Bruselas copia a Meloni y autoriza crear centros de deportación de migrantes fuera de la UE

La Unión Europea avanza hacia la legalización de las deportaciones de migrantes y su detención en centros de terceros países, saltándose los estándares internacionales, con el objetivo de expulsar fuera de los Estados miembros a demandantes de asilo con recursos judiciales o administrativos todavía abiertos. Las demandas que Bruselas y una mayoría de los 27 habían rechazado tajantemente durante la crisis migratoria de la pasada década, exigidas por los gobiernos de Polonia y Hungría, están ahora a punto de ser una realidad.

La Comisión de Úrsula von der Leyen acaba de poner sobre la mesa una propuesta para crear un Sistema Europeo Común para Retornos, es decir, nuevas normas para la deportación de migrantes y demandantes de asilo o, en palabras técnicas de Bruselas, “un marco legal para que los retornos constituyan un elemento clave del Pacto Migratorio y de Asilo”. La construcción de la Europa fortaleza que ya habían alertado en 2016 el eurodiputado Miguel Urbán y el economista especializado en migraciones Gonzalo Donaire en su libro Disparen a los refugiados llega para quedarse en el continente.

Las propuestas de la Comisión se centran en crear un nuevo sistema de retorno, o expulsiones, que sea más rápido y efectivo en sus procedimientos. La base será el sistema de mutuo reconocimiento que empezará a aplicarse en 2027, por el cual las decisiones de un Estado miembro sobre un migrante o demandante de asilo serán de obligado cumplimiento en los otros socios comunitarios. Si esa persona es expulsada, no podrá acceder a otro país ni pedir protección internacional en él.

La Comisión lo justifica para aportar una dimensión común europea entre los 27, ya que según un funcionario europeo “hasta ahora había formas de jugar con las normas o aprovechar los vacíos legales”. Según esta fuente de la Comisión Europea, “el proceso [de expulsión] será así más sencillo y además se desincentiva el movimiento irregular de un Estado miembro a otro”. Bruselas lo justifica con datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión, aportados por los países, según los cuales sólo un 20% de los migrantes con una orden de expulsión son efectivamente deportados.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, fue el encargado de presentar este martes en Estrasburgo delante del Pleno de la Eurocámara el endurecimiento de la política migratoria. Ese reconocimiento mutuo obligatorio entre los otros socios comunitarios se basará en una nueva Orden Europea de Retorno, registrada en futuras bases de datos compartidas entre los países. Cualquier persona ilegal que reciba una orden de expulsión entrará en esos ficheros. Bruselas propone que si no coopera, se fuga a otro Estado miembro o no abandona la Unión en la fecha indicada la deportación sea forzosa.

Para obligar a la cooperación de los migrantes con las autoridades nacionales antes de llegar a esta etapa del proceso, la Comisión permitirá “la reducción o la retirada de beneficios o ayudas sociales”, “la retención de los documentos de identidad” y mismo la prohibición duradera de que esa persona entre en la Unión. “Son incentivos” ofrecidos este martes, como los califica otra alta fuente comunitaria, porque “se ha puesto mucho énfasis en los retornos voluntarios”, y que completarían los pocos cientos de euros que ya recibe el irregular que se acoja a la salida.

Los Estados de la Unión deben ahora estudiar para su aprobación, modificación o rechazo estas medidas de endurecimiento migratorio que ofrece la Comisión. Entrarían en vigor en un par de años. En principio, no sólo gobiernos ultras como el húngaro, italiano, checo, eslovaco o neerlandés estarían a favor, también han sido bien acogidas en Bélgica, Polonia, Grecia, Croacia, Suecia, Dinamarca o Austria.

En Estrasburgo, las propuestas de Brunner evidenciaron la división ideológica de una Eurocámara volcada a la derecha desde las elecciones europeas de primavera. El Partido Popular las apoyó con el español Javier Zarzalejos subrayando “la importancia de establecer un sistema más eficaz para la expulsión de inmigrantes en situación irregular”. Otro eurodiputado popular, Juan Ignacio Zoido, confirma que la nueva legislación de retorno “es la clave de bóveda” de la política migratoria “que llevamos años construyendo”. Desde la ultraderecha de Patriots for Europe, el tercer grupo parlamentario donde están los legisladores de Orbán, Le Pen, Vox o Matteo Salvini, han apoyado este endurecimiento migratorio como “un paso adelanto significativo”. Y los liberales de Renew, el grupo de Macron, daban “la bienvenida a los planes de la Comisión”.

