero necesitan financiación y aliados”, dice Milánez. Estos celosos misioneros son un regalo del cielo para los explotadores de la selva, a quienes molesta la presencia de los indígenas.

Estos poderosos grupos de presión han intentado durante los últimos tres años imponer un líder de la Funai de su cuerda. Un pastor y un general se han sucedido al frente de la organización, pero “aunque eran muy conservadores, no eran lo suficientemente radicales a sus ojos”, dice Felipe Milánez. Por lo tanto, Bolsonaro ha nombrado a alguien cercano a Nabhan García, uno de los representantes más extremistas del lobby agrícola y ahora miembro del Gobierno.

Pero fue decisiva la intervención de Damares Alves, ministro de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, para el nombramiento de Ricardo Dias, sellando con ello la alianza entre los grupos de presión extremistas y los misioneros. Permitió a los misioneros obtener un puesto en el Gobierno, mientras que hasta hace poco eran odiados por los evangélicos “clásicos”, muy influyentes en Bolsonaro.

Esto se explica porque la ministra, que es pastora, es muy cercana a la organización misionera Jocum (Juventud con una Misión, expulsada en 2003 de un territorio indígena por hacer proselitismo) y participa en la AMTB (Asociación de Misiones Transculturales de Brasil), que también incluye la New Tribes Mission. “Esta cita no viene sola, otras citas más discretas son igual de nefastas. Este es un complejo y sofisticado proyecto de genocidio, no una simple postura política”, juzga Felipe Milanez.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Guatemala, en el corazón de Centroamérica, es una zona de intenso conflicto social debido, entre otros motivos, a la pugna entre la población autóctona y las centrales hidroeléctricas. En 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid denunció un caso de incumplimiento de derechos humanos en las obras de la hidroeléctria RENACE, a cargo de la compañía española Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. Tres años después de la denuncia, el Punto Nacional de Contacto (PNC) –organismo responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales–, que pertenece al Ministerio de Industria español, ha reconocido en un informe [ver aquí] que el Grupo Cobra no actuó de forma adecuada, informa la ONG.

Las obras de RENACE afectan a más de 29.000 personas de la etnia q'eqchi que viven junto al río Cahabón, donde se está construyendo esta infraestructura, que será el complejo hidroeléctrico más grande de toda Centroamérica. Grupo Cobra es el contratista del proyecto –que depende de la guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI)– y fue denunciado por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos.

El documento del organismo integrado en el Ministerio de Industria no menciona el nombre de la compañía española, pero da la razón a la ONG Alianza por la Solidaridad en cuanto a las reclamaciones por vulneraciones de derechos y deja claro que el hecho de ser contratista no exime a la multinacional de su obligación para con el cumplimiento de los derechos humanos: "La posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla”, ratifica el informe.

Dicho informe coincide, además, con el encuentro de representantes de las comunidades afectadas por el caso RENACE con el embajador español en Guatemala, Alfonso Manuel Portabales, a quien han expuesto también la situación de líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en la misma región que la obra de ACS, Alta Verapaz. 

El pasado julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó una sentencia que obligaba a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por RENACE. En esta línea, el PNC indica también que Grupo Cobra debe ajustarse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la compañía española debe asegurarse de que antes de la realización de un proyecto “se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas”.

La reclamación de Alianza por la Solidaridad al PNC es la primera de una ONG en España que cuenta con un dictamen. Para Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Sostenible de la ONG, “es muy importante que se den pasos como este informe para que las empresas entiendan que respetar los derechos humanos no depende de si la empresa actúa como inversor, contrata o subcontrata”.

No obstante, al carecer de capacidad sancionadora, y teniendo en cuenta que la obra está prácticamente terminada, el PNC tan sólo insta a la filial de ACS a disculparse ante los afectados y a colaborar con la justicia guatemalteca para mitigar y remediar los daños ya causados.

Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, los últimos datos indican que 32 personas que lideraban la lucha por su territorio y los recursos naturales han sido asesinadas entre 2018 y 2019 en Guatemala, donde los enfrentamientos ligados a la explotación de los recursos superan ya los 1.500.

Lideres de tribus indígenas brasileñas han reclamado este martes en el Congreso de los Diputados un cambio en el modelo económico del país y leyes específicas contra el cambio climáticocambio climático que garanticen, entre otras cosas, que no se consumen productos que ayudan a la deforestación de Brasil, a la expulsión de los pueblos indígenas de su territorio y a vulnerar los derechos humanos y de las mujeres, según informa Europa Press.

España es la última para de esta iniciativa que ha llevado a esta representación de los pueblos indígenas de Brasil por una veintena de ciudades en 12 países europeos. Bajo el lema "Sangre Indígena, ni una gota más", estos líderes han pedido que no les dejen solos en la lucha para conservar la biodiversidad del plantea.

Con este lema, reivindican los más de 500 años que llevan luchando contra las diferentes culturas que quieren ocupar su territorio, incluida España, como han recordado en su intervención. La última víctima, según han indicado, ha sido asesinada durante esta gira que están haciendo. "No necesitamos más mártires, necesitamos voces vivas para poder luchar juntos contra el capitalismo", han declarado.

Evitar productos que no cumplan con los derechos humanos

"Muchos nos preguntan si no estamos cansados", explican los líderes, para responder que no se cansan porque luchan "por la justicia y por la libertad". "Nos cansa ver morir a nuestro pueblo, las injusticias, la invasión de nuestros territorios, los ataques a activistas y a líderes, y es urgente que más personas se sumen a nuestra lucha", han insistido.

El llamamiento que han hecho los pueblos indígenas es a los políticos europeos, para que cambien el modelo económico de sus países y para que cada Estado cree "sus propias leyes que garanticen la trazabilidad de los productos de áreas en conflicto", que se controle qué productos "causan deforestación", "expulsa a indígenas de sus tierras" o utiliza "mano de obra esclavizada". En este sentido, también proponen que se sancione a las empresas que no cumplan con estos principios o que no tengan transparencia en este sentido.

A su juicio, "no se puede permitir" un modelo capitalista que excluye a los indígenas, es decir, al 5% de la población mundial, que, además, son los responsables de proteger el 82% de la biodiversidad que sigue existiendo en el planeta. Los indígenas han recordado que son ellos los que "garantizan" la biodiversidad de la Tierra con su "modo de vida" y no "porque exista una política activa" en este sentido.

"En Brasil se mata por genocidio y por ecocidio. El genocidio se produce con la violencia contra los pueblos y el ecocidio cuando se le niega a estos pueblos su territorio, cuando se contamina sus aguas o se incendian sus bosques", han concluido.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha derogado este lunes de forma oficial el Decreto 883 por el que se aumentaron los precios del diésel y la gasolina y que provocó más de una semana de protestas violentas en el país.

Moreno ha firmado el Decreto 894 por el que se "deja sin efecto" el anterior firmado el pasado 1 de octubre y detalla que se procederá a la inmediata elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles.

"Procédase de manera inmediata, a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles, con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles", recalca el documento.

El decreto también explica que hasta que se expida el nuevo decreto, los precios de los combustibles volverán a ser los mismos establecidos antes de que el Decreto 883 entrara en vigor. "Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre de 2019 a las 00.00", ha añadido.

Asimismo, destaca que el nuevo decreto entrará en vigor "a partir de su publicación en el registro oficial y de su ejecución encárguense los ministerios de Economía y Finanzas, de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la empresa pública EP Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera".

Moreno ya se había mostrado dispuesto a "revisar" el decreto 883, mientras que Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores, confirmaron que el acuerdo negociado el domingo por el Gobierno y los indígenas "deja sin efecto" la medida para pactar otra que mantenga la "política de subsidios".

Las protestas comenzaron el 1 de octubre, cuando Moreno dio a conocer el "paquetazo" de ajustes económicos pactado con el FMI a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares. En estos días, al menos siete personas han muerto y más de 1.000 han sido detenidas.

