El mercado laboral sumó 31.462 afiliados en septiembre hasta los 21,69 millones de ocupados, gracias al tirón del sector educativo en un mes en el que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el dato de afiliación de septiembre es el tercer mejor registro para este mes de la serie, solo superado por las cifras de 2020 y 2021.

Por sectores, la educación, con el arranque del curso escolar, fue el que más afiliados sumó con 61.025, mientras que, como suele ser habitual con el fin de la temporada estival más fuerte, el comercio perdió 44.031, y la hostelería, 32.294.

También subió el empleo de forma significativa frente a agosto en actividades administrativas y servicios auxiliares, con 23.843 afiliados más.

Por sexo, el empleo avanzó entre las mujeres con 66.471 afiliadas más hasta los 10,23 millones, mientras que la afiliación cayó entre los hombres, con 35.009 afiliados menos hasta los 11,46 millones.

En cuanto a los autónomos, en septiembre ganaron 7.581 afiliados hasta los 3,4 millones y suman 36.212 en la variación anual.

"Un mes más los datos ratifican la fortaleza del mercado de trabajo en España y confirman que las reformas han sido y siguen siendo eficaces", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el último año, el empleo ha ganado 499.459 afiliados, mientras que el paro registrado se ha reducido en 153.620 personas.

"Los datos son buenos pero no nos conformamos: vamos a volver a subir el salario mínimo, llevaremos de nuevo la reducción de la jornada laboral al Congreso de los Diputados y vamos a aprobar el Estatuto del Becario", ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en valoraciones remitidas a los medios.

Al detalle de la evolución mensual del paro, cayó en construcción en 4.670 personas; servicios, con 3.067 parados menos; industria con 1.422 personas y agricultura, en 1.166.

Por el contrario aumentó en el colectivo sin empleo anterior en 5.479 personas.

"Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 si exceptuamos el periodo de la pandemia”, destaca el Ministerio de Trabajo.

El desempleo femenino bajó en 2.827 mujeres hasta 1.46 millones, el nivel más bajo desde 2008, y el masculino se colocó en 952.761 al descender en 2.019 personas.

Por edad, el paro de los jóvenes menores de 25 años subió en 16.085 personas respecto al mes anterior.

El total es de 183.716 personas jóvenes, la cifra más baja de la serie histórica un mes de septiembre, señala Trabajo.

El paro registrado en septiembre bajó en nueve comunidades autónomas con las mayores caídas en cifras absolutas en Cataluña (5.293), Canarias (4.842) y Comunidad Valenciana (2.739).

Subió en las ocho comunidades restantes, encabezadas por Andalucía, con 7.116; Galicia, con 3.394; y Principado de Asturias, con 1.219.

Por otro lado, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo en agosto alcanzó el 82,5 %, la más alta de la serie.

La afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en julio al alcanzar los 21.865.503 ocupados, 4.408 más que en junio, impulsada por el comercio y las actividades sanitarias, que han permitido compensar el fuerte retroceso en educación y agricultura.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo aumentó con fuerza en las actividades sanitarias (en 56.264 afiliados más) y el comercio (48.190 más); así como, en menor medida, en actividades administrativas (14.775 más), administración pública (13.366 más) y hostelería (11.199 más).

Estos avances permitieron compensar la destrucción de empleo experimentada por la educación (123.699 empleados menos), lastrada por el final de curso, y el sector agrario (43.191 menos).

En cuanto al paro, el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo, por sexto mes consecutivo, hasta los 2.404.606 millones, 1.357 menos que en junio y la cifra total más baja desde hace 18 años.

En comparativa anual, el desempleo se ha reducido en 145.631 personas, un 5,7% menos; mientras que la afiliación suma 485.397 ocupados, un avance del 2,26%.

Este aumento del empleo de julio es muy inferior al registrado en junio (cuando creció en 76.720 personas), pero muestra un registro mejor que en el mismo mes de 2024, cuando se destruyeron 9.783 puntos de trabajo.

Así, la Seguridad Social ha destacado que la afiliación diaria ha vuelto a superar los 21,9 millones de ocupados en varios días de julio, con lo que se acerca a la "barrera de los 22 millones".

El empleo creado en julio fue íntegramente masculino (62.285 afiliados más), ya que la ocupación femenina se redujo en 57.877 personas. La afiliación de extranjeros bajó en 4.667 personas, hasta los 3,09 millones.

Por regímenes, en julio creció el empleo en el general (en 9.954 ocupados) y el del mar (en 1.740), pero el número de autónomos retrocedió en 7.286, hasta situarse en una media de 3,41 millones.

Si se descuenta el efecto de la estacionalidad y el calendario, la Seguridad Social cifra el número de afiliados en 21.642.413 personas, 31.085 más en que en junio y 475.623 más que en julio del pasado año

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha destacado en un comunicado que "el empleo sigue marcando un ritmo de crecimiento muy dinámico" en julio, en especial entre los jóvenes "que, además, viven un aumento de sus bases de cotización y un descenso de la temporalidad".

Seguridad Social ha destacado que en julio había cuatro millones de trabajadores más con contrato indefinido que antes de la implementación de la reforma laboral, lo que ha permitido reducir la temporalidad al 13,5% de media.

En cuanto al paro, subió especialmente en los servicios, con 2.018 parados más, seguido de la industria (416 más) y la construcción (138 más); mientras que bajó en el colectivo sin empleo anterior, con 3.315 personas menos, y el agrario, con 614 menos.

El desempleo femenino se redujo en julio en 901 mujeres, hasta un total de 1,45 millones; mientras que entre los hombres se recortó en 456 desempleados, hasta los 944.623.

Entre los menores de 25 años el descenso fue de 2.561 personas, hasta los 164.146 jóvenes, tras experimentar bajadas sucesivas durante 51 meses, por lo que se ha alcanzado el nivel más bajo de toda la serie.

Por regiones, el paro cayó en julio en seis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (8.035 personas menos), Castilla-La Mancha (1.771 menos) y Asturias (1.296 menos); mientras que subió en once, más en Cataluña (4.339), País Vasco (1.600) y Aragón (1.167).

En cuanto a la contratación, se registraron 1.588.983 acuerdos laborales, un 6,17% más que en junio.

De ellos, 609.964 contratos fueron de carácter indefinido, lo que supone el 38,39% del total.

El día 17 de junio la Seguridad Social registró a 21.949.706 personas cotizando y, con gran probabilidad, la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicará el Instituto Nacional de Estadística este próximo 24 de julio reflejará que en España hemos superado los 22 millones de personas con empleo. Es una cifra extraordinaria. Nunca en España hubo tantas personas trabajando.

En los últimos siete años, desde junio de 2018 a junio de 2025, el número de cotizantes a la Seguridad Social se incrementó en 2.854.105 personas, haciendo de España el país que más empleo ha creado en toda la Unión Europea. Un crecimiento del empleo generalizado, que ha beneficiado a todas las actividades económicas y a todos los territorios, pero de forma especial a las mujeres y a las personas más jóvenes.

El número de afiliadas se incrementó en 1,5 millones hasta superar los 10,3 millones de mujeres cotizando, la cifra más alta de la historia. Aumenta más el empleo de las mujeres que el de los hombres y por lo tanto se feminiza nuestro mercado laboral: el 47,2 % de las personas afiliadas son mujeres.

Por otro lado, en estos siete años, el número de cotizantes menores de 25 años aumentó en 485.000, equivalente a un incremento de casi el 50%: el empleo juvenil creció tres veces más que en el resto de los tramos de edad.

Más mujeres, más jóvenes, más personas asalariadas y también más autónomos. Los cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentaron en 148.101 personas. Frente a los discursos catastrofistas la realidad es que nunca hubo tantos autónomos cotizando en España.

Más empleo y de mayor calidad contractual, porque gracias a la reforma laboral de 2022, el número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 4.721.969 personas, mientras que las personas que trabajan con un contrato temporal se han reducido en 2.297.806 personas más. Para que se entienda mejor hay casi 5 millones de indefinidos más y 2,3 millones de temporales menos: se ha producido una radical transformación del modelo de relaciones laborales, dejando atrás una temporalidad abusiva, superior al 30 % en 2018, mientras que ahora es de apenas el 12 %, por debajo ya de la media de la Unión Europea. 

La mejora en la calidad del empleo va más allá de la estabilidad laboral, porque en estos años el empleo ha crecido de forma especialmente significativa en las actividades productivas que generan más valor, en las empresas de mayor tamaño y en los grupos de cotización que se corresponden con la formación más elevada, avanzando de forma significativa, aunque aún insuficiente, en la necesaria transformación de nuestra estructura productiva. Un dato lo demuestra: el empleo en Programación y Consultoría aumentó el 70% desde 2018, son 209.010, afiliados más, mientras que el comercio al por menor generó 54.632 empleos, con un incremento del 3 %.

Ya no son la construcción, el comercio y la hostelería las ramas en las que más aumenta el empleo, sino la educación, las actividades de consultoría, el transporte, la industria farmacéutica o la investigación.

Hay mejores empleos en empresas más grandes y en sectores que generan más riqueza, y eso se traslada a mayores salarios. La base media de cotización a la Seguridad Social, que es equivalente al salario bruto, se incrementó el 28,7% desde 2018, lo que supone un incremento de 9 puntos por encima del IPC. Un incremento de bases de cotización en el caso de las mujeres es del 31,4%, lo que ha permitido reducir casi el 20 % la brecha de género.

