Las autoridades de Papúa Nueva Guinea estiman más de 2.000 personas podrían haber sido sepultadas por el devastador corrimiento de tierra y rocas que tuvo lugar el pasado viernes y que ha afectado a cientos de viviendas que han quedado enterradas en las localidades de Kaokalam y Yambali. El Centro Nacional de Desastres (CND) del país ha indicado en una carta enviada a Naciones Unidas que son miles las personas que podrían haber sido "sepultadas vivas" en el marco del desastre natural, que ha provocado la destrucción de numerosas viviendas en la zona, situada en las tierras altas del norte de Papúa Nueva Guinea, según ha informado Europa Press.

Las autoridades, que han alertado del gran impacto del desastre en la economía de la zona, han lamentado que la carretera principal que conecta con la mina de Porgera se encuentra completamente bloqueada y han denunciado que la situación es "inestable". Desde el CND han señalado que las rocas siguen desplazándose, lo que supone un riesgo para los supervivientes y los servicios de rescate, que se han topado con serias dificultades para acceder a la zona afectada.

Según las autoridades locales, en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea suelen vivir entre 10 y 15 personas por domicilio, por lo que las estimaciones de fallecidos podrían aumentar durante los próximos días teniendo en cuenta además que otras cuatro localidades más se han visto en mayor o menor medida afectadas por el deslave.

La Organización Internacional para la Migración (OIM) estima que al menos 670 personas habrían muerto en la devastadora avalancha de tierra y rocas. Por su parte, el Gobierno australiano ya ha comenzado a movilizar ayuda humanitaria a través de la capital, Port Moresby, pero la ciudad se encuentra a 600 kilómetros de la provincia de Enga, por lo que no se espera su llegada inmediata.

La erupción del volcán submarino cerca de la isla de Tonga, en el Pacífico, ha sido registrada en España y podría haber generado un meteotsunami (tsunami provocado por causas meteorológicas y no sísmicas) en Baleares, según expertos de Meteored. "La violenta explosión del volcán Hunga Tonga, en el Pacífico, ha generado un tren de ondas de presión por el aire, que se ha expandido por toda la atmósfera, registrándose oscilaciones bruscas de la presión a su paso en los observatorios y estaciones meteorológicas de todo el mundo, incluida España", señala el meteorólogo José Miguel Viñas.

Tal y como explica el experto, paralelamente a eso, la erupción también generó "un tren de ondas marinas que se ha propagado por toda la cuenca del Pacífico, provocando un tsunami de consecuencias catastróficas en las islas del archipiélago de Tonga, impactando con menor magnitud muchas otras zonas costeras de la citada cuenca".

El penacho volcánico (columna de ceniza) se estima que ha alcanzado los 20 kilómetros de altitud, penetrando en la baja estratosfera. "La onda expansiva atmosférica propagó el sonido de la violenta erupción a larga distancia. Fue de alta intensidad en un radio de centenares de kilómetros en torno al volcán, llegando a registrarse el sonido a miles de kilómetros de distancia, en lugares tan distantes de Tonga como Alaska", indica Viñas.

Por su parte, Francisco Martín, también meteorólogo de Meteored, asegura que la onda de choque emitida por el volcán de Tonga, según los datos de la oficina meteorológica australiana (BOM), viajó a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. "En algunas zonas esto se tradujo en oscilaciones de presión de entre 6 y 7 hectopascales (hPa).

Sobre las 21.00 horas del sábado llegó a la Península Ibérica y Baleares con vaivenes de entre 1 y 2 hPa", relata. Según este experto, estando aún pendiente de revisión, se estima que la onda pudo crear este sábado en Baleares "un meteotsunami de varias decenas de centímetros".

Un tsunami provocado por la erupción submarina del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ha causado graves daños materiales en las poblaciones la línea de playa del reino de Tonga, así como la declaración de alertas de tsunamis y fuertes oleajes por toda la región del Pacífico, sin que de momento se tenga constancia de víctimas, según informa Europa Press.

