Una vez, paseando por Salamanca, choqué con una campaña turística en la que la ciudad se vendía como "la Florencia española". La metáfora me recordó a aquel capítulo de Los Simpsons en el que Marge consuela a Lisa diciéndole que no se preocupe: si la rechazan las universidades de la Ivy League siempre podrá ir a McGill, "el Harvard de Canadá". "Cuando algo es el algo de algo… es que es el nada de nada".

El Museo Reina Sofía acaba de inaugurar La historia no se repite, pero rima, un ciclo de "yuxtaposiciones" en las que el Guernica se enfrentará a sus "equivalentes" de otros tiempos y espacios. El primero de estos encuentros (ubicados en una salita frente al gran cuadro de Picasso) lo protagoniza una obra del artista sudafricano Dumile Feni (1942-1991) cuyo título viene al pelo: Guernica africano (1967). El dibujo está realizado en carboncillo sobre papel de periódico y mide casi dos metros por lado: un formato casi cuadrado cuyo ecuador surca la unión indisimulada de las dos grandes tiras de papel con las que el artista formó el soporte.

Exhibida por primera vez en la Gallery 101 de Johannesburgo el mismo año de su realización —en un contexto sociopolítico marcado por la segregación racial— la obra nos muestra una escena agitada: en un espacio indiferenciado por el que pululan vacas y pájaros, unos personajes contrahechos y electrizados se agitan en poses inquietantes. El dibujo, cargado de esos manierismos que un espectador occidental puede reconocer como "africanos", está resuelto con maestría; y la velocidad de los trazos y el habilidoso sombreado dotan a la escena de un dinamismo contagioso. Cuando más se mira, menos se entiende qué hacen aquellos hombrecillos: ¿qué espera el tipo trajeado en su mesita con mantel? ¿Qué se susurra la pareja que se rodea con los brazos? ¿A dónde galopa el jinete del cucharón que monta un toro de ojos vacíos? ¿Qué provoca las contorsiones gritonas del señor con tres piernas? ¿Nadie atenderá al niño de ojos negros que se aferra a una ubre? Como si el dibujo fuera inagotable, la acción se prolonga hacia el margen superior en una multitud de personajes ensombrecidos cuya actividad apenas intuimos.

La exposición se completa con otras cinco piezas de Feni: Decir no, 1967 (un grupito trata de dar sepultura a alguien que parece escapar de su ataúd), El aula, 1965 (una composición vertical construida como en espejo, de modo que los retratados de la sección inferior aparecen cabeza abajo), Hector Pieterson, 1987 (un hombre plantado de frente, que nos clava la mirada mientras porta lo que parece un niño muerto entre los brazos), Mujer y niño (obra no datada en la que un personaje femenino, de rostro similar a una máscara, sujeta a un homúnculo con su brazo raquítico) y No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo, 1975 (un enorme dibujo enrollado lleno de rostros angulosos).

En el cuadernito que el museo ha editado para la ocasión, la comisaria Tamar Garb nos explica (en un texto plagado de groseros errores de redacción) que la vinculación entre la célebre obra de Picasso y la de Feni es menos directa de lo que cabría esperar a tenor de la propuesta. Posiblemente, el artista conocía Guernica, pero no hay constancia que él le diera ese título, por más que aceptase que el galerista se lo endosase. "Picasso […]", leemos, "nunca supuso una “influencia” o fuente directa. Dumile era un creador demasiado independiente e idiosincrático. Al mismo tiempo, la forma en que recurrió en African Guernica al enmascaramiento facial y a la simplificación corporal, al tono monocromático y a la iluminación dramática […] para producir una obra a escala monumental no puede dejar de hacer pensar en el Guernica, obra a la que además apunta en el título". 

Entonces, sí, pero no. Como el interés de Picasso por "el arte africano" (así, en general; África, ese gran país, etcétera), mencionada en el texto que presenta la exposición como una "temprana dependencia", sin mayores consideraciones que profundicen en su fascinación exotizante y en el modo en el que este "arte" circulaba por Europa en vehículos perfectamente coloniales como El Museo del Hombre de París. Esta calculada ambigüedad (que ya se presagia en el título del ciclo, tomado de una cita ¡apócrifa! de Twain) me parece el problema más subrayable de esta nueva propuesta del Reina Sofía. Si, como parece, el museo quiere aprovechar su principal reclamo turístico (cuando uno sale del ascensor en la segunda planta, lo primero que ve es un cartelito que le indica en qué dirección está el Guernica) para presentarnos obras desconocidas y vinculaciones inesperadas —propósito elogiable, conste— convendría (ya que todos vamos a morder el anzuelo) que nos echásemos a nadar sin necesidad de guardar la ropa. 

El director Julio Pérez del Campo, premiado con un Goya en 2019 al mejor corto documental por 'Gaza', ha manifestado que "por primera vez en la historia" se está viendo "un genocidio televisado" y ha aplaudido la respuesta de la ciudadanía española y su defensa del pueblo palestino, informa EFE.

En declaraciones a EFE en Talavera de la Reina, Pérez del Campo ha dicho que en 2015, cuando rodó el cortometraje, "ya se estaba cometiendo una limpieza étnica y un genocidio”.

El director ha subrayado que la situación en Gaza es "algo que no hemos visto probablemente en toda la historia, el sometimiento de un pueblo, no solamente a los bombardeos, sino también a una hambruna premeditada por parte de un gobierno fascista que está cometiendo un genocidio contra un pueblo desarmado y que no tiene ninguna manera de defenderse".

Pérez del Campo ha considerado que la respuesta del Gobierno español ante la situación en Gaza "está siendo absoluta y radicalmente insuficiente", aunque ha admitido que "ha sido un país bandera" dentro de los países que han tomado medidas y condenado la situación.

El cineasta ha subrayado que "tenemos el ejemplo de otros países" y de cómo se actuó "contra el apartheid de Sudáfrica", consiguiendo "aislar y boicotear" a un país, hasta que se logró que "la comunidad internacional hiciese ver que la única manera de salir del apartheid y de la barbaridad que se estaba cometiendo" era la expulsión de todas las instituciones.

A su juicio, hay que "echar de todas las instituciones al estado genocida de Israel y, por supuesto, creo que la principal medida que se puede tomar es aislar, tanto a nivel comercial como político”.

El director ha destacado la respuesta de la ciudadanía española: "Tenemos que sentirnos orgullosos del pueblo que tenemos; ha sido un pueblo que desde hace muchos años ha demostrado su capacidad de reivindicación, su capacidad de entender los derechos humanos".

Pérez del Campo ha calificado la respuesta que está dando la sociedad como "un ejemplo a nivel histórico".

"El pueblo español, cuando pasen unos años, podrá sentirse orgulloso de sus acciones y la historia nos pondrá a cada uno en nuestro lugar. La gente que ha estado en contra y que ha luchado contra este genocidio podrá llevar la cabeza alta, mientras los demás tendrán que pedir perdón por haber apoyado a un estado terrorista y genocida", ha sentenciado.

1. ¿Qué es la investigación Scam Empire y qué revela?

Scam Empire, el Imperio del Fraude, es una investigación realizada por el consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación de varios países. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han destapado dos grupos de call-centers, con sede en Israel y Europa del Este, el primero, y Georgia, el segundo, cuyos empleados han convencido al menos a 32.000 personas de todo el mundo para hacer “inversiones” por un total de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Estas operaciones tienen todas las características de una estafa masiva: los teleoperadores utilizan identidades falsas, documentación falsificada y publicidad engañosa; impiden sistemáticamente a los inversores retirar su dinero y casi todos los productos de inversión que ofrecen carecen de licencia y han sido objeto de advertencias oficiales por parte de las autoridades financieras.

Los datos de la filtración ofrecen una visión inédita del funcionamiento interno de una perversa industria del ciberfraude que, según la Policía, cuesta a los ciudadanos cientos de miles de millones de dólares al año.

Los documentos obtenidos, que incluyen más de 20.000 horas de llamadas telefónicas y decenas de miles de capturas de pantalla, muestran cómo los empleados de los centros de llamadas emplean sofisticadas tecnologías comerciales para convencer a sus víctimas de que están a punto de hacer realidad sus sueños financieros. Pero cuando los inversores intentan retirar sus beneficios, los estafadores suelen inventar pretextos para explicar por qué no pueden enviar el dinero, y luego intentan engañarlos para que envíen más.

Aunque los métodos de los estafadores son rudimentarios, su trabajo está muy organizado y funciona a escala comercial desde sus propias oficinas. Utilizan programas informáticos de gestión de clientes, colaboran con profesionales de marketing externos e imparten cursos de formación de varios días de duración al personal de atención al cliente, que además cuenta con el apoyo de departamentos de recursos humanos, control de calidad e informática.

Estas estafas son muy lucrativas. Los estafadores –cuyos esfuerzos se registran en rankings y celebran sus éxitos con gifs animados- son recompensados con lujosas fiestas, salarios generosos y primas por rendimiento.

Mientras, al otro lado del teléfono, hay vidas arruinadas. Algunas víctimas llegan a pensar en el suicidio; muchas acaban con una deuda asfixiante, traumatizadas e incapaces de confiar en extraños. Y la inmensa mayoría no obtiene justicia, ya que es muy difícil encontrar, desenmascarar y procesar a los estafadores.

2. ¿Cuántas estafas ha destapado Scam Empire? ¿Están conectadas entre sí?

Scam Empire pone al descubierto dos call-centers distintos:

● AK Group tenía al menos tres oficinas en Tiflis, la capital de Georgia, y empleaba a unas 85 personas, incluido el personal administrativo, en abril de 2024.

● La segunda organización es mucho mayor y más difusa. Se divide en tres amplias unidades de negocio con sus propias estructuras de gestión, y ha tenido al menos siete oficinas en Israel, Bulgaria, Ucrania, España y Chipre, que empleaban al menos a 480 personas en agosto de 2023. Estas divisiones mantenían una base de datos financiera conjunta y registraban los pagos de los inversores de manera centralizada. Estos call-centers parecen trabajar bajo la dirección de un equipo de gestión ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. Los documentos de la filtración no revelan si detrás de esta organización hay una o varias personas.

Aunque completamente independientes, estas dos organizaciones parecen estar llevando a cabo esencialmente la misma estafa, utilizando materiales de formación, guiones y contratos con proveedores similares. Incluso emplean los mismos proveedores de servicios, incluidos servicios de voz sobre IP (VoIP), soluciones de alojamiento en la nube, empresas de marketing de afiliación y procesadores de pagos.

3. ¿Qué hay en la filtración y cómo surgió la investigación?

Scam Empire se basa en dos series de documentos internos obtenidos de los centros de llamadas: unos 1,14 terabytes del centro de llamadas de Georgia y 765 gigabytes de la organización israelí-europea.

Los documentos consisten principalmente en archivos informáticos internos –y en el caso de la organización georgiana, unas 20.000 capturas de pantalla y más de 20.000 horas de llamadas de audio– y fueron compartidos con periodistas de la televisión pública sueca (SVT) por una fuente anónima.

El tamaño y la extensión geográfica de la filtración pusieron en evidencia que, para llevar a cabo una investigación periodística adecuada sería necesario que unieran sus fuerzas medios de comunicación de múltiples países. Por eso SVT se asoció con OCCRP para organizar Scam Empire, un esfuerzo de colaboración que incluye a otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas han pasado más de seis meses estudiando minuciosamente los documentos filtrados para reconstruir cómo funcionan estas organizaciones, contactando y entrevistando a las víctimas, identificando a los estafadores, investigando casos judiciales, hablando con expertos y funcionarios policiales y rastreando, en la medida de lo posible, los enormes flujos de dinero empleados.

4. ¿Quién filtró la información y por qué?

Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima cuya motivación, explicó a los periodistas, fue el deseo de acabar con la impunidad de los estafadores.

“Los estafadores pueden operar casi abiertamente, sin que nadie les detenga”, escribe la fuente. “Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades que entraña la investigación de delitos transfronterizos... Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”, explica.

“Al entregar el material a los medios de comunicación”, añade, “espero/esperamos que este asunto reciba suficiente atención para que las autoridades tomen medidas contra estos delincuentes. Este problema no es imposible de resolver. Sólo hace falta que a todos nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

5. ¿Cuál es la magnitud de estas operaciones? ¿Cuánto dinero ganan los estafadores?

El alcance de la filtración es limitado, por lo que resulta imposible calcular la magnitud total de estas operaciones. Aun así, las sumas son impresionantes.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2025, la organización georgiana recibió 35,3 millones de dólares –33,7 millones de euros– de más de 6.000 personas a través de cuatro secciones lingüísticas: alemán, inglés, español y ruso.

En la organización israelí-europea, los periodistas contabilizaron más de 240 millones de dólares –231,2 millones de euros– enviados por casi 27.000 personas de más de 30 países entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Los expertos advierten de que es difícil calcular el tamaño global de la industria de la estafa online debido a la infranotificación y a la disparidad a la hora de definir el delito. Pero se dice que rivaliza en magnitud con el tráfico ilegal de drogas. Según Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol, las estafas online generan unos 500.000 millones de dólares al año.

6. ¿Qué venden exactamente estos centros de llamadas? ¿Podrían ser verdaderas plataformas de inversión? ¿Qué pruebas hay de que son estafas?

Los call-centers ofrecían a sus víctimas la oportunidad de operar en decenas de plataformas de inversión. Estas plataformas –cada una con su propio logotipo, sitio web y material publicitario– pretendían ser brókers expertos que permitían incluso a principiantes invertir en criptomonedas, acciones de empresas como Tesla u otros productos financieros de moda. Los periodistas identificaron 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea y siete por el grupo georgiano.

Es imposible afirmar con rotundidad qué ocurrió con cada uno de las decenas de miles de clientes que aparecen en los documentos de los centros de llamadas como adheridos a estas plataformas. Pero todo indica que ambas organizaciones fueron diseñadas para estafar a un gran número de personas.

Las estadísticas hablan por sí solas: los periodistas contactaron con más de 200 personas que figuran en los documentos como inversores. Casi todos –166 clientes de la red israelí-europea y 40 de la georgiana– afirmaron que han sido estafados. Sus pérdidas totales confirmadas superaron los 18 millones de dólares –17,3 millones de euros–, y 65 víctimas informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Pero quizá la prueba más contundente del fraude proceda de un conjunto de más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas por agentes del AK Group georgiano. En ellas queda al descubierto el engaño y la crueldad que ejercían sobre sus víctimas, en algunos casos burlándose abiertamente de ellas por haber sido estafadas.

Las capturas de pantalla y los archivos informáticos completan el cuadro, mostrando a los teleoperadores del centro de llamadas georgiano mientras usan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por instituciones financieras legítimas y crear documentos fraudulentos. También muestran los chats de los agentes telefónicos, en los que se refieren abiertamente a sí mismos como estafadores y se burlan de sus víctimas.

Una colección más pequeña de cientos de llamadas telefónicas grabadas de la red israelí-europea ofrece una imagen más limitada, pero aún vívida, de las manifestaciones, a menudo fantásticas, de los teleoperadores. En una conversación, uno de ellos le dice a un inversor potencial reticente que su plataforma le haría ganar dinero automáticamente mediante un “sistema basado en Inteligencia Artificial”.  “Opera por ti de forma automática. En realidad, no necesitas entender cómo funciona todo, porque ése es el trabajo del sistema”, explica el agente. “Una vez que el tren esté en la estación”, continúa, “simplemente súbete a él y luego, básicamente, disfruta del viaje. Créeme, vas a ganar mucho dinero”.