Una intensa creación de empleo en un escenario económico internacional golpeado por crisis sucesivas. El desplome de la economía mundial por la COVID, con una caída del PIB del 11,4% en 2020, la ruptura de la cadena de suministros en 2021, la crisis de inflación de 2022, la subida de los tipos de interés en 2023, el estancamiento de la economía europea en 2024, con Alemania en recesión, la guerra comercial de Trump en 2025. 

Por primera vez en nuestra historia reciente, la economía y el empleo en España no se resiente y encabeza el crecimiento europeo. Desde 2018 el empleo aumentó en nuestro país el 15%, más del doble que el 6% que de media creció en la Unión Europea y casi siete veces más que Alemania, que se queda en apenas el 2% de incremento.

La protección al empleo con los ERTEs, la subida del 61% del SMI y la estabilidad en el empleo gracias a la reforma laboral de 2022 han cambiado el paradigma laboral en España, demostrando que la mejor política económica es mejorar las condiciones laborales, con mejores empleos y mejores salarios.

Superar los 22 millones de personas empleadas, con más mujeres, más jóvenes, más empleo indefinido y mejores salarios, demuestra que es posible crecer con equidad y modernizar el tejido económico al mismo tiempo. 

Esto no es un punto de llegada, sino una base sólida desde la que seguir construyendo un futuro y un mercado laboral que asegure mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores.

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Manuel Lago es diputado por Sumar.

Febrero ha dejado buen sabor de boca en el mercado de trabajo español, la afiliación se mantuvo por encima de los 21,4 millones, con un aumento en la ocupación del 2,4%. Coincidiendo con la semana del 8 de marzo, día de las mujeres, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado un apartado dedicado al comportamiento del empleo femenino. En los datos, se pone al acento en que hay más mujeres trabajadoras que nunca y ya suponen un 47,3% del total. Por otro lado, también recogen que el empleo femenino ha crecido un 14,2% desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022, más de tres puntos por encima del masculino. Además, los datos del ministerio ratifican una ligera mejoría en cuanto a la estabilidad: el número de afiliadas con contrato indefinido aumentó un 4,4%.

Pero las buenas tendencias no significan necesariamente que los problemas estén resueltos. Si bien los datos dicen que la brecha de género se ha ido reduciendo en los últimos años, un estudio de Comisiones Obreras presentado en febrero, la sigue situando en el 19,6%. Ese es el porcentaje que deberían aumentar de media las retribuciones de las mujeres para situarse en los mismos niveles que las de los hombres, que ganan en promedio 4.856 euros más. Además, más allá de las diferencias salariales, otras dinámicas como la descompensación de mujeres y hombres en determinados sectores o las reducciones de jornada por cuidados, que ellas suelen tener en mayor medida, siguen dificultando una igualdad real en el mercado de trabajo.

Por ejemplo, el índice elaborado por la consultora PWC y el grupo ClosinGap —que calcula las diferencia entre las tasas masculina y femenina dentro de cinco ámbitos clave: empleo, educación, conciliación, salud y digitalización— señala que ellas son las que más se dedican a cuidar y realizan más tareas no remuneradas. El informe señala que la brecha en temas de conciliación supera el 55% (siendo el 100% la paridad completa) y aunque se ha reducido con respecto al año anterior, la tendencia positiva aún no subsana sustancialmente las diferencias. Son ellas quienes más bajas se cogen por cuidado de hijos o familiares, quienes más optan por reducciones de jornada o quienes menos tiempo dedican al ocio, recoge el informe.

En cifras, el informe de ClosinGap apunta que si se pusiera fin a las brechas de género en el mercado laboral (en términos de participación, jornada y productividad), la economía española podría crecer en 255.755 millones de euros, el equivalente al 17,1% del PIB de 2023. Y en esto, influye mucho que ellas no se decanten por algunas profesiones consideradas tradicionalmente como masculinas.

Uno de esos ámbitos es el mundo de la tecnología. De hecho, un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) advierte que en el conjunto de los países miembros, las mujeres representaron solo entre el 11% y el 24% de todos los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, en promedio, solo el 4% de las patentes en este sector se les atribuyen exclusivamente a ellas. Además, en el caso de España, del total de empresas emergentes financiadas por capital de riesgo, solo el 5% son dirigidas por mujeres, frente a un 85% que son dirigidas por hombres. Aquí, de nuevo, los datos de Trabajo señalan que la tendencia es positiva y en el último año, la afiliación de trabajadores por cuenta propia en información y comunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas se ha incrementado en un 9,5% y 4,4%, respectivamente, con casi 22.000 autónomos más de alta en estos dos sectores de alto valor añadido. Sin embargo, son sectores que están lejos de alcanzar cifras paritarias.

El trabajo por cuenta propia es otra de las asignaturas pendientes. En el lado positivo, la proporción de mujeres autónomas se sitúa en el 36,9%, el nivel más alto de la serie histórica, debido a que, desde 2021, casi el 70% del empleo creado en el régimen de trabajadores autónomos corresponde a mujeres. En el lado negativo, en cambio, afloran problemas conocidos: las mujeres autónomas en España ingresan un 30% menos que los hombres y sufren una brecha en sus prestaciones por jubilación del 41%, según un estudio de Autónomas por la Igualdad. Y de nuevo, la falta de políticas específicas, la carga de los cuidados no remunerados y las dificultades para acceder a financiación son los puntos que agravan su situación.

Otro problema son los techos de cristal, porque las diferencias por género afectan también a quienes desempeñan puestos más altos. De hecho, el número de mujeres en cargos directivos en España ha descendido al 38,4%, dos puntos menos que el año anterior, según el informe Women in Business 2025 de la consultora Grant Thornton. Con esta reducción, las empresas se quedan por debajo de las recomendaciones que en 2020 estableció la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de situar el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas en el 40%. Además, el dato más negativo es la disminución de mujeres en cargos de CEO, que ha bajado siete puntos hasta el 19,3%. Además, el número de presidentas de empresas es aún menor, con solo un 4,5%.

El informe también detalla la distribución por cargos y recoge que el puesto con mayor presencia femenina en España es el de responsable de Recursos Humanos (47,5%), seguido por la dirección de marketing (34,5%) y responsable de planificación financiera (33,2%). Aunque lenta, los datos recogen que la tendencia no es mala, algo que se observa también en la mejora de las bases de cotización de las asalariadas españolas, que crece un 21,2% desde 2009. Lo hace, concluye en Ministerio, a mayor ritmo que la masculina, aunque también hay que destacar, que parte de mucho más abajo.

El Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades armó en 2020 su primer informe Mujeres e Innovación, un documento de carácter bianual, que en su edición de este año deja una conclusión ligada al mercado laboral que puede contribuir a tumbar prejuicios o ideas preconcebidas: en 2023 hubo más mujeres ocupadas en ciencia y tecnología que hombres. A ellas ya no le son ajenos esos empleos.

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa a 2022, el 15,6% del tejido empresarial español lo constituyen empresas innovadoras. En ese contexto, la suma del personal técnico, profesional, científico e intelectual, más el personal técnico y profesional de apoyo, representa más de un tercio de la población ocupada femenina, en concreto el 34,4%; mientras que en el caso masculino, se queda en el 29,2% de la población global. Esto prueba que entre las mujeres sí existe un interés real por formar parte del sector económico de la I+D+I. De hecho, de acuerdo a la Encuesta de población activa del INE, el 64% de los nuevos puestos de trabajo vinculados a la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías pertenecen a mujeres.

A la luz del informe del ministerio, en la última década se ha consolidado una tendencia: la elevación progresiva y sostenida en el tiempo de la proporción de los recursos humanos en la órbita de la ciencia y de la tecnología respecto a la población ocupada en su conjunto, y que esto tenga "mayor incidencia en el caso de las mujeres”. 

A pesar de los avances, las mujeres siguen sin participar en el ámbito de la innovación española “de forma igualitaria a como lo hacen los hombres”, según se refleja en el mencionado estudio consultado por infoLibre. Persiste, por ejemplo, su infrarrepresentación en determinados sectores estratégicos, como en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El 61,3% de las empresas de esta área de actividad con 10 o más trabajadores, que son las que poseen cierta dimensión para innovar, “no tienen mujeres especialistas TIC”, lo que “pone de manifiesto la urgente necesidad” de incorporarlas a “las empresas españolas”, se recoge en el informe. En relación a ese punto, el porcentaje de empresas sin mujeres en TIC se redujo en 2020, hecho que engarzan a las “necesidades de cuidados durante la pandemia”, que pudieron provocar que muchas tuvieran que abandonar sus cargos laborales para dedicarse a ellos. En cualquier caso, no se han recuperado los valores previos a la sacudida general que supuso el covid. 

Tampoco se ha logrado reducir la brecha de género, en las esferas de la alta y media-alta tecnología (AyMAT). En ellas, las profesionales femeninas representan sólo “uno de cada tres puestos ocupados”, esto es, “el 31% de la población ocupada tanto como personal de I+D, como personal investigador”, confirmando una distancia que no se ha acortado en el último lustro. No son del todo positivos, asimismo, “los datos del propio personal de las empresas que se dedican a actividades innovadoras”. ¿Por qué? Aún no se llega al 30%. Únicamente el 28,8% fueron mujeres, si bien, esa cifra significa un alza de seis décimas respecto al 28,2% registrado en 2020.