Vanuatu, Fiyi, Australia o los estados norteamericanos de Samoa Occidental y Hawái han emitido algún tipo de alerta por fuerte oleaje. En este último caso, el Centro de Advertencia para Tsunamis del Pacífico ha constatado "pequeñas inundaciones" antes de añadir nuevas alertas para la costa oeste de EEUU e incluso Alaska y el oeste de Canadá.

También en las últimas horas la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta por tsunami para las islas de Amami y Tokara, en el sur del país. El organismo nipón prevé olas de hasta 3 metros de altura en estas islas, donde ya se ha observado la llegada de la primera ola, de 1,2 metros de altura.

El resto de la costa japonesa se encuentra bajo una alerta por fuerte oleaje, de acuerdo con el comunicado recogido en la web de la agencia. "Las personas en áreas costeras bajo avisos de tsunami deben mantenerse alejadas de las playas y las desembocaduras de los ríos", alerta el comunicado, recogido por NHK.

El Servicio Meteorológico de Tonga emitió una advertencia para todo Tonga alrededor de las 15.30 (hora local) tras confirmar la aparición de un tsunami de 1,2 metros que se aproximaba a la capital, Nuku'alofa.

La ceniza expulsada por el volcán, situado a unos 30 kilómetros al sureste de la isla de Fonuafo'ou, ha alcanzado los 20 kilómetros de altura y la explosión, claramente visible desde el espacio, fue acompañada de un seísmo de magnitud preliminar 4,0, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las autoridades dieron orden de evacuación inmediata a las poblaciones de las zonas costeras antes de que la primera crecida comenzara a inundar las residencias más próximas al agua, según informa el New Zealand Times, pero la situación sobre el terreno sigue siendo incierta, porque las comunicaciones están ahora mismo cortadas. Se sabe que al menos un centenar de familias consiguieron escapar de aldeas de Palauli y Satupaitea antes del el impacto de una gran ola contra la línea de playa.

Por su parte, el portal Island Business ha informado que el rey Tupou VI ha sido evacuado del Palacio Real antes de que la crecida llegara a la capital. El monarca ha sido trasladado a una villa en Mata Ki Eua mientras los residentes se dirigían a un terreno más alto.

La erupción del volcán es la segunda en las últimas horas, según ha informado el experto en tsunamis Andrew Gissing, responsable de Risk Frontiers, al New Zealand Herald, tras la ocurrida el viernes. Sin embargo, "ésta parece ser mucho más grande" y un nuevo despertar tras cierta actividad registrada durante los últimos días de diciembre y la primera semana de enero.

Los países de la región también están bajo estado de alarma después de que otro fuerte oleaje ha impactado en las playas de Vanualevu, en Fiyi, donde fue emitida una alerta temporal por tsunami, como también ha ocurrido en Vanuatu. El estado de Samoa Americana también emitió una alerta por oleaje, finalmente cancelada.

En Fiyi, su fiscal general, Aiyaz Sayed-Khaiyum, ha informado de que las autoridades están supervisando la calidad del aire y ordenado la apertura de centros de evacuación. Las personas deben trasladarse a un terreno más alto si es necesario y evitar la línea de costa. "Como medida de precaución, se recomienda a la población que cubra todos los tanques de agua que pueda tener en sus casas y se queden dentro de sus domicilios en el caso de la llegada de lluvia ácida", ha explicado. Asimismo, Defensa Civil de Nueva Zelanda anticipa que "las áreas de la costa norte y este de la Isla Norte y las Islas Chatham experimenten corrientes fuertes e inusuales y oleadas impredecibles".

Mientras tanto, el Gobierno federal australiano ha comunicado un aviso parcial de tsunami para las costas de Nueva Gales del Sur y Queensland, así como para partes de Victoria, Tasmania y la isla de Norfolk, y está "supervisando la situación y "listo para brindar apoyo a Tonga si así lo solicita", de acuerdo con un comunicado. "Tonga es parte de nuestra familia del Pacífico y nuestros pensamientos están con toda la comunidad que se enfrenta al impacto de la erupción volcánica y el tsunami", según portavoz del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia.