Los periodistas también detectaron otras señales de alarma. La gran mayoría de las plataformas no exhibían ninguna licencia que les permitiera ofrecer productos financieros, y muchas decían tener su sede en Suiza, país en el que, según los datos internos disponibles, los call-centers no tienen empleados.

De las 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea, 62 recibieron al menos una advertencia oficial de un regulador, y muchas han sido señaladas más de una vez.

Por último, ambas redes parecen haber echado el cierre cuando los periodistas se han puesto en contacto con ellas. Sus empleados no querían hablar y estaban protegidos por guardias de seguridad. En Georgia y Bulgaria, oficinas enteras parecieron vaciarse después de que los reporteros establecieran contacto con ellas.

7. ¿Alguna de las plataformas puede ser legal?

Hay una categoría de marcas que merece una mención especial. Cuatro de ellas –VPTrade, Finxocap, Finbok y SkyMT– eran explotadas por empresas que sí tenían licencias oficiales en Sudáfrica. Los documentos internos a los que ha tenido acceso Scam Empire muestran que, de los 240 millones de dólares ingresados por la red israelí-europea, 18,5 millones, es decir, algo más del 7%, procedían de estas marcas con licencia.

Los documentos también muestran que, en el caso de estas marcas, los clientes pudieron retirar un mayor porcentaje del dinero recibido: alrededor del 10%, frente al 2% de las marcas no reguladas.

Los periodistas hablaron con varios clientes de Finbok que no se consideraban estafados, aunque pensaban que habían sido mal asesorados e inducidos a invertir cantidades que no podían permitirse. Algunos recibieron reembolsos sustanciales, aunque inferiores al valor de su inversión total. A menudo el reembolso fue fruto de un acuerdo alcanzado tras quejarse directamente a la marca o denunciar a la policía. Y estas transacciones iban acompañadas internamente de una factura a los clientes por “trabajos de marketing” que se correspondía con la suma exacta que habían retirado, aunque ninguno de los clientes había visto semejante trabajo.

Otros clientes de las plataformas sudafricanas autorizadas aseguraron a los periodistas que creían haber sido estafados, y cuatro afirmaron que recordaban haber visto avales falsos de famosos antes de que se pusieran en contacto con ellos. Tres denunciaron sus pérdidas a la policía.

Un documento hallado en la filtración muestra que Finbok está siendo investigada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica por prometer “elevados rendimientos poco realistas”, anunciar prestaciones inexistentes y “acosar” y “manipular” a los inversores.

FINBOK/VECTOR FINANCIAL SERVICES ROR.

Otra de las marcas sudafricanas, SkyMT, ha sido despojada de su licencia La investigación sobre su empresa matriz, Lehumo Securities, había comenzado antes de que fuera adquirida por la red israelí-europea. Fue rebautizada como SkyMT, que también fue objeto de una advertencia reglamentaria oficial].

LEHUMO ROR

Las tres empresas que están detrás de las cuatro marcas sudafricanas con licencia son propiedad de quienes parecen testaferros: una modelo rumana y un ciudadano búlgaro que dijo a los periodistas que no tenía constancia de que su nombre figurara en ningún documento sudafricano.

8. ¿Quién está detrás de estos centros de llamadas?

Los empleados de los call-centers toman amplias medidas para ocultar sus identidades, utilizando seudónimos incluso en sus comunicaciones internas.

En el caso de la red georgiana, los reporteros pudieron identificar a muchos de los estafadores a partir de las pistas que facilitaban en sus conversaciones de chat, cotejándolas con publicaciones en redes sociales y otra información disponible públicamente.

Sobre el papel, la empresa propietaria de esta red, AK Group, pertenece una mujer de 36 años llamada Meri Shotadze. En la práctica, según las comunicaciones internas, parece ser la segunda al mando. El hombre al que se refiere como su jefe tiene 33 años y se llama Akaki Kevkhishvili. Aunque parece disfrutar de un estilo de vida relativamente lujoso, con la reciente adquisición de un Range Rover de 100.000 dólares, no está claro si hay alguien más detrás de la organización. Ni Shotadze ni Kevkhishvili respondieron a las peticiones de comentarios que les ha enviado OCCRP.

AK Group alquila sus oficinas a través de otras dos empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: una es un desplazado interno de la República de Abjasia, la otra es la suegra de Kevkhishvili.

También se desconoce quién está detrás de la organización israelí-europea, que abarca tres unidades de negocio, docenas de entidades corporativas y un número cambiante de oficinas. Hasta abril de 2024, alquiló espacio en la Torre Sapir, un reluciente rascacielos de oficinas en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, que parece ser la sede israelí de la red. Aunque la filtración revela los nombres de muchos de los directivos de la organización, los fundadores o sus principales beneficiarios siguen siendo desconocidos.

9. ¿Cómo efectúan las víctimas los pagos a estos estafadores? ¿Por qué sus bancos no se lo impiden?

Los bancos comerciales no se lo ponen fácil a sus clientes cuando quieren transferir grandes sumas de dinero a países extranjeros porque les han prometido obtener unos rendimientos demasiado buenos para ser ciertos. Pero los estafadores han desarrollado métodos muy creativos para sortear estos obstáculos.

Muchas víctimas hacen sus pagos utilizando criptomonedas. A otras las convencen para que abran nuevas cuentas en instituciones financieras sujetas a regulaciones menos estrictas, como los neobancos digitales. Para asegurarse de que las transferencias de las víctimas no se bloquean, los estafadores les enseñan cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, pueden indicarles que lo que pagan son entradas para el teatro.

Los estafadores inducen a las víctimas a enviar su dinero a una empresa que forma parte de una red de compañías que se extiende por varios países, lo que hace casi imposible su rastreo. A veces contratan a proveedores de servicios especializados que les proporcionan sociedades pantalla y facilitan las transacciones para eludir los controles bancarios. También utilizan facturas falsas para justificar las transacciones.

Las rutas que sigue el dinero son tan complicadas que suele ser imposible determinar cuál ha sido su destino final. En una de las tramas rastreadas por los periodistas, los fondos de las víctimas se enviaban a un grupo de empresas registradas en España y el Reino Unido, que se los repartían antes de dirigirlos a un segundo nivel de empresas, la mayoría en el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Hungría.

El dinero fluyó después a otras empresas, disfrazadas de consultorías, en Chipre y Macedonia del Norte, antes de que se perdiera su rastro.

10. ¿Cuál es la historia de este tipo de estafa?

La industria moderna de las estafas de inversión en internet tiene sus raíces a mediados y finales de la década de 2000, cuando figuras del crimen organizado –principalmente israelíes, rusas y georgianas– se dieron cuenta de que podían aprovecharse del mercado Forex, una forma de intercambio de divisas legal, pero de alto riesgo, normalmente reservado a inversores expertos. Con el auge de la internet de alta velocidad, algunos operadores empezaron a ofrecer al público el mercado minorista de Forex, vendiéndolo como una oportunidad para que la gente corriente obtuviera beneficios.

Los medios de comunicación israelíes, especialmente Times of Israel, han informado ampliamente sobre esta industria, ya que Israel se convirtió en el epicentro de estas estafas, sobre todo en la década de 2010, gracias al auge en el país del marketing de afiliación y de las apuestas online.

Algunas empresas operaban legalmente, pero se aprovechaban de inversores inexpertos, mientras que otras manipulaban descaradamente sus plataformas para asegurarse de que las víctimas siempre salieran perdiendo. Con el tiempo, estos operadores empezaron a ofrecer opciones binarias [aquellas cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto], CFD –contratos por diferencia, un derivado financiero– y, finalmente, estafas basadas en criptomonedas, todas ellas con el mismo esquema: ofrecer un producto financiero supuestamente complejo que, en realidad, no era más que una simulación diseñada para robar el dinero de las víctimas.

Israel prohibió finalmente el comercio de opciones binarias en 2017. Pero la prohibición no desmanteló el sector, sino que simplemente lo obligó a deslocalizarse. Muchos estafadores trasladaron sus operaciones a Europa del Este, estableciendo nuevos centros de llamadas en países como Ucrania, Bulgaria, Georgia y Albania.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas estafas siguen evolucionando. El sector prospera gracias a su capacidad para cruzar fronteras con poco esfuerzo: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero utilizando una maraña de transacciones internacionales y captar víctimas en países lejanos. Plataformas como Google y Facebook también han desempeñado un papel involuntario en el éxito del sector, beneficiándose de los anuncios que canalizan a las víctimas hacia estas estafas. Con las investigaciones policiales fragmentadas por países, la lucha contra el fraude en las inversiones online sigue siendo ardua: por cada red que se desmantela, parece surgir otra.

11. ¿Qué puede hacer para evitar ser estafado?

Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de años de trabajo. Reconocerlas es clave para mantenerse a salvo.

La mayoría de las víctimas son atraídas por anuncios en internet que aparecen en los lugares habituales, como Google, Facebook o YouTube. Estos anuncios promocionan productos de inversión complejos y utilizan muchos términos high-tech de moda. Cualquier referencia a la “computación cuántica”, la “inteligencia artificial”, el bitcoin o las criptomonedas –o cualquier insinuación de que estas tecnologías le harán rico– debe ponerle en guardia. Sospeche de inmediato.

Algunas víctimas también son captadas por bulos que promocionan estos mismos productos, a menudo citando el respaldo de un famoso. Compruebe siempre si el famoso ha hablado realmente del producto en sus redes sociales reales. Y si la noticia enlaza con una página para suscribirse al producto anunciado, es una señal de alarma. Compruebe siempre la fuente antes de involucrarse.

Una vez que se haya inscrito, recibirá una llamada de un agente instándole a realizar una “inversión” inicial de unos pocos cientos de euros. Los teleoperadores suelen hacer hincapié en la facilidad de uso de la plataforma de inversión, explicando que su producto –que, de nuevo, probablemente utiliza alguna tecnología avanzada de trading– está pensado para principiantes. Prometen enormes beneficios y pueden intentar aprovecharse de sus preocupaciones o sueños financieros. Tenga cuidado con las ofertas “exclusivas” con límite de tiempo, ya que las empresas de inversión legales no le meten prisa a la hora de tomar decisiones. Si alguien le pregunta por su situación financiera o le presiona para que actúe con rapidez, es una señal de alarma. ¿La mejor respuesta? Ponga fin a todo contacto y denuncie la estafa.

Otra señal de alarma es si su “agente” empieza a ser demasiado creativo sobre cómo enviarle dinero. En concreto, puede desviarle de su banco habitual, enseñarle cómo convencer a su entidad para que aprueben las transacciones, empujarle a abrir nuevas cuentas bancarias online o transferir sus fondos a criptomonedas. Una vez que haya invertido, los estafadores no se detendrán ahí. Inventarán razones para justificar que usted no puede retirar sus fondos, le presionarán para que invierta más o le dirán que se necesitan depósitos adicionales para recuperar lo que ya ha ingresado.

Una vez que se haya dado cuenta del fraude, algunos estafadores se pondrán en contacto con usted haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, ofreciéndole ayuda para localizar su dinero, pero utilizando tácticas de intimidación para mantenerle en el engaño. Los verdaderos representantes de los organismos públicos no exigen dinero por teléfono.

Tenga en cuenta que éste es sólo un patrón. Aunque las técnicas aquí descritas han atrapado a decenas de miles de personas, hay muchas otras estafas en el mundo.

Irlanda se ha sumado oficialmente a la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por presunto genocidio en la Franja de Gaza, según ha informado el organismo en un comunicado publicado este martes.

Las autoridades irlandesas presentaron ayer lunes, 6 de enero, la documentación necesaria para formalizar la "declaración de intervención" en el caso, tal y como anunció el Gobierno ya en el mes de diciembre del pasado año. En concreto, Dublín piensa que Israel podría estar incumpliendo con sus ataques sobre la Franja de Gaza una serie de artículos de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

Ya en marzo Irlanda había anunciado que intervendría en el caso de genocidio en la CIJ contra Israel, pero el pasado 11 de diciembre el ministro de Exteriores irlandés, Micheal Martin, dijo que había logrado el apoyo del gabinete y que la intervención se presentaría a finales de este mes.

El departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda dijo que "al intervenir legalmente en el caso de Sudáfrica, Irlanda pedirá a la CIJ que amplíe su interpretación de lo que constituye la comisión de genocidio", detalló en un comunicado, en el que justificó que una lectura "muy estrecha" puede favorecer una cultura de la impunidad.

Días después de conocer esta noticia, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de su embajada en Dublín y acusó a Irlanda de "haber cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel".

El pasado mayo, Israel retiró a su embajador en Dublín, después de que ese país reconociera Palestina como Estado, en una declaración conjunta en la que también lo hicieron España y Noruega y que provocó represalias del Gobierno israelí y la declaración de nuevos asentamientos en territorio palestino ocupado. 

Los resultados oficiales de las elecciones generales de Sudáfrica publicados por la Comisión Electoral (IEC) del país han confirmado la debacle del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), el partido del histórico Nelson Mandela, que ha perdido su mayoría parlamentaria por vez primera en 30 años de historia democrática del país.

El IEC ha ratificado que el partido oficialista ha cosechado 159 escaños tras lograr el 40,18% de votos, al que le sigue Alianza Democrática (AD) con 87 asientos y un 2,87% de apoyo, según han anunciado en un evento retransmitido en directo.

A pesar de que las encuestas daban el tercer lugar a Luchadores por la Libertad Económica (EFF), finalmente ha sido el recién surgido uMkhonto we Sizwe (MK), apoyado por el expresidente Jacob Zuma, el que se ha hecho con esta plaza tras lograr 58 escaños y 14,58% de votos frente a los 39 asientos y 9,52% de las papeletas del EFF.

Cabe destacar que si bien las autoridades electorales pronosticaban superar el 66% de la participación de los últimos comicios, celebrados en 2019, finalmente la tasa se ha quedado en un 58,61%.

El sábado, Zuma pidió una investigación sobre las elecciones e instó a la Comisión a no publicar los resultados definitivos después de que los partidos políticos participantes presentasen casi 580 objeciones por irregularidades, si bien el presidente de la IEC, Mosotho Moepya, defendió la labor del organismo y recordó la dificultad de garantizar la fiabilidad de un proceso "que es transparente y abierto".

Tanto el CNA como AD están emprendiendo conversaciones para resolver un inédito gobierno de coalición. La colaboración de AD sí garantizaría una mayoría parlamentaria merced al 40 % de votos obtenido por el Congreso más el 21 % provisional que tiene por ahora la formación liderada por John Steenhuisen, un partido estrechamente vinculado a las élites económicas y exponente de la minoría blanca del país.

El representante de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Gilad Noam, ha asegurado este viernes que su país no está cometiendo genocidio alguno en Gaza y ha pedido al tribunal que suspenda los procedimientos iniciados por Sudáfrica, que ha convertido semejante crimen en una "parodia", según recoge Europa Press.

