Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

_____________

Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapart, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) y la Dirección de Transformación Digital (DTNUM), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA).

“Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables”. Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico.

Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio.

En 2022, Gérald Darmanin, que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos.

Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto: la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”.

Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027.

“Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.”

Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento.

Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador”, dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”.

Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso, ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”.

Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley, bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”.

El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte.

Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio, porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”.

Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan, pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia. “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”.

El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso.

“Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias”, lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”.

Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”.

Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano”: “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel, lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso.

En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado "Étrangers mal jugés" (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas». El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado.

Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería, que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %.

El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024, alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia.

Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Sagirah Shahid no se cansa de hablar de la impresionante movilización popular que, en Mineápolis, logró frustrar a principios de año la política brutal y violenta del ICE, la policía migratoria de Donald Trump. Podría pasarse horas recordando aquel momento decisivo y de lucha contra los 3.000 agentes desplegados en las calles de esta ciudad de Minesota, conocida por su tradición de solidaridad frente a la arbitrariedad y por su capacidad de organización.

Pero esta activista y poeta musulmana afroamericana, que estuvo en primera línea de aquella lucha, solo concede a Mediapart una hora en una agenda muy apretada. Durante dos semanas, y por invitación de organizaciones como Greenpeace, Attac, Les Amis de la Terre France y el colectivo BreakFree Suisse, ha recorrido Francia, Suiza y los Países Bajos junto a otras dos figuras de la lucha contra el ICE en Minesota: Janette Zahia Corcelius, sindicalista y miembro de los Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés), y el rapero Tufawon, cuyo verdadero nombre es Rafael González.

Uno de los objetivos de esta gira es convencer a las instituciones suizas y europeas de que dejen de invertir en empresas con contratos con el ICE, entre las que destacan Palantir (que desarrolla herramientas de búsqueda y vigilancia masiva de personas susceptibles de deportación), operadores de prisiones privadas y centros de detención de migrantes, como CoreCivic y GEO Group. Los tres activistas participaron el miércoles 15 de abril, en Basilea, en una concentración frente al edificio donde se celebraba la asamblea general del banco suizo UBS.

Diez días después, Sagirah Shahid, que también es miembro de la coalición Minesota Labor for Palestine, sale de una reunión organizada en el Centro Internacional de Cultura Popular, en París, para concedernos esta entrevista. En unas horas tiene que coger un tren a Ámsterdam. Pero los sesenta minutos que pasamos con ella bastan para comprender mejor cómo Mineápolis (donde en pocas semanas fueron asesinadas por las fuerzas policiales dos personas, Renee Good y Alex Pretti) ha sido escenario de un punto de inflexión en la lucha contra el autoritarismo de la administración Trump.

El ejemplo se ha vuelto revelador, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde la extrema derecha, respaldada por la administración Trump, está en auge. “Pero todos debemos estar en la misma onda”, insiste Sagirah, que se unió al Partido Verde (Green Party) durante la campaña presidencial de 2024, decepcionada por las posturas de los demócratas sobre el genocidio en Gaza. “La derecha forma un frente común. Los tecnofascistas están unidos en torno a un programa que antepone la tecnología y las empresas a los seres humanos. La izquierda debe formar un frente común”.

En sus encuentros con activistas de este lado del Atlántico, Sagirah Shahid ha percibido en algunos momentos una especie de derrotismo. Un sentimiento que ella no puede permitirse debido a su historia personal, que la empuja a no darse nunca por vencida. Sus antepasados, descendientes de esclavos, huyeron de Misisipi, donde las leyes Jim Crow imponían la segregación a la población negra y permitían a los blancos seguir imponiendo su voluntad.

“Tuvieron que marcharse durante la Gran Migración [un movimiento que llevó a millones de afroamericanos del sur de Estados Unidos a Estados más al norte a principios del siglo XX – ndr] debido a la violencia que reinaba en Misisipi. Nunca hemos dejado de luchar. Esta lucha nunca ha terminado”, explica.

“Debemos recordar a nuestros compañeros europeos que no deben dejar que los fascistas les hagan creer que han perdido”, añade. “Es una cuestión de psicología. Es necesario unirse, tomar el control del propio discurso y organizarse. No son tan fuertes como creéis.”

Los fascistas pueden ser tigres de papel frente a la determinación de la oposición, si nos fiamos de una de sus anécdotas. Un activista neonazi, Jake Lang (tristemente conocido por sus comentarios islamófobos y indultado por Trump tras su condena por participar en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio), había convocado una manifestación en Mineápolis a favor del ICE. Eso ocurrió mientras estaba en pleno apogeo la operación antimigrantes Metro Surge (cerca de 4.000 detenciones, de las cuales 2.000 acabaron en expulsiones).

La magnitud de la respuesta acabó con esta provocación antes de que se materializara. Respondió a su llamamiento muy poca gente, mientras acudieron cientos de contramanifestantes. “No llevaba ropa de abrigo. Venía de Florida y no conocía nuestro clima. Nosotros sabemos cómo vestirnos para el invierno. La gente le lanzó globos de agua y le dispararon con pistolas de agua para mojarlo, cuando las temperaturas estaban bajo cero”, cuenta ella.

Ironías del destino, el neonazi le debe la vida a dos hombres, un negro y un árabe musulmán, que lo protegieron de la multitud, y a una mujer trans que aceptó llevarlo en coche a su hotel. “Ella no lo sabía. Publicó un vídeo después de los hechos. Explicó: ‘No sabía lo que estaba pasando. Si no, no lo habría llevado en coche, porque odia a las mujeres trans’. Pero lo sacó de allí… Así que fue rescatado por todas las personas a las que odia: una mujer trans, un hombre negro y un musulmán”, sonríe Sagirah Shahid.

Esta solidaridad, esta ayuda mutua que consiste en intercambiar servicios y recursos, es algo habitual en Mineápolis, debido a su historia de luchas, huelgas obreras y compromiso. La historia reciente lo ha demostrado tras el asesinato de George Floyd, en 2021. Es este caldo de cultivo el que ha permitido el éxito de este comienzo de año.

Se ha construido sobre una estrategia que se basa en tres pilares: la acción directa no violenta, caracterizada por manifestaciones, una huelga general y la interrupción de las actividades del ICE; la organización de patrullas ciudadanas para proteger los barrios señalados; y, por último, la presión económica, que consiste en campañas de boicot contra los comercios y las empresas que colaboran con la policía de inmigración, o simplemente contra los hoteles que alojan a los agentes.

“Ha sido una movilización masiva”, insiste Sagirah Shahid. “No se trató solo de una acción aislada, sino de un conjunto de iniciativas diferentes. Y no se limitó a las acciones directas no violentas, sino que también se trasladó al ámbito político.”

Los activistas presionaron a las autoridades locales para que prohibieran la colaboración con los agentes del ICE y el uso de aparcamientos públicos por parte de estos, y el ayuntamiento aprobó una ordenanza en este sentido. “Fue muy importante, porque permitía hacer todo lo posible para frenarlos y complicarles la tarea al máximo”, subraya la activista.

Pero sigue habiendo unos quinientos agentes del ICE en la ciudad. Siguen deteniendo a personas y separando a familias. “Siguen sembrando el terror entre la población”, lamenta Sagirah Shahid. Nada más bajar del avión, se unirá a las actividades previstas para el 1º de mayo, con un llamamiento a la huelga general. En Mineápolis, ciudad contestataria y solidaria, la lucha nunca termina.

Traducción de Miguel López

Las críticas a las políticas de inmigración son caldo de cultivo del crecimiento de la derecha extrema populista, tanto en España como en Europa. Recientemente, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el proceso para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras residentes en España despertó de nuevo las campañas de rechazo frontal. Desde la esfera ultra –para sorpresa de nadie– se agitaba la bandera de la teoría del reemplazo, calificando la medida como parte de la “​​agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. También el comisario europeo de Inmigración –adscrito al Partido Popular Europeo– manifestaba sus reservas ante la medida promovida por la coalición progresista en España.

Casi en las mismas fechas, Yuval Harari intervino en la cumbre anual que celebra en Davos el World Economic Forum. La excusa de su presencia era la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La primera parte de la intervención se basó en los conceptos que el filósofo ha desarrollado en su último ensayo, Nexus, y que ya estaban presentes en su anterior obra, Homo Deus: breve historia del mañana. Básicamente, una reiteración de sus advertencias sobre la IA como un agente autónomo, diferente de los anteriores instrumentos meramente pasivos ideados por el ser humano. El ensayista dejó para la segunda parte su reflexión más profunda: la comparación del despliegue mundial de la IA con un inmenso flujo migratorio.

La advertencia de Harari está lejos de ser una exageración. Es inmediata la proliferación de los agentes IA, sistemas avanzados capaces de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, requiriendo mínima o ninguna supervisión humana. Como bien describe el pensador hebreo en su intervención, estamos asistiendo a la creación de entidades que desempeñarán puestos de trabajo actualmente ocupados por humanos, transformarán la cultura de la sociedad donde se desplieguen y tendrán lealtades ajenas a la localización para la que presten sus servicios. Una versión digital de la teoría del reemplazo, en este caso de seres humanos por entes artificiales. Una completa oleada migratoria de IA que, en el caso de Europa, viene del otro lado del Atlántico. 

En el mundo del trabajo, existen indicios del reemplazo de los empleados de cuello blanco por las aplicaciones IA. En la misma cumbre de Davos, el consejero delegado de una gran empresa de esta nueva tecnología predijo la sustitución de los ingenieros de software por aplicaciones en un plazo de seis a doce meses. Los trabajadores en las líneas de fabricación y otros trabajos manuales tampoco serán más afortunados. El despliegue de la IA física alcanza ya el hito de robots fabricando robots. Incluso en el mismo EEUU, donde la ola migratoria de IA viene del interior de sus fronteras, el 64% de los trabajadores creen que esta tecnología disminuirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años. 

En el reemplazo, las entidades IA que emigran a Europa desde EEUU nos traen también una cultura y política concreta: la ideología conservadora extrema y populista. La Casa Blanca ha establecido la obligación por orden ejecutiva de prevenir la implantación de la cultura de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las aplicaciones IA de la Administración. Previamente, había ordenado a las agencias federales de Comercio y Telecomunicaciones a identificar y contrarrestar las leyes estatales que impulsan el desarrollo de una IA conforme a los valores DEI. 

Quienes hoy critican en Europa la apertura de fronteras a los inmigrantes humanos, establecen escasos condicionantes a la llegada del contingente de entes IA estadounidenses. Los mal llamados Patriotas Europeos ponen el acento en que sean portadores de su visión de los valores europeos, perfectamente compatible con la trumpista. Como contraposición, la derecha extrema populista no se manifiesta al respecto de la sustitución de trabajadores por aplicaciones y máquinas IA.

Aquellos que se preocupan por un despliegue gobernado en Europa de la nueva ola tecnológica tampoco establecen un marco estratégico completo para dar respuesta a la realidad migratoria de la IA descrita por Harari. 

La realidad migratoria de la IA descrita por Harari no impacta en las instituciones y políticos europeos. Los intentos de regularizar la IA –como la Ley de la IA de la Unión Europea– carecen de un enfoque a la altura de la dimensión del cambio, focalizándose en la transparencia en su uso y prácticas no permitidas. En paralelo, el Plan Europeo para un Continente IA se ocupa tan solo del aspecto industrial del desarrollo de esta tecnología. Existe la carencia de una política europea –o en otra área económica– de integración holística de la IA en la esfera laboral, cultural y política. 

La IA, vista como fenómeno migratorio, abre un nuevo riesgo de intemperie por la que puede profundizar la brecha entre élites y clase media y trabajadora. De igual modo que con la migración de los humanos, la inquietud en la población receptora sólo se resuelve adoptando medidas. Al igual que en la era de la Revolución Industrial, como bien recuerda Daron Acemoglu en su ensayo Poder y Progreso, la tecnología por sí sola no limita sus propios excesos. Tampoco los flujos migratorios se regularizan sin realizar ninguna acción. Mirar a otro lado y no enfrentarse a la IA con una respuesta integral no va a resolver los nuevos retos.

_________________________

Emilio García es coautor de Chips y Poder y colaborador de la Fundación Alternativas.

El Estado italiano deberá indemnizar a la ONG alemana Sea Watch con más de 76.000 euros por los gastos derivados del bloqueo en 2019 del barco capitaneado por la activista Carola Rackete, según dictó este miércoles el tribunal de Palermo, en la isla de Sicilia.