"Las evaluaciones iniciales todavía están en marcha y estamos trabajando para garantizar que los australianos en Tonga estén seguros y contabilizados", añade la nota, recogida por la cadena australiana ABC.

El líder de la comunidad tongana en la ciudad neozelandesa de Auckland, Melino Maka, lleva horas intentando comunicarse con la isla, sin suerte. "Es un momento bastante ansioso para nosotros. Me quedaré despierto y seguiré intentándolo. Todas las redes están caídas", ha explicado al Herald sobre la situación actual en la isla, ahora mismo de madrugada.

Maka ha avisado que "esta noche sería una noche difícil para los que están en el terreno, así como para las familias en Nueva Zelanda y en todo el mundo que esperan la luz del día para ver cuál es el daño". "Las familias están esperando a ver qué sucederá. Eso es lo más desesperado: no saber", ha añadido. "Después de ver los videos en línea y en la televisión, sabemos que habrá daños", ha indicado.

Philip Wilson, un arzobispo australiano, ha sido sentenciado este martes a doce meses de arresto domiciliario por encubrir abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote, convirtiéndose en el católico de mayor rango en el mundo en ser sentenciado por tal acusación.

El magistrado Robert Stone ha dictaminado que Wilson, de 67 años, podría optar a la libertad condicional después de seis meses, según ha informado la cadena australiana ABC.

En su sentencia, Stone ha afirmado que Wilson, el arzobispo de Adelaida, no ha mostrado "remordimiento o arrepentimiento.

Joe Mitchell protesta después de que se anunciara la sentencia al Arzobispo Philip Wilson en el Tribunal Local de Newcastle (Australia). | EFE

Wilson fue declarado culpable en mayo por encubrir un delito gravemente imputable del sacerdote James Fletcher después de que fuera informado en 1976 cuando era asistente de un párroco en el estado de Nueva Gales.

El año pasado, Australia cerró una investigación de cinco años designada por el Gobierno sobre el abuso sexual infantil en iglesias y otras instituciones, en medio de acusaciones en todo el mundo de que las iglesias habían protegido a los sacerdotes pederastas moviéndolos de parroquia en parroquia.

La investigación determinó que el 7 por ciento de los sacerdotes católicos que trabajaban en Australia entre 1950 y 2010 habían sido acusados de delitos sexuales contra niños y que casi 1.100 personas había presentado demandas de agresión sexual infantil contra la Iglesia Anglicana durante 35 años.

El matrimonio homosexual es ya legal en 26 países de todo el mundo. 15 estados de la Unión Europea, siete en América y otros dos del resto del mundo, a los que se suma Australia, han reconocido hasta ahora la unión civil entre personas del mismo sexo.

El Parlamento australiano ha aprobado este jueves con solo cuatro votos en contra la ley por la que legaliza el matrimonio entre personas de mismo sexo. Esta ratificación obedece a la consulta finalizada el mes pasado, en la cual la inmensa mayoría de la población dijo sí en un referéndum postal que se ha extendido desde agosto.

La antigua Ley de Matrimonios de 1961 fue enmendada en 2004 para precisar que solo pudieran casarse un hombre con una mujer. Desde entonces ha habido al menos 20 intentos políticos de aprobar el matrimonio gay.

El listado completo de países que reconoce estas nupcias es el siguiente: Alemania, Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Noruega, Malta, Islandia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y ahora Australia.

Aunque el matrimonio homosexual era ilegal hasta ahora en el país oceánico, Canberra reconoció de forma legal en 2014 la existencia de un género "neutro" o "no específico".

