La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la relación con España es "buena", pero le pidió "recapacitar" tras la polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura por no contestar la carta de Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos de la conquista. "Es buena (la relación), no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre nuestra posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, culturales", declaró en su primera conferencia matutina, según recoge EFE.

Aún así, la mandataria insistió en que la Corona española debe "recapacitar" tras la misiva que envió en marzo de 2019 el entonces presidente López Obrador a Felipe VI para que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los abusos de la colonia. "A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar", manifestó.

Para respaldar la petición de México, la presidenta señaló que el gobernador de California, Gavin Newson, ofreció una disculpa oficial en días recientes por el papel de esa entidad de Estados Unidos en la esclavitud y las disparidades raciales. "Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública, entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, sentenció.

La gobernante mexicana consideró "importante" retomar el tema de España porque ella implementará la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que el lunes promulgó López Obrador en su último día como jefe de Estado. La iniciativa reconoce por primera vez a los casi 70 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como "nación multiétnica" a México, donde 23 millones de personas son indígenas.

La presidenta defendió su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una "campaña tremenda contra México" que, según ella, se desató en España tras el episodio. "¿Qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, que fue una carta privada, que tenía que ser contestada como una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo", opinó.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, supeditó este viernes la normalización de relaciones con España, en un impás diplomático por no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo martes, a una "ceremonia de desagravios".

"En México cuando se descubría una ruina arqueológica, por ejemplo Petén o Palenque, las comunidades lo que pedían era una ceremonia de desagravios porque estábamos entrando en su territorio, tierra y cultura. Eso es lo que solicitaba México, una especie de reunión de desagravio de hace 500 años", dijo Bárcena en una rueda de prensa en Naciones Unidas.

Después de la decisión de Sheinbaum de no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura el 2 de octubre, el Gobierno español declinó acudir al acto, en un nuevo desencuentro diplomático entre ambos países durante el mandato del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Bárcena indicó que "lo más importante" es que "este tema no es reciente", sino que llega a colación de una carta que el gobernante mexicano envió a la jefatura del Estado español en 2019 solicitando "una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México" y que no encontró respuesta.

"Esa era un poco la tónica, invitando al rey (Felipe VI) y a las autoridades españolas a que vinieran a México y nos sentáramos a hablar", añadió Bárcena quien, no obstante, expresó que como canciller tiene una relación "excelente" con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con su titular de Exteriores, José Manuel Albares.

La próxima responsable de Medio Ambiente en el gobierno de Sheinbaum aseguró también que "entiende el problema desde la perspectiva de España", con cuyas autoridades, indicó, se ha reunido durante la semana de Alto Nivel de la ONU, pero ambos países tienen "la solución" y "hay que llevarla adelante". Bárcena calificó la relación entre México y España actualmente como de "gran dinamismo político y económico", después de momentos históricos distintos en los que se produjeron "agravios durante la colonia", y después el país latinoamericano "recibió a más de 40.000 españoles en le época de (Francisco) Franco".

El Gobierno español trasladó el pasado martes una "nota verbal" (conducto normal de comunicación escrita entre las embajadas y el Ministerio de Exteriores) para mostrar su queja formal ante la no invitación al rey Felipe VI. El Ejecutivo español, que no participará a ningún nivel en la ceremonia de traspaso de poder, evidenciaba así su posición ante un hecho sin precedentes en la relación que España y la Corona han tenido con los países de América Latina, y en la representación del monarca en las tomas de posesión de los respectivos mandatarios en la región. 

Por su parte, López Obrador, acusó este viernes a Sánchez, de "faltarle al respeto" a la mandataria electa por, según él, sugerir que fue idea del gobernante mexicano no invitar al rey a la investidura.

“Ahora con el asunto este de España me están faltando al respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa", declaró López Obrador en su conferencia matutina. El gobernante mexicano señaló que es "una falta de respeto adicional" del mandatario español el considerar que Sheinbaum "es manipulable" por atribuirle a López Obrador la decisión de no invitar al monarca a la toma de posesión de Sheinbaum, el 1 de octubre. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rememorado este jueves la reunión que mantuvo con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando este era gobernador de México DF, en la que dijo: "Odio a los españoles y odio a España. Nunca viajaré a España", según informa EFE.

García-Page ha recordado este encuentro este jueves en Toledo, durante la inauguración de las XXIII Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, en la que de este modo ha hecho alusión a la decisión del Gobierno mexicano de no invitar al rey Felipe VI a la investidura de la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Esta ha argumentado que lo ha hecho porque el monarca no respondió a la carta que López Obrador le envió en 2019 instándole a pedir perdón por la conquista.

El presidente castellanomanchego ha desvelado que él y el expresidente de la Junta de Comunidades José Bono se reunieron con López Obrador cuando este era gobernador de México DF, un encuentro que empezó "raro".

"Nos citó a las 6:30 horas y yo iba inquietado, pero luego nos dijeron que todos los días daba una rueda de prensa a las 7:00, incluso el día de Navidad", ha apuntado García-Page. Ante estas palabras, García-Page ha reconocido que pensó: "Ya está acabada la reunión". Aunque ha añadido: "Bono le echaba paciencia, y yo también. Ahora le hecho mucha más". Con todo, ha afirmado que salieron "llevándose las manos a la cabeza".

Tras explicar esta reunión, el presidente castellanomanchego ha recordado que también por Toledo y por España han pasado varias civilizaciones y culturas, como romanos, árabes y franceses, ante lo que ha considerado: "Nadie le vamos a pedir a Giorgia Meloni (presidenta de Italia) que pida perdón por haber venido aquí los romanos o a los musulmanes por haber estado 700 años...".

De este modo, ha defendido que en la actualidad todas las sociedades tienen "sangre mezclada" y ha valorado que "ahí está la riqueza realmente". Por ello, ha considerado que alguien tiene "un problema muy serio cuando reniega de una parte de su sangre, se le nota".

"La sangre, aunque la mezclemos, es la misma, en todos los rincones del planeta. Eso no nos debería separar ni a blancos ni negros, ni a altos ni bajos ni los que hablan un idioma u otro. Es la esencia de la humanidad, todos tenemos la misma sangre, siempre tiene la misma composición", ha concluido.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que no invitó al rey de España, Felipe VI, a su ceremonia de investidura, el 1 de octubre, porque el monarca no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista, informa EFE.

"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación", aseguró Sheinbaum en un comunicado.

La futura mandataria, quien dijo haber recibido una llamada "hace un par de días" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para conversar "sobre el particular", reaccionó así al anuncio de España del martes sobre no enviar a ningún representante a su toma de posesión por haber excluido a Felipe VI de la invitación a ese acto.

Sheinbaum argumentó que sólo invitó a Sánchez porque el monarca no respondió a la carta que López Obrador le envió el 1 de marzo de 2019 para solicitar que, ante la celebración de los 200 años de independencia de México, "exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados" por la conquista.

La próxima gobernante mexicana criticó la falta de respuesta, la filtración de la misiva y que únicamente el "Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa". "Hasta el momento, esa circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al Gobierno de México", señaló.

Pese a las circunstancias, Sheinbaum reconoció que "México y España comparten una sólida relación de amistad, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales", al recordar que el país latinoamericano "fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos" en la guerra civil española.

Pero insistió en la legitimidad de la petición de México sobre que España reconozca de manera pública los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la colonización, como ella ya había solicitado en julio pasado. "Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera", remarcó.

La falta de un representante de España en la investidura de Sheinbaum es un nuevo momento de tensión bilateral desde que López Obrador declarara en febrero de 2022 una "pausa" en las relaciones por los abusos que él denuncia que cometieron las empresas españolas en México, en particular del sector energético.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la decisión de Sheinbaum tras ser cuestionado durante su conferencia matutina sobre la decisión de esta. El mandatario señaló que la monarquía española actuó con mucha prepotencia, pues nunca contestaron la carta “respetuosa y formal” sobre su petición de ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México por la conquista.

“Estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo respuesta”, señaló López Obrador.

Asimismo, criticó que no sólo no hubo respuesta, sino que desataron una campaña contra su gobierno. “Y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal, mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos, recuerdo que el señor (Mario) Vargas Llosa se lanzó muy fuerte, y otros en los programas de radio de España, en la televisión española insultándonos”, lamentó.

Por ello, dejó en claro su apoyo a la decisión de Sheinbaum de no invitar a la monarquía española a su investidura. “Yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa”, aseguró.

Reiteró, no obstante, que esto no tiene que ver con la amistad que se tiene con el pueblo español el cual, dijo, “es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, un pueblo sufrido en varios tiempos de la historia”.

Por último, el mandatario insistió en que España debe contar la historia de otra manera, además de hacer a un lado el racismo, que incluso ha llegado a españoles que han hecho fortunas en México y luego regresan a retirarse a su país y, según López Obrador, son insultados por sus propios compatriotas.

“¿Cómo creen que les llaman en España? Indianos. No estoy hablando de mexicanos, de gente pobre, no, estoy hablando de gente muy rica que con esfuerzo, repito, trabajó de conformidad con la ley aquí en este país hizo su fortuna”, aseveró.

Tras unas 12 horas de un intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la cámara y un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado mexicano aprobó en los primeros minutos de este miércoles la cuestionada reforma al Poder Judicial que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular, según informa EFE.

La reforma propuesta por el Gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). 

Tras esa votación, los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma, que se discutirán durante la madrugada de este miércoles.

El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reforma en los congresos de los 32 estados de México.

En una sesión que acabó en la antigua sede del Senado mexicano, en el Centro Histórico de la capital, custodiada fuertemente por decenas de agentes de la policía, los senadores de Morena y aliados, junto con los opositores, discutieron amplia y fuertemente la polémica reforma. 

A la supermayoría oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86 que exige la mayoría calificada, dos terceras partes de 128 senadores, pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor y la reforma pudo salir adelante.

La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron entre agresiones y empujones en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la cámara alta para continuar con su sesión legislativa.

Los manifestantes accedieron hasta el Pleno del Senado, donde gritaron consignas y reventaron la sesión en curso, que debió trasladarse a la antigua sede de esa cámara, donde también trataron de ingresar y en cuyas inmediaciones protagonizaron choques y escaramuzas con policías. 

El grupo de manifestantes se identificó como trabajadores del Poder Judicial, los cuales cumplen un paro de labores desde hace casi tres semanas en protesta por esta reforma.

En un último intento por frenar la discusión de la reforma judicial, alrededor de las 22:00 horas (04:00 GMT del miércoles) los senadores del PRI, PAN y MC intentaron tomar la tribuna del Senado, pero los legisladores de Morena y aliados lo impidieron. 

La reforma judicial que, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes. 

Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. 

Una vez aprobada la reforma, habrá elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reducirá de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte y se creara un Tribunal de Disciplina Judicial.