Desequilibrios de género por sectores

Al colocar la lupa por sectores se observa, a la luz del análisis oficial, que las mujeres no tocan ni el listón del 30% en ninguno de los tres sectores principales de actividad del país: en el de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca suponen el 20,5%; porcentaje que se eleva al 26,8% en el caso de la Industria; y en Servicios es del 29,7%. Únicamente en Textil, confección, cuero y calzado, Actividades sanitarias y de servicios sociales, Actividades financieras y seguros y Otras actividades de fabricación, “existe un equilibrio de género”.

“Aunque hoy en día el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación ha avanzado en España, no lo ha hecho con suficiente fuerza e intensidad como para cambiar los desequilibrios observados en la última década”, advierten los autores del informe. A su entender, la brecha de género no ha dejado de ser “palpable” y “no pueden faltar el conocimiento y la experiencia de las mujeres” en un marco como es el de la innovación, que “requiere la participación de un número creciente de recursos humanos especializados y cualificados”. Por eso se apuesta por poner el foco en ese “déficit de talento especializado” que se produce, avisan, “no sólo en España sino a nivel mundial”. Para lograr sortearlo abogan por “eliminar los estímulos externos, estereotipos de género y sesgos”, que alejan a las mujeres de las titulaciones STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, siglas en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. “Sólo así -mantienen- será posible restablecer el equilibrio de género en los sectores productivos más innovadores, rompiendo con el escenario actual”.

Con todo, hay un campo, el sector de la Biotecnología, que se diferencia de otros en cuanto al empleo femenino. Otra vez de acuerdo a información estadística del INE, el personal en equivalencia a jornada completa dedicado a las actividades de I+D interna en biotecnología, fue de 32.901,7, el 13,2% del personal total, en 2021. El 57,7% de estas personas fueron mujeres. En las empresas en particular, la ocupación femenina era de 56,7%. “El sector biotecnológico, por tanto, dista de los patrones observados en el resto de las empresas con actividades de I+D interna y sería un modelo de estudio de caso para ver los parámetros que operan para que exista tan alta representación de la mujer”, se hace notar en el informe. 

Y hay algo más. De igual manera, el colectivo de investigadores en actividades de I+D interna en Biotecnología subió hasta las 20.945,8 personas en jornada completa, el 54,1% mujeres. Por tanto, “también en el escalón más alto las mujeres son mayoría, aunque se manifiesta con menor intensidad que en el total del personal empleado en I+D”.

La travesía ha sido árida para muchas. Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, tiene una idea clara: "Las mujeres estamos menos en las carreras STEM por una cuestión de inercia de visión sexual del trabajo". La desarrolla: "Es un concepto histórico, las mujeres participamos más en lo que es dentro de las casas y cuando esto se profesionaliza, seguimos trabajando haciendo eso, porque se considera innato a nosotras. Una niña se va a enfermería y un niño a ingeniería, entre otras cosas, porque se entiende que los trabajos que no consisten en cuidados, son los que de verdad requieren una formación, los que añaden a la investigación y al desarrollo". "Mientras los otros -apostilla- los hacemos nosotras, pero sin aprender mucho, porque ya tenemos el gen de cuidar. Esto hace que, cuando van a estudiar niños y niñas, desde el inicio, ya estén diferenciados los caminos".

Vidal adelanta a infoLibre que CCOO "va a iniciar una campaña para impulsar a las mujeres hacia las carreras tecnológicas". ¿Por qué? Les "preocupa" que "la siguiente brecha laboral entre hombres y mujeres esté relacionada con ellas, a medida que los trabajos vayan siendo cada vez más tecnológicos y más dependientes de la robótica y de la Inteligencia Artificial", reconoce. "Ahora que nos hemos equiparado en las áreas más industriales y de servicios, o cada vez más, tememos que, a medida que el empleo se genere en esos nichos, surjan otras brechas derivadas de lo que estudiamos unas y otros, relacionadas con si estamos o no en la carrera tecnológica". De ahí que desde el sindicato tengan la intención de "alertar a los ministerios implicados, Trabajo, Educación y Derechos Sociales, sobre que nos tenemos que poner manos a la obra con esto. Desde la Secretaría de Mujeres de CCOO nos parece grave", lanza.

Sobre que sigue costando hacerle hueco a mujeres en puestos de responsabilidad, Vidal apunta a una triada de factores que las "lastran": "La maternidad profundamente, todo lo que tiene que ver con los cuidados, en el sentido amplio de la palabra; y las interrupciones de nuestras carreras profesionales con las excedencias, reducciones de jornada, parones…". "Estos son los motivos principales que hacen que, aunque formemos parte ya más de las carreras tecnológicas, no tengamos todavía altas responsabilidades en ellas", concluye.

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

Por un lado, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG); por otro, el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao. Dos sentencias, una del pasado 26 de octubre y otra de este lunes, han reconocido el derecho a paro de dos empleadas del hogar que, en el momento de solicitarlo, no habían cotizado. "Para nosotras es una alegría enorme. Lo que significa es que el trabajo que hacemos desde las asociaciones está mejorando la situación de las empleadas del hogar. Ojalá hubiera muchos casos más", celebra Carla Jirón, presidenta de Sedoac (Servicio Doméstico Activo), en conversación con infoLibre.

El 1 de octubre del año pasado entró en vigor el decreto ley aprobado por el Gobierno que obligaba a cotizar a más de 373.000 trabajadoras domésticas inscritas entonces —según detalló el Ministerio de Trabajo— en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social. Antes de esa fecha no podían hacerlo, por lo que si eran despedidas no tenían ningún derecho a la prestación por desempleo.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que pidió acabar con la situación. En otra sentencia emitida en enero, tan sólo unos meses antes, dictaminó que las empleadas del hogar sufrían una "discriminación indirecta por razón de sexo". El 95% de las trabajadoras del sector eran mujeres, concretó el fallo. Ahora, y según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), ellas suponen el 89,2% del sector. Son, en números absolutos, 533.200 de un total de 597.800. Siguen siendo una abrumadora mayoría.

La normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez lo cambió todo con el objetivo de acabar con esa discriminación. Pero sólo lo hizo desde entonces y en adelante, según recuerda precisamente el TSXG en su sentencia, consultada por infoLibre. "No resuelve el problema de los posibles beneficiarios anteriores", critica. El tribunal vasco, según informa el sindicato demandante, ELA, vino a concluir lo mismo. "Pese a que el decreto del gobierno estatal entró en vigor en octubre, hay que reconocer la prestación de desempleo a dicha trabajadora, por ser la normativa anterior discriminatoria", indica.

Ambos casos, igual que ambos fallos, son prácticamente idénticos. El tribunal gallego resuelve la situación de una mujer que fue despedida el 4 de agosto de 2022. Hasta entonces, había trabajado 2.361 días. Cuando solicitó el subsidio, la respuesta fue clara: no estaba en vigor el real decreto que le otorgaba el derecho a paro, así que no lo percibiría. La mujer objeto del fallo del tribunal vasco fue despedida en septiembre de 2022, así que el SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] actuó igual.

Ahora, en estos dos fallos, ambos jueces sacan del cajón la sentencia europea y, aplicando la perspectiva de género, entienden que están obligados "a amparar a las personas trabajadoras integradas en ese sistema especial cuando la pérdida de su empleo se haya producido con anterioridad al nuevo régimen y estén desprotegidas", señalan los jueces gallegos. "La normativa española que excuía la cotización (y el desempleo) para las personas trabajadoras integradas en el Sistema Especial para Empleados del Hogar es contraria al derecho comunitario por discriminatorio y dicha situación no se ha solucionado con la reforma operada por el Real Decreto Ley 16/22", señalan.

Además, continúan, "la interpretación de la normativa debe producirse en la forma más favorable al colectivo discriminado [...], con perspectiva de género, porque es indiscutible el sesgo femenino de sus integrantes en su casi totalidad; y, además, en la aplicación e interpretación de las normas los juzgadores tenemos una obligación de hacerlo con perspectiva de género, al integrar un valor superior del ordenamiento jurídico".

¿Pueden sentar estos casos un precedente que empiece a aplicarse por parte de todos los jueces? Para eso habrá que esperar. Ambas sentencias son recurribles, la primera al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la segunda, por su parte, al Supremo, que sería en todo caso el encargado de sentar doctrina.

"Si llegase y concluyera del mismo modo, ya se asentaría un precedente para toda España. Por ahora, en Galicia ya se ha creado", celebra Alejandra Gesto, de CCOO. "Ya avisamos de que la ley era insuficiente. No daba una cobertura integral a todas las empleadas de hogar", continúa.

El aumento progresivo de la temporalidad en el sector público perjudica a las mujeres. La mayor presencia femenina en empleos de la administración pública, como los sanitarios o educativos, lastra las tasas de temporalidad de las mujeres en mayor medida que las de los hombres. En los últimos cinco años, la tasa de temporalidad femenina en el sector público ha subido 6,6 puntos, desde un 28,4% a un 35%. La masculina ha subido 4,9 puntos, de 18,5% a 23,5%. Esto mantiene la brecha de temporalidad entre hombres y mujeres de 12 puntos en el sector público. 