A finales de agosto, miles de personas salieron a las calles de Melbourne para expresar su apoyo a la legalización del matrimonio homosexual en la recta final de la campaña para el referéndum.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, había aseverado que "antes de Navidad" debían "cumplir con el compromiso" de aprobar las nupcias. Turnbull recalcó entonces que el referéndum ha supuesto "el sello democrático definitivo a este cambio histórico".

La Oficina Nacional de Estadística de Australia ha indicado este lunes que más de 10 millones de personas, un 62,5 % del censo electoral, han emitido su voto postal en el marco de una consulta sobre la legalización del matrimonio homosexual en el país.

La votación comenzó el mes pasado y se extenderá hasta el 15 de noviembre, cuando se conocerán los resultados, que mostrarán si el primer ministro, Malcolm Turnbull, ha sido finalmente capaz de resolver una cuestión que ha amenazado con dividir su Gobierno. Turnbull, prometió en su carrera para la silla presidencial en 2016 que pondría a debate el matrimonio homosexual.

La respuesta a la consulta, que la semana pasada contaba con 9,2 millones de personas, ha sobrepasado la participación recabada durante el referéndum celebrado en 2015 en Irlanda, que contó con un 60,5 % del censo electoral.

Según un sondeo realizado por Sky News ReachTel, un 64 % de los encuestados ya ha enviado su voto a favor del "sí", mientras que un 6 % aún no lo ha enviado pero tiene intención de hacerlo.

Aunque el matrimonio homosexual aún es ilegal en Australia, el país reconoció de forma legal en 2014 la existencia de un género "neutro" o "no específico".

A finales de agosto, miles de personas salieron a las calles de la localidad de Melbourne para expresar su apoyo a la legalización del matrimonio homosexual en la recta final de la campaña para el referéndum.

La votación supone el segundo intento de Turnbull de resolver el problema a través de las urnas. El Senado australiano rechazó en 2016 que se llevara a cabo una votación obligatoria al respecto.

Decenas de solicitantes de asilo que se encuentran atrapados en un centro de detención de inmigrantes de Manus, en Papúa Nueva Guinea, han aceptado regresar a sus países de origen a cambio de una compensación económica por parte del Gobierno de Australia, según ha comunicado este jueves las autoridades australianas.

Australia no ha escatimado esfuerzos en intentar vaciar el centro de detención que hay en Manus, repleto de inmigrantes cuya solicitudes de asilo han sido denegadas hasta en tres ocasiones, según ha informado Europa Press.

Numerosos grupos de Derechos Humanos han denunciado las políticas migratorias del Gobierno de Australia, que permiten la detención indefinida de cualquier inmigrante que intente alcanzar las costas del país. Hace algo más de una década, Australia pactó con la islas de Nauru y Papúa Nueva Guinea para que los inmigrantes que llegasen a las costas australianas pudieran ser trasladados a sus centros de detención.

A finales de enero, la agencia de noticias Reuters informó de que cientos de inmigrantes estaban siendo sometidos a presiones ilegítimas por parte de las fuerzas de seguridad australianas para aceptar dinero a cambio de regresar de forma voluntaria a sus países de origen. Las cantidades rozaban los 23.000 euros por persona.

Varias ONG y grupos por los derechos civiles han comenzado procesos judiciales para detener los intentos de deportación del Gobierno de Australia. No obstante, de acuerdo con fuentes cercanas a las autoridades australianas, al menos 29 hombres retenidos en el centro de Papúa Nueva Guinea han aceptado las condiciones y serán deportados de forma voluntaria en las próximas semanas.

Alrededor de 14 inmigrantes han pedido a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que gestione su traslado por temor a las posibles condiciones de vuelo impuestas por el Gobierno australiano.

Ofrecer dinero a solicitantes de asilo para que vuelvan a casa no es ilegal. Las sumas ofrecidas por el Gobierno de Australia se han doblado en el último año y superan con creces a las del resto de países occidentales. Alemania ya ha anunciado planes para ofrecer una suma de 1.200 euros a inmigrantes para que regresen a sus países.