La discusión en el Senado mexicano comenzó entre denuncias de la oposición, que acusaron al oficialismo, incluyendo las fiscalías, de intimidar a legisladores para garantizar los 86 votos, dos terceras partes del total de 128, necesarios para modificar la Constitución.

El presidente López Obrador buscaba que el Senado aprobara esta reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, antes de entregar el cargo el 1 de octubre a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, como “un señor vestido de mujer”, pero negó que la haya rechazado, tras circular un vídeo el fin de semana en el que ella lo saludaba con un beso y él parecía alejarse.

“Ayer, (el periodista Joaquín), López-Dóriga, criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano abundó en que cualquier hombre “tiene sentimientos” y aseguró que el domingo besó "a muchos".

"¿Cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar y no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”, dijo.

López Obrador se refirió así al saludo que tuvo con la diputada trans del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el pasado fin de semana en un evento público.

Las imágenes generaron críticas en redes sociales contra López Obrador, tachado de conservador por agrupaciones LGTBI porque, tras haberse saludado con un beso, el mandatario pareció alejarla con los brazos.

Sin embargo, el presidente minimizó el hecho, aunque siguió refiriéndose a Luévano como "hombre". “Hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, prosiguió.

Afirmó, además, que fue un beso en la mejilla el que se dio con Luévano, y que la crítica de López-Dóriga fue de “machín” (macho). Y acusó a los medios de comunicación de ser “muy conservadores”, algo que, según dijo, “antes podrían ocultar”, pero ahora ya no.

Por su parte, Luévano defendió al presidente al asegurar en la red social X que López Obrador es consciente de que ella es una mujer trans.

“El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer trans y además hay un gran respeto mutuo. Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu estúpida ignorancia y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. Las fobias reflejan miedo e inseguridad. No se te olvide”, escribió.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comparado al ultraderechista Javier Milei con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla. "Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado", ha dicho en referencia del vencedor de las pasadas elecciones en Argentina.

"Es como si, este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política", ha dicho este martes en su rueda de prensa matutina.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados", ha dicho.

López Obrador ha vuelto a criticar la presión mediática que ejercen el poder económico y político no solo en México. "Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol", ha valorado, informa 'El Universal'.

"Respeto la decisión del pueblo", ha subrayado López Obrador, quien no ha podido dejar de remarcar también que no puede estar de acuerdo con los gobiernos conservadores, clasistas, o racistas. "No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina", ha dicho.

A su vez, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que los electores puedan cambiar el signo político del país en las próximas elecciones de 2024. "Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo", ha confiado.

"Sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe", ha enfatizado.

No obstante, el mandatario mexicano ha descartado que el triunfo de Milei vaya a significar la ruptura de relaciones con Argentina. "Un país, una nación, no es solo su Gobierno", ha explicado para hablar de los "lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles" que ambos Estados han mantenido.

El triunfo de Milei el pasado domingo se ha recibido con cierta frialdad entre sus vecinos regionales, con mayoría de gobiernos progresistas, a los que el propio ultraderechista argentino ha estado dedicando ofensas a lo largo de los últimos tiempos, incluido en campaña electoral.

Así, después de que López Obrador animara en 2022 a los colombianos a votar por el cambio que a su juicio representaba el presidente Gustavo Petro, Milei le calificó de "patético, lamentable y repugnante".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado un día después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que "continúa la pausa" en las relaciones con España, porque considera que no hay "una actitud de respeto" de parte española, según informa Europa Press.

"Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme", ha lamentado en rueda de prensa, en alusión a la misiva enviada en marzo de 2019 y en la que reclamaba a España que admitiese su "responsabilidad histórica".

En este sentido, ha señalado que el papa Francisco contestó "todas" las cartas que le ha enviado. "Y no necesariamente coincidíamos", ha apostillado.

En el caso de España, el mandatario mexicano cree que, para abrir "una etapa nueva en las relaciones", es "importante" que haya un "gesto de humildad" en el que se reconozca "el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios".

López Obrador ha afeado que haya quienes desde España cuestionen esta petición de disculpas. "Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos", ha dicho durante su comparecencia diaria ante los medios de comunicación.

Asimismo, ha señalado que las empresas españolas actúan "con la misma actitud de prepotencia" y ha advertido de que la situación ha cambiado en México con respecto a las políticas de gobiernos anteriores. "Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista", ha añadido.

López Obrador ha afirmado que no impide a "ninguna empresa" hacer negocios en México, siempre y cuando estos sean "lícitos", y ha descrito como "de primera" al pueblo español.

Las críticas se producen un día después de la celebración en Ciudad de México de la XIII Comisión Binacional en la que participaron los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; de Cultura, Miquel Iceta; de Educación, Pilar Alegría, y de Universidades, Joan Subirats.

Al menos dos personas han muerto a consecuencia del terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha tenido lugar este lunes con epicentro a 64 kilómetros al sur de la ciudad mexicana de Coalcoman, Michoacán, según han informado autoridades locales y ha recogido Europa Press.

El primero de los muertos lo anunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ha detallado que persona habría perdido la vida después de que se le haya caído encima una muro en los alrededores de un centro comercial en la localidad de Manzanillo, en el estado de Colima, según ha detallado el mandatario mexicano en un comunicado.

"Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, que una persona falleció por la caída de una barda [tapia] de un centro comercial en Manzanillo, Colima", ha detallado López Obrador en Twitter.

La segunda persona fallecida, anunciada por la Protección Civil de Colima, se había quedado atrapada el centro comercial de Punto Bahía, donde el techo de un gimnasio ha colapsado tras el sismo.

"Se confirma que la persona que quedó atrapada en Plaza Punto Bahía, lamentablemente fue localizada sin vida. En este momento el personal se encuentra realizando trabajos para recuperar a la víctima", ha detallado la Protección Civil en un comunicado.

Este terremoto ha sacudido México el día en el que se celebra el doble aniversario de los seísmos que azotaron el país el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

El terremoto de magnitud 8,1 de 1985 acabó con la vida de al menos 6.000 personas en Ciudad de México, mientras que el terremoto de magnitud 7,1 32 años después se cobró la vida de 369 personas en la capital y en otras partes del sur y centro del país.

El terremoto de 2017, que tuvo su epicentro a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México, tuvo lugar solo dos horas después de un simulacro de evacuación que marcó el aniversario del terremoto de 1985. Casi 40 edificios colapsaron y más de 5.000 edificios sufrieron daños en la capital.

Una vuelta de Lula da Silva a la presidencia de Brasil a finales de este año teñiría el mapa de América Latina casi de un solo color político. Pero al margen de una hipótesis de futuro, la reciente victoria de Gustavo Petro en Colombia consolida el crecimiento de la izquierda en la región meses después del triunfo de Rodrigo Chaves en Costa Rica, de Gabriel Boric en las elecciones en Chile, y, en julio del año pasado, de Pedro Castillo en Perú. Estos cuatro países se unen al bloque de izquierda conformado por México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Aunque cada país parte de momentos distintos, muchas veces comparten realidades y la forma de responder a ellas.

En orden cronológico inverso en su llegada al poder, hacemos un repaso de la situación en Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y México de la mano de analistas que han compartido su visión con infoLibre, así como un análisis de sus principales propuestas en diversas materias.

Gustavo Petro, que tomó posesión el 7 de agosto de 2022, pone en el centro de su programa electoral la tarea de retomar el Acuerdo de Paz, estancado en los años de gobierno de Iván Duque.

Acuerdo de Paz

El predecesor de Petro defendía el acuerdo en foros internacionales, aunque sus infructuosas objeciones demoraron el proceso. Su antecesor, Juan Manuel Santos, ya había rebajado el tono del expresidente Álvaro Uribe, que sólo contemplaba “derrotar a las FARC” mientras justificaba o negaba la violencia provocada por el propio Estado contra civiles inocentes o por los grupos paramilitares.

Política de género y derechos humanos

La elección de Francia Marx como vicepresidenta de Colombia está cargada de simbolismo en un país que arrastra siglos de machismo y de división social relacionada con el color de la piel. Para Mario Aller, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, el machismo aún está arraigado en Colombia. Sin embargo, considera que la movilidad de tantos colombianos a otros países donde se respetan más los derechos de las mujeres empieza a tener un impacto positivo.

“Vienen con otra visión de cuáles son las relaciones sociales que se deben y cómo se deben llevar a cabo”, dice el analista, que pide cautela en la elección de Marx como vicepresidenta. El nuevo gobierno reconoce la deuda de Colombia con los derechos humanos, sobre todo para las mujeres, los grupos indígenas y minorías étnicas, y para la comunidad LGTBI.

“Acaba de nombrar como embajadora ante la ONU a una indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, un símbolo de cuál va a ser el lugar que van a ocupar estas comunidades a las que se trataba como ciudadanos de segunda”, afirma en entrevista para infoLibre Jairo Andrés Castaño, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia en referencia a Leonor Zabaleta.

Aunque consciente de que los pocos días que lleva presidente Petro en el gobierno impiden hacer una valoración de sus políticas, Castaño valora de forma positiva que estos grupos estén presentes en sus propuestas.

Reforma fiscal: lucha contra la pobreza y deuda externa

El gobierno de Petro, al frente del partido Colombia Humana, plantea una reforma fiscal para recaudar 50 billones de pesos anuales no sólo para hacer frente a la elevada deuda externa de Colombia, sino también para sostener los programas sociales y de lucha contra la pobreza.

“No sé si la reforma puede alcanzar la cifra que ellos proponen. La reforma reconoce las inmensas desigualdades del país y si bien plantea una subida de los impuestos reconoce la capacidad de pago de los contribuyentes y así está expresada en la propuesta entonces”, dice el profesor Castaño.

“Los que más tienen son los que menos pagan y los que más ganan son los que menos pagan”, afirma Aller.

En Colombia, una persona nacida en una familia pobre necesitaría trece generaciones debajo suyas, o 200 años, para salir de esa situación, según un informe sobre países de la OSCE que Aller cita.

“Esto quiere decir que quien era rico en la época de la independencia es rico pudiente ahora y quien estaba fastidiado en la época de la independencia lo sigue siendo ahora. Hay muy poca movilidad social en Colombia”, concluye.

En materia de acceso a la educación, Petro se ha comprometido a mantener el programa de matrícula cero para el acceso libre a la universidad que el gobierno anterior puso en marcha durante la pandemia.

Aller se muestra crítico con la reforma agraria que tiene entre manos el nuevo gobierno al centrarla en títulos de propiedad, algo que considera un posible “desastre”.

“No podrán asegurar que su tierra es de ellos, y solucionar con seguridad que algo es de ellos es por lo que han ocurrido muchísimos desplazamientos y vulneraciones graves de derechos humanos”, dice.

Transición ecológica

En materia medioambiental, Petro se ha propuesto poner en marcha una transición ecológica para luchar contra el cambio climático. Entre sus políticas medioambientales destaca su objetivo de detener la minería ilegal, el fracking y la deforestación de la Amazonía.  