La sentencia establece que el Estado debe reembolsar los gastos patrimoniales documentados y sostenidos por la organización entre octubre y diciembre de 2019, lo que incluye costes portuarios, de agencia, el combustible para mantener la nave activa y los gastos legales, confirmó este miércoles a EFE la ONG.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando Rackete, entonces capitana del buque Sea Watch 3, decidió entrar sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para desembarcar a 42 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo Central.

Con esta acción, la activista desoyó la prohibición del entonces ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, quien mantenía una férrea política de "puertos cerrados".

Tras pasar 17 días en el límite de las aguas territoriales, Rackete rompió el bloqueo en una maniobra en la que la embarcación humanitaria golpeó a una patrullera de la Guardia de Finanza (policía fronteriza y económica), lo que supuso el arresto inmediato de la capitana. Aunque fue liberada pocos días después, su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las políticas migratorias de Salvini.

La portavoz de Sea-Watch, Giorgia Linardi, afirmó que la resolución del tribunal demuestra que la desobediencia civil es la "protección del derecho internacional" frente a quienes abusan de su posición de poder para "pisotearlo" en perjuicio de los derechos y libertades de todos.

Linardi lamentó que el Gobierno identifique a las ONG como el "enemigo a batir" en lugar de trabajar para evitar nuevas tragedias y sentenció que, a diferencia del Ejecutivo, ellos no mirarán hacia otro lado ni aceptarán "acostumbrarse a los cuerpos de personas ahogadas" en las playas.

Por su parte, Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a la noticia calificándola de "bofetada moral para todos los italianos honrados".

La resolución del tribunal de Palermo llegó un día después de que la primera ministra publicara un vídeo en redes sociales criticando a la justicia por impedir la expulsión de un migrante con antecedentes penales.

Meloni acusó a una "parte politizada de la magistratura" de obstaculizar sistemáticamente las acciones del Ejecutivo contra la "inmigración ilegal de masas" y afirmó que su Gobierno continuará "con determinación" para combatir la inmigración irregular.

La semana pasada, su Ejecutivo introdujo un paquete de medidas para endurecer su política migratoria que incluye la posibilidad de imponer bloqueos navales temporales y procedimientos acelerados para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos podría entrar en cierre administrativo a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS; la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría en el Senado, el también conservador John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento. Esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley One Big Beautiful Bill (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros).

En caso de cierre del DHS, las acciones del ICE no se detendrían por completo, sino que podrían mantenerse gracias al dinero que contempla esa ley hasta que se agotase el fondo.

El voto favorable de los demócratas, o al menos de algunos de sus miembros, es necesario para aprobar la financiación del DHS. Los republicanos ostentan una mayoría en ambas cámaras, pero requieren 60 votos para que este tipo de medidas salgan adelante y tan solo poseen 53 asientos en el Senado.

Para dar luz verde a los presupuestos del DHS, el Partido Demócrata pide que se prohíba a los agentes del ICE entrar en hogares sin una orden judicial, exigirles que estén claramente identificados, que utilicen cámaras corporales para que sus actos queden registrados y no usen máscaras durante las redadas.

Además, reclaman el fin del perfilado racial, deteniendo a personas únicamente por su apariencia física o raza, y limitar los arrestos en la vía pública o en lugares sensibles como escuelas o iglesias.

La representante demócrata Rosa DeLauro presentó este miércoles un proyecto de ley para financiar completamente todas las agencias del DHS, excepto el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Secretario.

El ala moderada del Partido Republicano se ha mostrado abierta a algunas reformas propuestas por los demócratas, como el uso de las cámaras personales, pero la parte más radical de la formación las ha tachado de "poco realistas y poco serias".

Thune insiste en avanzar con una medida provisional para garantizar las operaciones migratorias, mientras que Johnson sostiene que esa postura es una concesión a los demócratas y aboga en su lugar por seguir adelante con una propuesta de financiación anual para el DHS que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes.

En caso de que se imponga la propuesta provisional, varios republicanos han expresado su deseo de que dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

El Congreso aprobó la semana pasada la ley presupuestaria que permitió la reactivación del Gobierno Federal tras un fin de semana de cierre, pero solo encontró consenso en extender los fondos del DHS hasta este viernes.

En caso de que el bloqueo se mantenga pasada esa fecha, el departamento entraría en un cierre indefinido hasta que se alcanzara un acuerdo.

No obstante, los servicios esenciales, como el personal de la Patrulla Fronteriza, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos y servicios de emergencia seguirían en activo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también suele permanecer abierto puesto que opera con las tarifas que los usuarios pagan por sus trámites. 

En las últimas semanas, las crónicas provenientes de Minnesota nos han devuelto un reflejo incómodo sobre la condición humana. En las redadas del ICE para detener a inmigrantes en la ciudad de Mineápolis, en este estado del norte de EEUU, se produce un contraste desgarrador.

Por un lado, nos llegan historias de personas que arriesgaron su propia seguridad para proteger a vecinos inmigrantes. Por otro, están quienes, amparándose en la legalidad, deciden denunciar a esos mismos vecinos. Un mismo escenario y dos modelos de respuesta colectiva, a simple vista, completamente divergentes.

Ante tales escenarios, nuestra inclinación natural es clasificar el mundo entre personas valientes y cobardes. Héroes y traidores. Sin embargo, desde un análisis psicológico riguroso, debemos advertir que esta dicotomía es insuficiente para explicar un fenómeno tan complejo.

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg llevó a cabo estudios pioneros en el campo del desarrollo moral. Argumentaba que no nacemos con una brújula ética sino que la construimos, transitando por diferentes etapas. A medida que se encadenan unas con otras, marcan la evolución de la propia moralidad y ponen de manifiesto su transformación durante el recorrido.

En las etapas más elementales, asociadas a la infancia, nuestras respuestas morales se guían por el miedo al castigo o por las posibles recompensas.

A partir de cierta edad, adquirimos normas y cierto sentido de obediencia a la autoridad. Y, en algunas personas, los procesos de maduración y las experiencias vividas facilitan la llegada a un nivel superior.

Kohlberg llamaba nivel postconvencional a la cumbre del desarrollo moral. Las personas que llegan a dicho nivel ya no se limitan a la obediencia ciega de la ley o de la autoridad.

En esta etapa, se distingue entre lo legal y lo justo. Se priorizan los principios universales de dignidad humana incluso por encima de las normas institucionales. También por encima de las consecuencias de su incumplimiento o del riesgo personal que puedan suponer.

Este marco del estudio de la moral se vio enriquecido por las aportaciones de la psicóloga y eticista Carol Gilligan. Sostuvo que el desarrollo moral también puede expresarse a través de una ética del cuidado, centrada en la responsabilidad hacia las otras personas.

Por nuestra parte, en diversos estudios hemos analizado cómo la respuesta a dilemas morales depende de muchos factores. Entre ellos, la pregunta condiciona la respuesta. No respondemos lo mismo ante la pregunta “¿Es correcto?” que ante la pregunta “¿Lo harías?”.

Esto implica que el razonamiento moral, por sí solo, no explica la conducta. En situaciones reales no solo debemos decidir qué es lo correcto. Debemos ejecutar, o no, esa decisión. Y, por supuesto, ello nos llevará a enfrentarnos a las consecuencias que se deriven de nuestras acciones.

Los datos extraídos de un estudio sobre las personas que rescataban congéneres judíos durante el Holocausto resultan ilustrativas. Al preguntarles por qué habían arriesgado todo, muchas personas respondían con una sencillez desconcertante: “¿Qué más podía hacer?”. Para estas personas, la decisión no fue una elección heroica calculada.

Su decisión era una respuesta inevitable. Análogamente, para las defensoras de Minnesota, la inacción habría supuesto una traición a su propia esencia. Una traición que habría resultado más dolorosa que cualquier represalia estatal. La autocondena frente al castigo externo.

Por el contrario, en contextos de persecución o rigidez legal, el sistema presiona al individuo para que “simbolice” obediencia. Si esto implica buenas o malas acciones, es otra historia.

Paradójicamente, la complicidad con la injusticia a menudo no tiene que ver con la maldad. Un estudio reciente sobre la “lealtad como legitimadora” revela que el mismo valor que nos hace “buenos vecinos” puede cegarnos.

Según esta investigación, quienes valoran la lealtad por encima de otros principios son más propensos a percibir actos injustos como legítimos. El robo de salarios o la represión estatal, en este caso, son validados porque provienen de la misma estructura de poder a la que somos leales sin dudarlo.

A esto se suma la desvinculación moral. Es un escudo psicológico que nos permite desactivar la autocrítica. Nos llegamos a ver como meros engranajes de una maquinaria superior.

Entonces, nos protegemos de la autocondena mientras participamos en la deshumanización de otra persona.

¿Qué nos queda entonces? La esperanza reside en la capacidad de experimentar lo que el psicólogo social y escritor estadounidense Jonathan Haidt denomina elevación moral.

Al observar los actos de excelencia ética en Minnesota, podemos sentir admiración. Podemos experimentar un estado psicológico y físico que nos impulsa a recentrar nuestra propia brújula moral.

El heroísmo funciona como un catalizador que activa nuestra propia tendencia a actuar. Nos recuerda que la responsabilidad hacia otras personas es, en última instancia, una responsabilidad hacia nosotras mismas.

Cada vez que elegimos la justicia sobre la comodidad o la empatía sobre la lealtad ciega, estamos construyendo el yo que responderá cuando llegue la siguiente (o verdadera) crisis.

Comprenderlo nos advierte sobre nuestra propia fragilidad. Si hoy nos enfrentáramos a una situación como las que nos llegan del panorama internacional, ¿qué haríamos?

Si nuestra seguridad personal dependiera de nuestro silencio o de la denuncia de un vecino, ¿sabemos realmente qué mecanismos de nuestra mente tomarían el control?

La moralidad no es una ciencia exacta. Descansa sobre la interacción bidireccional entre tres aspectos. De una parte, la predisposición biológica. De otra, las normas y valores adquiridos. Y, entre ambos aspectos, nuestro razonamiento y voluntad de actuar.

Mirarse al espejo y reconocer esa vulnerabilidad es el primer paso para asegurarse de que, llegado el momento, la brújula apunte hacia el lado correcto.

____________________________________________________

Albert Flexas Oliver e Iraïs Seguí i Palou son profesores en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

En el sur de Mineápolis, Matías y su esposa Laura (ficticio) parecen llevar una vida normal. Trabajan en una tienda de alimentación, alternando la caja y la reposición. No hay mucha gente este martes 27 de enero, pero su teléfono no para de sonar. En ese momento, tienen muchos pedidos a domicilio. En la recepción, una pila de recibos indica que hay una serie de pedidos listos para repartir.

Las compras que gestiona la pareja tienen su explicación. Los clientes que llaman por teléfono casi nunca salen de casa porque están siendo buscados activamente por el ICE, la policía de inmigración, o temen serlo.

Si al principio el objetivo del Gobierno federal era, al menos oficialmente, luchar contra “el fraude” en Mineápolis, la operación contra la inmigración que comenzó en diciembre ha adquirido otra dimensión en las últimas semanas. En la ciudad ya nadie está a salvo. Ni de ser detenido (por el ICE), ni de resultar herido, ni siquiera de morir en manos de los agentes. Cada día, a través del escaparate de su tienda, Matías y Laura son testigos de lo que se ha convertido allí en la “mayor operación de la historia” de la policía de inmigración.

La Casa Blanca ha enviado hasta 3.000 agentes al lugar. Desfilan por las calles al volante de grandes todoterrenos, algunos fuertemente armados, otros vestidos de paisano. Todos llevan mascarillas. Desde hace dos meses, su presencia aterroriza a una parte de la población entre las más vulnerables, ante la mirada de sus vecinos indignados y decididos a actuar.

Los agentes del ICE no pueden ir a ningún sitio en Mineápolis sin ser recibidos con silbidos y megáfonos. “¡ICE! ¡ICE! ¡ICE!”, advierten los vecinos y vecinas, ahora organizados en “brigadas”. Nadie sabe cuántos son. Ni siquiera los propios vecinos y vecinas lo saben. No todos se conocen personalmente.

Algunos aparecen bajo seudónimos. Bear (oso), por ejemplo, es el nombre que aparece en los grupos de WhatsApp o Signal a través de los cuales se comunican los vecinos. Se calcula que se han inscrito en Mineápolis más de 10.000 personas para participar en esos grupos de acción inmediata. Es una cadena de solidaridad, muy organizada, en la que cada uno tiene una tarea específica.