Después de cuatro años detenidos en condiciones insalubres y abusivas, cientos de inmigrantes atrapados en Nauru y Papúa Nueva Guinea sufren enfermedades mentales, según ha advertido Naciones Unidas. El año pasado, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinó que el centro de detención de inmigrantes de Manus está cometiendo violaciones contra los Derechos Humanos, es ilegal y debe ser clausurado.

Australia intenta infligir "tanto sufrimiento como sea posible" a los refugiados que tratan de llegar a sus costas procedentes de Pakistán, de Oriente Medio y de los países insulares del Pacífico. El Gobierno del país mantiene una "prisión al aire libre" en Nauru, el tercer país más pequeño del mundo y una isla cercana, donde alberga a todos los solicitantes de asilo que intentan llegar por mar y donde se han documentado más de 2.000 denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Las expresiones son de Amnistía Internacional, que junto a otras ONG’s lleva años denunciando la política antinmigración del Ejecutivo de Malcolm Turnbull, que califican de "un sistema deliberado de crueldad y abandono" y "una violación flagrante de los derechos humanos de las personas".

La empresa española Ferrovial está implicada en la gestión de las polémicas instalaciones del país oceánico. La compañía española es propietaria del 59,2% del capital de Broadspectrum, la empresa que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y transporte en un centro de detención en el punto de mira por sus irregularidades. Broadspectrum, a su vez, subcontrata a Wilson Security la seguridad del lugar. Sus agentes han sido acusados de agresiones físicas y sexuales a los internos. Al menos hasta octubre de 2017, confirman fuentes de Ferrovial, Broadspectrum y Wilson Security estarán ligados a Nauru.

La peculiar y criticada política contra la inmigración irregular de Australia comienza con la solución del Pacífico, instaurada en 2001 y vigente hasta 2007, mediante la cual el país se reservaba el derecho de retener fuera de su territorio a cualquier solicitante de asilo que llegara a su costa por mar y que no pudiera acreditar estar camino de otro país. La táctica se abandonó ante las críticas de la ONU, pero volvió en 2012 con el Ejecutivo de Julia Gillard y la reapertura del centro de Nauru, donde Canberra aparca a estas personasaparca, provenientes sobre todo de Oriente Medio y sus conflictos, a la espera de que se tramiten sus peticiones. Es la principal fuente de ingresos del pequeño país insular, al que el Gobierno de Australia le ha pagado casi 2.000 millones estadounidenses en tres años, al borde de la ruina por el fin de sus reservas de fosfato. Las ONG afirman que las duras condiciones en este tipo de instalaciones son pensadas para disuadir a los que se atrevan a intentar alcanzar Australia por mar. Los mensajes que el Gobierno lanza van, efectivamente, por el camino de la disuasión. No hay manera de que podáis vivir en nuestro país, claman a los cuatro vientos.

Con la reapertura volvieron los abusos, que se conocieron gracias a la publicación por parte de The Guardian de los Nauru files, una filtración de 2.000 documentos que componen un macabro collage de la violación de los derechos humanos en el centro de detención. Se visualiza mejor gracias al tratamiento de los datos de la cabecera británica.

El último informe de Amnistía Internacional lo deja claro. "La combinación de angustia psicológica grave de las personas refugiadas, el carácter intencionadamente nocivo del sistema, y el hecho de que el objetivo de la tramitación extraterritorial sea intimidar a otras personas o coaccionarlas para lograr un resultado concreto, hacen que el régimen de tramitación extraterritorial de Australia encaje en la definición de tortura en virtud del derecho internacionaltramitación", asegura la organización en su análisis de la realidad en la pequeña isla del Pacífico. Su trabajo de campo habla de una situación de angustia psicológica permanente de los retenidos, una desidia de las autoridades a la hora de atender sus necesidades básicas, un ambiente continuo de inseguridad en el que las mujeres se llevan la peor parte. Abya, una joven somalí de 15 años, denunció haber sido violada y fue trasladada a Australia para abortar, recoge El Periódico. Una investigadora de Amnistía Internacional sobre migración y refugio, Anna Shea, nos pone otro ejemplo: "Un hombre nos contó cómo su esposa embarazada trató de suicidarse porque no podía soportar la idea de traer otra persona a este mundo. Incluso conocimos a niños que habían intentado suicidarse varias veces".