"En Gaza está ocurriendo una trágica guerra pero no un genocidio", ha asegurado Noam en su turno de palabra ante el tribunal en La Haya, durante las vistas para examinar la nueva petición de Sudáfrica, que hace una semana solicitó la revisión de las medidas cautelares en vigor contra Israel tras acusar a este país de su incumplimiento y ante la nueva operación israelí en la ciudad gazatí de Rafah, que ha forzado de nuevo el desplazamiento de cientos de miles de palestinos.

"Los incidentes que violan las leyes de la guerra son habituales en un conflicto armado, pero Israel dispone de un robusto sistema legal para lidiar con ellos bajo cualquier circunstancia, incluida la guerra que nos ocupa. Israel sigue comprometido con sus obligaciones legales internacionales", ha añadido.

En este sentido, Noam ha denunciado que "Sudáfrica se ha vuelto a presentar de nuevo ante el tribunal, por cuarta vez, para presentar una imagen de los acontecimientos que está completamente divorciada tanto de los hechos como de sus circunstancias".

El representante legal ha explicado que Rafah, en realidad, es "un epicentro de actividad terrorista" al tratarse de un "bastión" de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, y que su país "está bajo ataque y solo está intentando defenderse y defender a sus ciudadanos".

Debemos dar gracias a Sudáfrica, y debemos hacerlo por plantar cara diplomáticamente a Israel y denunciarlo por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), ante la inacción de la mayor parte de Occidente. Una digna y ejemplar iniciativa de un país del Sur Global que saca los colores al Norte.

Pretoria presentó la demanda el 29 de diciembre de 2023 acusando a Tel Aviv de la comisión de actos de genocidio en Gaza. Una demanda sólida, clara y ecuánime: “Condena inequívocamente todas las violaciones del Derecho Internacional cometidas por todas las partes, incluidos los ataques directos a la población civil israelí y otros nacionales y la toma de rehenes por Hamás y otros grupos armados palestinos”.

Sudáfrica considera que Israel está cometiendo cinco actos que pueden calificarse de genocidas: el asesinato masivo de palestinos (relacionable con el artículo 2 (a) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ONU, 1948, que estima genocidio la matanza de miembros de un grupo); la causa de graves daños físicos y psíquicos (relacionable con el artículo 2 (b) de dicha Convención: genocidio es la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo); el desplazamiento forzoso de la población de sus hogares y bloqueo de agua y alimentos (relacionable con el artículo 2 (c): genocidio es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial); la destrucción del sistema sanitario o la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos (relacionable con el artículo 2 (d): constituyen genocidio las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo).

Análisis y estudios diversos de amplia difusión sin duda refuerzan las tesis sudafricanas. El 21 de diciembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud publicaba su informe “La combinación letal de hambre y enfermedad conducen a más muertes en Gaza”. En él aseguraba (y hoy, tres meses después, la situación es mucho peor) que “el 93% de la población afronta niveles críticos de hambre, alimentación insuficiente y altos niveles de desnutrición. Una de cada cuatro familias se encuentra en condiciones catastróficas. La hambruna, la extrema pobreza y la muerte son evidentes”.

En su informe, el Banco Mundial afirma que en el último trimestre de ese año el PIB de Gaza descendió un 80%: “Es uno de los mayores impactos económicos registrados en la historia reciente”. El 96% de la infraestructura agrícola ha sido dañada o destruida. El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, se expresó así el 6 de diciembre de 2023: “El sistema sanitario en Gaza está colapsando. Nadie está seguro en Gaza. Ante el constante bombardeo de las fuerzas israelíes, estimo que el orden público pronto se quebrará por completo debido a las desesperadas condiciones de vida, lo que hará imposible prestar incluso una limitada asistencia humanitaria. La situación se deteriora a gran velocidad, camino de la catástrofe con potencialmente irreversibles consecuencias para los palestinos en su conjunto y para la paz y seguridad en la región”.

El Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó este 5 de marzo una declaración contundente. Tras acusar a las tropas israelíes de matar el 29 de febrero, en el convoy de ayuda humanitaria asaltado, al menos a 112 palestinos y herir a 760, usando el lenguaje más duro desde el inicio de la guerra, concluyó que “Israel desde el 8 de octubre está matando de hambre intencionadamente al pueblo palestino”. Por su parte, Michael Fakhri, relator sobre el Derecho a la alimentación de la organización onusiana, añadió el 8 de marzo: “Israel está matando intencionadamente de hambre al pueblo palestino. Nunca en la historia moderna habíamos visto a toda una población civil pasar a una situación de hambre completa tan rápidamente”.

En su comparecencia ante el TIJ el 12 de enero de este año, Israel realizó varias declaraciones que, generosamente, podrían calificarse de peregrinas y llanamente de ridículas. Dijo que los argumentos sudafricanos están “distorsionados” y “fuera de contexto”.Que la acusación de que Israel quiere destruir al pueblo palestino se basa en “afirmaciones aleatorias”. Es público, sin embargo, que manifestaciones en ese sentido han sido realizadas por numerosos dirigentes israelíes, desde el primer ministro Netanyahu hasta el presidente del Estado, Isaac Herzog, pasando por el ministro de Exteriores, Israel Katz, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, o el de Defensa, Yoav Gallant, entre otros.

Israel, que inicialmente consideró no personarse en el TIJ, lo hizo con una andanada política el día previo a su comparecencia. El 11 de enero, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado oficial en el que acusaba a Pretoria nada menos que de ser “el brazo jurídico de Hamás”. Decía así: “Asistimos hoy a una de las mayores manifestaciones de hipocresía de la historia, compuesta por una serie de demandas falsas y sin base alguna. Sudáfrica, que actúa como brazo jurídico de Hamás, organización terrorista, ha distorsionado la realidad de Gaza tras la masacre del 7 de octubre. Sudáfrica busca que se permita a Hamás volver a cometer los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió el 7 de octubre”.

Respecto a la ayuda humanitaria, la acusación de que Israel bloquea la entrega de alimentos, agua, combustible, Tel Aviv sostiene que es “inexacta”. Increíblemente, afirma que no ha incluido en sus objetivos a los hospitales y que ha ayudado a evacuar pacientes. Sus militares han entrado en escuelas, instalaciones de la UNRWA y hospitales porque allí se escondían militantes de Hamás. Israel avisa a la población de un bombardeo inminente por vía telefónica y lanzamiento de octavillas, asegura.

El único argumento jurídico serio del que se ha servido Israel en su comparecencia ante el TIJ es el del derecho a la legítima defensa, acogiéndose al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas”. El Tribunal estima que el artículo 51 ampara a Israel. Razón por la que en la orden emitida el 26 de enero de este año no le exige que detenga las actividades militares contra Hamás, actor no estatal que inició las hostilidades, a diferencia de lo que sí exigió a Rusia en su dictamen de 16 de marzo del 2022: “Rusia debe suspender inmediatamente las operaciones militares en territorio de Ucrania”. Considera, no obstante el Tribunal, que la acción militar ha de llevarse a cabo de manera diferente.

Obviamente, el Tribunal comparte la premisa de que una respuesta que no sea proporcional a la acción que da derecho a la legítima defensa excede los límites legales de ese derecho, lo que ocurre cuando la respuesta no es la adecuada para detener y repeler el ataque que se sufre. Y las frecuentes afirmaciones de Netanyahu y de otros dirigentes israelíes (y por supuesto sus acciones militares) sobrepasan claramente esos límites.

Tanto han sido sobrepasados y tanto ha empeorado la situación a causa de las barbaridades que el Gobierno de Netanyahu continúa cometiendo desde que el TIJ anunció su orden el 26 de enero, que Sudáfrica ha movido muy recientemente nueva ficha. El 6 de marzo ante el TIJ con una petición urgente reclamando la adopción de nuevas medidas provisionales.

El texto oficial dice: “Sudáfrica se ve obligada a acudir de nuevo al Tribunal a la vista de los nuevos hechos y cambios en la situación de Gaza -en particular la situación de la extendida hambruna- producidos por las numerosas y continuas violaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio por parte del Estado de Israel, así como por las manifiestas violaciones de las medidas provisionales indicadas por este Tribunal el 26 de enero de 2024”.

En el momento de redactar estas líneas, el Tribunal de La Haya no se ha pronunciado todavía sobre la reciente petición de Sudáfrica, de quien se puede decir que está llevando a cabo una acción ejemplar que dignifica las relaciones internacionales y pone de relieve el valor del derecho internacional. Gracias, Pretoria.

________________________________

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

Según el abogado de derechos humanos Craig Mokhiber, y la asesora internacional de la Voz por la Paz judía Phyllis Bennis, se ha abierto una grieta en el muro de la impunidad, como vemos en su artículo Una grieta en el muro de la impunidad de 75 años: la impugnación jurídica de Sudáfrica contra el genocidio israelí. Al presentar una demanda en un documento de 84 páginas el 29 de diciembre de 2023 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sudáfrica ha sido el primer país del mundo en tomar “la iniciativa para desafiar el ataque genocida de Israel”. Mokhiber y Bennis recuerdan que fue en 1948 cuando “se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que ambas prometían un mundo en el que los derechos humanos estarían protegidos por el Estado de derecho”. Si consideramos lo que está pasando en Gaza hoy, estas declaraciones universales creadas por el colonialismo occidental, han deformado la realidad con rasgos grotescos y absurdos.

En el año 1948 vemos una trágica ironía. Por un lado, las fuerzas israelíes causaron la primera Nabka o catástrofe con la violencia y el desalojo masivo ilegal de cientos de miles de palestinos de sus tierras. Y por otro, apareció “el primer terrorista del Estado de Israel”: David Ben-Gurión. No sorprende, pues, que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno sionista continúen hablando hoy de una segunda Nabka con el  genocidio de Gaza, que como el cuadro que pintó Picasso, Guernica, se ha convertido ya en el símbolo de la crueldad humana. Picasso pintó el bombardeo de los aviones de combate alemanes e italianos que llevaron a cabo en la ciudad de Guernica el 27 de abril de 1937, con la complicidad del genocida Francisco Franco en la guerra civil española. Guernica, como la Gaza que hoy vemos en televisión, “quedó reducida a enormes escombros que cubrían a civiles inocentes cuya carne, sangre, huesos y tendones cubrían el desolado paisaje”. En Gaza vemos “una destrucción apocalíptica” de las infraestructuras que existieron, calles, hospitales, ambulancias, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y escuelas que “están siendo atacadas deliberadamente sin piedad”. Así lo describe el profesor Raouf Halaby en su artículo De Guernica a Gaza.

Cuando la ONU y el Occidente colectivo se reúnen para llegar a un acuerdo de alto el fuego, ninguna resolución se aprueba porque EEUU bloquea el proceso. Se repite lo que hace años se pedía como la única solución del conflicto: un Estado israelí y un Estado palestino, soberanos y con garantías de seguridad. Y resulta que lo único que se consigue es un permiso de Israel para que entre la ayuda humanitaria. Esto es una burla y un abuso por parte de Israel. Es vergonzoso pedir esta ayuda, sabiendo que Israel está utilizando el hambre como arma de guerra.

No andemos con tapujos porque no hay tiempo: la gente se muriere de hambre y de frío. Lo que el sionista Netanyahu y su gobierno quieren es lo que Joshua Frank señala en su artículo: Hacer que Gaza sea inhabitable. Cuando el Occidente colectivo llega a la conclusión de la necesidad de dos Estados, después de tanta aniquilación y tantos bombardeos masivos, masacres, palizas, torturas y detenciones masivas de civiles, aparece Netanyahu en televisión el jueves pasado y declara que después de la guerra “no habrá ningún Estado palestino”. Y también dijo: “Nadie nos parará, incluyendo a la CIJ”.

Los juristas de Sudáfrica documentan las atrocidades de Israel citando las palabras utilizadas por los miembros del gobierno israelí. Esto lo encontramos en el texto del documento de la pág. 59 a la 67. Vijay Prashad, en su artículo La guerra de Israel contra Palestina y el levantamiento global contra ella, considera que el lenguaje racista utilizado como “monstruos”, “animales”, “jungla”, es “escalofriante”. Ya lo vimos el 9 de octubre cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que sus fuerzas “están imponiendo un asedio completo en Gaza (…) Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia”. Para Mokhiber y Bennis el lenguaje de los funcionarios israelíes es “deliberadamente deshumanizador” porque “incluye descripciones de los palestinos como animales”, utilizando palabras como “infrahumanos”, “insectos”, “alimañas”.

Netanyahu ha invocado versículos bíblicos que hablan sobre la guerra contra Amalec, en el primer libro de Samuel (1 Sm 15, 2-3, 7, 31). Amalec se convirtió en el enemigo de Israel debido a que las tribus pre-israelitas intentaron asentarse en el sur de Palestina. El Señor del universo le dijo a Saúl: “Ataca a Amalec, consagra sin miramientos al exterminio todas sus pertenencias y mata hombres y mujeres, muchachos y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos”. Y esto es lo que Netanyahu y su gobierno sionista-nazi están haciendo hoy en Gaza. 

Prashad subraya que los ataques militares israelíes y las palabras de estos funcionarios “plenamente respaldados” por EEUU y muchos de los gobiernos de la Unión Europea, han provocado la ira y las protestas masivas. Y observa que todo esto “es suficiente como punto de referencia para la acusación de genocidio. En la audiencia ante la CIJ, Israel no pudo responder de manera creíble a la denuncia sudafricana”. Mohkhiber y Bennis ven la demanda de Sudáfrica como un “instrumento para intensificar las movilizaciones globales de la sociedad civil, exigiendo a sus gobiernos que cumplan con las obligaciones impuestas a todas las partes de la Convención sobre el Genocidio”.

Ya hemos visto movilizaciones de protestas, sentadas, desobediencia civil, defensores de derechos humanos, activistas judíos, organizaciones religiosas, movimientos en los EEUU y en todo el mundo. Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, ha declarado que “es un signo de los tiempos que sea un país del Sur Global, de África, de los BRICS, que asuma el liderazgo moral para tratar de detener lo que está ocurriendo en Gaza”. Y puntualiza: “Tenemos que pasar a un paradigma completamente nuevo en el que trabajemos juntos como la única humanidad para acabar con la idea de que Rusia, China y el Sur Global son el ‘enemigo’ de la humanidad”.

La decisiva actuación de Sudáfrica de sentar a Israel en el banquillo de los acusados, con otras naciones que la están apoyando, demuestra que el Sur Global ha roto las ataduras del control de la era colonial. Esta decisión tiene una importancia transcendental para el futuro porque Occidente, (el Norte Global), apoya el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Pero como Prashad opina, “el Norte Global ha ido perdiendo lentamente su control sobre la economía mundial, la tecnología y las materias primas”. Esto lo ha dejado “con pocos instrumentos para mantener el poder económico”. Y China, que “ha estado reciclando las ganancias globales en proyectos de infraestructura en todo el mundo”, ha ido ganando lentamente el control de la economía mundial.

La respuesta del Norte Global ha sido como se esperaba: militarizar todo con un gasto masivo. Prashad destaca que “tres cuartas partes del gasto militar mundial corresponden a los estados de la OTAN”. El Norte Global utiliza a “Ucrania y a Taiwán como palancas para provocar a Rusia y China a conflictos militares con el fin de "debilitar", en lugar de disputar el creciente poder energético ruso y el poder industrial tecnológico chino a través del comercio”. Es decir, el Occidente colectivo en vez de ofrecer paz y desarrollo, solo asegura guerras permanentes. Como Prashad advierte, detrás de la guerra genocida israelí en Gaza, que se deteriora cada día que pasa, hay un objetivo más profundo: “la legitimidad del proyecto de la OTAN”.

