El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la pérdida de condición de funcionario de la Policía Nacional del exinspector jefe José María Ballesteros y el comisario Enrique Pamiés, ex jefe Superior de Policía del País Vasco, los dos agentes condenados por el 'chivatazo' a ETA en 2006.

La expulsión se ha hecho oficial tras la publicación de sendas resoluciones, con fecha de 26 de abril de 2018, firmadas por el secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, José Antonio Nieto, de acuerdo a la condena ya firme de la Audiencia Nacional, que falló en contra de estos dos policías el 16 de octubre de 2013.

La sentencia consideraba probado que Pamiés –que solicitó su indultó– ordenó en mayo de 2006 a Ballesteros que contactara con el miembro destacado de la red de extorsión de ETA y dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa. El objetivo era pasarle el teléfono desde el que iba a advertirle de que se iba a desarrollar de forma inminente una operación judicial y policial para detener a los implicados en el aparato de chantaje etarra a los empresarios.

Un año después, la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta por la Audiencia Nacional para Enrique Pamies y José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos. El Alto Tribunal desestimó la pretensión de dos asociaciones de víctimas del terrorismo y del PP de condenarlos también por colaboración con ETA.

"No estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA", recogió la sentencia. Se refiere al mandato del Parlamento en mayo de 2005 para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dialogara con ETA siempre que la banda dejara las armas.

El Ministerio del Interior ha comunicado este martes al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que ha encontrado un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos sobre el chivatazo a ETA del caso Faisán tras "una revisión manual de documentos y legajos de la Secretaría de Estado de Seguridad", según ha informado Europa Press.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que ha aparecido un documento titulado Informe de análisis operativo, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, "cuyo contenido podría corresponder con el documento reclamado por el juez".

"Al no constar en su título la palabra Faisán ni el número de diligencias a las que el juez hacía referencia, el informe no fue encontrado en una primera revisión informática de documentos de la Secretaría de Estado de Seguridad", explica Interior.

Ante ello, la Secretaría de Estado cursó la instrucción de que se realizará una "revisión manual y detallada" de los documentos y de su contenido, que ha tenido como resultado la localización del informe que aparece con el título Informe de análisis operativo, que lleva grabado en cada página la leyenda Copia, así como Uso Exclusivo Policial.

De la Mata ha citado este miércoles para que declaren sobre este asunto el ex director operativo de la Policía Eugenio Pino y el que era por entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas.

El fiscal del Tribunal Supremo Antonio Barranco ha defendido que los autores del chivatazo a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Gipuzkoa) el 4 de mayo de 2006 no pretendían "ayudar a las pretensiones" de la organización sino proteger "el proceso de paz" que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "para acabar con la actividad de la banda".

En la vista de casación que se ha celebrado este martes ante la Sala Segunda del alto tribunal, el representante del Ministerio Público ha solicitado la confirmación de la sentencia que dictó en octubre pasado la Audiencia Nacional, que condenó al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación.

"La intencionalidad del chivatazo no era servir a los intereses de la banda sino favorecer una conducta para acabar con esta actividad", ha defendido el fiscal del Supremo. Su compañero de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, solicitó dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos aunque, siguiendo la directriz del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ofreció la alternativa de cinco años por colaboración con organización terrorista.

infoLibre adelantó este martes que la dirección nacional del partido estaba estudianto interponer este recurso. 

La Audiencia condenó a año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer su cargo a esos dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA por un delito de revelación de secretos.

No obstante, el tribunal les absolvió del delito de colaboración en organización terrorista que se les imputaba al considerar que "la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido", informa Europa Press.

La Audiencia Nacional ha condenado a año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer su cargo a los dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA, que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), el 4 de mayo de 2006.

En la sentencia, que ha sido notificada este miércoles, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal establece que el exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros atribuye a los dos acusados un delito de revelación de secretos.

El tribunal, no obstante, les absuelve del delito de colaboración en organización terrorista que se les imputaba al considerar que "la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido".

Grave daño a la lucha antiterrorista

Sin embargo, el tribunal estima que que tratándose de una acción de los acusados realizada en el ámbito de la lucha antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA, su acción causó "un grave daño a la causa pública, independientemente de que dicho aparato de extorsión de ETA fuera detenido el 22 de junio de 2006".

El fiscal Carlos Bautista solicitó dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos aunque, siguiendo la directriz del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ofreció la alternativa de cinco años por colaboración con organización terrorista.