Como esos casos, decenas. El portal de los Nauru files de The Guardian sorprende por la frialdad del registro de las denuncias. Documentos asépticos que cuentan golpes, palizas, asaltos, abusos sexuales y una sensación de impunidad e indefensión. El tabloide inglés destaca, en cada mes de filtraciones, frases con lo más estremecedor. "Le entregó la cuerda al encargado del caso diciendo que había considerado usar esto para suicidarse". "Empezó a vomitar. Se detectó un fuerte olor a lejía. Se activó el código azul". "Ella dijo que se aseguraría de que los medios de comunicación conozcan la verdad sobre lo que sucede aquí en Nauru". Más de 2.000 registros durante 2013, 2014 o 2015. El centro alberga actualmente a unas 1.150 personas.

Las autolesiones son los incidentes más frecuentes, seguidos de las denuncias por abuso de poder de los empleados de seguridad, generalmente nauruanos. Shea confirma que las automutilaciones y los problemas de salud mental son pan de cada día en este centro y critica la actitud pasiva y complaciente del Ejecutivo australiano. "Compartimos nuestras conclusiones con el Gobierno. Niegan rotundamente todas nuestras afirmaciones, pero no ofrecen ninguna evidencia para contrarrestarlas. (…) El Gobierno no quiere que se conozca todo el alcance del abuso, y ha hecho esfuerzos extraordinarios para esconderlo".

La versión de Ferrovial

Cuando The Guardian publicó las primeras informaciones, Ferrovial se apresuró a declarar que Broadspectrum finalizaba su contrato con el centro de detención en febrero de 2017 y que no pensaba renovarlo. Sin embargo, aclaran a preguntas de infoLibre fuentes de la compañía, el Gobierno australiano ha hecho efectiva la opción de ampliar unilateralmente el acuerdo ocho meses más, hasta octubre. Tanto la empresa australiana como su subcontrata en el ojo del huracán, Wilson Security, abandonarán Nauru entonces, asegura Ferrovial.

La compañía española defiende que Broadspectrum "no opera ni gestiona" estos CIEs del Pacífico. "La compañía es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Fronteras del Gobierno australiano, que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y de transporte", aseguran a infoLibre. Sobre las denuncias de torturas, violaciones y abusos por parte de su subcontrata, la empresa afirma que "un número de las alegaciones se han producido antes de que Broadspectrum trabajase en los centros" y que "muchas de ellas se han demostrado que son infundadas". El departamento de comunicación de Ferrovial añade, además, que la empresa manifestó que el centro de Nauru "no era una actividad estratégica" en cuanto adquirió la mayoría del capital de la compañía australiana, ya que simplemente querían introducirse en el mercado del país.

Algunos de los activistas que han denunciado la situación en la pequeña isla del Pacífico han avisado a Ferrovial de que, en un futuro, podrían enfrentarse a consecuencias legales si esperan a la expiración del contrato para retirarse del centro. Una experta en derecho internacional citada por El Confidencial, Diala Shamas, aseguró el pasado verano que empleados de Ferrovial podrían llegar a ser procesados por "responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad", una interpretación que la empresa rechaza tajantemente. "Todas las empresas que trabajan bajo contrato con el Gobierno de Australia en Nauru deben revisar urgentemente si sus operaciones en Nauru son consistentes con la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos", insiste Shea.

