Los márgenes de beneficio del sector turístico español continúan disparados. Los informes económicos hablan de cifras récord en ingresos y ocupación. ¿Y el reparto? El reparto brilla por su ausencia. La riqueza que genera el turismo se queda en muy pocas manos y no son, precisamente, las de las personas trabajadoras.

Otra temporada turística de récord. Otra vez las mismas imágenes de playas atestadas, terrazas a reventar; aeropuertos, carreteras y estaciones ferroviarias a pleno rendimiento, y ciudades, poblaciones y parajes convertidos en polos de atracción para turistas, especialmente europeos. Y, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras que sostienen este modelo turístico siguen siendo los grandes olvidados. Seguimos con salarios precarios, jornadas maratonianas, y un futuro hipotecado por un sistema que solo entiende de beneficios empresariales y de récords de llegada de turistas.

El modelo turístico español no es sostenible a largo plazo. No lo decimos solo desde UGT, lo grita la calle, lo sufre quien trabaja en hostelería, en el comercio, en los servicios asociados al turismo. Lo padece quien no puede pagar un alquiler en su propia ciudad porque ha sido devorada por los apartamentos turísticos o porque el precio de la vivienda, en venta o alquiler, es inasumible. ¿Cómo puede ser sostenible un sistema que expulsa a la población local de su propio territorio? ¿Qué sentido tienen los extraordinarios y crecientes beneficios de las empresas del sector si quienes sirven los cafés, hacen las camas o reponen lineales no perciben un salario suficiente?

Se está imponiendo un modelo turístico dirigido exclusivamente al turista extranjero, que llega con un nivel de vida y un poder adquisitivo muy superior al salario medio de las personas trabajadores de nuestro país. Esa desigualdad económica está siendo utilizada por los empresarios del sector para justificar subidas brutales de precios en alojamiento, restauración y ocio. Esto tiene consecuencias: se está expulsando del mercado turístico a la clase trabajadora española, al turista nacional, al residente de siempre. El turismo ya no es una posibilidad, es un privilegio reservado para aquellos que pueden costeárselo.

A esto hay que añadir una inflación enquistada en el sector que, además, no se traslada a los salarios. Los precios del turismo y la hostelería no paran de subir. Según los últimos datos del INE, la inflación en hostelería, restauración y alojamientos se sitúa entre las más altas del país. Comer en un restaurante, alojarse en un hotel o incluso tomarse un helado “artesanal” se ha convertido en un lujo para una parte de los consumidores, no solo para el turista nacional, sino también para los propios trabajadores del sector. Mientras tanto, los salarios apenas se han movido. Y cuando lo han hecho, ha sido gracias al SMI o a intensas presiones sindicales y no sin resistencia empresarial.

Este modelo está rompiendo el equilibrio en nuestras ciudades y entornos naturales. Los barrios tradicionales pierden identidad y habitantes, los espacios naturales o pintorescos son invadidos por el furor de lo “instagramizable”. El acceso a la vivienda es un drama para los trabajadores. En muchas zonas turísticas, simplemente no se puede vivir. La gentrificación expulsa al vecindario, destruye el tejido social y convierte los espacios públicos en escaparates al servicio del turista.

A esto se le suma la presión medioambiental: residuos, sobreexplotación de recursos hídricos, masificación, emisiones. ¿Cuánto más podemos soportar sin que se rompa definitivamente el equilibrio entre economía y entorno?

Sí, el turismo es uno de los pilares de la economía española. Pero es un pilar hueco si no se apuntala con justicia social, condiciones dignas de trabajo y sostenibilidad real. No podemos seguir presumiendo de cifras mientras quienes sostienen el sector viven con contratos precarios, salarios insuficientes y jornadas interminables.

Desde UGT tenemos algunas propuestas:

Queremos un turismo que beneficie a todos (empresas, trabajadores y ciudadanía), que respete los derechos laborales, que cuide nuestro entorno y que permita a los residentes y a las personas trabajadoras vivir con dignidad en los destinos vacacionales y turísticos.