En la Administración Pública hay más mujeres que hombres trabajando desde 2003, un fenómeno que año a año va ganando mayor presencia. Según los datos de la Encuesta de Población Activa de 2022, el 57,6% son mujeres. Una cifra que no supera el récord de 2021 de 58,9%. Este pico responde a la mayor contratación de profesionales de la Sanidad como consecuencia de la pandemia. 

La aprobación de la reforma laboral, que entró en vigor en marzo de 2022, ha supuesto una caída generalizada de las tasas de temporalidad en el sector privado. En los últimos cinco años, la tasa masculina ha caído 10,1 puntos, de 21% a 11%, aunque prácticamente todo el avance ha ocurrido a lo largo de 2022. En el mismo período, la femenina ha caído otros 9,7 puntos, de 23,3% a 13,6%. 

No obstante, en esos cinco años, la evolución ha sido la contraria en el sector público: la temporalidad masculina ha aumentado 5,5 puntos (de 18,5% a 23,5%), mientras que la femenina 6,6 (de 28,4% a 35%). El resultado de esto, es que la temporalidad del empleo masculino de todo el mercado de trabajo, privado y público, ha caído 8,1 puntos, mientras que la del femenino, solo 6,1.

Esta evolución de la temporalidad en el empleo público está lastrando el empleo de las mujeres. La brecha de género de temporalidad entre hombres y mujeres era de 3,5 puntos antes de la pandemia. Ahora es de 5,5. Antes de que el COVID irrumpiera, la tasa de temporalidad masculina era del 20,7% y la de las mujeres del 24,3%. Ahora, es del 12,6% y del 18,1%. La mayor contratación pública de empleo temporal ha evitado que las mujeres se beneficien en igual medida que los hombres en esa reducción de la temporalidad.

“Lo que nos planteamos es, ¿qué ha pasado con la reforma laboral?”, se pregunta Begoña Marugán, adjunta a la Secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras. ”Lo que hemos visto es que ha aumentado la estabilidad de las mujeres en el sector privado. Sin embargo, en el sector público la tasa de temporalidad es del 35%. ¡Es altísima! Mayoritariamente, concentrada en el sector sanitario. Esto lo que ha hecho es crecer y arrastrar la temporalidad femenina”, añade la socióloga.

El ámbito de competencia de la reforma laboral es el sector privado. Fuentes gubernamentales han valorado a infoLibre que el efecto de las convocatorias de oposición puestas en marcha tardan en tener efecto. El sindicato valora esta afirmación: “Se firmó un pacto con el Gobierno para reducir la temporalidad al 8%”, explica Marugán, de CCOO. “El problema fundamental es que desde que se convocan las oposiciones, se realizan los exámenes… eso va a tardar. Pero sí existe ese compromiso de reducir la temporalidad en lo público”, añade. Otras fuentes gubernamentales consultadas insisten en que el aumento más reciente de la temporalidad femenina se explica por la excepcionalidad de la pandemia y la necesidad de reforzar plantillas en la Sanidad, que es un sector feminizado.

Pese a que la presencia femenina en el empleo público es mayoritaria, del 57,6% a cierre de 2022, eso no se traduce en mejores sueldos. Según ha destacado CCOO en un informe publicado este lunes, con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo 22 de febrero, las mujeres también cobran menos en lo público. En datos de 2019, el salario medio femenino es de 29.992 euros, frente el de 32.213 de los hombres. 

“Hoy una mujer tiene que percibir un 20,9% más de su salario para cobrar lo mismo que un hombre”, señala Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, en relación al empleo privado y público. “Hay que tener en cuenta los complementos salariales. El dinero que una mujer pierde por no recibir complementos, de hacer turnos determinados o nocturnidad, explica 4 de cada 10 euros de la brecha salarial. Si hacemos trabajos más breves, esto les impide tener una mayor cualificación salarial y la media desciende. El motivo es el de siempre: el mayor peso de los cuidados en el hogar”, añade la portavoz del sindicato.

En este sentido, Begoña Marugán, una de las autoras del citado informe, pone el dedo en otra llaga: las horas extra: “Las mujeres hacen menos horas extras en general, sin embargo, si miramos las horas extra no retribuidas, afecta a un sector importante de la población femenina. Sobre todo afecta a la docencia y a la investigación. Las profesoras hacen muchas horas que no son pagadas y eso no es solo precariedad, también explotación”, concluye la socióloga. 

Según datos de CCOO, de los 510.500 hombres que hicieron horas extras en 2022, 289.000 lo hicieron de manera retribuida, frente 188.000 que no las cobró. En las mujeres, fueron 398.700 las que hicieron horas extras. 180.500 las cobró, frente a una mayoría de 200.400 mujeres que no lo hizo.

Altamente feminizado, muy privatizado y, sobre todo, precario. Si algo reveló el covid-19 fueron las pésimas condiciones que soportan las trabajadoras de las residencias de mayores de nuestro país. Ya en marzo de 2020 los sindicatos apuntaban a que el final de la crisis sanitaria tendría que impulsar necesariamente la mejora de unas condiciones que llevaban tiempo denunciando. Por ejemplo, los salarios. Sin embargo, y a pesar de una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, las retribuciones de las gerocultoras —las auxiliares de geriatría que trabajan en los centros de mayores— están todavía lejos de mejorarse. Un convenio sectorial en ultraactividad —es decir, prorrogado— desde hace cuatro años y la dificultad en las negociaciones para firmar uno nuevo explican la situación.

El trabajo de las gerocultoras, según el Instituto Oficial de Formación Profesional (MEDAC), consiste en "atender y cuidar a los mayores en sus necesidades básicas". Eso incluye desde ayudarles en caso de movilidad reducida o en lo relacionado con la higiene y alimentación hasta garantizar el acompañamiento físico y emocional y la realización de ejercicios de estimulación. Su trabajo está sujeto a las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo Marco Estatal de Dependencia, que comparten con el resto de empleados de residencias de mayores —como trabajadores sociales o médicos— y con los profesionales de teleasistencia —como teleoperadores u oficiales—. En total, según UGT, el Convenio afecta a 300.000 trabajadores.

El que está actualmente en ultraactividad tenía una vigencia de tres años, desde 2015 a 2018, pero las negociaciones entre los empresarios y los sindicatos para concretar uno nuevo han fracasado hasta el momento. "No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los incrementos a realizar durante los próximos años, pero seguimos siendo optimistas en poder alcanzar un acuerdo", señala a infoLibre el secretario general de la patronal AESTE, Jesús Cubero. La gerente de CEAPS, Marina del Corral, coincide con él. "La negociación actualmente continúa, queremos aproximar las posiciones y creo que hay voluntad por parte de todos", apunta.

Pero lo cierto es que las posiciones en estos momentos están distanciadas. Hay una subida salarial ordenada por la Audiencia Nacional que la patronal ha recurrido ante el Tribunal Supremo y que, según los sindicatos UGT y CCOO, apenas se ha aplicado. Se trata del incremento del 6,5% del salario de todos los trabajadores del sector de la dependencia, una subida que coincide con el aumento del IPC real correspondiente a 2021. Como explican los sindicatos, el artículo 8 del Convenio establece que, aunque el texto se encuentre en ultraactividad, los salarios deben incrementarse acorde a la inflación siempre y cuando el PIB nacional supere el 2%. Por este último requisito, precisamente, los sueldos estuvieron congelados durante todo 2020 y 2021.

La orden para efectuar el incremento llegó el pasado mes de junio. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional lo avaló. Sin embargo, y como apenas ha tenido repercusión, los sindicatos han vuelto a los tribunales para reclamar la publicación de las tablas salariales y, con ellas, la subida. "UGT denuncia que el bloqueo en la suscripción y publicación de las tablas es una 'artimaña' para evitar cumplir la sentencia, ya que muchas empresas se excusan en ello para no abonar el incremento salarial a las trabajadoras del sector", apuntó el sindicato en una nota de prensa del pasado 28 de septiembre.

"AESTE ha recomendado a todos sus asociados la aplicación del 6,5% para este año", se justifica Cubero, que argumenta también que la medida "no es de obligado cumplimiento" porque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Pero, ¿cuál es el sueldo actual de las gerocultoras? Según el Convenio caducado en 2018, de 1.061,98 euros para una jornada de 1.792 horas anuales, la misma retribución que había en 2019, a pesar de la mayor carga de trabajo y responsabilidad asumida desde marzo de 2020. Según un estudio publicado por Luis Manuel Blanco-Donoso, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), durante la primera ola de la pandemia los trabajadores de las residencias "presentaron una elevada sobrecarga y presión social derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y el dolor al que estaban expuestos". Además, muchos presentaban "niveles altos de estrés traumático".

Ya no solo eso. El pasado 1 de septiembre, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó el Informe de evaluación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en el que destacaba la "constante y crónica precariedad de las condiciones laborales" de los trabajadores del sector y recomendaba "mejorar los salarios".