Trump no pretende ayudar

El centro de detención de Nauru ha vuelto a la agenda periodística esta semana. Aunque no por las denuncias de violaciones de derechos humanos, sino por la excéntrica manera de hacer diplomacia de Trump y los acuerdos de Estados Unidos con Australia al respecto de los refugiados recluidos. La Administración Obama acordó con el país oceánico alojar a un número indeterminado de los atrapados en Nauru y en la isla de Manus, en Papúa-Nueva Guinea, que cuenta con un centro similar. El pacto ha sido calificado de "estúpido" por el nuevo presidente y su tensa conversación con el primer ministro australiano por teléfono ha sido portada de los medios.

El magnate aseguró este jueves que otros países "se han aprovechado" durante años de Estados Unidos y declaró que quería saber "por qué estaba haciendo esto" su país, en referencia al acuerdo de Obama, pero se comprometió a respetarlo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, a pesar de sus promesas, dejan entrever que la situación de los refugiados que malviven en Nauru ni cambia ni va a cambiar, opinan las organizaciones humanitarias. "La retirada de Broadspectrum y Wilson Security no mejorará nada. La situación de los refugiados y solicitantes de asilo en Nauru no mejorará hasta que se les permita reiniciar sus vidas en un lugar seguro", sentencia Shea.

Esto que resulta tan surrealista está ocurriendo lejos, pero delante de nuestras narices acomodadas: ¿cuántas mujeres, hoy en día, viven bajo presión y calladas porque lo contrario significa más agresiones, violaciones, maltratos y explotación física? ¿Cuántos niños con perfil autista –a veces desarrollado dentro del ambiente crispado que sufren en sus familias− necesitan atención especial en el colegio y no la reciben porque los recortes han reducido la plantilla? ¿Cuánta información más podremos aguantar y procesar sin que pase nada, sin que estalle nada, sin que nadie se mueva de la foto? Y mucho más contundente: ¿Hasta cuándo durarán los efectos secundarios de la farfolla en la que algunos −a saber quiénes son− están empeñados en convertirnos? Sin embargo, de nosotros depende cambiar la dirección cuando la que llevamos no nos lleva a ninguna parte salvo al abismo.

Me preocupa bastante que las agallas se nos acostumbren a escuchar o leer este tipo de cosas y hacerlo con la misma o mayor pasividad con la que consultamos los anuncios por palabras, ya que permanecer más tiempo en estado silencioso, de alguna manera, hace que seamos cómplices por consentidores. Gabriel Celaya dijo que la poesía es un arma cargada de futuro, pero lo que el poeta no podía adivinar es que el futuro estaba lleno de desgracias, de polución adherida al corazón y empañando la empatía, de aprovecharse de las debilidades del otro porque todo vale, de encajar dolorosas carcajadas de humillación en las vaginas porque somos tan machos que hemos sido llamados a poblar el mundo, de mentir y peor aún, de mentirnos. De considerar que el semejante es gilipollas, y compartimentar la vida en paraísos fiscales para unos y manicomios −¿clandestinos?− para otros… Entremedias, mezclados y sin estorbarnos, sustentando la economía del mundo con pico y pala, nos movemos la gente menuda, los sin importancia, la población callada, el censo que con esfuerzo financia a los que atesoran sin límite y ayuda a los que no tienen… Los niños de la guerra, los desaparecidos, todas las víctimas, las mujeres asesinadas… Pero, pese a lo crudo de la realidad −cruel como la que apuntaba el informe de Human Rights Watch− los principios de solidaridad, justicia, igualdad y denuncia, siguen estando vigentes. __________________

Mayte Mejía es socia de infoLibre

España se sentará finalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016. La gran apuesta de política exterior del Gobierno logró salir adelante. Pero costó.

Hicieron falta tres votaciones para saber la identidad final de cinco de los diez asientos no permanentes del Consejo que ocuparán su silla a partir del próximo 1 de enero y por un periodo de dos años. En la primera salieron elegidas, directamente –dado que consiguieron la necesaria mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General de la ONU–, Angola (190 papeletas), Malasia (187), Venezuela (181) y Nueva Zelanda (145). En esta primera ronda, España obtuvo 121 votos (necesitaba 129, ya que emitieron su sufragio los 193 miembros de la Asamblea), y Turquía, 109.