Moreno ha acusado directamente a su antecesor en el cargo y antiguo aliado, Rafael Correa, así como a sus socios, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas para derrocar a su Gobierno en un "golpe de Estado", algo que ambos han negado.

El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena han llegado este domingo a un acuerdo que pone fin a once días ininterrumpidos de protestas que habían sumido al país latinoamericano en una de las mayores crisis de las últimas décadas.

Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el número 883, que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible, lo que permite instalar una comisión que elaborará un nuevo decreto y de la que formarán parte representantes gubernamentales e indígenas con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Arnauld Peral, de la representación de Naciones Unidas en Ecuador, ha confirmado que los líderes indígenas han accedido a desconvocar las protestas que comenzaron hace ya más de una semana contra el llamado 'paquetazo' del Gobierno, un ajuste económico exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador. Nos comprometemos a restablecer la paz en todo el país", ha manifestado Peral, que ha participado en el diálogo como mediador.

Tras un largo receso de dos horas en el que los grupos que acudieron al diálogo se retiraron a reflexionar, las partes volvieron a la reunión y lograron alcanzar un acuerdo.

"Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!", ha manifestado Moreno, que durante el receso hizo hincapié en que el "anhelo de paz es más fuerte que las diferencias".

Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, ha afirmado que "es el momento de entender que ceder no es perder y aquí estamos cediendo todos, porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto".

El presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, César Litardo, ha destacado que se pudo "construir la paz que el país tanto anhelaba" y ha garantizado que estarán "vigilantes para que se cumplan los acuerdos" y que "tratarán de manera urgente el proyecto de ley cuando llegue a la Asamblea".

Los mediadores han expresado que están dispuestos a iniciar de inmediato la redacción del nuevo decreto, que reemplazará al que eliminaba el subsidio a la gasolina y el diésel y que ha provocado la ola de disturbios.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, que ha insistido en todo momento en la necesidad de derogar –que no modificar– el decreto, ha dado por terminadas las movilizaciones pero ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Los tres puntos del acuerdo son: la redacción de un nuevo decreto que reemplazará al 883, la instalación de una comisión que elaborará el nuevo documento y el fin de las movilizaciones y "medidas de hecho" en todo Ecuador, según ha informado el diario local 'El Universo'.

La ministra del Interior, por su parte, ha destacado que la idea de que "sectores con posturas antagónicas escojan el camino de la paz, permitirá identificar con claridad a quienes aprovecharon el momento para el caos y la desestabilización" y ha prometido que habrá "cero impunidad". Asimismo, ha dado las gracias a la Policía ecuatoriana, que se ha enfrentado "con profesionalismo a días muy difíciles".

Tras conocer la noticia, los indígenas reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura han celebrado el acuerdo.

El diálogo

Durante las conversaciones, que comenzaron con casi tres horas de retraso, Moreno ha planteado la posibilidad de crear una comisión para modificar el decreto que contempla la eliminación de los subsidios al combustible, una cuestión que fue rechazada por los indígenas.

El dirigente ha insistido en proponer un "nuevo decreto, perfeccionado, que permita canalizar los recursos hacia quienes más lo necesiten". Para ello ha destacado la importancia de crear comisiones y reiteró que no conversaría "con los correístas, que robaron la patria".

El contralor general de Ecuador, Pablo Celi, que también presidente la Función de Transparencia, ha aplaudido el espacio de diálogo como el mecanismo legítimo para resolver el conflicto y recalcó la propuesta del presidente Moreno de iniciar un proceso para crear un nuevo decreto.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha alertado de que los subsidios "terminan beneficiando a los contrabandistas y más ricos" y ha afirmado que la decisión "busca reencauzar el país". 

Sin embargo, Vargas ha subrayado que no habían "venido para comisiones" y reiteró que "la petición del país es la derogatoria del decreto 883", que responde al conocido como 'paquetazo'. "Está en sus manos señor presidente recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. ¡No vamos a negociar esa dignidad, no vamos a negociar a nuestros caídos!", ha dicho Vargas en su comparecencia en la mesa de diálogo.