Los “cazadores” siguen el rastro de los vehículos del ICE. Los “distribuidores” comunican las matrículas de los SUV a los “vigilantes/silbadores” en la calle. Los “financieros”, por su parte, recaudan donaciones. Los “repartidores” se encargan de llevar la compra a las familias inmigrantes atrincheradas en sus casas. Por último, los “conductores” se encargan de su transporte en coche. La gran mayoría de esos vecinos, llamados genéricamente “auxiliares”, han nacido en Estados Unidos o se han naturalizado.

Son ellos quienes aparecen en las imágenes de la televisión. Son ellos quienes forman literalmente un cordón de seguridad alrededor de los inmigrantes, con sus cuerpos, a veces poniendo en peligro sus vidas, como Renee Good y Alex Pretti, una poeta y un enfermero de 37 años asesinados a tiros este mes en Mineápolis por las fuerzas federales. La primera por bloquear el paso a los agentes del ICE, el segundo por intentar proteger a una manifestante empujada por un agente.

En esas brigadas hay vivos, muertos y también invisibles: los propios inmigrantes, como Matías y Laura, que se describen a sí mismos como “independientes”. Esta pareja (en situación regular) “no trabaja con nadie”, confiesa a Mediapart, salvo con sus “repartidores”. Prefieren pasar desapercibidos y, paralelamente, ha desarrollado su propia red con la que se comunican en español, una cadena de comunicación independiente que surgió en junio en Los Ángeles en la comunidad hispana, cuando se llevaron a cabo las primeras grandes operaciones contra la inmigración.

En Mineápolis, la alianza entre los inmigrantes y los “auxiliares” parece hoy un laboratorio a escala real. ¿Por qué la Casa Blanca ha enviado tantos policías de inmigración a ese bastión de la izquierda enclavado en el corazón del Medio Oeste? Después de todo, la ciudad y, en general, el Estado de Minnesota cuentan “solo” con 130.000 indocumentados, mucho menos que en Nueva York, por ejemplo. Sobre el terreno, el interés está en otra parte. La Administración parece estar poniendo a prueba sus límites.

Para Matías y Laura todo comenzó este otoño, cuando una fuente bien informada de la comunidad hispana les dijo que se “prepararan”. El “gobierno” está tramando “algo”, les advirtió entonces la fuente. Alrededor del Día de Acción de Gracias, en noviembre, la amenaza se hizo más evidente. “Nos dimos cuenta de que los clientes ya no venían” a la tienda, explica Laura a Mediapart. En aquel momento, los agentes del ICE aún no se habían desplegado masivamente en la ciudad, pero Laura lo entendió enseguida.

Junto con su marido, reparte pequeños folletos en español con un código QR. En ellos se lee “¿Necesitas algo?”. “Hacemos entregas a domicilio. Es fácil, rápido y vamos a tu casa. Llámanos o escríbenos a este número XXX”. Para las primeras entregas, Laura cuenta con la ayuda de una vecina que fue profesora de sus hijos, maestra de primaria. “Luego, la maestra habló de las entregas a otro profesor y luego a otro”. Hoy, Laura y su marido ayudan a una veintena de familias inmigrantes confinadas. Hacen varias entregas al día.

Este martes, unos minutos antes de que los “repartidores” llegaran a la tienda, una patrulla del ICE pasaba precisamente por la zona. Los agentes son inmediatamente localizados por los “silbadores”, alertados en directo por los “distribuidores”. A través de Signal, estos últimos indicaron a los primeros el modelo del vehículo: un gran Jeep Wagoneer blanco. “¡ICE! ¡ICE! ¡ICE!”, se oye entonces entre silbidos, bocinazos y teléfonos que graban cada interacción. A través del escaparate, Laura y Matías lo oyen todo. Los pedidos están listos en recepción.

Una mujer alta y rubia de ojos azules, enfermera a punto de jubilarse, se dispone a entregar los pedidos. Se ha cruzado con la patrulla del ICE fuera y les ha recibido con un gesto obsceno. “Sed hombres”, les ha gritado, “dejad de esconderos detrás de vuestras máscaras, ¿tenéis miedo de las viejas blancas?”

En la recepción de la tienda, la enfermera recoge una hoja de papel con los números de pedido, los teléfonos y las direcciones. “¿Y si el ICE la detiene durante la entrega?”, le preguntamos. “Me han dicho que me coma la hoja de papel, creo que se puede comer”, dice la enfermera sonriendo.

Su primera parada es frente a una casa modesta, cuya gran ventana de la planta baja ha sido cubierta con una manta de flores. La enfermera llama por teléfono a los inquilinos. Una familia con tres hijos que ya no van al colegio. No hablan español, pero consigue confirmar con ellos el número de pedido. La entrega solo dura unos segundos. En la calle, la enfermera se asegura de que no la sigue nadie.

Por el camino de vuelta, desfilan ante sus ojos las casas con carteles en las ventanas. Pintadas y grafitis por todo el barrio piden la salida del ICE. Se puede leer “ICE out” o “Fuck ICE”. La enfermera se movilizó hace unas semanas, tras el asesinato de Renee Good. “Me puso enferma. Utilizan armas contra nosotros”, dice a Mediapart, “pero nosotros solo ayudamos”. “Yo doy de comer a quienes me piden comida”, añade Laura.

En Mineápolis se han vuelto a reactivar las redes que se movilizaron tras el asesinato de George Floyd, víctima hace cinco años de la violencia policial. Han tomado prestados los métodos utilizados por los activistas en Los Ángeles y luego en Chicago, sobre todo los silbatos. No son necesariamente personas que se hayan involucrado tradicionalmente en la vida política.

Su movimiento es no violento. Hoy vienen a “ayudar” a sus vecinos, a sus clientes o a sus compañeros de trabajo. Mineápolis es una ciudad “pequeña”, con poco más de 400.000 habitantes, frente a los ocho millones de Nueva York. Para ellos, hay algo personal en todo esto.

A nivel nacional, la ciudad vuelve a aparecer como un punto de inflexión en la política de Estados Unidos. Tras calificar falsamente a Renee Good y Alex Pretti de “terroristas”, la Administración Trump ha dado marcha atrás. El presidente pide ahora una “pequeña desescalada” y ha destituido a Gregory Bovino, hasta ahora al frente de las operaciones del ICE, incluidas las de Mineápolis. Ni siquiera el vicepresidente, J. D. Vance, habla ya públicamente de la “inmunidad absoluta” concedida al ICE.

Pero en Mineápolis, el cambio de retórica en las más altas esferas del Estado no convence a nadie. No se ha abierto ninguna investigación penal contra los agentes del ICE implicados en las muertes de Good o Pretti. Las autoridades federales han apartado a los investigadores de Minnesota de ambos casos.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, sigue en su puesto. Y Tom Homan, sucesor de Bovino al frente de las operaciones sobre el terreno, prometió en rueda de prensa este miércoles que “pronto se hará justicia” contra quienes se movilizaron en los grupos de Signal y Whatsapp para, según él, “atacar” a los agentes del ICE.

“¿Todo esto es peligroso? No lo sé”, responde a Mediapart la enfermera repartidora. “Yo ya tengo una edad, mis hijos son mayores. Tengo menos que perder. Y además, no se puede pensar en eso [en la muerte, ndr]. Hay que separar las cosas”.

Este martes, las temperaturas en Mineápolis rondan los 15° bajo cero. Hace tanto frío fuera que incluso la tinta de los bolígrafos acaba congelándose. En un comercio de la zona, Antonio (ficticio), inmigrante mexicano, ha preparado café para que la enfermera y todos los demás entren en calor. “Hacen tanto por nosotros que también tenemos que ayudarles.”  Antonio es uno de los invisibles. “Quiero participar”, confiesa a Mediapart en español.

“Cuando puedo, busco información. O coordino algunas entregas. También recojo alimentos”. Su hermano fue detenido por el ICE en la ciudad, en diciembre. Durante tres semanas, Antonio no tuvo noticias de él. Él tampoco tiene papeles. La Administración le dice que es un delincuente, pero “por primera vez en [su] vida”, gracias a sus vecinos, a la enfermera y a todos los demás, “entiende lo que significa ser querido por los americanos”.

Traducción de Miguel López

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace más de un año, la policía de inmigración (ICE, Immigration and Customs Enforcement) se ha convertido en una milicia paramilitar con poderes sin igual, sembrando el terror en las ciudades estadounidenses, como actualmente en Mineápolis. Todo ello al servicio de la promesa electoral del presidente de expulsar a un millón de personas al año.

Dotada de un presupuesto considerable —menos de 6.000 millones hace diez años, frente a los 85.000 millones de dólares (más de 71.000 millones de euros) actuales, lo que la convierte en la agencia federal mejor dotada—, opera con total impunidad en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal. También gestiona de forma totalmente opaca una red de prisiones en las que se encuentran recluidas más de 70.000 personas, una cifra récord desde su creación hace más de veinte años, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

El ICE también ha contratado a 10.000 personas en menos de un año, lo que ha supuesto más que doblar su plantilla, hasta alcanzar los 22.000 agentes. “Con estos nuevos patriotas en el equipo, podremos lograr lo que muchos decían que era imposible y cumplir la promesa del presidente Trump de devolver la seguridad a Estados Unidos”, se jactó la agencia en un comunicado.

Para reclutar personal, las publicaciones de la ICE en las redes sociales utilizan los memes habituales de los grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Un documento interno revelado por The Washington Post muestra que se busca a personas que hayan asistido a combates de MMA (artes marciales mixtas), hayan mostrado interés por las armas de fuego o hayan escuchado “podcasts patrióticos”.

Desde hace varios meses, la ciudad de Mineápolis es objeto de redadas por parte de agentes de la ICE, que se desplazan enmascarados y armados, a bordo de vehículos camuflados. Llevan a cabo redadas en plena calle, sin dudar en matar a quienes se atreven a interponerse en su camino, como Renee Good, una mujer de 37 años asesinada a principios de enero en esa gran ciudad del estado de Minesota. Justo después de su muerte, el Wall Street Journal calculó que los agentes federales habían abierto fuego contra vehículos civiles en trece ocasiones, causando al menos ocho heridos y dos muertos.

El sábado 24 de enero, un agente de otra fuerza federal del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés), mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.

El lunes 26, Donald Trump anunció que enviaría a su asesor de inmigración, Tom Homan, apodado el “zar de las fronteras”. “No ha estado implicado en esta zona, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es severo pero justo y me informará directamente”, escribió el presidente en su red Truth Social.

Según los medios de comunicación estadounidenses, sustituye al jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, una figura controvertida que, antes de Mineápolis, había dirigido operaciones en Chicago.

Trump también se reunió con Tim Walz, gobernador demócrata de Minesota, y Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, lo que podría significar una voluntad de apaciguamiento por parte del Gobierno federal.

Desde el regreso de Donald Trump a principios de 2025, el ICE ha utilizado armas al menos setenta veces en sus redadas, matando a cinco personas e hiriendo a otras diez

La mayoría de estas redadas violentas (49) se concentran en tres estados gobernados por el Partido Demócrata: Illinois (22), California (15) y Minesota (12).

Fuente: The Trace. Creado con Datawrapper. © Infografía Mediapart

El ICE ha contado con la indulgencia de la Administración Trump, que justifica todas sus acciones, a pesar de que pueden violar varias enmiendas de la Constitución, la primera (libertad de expresión), la segunda (derecho a portar armas) y la cuarta (prohibición de registros sin orden judicial). Incluso cuando los vídeos demuestran lo contrario, el presidente americano y sus fieles, entre ellos la ministra de Seguridad Interior, Kristi Noem, culpan a las víctimas, acusándolas de ser peligrosos “terroristas internos” o “agitadores profesionales”.

“No me gusta que haya tiros, de verdad”, declaró Donald Trump, entrevistado el domingo por The Wall Street Journal. “Pero tampoco me gusta que alguien participe en una manifestación con un arma muy potente, cargada al máximo y con dos cargadores llenos. Eso tampoco da buena impresión”.