El periodista de investigación Max Blumenthal, de Grayzone, nos muestra un video que se puede ver en los dos enlaces que indico más abajo: “una espeluznante realidad” y “la psicosis anti-palestina” de una sociedad israelí que se burla del sufrimiento y la tortura de los palestinos. Me gustaría que los líderes de los países europeos vieran este video para oír cosas como: "Los palestinos son unos hijos de perros. Que se queme su pueblo. Gaza, Gaza, puta. No hay civiles inocentes. Torturad a los hombres. Celebremos la fiesta judía, la Janucá, derribando casas en Gaza. El ejército tiene que golpear más duro. Todos los palestinos son terroristas. El sionismo es una entidad sin fronteras y en constante expansión". 

A mi juicio, este video es suficiente para que la CDJ juzgue la demanda de Sudáfrica contra el sionismo israelí.

_____________________

Juan José Torres Núñez es socio de infoLibre.

“No hay lugar al que volver, no hay casa, ni escuela, ni barrio al que volver, todo está destruido”, dice el abogado palestino Raji Sourani en una sala repleta de gente en el Colegio de Abogados de Madrid, “yo mismo no tengo ya casa, ni despacho ni siquiera el pequeño huerto que nos gustaba cultivar, todo son escombros , no hay lugar al que volver“, después hace una pausa y su silencio resulta tan expresivo como las palabras que busca y finalmente encuentra: “ Pero volveremos, Gaza será reconstruida, no nos rendiremos nunca”… Raji Sourani salió de Gaza por el paso de Rafah hace apenas un mes, su casa y el edificio de la organización de Derechos Humanos donde trabaja habían sido bombardeados en dos ocasiones muy seguidas hasta quedar totalmente destruidos; no fueron ataques aleatorios sino dirigidos, iban a por él y su familia, como ha ocurrido con las decenas de periodistas sepultados bajo los escombros de la vivienda familiar en esa peculiar forma de bombardeo selectivo con la que el ejército israelí acostumbra a liquidar a testigos incómodos cuya voz puede ser escuchada, como la del abogado Sourani, quien, tras su paso por Madrid, ya se encuentra en La Haya como parte del equipo legal que trabaja con sus colegas sudafricanos en la demanda por genocidio contra Israel.

Conocí a Raji en 1998 durante mi primera visita a Gaza, había cierre de territorios, es decir que en teoría nadie podía entrar ni salir de La Franja, pero entonces las normas no eran tan rígidas con los extranjeros y finalmente mi acreditación de prensa, que en los territorios ocupados solo puede dar el ejército, sirvió de algo y los soldados del puesto de Erezt me dejaron pasar, no así al taxista palestino que me acompañaba, y seguir a pie durante los casi tres kilómetros que quedaban hasta el siguiente control del ejército israelí ya a la entrada de Gaza. Habían pasado tres años desde el asesinato, a manos de un joven ultraortodoxo judío, del Primer ministro israelí, Yitzak Rabin y dos desde las elecciones que habían llevado al poder a Benjamín Netaniahu, quien durante toda su campaña había alardeado de que con él “nunca habrá un Estado palestino”. Para entonces ya se sabía que el proceso de paz se estaba yendo a la mierda. 

Yo había quedado con el doctor Haydar Abdel Shafi, el hombre que había encabezado la delegación palestina en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991 y quizás la figura pública más querida y respetada entonces en Palestina. El doctor Abdel Shafi era un hombre bueno y sabio que hacía política como ejercía la medicina, para paliar el dolor del mundo, era lo más parecido a un santo laico; pienso en él cada vez que en estos atroces días oigo mencionar el nombre del hospital Shifa porque fue allí donde le conocí.  Esa noche, cenando en su casa, me presentó a su amigo Rají Sourani, abogado y director del Centro de los Derechos Humanos de Gaza. Era una casa de piedra de tres plantas con jardín y una hermosa galería a la que llegaba el aire del mar cercano porque Gaza es tierra marina y marinera. En aquella velada en la que bebimos vino blanco de Belén y Arak, una especie de anís típico de la zona de Palestina y Líbano, nadie era optimista,“ Europa es cómplice de los israelíes, está permitiendo que amplíen las colonias en Cisjordania para hacer imposible la creación de un Estado palestino” explicaba Raji y todos asentíamos porque para todos era evidente lo que estaba ocurriendo, la esposa del doctor Shafi intervino entonces: “se equivocan los que piensan que los atentados suicidas tienen que ver con la promesa del Paraíso, tienen que ver con la desesperanza, no lo hacen porque esperen entrar en el Paraíso en la otra vida sino porque no esperan nada de esta; no pueden soportar tanta humillación y tanto sufrimiento en esta.”

De vez en cuando uno de los nietos del doctor, un niño de unos 12 años, entraba sin hacer ruido, se sentaba en el suelo junto a su abuelo y se quedaba un rato con la cabeza apoyada en sus rodillas, escuchando la conversación de los adultos, luego se iba y al poco volvía a aparecer. En aquella Gaza sometida a la atrocidad cotidiana de la ocupación, la vida aún conseguía abrirse paso y creaba refugios de ternura y algo parecido a la felicidad, como la casa familiar de los Shafi.  

Veintiséis años después, todo son escombros y muerte y destrucción, una nueva Nakba más atroz aún que la del 48, se cierne sobre la población palestina. La ofensiva israelí contra Gaza no es una operación de represalia, menos aún de autodefensa, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, es una operación de exterminio. La solución final que el gobierno israelí ha puesto en marcha para liquidar la causa palestina.

No hay refugio ni lugar al que volver, dice Raji Sourani para describir lo que está ocurriendo en Gaza, y lo que describe se parece mucho a lo que sabemos que ocurrió en los meses previos y posteriores al establecimiento del Estado de Israel en 1948, cuando las milicias sionistas, luego ejército israelí, llevaron a cabo la gran operación de “vaciado” del territorio, es decir la expulsión en masa de la población autóctona palestina. Una de las claves de aquella operación consistió en destruir las localidades desalojadas y allanar el terreno con excavadoras o poner minas entre los escombros para que los vecinos expulsados de sus aldeas “no tuvieran lugar al que volver”. Más de cuatrocientas localidades palestinas fueron destruidas y sus nombres ya no figuran en los mapas, más de 750.000 personas, dos tercios de la población palestina de entonces, fueron expulsadas de su tierra y de la noche a la mañana se convirtieron en refugiados. Todo lo que ocurrió entonces está perfectamente documentado, pero mucho más eficazmente tapado. Y setenta y cinco años después, el horror de entonces se repite ahora en forma mucho más cruel y letal. 

Ha tenido que ser un país africano el que, frente a la pasividad, en muchos casos complicidad, de estadounidenses y europeos, ha tenido el coraje y la decencia de denunciar por genocidio a Israel. Sudáfrica, cuya población fue víctima del crimen de lesa humanidad del apartheid, está especialmente preparada para detectar crímenes como los que ellos sufrieron. En los años 90, tras una visita a la Cisjordania ocupada, el obispo sudafricano Desmond Tutu, figura clave en la lucha contra el régimen del apartheid, declaró: “lo que están viviendo los palestinos es peor que lo que nosotros sufrimos en los años del apartheid”. 

Al día siguiente de que el Tribunal de la Haya admitiese la demanda sudafricana y dictase medidas cautelares que, aunque no paran la guerra, suponen un serio obstáculo para la continuación de la ofensiva israelí en Gaza, ésta se ha intensificado en un mensaje claro de “desacato” al Tribunal o, dicho al modo en el que Benjamin Netanyahu acostumbra a expresarse, “los jueces pueden decir lo que quieran que no vamos a parar”. 

El Tribunal de la Haya no tiene medios para forzar a Israel a cumplir con las medidas cautelares, entre las que figura “garantizar la entrada de ayuda humanitaria en cantidad suficiente para atender las necesidades de la población de Gaza”, es decir sin las restricciones que impiden el acceso de los camiones de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos) a las zonas más necesitadas de ayuda, especialmente al norte de la Franja. A modo de respuesta, el gobierno israelí ha lanzado gravísimas acusaciones contra UNRWA, más exactamente contra algunos empleados de la agencia que supuestamente, según Israel, habrían participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. No es la primera vez que Israel lanza acusaciones de este tipo contra la organización humanitaria. La UNRWA no solo es la organización que provee de asistencia vital a los refugiados de Palestina, es también un recordatorio permanente de lo que ocurrió hace 75 años, la limpieza étnica de la que los refugiados son testimonio vivo. Por eso lleva tiempo en el punto de mira de Israel y en consecuencia de EEUU. Donald Trump ya lo intentó, suspendiendo de golpe la financiación de su país a la agencia, y no necesitó ninguna acusación como la actual para hacerlo. Ahora, una oportuna “revelación” de los servicios secretos israelíes ha bastado para que varios países, encabezados por EEUU, decidan suspender su contribución a UNRWA en unos momentos en los que la labor del “mayor actor humanitario en Gaza” es más necesaria que nunca. Y resulta chocante, por no decir sospechosa, la rapidez con la que países europeos como Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia o Francia, siguiendo el camino indicado por EEUU, han anunciado la suspensión de su contribución financiera a UNRWA, sin esperar a las conclusiones de la investigación que Naciones Unidas ha puesto en marcha de inmediato.

Cuando el hambre, las enfermedades y las bombas amenazan con liquidar todo resquicio de vida en Gaza, el castigo a UNRWA es un castigo a una población al borde del exterminio. 

Bajo los escombros de Gaza hay miles de cuerpos sepultados. Y con ellos, los derechos humanos, la legalidad internacional, la justicia y ese mínimo de dignidad que nos hace humanos. 

________________________ 

Teresa Aranguren es periodista y escritora.

El derecho a la legítima defensa, también militar, en caso de ataque, no autoriza cometer crímenes internacionales como el genocidio, castigado por una convención internacional de 1948, escrita tras el Holocausto. ¿Lo hace Israel? ¿Comete el crimen de genocidio en Gaza en respuesta a los ataques del grupo terrorista ultraislámico Hamás del 7 de octubre pasado como denunció el gobierno de Suráfrica?

La decisión de los 15 jueces permanentes –a los que para este caso se añadió un surafricano y un israelí– del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) es jurídicamente relevante, pero es sobre todo políticamente explosiva. Reconocer que Israel está al borde de cometer genocidio o al menos que la población gazatí lo está de sufrirlo, abre la puerta a sanciones internacionales y a que el apoyo a Israel sea políticamente más sensible y complejo. También puede ser legalmente más dudoso venderle armas para muchos países con algún tipo de limitación en vigor sobre exportación de armamento, como en el caso español. Israel es de facto impune, como lo era, precisamente, la Sudáfrica del apartheid.

La denuncia de Sudáfrica, un documento de 84 páginas bien cargadas, acompañadas de horas de presentación oral por abogados de prestigio internacional, es un hecho excepcional. Por el denunciado (Israel) y porque le imputa uno de los peores crímenes existentes, el de actuar con la intención de eliminar a un pueblo, en este caso el palestino de la Franja de Gaza. El bloqueo es una violación evidente del Derecho Internacional, pero no es genocidio. La ocupación de territorios que las resoluciones de Naciones Unidas otorgan a la fundación de un futuro Estado palestino también es una clara violación del Derecho Internacional, pero tampoco equivale a genocidio. Los bombardeos en Gaza sí podrían serlo, admite por primera vez un tribunal internacional.

Israel, por su parte, alega que su actividad militar en Gaza busca la destrucción de un grupo terrorista, que no tiene ninguna intención genocida y que si hay ya más de 25.000 muertos (más de 15.000 son mujeres y niños, en un territorio con una media de edad inferior a los 25 años) se debe a que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos y las infraestructuras civiles para resguardar y proteger sus hombres y sus armas.

El conflicto israelo-palestino, décadas de violencia que genera odio que genera violencia, tuvo siempre consideraciones de índole histórico, religioso, político, militar, pero apenas tuvo consideraciones de derecho, a pesar de que es probablemente la más legítima y la necesaria para acabar con muchos conflictos, como muestra la historia de las últimas décadas en los Balcanes, tras el apartheid surafricano o en los intentos, en parte fallidos, del proceso de paz colombiano. Justicia internacional, justicia nacional o apenas comisiones de la verdad, pero siempre hubo una participación de los tribunales.

El dictamen es también un palo para algunos gobiernos europeos como el alemán, el holandés o el francés, que dijeron que no había razones para investigar a Israel por genocidio. Y un espaldarazo para los más duros con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, como los gobiernos belga, español, irlandés y maltés. A esos cuatro se unieron varios más el lunes pasado durante la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, como el letón y la finlandesa.

El mero hecho de que este proceso se lleve a cabo muestra además que lo que se conoce como Sur Global empieza a cuestionar la hegemonía o preponderancia noroccidental en ciertos aspectos de la geopolítica y de la gestión de los grandes conflictos. No es ya ese Noroccidente (al que se puede añadir Japón, Australia o Nueva Zelanda) quien lleva la antorcha del universalismo de los derechos humanos y del respeto al derecho internacional. Recoge ese testigo un país del sur, una democracia joven. El magisterio moral europeo y estadounidense hecho añicos por su doble vara de medir.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha instado a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares acordadas tras una denuncia presentada ante el tribunal por Sudáfrica, según ha informado Europa Press.

La jueza Joan E. Donoghue ha expuesto en una lectura pública que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Donoghue ha incidido en que se está produciendo una "tragedia humana" en Gaza y ha confirmado que la CIJ está "profundamente preocupada" por el alto número de muertes.

De hecho, ha expuesto algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, pese a que no haya "verificación independiente", y declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la "devastación" que sufre la Franja desde hace más de cien días. "La situación de los niños en Gaza es especialmente desoladora", ha lamentado.

Entre las cosas que ha confirmado los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo. Las medidas cautelares contemplan, además, que Israel deberá informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento.

Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 26.000 personas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí.

A la espera de que el tribunal con sede en La Haya se pronuncie en un futuro sobre el fondo de la cuestión, Pretoria pidió la imposición de medidas provisionales, y los jueces han coincidido este viernes en que la situación en Gaza, que ya es "catastrófica", puede deteriorarse aún más antes del veredicto final.

Los abogados de Sudáfrica, que cuentan con el aval de más de 50 países, pusieron sobre la mesa durante las vistas preliminares no sólo las cifras de fallecidos y de armamento utilizado, sino también que líderes políticos israelíes incurrieron en lo que describieron como "retórica genocida", por ejemplo tachando a los palestinos de "animales humanos". Asimismo, denunciaron la destrucción de infraestructuras civiles y el traslado forzoso de población.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva, que el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue siendo necesaria para erradicar una "amenaza existencial".

Los abogados que representaron a Israel alegaron que la guerra era contra Hamás, que controla Gaza, y "no contra el pueblo palestino". De hecho, sostuvieron que los daños a los civiles es algo común en todo conflicto y puede haber resultados "indeseables", aunque responsabilizaron a Hamás de los mismos.

"Bajo el pretexto de una acusación de genocidio contra Israel, se pide a este tribunal que ponga fin a los continuos ataques de una organización que persigue una auténtica agenda genocida", resumió Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores israelí, durante su exposición.