Desde UGT exigimos al Gobierno, a las patronales y a todas las administraciones públicas que dejen de mirar hacia otro lado. Si el turismo es realmente estratégico, hay que abordarlo con una visión equilibrada, largoplacista y que concilie el beneficio económico con la justicia social.

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Antonio Oviedo es Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

La Semana Santa es temporada alta para el sector de la hostelería. Terrazas llenas, reservas a tope y la proximidad del puente de mayo multiplican la actividad y hacen que la contratación aumente. Los datos muestran un sector que crece: hasta marzo de 2025 el empleo en este sector aumentó un 5,4%, sumando unos 100.000 empleados, según los datos publicados por Randstad Research. Además, el año pasado se batió el récord histórico de turistas en España, con la llegada de 24 millones de visitantes. Sin embargo, el empuje del sector contrasta con la precariedad de muchos trabajadores de este ámbito profesional y para los sindicatos los buenos resultados del sector no se están traduciendo en una mejora de las condiciones laborales: “No puede ser que cada año la hostelería bata récords de actividad, pero que los salarios y el empleo no crezcan al mismo ritmo”, señala Marcos Gutiérrez, secretario de política institucional de Comisiones Obreras Servicios. 

Este ámbito profesional es uno de los motores del empleo en España y ocupa a 1,8 millones de personas, pero también es de los sectores más precarios. Así, mientras el salario bruto medio en España en 2023 se situó en 2.273 euros, los trabajadores de la hostelería apenas alcanzaron un promedio de 1.818 euros mensuales, de acuerdo con los datos de Comisiones Obreras. En conjunto, se los empleados de este ámbito reciben una retribución media un 25% inferior a la media. La situación es aún peor para las mujeres, quienes, a pesar de constituir el 57% de las plantillas, ganan un 13% menos que los hombres, con una brecha salarial que equivale a 173 euros menos al mes. Si se observan los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), cuyo último dato corresponde a 2022, el salario bruto mensual rondaba los 1.390 euros al mes, muy lejos del promedio nacional: 2.129 euros al mes. 

Daniela S. tiene 28 años y trabaja en una de las zonas más turísticas de Asturias, Cangas de Onís. “Desde los 18 he ido encadenando contratos, algunos fijos, pero en esos casos hacía muchas más horas de más que cuando estaba de extra”, explica. Trabajar de “extra” supone viajar por los diferentes restaurantes de la comarca, con contratos de un día o una semana, para cubrir los picos de actividad en comidas o cenas. Algo que sucede, sobre todo, en temporadas como Semana Santa o verano. Cuenta que pese a todo, ella preferible eso antes que las jornadas maratonianas que se dan cuando estaba contratada por una empresa. “Pagan muy mal, unos 1.200 en verano. Puedes cobrar 1.400 como mucho y terminas haciendo 12, 13 horas de seguido, casi sin descansar y asegurada solo por 8 horas”, concluye. 

“La rentabilidad media de los negocios de hostelería, según los datos de la Contabilidad Nacional, estuvo por encima del 7% en el último año, pero el salario medio está por debajo de la media nacional”, señala. De hecho, si se toma la diferencia entre los salarios brutos que se cobraron en 2023, los empleados de hostelería están un 25% por debajo de la media nacional. Para Gutiérrez, esta dinámica es lo que provoca es que los trabajadores huyan de este ámbito profesional. Es lo que ha hecho Daniela, que desde hace un año trabaja en la limpieza de un centro de salud y sostiene que no regresaría “mientras tenga otra alternativa”. El delegado de CC OO explica que en el sector de la hostelería “es donde, tradicionalmente, más incumplimientos de la normativa laboral y de los convenios colectivos se dan”. Algo que, apunta, se debe solventar desde la inspección de trabajo y reconoce que esa presión se ha intensificado en los últimos años.