Como puso de manifiesto en agosto una investigación de la web The Trace, junto con Business Insider y Type Investigations, los agentes del ICE gozaron de total impunidad ya durante su primer mandato. Los periodistas de The Trace trabajaron en el periodo comprendido entre 2015 y 2021. El título del artículo resume bien la situación: “Armados e intocables: la historia del uso de la fuerza letal por parte del ICE”. Según su investigación, murieron 23 personas en 59 tiroteos provocados por agentes, sin que se iniciaran acciones judiciales.

Al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, el ICE disponía de un presupuesto de 3.400 millones de dólares para alojar a los detenidos en 41.500 camas, mientras que la Casa Blanca preveía detener a decenas de miles de personas al mes. El decreto presidencial del 20 de enero, "Proteger al pueblo estadounidense de la invasión", ordenaba al ICE asignar “todos los recursos legalmente disponibles” para ampliar la red de centros de retención y detención.

Debido al aumento exponencial del número de encarcelamientos y a la falta de fondos del ICE, el Congreso aprobó en julio de 2025 un presupuesto de 45.000 millones de dólares hasta 2029 para que la policía de inmigración gestione sus prisiones. El sistema ha crecido “a un ritmo sin precedentes”, según destaca una investigación publicada este mes de enero por el American Immigration Council, una organización de apoyo a los migrantes.

El sistema de detención gestionado por el ICE podría incluso llegar a superar la red de prisiones federales al final del segundo mandato de Trump, en 2028. Entre enero y noviembre de 2025, el número de centros pasó de 114 a 208, lo que supone un aumento del 91%, y la mayoría de ellos albergan a una media de hasta 100 personas al día.

En los centros de detención del ICE murieron 32 personas en 2025, el peor balance en más de dos décadas

Gráfico: Mediapart. Fuente: The Guardian. Creado con Datawrapper

“Esas nuevas estructuras van desde pequeñas cárceles del condado con unas pocas camas hasta prisiones estatales anteriormente cerradas, con capacidad para más de 2.000 personas, pasando por campamentos de tiendas de campaña recién construidos en bases militares, con capacidad para hasta 5.000 personas”, escribe el American Immigration Council. “Esa capacidad también se ha incrementado con nuevos centros de detención gestionados por el Estado, entre ellos el tristemente célebre centro ‘Alligator Alcatraz’, el primer centro de detención de inmigrantes de un estado que no funciona bajo contrato con el ICE”.

El ICE contrata a empresas privadas. En marzo, firmó un contrato con GEO Group para que reabriera una prisión que había sido cerrada en la zona rural de Michigan. Se ha acuñado un término para todos estos lugares abandonados que vuelven a abrir debido a la demanda de plazas: las "prisiones zombis". A finales de agosto, el grupo CoreCivic abrió un “centro de tratamiento” en California, en un lugar que hasta 2023 albergaba una prisión de ese estado. Tiene una capacidad de 2.560 camas, lo que lo convierte en el mayor centro de detención del ICE.

De 40.000 detenidos a la llegada de Trump en enero de 2025, ha pasado a una cifra récord de 73.000 a mediados de enero de 2026.

Debido a la ofensiva antiinmigración, caracterizada por la multiplicación de redadas y operaciones, se observan cada vez más detenciones, incluso de personas que no han cometido ningún delito y que tienen la nacionalidad estadounidense. El objetivo, contrariamente a lo que se proclama, no es combatir la delincuencia, sino presionar a los migrantes que han iniciado los trámites de asilo para que renuncien a ellos y abandonen el país voluntariamente, instaurando un clima de terror.

Este sistema se ha vuelto aún más opaco después de que la Administración Trump limitara toda supervisión interna y externa. En primer lugar, cargando contra los organismos de control interno cuya tarea era velar por que los detenidos fueran tratados con dignidad. Ante el escándalo provocado en marzo de 2025 en el Congreso por el anuncio de la supresión de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), Trump dio marcha atrás. Pero recortó el personal: el primer organismo pasó de 150 empleados a 22, y el segundo, de 110 a 10, impidiéndoles trabajar con eficacia. A continuación, se imposibilitó a los congresistas realizar visitas sorpresa a las instalaciones gestionadas por el ICE.

En un artículo publicado el 13 de enero, especialistas en políticas de inmigración señalan que, en un año, la Administración Trump ha “puesto en marcha algunas de las reformas migratorias más profundas de la historia moderna, y la Administración dispone de tres años para amplificar su impacto”. “Queda por ver si estos cambios serán solo un paréntesis o una transformación radical del futuro del país”, concluyen.

En 2025 murieron 32 personas en los centros de detención del ICE, lo que lo convierte en el año más mortífero desde 2004. Otro triste récord batido por la Administración Trump.

No obstante, los objetivos presidenciales no se han cumplido. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en diciembre que se había deportado a 622.000 personas indocumentadas, muy lejos del millón prometido por Trump. Durante el último año del mandato de Joe Biden, su predecesor, fueron repatriadas a sus países 778.000 personas.

Traducción de Miguel López

Nueva ejecución en Minneapolis: Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un servicio de reanimación, fue cobardemente asesinado a tiros por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) mientras defendía a una manifestante, maltratada por esos mismos agentes federales en la intersección de Nicollet Avenue y la calle 26.

Su muerte agrava una situación ya tensa en esa misma ciudad de Minneapolis desde el asesinato de Renee Good, una estadounidense muerta a tiros el 7 de enero por un agente del ICE, la otra policía federal encargada de la inmigración. CPB e ICE, que dependen ambos del ministerio de Seguridad Interior, están al frente de la política antimigración de la administración Trump.

En los múltiples vídeos que circulan por redes sociales (aquí, por ejemplo, con imágenes impactantes), y de los que la web USA Today ha extraído un detallado resumen del drama, se ve primero a Alex Pretti, con el teléfono en la mano, filmando a un agente federal interceptando a dos mujeres en la calle.

A continuación, se oye al agente gritar a las dos mujeres, acercarse y empujar a una de ellas. Luego, en otro vídeo, se ve a Alex Pretti acudir en su ayuda. Después, el agente empuja a la segunda mujer, que cae al suelo. Alex Pretti se interpone entre ella y el agente. En ese momento, el agente federal le rocía con un producto que parece gas lacrimógeno y se abalanza sobre él mientras se acercan más agentes federales. Los agentes separan a la manifestante de Alex Pretti, a quien aplastan contra el suelo. Al menos seis agentes están presentes y mantienen a Alex Pretti a cuatro patas. Uno de ellos incluso parece golpearlo con un objeto.

Luego se oye a alguien gritar que Alex Pretti está armado. Un agente desenfunda su arma. Se oye un disparo y otros tres más seguidos. Y uno último. Los agentes retroceden y vuelven a disparar a Alex Pretti, ya inconsciente. “Se oyen al menos diez tiros en total”, indica el medio de investigación online Bellingcat, precisando que “la mayoría” se realizaron cuando “el hombre ya estaba en el suelo sin moverse”.

Pero, al igual que en el asesinato de Renee Good, la Administración Trump culpa a Alex Pretti y protege a sus fuerzas del orden, a pesar de esos asesinatos. El departamento de Seguridad Nacional, a través de su secretaria Kristi Noem, indicó en particular que la víctima se había “acercado” a los agentes federales con una pistola semiautomática de calibre 9 milímetros, adjuntando la foto de una bala.

El departamento incluso calificó a Alex Pretti de “terrorista interno”, que tenía la intención de “causar el máximo daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”. Finalmente, declaró que Alex Pretti “se resistió violentamente” antes de que el agente federal, “temiendo por su vida”, le disparara.

Lamentablemente, esa versión se ve refutada por las imágenes filmadas durante el drama. Es cierto que en uno de los vídeos se ve lo que podría ser una pistola tras el cinturón, a la altura del bolsillo trasero. El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, indicó que Alex Pretti tenía una licencia legal para portar armas.

Pero durante la escena del crimen, Alex Pretti nunca la sacó. Es más, cuando estaba en el suelo y, por lo tanto, neutralizado por los seis agentes federales, se ve cómo uno de ellos con uniforme gris saca el arma del cinturón de Alex Pretti... ¡antes incluso de que sonara el primer disparo!

Esa escena tuvo lugar justo delante del agente que disparó primero a quemarropa contra Alex Pretti. Por lo tanto, es difícil afirmar que el tirador no era consciente de que la víctima estaba desarmada. En otro vídeo se ve al agente que le retiró el arma a Alex Pretti alejarse de la escena con la pistola, mientras llueven los disparos sobre el pobre enfermero.

Alex Pretti, ciudadano estadounidense y enfermero titulado, trabajaba en un centro médico del departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, según informa la AFP. Sus compañeros y su familia lo describen como un enfermero competente y empático, profundamente afectado por la represión de la inmigración llevada a cabo por la Administración Trump en las ciudades gemelas (twin cities) de Minneapolis y Saint Paul.

Era “un alma generosa que se preocupaba profundamente por su familia y sus amigos”, declararon sus padres en un comunicado publicado el sábado. “Alex quería cambiar el mundo. Desgraciadamente, no estará aquí para verlo”, añadió su familia.

Dimitri Drekonja, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital de Veteranos de Minneapolis y compañero de Alex Pretti, lo describió como “una persona buena y generosa que vivía para ayudar a los demás”, y destacó que trabajaba “en apoyo de los veteranos gravemente enfermos”.

Indignados por esta nueva injusticia, muchos habitantes de Minneapolis desafiaron el frío glacial que azota gran parte de Estados Unidos para salir a la calle a manifestar su descontento por la actuación de la policía de inmigración de Donald Trump. Al caer la noche del sábado, se colocaron numerosas velas delante de las casas nevadas, en apoyo a los manifestantes y, sobre todo, en homenaje a Alex Pretti.

También en Nueva York, con temperaturas cercanas a los −10°, se reunieron a última hora más de mil manifestantes en la Union Square el sábado por la tarde para protestar contra el ICE. Asimismo en California se celebraron concentraciones de miles de personas: en Los Ángeles, San Francisco, San José y Oakland y otras ciudades. Los manifestantes hacían sonar silbatos en señal de solidaridad con los barrios donde viven los inmigrantes, donde ese sonido se utiliza ahora para señalar la presencia de agentes del ICE.

Por parte de las instituciones, el Estado de Minnesota ha recurrido a la justicia para solicitar la suspensión de las operaciones de la policía de inmigración en su territorio. El gobernador Tim Walz considera que este nuevo drama es el resultado del despliegue de agentes vestidos con uniformes militares por parte de la Administración Trump.

“Tengo un mensaje contundente para nuestro Gobierno federal”, declaró el excandidato a la vicepresidencia en una rueda de prensa, pocas horas después del tiroteo. “La justicia de Minnesota tendrá la última palabra. Debe tenerla.”

Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció el sábado por la noche que había presentado una denuncia contra los responsables federales “para impedir la destrucción de pruebas” relacionadas con la muerte de Alex Pretti. Esta denuncia se produce tras la negativa de las autoridades federales a acceder a las pruebas relacionadas con el asesinato de Renee Good.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, citada por el New York Times, ha solicitado una reunión con el presidente Trump para pedirle que retire a los agentes federales de inmigración de su Estado, ya que el departamento de Seguridad Nacional indicó recientemente, el 21 de enero, que los agentes del ICE habían comenzado a centrar sus esfuerzos en Maine.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró por su parte que su ciudad apoyaba la acción judicial federal que pedía el cese del despliegue de agentes federales por parte de la Administración Trump en Minneapolis y Saint Paul. “Es necesario que cesen esos actos de violencia y que el presidente retire estas fuerzas federales armadas de Minneapolis y otras ciudades americanas”, afirmó en un comunicado.

Pero la Administración Trump no quiere escuchar. La fiscal general Pam Bondi incluso envió una carta el 24 de enero a Tim Walz, acusándolo a él y a otros políticos demócratas de ser responsables de la situación actual.

En esa carta, Pam Bondi exige que las autoridades del Estado de Minnesota faciliten los expedientes de los beneficiarios de ayudas sociales, deroguen las “políticas santuario”, que consisten en no cooperar con las autoridades federales encargadas de los asuntos de inmigración, y transmitan las listas electorales al Departamento de Justicia. “Es hora de que los responsables de su Estado, tanto a nivel estatal como local, cambien de rumbo”, escribe a modo de amenaza.

Traducción de Miguel López

La ONG PorCausa ha denunciado que España ha firmado cerca de 700 contratos por un valor de 541 millones de euros en tecnología de fronteras, adjudicaciones que en muchos casos se han realizado sin publicidad ni concurso público, a unas pocas empresas y bajo unos pliegos opacos de los que no hay apenas información, según informa EFE. 