Como ninguna de las dos pasó el listón, el presidente de la Asamblea, el ugandés Sam Kutesa, convocó una segunda vuelta. 120 votos para España, 73 para Turquía. Ninguna recabó la mayoría de dos tercios, y fue necesaria una tercera vuelta. En esta, España recabó 132 papeletas, y su rival turca, 60. En esta última fase se emitieron 192 votos a candidaturas y una abstención, por lo que la mayoría necesaria bajó a 128 apoyos. Así, España superó la barrera por cuatro votos. 

Las cinco vacantes que se liberan a partir del 1 de enero se reparten entre grupos regionales. Y el único en el que había competencia era en el de Europa Occidental y otros Estados (WEOG), al que pertenece España, y para el que había dos sillas por cubrir. El Gobierno de Mariano Rajoy rivalizaba con Turquía y Nueva Zelanda. Ambos, duros contrincantes, como reconocía Exteriores. El escenario de una victoria de Nueva Zelanda en la primera ronda y un posterior cuerpo a cuerpo con Ankara era el que manejaba el equipo del ministro de Asuntos Exteriores, el que ha defendido la campaña, informa Europa Press. 

España se jugaba un puesto muy codiciado, un escaño en el máximo órgano de decisión del mundo en cuestiones de paz y seguridad, el que abre la puerta a la política internacional de primer nivel. Un asiento que ha venido ocupando una vez cada 10 años desde su ingreso en la ONU en diciembre de 1955. Así, se convirtió en miembro no permanente del Consejo en los bienios 1969-1970 (en los años finales del franquismo), 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004. Este último periodo estuvo marcado por la guerra de Irak y el apoyo que le prestó el Ejecutivo de José María Aznar a EEUU. 

Prácticamente nada más acabar su último bienio, en 2005, España, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presentó su candidatura para 2015-2016, apuntalada en los valores del diálogo, la prevención del conflicto y la participación en las misiones internacionales de la ONU. El Ejecutivo también puso en valor que es el sexto donante mundial de Naciones Unidas, un peso que le daría derecho a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad al menos una vez cada década. 

De la decepción a la alegría

Las caras, primero de decepción y luego de alegría, eran visibles en la delegación española, encabezada por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y al que acompañaron en la sala el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito; el embajador de España ante la ONU, Román Oyarzun; el director general de Política Exterior, Ignacio Ibáñez; la directora general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Cecilia Yuste, y la directora general de Medios y Diplomacia Pública, María Claver. 

Desde Milán, en donde participaba en una cumbre euroasiática, Mariano Rajoy se felicitó de la victoria de España. Nuestro país "ya fue miembro durante un periodo de dos años. Revalidar la confianza que nos dieron en aquella etapa es algo de lo que nos podemos sentir legítimamente orgullosos y satisfechos", dijo el presidente, en una declaración sin preguntas. "Es una excelente noticia", enfatizó, informa Europa Press. También el principal partido de la oposición se congratuló del triunfo en Nueva York. La portavoz de Exteriores del PSOE, Trinidad Jiménez, felicitó al Gobierno por el "importante triunfo" que supone la vuelta de España en el Consejo de Seguridad de la ONU y subrayó el trabajo por haber llevado "todo el peso de las negociaciones". Es una "muy buena noticia para España", apuntó.

El Consejo de Seguridad cuenta con cinco miembros permanentes –EEUU, Reino Unido, Francia, China y Rusia–, con derecho de veto, y diez no permanentes, que son elegidos por periodos de dos años y tienen derecho de voto. A los cinco Estados elegidos este jueves (Angola, Malasia, Nueva Zelanda, Venezuela y España), se suman los que continúan como miembros rotatorios durante un año más (su bienio es el de 2014-2015): Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria. Del Consejo salen, pues, Argentina, Australia, Luxemburgo, Corea y Ruanda.