“No es, como dice la patronal, que la gente no quiera trabajar. Los hosteleros que no encuentran empleados suelen ofrecer malas condiciones y una prueba de ello es que los ámbitos del lujo o de cinco estrellas no tienen tantos problemas para encontrar personal porque suelen ofrecer mejores salarios y horarios”, concluye el representante de Comisiones.

La centralidad de un sector como este se hace patente si se observa el peso que supone en el mercado laboral. En los últimos cuatro trimestres, el 8,6% de los trabajadores españoles se emplearon en hostelería y en regiones como Canarias y Baleares un 19% del empleo se concentra en este ámbito. Por otro lado, algunas comunidades dependen más que otras de la buena marcha del sector y solo cinco regiones concentran el 70% del empleo total en hostelería. Cataluña lidera la ocupación con el 18,3%, seguida por Andalucía con un 17,4%, Madrid con un 12,8% y la Comunidad Valenciana y Canarias con un 11,1% y un 10,8% respectivamente.

Pese a que la hostelería arrastra los problemas de siempre, la temporalidad ha empezado a marcar una senda positiva y sitúan la tasa en el 13,9%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, según Randstad. En el estudio señalan además que en torno a un 80% de los asalariados tienen contratos estables, aunque dentro de estos, un 16,1% corresponden a contratos fijos discontinuos. Esta última es una modalidad indefinida que se introdujo en la reforma laboral de 2021 y que combina periodos de trabajo con otros de inactividad, aunque vinculando al trabajador a la empresa. Aquí el trabajador tiene la garantía de volver, pero solo cobra la prestación por desempleo en los periodos de paro.

La cara negativa de esto, para el responsable sindical, es que se puede producir un abuso de este tipo de modalidades y cree que aún es necesario un cambio de perspectiva en la mentalidad de los hosteleros porque algunas de estas tendencias positivas responden al incremento de la presión sobre el cumplimiento de la ley. “No obedece a una decisión, por así decirlo, de política empresarial, sino que obedece a una modificación de la normativa vigente”, remata.

La Federación Andaluza de Empresarios de Playas ha pedido este martes a la clase política que deje de utilizar de manera despectiva el término chiringuito porque, dicen, daña la imagen de este "importante" sector de la economía española, según informa EFE.

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas y presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, hace extensible esta petición a los medios de comunicación y lamenta que el término se utilice para describir la acción de cometer irregularidades políticas, empresariales o económicas para la apropiación indebida del dinero público o subvenciones por parte de los gestores públicos o empresarios corruptos.

En un comunicado, pone el ejemplo de recientes declaraciones tanto del presidente del Gobierno como de los líderes de la oposición y de los periodistas que divulgan esas informaciones para lamentar que den muestras de "no respetar" a este colectivo al utilizar el término "chiringuito" con el objetivo de desprestigiar o denostar determinados comportamientos, el más reciente, por ejemplo, para referirse a las universidades privadas. También recriminan que el "mal uso" de esa palabra vaya -dicen- en aumento.

Las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado abrirán un restaurante en Arriondas (Asturias), en el que cocinarán para sus clientes pero también elaborarán sus famosos chocolates, una solución temporal a sus problemas económicos mientras se resuelve la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos, según ha informado EFE.

Las exclarisas han alquilado el hotel restaurante Ribera del Chicu, ubicado en Arriondas, por 1.600 euros mensuales, que convertirán en el primer restaurante de clausura, ha explicado su jefe de prensa, Francisco Canals, quien ha indicado que la parte del hotel la dedicarán a residencia y solo abrirán el restaurante, que atenderá personal contratado para el servicio.

Canals ha indicado que serán tres las exreligiosas de Belorado que se marcharán a Asturias, donde cocinarán para mantener el servicio y también prepararán sus dulces típicos, dada la imposibilidad de mantener la actividad del obrador en Belorado, por problemas económicos y trabas burocráticas.