El informe Fronteras "Inteligentes", democracias negligentes, realizado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz y el diario Ara y presentado este lunes en Madrid, advierte del peligro de la llamada tecnología de frontera como los radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción. 

Para la entidad, este sistema entraña muchos riesgos porque "privilegia la seguridad sobre la protección, el control sobre la acogida y la sospecha sobre el derecho" y en esto España ha sido "un laboratorio" para Europa, convirtiéndose en "pionera en innovación pero también en opacidad". 

Según ha señalado el director de Investigaciones de Por Causa, Gonzalo Fanjul, esta frontera inteligente "no sustituye al muro físico, sino que lo hace invisible" a través de la llamada "tercera generación" del control migratorio, basada en el algoritmo y la biometría después de las primeras fases de muros físicos y de tecnificación y externalización de la frontera. 

Para elaborar el informe, la entidad ha analizado 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 para la tecnología de frontera que, juntos, suman un valor de 541 millones de euros.

De ellos, el 44,1% fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad, en muchos casos bajo el argumento de urgencia o seguridad nacional.

Las empresas beneficiarias de estos acuerdos son "casi siempre las mismas": las diez principales absorben el 72,5% del gasto y lideran el ránking la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales.

El grueso de los contratos van dirigidos a tecnologías de vigilancia, control fronterizo y ciberinteligencia, infraestructura tecnológica y sistemas biométricos, aunque la opacidad de estos acuerdos hace que sea difícil conocer los detalles. 

El informe repasa la evolución del control fronterizo en España desde el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en 1999 y operado por la Guardia Civil, originalmente creado para luchar contra el narcotráfico pero que después se extendió a Canarias para monitorizar el mar en busca de cayucos.

También el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), operativo desde 2013, o más recientemente la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, que incluye el reconocimiento facial y registro biométrico, un proyecto adjudicado en 2021 a consorcios liderados por Thales y Telefónica con un presupuesto de más de 4 millones de euros. 

Destacan el uso por parte de la Policía del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), desarrollado por Thales, para el control migratorio en Canarias con el objetivo de comparar patrones faciales con un base de datos de 4,4 millones de fichas policiales.

El director de investigaciones periodísticas de PorCausa, José Bautista, ha señalado como otro ejemplo en la presentación que, según han sabido por la investigación, en el caso de los migrantes que llegan a Canarias en cayuco, la Policía Nacional les quita el teléfono para, usando el software israelí Cellebrite, acceder a su contenido.

PorCausa denuncia que, con este tipo de tecnologías, la responsabilidad se diluye y la frontera "se vuelve una infraestructura privada financiada con dinero público" y el ciudadano "deja de tener acceso a los criterios por los que sus derechos y aspiraciones son evaluados".

La ausencia de información pública sobre estos modelos impide conocer sus tasas de error o los criterios con que clasifican los rostros y facilita "dinámicas de racialización algorítmica".

Para paliar estos riesgos, proponen varías líneas de actuación, como imponer transparencia, garantizar el control humano en todos los procesos, establecer auditorías independientes y devolver las decisiones al ámbito político, donde estas puedan ser "discutidas, supervisadas y, si es necesario, corregidas".

Los elevados estándares de protección migratoria de Europa en comparación con otras regiones del planeta han recibido en los últimos días varios torpedos que rebajan el nivel garantista de su línea de flotación. En la UE, solo España se opuso a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias. En Estrasburgo, en el Consejo de Europa, las tesis de Italia y Dinamarca se han impuesto para que la Convención de los Derechos Humanos sea “equilibrada” a la hora de reaccionar a la expulsión de extranjeros que hayan delinquido.

Existe en la Unión Europea una corriente de fondo desde el inicio de la nueva legislatura comunitaria en 2024 que busca rebajar los estándares migratorios, en línea con las tesis de Viktor Orbán en Hungría o de Giorgia Meloni en Italia. En Bélgica, la llegada de una nueva coalición de Gobierno endureció las condiciones de asilo. Checos, eslovacos, austríacos o polacos viajan en el mismo barco. Ahora, en este final del curso político, esta corriente emerge en toda su dimensión.

Paso a paso, con la aprobación de reglamentos temáticos, está en marcha una reforma de gran calado en el sistema de asilo común, lejos de los grandes titulares. Ya está aprobada, y entrará en vigor en pocos días, la norma para crear el mecanismo para que desde España, Grecia, Italia y Chipre se distribuyan a otros países unos 21.000 demandantes de asilo. El resto de Estados miembros que no los quieran acoger podrán contribuir con dinero a un "pool de solidaridad".

La migración será protagonista también en la Cumbre Europea del próximo jueves. Antes de su inicio, en Bruselas, Giorgia Meloni mantendrá con la danesa Mette Frederiksen y el neerlandés Dick Schoof un almuerzo que empieza a ser recurrente para tratar cuestiones migratorias. Los tres dirigentes acostumbran a verse para intercambiar ideas sobre la gestión fronteriza o las medidas en los sistemas de asilo. La declaración aprobada en Estrasburgo “no habría ocurrido” sin el empuje de estos líderes, en palabras de un diplomático de estos países.

En una capital comunitaria como Copenhague se destaca la aceleración que están experimentando estos debates migratorios a nivel europeo. La primera ministra Frederiksen celebra que una mayoría de países apostase en Estrasburgo por “asegurar que los condenados extranjeros por serios crímenes puedan ser expulsados”. La declaración en el Consejo de Europa, organismo cuyo núcleo de trabajo son los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa, denuncia que las sociedades del continente “son desafiadas por personas que se aprovechan de nuestra hospitalidad”. Un texto impulsado por Dinamarca e Italia, firmado por 27 países, pero no por España, Francia o Alemania, sobre el que Giorgia Meloni afirmó sentirse “muy contenta” por lanzar “un debate fructífero con soluciones innovadoras” a nivel migratorio.

Esta mayoría de países permitirá una revisión del mandato y las competencias de la Corte Europea de Derecho Humanos, proceso que empezará ya en 2026, para que el tribunal no interfiera en las deportaciones de criminales extranjeros aunque sus familias residan en alguno de los Estados partícipes. Mette Frederiksen lo califica como “un ajuste en el equilibrio entre los importantes intereses públicos en la defensa de la libertad y la seguridad de nuestras sociedades y los derechos de individuos criminales extranjeros”. 

En paralelo a la celebración de la primera ministra danesa por aprobar su iniciativa con su homóloga italiana, en Bruselas sus diplomáticos han exprimido estos últimos días de la presidencia de Dinamarca en el Consejo de la UE para sacar adelante los últimos reglamentos migratorios, antes de que Chipre asuma el mandato semestral con el cambio del nuevo año.

La presidencia rotatoria danesa ha estado últimamente muy involucrada en aprobar los reglamentos migratorios. Cuatro que salieron fueron aprobados en la reunión de los ministros europeos de Interior y Justicia en la que el Gobierno español decidió ser la única voz discordante. Sobre el reglamento que establece una lista europea única de países extranjeros considerados seguros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, denunció que “rompe” con la integridad del Pacto Migratorio “antes de que haya echado a andar, manifestó". Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están en ese listado.

España se opuso también al reglamento que diseña la base jurídica de la controvertida medida de los centros de expulsión, propuesta lanzada hace meses por la Comisión. El ministro Marlaska manifestó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno. España se queda fuera mientras que socios como Países Bajos confirman un proyecto para deportar demandantes de asilo a Uganda, y Grecia y Alemania estudian centros similares también en África. 

La postura de Madrid se desmarca de la senda iniciada por Roma y que ya se impone como mayoritaria en la capital comunitaria. El homólogo de Marlaska, Matteo Piantedosi, adelantó en Bruselas que las instalaciones financiadas por su país en Albania servirán para poner en marcha “procesos fronterizos acelerados y convertirse en el primer ejemplo de los hubs de retorno”. El espejo innovador al que miran muchos socios de los 27.

Con las victorias bajo el brazo entre los ministros europeos de Interior y también en el Consejo de Europa de Estrasburgo, Meloni saca pecho. Acaba de ser la protagonista de una conferencia de alto nivel presidida por Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión, para la Alianza Global contra el Tráfico Migratorio. La externalización del control de las fronteras fuera de la UE es, dijo durante su intervención, el “modelo” y la “senda a seguir a nivel europeo”. La posfascista constató una realidad: “Las soluciones innovadoras” a nivel migratorio “son vistas con interés creciente y se están convirtiendo en una práctica común”.

Cuando Ayuso respondió a Vox diciendo eso de que hacen falta inmigrantes porque “alguien tendrá que limpiar en sus casas”, se generó una gran polémica, ya que se trataba a los inmigrantes como si fueran objetos funcionales a las necesidades de los autóctonos; instrumentos animados, en la definición que hacía Aristóteles de los esclavos. Pero en su frase hay algo de verdad y también algo rechazable. La verdad es que, de facto, la mayoría de los inmigrantes realizan los trabajos más duros y peor pagados. Pero es rechazable dar a entender que los trabajadores inmigrantes estén destinados, por su propia naturaleza, a tener que vivir en malas condiciones.

La situación tiene dos explicaciones: una culpa a los propios trabajadores y busca enfrentarlos con otros trabajadores; la otra explicación pone el foco en el modelo productivo, en los derechos y en la condición de ciudadanía. La derecha ha encontrado en los trabajadores inmigrantes su chivo expiatorio para explicar problemas sociales y evitar así señalar al bloque de poder económico. ¿Los altos precios de la vivienda? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los salarios y las condiciones de trabajo? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los problemas de la sanidad? La culpa es de los inmigrantes.

Se pone a competir a trabajadores autóctonos contra trabajadores inmigrantes en torno al trabajo, los servicios públicos y la vivienda. Así pues, las mismas oligarquías e intereses que rechazan lo público y buscan acabar con cualquier sistema de bienestar proponen un juego de suma cero entre inmigrantes y servicios públicos, enfrentando a trabajadores pobres con otros aún más pobres, y afirmando que los inmigrantes hacen peligrar el bienestar de los autóctonos. Pero lo que pone en peligro los servicios públicos, lo que explica la falta de acceso a la vivienda o los bajos salarios, es un proyecto de clase que busca generar la discordia e inocular el resentimiento entre trabajadores para así blindar sus objetivos. El medio que utilizan para conseguirlo es la extrema derecha: su infantería política.

La respuesta a esa agenda del odio entre trabajadores también tiene que ser de clase: la culpa de que no se invierta en vivienda y de que la vivienda sea un activo especulativo no es del currela inmigrante que trabaja en la obra. La culpa de que no haya pediatras asignados, que se saturen las urgencias o que no te pueda ver el especialista a tiempo no es de la currela inmigrante que trabaja limpiando las habitaciones de los hospitales. La culpa de que haya empresarios que no paguen las horas extras no es del currela inmigrante que cobra menos que nadie. La culpa es los explotadores, los especuladores, los usurpadores y sus representantes políticos que trabajan para disciplinar a la fuerza de trabajo. 

La extrema derecha se lleva las manos a la cabeza porque la inmigración se ubica, mayoritariamente, en los barrios con menos renta, como si esto fuera algo nuevo, como si no fuese una constante histórica que ha vivido la clase trabajadora. Los trabajadores inmigrantes acaban en el mismo sitio donde han acabado siempre todos los trabajadores que emigran a la ciudad: en los barrios más pobres. “Los proletarios acampan en los márgenes de la sociedad sin ubicarse en ella”, afirmaba Auguste Comte en el siglo XIX. El mismo sitio donde se ubicaban las miles de personas que vivían en poblados chabolistas en el tardofranquismo. Por no decir que toda la VPO construida en el franquismo tenía como finalidad convertirse en vivienda de mercado: intervenir desde el Estado para financiar activos privados. Un inmenso proceso de privatización de lo que hoy podría ser un parque de vivienda protegida. De aquellos barros, estos lodos.