“La persecución de la minería ilegal tiene como objetivo una mafia muy poderosa, y aunado a que buena parte de la minería ilegal se practica desde comunidades que extraen oro de los ríos. se necesita una política muy potente”, dice Castaño, que se refiere también a las dificultades que planteará la transición ecológica hacia 2030.

“En algunos debates se hablaba de la transición energética de una forma muy apresurada, y tiene que empezar por dejar de otorgar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos”, dice el profesor, consciente de que muchos contratos ya en marcha pueden retrasar la prometida transición energética.

Contra la corrupción

En campaña hacia la presidencia, Petro anunció una política de “corrupción cero” si ganaba las elecciones. El portal Bloomberg cifra en 93 billones de pesos colombianos al año que se pierden a causa de la corrupción, una cifra que supone casi el doble de la cantidad que busca recaudar el nuevo gobierno con su reforma fiscal.

Castaño afirma que, a lo largo de su carrera política, el actual presidente ha destapado muchos casos de corrupción con seriedad, una tarea que plantea dificultades por lealtades de personal de la Fiscalía, de la Contraloria (equivalente al Tribunal de Cuentas) y de la procuraduría a gobiernos anteriores. El gobierno de Petro planteó en campaña reformas en el sistema para facilitar la independencia judicial y la persecución de delitos de corrupción. 

“Habrá que esperar cómo se desarrollan las reformas concretas de toda la rama judicial de tal manera que se asegure su independencia y autonomía y también en materia de corrupción”, dice Castaño.

Como candidato, Petro propuso la eliminación de la Procuraduría General de la Nación al considerar que contaba con excesivo presupuesto y que sus funciones duplican las de otros órganos de justicia.

En pocos días de gobierno, el presidente ha renovado la cúpula militar y policial e instruido a la nueva línea de mando con el objetivo de conseguir “cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos”. 

Las revueltas de 2019 en Chile sorprendieron al mundo. El “milagro económico chileno” del que hablaban muchos medios y tertulias de sobremesa escondían el descontento de grandes sectores de la sociedad. La creciente desigualdad y malestar hicieron reventar las costuras de un modelo neoliberal ideado por Milton Friedman y puesto en marcha desde el golpe de Estado de 1973 que puso en el poder a Gustavo Pinochet.

Aún con la resistencia de los poderes más conservadores, la ciudadanía chilena rompió con su pasado por medio de un proceso constituyente y con la llegada al poder de Gabriel Boric en marzo de 2022 con un ambicioso plan de gobierno. El 4 de septiembre de este año tendrá lugar el denominado “plebiscito de salida”, un referéndum nacional para determinar si la ciudadanía está de acuerdo con la propuesta de Constitución Política de la República redactada por la Convención Constitucional. 

Pobreza y desigualdad

“Hay quienes plantean que nuestro gobierno produce inestabilidad, pero estamos convencidos de que aportamos a solucionar la inestabilidad que venía gestándose desde muy atrás en el tiempo y que terminó por desbordarse en 2019”, afirma Javier Velasco, embajador de Chile en España desde el 1 de mayo. Militante de Convergencia Social y uno de sus fundadores, Velasco formó parte del movimiento estudiantil chileno de 2000 y, desde entonces, ha formado parte de distintos movimientos sociales. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y es Magíster en Derecho (LLM) de la Universidad de California-Berkeley.

La redistribución de la riqueza y la superación de profundas desigualdades están en el centro del programa que contribuyó a crear con Boric en estos años de trabajo en el partido Convergencia Social.

“Queremos avanzar en la transformación productiva, en un sistema educacional público con un proyecto de desarrollo del país, y en la provisión de derechos sociales que aseguren una vida más justa. Para todo esto, además de derechos sociales como un sistema de salud, de pensiones y educacional público, avanzaremos en un nuevo pacto tributario donde de una vez por todas los que tienen más contribuyan más”, dice Velasco en entrevista para infoLibre.

Género

Para Velasco, el movimiento feminista chileno fue uno de los precursores de las grandes movilizaciones que sacudieron el país en 2019. El embajador sostiene que el feminismo ha servido como motor social y ha ofrecido una perspectiva transversal a rodo el debate político y el proyecto de gobierno de Boric.

“Los cuidados son parte central de nuestra apuesta, así como el reconocimiento del trabajo no remunerado y la redistribución de las tareas reproductivas, y nuestro proceso constituyente es el primero en el mundo con un modelo radical de paridad”, afirma Velasco al recordar que dicho proceso no sólo promovió la presencia igualitaria de hombres y mujeres en la redacción del nuevo texto, sino que además puso en el centro del debate esas posiciones postergadas históricamente.

Velasco hace referencia también al lugar central que ocupa el movimiento LGBTIQ+ en el programa de gobierno de Boric y su equipo como respuesta a comunidades que aún ven sus vidas y su dignidad amenazadas.

Derechos humanos

“Hemos aprendido de las dolorosas consecuencias de la dictadura militar y de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante las movilizaciones sociales de 2019”, dice Velasco.

El embajador afirma que el gobierno trabaja desde marzo en medidas reparadoras para las víctimas según estándares internacionales. En su opinión, se trata también de generar las condiciones sociales y políticas para que no vuelvan a producirse vulneraciones masivas de los derechos de las y los chilenos.

Se refiere así al acceso equitativo al agua, el descanso, la libertad de expresión en la era de las fake news, el acceso a vacunas o la protección del ecosistema del que formamos parte. 

“Nuestra especie ya no aguanta más las consecuencias del capitalismo salvaje en la naturaleza, la salud física y mental o las relaciones humanas y entre especies, hoy el debate sobre derechos humanos es el punto de partida para pensar la subsistencia, y más aún, la dignidad en la convivencia de nuestra especie sobre la tierra”, concluye Velasco sobre esta materia.

Medioambiente 

En materia medioambiental, Chile impulsa la agenda turquesa, como este gobierno ha denominado la protección del medio ambiente terrestre y marítimo. “Consideramos esencial pasar de un paradigma extractivista que depende de la explotación de nuestros bienes comunes naturales, a uno que privilegie la producción sustentable de manufacturas, y la promoción de un ecosistema de innovación, donde las economías creativas puedan abrirse paso con apoyo público”, sostiene el embajador, que reconoce el papel que tendrá la educación en los próximos años para conseguir conjugar crecimiento con cuidado del medio ambiente.

“En las próximas décadas seremos una potencia en materia de Litio e Hidrógeno verde, como lo somos con el cobre, pero tomaremos acciones para que la explotación de esos recursos se efectúe de forma que alimenten y diversifiquen nuestra economía, redistribuyendo la riqueza sin estancar nuestro crecimiento ni subordinarnos a los vaivenes de los grandes actores del mercado global”, concluye Velasco.

Corrupción

El embajador destaca la visibilidad que ganaron en años recientes los casos de corrupción en Chile que aceleraron la crisis social e institucional y que transformaron la percepción de las mayorías respecto a políticos, militares y empresarios. Se hizo visible a ojos de todos la paradoja que supone que líderes nacionalistas llevaran sus ganancias a paraísos fiscales para no pagar impuestos.

“Nos habla de cómo el neoliberalismo volvió a Chile un lugar donde cada cual se rascaba con sus propias uñas. Para revertirlo no basta penar las conductas abusivas, sino además crear el compromiso de trabajar por el bien común para vivir vidas mejores”, dice Velasco. El embajador considera necesario evitar el enriquecimiento de diversos actores a costa de las mayorías y anuncia medidas legislativas para incorporar mayores estándares de transparencia y condiciones más igualitarias para la vida política.

“La corrupción, sostenida por la tolerancia normativa a la evasión tributaria, a la financiación irregular o a la construcción de redes de complicidad entre diversos sectores debe desbaratarse con nuevas reglas del juego, pero también con un nuevo sentido común que ponga el interés general de nuestras y nuestros ciudadanos, por delante del interés egoísta de unos pocos”, dice.

Ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori estaban al frente de las encuestas sobre intención de voto en las elecciones presidenciales de Perú en 2021, pero ambos se enfrentaron en una segunda vuelta que poca gente esperaba. Un maestro rural sindicalista se enfrentaba a la hija de Alberto Fujimori, un presidente lastrado por violaciones de derechos humanos y por corrupción, aunque se argumente a su favor que abrió los mercados en su país, lo que permitió su entrada en el escenario internacional y su modernización.

Castillo se comprometió a consolidar el legado de programas sociales de gobiernos anteriores y otros nuevos para hacer efectivos los derechos sociales de la población en situación de pobreza y exclusión social.

El año transcurrido desde su inesperada victoria resulta insuficiente para medir el cumplimiento de sus promesas, sobre todo en materia de lucha contra la pobreza, educación y salud. Sin embargo, la reforma constitucional que presentó como medida estrella se encuentra lejos de consolidarse por el diseño del sistema político actual y la necesidad de una aprobación previa del Congreso para iniciar ese camino.

Un país polarizado

El coronavirus acababa de infligir un duro golpe a Perú, con el mayor número de muertos por 100.000 habitantes en todo el mundo, y contribuyó a polarizar la política en extremo como en tantos países. El calificativo de “analfabeto” que utiliza Mario Vargas Llosa contra Castillo desde distintas tribunas sirve de muestra, como también la ausencia de palabras positivas en una entrevista para infoLibre de Enrique Quispez Herrera, analista y comunicador social peruano.

Especializado en sostenibilidad y responsabilidad social, Quispez Herrera lamenta que, más de un año después de su victoria electoral, Castillo no haya cumplido su palabra de cobrar su sueldo de maestro o siquiera se lo haya bajado, ni tampoco a sus ministros, como prometió al ganar las elecciones.

Reforma agraria y crisis de fertilizantes

Aplaude que no se haya cumplido la reforma agraria que anunció y que tanto polarizó al país, quizá por el recuerdo de las reformas agrarias de los años 60 y 70. “No tiene ni un proyecto de ley ni un decreto supremo y estamos en medio de una crisis de fertilizantes mundial porque Rusia es el principal proveedor en el mundo. Los agricultores han sembrado mucho menos de lo habitual, lo que contribuye al descrédito total del presidente”, dice Quispez Herrera.

Importaciones de maíz, trigo y arroz

En campaña, el actual presidente había anunciado que prohibiría las importaciones de maíz, trigo y arroz, algo que habría encarecido los precios del producto local, con un impacto sobre los productores, pero también sobre el consumidor final. En un mundo globalizado, prohibir la entrada de un producto se antoja imposible, pero Castillo no ha impuesto aranceles hasta ahora. Quispez Herrera afirma que esas medidas habrían tenido terribles consecuencias para la población de un país donde se consume tanto pollo, alimentado en gran medida con estos granos.

Nacionalización de gas, petróleo y minas

La huida de capitales, a los que Quispez Herrera atribuye los anuncios de Castillo de nacionalizar diversos sectores de la economía, ha contribuido a que Perú tenga el segundo precio más alto de la gasolina de toda América Latina. En realidad, no se ha producido ninguna intervención en este sector, al no ser el Estado dueño de los medios de producción.