El resto de las exmonjas se quedarán en el convento, pues "no han renunciado a Belorado sino que buscan fortalecer su comunidad", ha matizado Canals, con una actividad económica autónoma que las ayude a pagar sus facturas, en un entorno en el que "el marco normativo sí les permite elaborar sus famosos chocolates", ha apuntado en nota de prensa.

El jefe de prensa de las exmonjas de Belorado ha indicado que, si bien no se les ha prohibido continuar con la actividad del obrador en el monasterio, el tener las cuentas intervenidas por el arzobispo como comisario pontificio, no poder facturar, el "boicot" en materias primas y el silencio administrativo en la renovación de la licencia sanitaria lo hace casi imposible.

Por ese motivo han optado por buscar un lugar más favorable y han alquilado este hotel restaurante, que cuenta con todos los permisos, y en el que las tres exreligiosas trabajarán en la cocina, mientras residen en la zona del hotel, y mantendrán la clausura con una plantilla que se encargará de atender a los clientes.

Canals ha indicado que el restaurante está completamente montado, así que se puede abrir en cualquier momento. No tienen fecha definida pero será en las próximas semanas.

La iniciativa se completa con la compra de un terreno de 7.000 metros cuadrados, próximo al restaurante, que van a destinar a la cría y el entrenamiento de perros, para desarrollar proyectos por ejemplo de atención a mujeres maltratadas o formación de perros guía.

El jefe de prensa ha recordado que el Ayuntamiento de Belorado no les ha concedido la licencia de núcleo zoológico, por lo que no pueden desarrollar este tipo de actividad en el monasterio, así que han adquirido ese terreno en Asturias que ya cuenta con la licencia y los permisos pertinentes.

Francisco Canals ha insistido en que el proyecto en Asturias es temporal, una solución a sus problemas económicos para poder continuar con su actividad empresarial de manera legal mientras se resuelve la demanda de desahucio interpuesta por el Arzobispado, pues se espera que el proceso judicial se alargue en el tiempo.

El 30 % de los restaurantes españoles con dos estrellas Michelin se encuentra en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, cifra que contrasta con la tendencia decreciente que sufren los bares en estas zonas, unos negocios que, faltos de relevo generacional, cierran sus puertas en el rural, según informa EFE.

La restauración en las zonas rurales vive dos procesos antagónicos de forma simultánea: por un lado, el cierre de bares "de toda la vida" como consecuencia, en muchos casos, de la pirámide demográfica; y, por otro lado, la apertura de nuevos restaurantes que beben de las raíces gastronómicas de estos entornos.

Para la restauración, el cierre de los bares "pequeños" en las zonas rurales se debe a la pérdida de la población y el propio envejecimiento de la misma, ha explicado a EFE el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

A juicio de la Guia Michelin, los restaurantes que se encuentran en poblaciones pequeñas y que aparecen en la guía ayudan a "poner en el mapa" a esos pueblos, por los que "muchos chefs" optan para "volver a sus raíces", recuperando un "proyecto propio que habla del entorno".

En la Guia Michelin España 2025 aparecen un total de 532 localidades, de las que 169 tienen estrellas y, de ellas, 14 cuentan con menos de 1.000 habitantes y 79 con menos de 10.000.

De los 33 que cuentan con dos estrellas, 10 se encuentran en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, además, muchos de ellos están en núcleos aún más pequeños, con apenas 1.000 habitantes, algo que ocurre también en el caso de negocios con tres estrellas.

Es el caso de Casa Marcial en Arriondas (Asturias), con unos 3.000 habitantes; de Azurmendi en Larrabetzu (Vizcaya), con 2.056 habitantes; y el restaurante Cenador de Amós en Villaverde de Pontones (Cantabria), con apenas 472 habitantes.