No obstante, no en toda España existe la misma situación. No todas las trabajadoras de residencias se rigen por este convenio porque no es el único que existe. Hay algunos aprobados por empresas privadas que se circunscriben solo a sus empleados, a los que habitualmente mejoran las condiciones laborales, y otros dos aprobados en Gipuzkoa y Bizkaia que contemplan jornadas de hasta 200 horas anuales menos y un salario sustancialmente superior. Por ejemplo, en el de Gipuzkoa publicado el pasado mes de agosto, se fija que el salario de una gerocultora será de 1.679,04 euros en 2022 —para 1.592 horas al año— y de 1.798,59 en 2024. En el de Bizkaia, por su parte, está fijado en 1.360,80 euros, aunque su convenio también está caducado.

¿Por qué esas diferencias? Txomin Lasa, del sindicato ELA, explica que todas las mejoras salariales fueron precedidas de largos periodos de huelga. "En Bizkaia mejoraron mucho las condiciones después de 378 días de huelga y en Gipuzkoa llevamos, desde 2018 y de manera intermitente, 262 días de paros", cuenta. "Las trabajadoras de residencias son un colectivo muy peleón", explica.

Por otro lado, la realidad en el otro territorio del País Vasco es muy diferente. En Álava la mayoría de trabajadoras de residencias se rigen también por el convenio estatal, aunque según explica Lasa actualmente llevan más de diez días de huelga para mejorar las condiciones. Algo similar ocurre en Navarra, donde también se están llevando a cabo paros. Allí, los sindicatos denuncian que las trabajadoras de residencias tienen jornadas de casi 1.800 horas anuales con salarios que rozan los 1.000 euros. "Queremos mejorar las condiciones y luchar porque estos servicios públicos no sean privatizados y mantengan la calidad, para lo que hacen falta condiciones dignas de trabajo y de vida para los usuarios", sentencia Lasa. Ahora, las condiciones de la mayoría de gerocultoras de España depende de la aplicación del 6,5% de incremento del salario y, sobre todo, de las negociaciones que decidirán cómo será su próximo convenio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno dará a conocer "en breves días" la ley que reformula el trabajo doméstico en España con un planteamiento "más extenso" que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege a los empleados y empleadas del hogar, según informa Europa Press.

"Otra de las normas que van a conocer con carácter inmediato, no solo es la ratificación del 189, que se queda parco, sino la ley que reformula el trabajo doméstico en España, en breves días lo van a conocer, saldrá la norma rápidamente y el objetivo no solo es lo que dice el 189 sino hacer una extensión de derechos a las trabajadoras del hogar en nuestro país", ha explicado Díaz este jueves en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados.

Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha avanzado que "el planteamiento" de esta ley "va a ser más extenso que el Convenio 189 de la OIT".

El convenio sobre los trabajadores domésticos fue aprobado en el Consejo de Ministros en abril y remitido a las Cortes Generales. Según explicó el Ministerio de Trabajo el pasado mes de mayo, el trámite de ratificación se estima que durará unos meses y tras el verano podría estar todo preparado para ser depositado en Ginebra. Mientras tanto, la ministra ya adelantó que estaban trabajando en las adaptaciones normativas que exige este instrumento internacional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el Gobierno, "con carácter casi inmediato" va a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras domésticas, ya que los trámites para ellos se "han culminado", ha informado Europa Press.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha adelantado esta información aprovechando, según ha indicado, que este miércoles 30 de marzo de celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Según ha indicado, la ratificación se encuentra en la actualidad "en la antesala de Exteriores" con el objetivo de que sea trasladada "a las Cortes Generales".

En este sentido, Díaz ha recordado que España estaba obligada a cumplir esta medida tras la sentencia sobre este tema dictada por el Tribunal de Justicia Europeo.

La vicepresidenta segunda ha enmarcado esta medida dentro del plan de choque del Ejecutivo de medidas económicas y sociales tras el inicio de la guerra en Ucrania y en la que, según ha señalado, se incorporan iniciativas que mejoran la situación de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres.

La guionista Clara Roquet da el salto a la dirección con Libertad, película que se estrena este viernes 19 de noviembre en salas españolas, con una historia de amistad de dos chicas adolescentes que deberán superar "los roles de clase y privilegio" que surgen entre una familia acomodada y las empleadas del hogar, informa Europa Press. 

"Hay algo en el servicio de las cuidadoras de estas familias, sobre todo en la clase media burguesa progresista, que resulta incómodo. Y eso a su vez es muy cinematográfico, lo de poner la cámara donde otros apartan la mirada", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cineasta, única representante española en competición en la última edición del Festival de Cannes.

Roquet cree que a día de hoy "no se habla suficiente del tema de la clase porque parece una lucha del pasado". "Hay además todavía un clasismo y una forma de tratar a otro que depende mucho de las situaciones de poder y se tiende a pensar que eso lo hemos dejado atrás. Y no es así, más ahora con esta postpandemia que deja una situación crítica", ha cuestionado.

En Libertad, Roquet enfrenta la mirada de la joven Nora (María Morera) a todos los prejuicios que surgen desde una familia acomodada respecto al servicio que trabaja en su casa. Esto se acrecienta cuando llega a la casa Libertad (Nicolle García), hija de la empleada del hogar, quien inicia una relación de amistad con Nora.

"No es tanto una mirada crítica con las clases altas, sino con el sistema, que hace prisioneras a estas mujeres", ha explicado Roquet, quien no obstante matiza que no quería "villanos" en su película. "Incluso la madre (interpretada por Nora Navas) hace lo que puede, con todos esos privilegios heredados incapaz de verlos: el primer paso para comprender un sistema injusto es tomar conciencia del propio privilegio", ha remarcado.

Personaje de 'Mafalda'

La cineasta va más allá y lamenta la "idea del sueño americano que se ha vendido", relativa a que "si trabajas mucho, podrás llegar a donde tú quieras". "Es una mentira absoluta y encima culpabiliza a gente pobre, sin recursos para esa situación y sin tener en cuenta que el ascenso social está completamente roto si naces en unas condiciones determinadas", ha defendido.

Roquet, guionista de títulos como 10.000 km o Los días que vendrán10.000 kmLos días que vendrán, ha decidido rodar esta película -cuyo título se inspira en el personaje de Mafalda- con una mezcla de actores profesionales y amateurs. "Al principio me daba miedo y mucho respeto la dirección, sobre todo porque cuando solo escribes luego hay otra persona que da la cara. Pero ha sido muy divertido", ha bromeado.

El paso por el Festival de Cannes lo resume como una experiencia "muy importante", aunque con un punto de "mala suerte": no pudo estar en la presentación. "Esperamos un año para Cannes -la edición de 2020 se canceló y fue invitada a la siguiente- y diez días antes, pille el covid", ha recordado, resaltando en cualquier caso el "trampolín de lanzamiento" que ha supuesto para la cinta.

'Roma' de Alfonso Cuarón 

Las similitudes en la historia con la película Roma de Alfonso Cuarón son palpables, aunque Roquet -quien ya tenía escrito el guion antes del estreno de esa cinta- resalta que Libertad"está contada desde el privilegio". "Roma me parecio una peli muy personal suya, Libertad esta contada desde otro punto de vista, desde el privilegio" ha explicado la directora. 

"Con esta película me pasó una cosa graciosa: estaba en clases de guion y me dijeron que el tema de las criadas estaba muy trillado. Al año siguiente salió Roma y ganó todos los Oscars. La conclusión es que no hay temas trillados, sino perspectivas distintas, lo que cuentas y como lo cuentas", ha apuntado.

Ahora que Libertad enfila la temporada de premios cinematográficos, Roquet aborda la decisión de festivales como el de San Sebastián de suprimir premios por género en categorías como las de actor. "No tengo una opinión formada, pero me parece una pena sacar premios, porque dan mucha visibilidad", ha concluido.

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Maciej Szpunar e informa Euroa Press. En opinión del letrado, dado que estos empleados son "casi exclusivamente mujeres", denegarles el derecho a paro "constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo".

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, el abogado general Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la "desventaja particular" que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de "medida indirectamente discriminatoria". Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es "más o menos similar" entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar "difiere considerablemente".

En este caso, explica el abogado general, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión "afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino".

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en "una posición menos ventajosa", debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas "salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo".

El abogado general examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato "por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude".

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos "legítimos" de protección social, pero estima que "no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino".

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) "parecen estar basados más bien en estereotipos de género" y, en consecuencia, "son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo".

Además, el abogado general rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión "conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles", lo que permite "no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo".

La estrategia del Gobierno para converger en 2050 con los ocho países más avanzados de la Unión Europea es disparar la productividad y el empleo de forma simultánea, precisamente los dos históricos talones de Aquiles de la economía española. Pero el Ejecutivo cree que es posible darle la vuelta al calcetín, elevando en un 50% la productividad nacional y aumentando la tasa de empleo desde el 62% al 80% durante los próximos 30 años, “el mismo crecimiento que España registró en los 30 años anteriores a la crisis de 2008”, según resalta España 2050, el estudio prospectivo que han elaborado para el Ejecutivo 103 expertos a lo largo del último año. De esa forma, el PIB se elevaría a un ritmo del 1,5% anual, lo que permitiría recortar la brecha en renta per cápita que separa a los españoles de esos ocho grandes de la UE desde el 21% actual hasta el 10% en 2050.