La pena más alta fue solicitada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclamó diez años de cárcel para Pamies y nueve para Ballesteros; mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió ocho y medio para el exjefe superior y ocho para el inspector; y el Partido Popular (PP) ocho años y medio y siete años y medio, respectivamente.

"Me va a permitir que sea prudente, pero no me cuesta nada decirle que hubiera preferido que hubiera ido a un hospital público. No iba a decir que son mejores, porque esto me crearía un problema con los hospitales privados, que están muy bien pero [los hospitales públicos] son muy buenos, son magníficos. Y yo hubiera preferido que lo hubiera hecho, pero es una decisión que entiendo que habrá tomado con sus médicos". 

Fue la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a Ana Pastor en el programa El objetivo de La Sexta, en su edición de este domingo, 22 de septiembre. El secretario general del PSOE se pronunciaba así sobre una decisión polémica de la Casa del Rey: operar al monarca en el hospital universitario Quirón Madrid, una clínica privada situada en Pozuelo de Alarcón, propiedad del fondo de capital riesgo Doughty Hanson y de la familia Cordón Muro. Los socialistas valoraron la elección a toro pasado. Pero antes de que se produjera, Cayo Lara, coordinador federal de IU, había pedido a Juan Carlos que se interviniera de su cadera izquierda en un hospital público para dar "ejemplo", ahora que cuestionan la sanidad pública "intereses bastardos". 

Rubalcaba desveló que habló el sábado con el jefe del Estado, y le encontró, dijo, "bien de ánimo, pero con un trasfondo de tristeza" por el retroceso de su recuperación. Del debate sobre una eventual renuncia del rey, prefirió ser cauto: "La abdicación es una decisión suya. Y creo más: el rey lleva muchos años reinando, y si algo ha demostrado es responsabilidad en momentos muy difíciles. Por tanto, confiemos en que él, en el momento en que crea que es oportuno, lo haga". ¿Y va a ocurrir? "Honestamente, no lo sé". 

El partido sí que es partidario de regular la figura del príncipe y la abdicación del jefe del Estado. En El objetivo Rubalcaba se refirió a los cambios necesarios: "La monarquía tiene que modernizarse, hay que darle transparencia, tiene que cambiar como el resto de las instituciones políticas de nuestro país". 

La incógnita de su candidatura

Preguntado por el caso Bárcenas, Rubalcaba no descartó presentar una moción de censura al Gobierno y aseguró que cuando decida hacerlo no será sólo por este asunto. "No será sólo por Bárcenas, será por las pensiones, el copago y el conjunto de la política del PP", indicó.

Rubalcaba insistió en que el PSOE celebrará primarias abiertas en un contexto de "cambio profundo" en el partido. "Las primarias son un elemento de apertura y participación y también de movilización. Las haremos cuando creamos que es mejor", explicó. Eso sí, reiteró que en Francia y en Italia se hicieron poco antes de las elecciones, para aprovechar su efecto movilizador. Y no descartó, de nuevo, presentarse a ellas, afirmando que lo hará si cree que es útil para su partido.

Sobre el caso de los ERE en Andalucíacaso de los ERE, se mostró tajante: "A [José Antonio] Griñán [el expresidente de la Junta] no le van a imputar, no ha hecho nada ilegal". Rubalcaba le calificó de hombre "honesto" y añadió incluso que no habrá "indicios" para imputarle. Sí admitió que en el Gobierno regional fallaron los controles previos. Rubalcaba cree que ni Griñán ni su antecesor, Manuel Chaves, sabían que se estaba desviando dinero de los ERE y, en cualquier caso, agregó que ninguno de los dos se benefició de ese dinero. A su juicio, en el caso Bárcenas la responsabilidad política está clara porque la situación es la contraria: "Porque se beneficiaron lo sabían".

En cuanto al caso Faisán, del que ahora se celebra la vista oral, afirmó que hay que dejar trabajar a la Justicia para que establezca qué paso ese día y si hubo chivatazo a la red de extorsión de ETA pero incidió en que todos los que iban a ser detenidos ese día lo fueron dos semanas más tarde. Es más, se preguntó si tiene sentido que un miembro de una red que recibe un soplo que le informa de que va a ser detenido se quede en casa para ser detenido dos semanas después. Y preguntado sobre si hubo instrucciones políticas a los policías implicados, aseguró que la orden que él dio en el Ministerio del Interior fue la de no bajar la guardia durante la tregua, como había sucedido en 1998. "El resultado fue que hubo muchas detenciones y hemos ganado la batalla".