Lo mismo ocurre con la minería. El analista señala que el Gobierno se ha limitado a boicotear la actividad minera, lo que se ha traducido en la paralización de Las Bambas, una de las empresas más importantes de Sudamérica.

“No estatizó ninguna empresa minera porque no podía, pero sí ha promovido boicots que han significado pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos de impuestos, pérdidas de canon minero que van a las regiones más pobres como Cajamarca en un país con una población rural de más del 70%”, dice Quispez Herrera. El analista calcula en 80.000 millones de dólares obtenidos durante 15 años en cánones mineros, que deberían haberse traducido en la construcción de carreteras, escuelas y hospitales por parte de los gobiernos regionales que gestionan los recursos de forma directa.

Esto va de la mano de lo que el analista considera una mala gestión de los recursos por parte de este y de gobiernos anteriores, aunque reconoce que las mineras han cometido abusos que provocan parte de la animadversión que hay contra ellas.

Medioambiente

Los estragos medioambientales que ha provocado en el pasado lejano la abrupta y entreguista apertura de Perú al capital extranjero se han traducido recientemente en el desastre ecológico protagonizado por la empresa española Repsol, con el vertido de casi 12.000 barriles de crudo en las costas, que ha afectado a la flora y fauna marina, así como a familias de pescadores que dependen de la pesca para su sustento. El analista considera insuficiente la reparación a las familias por parte de la multinacional, aunque señala al Gobierno como corresponsable del desastre. Sin embargo, la agencia gubernamental peruana de defensa del consumidor sí llevó a los tribunales a Repsol, junto con otras empresas asociadas en la explotación petrolífera, demandando 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame de crudo en enero de este año.

Salud y educación

Castillo anunció en campaña una inversión del 10% del PIB en salud y educación, algo a lo que Quispez Herrera no le encuentra sentido.

“Perú no es pobre, sino un país que no sabe ejecutar dinero. Los ministerios tienen dinero, pero hay que preguntar al de Educación cuántos colegios se hacen y al de Salud cuántos hospitales. No tiene sentido aumentar presupuesto si el problema viene de la ejecución”, dice el analista.

Lucha contra la corrupción

En cuanto al Consejo Nacional Anticorrupción que Castillo anunció, Quispez Herrera afirma que no se necesita más aparato burocrático cuando ya existe la Contraloría General de la República para esta lucha. Por otro lado, señala como escándalo los 20.000 dólares encontrados en el Palacio de Gobierno y que pertenecían al secretario general de la Presidencia de Perú, junto con los ascensos militares denunciados que señalan directamente a la familia del presidente, al que le quedan tres años de mandato para despejar dudas sobre su gestión y las promesas de un gobierno social.

Luis Arce Catacora sucedió a Evo Morales al frente de Bolivia el 8 de noviembre de 2020. Ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2006 y 2017, es considerado el impulsor y artífice del crecimiento económico de Bolivia desde la llegada de la izquierda de la mano de su antecesor, con importantes logros en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como del acceso a la educación.

Desde su plataforma Chequeando, el periodista Juan Cristóbal Soruco analiza el estado de cumplimiento de las principales propuestas de Arce Catacora.

Entre las cumplidas y adelantadas, destacan el mantenimiento de los bonos para sectores sociales necesitados, la implementación de un sistema tributario que grave a las grandes fortunas, el pago del Bono Contra el Hambre, la ampliación de la capacidad de producción de hidrocarburos, la consolidación de la industrialización del litio boliviano, una de las más grandes reservas del mundo, la promoción de inversión privada para el turismo y la puesta en marcha de la planta siderúrgica del Mutún.

Algunas de las propuestas del presidente boliviano se han retrasado, entre ellas la reconstrucción del sistema de justicia, la reducción en la importación del diésel con la puesta en marcha del proyecto de biodiésel, el incremento de las reservas de gas natural, la construcción de un HUB aéreo en Viru Viru y el desarrollo de Puerto Busch como puerto estratégico.

Entre las promesas incumplidas destaca la revisión médica obligatoria, el fortalecimiento de áreas protegidas y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Alberto Fernández, del Frente de Todos, ganó las elecciones de 2019 en Argentina tras derrotar al entonces presidente, Mauricio Macri.

El país soporta una elevada deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con acreedores privados mientras el 40% de la población vive en situación de pobreza.

En 2020, Fernández estaba cerca de poner en marcha un plan para hacer frente a la deuda con los acreedores privados, pero llegó la pandemia, se estancaron las negociaciones y la economía sufrió un nuevo revés.

Pobreza y desigualdad

“Argentina es uno de los países más desconcertantes del orbe. De ser el granero del mundo en 1930, a una potencia industrial en Latinoamérica en los 60, de tener Premios Nobel, una de las geografías más variadas y ricas de cualquier país del mundo, hoy estamos sumergidos en una de nuestras continuas crisis económicas que nos ponen en el vagón de cola de Latinoamérica”, dice el periodista argentino Fabián Sacarelli.

A este periodista le indigna que profesionales exitosos en cualquier lugar del mundo, reconocidos por su capacidad, estén sujetos a una clase política corrupta e incapaz de resolver los problemas del pueblo. En esa línea, el gobierno de Fernández ha impulsado la repatriación de científicos y mejoras de sus condiciones de trabajo en Argentina

“Argentina es un país tan rico que podría salir de la crisis en dos años. El problema es la clase dirigente que no sabe (y no quiere) solucionarlo. Así que las soluciones son “inviables” en la medida que afecten a los estamentos de poder, quiten privilegios y equilibren el Estado, porque eso significa perder las próximas elecciones”, dice Sacarelli, que hace referencia a la agudización de la pobreza en un país donde el 78% de la población vive con menos de 500 dólares al mes en medio de una inflación interanual del 64%, desde junio del año pasado al de 2022. Se espera que este año llegue al 90%.

El gobierno de Fernández ha impulsado un impuesto a las grandes riquezas.

Medioambiente

En materia medioambiental, el periodista destaca el crecimiento de la zona de deforestación en busca de una mayor explotación agraria.

“La falta de tecnología avanzada perjudica el medio ambiente en la extracción de petróleo y gas, la minería contamina los suelos de verdaderos paraísos naturales”, advierte el periodista.

Corrupción

“No se puede sostener un país con altos niveles de corrupción y es lo que nos pasa. La crisis constante nos lleva a que la corrupción sea no sólo la manera en que algunos se benefician, sino además la única forma de sobrevivir”, dice Sacarelli.

Derechos humanos

El periodista destaca la situación de derechos humanos en su país como resultado del aprendizaje de lo vivido durante la dictadura militar. Sacarelli onsidera que, en ese ámbito, Argentina se encuentra a la vanguardia en América Latina, como lo confirma la legalización en 2020 de la interrupción voluntaria del embarazo.

La tercera fue la vencida. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en 2018 tras su fracaso en 2012 frente a Enrique Peña Nieto, del PRI, y en 2006 frente a Felipe Calderón, del PAN, por un estrecho margen de votos y con la sombra de un posible fraude electoral que AMLO denunció.

López Obrador, que comenzó en la política en el viejo aparato del PRI, se sumó después al PRD y más tarde pondría en marcha el movimiento conocido como MORENA, encarnaba los anhelos de millones de mexicanos sedientos de un auténtico cambio en un país donde, hasta ese momento, todo cambiaba para que al final siguiera igual.

La llegada del PAN en 2000 acabó con 70 años de hegemonía del PRI, pero continuaron la corrupción en todos los poderes del Estado y el enriquecimiento de las élites, las desigualdades, los problemas económicos y la discriminación. Felipe Calderón, también del PAN y sucesor de Vicente Fox en la presidencia, sacó el ejército a las calles para declararle la guerra abierta a los cárteles de la droga, una medida con unos resultados que no justifican el gasto milmillonario ni el peaje que ha supuesto en materia de sangre y de violaciones de derechos humanos.

La medida enfrentó a los cárteles, pero lejos de acabar con ellos, los volvió más sanguinarios. La población civil se encontró cada vez más entre fuego cruzado, se incorporó por su voluntad o bajo presión a las filas de las mafias. Se empezaron a apilar los cadáveres, cada año empezaron a reportarse mayores números de asesinatos de periodistas y de activistas, y el propio ejército comenzó a verse señalado como actor en casos de violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el crimen.

Los 12 años del PAN dieron tiempo al PRI para rearmarse, para lavar su imagen y prepararse para el lanzamiento del “nuevo PRI”, que ganó las elecciones en 2012 de la mano de Enrique Peña Nieto. Su mandato, lleno de sombras por casos de corrupción y por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, deterioraron la imagen del nuevo PRI y sirvieron para que López Obrador encontrara por fin su momento político para que cuajaran sus promesas de tolerancia cero con la corrupción, del fin de los privilegios para las élites y de un México para los pobres y los más desfavorecidos.

Mientras distintos medios especulan sobre la posible compra por parte del expresidente de una lujosa vivienda que le permitiera conseguir un visado Gold y su posterior venta, López Obrador se enfrenta al ecuador de un mandato marcado por claroscuros.

Una de sus primeras medidas consistió en parar las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México por sobrecostes. Presupuestado en 168.000 millones de pesos, la construcción llevaba un gasto de 300.000 millones en el momento de su cancelación. Además del sobrecoste, López Obrador encendió el debate político con acusaciones de corrupción y con el impacto medioambiental que semejante obra tendría para la zona de Texcoco.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador instauró las mañaneras, un encuentro diario que mantiene el presidente con los medios de comunicación y que la oposición no tardó en calificar como "chavista".

Lucha contra la corrupción

Para Alejandro Gutiérrez, corresponsal en España de la revista Proceso, estas mañaneras van a convertirse en objeto de estudio por las tres horas diarias que dedica el presidente para fortalecer su narrativa, sobre todo en contra del neoliberalismo y como muestra de su rechazo a la corrupción. 

“Ciertas empresas tenían una serie de privilegios con el tema de la distribución de medicamentos”, reconoce Gutiérrez, aunque lamenta la forma en que cortó de raíz para empezar de cero, lo que ha provocado desabastecimiento de medicamentos para tratar a personas con enfermedades. En su opinión, este caso requería un cambio gradual donde se presentaran unas nuevas reglas de juego, se abrieran nuevas licitaciones en condiciones sin provocar un desabastecimiento.

Gutiérrez considera positivo que la lucha contra la corrupción se pusiera en la agenda desde el gobierno, aunque considera por otro lado que esta lucha no ha sido todo lo eficaz que podía haber sido.

“La lucha contra la corrupción está en su narrativa, pero esto no se concreta en la resolución de casos importantes de corrupción”, dice Gutiérrez en referencia al escándalo de Odebrecht en México y el caso Lozoya, sobre los que la fiscalía apenas avanza. Gutiérrez considera que a AMLO le acabará perjudicando la utilización de las mañaneras para marcarle la agenda a Alejandro Gertz, fiscal general cuestionado por la forma en que ha utilizado la Fiscalía para propósitos políticos y personales.