La CIJ forma parte de la estructura de la ONU y sus sentencias son por tanto jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro de la organización. Sin embargo, carece de herramientas propias para que se apliquen, lo que ha provocado que por ejemplo Rusia no acatase la orden de parar la agresión sobre Ucrania que el tribunal emitió semanas después del inicio de la ofensiva en febrero de 2022.

Al contrario de lo que ocurre con el Tribunal Penal Internacional (TPI), no juzga a personas a título individual, sino que dirime disputas entre Estados, como es el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre la que se ha pronunciado este viernes. El caso está todavía en una fase inicial y puede demorarse durante años hasta una sentencia en firme, no recurrible.

Han pasado más de 100 días desde la ofensiva de Israel sobre Palestina y el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, pronostica que “puede durar muchos meses más”. Tras el primer ataque de Hamás sobre Israel, que se saldó con más de 1.200 muertos y un centenar de desaparecidos, el ejército israelí inició una contraofensiva que ya ha acabado con la vida de 24.000 palestinos, a los que se le suman 7.000 desaparecidos, y que ha destrozado el 70% del territorio de la Franja de Gaza. La ONU alerta de que más de dos millones de gazatíes se encuentran en peligro de grave inseguridad alimentaria al tiempo que Israel ostenta el control sobre los alimentos, la electricidad o los combustibles que entran en Gaza.

Se trata de un conflicto que ha dado la vuelta al mundo —y en el que hay una profunda división entre los países que apoyan a Palestina y los que toman partido por Israel—y que esta semana ha llegado hasta el Foro de Davos, que reúne a los principales líderes empresariales y políticos del globo. El presidente español, Pedro Sánchez, quiso que su discurso estuviera impregnado en la visión geopolítica y reivindicó “la necesidad de un alto el fuego inmediato y de convocar una conferencia internacional” para “poner en marcha una solución definitiva” al conflicto. Una solución que, según el socialista, debe reconocer la existencia de dos Estados y la garantía de una convivencia “en paz”.

Sánchez ha tratado de tener un papel activo en el conflicto. Su viaje a Israel y Palestina el pasado mes de noviembre fue muy criticado por las autoridades israelíes por abrir la puerta a un reconocimiento unilateral del Estado palestino y sus crítica en persona a Benjamin Netanyahu por la actuación en Gaza. Aunque la posición del Ejecutivo español con la masacre israelí ha sido más contundente que la de otros países europeos, tampoco implica un apoyo total a la causa palestina, ya que también apoyará la misión militar al Mar Rojo contra la milicia hutí de Yemen —que está impidiendo el paso de buques israelíes o de empresas con intereses en el país— pese a negarlo inicialmente.

Pero los intentos de España por jugar un rol decisivo en esta guerra no son nuevos, sino que tienen su origen décadas atrás. En el año 1991 la capital del país acogió la Conferencia de Madrid, una antesala de los Acuerdos de Oslo dos años después de cara a acabar con el conflicto—y que quedaron en papel mojado tras la muerte del entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin—. Los diferentes gobiernos españoles también se han situado a la cabeza de los países europeos donantes de ayuda a Palestina. El de Sánchez anunció a finales de octubre que iba a duplicar su aportación y que superaría los 40 millones de euros.

Más allá de estos gestos y de las bienintencionadas declaraciones, ¿España está haciendo lo suficiente para contribuir a la desescalada del conflicto? La respuesta es ‘no’, según la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al igual que ella, los ministros y caras visibles de Sumar ponen sobre la mesa algunas iniciativas que, a su juicio, la coalición de la que forman parte debería respaldar y citan, entre otras, el fin del comercio armamentístico con Israel, el apoyo a la demanda que Sudáfrica ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya o el ya citado reconocimiento al Estado Palestino.

Unas iniciativas que también reivindican desde la Red solidaria contra la ocupación de Palestina (RESCOP), que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas, que piden al Ejecutivo pasar a la acción. “No sirve de nada condenar la situación de decir que el número de muertes es insoportable cuando seguimos manteniendo relaciones económicas, culturales, diplomáticas y sobre todo, militares con un régimen genocida y de apartheid”, lamenta Ana Sánchez, miembro de Rescop, en conversación con infoLibre. La plataforma convocaba este sábado 20 de enero manifestaciones en 70 ciudades de toda España para exigir al Gobierno que actúe. “Es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, lanza.

El presidente del Gobierno se abrió a reconocer unilateralmente a Palestina en noviembre, pero todavía no ha dado ese paso. En el año 2014, tan solo unas semanas después de que Suecia reconociera oficialmente al país, el Congreso aprobó una resolución por unanimidad en la que instaba al Gobierno a "promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad". La propuesta, avalada por el entonces ministro de exteriores José Manuel García Margallo (PP), se quedó en declaración de intenciones.

España, como Estado soberano, podría dar un paso más y reconocer formalmente Palestina —como sucede con Israel desde el año 1986— sin esperar a la Unión Europea. Hasta la fecha, 139 países han reconocido a Palestina, frente a los más de 160 que han hecho lo propio con Israel. Entre los que no lo reconocen están la mayoría de los países europeos, Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. Un paso que el Ejecutivo puede dar sin ningún problema y que sería relativamente sencillo. No haría falta pasar por el Congreso ni por el Senado. Con una simple declaración pública o una nota diplomática sería suficiente. 

Este reconocimiento sería especialmente simbólico dado el contexto actual, pero no implicaría ningún cambio práctico inmediato de gran calado. El control efectivo que la autoridad palestina ejerce sobre el territorio que le corresponde es prácticamente nulo y cualquier intento de cargar contra las políticas ilegales de Israel siempre choca de frente con los vetos que países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos tienen en el Consejo de Seguridad de la ONU.

España, si quisiera, podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica, que el pasado 29 de diciembre demandó a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre las medidas provisionales solicitadas se encuentra la "suspensión inmediata" de las "operaciones militares" de Israel contra Gaza. Y también se pide que el Estado hebreo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la "preservación de pruebas" relacionadas con un posible genocidio y el acceso de las misiones de investigación.

La demanda recoge todos aquellos actos del Estado hebreo que podrían calificarse como "genocidas". Así, habla del "asesinato de palestinos" y de los daños físicos y mentales provocados por los "niveles extremos de bombardeos". También señala que alrededor de un 85% de los gazatíes se han visto obligados a "abandonar sus hogares", que se les ha privado del "acceso a alimentos y agua" y de una asistencia médica adecuada o que se han impuesto "medidas destinadas a impedir los nacimientos". Hechos a los que Sudáfrica suma, para justificar el dolus specialis, las "claras y repetidas declaraciones deshumanizadoras" de autoridades israelíes sobre el pueblo palestino.

Aunque las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los Estados, en muchos casos son ignoradas. Ya ocurrió, por ejemplo, en el marco del conflicto en suelo ucraniano, una iniciativa que España secundó. El tribunal ordenó a Rusia suspender de inmediato las operaciones militares en el país, pero la guerra continúa. Aunque Israel no cumpla, a juicio de Ana Sánchez “un Gobierno que quiera posicionarse como un referente en un proceso de construcción de paz en Palestina debería, sin duda, sumarse a iniciativas que impulsen la rendición de cuentas”.

El Ejecutivo español también tiene en su mano poner fin al comercio de armas con Israel —nuestro país compra más que vende—. Según se desprende del informe anual sobre exportación de armamento y tecnologías de uso militar elaborado por el Consejo de la UE, el Gobierno aprobó durante el pasado año 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel por un total de 9.292.235 euros. Fue el sexto país de la UE, empatado con Italia, que destinó más recursos. En cuanto a las exportaciones, España destinó armamento por valor de 2,3 millones. El pasado mes de diciembre, después de que varios grupos solicitaran al Gobierno que decretara un embargo de las ventas de armamento, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que no se había exportado material militar a dicho país desde el 7 de octubre y afirmó: “Descuiden, que eso no se va a producir”.

"España debería respetar la propia legislación interna sobre comercio de armas y dejar de vender y comprar armas y tecnología militar y de seguridad a Israel. Israel utiliza operaciones militares como la que está desplegando en la Franja de Gaza estos días para probar armamento y nuevas tecnologías que posteriormente exporta a otros países, incluyendo al Estado español, bajo la marca 'probado en combate'. Ningún estado debería contribuir a seguir financiando la industria militar israelí, que es una fábrica de opresión, represión y destrucción construida sobre gravísimas vulneraciones de derechos humanos", asegura la miembro de Rescop.

Fue en el año 1986 cuando Felipe González abrió oficialmente relaciones con Israel. Lo hizo siete años después de que Adolfo Suárez se entrevistara con el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, en la primera visita de este a un jefe de Gobierno occidental. Sin embargo, con la incorporación de España a la OTAN, el histórico líder del PSOE reconoció oficialmente al país hebreo para poder integrarse en la Unión Europea. Después de González, el resto de presidentes españoles también impulsaron las relaciones con el país, pero sin descuidar tampoco a Palestina en una suerte de equilibrio que les permitía no tomar partido.

Tras el ataque de Hamás y la contraofensiva de Israel, la embajada del país hebreo en España pidió a Sánchez que condenara las declaraciones "absolutamente inmorales" y "vergonzosas" de "algunos miembros del Gobierno" sin especificar qué declaraciones ni qué miembros, aunque se trataba de una alusión velada a las entonces ministras Ione Belarra e Irene Montero, de Unidas Podemos. La tensión se incrementó cuando Sánchez cuestionó que Israel respetara el derecho internacional humanitario, lo que provocó que la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas, lo que supuso dejar vacante su representación diplomática. Sin embargo, volvió a ocupar el cargo hace solo unas semanas tras constatar “un cambio a mejor” en los mensajes del Gobierno español.

Desde Rescop consideran que España debería "romper relaciones con un régimen de apartheid", por ser un Estado "que vulnera de manera sistemática y desde hace décadas el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos". Asimismo, Ana Sánchez plantea que a nivel europeo "es urgente romper el Acuerdo de Asociación Preferente con Israel" porque gracias a él "se beneficia de generosas cantidades de dinero público para, entre otros, seguir desarrollando su industria militar y de seguridad".

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que dirime controversias entre Estados, la Corte Penal Internacional se centra en la responsabilidad penal de individuos. El Ejecutivo también podría, por tanto, apoyar a la Fiscalía de este último organismo a investigar los crímenes de guerra cometidos por Israel, siguiendo la estela de Irlanda. Una demanda que ya suscribió en su día la líder de Podemos, Ione Belarra, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián y el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, que impulsaron junto a otros 80 cargos políticos un escrito en el que reclamaban la detención de Netanyahu para ser juzgado por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

Aunque el Estado hebreo no forma parte del Estatuto de Roma, el palestino lo ratificó a comienzos de 2015. Y, por lo tanto, tiene competencia para estudiar los excesos que se hayan podido cometer por las dos partes en conflicto. La competencia de la Corte Penal Internacional para abordar los crímenes cometidos en el marco del conflicto palestino-israelí fue, durante años, objeto de profundo debate. Pero la discusión quedó zanjada al inicio de 2021, cuando la sala de cuestiones preliminares del tribunal de La Haya, por dos votos frente a uno, consideró que el organismo tenía margen normativo para ocuparse de esta cuestión.

La demanda presentada por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas contra el Estado de Israel por el "carácter genocida" de su guerra contra los palestinos de Gaza no es sólo un acto jurídico sin precedentes. Esta demanda marca un brusco cambio geopolítico: mientras todos los pueblos del mundo asisten, a través de la tragedia palestina, a la utilización de geometría variable por parte de Europa y Estados Unidos de los valores universalistas que dicen defender, es un país emblemático de las causas emancipadoras, anticoloniales y antirracistas del Tercer Mundo el que toma el testigo. 

Basta con leer el excepcional documento elaborado por la diplomacia sudafricana y escuchar la presentación (ver más abajo, porque los medios audiovisuales apenas la cubrieron), el jueves 11 de enero, de sus argumentos ante el TIJ para tomar la medida del eclipse intelectual de un continente, el nuestro, cuyos Estados-nación han pretendido durante tanto tiempo decir, codificar e imponer el bien, lo justo y lo verdadero.

Porque, en tiempo real y ante los ojos de todo el mundo, frente al martirio de Gaza, no han dicho nada –o muy poco: unos cuantos llamamientos hipócritas a la moderación– y no han hecho nada –o peor aún: han hecho todo lo contrario al entregar cantidades masivas de armas y municiones a Israel, como ha hecho más recientemente Estados Unidos–. Nada se dijo y nada se hizo cuando la población de uno de los territorios más densamente poblados del planeta fue atacada por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el del Estado que la había sitiado tras haberla ocupado, en la campaña de bombardeos más intensa de la historia militar moderna. 

Peor que Alepo en Siria, peor que Mariúpol en Ucrania, por tomar sólo dos referencias contemporáneas que implican a Rusia, pero proporcionalmente peor también, en términos de intensidad, que los bombardeos aliados sobre la Alemania nazi. 

Tanto por las acciones de su ejército como por las palabras de sus dirigentes, el Estado de Israel ha tomado como blanco a un pueblo en su respuesta vengativa al atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 y su masacre de civiles israelíes. Lejos de ser una respuesta proporcionada, se trata de un castigo indiscriminado a una población por su origen, identidad, cultura e historia. 

Ha sido el pueblo palestino de Gaza, y a través de él la idea misma de una Palestina viable, de una vida y existencia bajo ese nombre, con todo lo que ello conlleva en términos de sociabilidad y ciudadanía, el señalado como culpable para ser castigado, indiscriminadamente. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un llamamiento explícito el primer día a la guerra santa, refiriéndose a Amalec, el pueblo al que Dios ordena exterminar en la Biblia (I Samuel XV, 3): "No te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, niños y niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos". 

En sólo tres meses de guerra ya han muerto, desaparecido o resultado heridas, decenas de miles de personas, sobre todo civiles, la mayoría niños y mujeres. Todo un mundo ha sido destruido para siempre, viviendas y hospitales, lugares de vida y de culto, escuelas y universidades, administraciones, comercios, monumentos, bibliotecas, incluso cementerios. 

"Ningún lugar es seguro en Gaza", declaró el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su solemne carta al Consejo de Seguridad el 6 de diciembre de 2023. Desde entonces, las ONG humanitarias y las agencias de la ONU no han dejado de alertar sobre la contaminación del agua, el riesgo de hambruna, la miseria inconmensurable y la desesperación infinita; en resumen, la destrucción sin retorno de una parte de la Palestina ocupada. 

Un giro siniestro: el Estado cuya legitimidad inicial se fundó en la conciencia del crimen de genocidio cometido contra los judíos por el nazismo y sus aliados se enfrenta ahora a la acusación de cometerlo contra los palestinos. En la Convención de 1948 invocada por Sudáfrica, el delito de genocidio se refiere a actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal". Rafaël Lemkin, el inventor de la palabra –del griego genos y del latín cide– lo definió como "un complot para aniquilar o debilitar grupos nacionales, religiosos o raciales". 

El debate jurídico se llevará a cabo sobre el fondo, pero por el momento –y esto es de lo que trata el procedimiento de urgencia ante la CIJ– el objetivo es detener lo antes posible un proceso de aniquilación, depuración, expulsión, supresión y destrucción de los palestinos de Gaza, que tiene características genocidas. 