En la cuestión catalana, Rubalcaba se mostró tajante con el derecho a la autodeterminación, con el que dijo no estar de acuerdo, y reconoció que hay un problema de convivencia entre Cataluña y el resto de España. "Creo que hay que sentarse y cambiar las cosas. Si no hacemos algo, las cosas irán a peor".

El exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, ha asegurado que en su "vida" ha hablado por teléfono con el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que recibió un chivatazo el 4 de mayo de 2006 sobre la existencia de una operación contra ETA, y ha añadido que nunca habría aceptado "una orden política" para interrumpir una operación policial.

Según informa Europa Press, el mando policial acusado, que se enfrenta a hasta nueve años de cárcel por estos hechos, ha asegurado este lunes en la Audiencia Nacional que la presencia del inspector José María Ballesteros en la zona del 'Faisán' se debió a que le pidió que visitara los tres puestos fronterizos porque tenía que reunirse en el Francia con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano' y temía a una acción de la policía gala.

"Quien me preocupa es la Policía francesa. Tenía que hacer el traslado porque él tenía acceso a material de la organización. Si nos pillan con eso, es muy difícil explicárselo (a los franceses). Hacemos un pan con unas tortas", ha dicho.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

En un escrito registrado este viernes, el fiscal pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

El escrito de la Fiscalía, que no lleva firma, señala que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el "fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha confirmado el auto de conclusión del sumario dictado por el juez Pablo Ruz y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días presente escrito de calificación de los hechos investigados.

El juez Ruz apuntó que los hechos podían ser constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos que se habrían cometido cuando el propietario del bar, Joseba Elosua, fue informado de la existencia de una operación policial contra el aparato de extorsión de la organización terrorista. El tribunal, presidido por Alfonso Guevara y completado por las magistradas Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, rechaza archivar el caso, como pedían las defensas de Pamies y Ballesteros.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó el pasado enero procesar a los acusados en un auto en el que calificaba el trabajo del juez instructor Pablo Ruz de "excelente" y añadía que las "objeciones" que la Sala de lo Penal le puso en septiembre de 2011, cuando revocó el primer auto de procesamiento, habían quedado "sobradamente aclaradas, superadas y resueltas".

En todo caso, el tribunal no valoraba si los hechos investigados eran constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos al señalar que las acusaciones tendrán que fijar "el objeto del proceso en el momento oportuno".

Indicios contra los procesados

Entre los indicios de criminalidad que pesan contra los procesados, el "más importante" se refiere a una serie de fotogramas revelados por la Guardia Civil tras la digitalización de la cinta de videovigilancia del establecimiento en la que "se podía observar al imputado José María Ballesteros en las inmediaciones y, más tarde, saliendo del bar 'Faisán' en un lapso horario coincidente con las llamadas efectuadas" entre el imputado y Pamies.

El auto de procesamiento también recordaba que el informe policial del comisario Carlos Germán, que dirigió la operación contra el aparato de extorsión y la investigación sobre el soplo, recogía que el móvil de Ballesteros se encontraba en las cercanías del bar y que él mismo reconoció ante el juez que era él quien aparecía en el vídeo.

Además, se tuvo en cuenta que Elosua confirmó en su segunda declaración judicial que la filtración se produjo en el horario señalado por el equipo investigador (entre las 11.20 y las 11.30), coincidiendo con la presencia de Ballesteros en el bar. Según Elosua, a esa hora en el Faisán "sólo había una persona que fuera extraña, pues todos eran de Iparralde y estaban hablando francés".Faisán

La Sala cerró en enero la vía a otras hipótesis reflejadas por las partes personadas en el proceso, al descartar que el chivatazo pudiera haber partido de otros cuerpos distintos a la Policía Nacional o se hubiera dado utilizando teléfonos por satélite.

Invocó entonces a la jurisprudencia del Tribunal Supremo estableciendo que existe delito de colaboración con organización terrorista si el imputado tiene "conocimiento y voluntad de la colaboración que se está prestando a la organización", resultando irrelevante si comparte sus "fines o móviles".

A este respecto citaba la resolución del TS que absolvió en julio de 2012 a las empresarias Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, que habían sido condenadas por la Audiencia Nacional a un año y tres meses de cárcel por pagar a ETA 6.000 euros tras recibir sendas cartas de extorsión en 2003 y 2006, al estimar que actuaron por "miedo insuperable".