Lucha contra la pobreza

En México hay cerca de 56 millones de personas en situación de pobreza, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Andrés Manuel López Obrador ha esquivado un aumento de impuestos ante el temor de un estallido social tras estos años de pandemia y se ha limitado a centrar sus esfuerzos en la austeridad y en la lucha contra la evasión fiscal.

“Primero los pobres”, dijo López Obrador en su toma de posesión. Para Gutiérrez, concretar esta lucha contra la pobreza implica fortalecer los programas en materia de educación, salud y pensiones, despersonalizar las iniciativas y convertirlas no en una apuesta personal y presidencialista, sino del Estado.

Entre los programas sociales mejor valorados están el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad, del Conacyt.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México y ahora desde el Gobierno federal, ha conseguido ahorrar gasto público”, defiende el periodista, aunque reconoce que esto se ha llevado por delante programas sociales de valor. Otro “daño colateral” en su apuesta por los pobres ha sido provocado por su lucha ideológica con el capital y con la iniciativa privada. “Creo que es un error. Si llegas a acuerdos con esos sectores te puede beneficiar porque puede haber más dinero circulante que pueda ayudar a más gente trabajadora. El dinero es muy miedoso”, dice Gutiérrez al recordar las fortunas que han venido a invertir a España o que han invertido en otros países.

“Además de atender a la gente desfavorecida, puede también dejar abierta una ventana para que inversionistas y gente con recursos también pudiera formar parte del proyecto y eso implicaría más circulante”, dice el periodista mexicano.

Género y derechos humanos

Como muchos movimientos feministas en México, Gutiérrez opina que López Obrador deja mucho que desear en materia de género.

“Tiene una formación tan tradicional de la vieja guardia que no está entendiendo los verdaderos rasgos del movimiento feminista. Creo que ahí el presidente se ha mostrado insensible”, dice en referencia a cierto menosprecio a familiares de víctimas de feminicidios y a su falta de propuestas para desarrollar políticas públicas para abordar los feminicidios y la violencia machista.

En materia de derechos humanos, la reciente detención de Jesús Murillo Karam, fiscal general de México durante los años de gobierno de Peña Nieto, y la orden de arresto de 20 mandos militares por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, suponen un espaldarazo para el gobierno. Impulsada por López Obrador con el objetivo de aclarar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre de 2014, las detenciones arrojan cierta esperanza de completar lo que se sabe hasta ahora: que Murillo Karam manipuló la escena del crimen y que ha habido una obstrucción sistemática al conocimiento de la verdad.

Sin embargo los ataques contra periodistas, defensores del medioambiente, activistas y ciudadanos comunes, “víctimas colaterales” de los enfrentamientos entre distintos grupos armados en México, ensombrecen la labor del gobierno de López Obrador en materia de derechos humanos. 

Los cárteles se han fragmentado y la violencia en México, que el presidente prometió atajar con la creación de la Guardia Nacional, sigue en aumento. Gutiérrez considera una contradicción apostar por los derechos humanos y, por otro lado, extender la presencia del ejército en las calles que criticó de gobiernos anteriores y que ahora están implicados en labores civiles, así como en labores de control de fronteras.

Medioambiente

En México, distintos grupos defensores del medioambiente denuncian daños al patrimonio natural por la construcción del Tren Maya, una de las medidas estrella de López Obrador para atraer inversiones y modernizar una zona que ha estado marginada del desarrollo de otras partes del país.

Gutiérrez lamenta que el presidente no escuche estas voces y meta en el mismo saco a detractores con opiniones formadas y a influencers oportunistas que no saben del tema, además de considerar una contradicción cancelar el megaproyecto de aeropuerto del gobierno anterior por motivos medioambientales y luego embarcarse un proyecto con el mismo o peores consecuencias para la flora y fauna de la región.

Por otro lado, muchos sectores consideran la reforma energética un retroceso al volver a energías contaminantes en lugar de apostar por una revolución energética en un país que cuenta con luz solar y otras fuentes no contaminantes. No obstante, Gutiérrez recuerda que la escasez por la guerra en Ucrania ante la falta de sistemas de energía limpia bien desarrollados le dan cierta razón a López Obrador.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha ganado en cuatro de los seis estados donde se han celebrado elecciones este domingo, en una jornada sin incidentes, en la que más de once millones de personas han elegido gobernadores en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, ha informado el Instituto Nacional Electoral (INE) y ha recogido Europa Press.

Morena ha obtenido la victoria en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que la coalición opositora gobernará en Durango y Aguascalientes, aunque la participación no ha superado el 55% en ninguna entidad.

En caso de que los resultados electorales preliminares se confirmen, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gobernará en 20 estados, reforzando así su liderazgo.

Julio Menchaca, el candidato morenista, ha arrasado en Hidalgo en las elecciones de este domingo con el 62% de los votos.

Tras conocer el conteo rápido de la elección para gobernador en Tamaulipas ha sido ganador el candidato de Morena, Américo Villareal, en Oaxaca, Salomón Jara y María Elena Lezama Espinosa, también de Morena, ha ganado en Quintana Roo.

Mientras que la coalición de la oposición del Partido de Acción Nacional mexicano (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han ganado con el candidato Esteban Villegas y en Aguascalientes Teresa Jiménez.

Unos minutos después de que se cerraran las urnas en los seis estados mexicanos, tanto el dirigente de Morena, Mario Delgado, como el líder del conservador Partido de Acción Nacional mexicano (PAN), Marko Cortés, se habían declarado ganadores en cinco y tres estados, respectivamente.

Los ciudadanos mexicanos han apostado este domingo en la consulta revocatoria presidencial que el actual presidente, López Obrador, se mantenga en el cargo, los tres años que le restan de mandato, aunque la participación no ha superado el 40% necesario que para que el referéndum sea vinculante, según informa Europa Press.

En concreto, la primera estimación del conteo rápido ofrecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) ha otorgado un margen de entre el 90,3% y 91,9% de apoyo al actual mandatario, mientras que entre un 6,4% y un 7,8% han preferido su revocación.

A pesar del buen resultado para el actual presidente, la participación en el referéndum no supera el 18,2%, muy inferior al 40% necesario para que este sea vinculante.

La oposición a López Obrador ha mostrado su rechazo al referéndum revocatorio desde el momento en el que fue convocado, pidiendo a sus votantes que no acudieran a votar pues tildaban la votación como un "acto de promoción personal" del actual presidente.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que "no hay ninguna acción" prevista contra España tras la "pausa" anunciada esta semana en las relaciones bilaterales y ha asegurado que se trata de un simple "señalamiento" por los "abusos" cometidos por parte de las empresas españolas.

"No es una ruptura", ha insistido este viernes el mandatario mexicano, dos días después de que reclamase por primera vez una "pausa" que ha sido recibida con sorpresa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado "tajantemente" las "declaraciones injustificadas" de López Obrador.

De hecho, Albares ya pidió el mismo miércoles aclaraciones a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, según fuentes diplomáticas. López Obrador, sin embargo, ha dicho este viernes que desconoce si ha habido contactos entre ambos ministros: "Puede ser", se ha limitado a responder a preguntas de los periodistas.

El presidente mexicano ha ahondado en sus críticas contra los "abusos" que le atribuye a empresas como Repsol, OHL o Iberdrola, a las que ha vuelto a citar durante una visita oficial al estado de Sonora. Todas ellas hicieron "jugosos negocios" en México, según López Obrador.

En este sentido, ha explicado que a España sólo pretende decirle que "no se permite robar" en México. "No somos tierra de conquista", ha subrayado López Obrador, partidario de que los dos países de den "tiempo" para entender la "nueva realidad", que "hubo un cambio en México".

El presidente ha asegurado que él mismo se ha sentido "ofendido" por la forma en que Iberdrola ha intentado seguir haciendo negocios en el país norteamericano, con un "protagonismo irrespetuoso". "No sé cuál será su comportamiento en las reuniones con el Rey o con el presidente de España", ha planteado.

"Yo creo que tiene mucha influencia, porque allá sube, sube y sube el precio de la luz y ellos son los que controlan, los de Iberdrola. Y ese es el modelo que quieren para México, o hacia allá iban", ha añadido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a poner el foco de sus críticas sobre España, algo que ha venido haciendo de forma recurrente desde que llegó al cargo en diciembre de 2018, pero en esta ocasión ha ido un paso más allá y ha planteado una "pausa" en la relación bilateral, informa Europa Press.

El motivo, según ha esgrimido en su tradicional rueda de prensa diaria, no es otro que el saqueo que según él han cometido las autoridades y las empresas españolas en México en los últimos años, con la connivencia de quienes le han precedido en el cargo, en particular Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su opinión, dado que ahora mismo la relación "no es buena" lo que convendría a ambas partes es "hacer una pausa" y esperar a restablecer las relaciones "cuando cambie el Gobierno" y él ya no esté en el Palacio de los Pinos, que abandonará en diciembre de 2024.

Aunque a renglón seguido ha dicho que lo planteado es solo "un comentario", lo cierto es que con sus palabras ha vuelto a abrir una nueva crisis en la ya de por sí tensa relación bilateral con España, y ello pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primer mandatario extranjero al que López Obrador recibió tras llegar al cargo, en enero de 2019.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su "sorpresa" tras las declaraciones "súbitas" del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -que ha abogado este miércoles por una "pausa" en las relaciones con España- al tiempo que le ha instado a aclarar sus palabras porque "se contradicen" con las declaraciones que dijo "hace una semana". "Acabo de conocer las declaraciones de Obrador sobre una pausa en las relaciones con España y por supuesto lo que voy a hacer es verificar cuáles son las declaraciones y el alcance", ha manifestado este miércoles desde Lyon (Francia) el titular de Exteriores en declaraciones a la prensa.

En este contexto, Albares entiende que se han formulado en un "contexto informal" y que no supone una "posición oficial" de México hacia España. "En cualquier caso, si se han producido, no tiene ninguna traducción oficial ni se nos ha comunicado nada", ha aseverado.

Con todo, ha matizado que "habría que preguntarle" a AMLO, qué ha querido decir con estas declaraciones y "cuál es el tenor oficial que le da" a sus palabras. Al mismo tiempo, ha expresado su "sorpresa" porque "se contradice" con las declaraciones que hizo hace una semana cuando Albares se reunió en Honduras con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, en un encuentro "cordial".

El mandatario mexicano envió en marzo de 2019 una carta al rey Felipe VI reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan". Asimismo, fijaba como meta temporal 2021, año del Bicentenario de la independencia mexicana, para que dicho "reconocimiento de los agravios causados" por parte de España permitiera iniciar "una nueva etapa" en la relación.