La crisis de acceso a la vivienda es una crisis global que también se da en los modelos en los que se mira la extrema derecha, como los Estados Unidos, Polonia o Hungría. Hungría es el país de la UE donde más ha crecido el precio de la vivienda desde 2015, aunque haya perdido población. En Polonia el precio de la vivienda sube más que en España, aunque su población haya disminuido. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma razón por la que en España sube el precio de la vivienda en municipios que pierden población: porque la vivienda es un activo financiero y existe una demanda especulativa que compra con una finalidad que no es para vivir. La extrema derecha, por su propia definición, es el espejo deformado de la hipótesis comunista: señala los mismos problemas, pero con el objetivo contrario; es decir, articula el mismo malestar, pero no para atender a las causas que lo producen, sino para desplazarlo hacia un lugar que proteja los intereses, en este caso, de la especulación inmobiliaria. Eso no significa que el incremento de la población no impacte en los precios; quiere decir que esa no es la causa que explica el problema de acceso a la vivienda y que señalar a los trabajadores es propio de una posición servil con los intereses de los especuladores.

Con el trabajo ocurre algo similar. El razonamiento es el mismo que aplican cuando hablan de los servicios públicos: culpar a los últimos de lo que sufren los penúltimos para beneficio de los primeros. Quienes denigran e infrafinancian la sanidad pública son los mismos que acusan a los trabajadores inmigrantes de saturarla para luego obtener rédito electoral. Quienes apoyan los bajos salarios y mantener a sectores de bajo valor añadido son los mismos que culpan a los trabajadores inmigrantes de la precariedad de los autóctonos, algo que es falso: los trabajadores inmigrantes se ubican en los rangos más bajos de renta y sufren las peores condiciones laborales, lo cual no supone que tiren a la baja los salarios de los autóctonos, y así lo constatan todos los estudios.

Los inmigrantes vienen a trabajar porque se les llama, y quien les llama son las necesidades del modelo productivo, que exige una fuerza de trabajo que acepte bajos salarios. Y aceptan bajos salarios por necesidad y por falta de garantías. ¿Por qué nunca se pone el foco en el modelo productivo, en las condiciones que se ofrecen y en la ausencia de condición de ciudadanía? ¿Por qué no se pone el foco en la situación que viven esos trabajadores y se reivindican derechos para que nadie tenga que aceptar determinadas condiciones miserables? No quieren aumentar los derechos laborales porque eso les permitiría exigir más por lo que ahora hacen, y eso supone tener que pagar más, lo cual —dicen— se traduce en que se verían obligados a subir los precios. Defienden lo que defendía Bernard Mandeville cuando escribía eso de que “la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.

Prefieren tener a gente en condiciones de semiesclavitud y culparles por ello. Porque quien culpa a los trabajadores de su pobreza lo hace porque se opone a que los trabajadores conquisten derechos y ciudadanía. Sin embargo, es mejor contar con un modelo productivo centrado en sectores que generen más riqueza, que paguen mejores salarios y que ofrezcan mejores condiciones de vida y de trabajo, aunque el precio suba. Lo que es propio de un cipayo es devaluar a tu país para competir a la baja porque prefieres centrarte en ofrecer servicios baratos para el bolsillo de extranjeros con dinero. Lo mejor que podría pasarles a los trabajadores autóctonos pasa por elevar las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, porque eso induce la inversión en tecnología, acelera la obsolescencia de negocios improductivos sostenidos con la precariedad laboral y ayuda a impulsar la necesaria reconversión empresarial y productiva que necesita este país. Ambos pueden coincidir en exigir políticas sociales y económicas que inviertan en garantizar su bienestar y condiciones de vida. Los problemas de los trabajadores autóctonos no son los trabajadores inmigrantes; las soluciones sí van de la mano de ambos. 

____________________________

Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

El Gobierno estadounidense ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegible la visa de inmigrantes extranjeros con problemas de salud como diabetes u obesidad o si son de edad avanzada. La nueva guía indica que podrían convertirse en una "carga pública", según el medio KFF Health News.

El Departamento de Estado de este país envió la nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados este jueves en la que amplían la lista de condiciones médicas que harían inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

Si bien EE.UU. ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, los expertos afirman que las nuevas directrices amplían considerablemente la lista de afecciones médicas que se deben tener en cuenta y otorgan a los funcionarios de visados más poder para tomar decisiones sobre la inmigración basándose en el estado de salud del solicitante, indica KFF.

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar enfermedades, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud. "Todas estas dolencias pueden requerir atención médica costosa y prolongada", señala la medida. Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del Gobierno estadounidense.

La nueva orden también busca que se considere inelegible para ingresar a Estados Unidos a una persona que por su edad pueda tener más probabilidad de depender de la asistencia social. La guía también insta a que se considere la salud de los familiares, incluidos los hijos y los padres mayores de los solicitantes.

La directiva forma parte de la agresiva campaña de la administración de Donald Trump contra la inmigración junto a las detenciones y deportaciones masivas que asolan el país.

Desde su primera Administración (2017-21), el presidente republicano y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública. La Administración de Joe Biden (2021-2025) había echado abajo varios de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria.

Nueva York (Estados Unidos).– En la duodécima planta del edificio de Federal Plaza nº 26, en Manhattan, donde tiene su sede el tribunal administrativo encargado de la inmigración, hay hombres con pasamontañas deambulando por los pasillos. Las familias tienen dificultades para reunirse dentro de las salas de audiencia ante los jueces que dictaminan principalmente sobre solicitudes de asilo. Allí, todos piensan en una sola cosa: lo que les espera a los inmigrantes al salir. ¿Quién será brutalmente detenido por las autoridades federales?

En Nueva York, donde reside la mayor población de indocumentados de Estados Unidos (cerca de 600.000 personas), la política de expulsiones a gran escala es una prioridad de la Administración Trump. No se basa únicamente en operaciones callejeras, en las que generalmente se persigue a quienes trabajan. En la ciudad más grande del país, una ciudad santuario que limita su cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración, las redadas no suelen hacerse en la calle.

Se llevan a cabo en este imponente edificio de 41 plantas, que alberga tanto la sede neoyorquina de la policía federal de inmigración (ICE) como un tribunal administrativo especializado en cuestiones de asilo e inmigración. Un chollo para el ICE, que solo tiene que subir unos pisos para detener a los migrantes que se presentan cada día por docenas. Allí, en los pasillos, se repite la misma escena.

Gritos en español, lágrimas, manos que intentan retener a un ser querido que acaba de ser detenido. Niños pequeños, con los ojos como platos, que no comprenden que probablemente no volverán a ver a su padre o su madre, que pronto serán deportados o trasladados a una prisión, lejos, muy lejos, a miles de kilómetros. En las últimas semanas, el edificio del Federal Plaza se ha convertido por sí solo en un asunto político, un punto de tensión.

Porque para las autoridades demócratas de la ciudad de Nueva York, al igual que para otras organizaciones de defensa de las libertades civiles o de ayuda a los migrantes, esta estrategia disimulada de separación de familias es simplemente ilegal. Esas detenciones en los locales del tribunal, explicaron en una denuncia presentada a principios de agosto en Nueva York, constituyen una violación de las propias directrices internas del ICE, que deben garantizar el acceso a una justicia administrativa imparcial y “equitativa”.

Acusaciones que son rechazadas en bloque por Tricia McLaughlin, portavoz del departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones en los tribunales son una cuestión de “sentido común”, defendió en primavera. “Permiten ahorrar valiosos recursos policiales, ya que los agentes ya saben dónde se encuentra su objetivo”. Estas detenciones serían también “más seguras”.

A la espera de que se examine la denuncia presentada a principios de agosto, la justicia federal de Nueva York ha decidido autorizar el despliegue de agentes federales en los tribunales administrativos. Aunque la decisión es solo temporal, suscita numerosos interrogantes, ya que las detenciones en el Federal Plaza parecen formar parte de una estrategia más amplia de “erosión” del Estado de derecho.

A finales de octubre, allí están, apostados a la salida de una sala de audiencias del tribunal. “¡Contra la pared!”, ordena un agente federal a los fotoperiodistas. Es casi mediodía y en la duodécima planta del edificio llevan varias horas esperando una docena de agentes. Algunos no pertenecen al ICE, sino a los IRS (Internal Revenue Service, una agencia encargada de hacer cumplir las leyes fiscales), que se supone persiguen a los delincuentes financieros. Están buscando a un joven inmigrante, vestido con “una camiseta gris”, confiesa un voluntario a Mediapart.

El éxito de las políticas de la Administración Trump, que se ha fijado el objetivo de 3.000 detenciones diarias, se basa en la eficacia de esos agentes federales. En Nueva York, por el momento, parecen estar lejos de su objetivo. De los 60.000 inmigrantes actualmente encarcelados en todo el país, “solo” 3.320 fueron detenidos en el Estado de Nueva York entre enero y julio. La mitad de ellos fueron detenidos precisamente en los pasillos del Federal Plaza y, en algunos casos, fueron arrestados en condiciones potencialmente inhumanas.

Un joven con camiseta gris, venezolano, es una de las personas encarceladas. En la sala del tribunal, parece que está sentado junto a su pareja y su hijo pequeño. La audiencia de esta familia solicitante de asilo, a finales de octubre, era para una simple formalidad, para verificar un cambio de domicilio (o de situación) de cara al alegato final.

Pero cuando el joven sale del recinto, los agentes federales se abalanzan sobre él. En un acto reflejo, el venezolano levanta las manos, ante la mirada llorosa y desesperada de su compañera. Ella parece perdida, sin saber qué hacer ni adónde ir, mientras el niño, acompañado por voluntarios, la sigue, intimidado.

“No puedo soportarlo”, confiesa precisamente uno de los voluntarios a Mediapart, que se describe a sí mismo como un heredero de la derecha de John McCain (fallecido en 2018, este senador republicano era crítico con Donald Trump). “No digo que no se pueda expulsar a la gente”, añade. “Es la ley. Pero aquí están deteniendo a migrantes que respetan la ley, que siguen el procedimiento”.

Aunque esas detenciones aparecen claramente como una de las principales herramientas de la Administración Trump (se han asignado 45.000 millones de dólares al ICE a través de la gigantesca ley presupuestaria), no son las únicas a disposición del poder.

“El nuevo enfoque del Gobierno consiste en socavar las últimas protecciones previstas, entre otras, en la Constitución”, resume Karla Ostolaza, una de las directoras de Bronx Defenders, un bufete de abogados de oficio que ayuda a los inmigrantes. En el día a día, explica, “la erosión” de esas protecciones a veces no se ve.

Jed Wasserman, abogado de Nueva York especializado en derecho de extranjería, enumera una larga lista: “Ahora se ha eliminado por completo la posibilidad de libertad bajo fianza, aunque la persona no represente ningún peligro para la comunidad. Apelar cuando se ha denegado una solicitud de asilo también se ha vuelto muy desalentador. Antes costaba unos cien dólares. Ahora, más de mil”.

“En Nueva York”, continúa, “además han sido despedidos varios jueces administrativos. Como si el poder quisiera enviar una señal a los jueces restantes. En general, hoy en día, los abogados del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos [del que depende el ICE, ndr] han aumentado el número de procedimientos, incluso por las cosas más insignificantes.”

Margaret Cargioli, abogada del Immigrant Defenders Law Center, opina lo mismo. Lo más llamativo para ella ha sido observar “la implantación de un nuevo sistema por parte de la Administración Trump, destinado a instaurar el archivo anticipado de los expedientes de asilo. Porque nada justifica que el expediente de una persona se archive prematuramente sin que ésta pueda presentar pruebas o testigos sobre su elegibilidad para el asilo”.

“La Administración Trump”, añade la abogada, “pretende reducir la financiación pública de los fondos para que los niños migrantes puedan estar representados por un abogado de oficio. Al mismo tiempo, invierte miles de millones de dólares para separar a los niños de sus padres”. Ya se han producido veinte muertes en los centros de detención del ICE desde que Donald Trump volvió al poder, recuerda. Entre las causas de esas muertes se encuentran accidentes cerebrovasculares, un caso de insuficiencia respiratoria y tres posibles suicidios.

En la ciudad de Nueva York, varios hijos de migrantes escriben a sus padres encarcelados. Un domingo de finales de octubre, una niña de 13 años se afana en ello con su letra redondeada e infantil, bajo la mirada de voluntarios. Dibuja estrellas y un corazón. Su padre fue detenido hace unos días en el Federal Plaza. La niña escribe en español: “Papá, te echo mucho de menos. [...] No has hecho nada malo. No eres un delincuente...”.

Traducción de Miguel López

Un ambiente sombrío contrasta con el lugar, animado por los vivos colores de las paredes. Aquí, en Logan Square, un barrio del noroeste de Chicago donde la comunidad latina tiene una fuerte presencia desde los años 60, se viene a aprender español.