A su vez, para aumentar la tasa de empleo, el Gobierno planea incorporar al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años, todos ellos ahora con tasas de inserción inferiores a los niveles europeos. En 2050, la tasa de paro debería quedar reducida en 2050 al 7%, también el nivel europeo. Como recuerda el propio estudio, sólo entre 2005 y 2007 España bajó hasta una tasa de desempleo similar, el 9%, cuando la economía nacional “crecía al 4% y de forma desequilibrada”. La tasa de paro juvenil debería reducirse a la mitad de la actual, que es la segunda más alta de la UE, tras Grecia y se sitúa en el 33%. La participación laboral femenina tendría que elevarse 20 puntos en 30 años, de forma que se incorporasen al trabajo dos millones de mujeres.

Pero también se pretende equiparar la tasa de actividad de quienes tienen entre 55 y 74 años con la que disfrutan los mejores países de la UE, mediante un alza de casi seis puntos porcentuales: 1,6 millones de trabajadores más. Lo que se conseguiría con incentivos para seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Y manteniendo a los de más de 55 en el mundo laboral, gracias a “programas integrales de retención y reincorporación” de los trabajadores mayores adecuando los empleos futuros a sus capacidades e intereses, adaptando los ya existentes en función de la edad a través de “itinerarios flexibles” y apoyando el “emprendimiento sénior”.

Aunque a más largo plazo –“en las próximas décadas”, apunta el estudio–, la idea es “adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida”. Es decir, retrasar la edad legal de retiro, que en 2027 serán los 67 años. España 2050 menciona la reforma de las pensiones de 2011 pero no la de 2013, cuyas dos medidas estrella, el índice de revalorización desligado del IPC y el factor de sostenibilidad, se encuentran derogado el primero y suspendido el segundo. En cambio, menciona dos posibles reformas de calado. Una es la creación de un sistema de previsión complementaria “de titularidad personal, de modo que acompañe al beneficiario en las diferentes fases de su vida activa y sea transportable entre empresas, ilíquido hasta el momento de la jubilación”, salvo en situaciones de necesidad como enfermedad grave, invalidez laboral o cese de actividad. Para eliminar suspicacias de privatización, el desarrollo de ese nuevo pilar de protección social se deja en manos del diálogo entre empresas y trabajadores, no sin antes precisar que nunca debería “menoscabar la centralidad del sistema público y su suficiencia”.

Además, en vistas a la anunciada derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución –anunciada por el ministro de Seguridad Social– por otro mecanismo del que aún no se conocen los detalles, el estudio adelanta la necesidad de introducir “mecanismos de revisión periódica” del sistema público de pensiones “asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales”, que lo adapten a la esperanza de vida.

Un futuro con menos empleo fijo y más 'freelancers'

Para acabar con las lacras del mercado laboral y equiparar las tasas de empleo españolas a las de los países líderes de al UE, el estudio reproduce algunas de las medidas ya anunciadas por el Ministerio de Trabajo o que éste negocia con patronal y sindicatos. Reducir los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y formativo, o establecer un mecanismo permanente de ERTE. El documento menciona el fomento de la contratación indefinida frente a la temporal sin precisar medidas concretas, pero sí propone aumentar las “sanciones y las indemnizaciones” para los contratos temporales fraudulentos. Y reformar el Estatuto Básico del Empleo Público para reducir al máximo los contratos temporales en las administraciones.

Además, hace mucho hincapié en la importancia de las políticas activas de empleo –la reorientación y recualificación profesionales– para recortar el desempleo, más aún el paro de larga duración. El objetivo es aumentar esta partida –maltratada durante la anterior crisis por los recortes presupuestarios– hasta alcanzar el equivalente al 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050. Así se podría “destinar íntegramente los recursos “humanos y espaciales” del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la orientación profesional, una vez digitalizados y automatizados los trámites administrativos relacionados con el desempleo. La intermediación laboral, una tarea a la que el SEPE renunció hace ya tiempo, se podría llevar a cabo en una plataforma digital estatal que conecte a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas, tanto públicas como privadas, apoyándose en “el uso de inteligencia artificial, algoritmos de perfilado y datos masivos”. El primer paso, indica el documento, debe ser modernizar el Portal Único de Empleo actual.

Sobre la negociación colectiva, los expertos formulan una propuesta en la línea con la que se negocia en estos momentos en el Diálogo Social. No se habla de qué convenios deben gozar de prioridad aplicativa –la CEOE quiere mantener la del convenio de empresa, establecida en la reforma laboral de 2012; los sindicatos, recobrar la del convenio sectorial–. En cambio, diseñan una “garantía salarial a escala sectorial” que evite “ajustes excesivos” en los sueldos, al tiempo que se permite “flexibilidad” en la distribución de las horas o la organización de trabajo; es decir, esas materias se dejan en el ámbito del convenio de empresa. Una especie de solución salomónica que no rechazan ni UGT ni CCOO. Sobre la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan–, el estudio plantea “evitar bloqueos prolongados” mientras se negocia la renovación de los convenios colectivos mediante la adecuación de los mecanismos existentes, sin concretar más.

Otras medidas novedosas para estimular el empleo incluyen incentivar el emprendimiento de los jóvenes, sobre todo en las zonas más despobladas, dotar de portabilidad plena a las prestaciones sociales, para estimular la movilidad de los trabajadores entre comunidades autónomas y reducir la jornada laboral hasta converger en el número de horas trabajadas a la semana en los ocho grandes países europeos, 35 horas en lugar de las 37 españolas. Los autores del estudio creen que el empleo por cuenta ajena a tiempo completo irá perdiendo peso en los próximos años. Adelantan un mercado laboral donde ganarán relevancia “formas de empleo atípico”: autónomos, freelancers y trabajadores on-demand, que combinarán “varias fuentes de ingresos y diversas actividades profesionales”. El éxito de las plataformas digitales y el aumento de la externalización están detrás de esos cambios en los modelos de empleo. Las empresas contratarán “cada vez más tareas que personas”, y éstas las remunerarán “por los resultados obtenidos, más que por las horas trabajadas”. En consecuencia, auguran, las carreras profesionales serán más discontinuas, los trabajadores cambiarán con más frecuencia de empleador y de sector. El riesgo que corre ese incierto mundo laboral del futuro son unas redes de protección social, y un estado de bienestar, debilitados. Y la respuesta que da el estudio a esa eventualidad se dirige a nutrir la financiación del sistema de prestaciones no sólo con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas como hasta ahora, sino también con impuestos.

Finalmente, se pretende “fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en el reparto de las ganancias de productividad”. Los expertos aseguran que es un modelo de éxito en Suecia –la referencia a los países nórdicos es reitera en el documento–. Se trata de un sistema de cogestión a través de “fondos del personal asalariado”, que el documento describe como “fondos de inversión colectiva de la plantilla en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos”.

Más recaudación fiscal para mayores prestaciones sociales

En el capítulo de la desigualdad –España es el tercer país con mayor desigualdad de la renta disponible de la UE–, España 2050 plantea aumentar el gasto público en protección social para ampliar las prestaciones e incluso asegurar su “acceso universal”. En concreto, propone reformar las prestaciones familiares y crear una nueva ayuda por crianza de hijos e hijas menores de 18 años.

Pero para ello, antes es necesario elevar “progresivamente” la recaudación fiscal, del 37% del PIB actual al 43% en 2050. Así que el estudio recomienda una “reforma integral” del IRPF –que incluya una revisión de las bases y tipos de la imposición sobre el trabajo– y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE. También pide la eliminación de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades, a la búsqueda de su armonización internacional.

Una investigación realizada por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) revela que, en España, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo, según informa Europa Press. 

Este informe, además, también refleja que de las personas de este colectivo que están trabajando, un 34% ha sufrido discriminación en el entorno laboral –un 47% en el caso de las mujeres– y un 58% se oculta y no habla de su identidad en este ámbito de su vida diaria.

Ante estas cifras, la vocal de entidades de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTB (FELGTB), Niurka Gibaja, ha recordado la importancia de la independencia económica para cualquier persona, una situación que ha definido como "base para el desarrollo" de cualquiera y "una medida importante de protección frente a factores de vulnerabilidad como la pobreza y el sinhogarismo".

La independencia económica, ha indicado, también facilita el acceso a la cultura, a una formación superior o a muchos espacios de sociabilización, entre otros ambientes y sectores.

Reclamaciones para la Ley Trens 

Es por eso que, desde la FELGTB, han denunciado este jueves que "no se pueden seguir permitiendo los datos de desempleo y precariedad que sufren las personas trans en España". "Una sociedad democrática como la nuestra no puede seguir dejando al margen del mercado laboral a una minoría concreta de su población", ha explicado Gibaja.

En este sentido, ha evidenciado que la desinformación sobre la realidad trans y los prejuicios de la sociedad en general y, por tanto, también del sector empresarial, "generan que estas personas sean frecuentemente rechazadas en el ámbito laboral o que solo se las contrate para empleos precarios y de poca responsabilidad, independientemente de su formación o su experiencia".

Por eso, ha reivindicado la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y por la Igualdad LGTBI, que prepara el Gobierno, y ha pedido que incluya la creación de programas de fomento del empleo de las personas trans.