Como trágicamente nos han recordado los genocidios cometidos en Ruanda en 1994 y en Bosnia en 1995, no se trata en absoluto de relativizar la singularidad de la Shoah, el plan concertado del régimen nazi para el exterminio industrial de millones de seres humanos, sino de mantener una vigilancia universal sobre la repetición, en otros contextos y bajo formas diferentes, de ese inconmensurable crimen de lesa humanidad contra sí misma. 

Pero la historia recordará que las potencias que encarnan Occidente, esa realidad política nacida de la proyección de Europa sobre el mundo, aun cuando se enorgullecen de haber proclamado la universalidad y la igualdad de derechos, se desentendieron de esa vigilancia abandonando a Palestina a su triste destino. Por la audacia de Sudáfrica, son los pueblos y naciones que han padecido esa apropiación dominante de lo universal por las potencias occidentales quienes son ahora sus mejores defensores. En definitiva, están recordando a Europa la promesa que ha traicionado.  

"Si queremos responder a las expectativas de nuestros pueblos, debemos buscar en otra parte que no sea Europa": estas son casi las últimas palabras de Les Damnés de la terre (Los condenados de la tierra, 1961), el ensayo de Frantz Fanon que ha dado la vuelta al mundo desde su publicación, y pueden leerse como una predicción del cambio de rumbo que se está produciendo en la actualidad. Ese llamamiento a "cambiar de bando" exigía una huida emancipadora en busca de un verdadero humanismo, en el que la preocupación por la humanidad deje de estar eclipsada por los intereses de las naciones dominantes o las identidades de los pueblos conquistadores. Siguiendo los pasos del Discurso sobre el colonialismo (1955) de su compatriota martiniqués Aimé Césaire, Les Damnés de la terre glorificaba un verdadero universalismo, sin nación propietaria ni identidad fronteriza. 

En la conclusión de su primer libro, Peau noire, masques blancs (Piel negra, máscaras blancas, 1952), Fanon escribió: "Ojalá se me permita descubrir y querer al hombre, dondequiera que esté", recordando la advertencia de su “profesor de filosofía, de origen antillano: 'Cuando oigas hablar mal de los judíos, agudiza el oído, están hablando de ti'", con el comentario: "Un antisemita es necesariamente un negrófobo". Como epígrafe a uno de los capítulos, había colocado estas palabras de Aimé Césaire: "No hay un pobre hombre linchado en el mundo, un pobre diablo torturado, en el que yo no me sienta asesinado y humillado".

El derecho internacional es la traducción jurídica de ese humanismo esencial. Un humanismo que Fanon, una década más tarde, durante las guerras coloniales francesas, de Vietnam a Argelia, observó con rabia que Europa había negado. 

En Les Damnés de la terre escribió: "Salgamos de esta Europa, que no hace más que de hablar del hombre mientras lo masacra allí donde lo encuentra, en cada rincón de sus propias calles, en cada rincón del mundo. [...] Europa se ha negado a toda humildad, toda modestia, y también a toda preocupación, toda ternura. Se ha mostrado parsimoniosa sólo con el hombre, mezquina, carnívora y homicida sólo con el hombre. Así pues, hermanos, ¿cómo no comprender que tenemos cosas mejores que hacer que seguir a esa Europa?” 

En esta acusación de Europa contra sí misma, Fanon blande su promesa traicionada, para exigir que sea superada y finalmente cumplida. Esa Europa, que proclamó la igualdad natural y luego promulgó los derechos universales, pisoteó y saqueó ambos mediante el colonialismo y el imperialismo, negándoselos a los pueblos y humanidades que oprimía y explotaba. 

Y es este devastador engaño el que han perpetuado hasta nuestros días la larga injusticia cometida con Palestina por la ocupación y colonización de sus territorios desde 1967, y la consiguiente segregación y discriminación de su pueblo, extendiendo en el seno de la sociedad israelí un veneno mortal para los ideales democráticos, como atestigua el ascenso de fuerzas judías de extrema derecha, tan racistas como antisemitas. 

La resonancia actual de ese libro-manifiesto demuestra que la esperanza internacionalista y humanista de la descolonización no es una reliquia pasada, sino todavía una promesa activa. Publicado unos días antes de la muerte de su autor, que había abrazado la causa de la independencia de Argelia, Les damnés de la terre se publicó a finales de 1961, el mismo año en que Nelson Mandela, abandonando la estrategia no violenta del CNA sudafricano frente al régimen del apartheid, fue a entrenarse para la lucha armada con el FLN argelino en sus bases clandestinas de Marruecos, unos meses antes de su detención el 5 de agosto de 1962. 

Pero la resonancia va más allá: el apartheid, régimen de segregación racial, se instauró en 1948, el mismo año en que Naciones Unidas respaldó la creación del Estado de Israel, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobó la Convención sobre el Genocidio.

Releer a Frantz Fanon es tomar la medida de lo que nos jugamos para nuestro futuro sobre lo que Palestina viene diciendo al mundo desde que se le negó su derecho a existir como Estado soberano, aunque, con Yasser Arafat a la cabeza, acabó concediendo ese derecho al Estado de Israel, a pesar de la expulsión –la Nakba– de la que fue víctima una parte de su pueblo en 1948. ¿Quién va a salvar hoy la universalidad y, sobre todo, lo universalizable –en el sentido de compartición y solidaridad– de los derechos, la justicia y la igualdad, escapando así a su apropiación depredadora por parte de Estados, pueblos y naciones que pretenden ser los legítimos propietarios de lo universal hasta el punto de permitirse contradecirlo y ultrajarlo en cuanto sus egoísmos, sobre todo económicos, se ven en peligro? 

Sudáfrica aporta la respuesta ante el Tribunal de La Haya: el origen no protege contra nada, no hay lo universal del que ninguna nación, civilización, cultura, etc., tenga el monopolio o el privilegio, sólo existe lo universalizable que se juega en cada prueba concreta en la que el destino de una humanidad en particular –atacada, perseguida, violada, discriminada, borrada, exterminada, etc.– pone en peligro el de toda la humanidad. Esta demanda ante el TIJ, rigurosamente jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, plantea la cuestión políticamente decisiva de la universalidad sin fronteras de los valores supranacionales que los Estados-nación de nuestro continente y la Unión Europea que los agrupa pretenden encarnar, al menos sobre el papel. 

Los principios, valores y derechos fundamentales invocados por Sudáfrica en respuesta a los actos del Estado de Israel en Gaza no valen sólo para Palestina. Valen, al mismo tiempo, para Ucrania, víctima de una guerra de agresión del imperialismo ruso, con su rastro de crímenes de guerra y contra la humanidad –y este recordatorio vale para los dirigentes sudafricanos que, hasta la fecha, no han condenado a Moscú. Pero también valen para el pueblo de Siria, ayer y todavía hoy martirizado por el régimen dictatorial que lo oprime con el apoyo de Irán y Rusia. Igual que valen para los uigures, el pueblo de habla turca, predominantemente musulmán, perseguido por China en la región de Xinjiang. Al igual que valen para todos los pueblos que sufren bajo el yugo de poderes estatales cuyo aparente apoyo a la causa palestina sirve de distracción del injusto destino que les imponen, desde Irán a Turquía, sin olvidar los absolutismos monárquicos que reinan en la península arábiga.

El humanismo sólo puede ser internacionalista. Es lo que quería decir Nelson Mandela cuando expresó su reconocimiento al pueblo palestino por su ayuda en la lucha contra el apartheid: "Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos", decía. Por el contrario, la indiferencia de la mayoría de los dirigentes europeos ante el destino de Palestina pone en peligro la idea que Europa tiene de sí misma, de sus valores y de sus principios. 

¿Qué podrá decir Europa mañana ante violaciones del derecho internacional que la pongan en alerta o la amenacen, como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, después de no haber ayudado a Palestina? ¿Cómo puede atreverse a dar lecciones a otras potencias autoritarias e imperialistas que rechazan todo derecho supranacional que pueda frustrar sus ambiciones, cuando no ha sabido defenderlas frente al Estado de Israel, o incluso cuando simplemente ha renegado de ellas por boca de algunos de sus dirigentes, que presumen de un apoyo "incondicional" a ese Estado, sean cuales sean sus actos? 

Hace poco más de un año, el 13 de octubre de 2022, Josep Borrell, Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, pronunció el discurso inaugural de la nueva Academia Diplomática Europea en Brujas. "Europa", explicó orgulloso, "es un jardín" donde "todo funciona", "la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir". En cambio, le preocupaba que "la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín". Los jardineros [europeos] deben ir a la jungla", recomendó entonces. “Los europeos deben comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, de diferentes maneras y por diferentes medios.” 

Con Gaza arrasada y Palestina maltratada, ¿dónde está el jardín y dónde está la selva? ¿Y dónde están los "jardineros" oficiales europeos que, en los últimos meses, han abandonado su preocupación por el mundo y la humanidad? Lejos de sernos ajena, la jungla prolifera por la ceguera de la conquista y el poder, la explotación y la dominación. En cuanto al jardín, por muy limpio que parezca, puede ser el caldo de cultivo de las peores barbaridades, las que, en nombre de identidades, orígenes y civilizaciones que se creen superiores a otras, conducen al crimen de genocidio.

Traducción de Miguel López

Sudáfrica acusó este jueves a Israel de mantener un “patrón de conducta genocida” en la Franja de Gaza con “asesinatos en masa”, “desplazamientos forzado” y “daño físico o mental grave” de los civiles palestinos, una acusación pronunciada durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, según informa EFE.

Los palestinos están en “riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas”, advirtió la letrada sudafricana Adila Hassim.

Además, aseguró que Israel “ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba” y exigió a la CIJ imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.

Hassim enumeró como crímenes que representan un “acto genocida” los “asesinatos en masa”, el “desplazamiento forzado” de la población de Gaza, y el “daño físico y mental grave” provocado por la ofensiva militar, además de lo que definió como “el ataque militar israelí al sistema de atención sanitaria de Gaza, que hace que la vida sea insostenible”.

“Los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel”, describió la abogada en su presentación.

Todos estos actos, “individual y colectivamente”, señaló la abogada, “forman un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida, que es evidente en la conducta israelí en ataques especiales contra los palestinos que viven en Gaza, utilizando armamento que causa destrucción homicida a gran escala” y en “ataques directos contra civiles”.

El caso ante la CIJ se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor en 152 países. Pero las audiencias de este jueves y el viernes no entrará aún en el fondo del caso, y solo se centrará en la necesidad de medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica contra Israel para “proteger los derechos del pueblo palestino contra daños mayores, graves e irreparables” en Gaza, según los documentos enviados por Sudáfrica a la CIJ a finales de diciembre.

“Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas que muestran de manera indiscutible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos de genocidio”, señaló Hassim.

Desde el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos, el Ejército israelí lleva a cabo una fuerte ofensiva sobre Gaza que ha dejado devastado el enclave, con más de 23.300 palestinos muertos, más de 60.000 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.

El Palacio de La Paz de La Haya, un edificio de estilo neorrenacentista levantado en la ciudad neerlandesa poco antes de la Primera Guerra Mundial, se convertirá esta semana en uno de los escenarios clave de la batalla internacional contra Israel por la masacre del pueblo palestino. Tres meses después del inicio de la ofensiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzará a estudiar a partir de este jueves la demanda de Sudáfrica contra el Estado hebreo por un posible delito de genocidio, uno de los crímenes más atroces que existen. Un ataque jurídico al que podría sumarse, si quisiera, España y que podría derivar en una orden de suspensión de los ataques sobre Gaza. Unos bombardeos que ya han dejado más de 20.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

El procedimiento tiene como base la demanda que a finales de diciembre interpuso Sudáfrica contra Israel por genocidio, una denuncia que algunos expertos en derecho internacional consultados por infoLibre califican como "muy sólida". Este delito, enmarcado en la categoría de crímenes internacionales, busca castigar comportamientos perpetrados "con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Entre ellos, la "matanza", la "lesión grave a la integridad física o mental", las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo", el "traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo" o el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física".

Tras un detallado análisis histórico y jurídico sobre la situación en la Franja de Gaza, la demanda de Sudáfrica recoge todos aquellos actos del Estado hebreo que podrían calificarse como "genocidas". Así, habla del "asesinato de palestinos" y de los daños físicos y mentales provocados por los "niveles extremos de bombardeos". También señala que alrededor de un 85% de los gazatíes se han visto obligados a "abandonar sus hogares", que se les ha privado del "acceso a alimentos y agua" y de una asistencia médica adecuada o que se han impuesto "medidas destinadas a impedir los nacimientos". Hechos a los que Sudáfrica suma, para justificar el dolus specialis, las "claras y repetidas declaraciones deshumanizadoras" de autoridades israelíes sobre el pueblo palestino.

El caso se encuentra, por el momento, en una fase inicial. Lo que arranca este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya es la audiencia pública sobre las medidas provisionales solicitadas en la demanda. Ambos Estados, tanto el demandante como el demandado, tendrán un par de horas para presentar sus argumentos a favor y en contra de la adopción de las cautelares. Una vez superado ese trámite, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará en las próximas semanas sobre las mismas. "Y una vez hecho esto, sobre si es competente para juzgar el caso. Luego, vendrá la fase escrita, la oral y la sentencia sobre el fondo del asunto", resume Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III. Un fallo definitivo que puede demorarse años.

Entre las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica se encuentra la "suspensión inmediata" de las "operaciones militares" de Israel contra Gaza. Y también se pide que el Estado hebreo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la "preservación de pruebas" relacionadas con un posible genocidio y el acceso de las misiones de investigación. Por lo general, las cautelares, pensadas para evitar un daño irreparable, son aceptadas por el tribunal. Así lo hizo, por ejemplo, en la demanda de Gambia contra Myanmar. O en la de Ucrania contra Rusia tras la invasión de 2022. "Yo creo que en este caso también hay base para que se adopten", opina Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Jaume I.

Las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas que no debe confundirse con la Corte Penal Internacional (CPI) –el primero dirime controversias entre Estados y el segundo se centra en la responsabilidad penal de individuos–, son vinculantes para los Estados. El problema, advierten los expertos consultados por este diario, es que en muchos casos son ignoradas por los países involucrados. Ya ocurrió, por ejemplo, en el marco del conflicto en suelo ucraniano. En marzo de 2022, el tribunal ordenó a Rusia suspender de inmediato las operaciones militares en el país vecino. Sin embargo, casi dos años después la guerra continúa al este del Viejo Continente.

"Israel podría no cumplir con las medidas provisionales que se adopten", advierte al otro lado del teléfono Manero, si bien reconoce que el hecho de que Israel haya querido participar en el procedimiento le permite mantener una ligera esperanza de que finalmente se acate lo que el tribunal establezca. El Estado hebreo, no obstante, sabe muy bien lo que es hacer oídos sordos a lo que sale del Palacio de La Paz de La Haya. En 2004, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a una consulta formulada por Naciones Unidas, declaró que el muro levantado por Israel en Cisjordania era "ilegal" y exigía que fuera destruido. Pero casi dos décadas después la enorme pared de hormigón sigue existiendo.