Vanessa Aguirre-Ávalos abrió un local hace casi tres años y lo bautizó como Luna y Cielo. Aquí acoge a niños. Objetos colocados por todas partes remiten a la cultura mexicana. Con la llegada de la fiesta de los muertos, que se celebra en México a principios de noviembre, se ha instalado un pequeño altar tradicional cerca de la entrada, con fotos de familiares fallecidos y calaveras de papel.

La dueña del local vive en las afueras, pero creció en Logan Square en la década de 1990. Sus padres venían de Texas, donde habían sufrido racismo. Por eso, ni su padre, nacido en Estados Unidos y originario de México, ni su madre, que llegó de México a los 5 años, le hablaron español, ya que lo más importante era integrarse, aunque eso supusiera perder su lengua.

“Mi hermano y yo tuvimos que reapropiarnos de nuestra lengua”, cuenta. “Yo no quería que mis hijos crecieran sin apreciar esta cultura y esta lengua. Y me alegra poder decir que ambos están muy orgullosos de tener raíces mexicanas. Están orgullosos de comer la cocina tradicional y los dos hablan español.”

La escuela de español que ha abierto, que también tiene cafetería, permite a Vanessa continuar con esta búsqueda de identidad mientras se gana la vida. “Simplemente queremos que los niños estén orgullosos de su cultura y su idioma, y que no los pierdan”, comenta.

Pero con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y su decisión de expulsar en masa a los migrantes indocumentados, a los que se describe indiscriminadamente como delincuentes, comenzaron los problemas para Luna y Cielo.

El clima de terror impuesto en Chicago, una ciudad demócrata, es, desde septiembre, obra de los agentes de la policía de inmigración (ICE). Enmascarados y desplazándose en todoterrenos camuflados, se dedican a hacer redadas en los barrios latinos de Chicago para llevar a cabo detenciones.

A mediados de octubre, el ministerio de Seguridad Pública reivindicaba más de 1.500 detenciones en el área metropolitana de Chicago y 1.000 expulsiones de Estados Unidos. En este contexto, Logan Square se ha convertido en una ciudad fantasma. Todos se refugian en sus casas y las aceras, antes tan animadas, con sus vendedores ambulantes de comida para llevar, están desiertas.

Ese miedo ha llevado a Vanessa a cerrar las puertas de su negocio. “Sé que, legalmente, no se deben cerrar las puertas con llave por el riesgo de incendio. Pero las cierro simplemente porque no quiero que nadie entre aquí”, afirma.

Las niñeras que acompañan a los niños ya no se atreven a salir de casa, aunque tengan estatus legal. “Los agentes del ICE van a por la gente simplemente por su aspecto, su forma de hablar y su idioma. Lo hacen de forma muy violenta. Nunca había visto nada igual”, testifica Juan Pablo Herrera, pastor metodista responsable de una de las asociaciones del barrio, Palenque LSNA, cuya principal actividad es ayudar a los inmigrantes.

“Esos agentes no están formados, no respetan a nadie, ni siquiera comprueban si las personas tienen la nacionalidad americana”, constata. “Los detienen, les hacen preguntas más tarde y, si tienen la nacionalidad estadounidense, los liberan, pero el trauma ahí queda”, añade, denunciando una operación “cruel, malvada y contraria a la ética, que infunde miedo en su comunidad”.

A principios de octubre, Vanessa se encontraba en Luna y Cielo cuando un grupo de agentes del ICE intentó entrar en el aparcamiento del supermercado de productos mexicanos de al lado. Los vecinos se prepararon para la batalla y un hombre en moto consiguió bloquear el todoterreno de la policía antiinmigración. En respuesta, uno de los agentes lanzó una bomba lacrimógena en plena calle.

“Comenzaron a llegar cientos de personas”, dice Vanessa, “porque se habían enterado de lo que estaba pasando por todos los medios posibles, redes sociales, SMS, etc. Como siempre tengo aquí folletos de ‘Conozca sus derechos’ [que explican, entre otras cosas, cómo reaccionar ante los agentes del ICE, ndr], comencé a distribuirlos. Lo mismo hice con los silbatos”.

Ante esa brutalidad, los vecinos se han dotado de un arma de lo más sencilla: un silbato. Una pequeña herramienta que permite alertar ruidosamente de la presencia de los hombres enmascarados del ICE en los barrios y que es mucho más eficaz que las redes sociales, argumentan quienes abogan por su uso.

Se organizaron talleres para fabricar los pequeños kits que se venden en las tiendas, también en Luna y Cielo, y tuvieron que rechazar a mucha gente que querían colaborar. Los organizadores bautizaron este éxito como la whistlemania (whistle = silbato).

En una pequeña bolsa de plástico se incluye un silbato rojo y una nota en la que se lee: "Reúnanse en grupo, hagan ruido". Hay dos códigos de alerta: el primero, un silbido irregular, para avisar de que ha llegado el ICE; el segundo, el código rojo, que se traduce en un silbido continuo y constante, cuando el ICE interroga a una persona.

Ray Rivera, miembro de la organización Asian Americans Advancing Justice, se ha comprado un “hipersilbato”, que el folleto de venta presenta como el más potente del mundo, para asegurarse de que se le oiga. Pero este fotógrafo y videasta independiente no se conforma con dar la alarma.

A través de su asociación, forma parte de una red de respuesta rápida a las acciones del ICE. “Nos comprometemos en acciones de solidaridad comunitaria”, explica, como saber cómo documentar una redada policial si se produce. El siguiente paso, más arriesgado, es la vigilancia activa. Se trata de personas que patrullan constantemente en busca de vehículos de la ICE y que informan a la línea telefónica permanente de la red de apoyo a las familias”, creada por The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, una asociación histórica de ayuda a los inmigrantes.

Una de las tareas de este conjunto de asociaciones que operan en el marco de la ICE Watch (vigilancia de la ICE) es comprender cómo actúa esa policía, qué tipo de vehículos utiliza, cuáles son los números de matrícula... En resumen: dominar sus tácticas para contrarrestarlas mejor. “Detectamos si se desplaza una caravana de vehículos sospechosos. Cuando vemos helicópteros Black Hawk sobrevolando el cielo, sabemos que están a punto de abalanzarse sobre su presa, un poco como un halcón peregrino”, explica Ray Rivera.

“Ahora sabemos identificar a los agentes del ICE: conocemos sus coches y cómo visten”, confirma Juan Pablo Herrera, de Palenque LSNA. Según él, eso ha permitido evitar numerosas detenciones e impedir que la policía de inmigración alcance las cifras previstas. “Hemos demostrado que venir aquí a detener a cientos de personas pensando que la comunidad de Chicago es incapaz de unirse es una pérdida de dinero”, afirma.

A Laura, gerente de un restaurante mexicano, le gustaría ver más dinero en este momento y lamenta ver cómo su barrio se convierte en una ciudad fantasma.

“La comunidad latinoamericana es la que más sufre, sinceramente. Como pueden ver, las calles están desiertas. Antes, aunque hiciera frío, se veía gente, familias, niños.” Frente a su restaurante de especialidades de Guerrero, un Estado del suroeste de México, sirve gratis café de olla, un delicioso café preparado en una jarra de barro con canela.

Las asociaciones han hecho un llamamiento en redes sociales para que la gente vaya a comer a su local y a otros dos situados en las inmediaciones. “Se trata de ayudar a los propietarios de pequeños comercios”, indica Laura, que detalla el impacto de las redadas policiales. “Tenemos que reducir las horas de trabajo de nuestras empleadas, ya no vendemos tanto como antes. Al menos siguen teniendo trabajo, pueden contar con eso. Pero sí, nos afecta mucho.”

Vanessa, por su parte, no está segura de poder continuar con su escuela de idiomas. El bloqueo presupuestario en Washington, con el impago de los salarios de parte de los funcionarios federales, no ha hecho más que agravar la situación. “Estoy pensando en cerrar el negocio”, dice con lágrimas en los ojos, “la situación es realmente mala. Todos los años organizo un evento por Halloween, normalmente se llena. Ahora solo hay cinco personas inscritas”.

Ante esta campaña de terror, la respuesta es colectiva y trasciende los barrios latinos. Se ha creado una coalición en toda la ciudad, Hands Off Chicago (Chicago no se toca). Ha sido impulsada por un conjunto de organizaciones. Entre ellas el sindicato Chicago Federation of Labor, Indivisible, un movimiento creado tras la primera elección de Trump y que desempeñó un papel fundamental en la organización de la marcha de las mujeres en Washington el 21 de enero de 2017, Personal PAC, que defiende el derecho al aborto, el Sierra Club of Illinois, más centrado en cuestiones medioambientales, y Equality Illinois, que defiende los derechos de las personas LGTBI.

“Trabajamos para amplificar la acción de los grupos que forman parte de la coalición”, destaca Laura Tanner, responsable de comunicación de Indivisible Chicago. “Empezamos con una campaña de sensibilización sobre lo que estaba pasando, también orientamos a la gente hacia recursos que pueden utilizarse para luchar contra el ICE y formamos equipos de intervención rápida.”

Laura dice estar “muy orgullosa de Chicago en este momento, muy orgullosa del trabajo realizado”. “Algunos días son agotadores”, admite, “pero es muy estimulante ver esta increíble resistencia. A veces, la gente necesita sentir lo mal que están las cosas para despertar.”

Eso no es suficiente para detener al presidente americano y a su administración, que consideran Chicago, bastión demócrata, como un reto político de importancia. Para ayudar al ICE, Donald Trump quiere desplegar la Guardia Nacional, a pesar de la oposición del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker.

Este último firmó el jueves 22 de octubre, ante la prensa, un decreto por el que se crea la Comisión de Responsabilidad de Illinois, que se ocupará de la actividad de los agentes del ICE y estará presidida por un exjuez. El responsable demócrata explicó que la comisión tendría tres misiones: crear un registro público “de abusos”, recopilar su impacto en las familias y las comunidades, y proponer recomendaciones para “evitar más perjuicios”.

“Arremeten contra la gente sobre el terreno, los persiguen por ser latinos o negros”, dijo. “Nadie por encima de ellos les pide cuentas. Ni siquiera Greg Bovino [comandante del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, ndr], que dirige las operaciones en Chicago, les pide cuentas. Nadie lo hace. Así que tendremos que llevar un registro.”

Aunque la justicia ha prohibido temporalmente a los militares patrullar las calles, el presidente ha recurrido al Tribunal Supremo para que se pronuncie, con la esperanza, una vez más, de que la máxima instancia judicial le dé la razón.

A pesar de la demostración de fuerza de Trump, los habitantes de Chicago tienen la intención de seguir luchando, como siempre han hecho. En la época de la esclavitud, los abolicionistas acogían, a pesar de las multas y el riesgo de ir a la cárcel, a los esclavos que huían hacia Canadá. En la actualidad, otra comunidad es objeto de ataques y hay que defenderla.

Como destaca la web independiente In These Times, si la policía encargada de luchar contra la inmigración fuera un ejército nacional, sería el decimotercero mejor dotado del mundo, “por delante de los de Polonia, Italia, Australia, Canadá, Turquía y España, y justo por detrás del de Israel”. La “gran y hermosa ley” que Donald Trump ha implantado prevé un presupuesto de 170.000 millones para la lucha contra la inmigración, según la web, de los cuales 45.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de detención.

Traducción de Miguel López

La derecha y la extrema derecha azuzan el avispero migratorio en Europa. Las últimas propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siguen el camino emprendido hace años por dirigentes de Francia, Reino Unido o Hungría cuya pendiente no ha dejado de agravarse en la búsqueda de una Europa fortaleza, cristiana y conservadora alejada de sociedades multiculturales. Según el húngaro Orbán, “una vez que permites entrar a los migrantes, las consecuencias son irreversibles” y “en los colegios en Viena, Munich o París” el futuro está “lejos de ser prometedor”.

Lejos queda la polémica generada hace quince años por el entonces presidente galo, Nicolás Sarkozy, cuando llamó racaille, chusma o escoria, a los jóvenes de segunda o tercera generación que protagonizaban las protestas de las banlieues francesas. Hoy, en las calles de Londres o La Haya miles de personas marchan con consignas xenófobas o contra las comunidades musulmanas de sus propias ciudades y a favor de las expulsiones de migrantes y el cierre de fronteras. 