Del mismo modo, ha reclamado la aprobación de medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de estas personas dada su situación de especial vulnerabilidad.

La incorporación del talento trans a la empresa 

En este sentido, la responsable de inserción sociolaboral de FELGTB, Carmen Sánchez-Cogolludo, ha explicado el nuevo programa de inserción sociolaboral de personas trans, para acompañar a las empresas y ayudarlas a combatir la desinformación y los prejuicios y, por tanto, a crear espacios libres de discriminación.

"Con esta iniciativa, FELGTB persigue generar oportunidades de inserción laboral para las personas trans partiendo de la sensibilización y formación a empresas y la promoción de planes de acción para alcanzar un cambio cultural y social", ha señalado.

De este modo, la federación trabajará tanto con las personas trans interesadas en el programa, como con las empresas que quieran sumarse a la iniciativa para garantizar la exitosa incorporación de las mujeres trans a la empresa mediante programas de seguimiento.

Estos programas, indica la FELGTB, permitirán minimizar las dificultades que puedan surgir y evaluar tanto el proceso, como la satisfacción de las mujeres y las empresas. Además, formarán y proveerán a las empresas de las políticas y los protocolos que deben tener para garantizar el éxito de la integración laboral.

La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha reconocido este viernes que "no se ha avanzado" en la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales de las empleadas del hogar, aunque ha indicado que el Ejecutivo mantiene su compromiso en esta materia, como recoge Europa Press.

Vera ha comparecido en la comisión del ramo del Congreso, en donde ha explicado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que corresponden a su departamento.

En su intervención, ha celebrado el aumento en las cuantías registrado para el año que viene y ha puesto en valor los diferentes programas, sobre corresponsabilidad, cuidados o violencia de género, que el departamento quiere poner en marcha con sus partidas. Además, ha señalado que la Ley de Igualdad de Trato está "muy terminada".

La secretaria de Estado también ha explicado a la comisión que en materia de trabajadoras domésticas "no se ha avanzado" y está "pendiente" de llevar a cabo. No obstante, es uno de los puntos, tal y como ha señalado, recogido en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE.

"Dificultades" en la prestación por desempleo

Vera ha señalado que los "ministerios competentes" en esta materia, como Trabajo, están "trabajando y desarrollando" medidas para conseguir mejorar la situación de este colectivo, porque "es un compromiso" y "será una realidad".

También ha indicado que la "intención" del Gobierno es mantener el subsidio por desempleo a las trabajadoras del hogar. Vera ha reconocido también "dificultades" en este sentido y que ha habido mujeres que "han tenido problemas" para recibirlo. "Decirles que hay ministerios esforzándose para que eso deje de pasar y se le ponga rápida solución", ha indicado.

La secretaria de Estado respondía así a una preguntar realizada durante la sesión por la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Sara Giménez.

La diputada, que ha tendido la mano al Ejecutivo en materia de igualdad y corresponsabilidad, también se ha interesado por la participación de las comunidades autónomas en el plan de cuidados anunciado por el Ministerio. "Se detallará con las comunidades autónomas", ha confirmado Vera, para indicar que, a pesar de la "diversidad de gobiernos" autonómicos existentes, "todos ellos han tratado la conciliación y los cuidados".

Cuentas que son "delirios ideológicos"

Muy diferente ha sido la intervención de PP y Vox, que se han mostrado muy críticos con las cuentas presentadas por el Ejecutivo. Los conservadores creen que los PGE del Gobierno son "ajenos a los intereses" de la ciudadanía y que "llevarán a la ruina económica y social" al país. En este sentido, han defendido sus políticas de años anteriores cuando, según han asegurado, el crecimiento del empleo de las mujeres fue el que más creció en Europa.

Los de Santiago Abascal, por su parte, creen que el Ejecutivo se está "gastando el dinero de los españoles en sus delirios ideológicos", usándolo para estudios informes, convenciones y premios que inciden "en el enfrentamiento entre hombres y mujeres". A su juicio, son unos PGE "injustos" porque "van dirigidos a las mujeres" y consideran que los planes de corresponsabilidad no permiten que la mujer "pueda elegir" sus prioridades. "El Estado no tiene por qué generar las prioridades que las mujeres tienen", han criticado.

Tanto la portavoz del PP en esta comisión, María Auxiliadora Pérez, como su homóloga de Vox, Lourdes Méndez, han criticado lo que consideran un exceso de cargos públicos en el Ministerio de Igualdad y han pedido a Vera explicaciones sobre ello.

La secretaria de Estado ha explicado, en este sentido, que Igualdad tiene los mismos cargos que cualquier otros ministerio y, dirigiéndose a Vox les ha reprochado que "no les interesa cuánto cobran" los miembros del equipo, "que está establecido por ley", sino que les atacan "por lo que representan".

Violencia política

"No terminan de aceptar que lo que defienden es formar parte de una minoría que rechaza todos los derechos que las mujeres hemos conquistado a lo largo de los años", ha indicado la secretaria de Estado, para añadir que las 38 asesinadas por violencia de género en 2020 "no es algo que haya querido Dios", o que no es "casualidad" el "miedo" de las mujeres que vuelven a casa de noche y van "haciendo ruiditos con el llavero" o tienen que mandar "un mensaje diciendo que han llegado bien".

"¿Esto le pasa continuamente al resto de la población? ¿De verdad me lo dicen?", le ha preguntado a Méndez.

Vera ha lamentado, además, que Méndez haya usado "información manipulada" en su intervención y que "desde posiciones políticas se esté alentando" la realización de "violencia política", "acoso" y "violencia moral" contra los miembros del Ministerio. Estas declaraciones han generado las protestas de la diputada de Vox durante la comisión.

La ONG Acción contra el Hambre ha publicado un análisis de la situación socioeconómica de los jóvenes en España, sacudida por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Una de las principales conclusiones de las que informa la organización es que las mujeres jóvenes "sufren mayor precariedad y pobreza laboral". Citando al Instituto de la Mujer, apuntan que este colectivo se encuentra en "peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis, además algunos de los sectores más afectados, como el comercio, educación, moda, turismo y hostelería, están altamente feminizados”.

Acción contra el Hambre considera que los jóvenes de entre 25 y 35 años se encuentran en una situación "especialmente dura" porque se enfrentan a una nueva crisis después de la del 2008. “Su futuro laboral y sus proyectos de vida, crear una familia o comprarse una casa, vuelven a estancarse con la crisis del coronavirus”, explica la responsable de los programas de empleabilidad de la organización, Ana Alarcón.

No mejora tampoco el panorama entre menores de 25 años, los recién graduados. En el segundo trimestre de 2020 la tasa de paro llego casi al 40% mientras que en el primer trimestre se situó en el 33% según la Encuesta de Población Activa (EPA). “Esta subida de 7 puntos refleja la incertidumbre existente en el mercado laboral a la hora de apostar por el talento joven y la carencia de oportunidades a la que se enfrentan”, apunta la experta en materia laboral.

Aumentan los 'ninis' y el interés de los jóvenes por emprender

En este contexto, el número de jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, los llamados 'ninis', ha experimentado una tendencia al alza, especialmente en abril. Ese mes, en pleno confinamiento, aumentaba un 20,7% respecto al mismo periodo de 2019 y en julio volvía a subir un 17%, según datos del programa de Garantía Juvenil de los que se hace eco la ONG. Para Alarcón los jóvenes se enfrentan a un futuro laboral incierto: empleos precarios, salarios bajos, menos horas de trabajo, más expedientes temporales y despidos definitivos. "Algunos de los que se encuentren ahora en desempleo pueden convertirse en parados de larga duración. La precarización laboral se ha convertido en un asunto estructural", ha indicado.

Alarcón observa, eso sí, un incremente en el interés por el emprendimiento entre los jóvenes: "Si hacemos una media, hablamos de un aumento de inscripciones durante el confinamiento de un 25% más de lo que viene siendo habitual, en algunas regiones el 40%". “Esto da una idea de cómo se disminuyen las expectativas de empleo por cuenta ajena en un mercado laboral mermado por la crisis", subraya. Por desgracia, la brecha de género también se manifiesta en el emprendimiento juvenil: “El porcentaje de mujeres sin estudios superiores que emprende es mucho menor que el de los hombres. Esto pone de manifiesto la diferencia competencial y cultural entre los dos sexos: los hombres confían más en ellos mismos que las mujeres”, detalla Alarcón.

La asociación Servicio Doméstico Activo de Madrid (SEDOAC) y Alianza por la Solidaridad-Action Aid exigen medidas para "evitar el colapso" del sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, según recoge Europa Press. En este sentido, tachan de "deficiente" la posible aprobación de una ayuda económica para aquellas que se hayan quedado en paro o temporalmente sin empleo como consecuencia del impacto económico y social de la pandemia del coronavirus.

El Gobierno está ultimando una ayuda económica para las empleadas del hogar, si bien los detalles (duración, cuantía y fecha de aprobación en el Consejo de Ministros) aún no están cerrados. Al respecto, el diario El País adelantó que esta ayuda extraordinaria duraría un mes y consistiría en un subsidio equivalente al 70% de la base de cotización. Ambas organizaciones valoran "positivamente" la posible implantación de un subsidio, pero consideran que esta prestación debe extenderse durante toda la crisis, como está ocurriendo en las prestaciones para otros trabajadores. "Se trata de un sector altamente precarizado al que no se puede dejar atrás", remarcan.