En octubre de 2020, con motivo del Día de la Hispanidad, volvió a pedir a España que se disculpara, argumentando que la conquista como fuerza "civilizadora" de América es solo "una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo".

Un mes más tarde, durante su visita a México de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dejó claro que el Gobierno no iba a disculparse, apostando en lugar de ello por "construir sobre el pasado, pero mirando al futuro". Sus palabras no gustaron a López Obrador, que lamentó que "hay países que mantienen todavía afanes colonialistas". Los actos de conmemoración del quinto centenario de la caída de Tenochtitlán a manos de las tropas comandandas por Hernán Cortés el pasado agosto volvieron a ser otro momento propicio para arremeter contra España y la Conquista.

"¿Trajeron civilización a la tierra que Cortés bautizó como la Nueva España? ¿Valieron la pena tantas muertes? ¿Tanto pueblo arrasado, saqueado y quemado? ¿Tantas mujeres violadas? ¿Tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés?", planteó el mandatario mexicano, para quien "no hay justificación alguna ante tan terrible desgracia".

En septiembre, volvió a poner en tela de juicio los beneficios que para México supuso la llegada de los conquistadores. El mandatario criticó a las "elites" españolas, que con su "arrogancia" e "ínfulas de superioridad" continúan defendiendo que llegaron para "civilizar" al país, cuando lo que trajeron fue "la viruela". México "se creó hace miles de años" y en el país "florecieron grandes civilizaciones y grandes culturas", sostuvo.

Hace unas semanas, sin embargo, el mandatario había dejado entrever que este episodio en la relación con España había quedado atrás. "Están bien nuestras relaciones", dijo, si bien reconoció que había habido "discrepancias" y de hecho "las sigue habiendo".

En este sentido, lamentó el hecho de que nunca hubo una respuesta a su carta al rey. "Lo tomaron a mal y ni siquiera me respondieron la carta", señaló, lamentando el que el Gobierno no hubiera aceptado "ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva". "Sin embargo, pues eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad", manifestó, si bien consideró que el "perdón" es algo importante y "pudo ayudar mucho".

Estas declaraciones fueron interpretadas de forma positiva por el Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró durante una comparecencia en el Senado que había "interés de abrir una nueva página". "En los próximos meses vamos a reforzar mucho las relaciones con México", adelantó.

Días antes, su departamento había concedido finalmente el plácet al nuevo embajador de México en Madrid después de que se hubiera especulado con que el retraso pudiera ser algún tipo de represalia por la postura crítica con España y con su pasado colonial que ha venido manteniendo López Obrador.

El presidente mexicano anunció en septiembre que el embajador en España sería Quirino Ordaz, gobernador en ese momento de Sinaloa y un destacado dirigente del PRI. No obstante, no fue hasta noviembre, una vez Ordaz había dejado el cargo, cuando se solicitó formalmente a España el plácet para el nuevo embajador.

En cuanto a las reiteradas críticas del mandatario mexicano, el Gobierno ha apostado por minimizarlas, llegando incluso a enmarcarlas en "los debates internos" del país azteca, al tiempo que ha reconocido la importancia de la relación con México, "un socio estratégico".

El partido gubernamental mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha mostrado su "rotunda" condena a las declaraciones del expresidente español José María Aznar en las que ha rechazado pedir perdón por la conquista de América, lo que, para la formación, "ofende abiertamente" la "historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios", según recoge Europa Press.

La formación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha difundido un comunicado en el que ha expresado que "repudia tajantemente" que durante un acto del Partido Popular, una fuerza política que ha descrito como "vinculada al franquismo"un acto del Partido Popular, Aznar "haya negado el genocidio indígena".

"No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio papa Francisco, que recientemente ofreció disculpas al pueblo de México", ha apuntado Morena.

Asimismo, ha criticado que el expresidente español contradiga, incluso, "la postura de su rey Juan Carlos I, quien tuvo la decencia de reconocer los arbitrios cometidos en el pasado contra el pueblo sefardí".

Morena ha manifestado, además, su "contundente rechazo" a la "insistente injerencia" en los asuntos internos de México por parte de Aznar y "de su personero", el líder de Vox, Santiago Abascal.

Al respecto, ha criticado a Vox, al que ha definido como "partido de ultraderecha", por su "lamentable y vergonzosa" visita a México a principios de septiembre, cuando Abascal se reunió con miembros del partido conservador mexicano Partido de Acción Nacional (PAN).

"Señor Aznar: negar la historia no la borra. Las culturas milenarias de nuestros pueblos que sus antepasados políticos intentaron desaparecer, siguen vivas y son enaltecidas por la transformación de México", ha subrayado el partido de López Obrador en el final de su comunicado.

Morena ha respondido así a las críticas de Aznar al papa por haber pedido perdón por la conquista de América. "Yo no lo voy ha hacer", ha aseverado el expresidente en la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular que se celebra en Sevilla.

"Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso (de la conquista de América), pero no voy a pedir perdón", ha resaltado.

Además, ha afirmado que en México "el nuevo comunismo se llama indigenismo" y supone "volver a las sociedades precolombinas", al tiempo que ha apostillado que el "indigenismo solo puede ir contra España, no contra Estados Unidos".

"Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted como se llama? Dígame como se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador", ha continuado ironizando que los apellidos del presidente mexicano son españoles y no aztecas o mayas.

Dirigiéndose a López Obrador, ha dicho también que "si no hubiesen pasado algunas cosas", él "no estaría ahí" ni podría llamarse como se llama ni "podría haber sido bautizado" ni se hubiera producido "la evangelización de México".

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha anunciado de que en un recuento rápido de los votos de la consulta popular de este domingo el pueblo mexicano ha decidido iniciar el "proceso de esclarecimiento" de una serie de decisiones políticas tomadas por los presidentes del país desde 1988 a 2018, que según el Gobierno fueron cometidas como parte de un supuesto delito de corrupción, según informa Europa Press.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha anunciado que de acuerdo al escrutinio rápido estima que entre el 89,36 y el 96,28 por ciento de los participantes en la consulta se han inclinado por el "sí" a juzgar a los exmandatarios.

No obstante, Córdova ha señalado que la participación ciudadana ha sido baja, con entre el 7,07 y el 7,14 por ciento, cuando se pedía un mínimo del 40 por ciento, informa el medio mexicano Milenio.Milenio

Según el recuento rápido, entre el 1,38 y el 1,58 por ciento de los ciudadanos han votado por no iniciar el proceso propuesto, mientras entre el 2,19 y el 2,21 por ciento de los votos han sido nulos.

La consulta, que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afecta a los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción nacional (PAN, centroderecha); y Enrique Peña Nieto, que recuperó la presidencia para el PRI.

El procedimiento no está exento de problemas. La pregunta a la que se han enfrentado los votantes no ha sido demasiado nítida porque no ha detallado el llamado "proceso de esclarecimiento".

Además, no se esperaba que votase el electorado suficiente para que el resultado cuente, una cuestión que se confirmaría si en el recuento oficial el INE declara la participación estimada, por el momento, del 7%.

La consulta popular ha pretendido abordar las incontables críticas de la población mexicana contra la gestión de sus gobiernos.

De hecho, más de dos millones de personas firmaron una petición el año pasado a favor de investigar a los expresidentes, entre ellas víctimas del fallido rescate bancario de FOBAPROA de 1995, de la represión policial de manifestantes en 2006 en San Salvador Atenco, de la guerra militarizada contra las drogas y de la desaparición en 2014 de un grupo de estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa.

Cristina Bautista creció trabajando en los campos de maíz de un pueblo polvoriento en lo alto de las montañas del estado mexicano de Guerrero. La mayor parte de su vida ha sobrevivido con la venta de lo que ha podido ir sacando: pan, pozole, abalorios hechos con hojas de palma.

Se considera afortunada por que sucasa es de hormigón y no de chapa o de tablones de madera, una proeza que resultó posible tras una temporada trabajando en Connecticut.

No es rica, poderosa, ni famosa. Incluso en México, es una de las más pobres entre los pobres. Sin embargo, su propio gobierno puede haber gastado cientos de miles de dólares en someterla a una de las formas de vigilancia más intensivas del mundo, considerando un objetivo su teléfono móvil hasta el punto de hackearlo con un potente software espía israelí.hackearlosoftware

¿Qué tenía de amenazante Bautista?

El mero hecho de ser una víctima. Ella y varias docenas de padres desconsolados han pasado años exigiendo saber qué pasó con sus hijos, 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio que fueron secuestrados en 2014 tras un sangriento encuentro con la Policía en Iguala, una ciudad del suroeste de México.

El hijo de Bautista, Benjamín, de 19 años, es uno de estos desaparecidos, un término con connotaciones de muerte. Y es que, dado el espeluznante historial de ejecuciones extrajudiciales en México, los “desaparecidos” casi siempre aparecen muertos, tras meses o años de agonía para sus familias.

Para los mexicanos, el caso se convirtió en símbolo de la violencia que convulsiona al país desde mediados de la década de 2000 y que puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para controlarla.

En una revelación que fue un escándalo en 2017, salió a la luz que el Estado mexicano utilizó Pegasus, un sofisticado software de espionaje vendido por la empresa israelí de ciberinteligencia NSO Group, para vigilar a los investigadores internacionales al frente del caso.

Ahora se ha sabido que la campaña de vigilancia pudo haber sido más sistemática de lo que se creía.

Las pruebas obtenidas por The Pegasus Project, una investigación colaborativa sobre NSO Group y las personas supuestamente en el punto de mira de su software espía Pegasus, llevan a pensar que la vigilancia se extendió a las familias, pobres y desesperadas, de los estudiantes, así como a sus abogados y al menos a un funcionario local que investigaba las desapariciones.

Todos los teléfonos de estas personas aparecían en una lista formada por más de 50.000 números considerados presuntos objetivos por clientes de NSO Group, entre 2016 y 2020. Los periodistas detrás de esta investigación han podido identificar a los propietarios de cientos de esos números. El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional realizó análisis forenses en decenas de teléfonos. El informe incluía esos análisis, así como por entrevistas, documentos y otros materiales. El hecho de que un número figurase en la lista no significa necesariamente que se viese comprometido. En el repertorio pueden aparecer números de teléfono que no se lograron pinchar o incluso que ni siquiera se intentó pinchar. NSO Group ha negado las acusaciones en una serie de declaraciones (en inglés, aquí).

Carlos Martín Beristain, que forma parte del grupo de investigadores, califica de “extremadamente perversas” las revelaciones sobre la supuesta vigilancia de las familias.

“En lugar de investigar a los responsables o a los funcionarios implicados en los hechos, se pretendía criminalizar a las víctimas”, señala a OCCRP.

Ya se sabía que Pegasus se utilizó en México, país donde 25 personas vieron infectados sus dispositivos con el programa espía, entre ellas periodistas que cubrían la violencia de los cárteles, la viuda de un reportero asesinado y defensores de la salud pública que defendían la aplicación de un impuesto a los refrescos. Sin embargo, esos objetivos se descubrieron después de tener conocimiento de mensajes de texto sospechosos y pidieran ayuda.