En caso de que el tribunal ordenase un alto el fuego e Israel se negase a aplicarlo, los expertos reconocen que la corte no tiene apenas fuerza para hacer que se cumplan con las medidas provisionales. Como mucho, se podría acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir que se apliquen las medidas provisionales. "El problema es que aquí nos encontramos con el derecho de veto de Estados Unidos, que no creo que permita al Consejo de Seguridad hacer más de lo que ha podido hacer", recuerda Aznar. A comienzos de diciembre, sin ir más lejos, Washington, principal aliado del Estado hebreo, ya vetó una resolución en el seno de este órgano que pedía un alto el fuego en Gaza.

La demanda de Sudáfrica ha sido aplaudida en las últimas semanas por diferentes países. Es el caso de Bolivia y Namibia. O la Organización para la Cooperación Islámica, que aglutina a más de medio centenar de países con comunidades musulmanas significativas –desde Egipto, Marruecos o Turquía hasta Malasia–. También España, si quisiera, podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por el Estado sudafricano. Al fin y al cabo, el artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite a todos aquellos que sean parte de una convención –como lo es nuestro país de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio– "intervenir" en el proceso abierto por cualquier otro Estado.

España ya utilizó esta fórmula hace año y medio en el marco de la guerra en suelo ucraniano. Así, en septiembre de 2022, la embajada española en La Haya no dudó en presentar a la Corte Internacional de Justicia una "declaración de intervención" para sumarse a la demanda de Ucrania contra Rusia por genocidio. De esta manera, reafirmaba su "compromiso" con el derecho internacional y los derechos humanos. No fue, sin embargo, el único Estado que decidió dar este paso. También pidieron adherirse Estados Unidos, Canadá y casi toda la Unión Europea.

"Ahora, por una cuestión de coherencia, debería sumarse en términos similares a la demanda contra Israel", opina Manero. La catedrática, de hecho, forma parte de los más de dos centenares de juristas españoles que en las últimas horas han pedido públicamente al Gobierno de coalición que dé un paso al frente para que España participe activamente en este procedimiento judicial. Una iniciativa que se ha encargado de promover la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop).

El ex atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, condenado por matar a tiros en febrero de 2013 a su novia, Reeva Steenkamp, ha salido este viernes de prisión después de que se le concediera la libertad condicional tras cerca de ocho años en la cárcel, según han confirmado las autoridades de Sudáfrica.

El portavoz del Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) sudafricano, Singabakho Nxumalo, ha confirmado que Pistorius "está en libertad condicional, de forma efectiva desde este 5 de enero". "Ha sido admitido en el sistema de correccionales comunitarios y ahora está en casa", ha dicho.

Pistorius, quien fue condenado a trece años y cinco meses de cárcel tras dos procesos de apelación en los tribunales sudafricanos, ha sido puesto bajo responsabilidad de su tío Arnold Pistorius durante la duración de su periodo de liberación condicional, según ha informado el diario sudafricano 'News 24'.

La madre de Steenkamp, June Steenkamp, ha manifestado en un comunicado publicado este mismo viernes que tanto ella como su fallecido esposo, Barry Steenkamp, "siempre supieron que la libertad condicional es parte del sistema legal sudafricano". "Siempre hemos dicho que la ley debe seguir su curso", ha agregado.

Diez años después de que el atleta sudafricano Oscar Pistorius disparase una pistola hasta en cuatro ocasiones y matase así a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, la estrella olímpica salió este viernes de la cárcel y volvió a su casa tras obtener la libertad condicional el pasado mes de noviembre.

Durante todo este tiempo, Pistorius, de 37 años, siempre ha insistido en que disparó "por accidente".

En el nefasto 14 de febrero de 2013, la modelo estaba en el otro lado de la puerta cerrada del baño de la casa que compartían en Pretoria, una circunstancia que Pistorius ha usado para defender sin éxito que entró en pánico al confundir a su novia con un ladrón que habría accedido a la vivienda por la ventana del baño.

Pero ni los jueces ni los familiares de Steenkamp, que en el momento de su muerte tenía 29 años, aceptaron esta versión de los hechos.

"No creo en la versión de Oscar. (...) No conozco a nadie que lo haga. Mi querida hija gritó por su vida lo suficientemente alto como para que los vecinos la escuchasen", señaló el pasado 24 de noviembre la madre de la modelo, June Steenkamp, en una carta leída por sus abogados.

La misiva salió a la luz poco antes de que el Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) de Sudáfrica, que celebró dicho día una audiencia a puerta cerrada en la prisión de Atteridgeville (Pretoria), confirmase la libertad condicional de Pistorius a partir de este viernes, 5 de enero.

Entonces, Steenkamp dudó del arrepentimiento del reo, al destacar que "la rehabilitación requiere que una persona se comprometa honestamente con toda la verdad de su delito y las consecuencias del mismo".

Sin embargo, en otro comunicado publicado hoy, la madre de la víctima señaló que "siempre hemos sabido que la libertad condicional es parte del sistema legal sudafricano y siempre hemos dicho que la ley deber seguir su curso" si bien "nunca podrá haber justicia si tu ser querido nunca regresará".

En 2012, cuando Pistorius alcanzó el cenit de su gloria al convertirse en el primer atleta con las piernas amputadas en correr en unas Olimpiadas en los Juegos de Londres, nadie pudo haber previsto que su carrera deportiva terminaría entre rejas, con las manos manchadas de la sangre de su pareja.

Entonces, el mundo admiró la proeza de un ser humano que, pese a nacer sin peronés y serle amputadas las dos extremidades por debajo de las rodillas cuando tenía once meses, compitió sobre prótesis de carbono con atletas no discapacitados y alcanzó las semifinales en la prueba de 400 metros.

Hasta llegar ahí, Pistorius (Johannesburgo, 1986) pasó una infancia y adolescencia traumáticas, marcadas por la vulnerabilidad propia de su merma física, la separación de sus padres, los problemas con un padre ausente y la muerte de su madre cuando él tenía 15 años.

Estas circunstancias, difíciles de adivinar en el joven seguro de sí mismo que desafío a la naturaleza y a las autoridades del atletismo para correr con "los normales", marcaron a fuego su vida, según dijo en el juicio.

Pero la opinión pública pronto empezó a conocer una versión distinta de este "superhombre".

La libertad condicional que Pistorius -pintado en sus juicios como un apasionado de los automóviles caros, la velocidad y las armas de fuego que creció en el seno de una familia adinerada y muy cristiana- culmina un largo proceso legal.

Tras un juicio que captó una atención mediática mundial, Pistorius fue inicialmente condenado en octubre de 2014 a cinco años de prisión por homicidio imprudente, pero la Fiscalía apeló el fallo.

En 2015, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica anuló esa condena y lo declaró culpable de asesinato, remitiendo el caso de nuevo a un tribunal de primera instancia que, en julio de 2016, sentenció a Pistorius a seis años de cárcel por asesinato.

Sin embargo, después de otro recurso de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Apelación elevó la pena en noviembre de 2017 a quince años, el mínimo contemplado por la ley en casos de asesinato salvo situaciones excepcionales.

En la práctica, esa sentencia significó trece años y cinco meses de cárcel, al descontarse el tiempo que Pistorius -que pasó una etapa en libertad bajo fianza y bajo arresto domiciliario- ya había permanecido en prisión.

Ahora, el atleta podrá cumplir "el resto de su condena en el sistema correccional comunitario", según anunció el DCS, que aseguró que "será sometido a supervisión en cumplimiento de las condiciones de libertad condicional".

Sudáfrica ha presentado este viernes una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que pide medidas provisionales contra Israel para proteger a la población palestina del "genocidio" que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, según informa Europa Press.

"Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", reza en el escrito, donde agrega que estas acciones son llevadas a cabo "con la intención específica" de "destruir a los palestinos como parte de un grupo nacional, racial y étnico".

En este sentido, ha pedido a la corte medidas provisionales para garantizar protección a la población palestina contra daños "severos e irreparables" a sus derechos en virtud de la Convención sobre el Genocidio, según ha reclamado Sudáfrica en un comunicado que ha emitido la propia CIJ.

El Ministerio de Exteriores de Sudáfrica ha señalado en un comunicado que el país africano está preocupado "por la difícil situación de los civiles atrapados en los actuales ataques israelíes contra la Franja de Gaza debido al uso indiscriminado de la fuerza y al traslado forzoso de sus habitantes".

"Hay informes continuos sobre la comisión de crímenes internacionales, como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como informes de que se han cometido actos que alcanzan el umbral de genocidio o crímenes conexos, tal como se define en la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948", ha agregado.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado más de 21.500 palestinos muertos por los ataques israelíes desde que el grupo islamista llevó a cabo el pasado 7 de octubre sus ataques contra territorio israelí, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.

Diciembre de 2017. Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid, lanza un balón autografiado al público que le aplaude en un salón de actos abarrotado de Teherán (Irán). Al fondo, un retrato del ayatolá Jameni, líder supremo del país. LaLiga acababa de asociarse públicamente con MTN Irancell, el gigante estatal iraní de las telecomunicaciones. Y Morientes, embajador de la LaLiga, está encantado de aportar su toque de estrella al acto.

Morientes no ha querido hablar con OCCRP, red de la que forma parte infoLibre, sobre su visita a Teherán, que se produjo cuando ya se había publicado abundante información que exponía que MTN Irancell era en su mayor parte propiedad de una empresa iraní que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que han sido objeto de sanciones internacionales. Entre los dignatarios que asistieron a la ceremonia de Teherán se encontraba Mustafá Ajorlu, comandante de la Guardia Revolucionaria que ha tomado represalias contra jugadores iraníes que apoyaron las recientes protestas contra el Gobierno.

La alianza con MTN Irancell ofreció a LaLiga acceso al lucrativo mercado iraní. Los contratos a los que ha tenido acceso OCCRP muestran que MTN Irancell se comprometió a pagar a LaLiga el 10% de los beneficios que obtuviera de los abonados que vieran el fútbol español en su canal online, además de unos 900.000 dólares en unos tres años.

El problema es que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la banca iraní, sacar dinero del país podía ser problemático: el grupo sudafricano MTN, accionista minoritario de MTN Irancell, señaló en su informe anual de 2021 que tenía problemas para “repatriar efectivo” de sus socios iraníes.

Así que LaLiga encontró al menos dos maneras de eludir esas dificultades. La primera, utilizar en al menos una de las transferencias de MTN Irancell una empresa fantasma de Hong Kong creada por un ciudadano iraní con pasaporte de la isla caribeña de Dominica. La segunda, enviar dinero, en pequeñas cantidades, desde cajeros automáticos de Dubái.

Según muestran los documentos filtrados a los que ha tenido acceso OCCRP, LaLiga recibió al menos un pago de MTN Irancell de una empresa fantasma propiedad de un intermediario iraní. Este intermediario había comprado un pasaporte oro de Dominica, un pequeño país caribeño con un floreciente programa que concede la ciudadanía a cambio de realizar una inversión. El pasaporte se utilizó para crear la empresa tapadera con sede en Hong Kong que dirigió el pago iraní a LaLiga, una asociación privada que aúna a los clubes de primera y segunda división para rentabilizar un espectáculo que, según la propia entidad, llega a 2.800 millones de personas en el mundo.

El Gobierno de EEUU sancionó más tarde a una empresa similar propiedad del intermediario –y también creada con un pasaporte de Dominica– por vender decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes en nombre de entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Estos métodos para transferir dinero ilustran bien cómo los pasaportes adquiridos en lugares como Dominica pueden utilizarse para burlar las sanciones y realizar pagos secretos. Y no se trata sólo de iraníes. Como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe, OCCRP también ha descubierto que oligarcas rusos sancionados, taiwaneses prófugos dedicados a esquemas ponzi, un yemení presuntamente implicado en piratería e incluso el científico jefe de armas nucleares de Sadam Husein obtuvieron pasaportes de Dominica.

En su respuesta a las preguntas que al respecto le ha formulado OCCRP, un abogado que representa a LaLiga asegura que el organismo presidido desde 2013 por Javier Tebas es “ajeno a cualquier vínculo entre la relación contractual que mantuvo en el pasado con MTN Irancell y la creación de cualquier empresa por titulares de pasaportes de Dominica”.

El portavoz de LaLiga describe su relación con MTN Irancell como un “contrato de patrocinio” que permitió “realizar numerosas promociones del fútbol español en Irán, donde existe una gran afición por el fútbol entre su población joven”. También indica que el acuerdo se enmarcaba en una relación preexistente con MTN Group en África, la empresa matriz de MTN Irancell, que terminó hace años, y que “actualmente, no hay ninguna relación con MTN o MTN Irancell”. Añade que la Liga española “cumplió con la normativa sobre sanciones de la UE en relación con el contrato” iraní, tras resaltar que MTN Irancell “no era, ni ha sido nunca, una entidad sancionada” por la comunidad internacional.

Según explica, en el momento en que comenzó la relación, en 2017, “el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 estaba en pleno vigor, lo que provocó el levantamiento de las sanciones económicas internacionales. Además, no existían sanciones sobre el deporte profesional, sobre los contratos de patrocinio vinculados a la promoción del deporte profesional”.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, tachó de “fake news” las informaciones que en su día publicó Okdiario sobre el acuerdo con los iraníes.

MTN Irancell es una empresa conjunta del grupo sudafricano MTN, una importante compañía de telecomunicaciones con un 49% del capital, y una firma iraní propiedad de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y a la Guardia Revolucionaria iraní. Los iraníes tienen una participación mayoritaria del 51%. Aunque no se dispone de registros de propiedad de las empresas iraníes para verificar estos acuerdos societarios, están acreditados en informaciones publicadas por medios de comunicación occidentales e iraníes, informes de expertos, notificaciones de las sanciones del Tesoro de Estados Unidos y registros legales que se extienden a lo largo de los últimos años.

Según el Tesoro de Estados Unidos y tal y como consta en varias demandas judiciales presentadas por ciudadanos estadounidenses, el accionista iraní de MTN Irancell es Iran Electronic Development Company. Las mismas fuentes describen esta compañía como una empresa conjunta entre Iran Electronic Industries –también conocida como Sairan–, una sociedad controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan –también conocida como Bonyad Mostazafan–. Estas participaciones están confirmadas por un informe de 2015 del departamento de investigación del Banco Central de Irán, que menciona a la Fundación Mostazafan como propietaria del 23,25% de MTN Irancell y al Ministerio de Defensa como dueño del 27,75%, lo que suma una participación iraní total del 51%.

En una notificación de sanciones a la Fundación Mostazafan en 2020, el Tesoro estadounidense la describe como “un inmenso conglomerado de cerca de 160 holdings en sectores clave de la economía iraní, como las finanzas, la energía, la construcción y la minería”, presidido por “el exoficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Parviz Fattah”.

“Mientras que Bonyad Mostazafan es aparentemente una organización benéfica encargada de proporcionar ayuda a los pobres y oprimidos”, añade la nota, “sus activos son arrebatados al pueblo iraní y utilizados por el líder supremo Ali Jamenei para enriquecer a su gabinete, recompensar a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

En abril de 2019, aproximadamente un año y medio después de ese primer acto en Teherán de MTN Irancell, Estados Unidos calificó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, poniéndolo en compañía del ISIS y Boko Haram. Lo que no fue óbice para que el acuerdo entre la Liga española y los iraníes se renovara varios meses después, en agosto de ese mismo año.