Para SEDOAC y Alianza por la Solidaridad-Action Aid, la medida anunciada por el Gobierno para el sector "es deficiente" porque exige que los trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social cuando se suspendan sus contratos, reduzcan la jornada o pierdan el empleo. Así, apuntan que esta condición "excluye a muchas de las trabajadoras que hoy están en situación de necesidad y que venían prestando sus servicios en la economía sumergida al no tener permiso de trabajo o porque sus empleadores no les dieron de alta en la Seguridad Social".

"Nosotras queremos contribuir a la sociedad española y de hecho lo hacemos cuidando de los hogares o de las personas más queridas y que más lo necesitan, pero necesitamos seguir exigiendo igualdad con el resto de los trabajadores de este país. No somos ciudadanas de segunda clase", afirma la presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo, Carolina Elías. Según sostiene, "existen responsabilidades por parte de quienes han querido mantener al sector en la informalidad y la falta de derechos".

Las organizaciones creen que la crisis del coronavirus "demuestra que las empleadas del hogar siguen siendo imprescindibles", si bien su situación "se ha precarizado aún más en estas últimas semanas". Tal y como denuncian, en el sector se han producido "despidos masivos, jornadas extenuantes debido al confinamiento de las familias para las que trabajan o escasas, cuando no inexistentes, medidas de protección ante el coronavirus".

En este contexto, trabajadoras de este sector denuncian "que en una grave situación como la actual en la que se manifiesta una profunda crisis de cuidados", tras ser despedidas no tienen prestación por desempleo temporal y que, en muchos casos, su trabajo se está reduciendo a llamadas puntuales para hacer una 'limpieza general', lo que disminuye considerablemente sus honorarios.

Otras muchas, dado que tienen que cuidar de los hijos menores, ahora sin colegios, deben dejar sus empleos precarios. Asimismo, señalan que en el caso de las empleadas internas, "están viendo limitadas sus horas de descanso, dado que no se puede salir a la calle salvo para compras y acaban trabajando muchas horas" y muchas "denuncian que hay muchos casos en las que no les dejan salir a sus hogares de fin de semana por temor de sus empleadores al contagio". "Una preocupación añadida es que muchos empleadores se niegan a firmarles certificados individuales de desplazamiento por motivos laborales, por lo que se enfrentan a multas entre 601 y 13.000 euros", puntualizan

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que, aunque la línea de trabajo de su Ministerio va a ser el diálogo social, la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido de un trabajador por acumulación de bajas médicas aunque estén justificadas "no es un asunto negociable".

"Cuando hay vulneración de derechos fundamentales no se puede negociar nada", ha subrayado la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Díaz ha afirmado que los agentes sociales ya conocen esta decisión, que el Real Decreto-ley que anulará este artículo, derivado de la reforma laboral de 2012, ya está listo y que el Consejo de Ministros lo aprobará con rapidez.

Díaz apoya el diálogo pero "hay cuestiones innegociables"

La ministra ha explicado que trabajará desde el diálogo social, aunque ha señalado que es consciente de que en algunos momentos el debate se cerrará sin acuerdo.

No ha sido el caso del salario mínimo interprofesional (SMI), que subirá este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, a 950 euros mensuales después de que Gobierno, sindicatos y empresarios alcanzaran ayer un acuerdo para elevarlo un 5,5% respecto a la cifra de 2019 (900 euros mensuales).

Díaz ha destacado que este acuerdo ha sido "un éxito del Gobierno de España", no de Unidas Podemos, porque en el Ejecutivo, ha dicho, "no hay camisetas" de según el partido al que se pertenezca. "Somos un equipo", ha subrayado la ministra, que también ha agradecido a los agentes sociales que hayan cedido en sus posiciones para lograr el acuerdo.

También ha dejado claro que el compromiso del Gobierno es situar el SMI en el 60% del salario medio, un objetivo al que no va a renunciar y con el que se daría cumplimiento a la Carta Social Europea.

Proteger a las empleadas del hogar

Preguntada por los efectos de la subida del SMI en el empleo doméstico, la ministra ha señalado que hay actividades que tienen tendencia a "sumergirse" en la ilegalidad, pero ha insistido en que si se contrata personal doméstico "hay que cumplir la legalidad".

"Si alguien opta por contratar a una persona para las tareas del hogar, tiene que cumplir con toda la legalidad. Y si no, tendrá que optar, como hace mucha gente, por que las tareas del hogar nos las hagamos corresponsablemente en nuestras casas", ha defendido.

En todo caso, la ministra ha subrayado la necesidad de avanzar en la protección de las empleadas de hogar, por lo que ha considerado "urgente" que el Gobierno español ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores domésticos.

"No se puede entender que las trabajadoras del hogar carezcan de protección por desempleo", ha afirmado la ministra, que ha insistido en que las empleadas domésticas "tienen que estar protegidas".

Una oferta de trabajo publicada en el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), organismo adscrito a la Generalitat, busca a una empleada del hogar y los cuidados en régimen interno que no tenga hijos y a la que ofrecen tan solo dos días de descanso al mes y un sueldo de 500 euros.

En la oferta, recogida por Europa Press, se exige como requisitos para la solicitante de esta plaza tener su situación regularizada y una edad comprendida entre los 30 y los 38 años, y contar con una licenciatura o ingeniería, así como experiencia en cuidar a personas mayores. "Empleada del hogar interna, con descanso de dos días al mes, experiencia en atención a personas mayores, salario de 500 euros al mes, edad entre 30 y 38 años, papeles de residencia en regla, no tener hijos, tener experiencia en alimentación para mayores, atención de limpieza de hogar, carnet de conducir, y buen carácter", consta en el detalle de las funciones de trabajo exigidas.

A la mujer –porque se pide a una empleada y no a un empleado– que se postule para este puesto en Castelldefels (Barcelona) se le ofrece un contrato laboral indefinido con jornada intensiva –vivirá en el domicilio de quien requiera sus servicios como interna–, y con la previsión de que dure un año. El sector del trabajo del hogar y los cuidados está muy feminizado y en él predominan las personas migradas, muchas veces en situación irregular, y sus trabajadoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección, según advierten diversos sindicatos y asociaciones como Libélulas.

El SOC la retira, después de ser consultados

Fuentes del SOC han explicado a Europa Press que la oferta se ha retirado a lo largo de la mañana de este viernes, y lo han hecho después de requerir tres veces a la empresa que lo hiciera y que ésta hiciera caso omiso. No obstante, la oferta aún estaba en línea la tarde de este viernes, según ha podido comprobar Europa Press, y, como mínimo, una persona se ha interesado por ella y se ha inscrito. El SOC depende de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat y es el organismo que tiene asignadas las competencias de la administración catalana en materia de empleo.

Pone a disposición de "todas las empresas y personas que lo deseen" el portal Feina Activa, en el que se ha colgado esta oferta, con la intención de intermediar en el mercado laboral de manera libre y gratuita, según se puede leer en su página web. Las citadas fuentes del SOC han sostenido que empresas y autónomos pueden registrar ofertas de trabajo en el portal, pero que luego son revisadas y se retiran las que no son adecuadas, situación que han remarcado que pasa muy pocas veces.

El SOC quita "en un máximo de dos días, como mucho tres (días)" las ofertas fraudulentas, pero, en el caso de la mencionada oferta de la trabajadora del hogar y los cuidados, la oferta se publicó el pasado viernes 10 de enero.

Portal Feina Activa

Los objetivos del portal Feina Activa son los de "facilitar" a la ciudadanía la búsqueda y el acceso a las ofertas de trabajo, y a las empresas y los autónomos la selección de los trabajadores, y agilizar el proceso de interrelación entre la oferta y la demanda laboral, explica en la web. También quiere ofrecer la posibilidad de encontrar en un mismo espacio las ofertas del sector privado y las del público, y centralizar las ofertas de trabajo que se publican en diferentes fuentes en un único espacio.

Las compañías que utilizan el portal Feina Activa pueden registrar sus ofertas sin ningún coste, consultar los currículums de los ciudadanos que hayan aceptado que su información sea de acceso público en el portal, y seleccionar los perfiles que más les interesen e invitarlos a participar en el proceso de selección.

"Explotación" en el trabajo del hogar y los cuidados

Isabel Valle, una de las participantes de la asociación Libélulas ha criticado que la oferta publicada en el SOC "demuestra públicamente que se desconoce la normativa del sector y evidencia cómo hay explotación" hacia las trabajadoras del hogar y los cuidados. En declaraciones a Europa Press, Valle, que forma parte una entidad que defiende a mujeres bolivianas, ha reprochado que "en qué otro trabajo se pide a las empleadas que tengan buen carácter y que no tengan hijos", y ha enfatizado que es otro ejemplo de discriminación hacia estas trabajadoras.

También ha censurado que se dé "por hecho" que se presentarán mujeres migradas a la oferta, teniendo en cuenta que un requisito es que tengan su situación regularizada, lo que ha señalado como otra discriminación más. "Lo más grave del asunto es que esto salga en una página oficial de una administración pública, y que no haya pasado filtros que regulen los derechos de las trabajadoras del hogar", ha concluido Valle.