Mientras la apertura de restaurantes con estrellas en núcleos pequeños y comunidades más rurales se convierte en un fenómeno cada vez más habitual, los bares experimentan el proceso inverso, con un cierre paulatino que impacta año a año en las cifras totales.

Según los datos de Hostelería de España, Asturias ha pasado de contar con un total de 5.040 bares en 2021, a 5.010 en 2022 y 4.711 el pasado año; tendencia que también se puede observar en el caso del País Vasco y Cantabria.

Estos fenómenos no están conectados, pero sí interrelacionados pues, tal y como ha detallado Gallego, se produce una "sustitución de establecimientos, pero que obedece a un tipo de momento de consumo diferente".

En muchos casos, los pueblos no cuentan con la demanda necesaria para mantener la apertura de bares tradicionales, algo que no ocurre en los "restaurantes de alta gama", ya que el perfil del consumidor que visita estos negocios está más relacionado con el turismo rural.

La restauración "de alta gama" encara la búsqueda de personal con menos dificultades que el resto del sector pues, en muchos casos, estos negocios ofrecen hospedaje y un servicio que se limita al fin de semana, lo que permite compatibilizar con otros trabajos, ha dicho.

Dinamización del territorio, diversificación de los negocios e impulso económico. Estos son algunos de los beneficios que pueden dejar los restaurantes con estrella Michelin en las zonas rurales.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, quien ha confirmado que la presencia de estos restaurantes impacta de forma directa en la ocupación de muchos alojamientos rurales.

El "turismo rural gastronómico" lleva hasta los pueblos en los que se encuentran las "estrellas" a muchos "urbanitas", una visita que, además, puede servir como revitalizadora para esos bares y pequeños negocios de la localidad, ha añadido.

Para la Guia Michelin, el impacto de estos negocios en las poblaciones pequeñas es "total", gracias, en parte, al trasiego de clientes "que genera un importante desarrollo económico en otros sectores relacionados con la hostelería".

No obstante, la entidad ha asegurado a EFE que los criterios y selección son "totalmente independientes de cualquier estímulo económico" y solo buscan "recompensar la excelencia".

Los datos insisten en dos ideas instaladas: el turismo "es de récord", pero “habría que poner orden en aspectos como los salarios de algunos trabajadores vinculados al sector”, aseveran fuentes sindicales. Estas confirman que “no es raro”, no son una mosca blanca, “ofertas para camareros de 600 euros por cinco horas de trabajo seis días a la semana, o incluso de tres o cuatro euros la hora”.

El Instituto Nacional de Estadística ha difundido este lunes 23 de septiembre información que confirma el buen estado de salud del turismo: las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,6% el pasado agosto respecto al mismo mes de 2023, superando los 47,8 millones, su cifra más alta en la serie, impulsadas por los visitantes extranjeros. El Índice de Precios Hoteleros subió un 6,4% en tasa anual. Y los hoteles facturaron 146,9 euros de media por habitación ocupada, un 7,3% más que el mismo mes del año anterior.

Pero no es lo único que ha publicado hoy el INE. Ha visto la luz igualmente la Encuesta de Estructura Salarial, con información definitiva relativa a 2022, según la cual, mientras el sueldo medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, los asalariados de hostelería tuvieron la ganancia promedio más baja, con 16.274,71, casi un 40% inferior a la media, o 10.674.16 euros menos. En este último caso, además, las mujeres lograron embolsarse 15.022 euros y los hombres 17.921. Por el contrario, la actividad económica con mayor remuneración anual fue la del bloque 'suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado', con 55.470,69 euros, lo que supuso un 105,8% más que la media nacional. La siguiente actividad con el salario más alto fue 'actividades financieras y de seguros', con 47.239,53; mientras a la hostelería le antecedió en la cola otros servicios, con 18.269,96 euros. En general, los sueldos se expandieron, excepto en algunas categorías como la 'agrícola, ganadera, forestal y pesquera'.