La diferencia de los datos de The Pegasus Project es que revelan la existencia de una extensa lista de números de teléfono que, todo apunta, fueron utilizados por los clientes de NSO para su vigilancia, lo que permite comprender mejor sus intereses. Los datos contienen más de 15.000 números mexicanos, muchos de los cuales coinciden con personas que ya se sabe, gracias a los análisis forenses, que fueron objetivos.

Además de aparecer los padres de Ayotzinapa, los datos filtrados revelan teléfonos de un sindicato de maestros, periodistas y activistas de derechos humanos de todo México, y el círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador, el político progresista que acabaría ganando las elecciones nacionales de 2018.

Incluso un periodista de The New York Times se convirtió en objetivo poco antes de publicar un importante artículo sobre cómo el software de NSO se usó para espiar a los investigadores y a un grupo de derechos humanos que trabajaban en el caso Ayotzinapasoftwarecaso Ayotzinapa.

NSO Group insiste en que sólo vende su software a los gobiernos para que lo utilicen en actividades legítimas y de los servicios de inteligencia. El gobierno mexicano ha dado garantías similares. El entonces presidente Enrique Peña Nieto admitió en una rueda de prensa en 2017 que su administración había comprado Pegasus, pero solo para combatir el crimen organizado y “mantener la seguridad nacional”.

“Este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano", replicó entonces Peña Nieto.

Pese a los reiterados intentos efectuados, no ha sido posible obtener la versión de Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong, su secretario de Gobernación, respondió a los periodistas de The Pegasus Project que la Secretaría “nunca, nunca autorizó ni tuvo conocimiento o información de que el Cisen [la agencia de inteligencia de México en ese momento] tuviera o adquiriera el kit de hackeo Pegasus y nunca autorizó nada que tuviera que ver con los pinchazos”.

López Obrador, el actual presidente, asegura que su Gobierno no utilizó Pegasus, y señaló su intención de investigar si alguna agencia mexicana aún mantiene contratos activos del software espía. “Si el contrato existe, debe cancelarse”, añadió, calificando de “vergonzoso” que su círculo más cercano pudiera haber sido blanco de ataques.

Para los padres de Ayotzinapa, saber que pudieron haber sido espiados por su propio gobierno no les ha sorprendido. La mayoría sintió durante años que estaban siendo vigilados.

“¡Sííí, nos vigilaban!”, responde Bautista contundente. “Donde quiera que fuésemos, una patrulla nos seguía”.

Melitón Ortega, cuyo sobrino Mauricio fue secuestrado, también estaba en la lista de objetivos. Al conocer la noticia señala que Pegasus era sólo “la última herramienta represiva del Estado”.

“Siempre he sospechado que las autoridades podían estar vigilándome”, declaró a The Guardian.

En respuesta a las revelaciones hechas esta semana por The Pegasus Project, NSO Group reiteró que los datos utilizados por los periodistas fueron malinterpretados y que la empresa no permite que sus clientes hagan un mal uso de su softwaresoftware.

La empresa emitió el miércoles un comunicado desde Tel Aviv en el que se podía leer: “¡Basta ya!... NSO no responderá más a los medios de comunicación sobre este asunto y no seguirá el juego a una campaña vil y difamatoria”. La empresa reiteraba además que los números que figuraban en la lista no eran necesariamente objetivos de Pegasus, y añadía que “investigaría a fondo” cualquier prueba de que su tecnología habían sido mal utilizada.

“NSO continuará con su misión de salvar vidas, ayudando a los gobiernos de todo el mundo a prevenir ataques terroristas, a desarticular redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, a localizar a niños desaparecidos y secuestrados, a localizar a supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y a proteger el espacio aéreo contra la penetración perturbadora de peligrosos drones”, añaden.

“No sintieron la más mínima piedad”

Todo parece crecer de forma salvaje en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano donde los cactus conviven con los bosques y las pequeñas granjas familiares, donde el maíz y los frijoles son los cultivos básicos.

A pesar de su exuberante paisaje, es una de las zonas más pobres de México, muy dependiente del cultivo de la flor de amapola. No hay muchas alternativas de futuro para los chicos de Guerrero. Pueden emigrar al norte, unirse a los narcos locales, controlados por una banda conocida como los Guerreros Unidos, o, si son estudiosos y cívicos, solicitar plaza en la mejor escuela de la zona.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, casi universalmente conocida como Ayotzinapa, se fundó en la década de 1920 en plena Revolución Mexicana, como parte de un movimiento nacional para formar a jóvenes campesinos para que enseñaran en sus propias comunidades. Con los años, la escuela también se ha hecho conocida por una tradición de activismo político de izquierdas entre sus estudiantes.

Como la escuela casi no recibe financiación del gobierno, los estudiantes tienen otra tradición de larga data: requisar los autobuses locales para conducir ellos mismos a las tareas de observación en el aula o a las protestas.

Esta práctica se toleraba a regañadientes y las empresas de autobuses a veces daban instrucciones a los conductores para que no se resistieran si un grupo de estudiantes subía a bordo y tomaba el control. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de primer y segundo año se dispuso a hacer precisamente eso. Aturdidos tras una agotadora semana de orientación, los líderes del “Comité de lucha” de la escuela les mandaron preparar autobuses y que solicitaran donaciones para llevarlos a Ciudad de México a una manifestación prevista.

Pero las cosas no tardaron en volverse extrañas. Después de que la Policía Federal les cerrara el paso en la carretera cerca de la ciudad de Chilipancingo, cambiaron de rumbo y se dirigieron a Iguala. Entonces, la Policía y hombres armados abrieron fuego contra los autobuses. Lo que siguió fue un ataque coordinado y aún inexplicable contra los estudiantes desarmados, en múltiples lugares, y que duró horas.

Seis personas murieron a tiros y otras 40 resultaron heridas. Uno de los estudiantes fue encontrado más tarde con el cuerpo mutilado y la cara arrancada. Los supervivientes denunciaron que sus gritos de auxilio, o sus súplicas para que se les permitiera ayudar a sus compañeros, como se llamaban entre sí, caídos fueron respondidos con más disparos.

“Gritamos a la Policía que estábamos desarmados, que no teníamos nada con lo que hacerles daño”, recordó Edgar Yair, un estudiante de primer año de 18 años. “Gritamos para que dejaran de dispararnos, porque si te asomabas un poco, te disparaban. No tenían la más mínima piedad”.

En medio del caos, se llevaron a 43 estudiantes en coches patrulla, a la comisaría, según supusieron entonces sus amigos. Nunca se les volvió a ver.

Al día siguiente, sus padres se movilizaron.

“Los padres comenzamos a unirnos”, rememora Cristina Bautista. “Algunos vinieron de Oaxaca, otros de Tlaxcala, otros de Morelos”.

Entraron en tropel en la escuela –Bautista recuerda que se reconocieron inmediatamente entre la multitud, porque todos lloraban– y la tomaron como cuartel general, durmiendo en colchones en el suelo de las aulas mientras esperaban noticias de sus hijos.

No pasó mucho tiempo antes de que su persistencia y su autoridad moral se convirtieran en un problema para el gobierno federal, que intentaba gestionar la situación.

¿Verdad histórica o mentira histórica?

Poco después, el gobierno de Guerrero anunció saber quién estaba detrás de los asesinatos: el alcalde de Iguala y su esposa, supuestamente indignados porque el comportamiento desordenado de los estudiantes estaba interfiriendo en un acto político y ordenaron que los entregaran al cártel de la droga Guerreros Unidos.

Pronto se puso de manifiesto que esta historia no se sostenía, mientras se acumulaban las pruebas de la connivencia a nivel federal. Los estudiantes que sobrevivieron al ataque informaron de que habían visto a policías federales y estatales en el lugar de los hechos, que no habrían respondido ante el alcalde.

Las autoridades anunciaron entonces que habían encontrado los cuerpos de los estudiantes perdidos en varias fosas alrededor de Iguala. Pero cuando se analizaron los restos, ninguno resultó pertenecer a los estudiantes; en su lugar, eran de al menos 28 personas no relacionadas. Al final, se encontraron tantas fosas comunes sin relación alguna en la zona que algunas familias locales formaron un nuevo grupo, “Los otros desaparecidos de Iguala”, para reclamar su recuperación e identificación. Sus esfuerzos han llevado a la exhumación de más de 160 cuerpos, según Human Rights Watch.

Esta serie de injusticias y errores causó indignación entre los mexicanos. “Sólo unos días después de los ataques... [parecía] claro que el gobierno haría todo lo posible para que fuera imposible encontrar a los 43 estudiantes e imposible también saber lo que ocurrió esa noche”, escribió Gibler. Las familias de los 43 encabezaron una marcha de 15.000 personas en Ciudad de México, portando imágenes de sus seres queridos.

En enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cerró oficialmente el caso en una conferencia de prensa que pronto se tornó infame. Anunció que, en lo que respectaba al gobierno mexicano, se había determinado la “verdad histórica” y no había nada más que decir sobre el asunto: los 43 estudiantes habían sido retenidos por la Policía y entregados a una banda de narcotraficantes, que supuestamente los ejecutó e incineró sus restos.

Era una buena historia. El único problema era que no había muchas pruebas para ello. Un equipo internacional de investigadores creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló pruebas que confirmaban los relatos de los estudiantes de que la Policía Federal había estado en el lugar de los disparos, y que el Ejército había estado vigilando a los estudiantes toda la noche desde un centro de mando en Iguala. Pero se les impidió entrevistar a los militares o visitar sus cuarteles, a pesar de las múltiples peticiones.

Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, descubrió más tarde que, mientras estos investigadores estaban en Guerrero, no mucho después de que criticaran públicamente al gobierno por interferir en su investigación, se produjeron dos intentos de infectar sus teléfonos con el programa espía Pegasus de NSO Group.

Beristain, el miembro del grupo, asegura que, mientras permanecían en Guerrero, sintieron que estaban siendo vigilados. Cuando más tarde se enteraron de que el gobierno mexicano recurrió a Pegasus declaró que “se parecía mucho a las cosas que habían sufrido”.

“Tuvimos muchos problemas con los teléfonos que utilizábamos... había gente sospechosa cuando nos reuníamos, recibíamos mensajes extraños, especialmente sms con enlaces”.

En una ocasión, señaló, tres miembros del grupo recibieron mensajes de texto raros cuando estaban agotados tras realizar una tarea especialmente espeluznante: exhumar al estudiante que había sido torturado.

“Salimos de la exhumación y recibí un mensaje que decía –no lo sé exactamente, porque el teléfono se rompió–, pero venía a decir algo así como: ‘Te estamos esperando para organizar el funeral’. Es decir, no era un mensaje general, era un mensaje pensado para que, obviamente, pinchara en el enlace”. Asegura que no lo hizo.