"Aquí no venimos para conformar comisiones. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento se decide, el país se tranquiliza en todos los territorios del país", ha asegurado.

A él se han sumado el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Eustaquio Toala, Abelardo Granda, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el dirigente indígena Leonidas Iza, que recalcó la necesidad de paz, y la dirigente de Sarayaku, Miriam Cisneros, que ha solicitado también la derogatoria.

El acuerdo

Ante la insistencia de los indígenas, que han sostenido en todo momento que el decreto 883 "no tiene ninguna justificación fiscal y no está vinculado con ninguna estrategia de inversión pública", el dirigente ecuatoriano ha cedido.

"El principio de ustedes es el bienestar de sus pueblos y está bien, porque es un principio que lo tenemos todos. A lo que no cederé es a que ese dinero se lo sigan llevando los ricos y los traficantes de diésel y gasolina. ¡En eso no cederé!", ha afirmado Moreno, que ha especificado que "ese dinero debe ser para proyectos de riego, de provisión de maquinaria, de equipos, de insumos, de pesticidas, de fungicidas, de semillas y abonos que permitan desarrollar el campo".

"En eso estamos complemente de acuerdo, y no solo estamos de acuerdo, la comisión va a encontrar rápidamente los puntos para convertirlo en una feliz realidad", ha expresado en relación con el próximo decreto.

Así, ha aprovechado para dar las gracias a todos los que "han apoyado el proyecto, un decreto destinado a mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos", y ha mandado "un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos". "Agradezco a los negociadores que han hecho un excelente trabajo", ha añadido.

La CONAIE, por otra parte, ha dado las gracias también al pueblo ecuatoriano "por la solidaridad, el compromiso, la unidad y el acompañamiento sin condiciones al movimiento indígena y los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia".

En este sentido, los indígenas han vuelto a rechazar un "uso excesivo de la violencia contra el pueblo" y han insistido en que los "detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en estas jornadas deben ser reparados de forma integral por parte del Estado, que debe amnistiarlos y asumir su compromiso de nunca más utilizar forma alguna de violencia contra la población".

A pesar del fin de las protestas –que se han saldado con al menos siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos–, el Ministerio de Educación ha informado de que las actividades académicas continúan suspendidas en todo el país a excepción de Galápagos hasta nuevo aviso.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha afirmado este sábado que analizará y revisará el Decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles y desató una ola de protestas en el país, tras la solicitud de las organizaciones indígenas, informa Europa Press.

"Analizaremos y revisaremos conforme el pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales el Decreto 883 para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos", ha indicado el mandatario en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, el mandatario ha expuesto otras medidas, entre otras que las empresas privadas paguen un bono de 20 dólares mensuales a sus empleados.

Primera reunión entre el movimiento indígena y el Gobierno 

La Conferencia Episcopal de Ecuador y el Sistema de Naciones Unidas en el país han informado este sábado que la primera reunión entre el Gobierno y el movimiento indígena se celebrará este domingo en Quito.

"Tras mantener contactos con el Gobierno y con las organizaciones del movimiento indígena, la primera reunión de diálogo está convocada para el día 13 de octubre a las 15.00 horas (hora local) en Quito", han anunciado en un comunicado conjunto. El sistema de la ONU en Ecuador y la Conferencia Episcopal han expresado su confianza en la "buena voluntad de todos para establecer un diálogo de buena fe y encontrar una pronta solución a la compleja situación que vive el país".

Disturbios durante la noche en varios barrios de Quito

Durante la noche del sábado al domingo se han producido disturbios en varios puntos de la capital de Ecuador, Quito, sacudida por las protestas contra el "paquetazo" económico del presidente Lenín Moreno que se ha saldado hasta la fecha con la muerte de seis manifestantes por la acción de las fuerzas de seguridad. Las movilizaciones comenzaron hace más de una semana.