Mientras el ambiente se caldea en las calles o lo hacen importantes dirigentes europeos subidos a atriles parlamentarios o en medios de comunicación, en Bruselas el debate migratorio se ha ido endureciendo desde el inicio de la nueva Comisión Von der Leyen. Y ahora en la UE parece estar maduro para aprobar controvertidas medidas como los centros externos de deportación y mismo la participación de Frontex, la agencia europea de fronteras, en las expulsiones.

Desde que la Comisión propuso en marzo un Sistema Común para Retornos, con nuevas normas para deportar migrantes y demandantes de asilo dentro del Pacto Migratorio, el debate avanza sin freno. Bruselas recogía una medida descartada en la crisis de refugiados, en 2015 y 2016: los llamados “hubs de retorno”. Estos centros en países que no son de la UE por los que supuestamente habría pasado el migrante y adonde sería expulsado gracias a acuerdos bilaterales entre un Estado Miembro y un tercer país ya se negocian entre los 27 y una mayoría de gobiernos los acepta.

Además, justo antes del verano la Comisión Europea planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación. Coincidiendo con esa vuelta de tuerca, a finales de mayo un grupo de nueve países, liderados por el gobierno socialdemócrata danés y el ultraderechista italiano, denunció en Bruselas que la Convención Europea de Derechos Humanos protege a los migrantes criminales e impide su rápida expulsión de la UE.

Ahora Dinamarca ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y en su capacidad de piloto acaba de proponer al resto de socios comunitarios reforzar el mandato de Frontex, la agencia fronteriza europea, para trabajar con terceros, incluyendo la posibilidad de transferir migrantes fuera de territorio comunitario. Esta posibilidad no entra en sus actuales normas, aunque como Human Right Watch y numerosas ONGs han denunciado como mínimo la agencia europea llevaría años realizando labores de vigilancia y detección de embarcaciones en el Mediterráneo central para que la Guarda Costera de Libia se encargase de abordarlas.

“Al alertar a las autoridades libias sobre embarcaciones que llevan migrantes, sabiendo que esos migrantes serán devueltos a régimen de tratamiento atroz, y pese a tener otros opciones, Frontex es cómplice del abuso”, denunció Judith Sunderland, la directora para Europa de HRW. Según Sunderland, Frontex “no usa la tecnología e información a su disposición para asegurar que esas personas son rescatadas adecuadamente y puede desembarcar en puertos seguros”.

El gobierno danés plantea que en este mes de octubre los ministros de Interior de los 27 discutan el posible papel de Frontex en la supervisión de los centros de deportación, encargada de acelerar esas expulsiones y mismo organizar “los retornos desde terceros países a otros terceros países”, según el documento interno que ha circulado estos días en Bruselas, saltándose así cualquier análisis en los países de tránsito sobre las demandas de asilo y la situación de esas personas.

Socios como Países Bajos avanzan por su cuenta, como antes hizo Italia en Albania con un modelo precursor en el que se basó la Comisión Europea. La Haya cerró hace sólo unos días un acuerdo con Uganda para desarrollar un centro de deportación en su territorio donde los demandantes de asilo rechazados serían recluidos temporalmente hasta volver a sus países de origen. Según el ministro neerlandés de Migración, David van Weel, el objetivo es “poner bajo control la migración, aunque los datos oficiales del país muestran que en 2024 hubo un 16% menos de demandantes de asilo respecto a 2023. Pero la coalición liderada por el Partido de la Libertad del ultraderechista Geert Wilders impone su agenda.

Con gobiernos o coaliciones afines en Italia, Hungría, Países Bajos, Eslovaquia, Bélgica o Chequia, la ultraderecha está crecida en la UE y presiona a los gobiernos disidentes. El primer ministro húngaro Viktor Orbán lleva semanas en un enfrentamiento dialéctico contra Suecia dentro de la más amplia guerra contra Bruselas y las políticas de la UE sobre las políticas migratorias.

El enfrentamiento comenzó con una disputa entre el húngaro y el primer ministro Ulf Kristersson, y ahora es ya está enconado entre los dos gobiernos, aunque Kristersson pertenezca al Partido Moderado, miembro de los populares europeos, y gobierne en una coalición con los Demócratas Suecos, una formación nacionalista y derechista que en el Parlamento Europeo se encuadra en el mismo grupo que los Fratelli italianos de Giorgia Meloni o los ultracatólicos polacos del PiS. La cercanía ideológica no ha evitado el enfrentamiento entre dos modelos de integración.

Todo empezó cuando Orbán disparó que mientras “el gobierno húngaro nos da lecciones sobre Estado de derecho, redes criminales explotan a niños suecos como asesinos en un país que una vez fue conocido por el orden y la seguridad y ahora está colapsando”. Kristersson denunció que “eran mentiras indignantes” y que Orbán “está desesperado ante las próximas elecciones húngaras”.

El enfrentamiento verbal subió de tono al amplificar Orbán el debate con un vídeo de imágenes de 2015 en Alemania y el discurso de la entonces canciller Angela Merkel dando la bienvenida de refugiados sirios. El montaje se acompañaba de trenes saturados, campamentos de tiendas en las calles, las marchas de miles de personas por al campo hacia la UE para concluir con los trabajos de construcción de vallas fronterizas en Hungría. Desde entonces, Orbán ha ido colgando en redes sociales vídeos de peleas urbanas, robos y montajes gráficos de Alemania o Suecia, país donde denuncia que hay miles de redes criminales lideradas por migrantes.

Kristersson respondía con una larga carta en la que recuerda el apoyo sueco a Hungría durante la invasión nazi, el rescate de parte de su población judía, la ayuda cuando la URSS aplastó la primavera húngara del 56 y la acogida de miles de sus disidentes para terminar reprochando que ahora Orbán sea socio de Vladimir Putin a cambio de su petróleo. Las espadas siguen en alto entre ambos dirigentes y los gobiernos europeos porque el próximo verano entrará en vigor el Pacto Migratorio y de Asilo de la UE y los halcones migratorios afilan sus cuchillos para seguir cerrando las fronteras europeas.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí Mabel Deu por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, según informa EFE.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, las dos autoridades han sido condenadas a 9 años de inhabilitación especial para cargos públicos ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de Gobierno al considerar que infringieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. También han sido inhabilitadas durante 9 años para el derecho de sufragio pasivo.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de doce años de inhabilitación para las dos exautoridades mientras que la acusación particular, llevada a cabo por la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola, elevaba la pena a quince años.

Tanto el fiscal como las organizaciones sociales pidieron también la pérdida de honor de los cargos que ocupaban, lo cual también se les ha concedido por parte del tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que, además, ha impuesto a las dos acusadas el pago de las costas del juicio a partes iguales.

La Audiencia considera probado que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron filiados como tales.

Los magistrados han asegurado que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), sin "ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno decidió realizar las actuaciones oportunas a fin de lograr la devolución rápida a Marruecos de aquellos menores".

Asimismo, destaca que "de común acuerdo" con la delegada del Gobierno en Ceuta, "conocedora también de que no se ajustaba a legalidad alguna", decidieron practicar la devolución de los menores sin seguir lo establecido en el acuerdo marco de 2007, es decir, "la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Durante la vista oral, que se llevó a cabo el pasado mes de junio en varias sesiones, las dos exautoridades declararon que lo realizaron con el beneplácito del Ministerio del Interior, que estaba informado de todo.

Según explicaron ambas acusadas, los 55 menores fueron devueltos a su país a mediados de agosto de 2021 en base a un acuerdo de 2007 entre España y Marruecos.

Estos 55 niños formaban parte de los más de 1.200 menores que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo con motivo del acceso a la ciudad de más de 12.000 personas por el espigón fronterizo de la frontera sur del Tarajal

Mabel Deu, que ya no está en la política ha vuelto a su actividad como docente en un instituto, y Salvadora Mateos se encuentra actualmente jubilada desde su destitución en el cargo a finales de octubre de 2022.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha manifestado este jueves que sigue creyendo en la inocencia de la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y de la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu (PP), condenadas por prevaricación tras la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.

En un comunicado, el presidente ceutí ha dicho que cree "en la inocencia de la señora Deu y de la señora Mateos", ambas condenadas por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

El jefe del Gobierno autonómico ha puntualizado que "como tantas veces he manifestado, conocí, compartí y respaldé las actuaciones llevadas a cabo estando todos convencidos de que se actuaba al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor, en una situación de emergencia humanitaria nunca antes conocida".

Vivas ha añadido que el "colapso prolongado que estamos viviendo en el área de Menores de la Ciudad, la imposibilidad de evitar las entradas, la inviabilidad práctica de los retornos y las dificultades para efectuar los traslados a la Península con la agilidad requerida inducen a pensar en la necesidad de plantear una reforma de la normativa aplicable en materia de extranjería".

Los menores migrantes llegan a España huyendo de la guerra, la pobreza, la persecución, el hambre. Muchos de ellos acaban ahogados en los brazos de sus padres, otros los pierden en el mar ante sus ojos, otros acaban naciendo aquí después de que sus madres arriesgaran la vida para salvarlos. Todos lo hacen con un miedo terrible que solo el afecto y el tiempo lograrán aplacar.

Mientras, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha  junto con Castilla-La Mancha (si es que puede considerarse que su gobierno no es de derechas) ni siquiera miran en esta ocasión hacia otro lado como es su costumbre, sino que les señalan con el dedo acusador y se oponen de manera consciente y coordinada a acogerlos poniendo trabas, cerrando centros de atención y judicializando la medida legislativa, aunque sean bien conscientes de la obligatoriedad de cumplirla. Esta negativa rebela una doble irresponsabilidad y la asunción expresa del relato racista de Vox, que se traslada a la práctica con la misma eficacia que se produciría si estuvieran formando parte de los gobiernos que se oponen. 

Por un lado, la irresponsabilidad es humanitaria en la medida en que hablamos de niños y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad y que nuestras leyes y los principios más básicos de respeto a los derechos humanos exigen. En el fondo lo que late en esta posición es la utilización deliberada del sufrimiento ajeno para reforzar un discurso identitario que conecta con el racismo mas despreciable. Nunca hubo problemas con los niños y adultos ucranianos que vinieron por decenas de miles, al contrario, a la ya tradicional pulsera con banderita se unió la de Ucrania para demostrar cómo los blancos nos cuidamos entre nosotros mismos (salvo que sean muy pobres, claro). 

Por otra parte, esta actitud erosiona la cohesión y la solidaridad territoriales y dinamita la esencia del Estado autonómico: la corresponsabilidad. No se puede (o no se debería) reclamar más financiación o exigir apoyo en otros ámbitos (incendios, danas u otras catástrofes o repartos de fondos europeos) y al mismo tiempo cerrar la puerta a una obligación tan básica como la protección de la infancia. El Estado compuesto y el compromiso común no es un valor optativo dependiente de las posiciones políticas, es un mandato constitucional evidente e intransferible.

La condicionalidad financiera que se alega no es más que un burdo pretexto, no solo porque el Gobierno puso a disposición recursos que no fueron aceptados cuando el acogimiento era voluntario, sino que además hablamos de que precisamente son estas administraciones las que renuncian al propio ingreso de impuestos a los que más tienen (patrimonio, sucesiones o donaciones cuya pérdida alcanza los seis mil millones de euros anuales). Solamente la Comunidad de Madrid deja de ingresar cada año más de mil millones de euros por estos conceptos. La doble moral es evidente y encaja en la falta de lealtad acreditada con los boicots a las conferencias de presidentes y presidentas donde bien podrían tratarse estos asuntos.

Al mismo tiempo los discursos racistas se extienden como la pólvora y contribuyen a legitimar una violencia institucional contra los menores que debería resultar insoportable para cualquiera. Ya no nos asustamos por las afirmaciones de Abascal llamando a hundir el barco humanitario Open Arms, y calificando a estos niños y niñas de parásitos, sino que las legitimamos tratándoles como tales mediante estas actuaciones y por tanto abriendo la puerta a otro tipo de violencias, a la segregación y a la perturbación de la convivencia.

Si aún queda algo de coherencia ética en los responsables políticos de las comunidades que se revuelven ante la acogida humanitaria, si algo les diferencia de Vox, deberían rectificar, retomar el rumbo democrático y el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas. La lucha contra el racismo y la xenofobia ha de ser una cuestión de país para garantizar una sociedad justa para todos, pero la infancia no puede esperar a que los partidos y las administraciones resuelvan sus mezquinas batallas. Rectifiquen.

________________________

María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.