Cuando finalmente se publicó el informe de los investigadores, en abril de 2016, se refutó la narrativa de la “verdad histórica” del gobierno, diciendo que no había pruebas de que se hubieran quemado cuerpos en el vertedero; de hecho, parecía científicamente imposible generar suficiente calor allí. Aunque se encontraron los restos de 19 personas en el vertedero, los analistas no pudieron encontrar pruebas que los relacionaran con los estudiantes desaparecidos.

Esto provocó una protesta. También confirmó las sospechas de los padres de los 43, que llevaban años insistiendo en que los relatos contradictorios e incompletos ofrecidos por las autoridades apuntaban a un encubrimiento.

“¿Qué sentido tendría encubrir a... la Policía de Iguala?”, se pregunta un abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en una entrevista con el OCCRP. “No es muy lógico. En el caso de Ayotzinapa están involucrados funcionarios de alto nivel que querían borrar pruebas, que querían encubrir a los altos mandos y por eso se hizo una investigación muy desordenada”.

Tras este caos, según los nuevos datos de The Pegasus Project, los números de teléfono de al menos cuatro miembros de la familia de Ayotzinapa fueron elegidos para ser pinchados con Pegasus: Bautista, Ortega, Felipe de la Cruz, padre de un estudiante superviviente, y David Cabañas, hermano de un estudiante desaparecido.

También lo fue Rosales, junto con su colega Abel Barrera, un conocido antropólogo que dirige un centro de derechos humanos que presta asistencia jurídica a familias indígenas pobres.

Aunque los datos de The Pegasus Project no permiten que los reporteros determinen con exactitud quién puso a las familias de Ayotzinapa en la lista y por qué, no hay muchas posibilidades. Al parecer, sólo tres organismos gubernamentales en México tienen acceso a la herramienta: el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, que firmó el contrato de 32 millones de dólares para la adquisición de Pegasus por parte del gobierno mexicano en 2014.

El titular de la oficina en ese momento era Jesús Murillo Karam –que luego sería el procurador general que cerró la investigación sobre los estudiantes desaparecidos–. Al habla con él, ha declinado dar su versión de los hechos.

“Una gran lucha”

Padres y abogados se habían quejado durante años de que se sentían acosados por el gobierno de Peña Nieto. El presidente no ocultó su disgusto por sus ruidosas protestas sobre cómo gestionó el caso el Ejecutivo. En un momento dado, sugirió que estaban respaldados por fuerzas que buscaban desestabilizar el país y “atacar el proyecto nacional que hemos estado construyendo”.

“Fue muy difícil para nosotros", dijo Bautista, que recuerda un constante zumbido de helicópteros sobre su casa durante esos años.

Las familias recorrieron universidades y grupos de derechos humanos en México y otros países latinoamericanos para reunirse con activistas y expertos. Incluso testificaron en una audiencia en Perú y otra en Washington. Rosales y de la Cruz se unieron a un programa llamado Caravana 43 que les permitió viajar mucho para hablar con grupos comunitarios sobre su experiencia.

“Estábamos en esta lucha exigiendo que se continuara la investigación, que se continuara la búsqueda, y obviamente el gobierno tenía la posición: ‘Ya investigamos, se ha dicho la verdad, y lo que ustedes están haciendo es negar la verdad’”, explica Rosales.

En abril de 2016, las conversaciones telefónicas privadas entre él y su esposa saltaron a las portadas de los principales periódicos y revistas de México. Les cogieron, en un momento de frustración, hablando con desdén de las familias indígenas a las que ayudaba. “Malditos indios de mierda”, los llamó. Un ejército de bots de Twitter surgió para denunciarlo, todos usando el hashtag #fuckinglousyindians.

Todavía no está claro cómo se filtraron las conversaciones. Los datos de The Pegasus Project muestran que el nombre de Rosales fue incluido en la lista de presuntos objetivos en 2017, pero no hay datos anteriores a 2016, lo que hace difícil saber si pudo haber sido espiado antes.

Las familias afirman que el sucesor de Peña Nieto en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha sido más receptivo. Tres días después de su toma de posesión, creó la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y desde entonces se han producido varias detenciones y otros avances en el caso.

Sin embargo, Cristina Bautista no está satisfecha. Los restos de su hijo nunca se han encontrado. Todavía habla de “Benja” en tiempo presente: “Mi hijo es muy cariñoso y respetuoso”, dijo a los periodistas con voz temblorosa. “Lo estamos buscando”.

Sabe que casi con toda probabilidad está muerto, pero no puede descansar, ni hablar en pasado, hasta que lo sepa con certeza. Aun así, le reconforta el hecho de que ella y los demás padres de Ayotzinapa se negaron a aceptar que sus hijos pudieran simplemente desaparecer.

“Ellos construyeron su mentira histórica, fue fácil para ellos porque somos campesinos. Era fácil para ellos hacer ‘desaparecer a nuestros hijos’, porque somos campesinos, ¿qué vamos a hacer?”, añade Bautista. “Pero se equivocaron con nosotros”.

Traducción: Mariola Moreno

Aquí puedes leer el texto original en inglés

Tras el cierre de las urnas y a pesar de la falta de resultados oficiales, la coalición opositora formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se han proclamado vencedores de las elecciones, algo que también ha hecho el gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente, Andrés Manuel López Obrador, según recoge Europa Press.

Así, el PAN y el PRI han dicho ser los ganadores de la contienda en al menos seis gobernaciones, algo que también ha declarado Morena, según informaciones del diario El Universal. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha declarado su la victoria en Nuevo León.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha afirmado así que se ha podido poner un "alto" a Morena y a la "destrucción del país". Así, Marko Cortés ha indicado que con los sondeos a pie de urna, se ha obtenido un "buen resultado en las elecciones". "La coalición va a gobernar a mucha más población y va a tener más diputados federales y locales", ha aseverado.

En este sentido, ha declarado que Acción Nacional y sus aliados suponen la "gran alternativa" y que se han hecho con un resultado histórico en Ciudad de México, dnde va ganando Benito Juárez, así como en Coayoacán, con Miguel Hidalgo, y en Cuauhtémoc Cuajimalpa con Álvaro Obregón.

"Acción Nacional está ganando con un amplísimo margen en el estado de Querétaro, y también puedo informarles que la coalición Va por México tiene cerradas contiendas arriba en los estados de San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Zacatecas y Colima", ha afirmado.

Por otra parte, el líder de Morena, Mario Delgado, ha indicado que el partido se ha hecho con los estados de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche. En un mensaje ante los medios de comunicación, ha sostenido que dichas entidades ya se han "vestido de Morena" con una ventaja "irreversible".

"Estamos muy contentos porque el pueblo de México decidió seguir haciendo historia. Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche se visten de Morena. Son encuestas de salida donde se tiene una amplia ventaja para darlos ya como resultados que se irán conformando por la autoridad electoral a su debido tiempo, pero por el margen que tenemos son irreversibles", ha destacado.

Delgado ha manifestado además que Ciudad de México sigue siendo "territorio Morena" y ha declarado la victoria en al menos 14 alcaldías. "Tenemos 14 alcaldías ganadas, y los resultados no nos favorecen en Benito Juárez y Cuajimalpa", ha puntualizado.

Respecto a las diputaciones a nivel federal ha insistido en que "mantendrán la mayoría". No obstante, ha denunciado incidentes, como la apertura tardía de las urnas, la compra de votos y algunos casos de violencia electoral, algo que se estaría investigando.

Sin mayoría en la cámara de diputados

El PRI, sin embargo, ha insistido en que Morena ya no contará con la mayoría den la Cámara de Diputados. El líder de la formación Alejandro Moreno Cárdenas ha proclamado la victoria electoral de su partido en Campeche y Nuevo León, ha asegurado que ha sido un proceso muy ajustado en el que la alianza opositora se habría desmarcado en Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima.

Moreno ha matizado que, sin duda, el PRI "arroja un resultado muy positivo" dado el incremento de los apoyos registrados desde las últimas elecciones. "En el PRI y en la coalición Va por México estamos muy contentos porque tendremos resultados excelentes, buenos para nuestros partidos, buenos para México, (...) vamos a generar en el Congreso de la Unión también pesos y contrapesos que le van a ayudar al país", ha destacado.

Por otra parte, ha reconocido la labor del Instituto Nacional Electoral: "todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a las consejeras, a los consejeros, pero sobre todo a los miles de ciudadanos que participaron en esta elección".

Ciro Murayama, consejero electoral, ha alertado en su cuenta de Twitter de la irresponsabilidad que supone declararse ganador sin que haya aún resultados oficiales del proceso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado este viernes que la suspensión de la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en Facebook es como la "Santa Inquisición pero para el manejo de la opinión pública".

Para el mandatario mexicano, la medida tomada por las empresas como Facebook, Twitter y Twitch de bloquear las cuentas del magnate neoyorquino, supone un "mal presagio", según informaciones de la agencia de noticias Bloomberg, recogidas por Europa Press.

En una rueda de prensa, López Obrador ha matizado que se trata de una afrenta a la libertad que "las empresas privadas decidan quién puede ser silenciado y censurado y quién no". "Entonces no se vaya a estar creando un poder mediático mundial, un tribunal de censura, como la Santa Inquisición pero para el manejo de la opinión pública", ha dicho.

Las principales plataformas y redes sociales suspendieron las cuentas de Trump después de que una horda de seguidores suyos asaltara el Capitolio durante la sesión de certificación de votos de Joe Biden. Twitter le pidió entonces a Trump que eliminara tres tuits, incluido un mensaje de vídeo en el que Trump expresó su apoyo a los insurgentes y calificó las elecciones de "fraudulentas".

En este sentido, ha tildado a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, de "arrogante" por suspender la cuenta de Trump y ha expresado que se trata de las "normas" de la red social. "¿Y qué? ¿Y la libertad y el derecho a la información?, ¿y el papel de las autoridades legales y legítimamente constituidas?", ha cuestionado.

Un militar que lideró las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de seis años en la localidad de Ayotzinapa (Guerrero) ha sido detenido, en el marco de los esfuerzos del actual Gobierno para depurar responsabilidades dentro de las fuerzas de seguridad.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya avanzó en septiembre, coincidiendo con el sexto aniversario, que se ejecutarían órdenes de detención contra mandos militares para depurar responsabilidades sobre un suceso que implicó no solo a grupos armados, sino también a responsables de seguridad.

En el marco de estos esfuerzos, el pasado jueves fue detenido el capitán José Martínez Crespo, que lideraba el grupo que recabó información en los primeros momentos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Magisterio de Iguala. Está acusado de delincuencia organizada, según las fuentes consultadas por el diario El Universal.

López Obrador se ha marcado la resolución de este caso como una de las prioridades de su mandato. El actual Gobierno ha concluido que la anterior administración, liderada por Enrique Peña Nieto, incurrió mintió y encubrió irregularidades.