No hay transporte municipal ni de autobuses urbanos en la capital y los militares se han desplegado a lo largo de la Ruta Viva para evitar los cortes de vías y enfrentarse grupos de violentos, según recoge el periódico ecuatoriano El Universo.

Vecinos de varias zonas de la capital ha denunciado "una noche de terror" en urbanizaciones de Tumbaco y Cumbayá por "hordas de vándalos" y ante la ausencia de militares y policías. En respuesta, grupos de vecinos armados con palos han comenzado a patrullar e interrogar a quienes circulaban por las calles.

En la Ruta Viva durante la noche hubo quema de neumáticos pese a la presencia de militares que intentaron desplejar la zona, escenario de un "cacerolazo" por la paz convocado por residentes ante la violencia desatada entre las organizaciones opositoras e indígenas y las fuerzas de seguridad.

Además, en las últimas horas ha sido detenida la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce, arrestada durante la madrugada para fines investigativos, según ha informado el Gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart. Arce fue alcaldesa del cantón de Guayas y está considerada como cercana al expresidente Rafael Correa. "Detenida en Durán para fines investigativos Alexandra A. por el presunto delito de asociación ilícita. ¡Seguimos restableciendo el orden y la paz en toda la provincia!", ha publicado Duart en Twitter.

La Fiscalía y la Policía de Ecuador han confirmado la entrada en la vivienda de Arce y la incautación de ordenadores y teléfonos móviles en busca de presuntos mensajes en relación al paro nacional. "#FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanaron la vivienda de Alexandra A. P., exalcaldesa de #Durán, y la detuvieron con fines investigativos. Computadoras y celulares fueron incautados, en busca de presuntos mensajes en relación al #ParoNacionalEc", ha apuntado la Fiscalía.

El secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, ha vinculado a Alexandra Arce, con los disturbios y saqueos registrados la noche del lunes en el vecino cantón de Guayaquil.

Los incidentes violentos registrados en las protestas contra el Gobierno ecuatoriano se han saldado ya con el procesamiento formal de 260 personas, de las cuales casi la mitad corresponden a la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, según un balance de la Fiscalía General recogido por Europa Press.

En concreto, a Guayas corresponden 112 de los 260 procesamientos. Pichincha, cuya capital es Quito, ha registrado un total de 30, mientras que el resto de casos se reparten por otras 14 provincias. La Fiscalía ha señalado que, entre los delitos que se le imputan a estos procesados, figura paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, ataque o resistencia a la autoridad, robo, porte de armas, asociación ilícita y violación de la propiedad privada.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 1.070 personas han sido detenidas en los últimos ocho días, de las cuales tres de cada cuatro han quedado en liberad sin que se les imputase delito alguno. Esta oficina ha informado también de al menos cinco fallecidos, así como de 855 heridos.

Las protestas, que tienen como principal impulsor a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), comenzaron tras el paquete de medidas económicas anunciado el 1 de octubre por el Gobierno de Lenín Moreno y que planteaban una eliminación del subsidio al combustible.

El presidente se ha ofrecido a dialogar "directamente" con los indígenas, aunque estos han rechazado por ahora cualquier acercamiento y reclaman que antes el Gobierno derogue el conocido como paquetazo, gracias al cual Ecuador podría recibir una inyección de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan", ha afirmado Moreno en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter, subrayando que "siempre tiene voluntad de diálogo".

La Defensoría del Pueblo ha advertido en un comunicado de que "la falta de diálogo, acercamientos y definiciones dentro del paro nacional ha dejado resultados devastadores para toda la población ecuatoriana". "Es urgente deponer posiciones y acciones que generen retroceso y violencia, para encontrarnos nuevamente como seres humanos de un Ecuador que requiere unirse, trabajar y reconstruirnos hacia un país de paz", ha añadido, con un mensaje expreso al Gobierno para que "ceda posturas" y "tienda puentes" hacia el diálogo.