OCCRP ha preguntado a la Liga española por qué renovó el acuerdo incluso después de que la Guardia Revolucionaria fuera considerada un grupo terrorista por Estados Unidos. LaLiga contesta que lo hizo “teniendo en cuenta que en ese momento la Unión Europea, donde se encuentra LaLiga, junto con el resto de los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015 (excepto la nueva administración Trump en Estados Unidos), defendió la validez del mencionado acuerdo nuclear, afirmando que Irán estaba cumpliendo plenamente con sus compromisos”.

Según advierten los expertos, las sanciones estadounidenses dificultan a las instituciones iraníes el movimiento de dinero a través de gran parte del sistema financiero internacional. “Sencillamente, no se puede realizar ninguna transacción internacional normal si la contraparte es iraní”, subraya Mahdi Ghodsi, economista especializado en Irán y en sanciones internacionales del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena. “Todo lo que es ilegal en Estados Unidos es ilegal de facto para el resto del sistema bancario internacional, porque Estados Unidos es el principal gobernador de ese sistema”.

Así que, en lugar de recurrir a las rutas financieras controladas por Estados Unidos, MTN Irancell utilizó intermediarios con pasaportes oro comprados en Dominica para transferir al menos un pago desde Irán hasta España, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP.

Dos iraníes, Hossein Mohamedrezaei y Pedram Pirouzan, dirigían un negocio de cambio de dinero llamado Pedram Pirouzan and Partners en Damavand, una pequeña ciudad cerca de Teherán. Ambos se habían acogido al programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica, lo que permitió al primero obtener un pasaporte de la isla caribeña en 2017 y al segundo, otro en una fecha desconocida. Utilizando estos documentos, crearon luego empresas fantasma en todo el mundo.

Una de ellas facilitó la transferencia ilegal de decenas de millones de dólares procedentes de las ventas de productos petroquímicos iraníes a China y fue sancionada por Estados Unidos en 2022. Otra se utilizó para realizar un pago de 65.000 euros de MTN Irancell a LaLiga.

Un recibo emitido por MTN Irancell y obtenido por OCCRP muestra que Pedram Pirouzan and Partners transfirió los fondos en la primavera de 2019, casi al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria fue etiquetada como grupo terrorista. Pero, aunque el pago fue organizado por la casa de cambio iraní, un comprobante de transferencia bancaria obtenido por OCCRP revela que fue enviado desde otro rincón del planeta.

El 18 de marzo, LaLiga recibió un pago por el mismo importe de 65.000 euros de una empresa de Hong Kong, Lonking Industrial, que había sido creada por Mohamedrezaei utilizando su pasaporte de Dominica. La empresa –que, como muchas compañías de Hong Kong asociadas con Irán, tenía una dirección en la ciudad de Yiwu, en la China continental– envió el dinero a la cuenta de LaLiga en el Banco Santander desde otra cuenta en el banco Hua Xia de China. En la parte inferior del resguardo de la transferencia figura un sello informativo escrito, no en chino, sino en farsi, la principal lengua hablada en Irán.

LaLiga asegura a OCCRP que no ha oído hablar nunca de Mohamedrezaei y Pirouzan, ni de su empresa de transferencias de dinero. Por su parte, el Banco Santander se ha negado a hacer comentario alguno al respecto. Mohamedrezaei y Pirouzan no han respondido a las preguntas de OCCRP, que no ha podido contactar con Hua Xia bank para que hiciera sus comentarios sobre este asunto.

En realidad, la operativa con la Liga desde Yiwu no es excepcional. Informaciones anteriores publicadas por OCCRP revelaron cómo empresas fantasma de Hong Kong, controladas por individuos que operan desde la ciudad oriental china de Yiwu, han movido cientos de millones para una amplia gama de intereses criminales; por ejemplo, para un blanqueador de dinero iraní llamado Reza Zarrab. Yiwu está geográficamente unida a Irán: alberga el inicio del ferrocarril que conecta Irán y China, y es un importante centro de comercio iraní.

Así, sociedades fantasma y otras operativas movieron 130 millones de dólares para HMEA Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong dedicada a neutralizar las sanciones iraníes y que tenía múltiples cuentas en algunos de los mayores bancos del mundo. Aunque HMEA Co Ltd estaba controlada por un sueco buscado por fraude, el verdadero propietario de la empresa era Ehsan Azarnekou, un iraní con pasaporte dominiqués cuyo nombre aparece en la investigación de OCCRP Dominica: Pasaportes del Caribe.

Según las informaciones de OCCRP, Azrnekou tenía importantes conexiones con intereses petroleros iraníes y también dirigía varios negocios de cambio de divisas en Irán. OCCRP intentó, sin éxito, contactar con Azarnekou.

El segundo sistema utilizado por LaLiga y MTN Irancell para sortear las sanciones internacionales fue, según desvela la investigación de OCCRP, el envío de dinero desde Dubái. Aunque no puede establecerse el origen de los fondos, tres exempleados de LaLiga conocedores del acuerdo con MTN Irancell explican que estas transacciones formaban parte del acuerdo de patrocinio firmado por LaLiga.

Una de las formas de pago consistió en ingresar dinero en efectivo en una cuenta de LaLiga desde un cajero automático de Dubái. Cinco recibos obtenidos por OCCRP revelan que un mismo cajero se utilizó en dos días diferentes de noviembre de 2019 para depositar un total de alrededor de 76.000 dólares en dírhams emiratíes, en múltiples transacciones con apenas minutos de diferencia.

Los expertos en lavado de dinero consultados por OCCRP indican que los depósitos se asemejan a una práctica común de lavado llamada “pitufeo”, empleada para evitar llamar la atención de los reguladores bancarios. “Pitufar significa dividir un gran volumen de dinero en cantidades pequeñas para mantenerse por debajo de los límites que obligan a las instituciones financieras, como bancos o fideicomisos, a informar [a las autoridades]”, explica Brendan Newitt, abogado defensor criminalista de la firma Roos & Pen.

LaLiga replica que no ha hecho nunca transferencias en cajeros automáticos “ni directa ni indirectamente” relacionadas con ese acuerdo.

Pero no se trata de los únicos pagos a LaLiga que encienden las alarmas.

Durante los años anteriores, según muestran los documentos obtenidos por OCCRP, la institución presidida por Javier Tebas recibió el equivalente a cientos de miles de dólares de empresas fantasma con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Varias de estas empresas fueron liquidadas poco después de efectuar los pagos. Algunas no tenían conexión aparente con el fútbol, sino que parecían ser empresas de joyería y electrónica.

El abogado Brendan Newitt destaca que este tipo de actividad es muy poco habitual en una gran liga de fútbol. “Se podría pensar que cuando una parte utiliza una entidad offshore, el préstamo o el pago se realiza en una sola transacción o en unas pocas. ¿Por qué utilizar sociedades offshore, dinero en efectivo y cheques para hacer depósitos más pequeños?”, se pregunta Newitt. “Podría tener razones económicas completamente legales, pero sigue siendo muy poco habitual”, concluye.

Preguntado por estas transacciones, el representante de LaLiga no explicó el uso de las empresas citadas, pero aseguró que la institución había llevado a cabo “la debida diligencia comercial, incluida una exploración de posibles sanciones utilizando bases de datos especializadas, que no arrojó ninguna alerta de sanciones en relación con MTN Irancell o cualquier otro tercero relacionado”.

Una carta obtenida por OCCRP revela que, en octubre de 2019, aproximadamente medio año después de que la Guardia Revolucionaria hubiera sido calificada de grupo terrorista por EEUU, los directivos de LaLiga informaron a MTN Irancell de que habían “transferido en su totalidad todos sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo de patrocinio” a una filial con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Todos los pagos posteriores, decía la carta, deberían hacerse allí. El representante de LaLiga precisa que la operación se hizo “por razones comerciales”.

Jens Sejer Andersen es director internacional de Play the Game, una iniciativa que promueve la democracia, la transparencia y la libertad de expresión en el mundo del deporte y ha revisado los hechos revelados por OCCRP. “Creo que todo este asunto demuestra lo desesperadamente que el fútbol europeo necesita supervisión y regulación financiera. Parece que LaLiga no puede haber sido del todo inconsciente de lo problemático que es trabajar con dictaduras lejos de Europa, pero ha dejado de lado todas las consideraciones en su insaciable apetito de dinero”.

“Esta historia debería ser una de las muchas que convenzan a los políticos europeos para que den un paso al frente y empiecen a regular una industria que, bajo el escudo de la autonomía deportiva permite que florezcan todo tipo de malas prácticas financieras y políticas”, concluye.

Los patrocinios siguen siendo una fuente de ingresos primordial para los clubes y las ligas de fútbol profesional europeas, pese a la preeminencia de los derechos televisivos. Según el Informe anual de las finanzas del fútbol, elaborado por la consultora Deloitte, los acuerdos de patrocinio representan el 37% de los ingresos comerciales generados por los clubes en las cinco mayores ligas europeas. Han crecido un 6,5% desde 2012. En la temporada 2021/2022 los ingresos por patrocinio de la Liga española sumaron 950 millones de euros, un poco por encima de la alemana, pero muy por debajo de los 2.053 millones de la británica.

Según las cifras de LaLiga, sus ingresos por patrocinios crecieron un 17% en la última temporada, la 2022/23, hasta alcanzar los 177,6 millones de euros. Y el 60% de esa cantidad procedía de acuerdos con entidades extranjeras. Su objetivo es llegar a los 200 millones en 2024/25. No le queda otra, tras la firma del acuerdo con el fondo de inversión CVC, por el que le cede el 11% del negocio del fútbol español durante 50 años a cambio de una inyección de 2.667,5 millones de euros.

La operación, una cuenta en participación similar a la que firmó antes el Real Madrid con el fondo Providence, obliga a ambas entidades a aumentar de forma considerable su volumen de ingresos para pagar a los fondos de inversión cada año. “Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

“Si quieres seguir siendo competitivo, o cambias los criterios para elegir patrocinadores o cambias la filosofía del club o te ves abocado a tener como interlocutores a Arabia Saudí, Irán o Catar”, critica Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015. Es más, cree que el mundo del fútbol está “subastando el sponsoring”: “Les da igual el quién, sólo les importa el qué. Son incapaces de tener estrategias que les permitan ir más allá de los ingresos de siempre: los patrocinios, los derechos de televisión y el matchday [los ingresos por la venta de entradas]. Si no sales de esos tres, vendiendo en todo el mundo y profesionalizando los ingresos, recurres al que más te da en lo de siempre”.

Pero más que a la desesperación por los ingresos, Marc Ciria atribuye los acuerdos con socios internacionales cuestionables a la falta de visión estratégica y de profesionalización en el fútbol español. “Los patrocinios son un tema de compliance, de respeto a unos valores a la hora de escoger compañeros de viaje y de qué alternativas hay: quién vale y quién no. Porque también podemos hablar de cómo fabrica Apple o Nike sus productos en Asia”, apunta. Aunque tampoco duda en afirmar que “el Barça perdió el alma cuando cambió Unicef por Catar, por tener un ingreso inmediato”.

Con alma o sin ella, LaLiga anunció el pasado agosto la firma de un acuerdo de patrocinio con Arabia Saudí: promocionará el turismo en esa autocracia nada respetuosa con los derechos humanos –“su interés cultural y sus sorprendentes paisajes”, precisó el embajador de LaLiga Iker Casillas– a cambio de expandir la presencia del fútbol español en el mundo árabe.

---------------------------

Este reportaje forma parte de Dominica: Pasaportes del Caribe, una investigación internacional sobre el programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica. El proyecto es un esfuerzo conjunto de OCCRP, la organización sin ánimo de lucro Government Accountability Project, con sede en Washington DC, y más de una docena de medios de comunicación asociados, entre ellos infoLibre.

El balance de víctimas mortales a causa del incendio registrado en la madrugada de este jueves en un edificio del distrito financiero de la ciudad sudafricana de Johannesburgo ha ascendido a más de 70, según han confirmado las autoridades y recoge Europa Press. El portavoz del Servicio de Gestión de Emergencias, Robert Mulaudzi, ha especificado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que "la última actualización del balance es de 73 fallecidos y 52 heridos", si bien ha agregado que "la operación de búsqueda y rescate continúa".

Al lugar del suceso se ha trasladado el alcalde de Johannesburgo, Kabelo Gwamanda, quien ha estado acompañado por varios funcionarios, según ha confirmado la Alcaldía a través de un mensaje en X, donde ha confirmado además que "siguen en marcha las misiones de búsqueda y rescate iniciadas hace unas horas".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Khumbudzo Ntshaveni, ha dicho que el mandatario, Cyril Ramaphosa, está siendo informado de la situación, que "sigue en manos del gobierno local y del gobierno provincial de Gauteng". "Permitiremos que las investigaciones de las autoridades tengan lugar, tras lo que nos entregarán un informe y adoptaremos medidas posteriormente", ha dicho, antes de incidir en que si los servicios de emergencia del país necesitan "refuerzos", esa ayuda "se ofrece".

Posteriormente, Ramaphosa ha descrito lo sucedido como "una gran tragedia" y ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares de los fallecidos y los heridos. "Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre. Este incidente nos interpela, a los servicios de emergencia y a otras entidades del Gobierno, a ayudar a los supervivientes para restaurar su bienestar físico y psicológico y ofrecer todo apoyo material a los afectados", ha afirmado.

Así, Ramaphosa ha destacado durante una comparecencia en un acto en la provincia de Cabo Oriental retransmitida a través de su cuenta en la red social X que espera que las investigaciones "permita a residentes y autoridades a evitar que se repita una tragedia así".

El fuego se originó alrededor de las 01.30 horas (hora local), aunque por el momento se desconoce la causa del incendio, según ha informado el portal de noticias sudafricano News24, que agrega que se trata del incendio más mortífero en la historia de la ciudad.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado este jueves a los seis nuevos miembros que pasarán a formar parte de los BRICS el próximo año: Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía, destacando el pleno consenso que ha existido en esta primera fase de la ampliación del grupo, según informa Europa Press.

"Los BRICS es un grupo de naciones diversas. Es una asociación igualitaria de países que tienen puntos de vista diferentes, pero una visión compartida de un mundo mejor", ha señalado el presidente sudafricano durante la decimoquinta cumbre que se ha celebrado estos días en Johannesburgo y que acaba este jueves.

Asimismo, Ramaphosa ha destacado que valoran el interés que han mostrado otros países de entrar en los BRICS y por ello han encargado a los ministros de Asuntos Exteriores que desarrollen una lista de posibles nuevos miembros de cara a la próxima cumbre, para la que Rusia se ha ofrecido como anfitrión.

Ramaphosa ha señalado que desde el 1 de enero de 2024 estos seis nuevos países se convertirán en miembros de pleno derecho de este grupo cuyo origen se remonta al año 2006, cuando Brasil, Rusia, India y China se reunieron por primera vez con vistas a sacar adelante esta iniciativa, a la que se unió Sudáfrica en 2011.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, ha sido de los primeros en reaccionar y ha celebrado que se trata de "un gran momento" para su país. "Etiopía está dispuesta a cooperar con todos por un orden mundial inclusivo y próspero", ha subrayado a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La ampliación del grupo ha sido punto capital en la agenda de esta decimoquinta cumbre de los BRICS, marcada por la guerra de Ucrania y la ausencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la que también se ha abordado la propuesta de fomentar el comercio en divisas locales para deshacerse de la dependencia del dólar.