Enfrente, Los Verdes y La Izquierda han alzado la voz contra un nuevo sistema que deja de basarse en los retornos voluntarios para “forzar las deportaciones por sistema, abriendo la puerta a los llamados centros de retorno en terceros países y poniendo en riesgo la responsabilidad de la UE en la defensa de los derechos humanos”.

La eurodiputada de Podemos Isa Serra lo calificó como “grave vulneración de derechos humanos” porque implica “deportaciones forzosas a terceros países en los que esas personas ni siquiera han estado nunca”, al tiempo que criticaba a Bruselas por estar “compitiendo con Trump para ver quién es más racista”. La legisladora española citó como ejemplos las deportaciones que está realizado la nueva Administración estadounidense de migrantes latinos hacia Guantánamo, etapa intermedia de su expulsión, o el acuerdo suscrito hace un año por la primera ministra Giorgia Meloni con Albania para la creación de centros de internamiento de migrantes expulsados desde Italia.

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Aunque la Comisión Europea ha intentado apartarse del modelo italiano-albanés, lo cierto es que la segunda gran medida de su sistema de retorno es muy semejante a los centros de detención pactados por Giorgia Meloni con el gobierno de Tirana. Auténticas cárceles para personas indocumentadas, pagadas con dinero público italiano que los jueces de ese país están tumbando.

Por primera vez, Bruselas propone abiertamente crear lo que llama hubs de retorno, centros en países fuera de la UE por los que supuestamente habrían pasado el migrante en su camino al viejo continente y a los que sería expulsado, al tiempo que evita su responsabilidad y deja abierta esta posibilidad a lo que decidan los Estados miembros. “Estamos regulando lo que puede hacer la UE, la idea es poner en marcha un sistema para que los Estados miembros tengan estos instrumentos”, explica una de las fuentes comunitarias.

Pero los documentos oficiales de la Comisión son muy claros y hablan de desarrollar esos centros de retorno en terceros países para “aquellas personas que han estado ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno”. En esta evasión de responsabilidades, el ejecutivo comunitario no habla en ningún momento de expulsión o deportación y deja las condiciones de los centros “al acuerdo o los arreglos con un tercer país sea bilateralmente o a nivel europeo”. Aunque Bruselas no ha ofrecido una partida específica, estas instalaciones sí contarían con financiación europea, 3.000 millones de euros que insisten en la Comisión son para todo el nuevo sistema de retorno, no sólo para los hubs.

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Los acuerdos bilaterales con países fronterizos se crean, denunciaban hace ya casi una década, el eurodiputado Urbán y el economista Donaire en su libro, para que estos territorios “ejerzan de gendarmes y como espacios de no-derecho lejos de las miradas de las cámaras y de la jurisprudencia de los acuerdos internacionales de respecto de los Derechos Humanos firmados por los países europeos”. Se trata de una externalización parcial de la gestión migratoria.

Bruselas intenta evitar este tipo de críticas al argumentar que los demandantes de asilo o migrantes deportados podrán recurrir la decisión ante la justicia, y que tanto los tribunales nacionales de los países europeos que cierren estos acuerdos bilaterales, como el Tribunal de Justicia de la UE o la Corte Europea de Derechos Humanos, serán competentes sobre estos centros.

En la propia Comisión creen haber presentado un nuevo sistema “con un fuerte equilibrio entre derechos y obligaciones, por ejemplo, con el derecho a apelar la decisión de las deportaciones”, pero lo cierto es que a esos mismos funcionarios europeos también se les escapa sobre el nuevo sistema de deportaciones ofrecido a los Estados miembros que “en los últimos años hemos visto demasiados casos en los que la emigración irregular se ha visto involucrada en serios crímenes”.