Y, aunque aquel año, en 2022, los números del turismo no eran aún los de 2024, ya había comenzado la senda creciente de recuperación posterior a la pandemia. De hecho, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 320,7 millones en el conjunto del ejercicio, con un alza del 85,6% respecto a 2021. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 104,7 euros y el ingreso medio diario por cada una disponible, que está condicionado por la ocupación registrada en los hoteles, de 67,8. Por categorías, la facturación media fue de 233,4 euros para los establecimientos de cinco estrellas, de 110,2 para los de cuatro y de 84,9 euros para los de tres. El mismo ejercicio que el salario medio de los trabajadores no llegó a los 16.300 euros.

Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional de CCOO Servicios, achaca esa baja cuantía a dos motivos principales: “Los salarios medios en la hostelería son más bajos fundamentalmente porque se hacen contratos fijos discontinuos, es decir, con jornadas inferiores a la ordinaria, y porque los convenios siguen estando alejados del precio del mercado”. “Esto explica -enlaza- tanto la falta de profesionales como los datos de la encuesta de costes laborales, que lo que nos dicen es que es uno de los sectores peor pagados”. 

Y hay más. Es un área laboral a la que es difícil volver. “La pandemia cambió muchas cosas y los trabajadores de la hostelería se están dando cuenta de la importancia que tiene la cotización a la Seguridad Social, es decir, que en la nómina aparezcan todos sus ingresos”, anota, a lo que se suma que muchos empleados de esa actividad se refugiaron “en otros sectores que demandaban mano de obra, puesto que la hostelería fue la última en reabrir” tras la sacudida del covid, “que les ofrecen mejores condiciones laborales, tanto salariales como de descanso, así es que el regreso es difícil”, constata.

Gutiérrez tiene clara la radiografía: “El sector no ha mejorado el empleo en el número suficiente de trabajadores para hacer frente a una demanda turística que es récord sobre récord. Se han incrementado las cargas de trabajo sin que los salarios mejoren y continúa extendida la contratación a tiempo parcial. Esa es la realidad que dicen las cifras”. Y si se hurga en ella hay otra: “Las mujeres ostentan las categorías peor pagadas de un sector ya de por sí con unas bajas condiciones”, ratifica el dirigente sindical de CCOO, quien aboga por “mejorar las del conjunto del sector y, sobre todo, por prestigiar las categorías que están ocupadas mayoritariamente por mujeres en los convenios colectivos”. De ahí que, “una de las apuestas” de su organización sindical en el ámbito de la negociación colectiva sea “seguir intentando equiparar a las camareras de piso con el salario de los camareros”.

Se muestra convencido de que el sector turístico continuará “siendo motor de la economía y del empleo” en el país. “Es nuestra primera industria y, por lo tanto, tiene que haber un pacto de estado para establecer que no puede seguir creciendo de manera sostenida y sí de manera sostenible. Alguna vez los datos turísticos tienen que recoger variables de calidad en el servicio que ofertamos y no sólo de cantidad. Si nos seguimos guiando únicamente por el número de visitantes y etc, va a ser un problema”, avisa. En su opinión, habrá que “hacer grandes cambios” que “tienen que ver con la vivienda, la sostenibilidad medioambiental, el agua, la promoción y la carrera profesional en el sector… Si no, va a ser muy difícil que sigamos teniendo mano de obra suficiente para hacer frente a la demanda turística de este modelo de crecimiento sin fin”, plantea.

Gutiérrez asocia los bajos salarios y la dificultad para acceder a una vivienda con “las dificultades para encontrar mano de obra en zonas como las islas y en otras fuertemente tensionadas por la presión turística”. “Y es sangrante, por ejemplo”, dice, “que en Paradores de Turismo de España, la limitación de la masa salarial para los empleados dependientes de las administraciones públicas que estableció Montoro –ex ministro de Hacienda del PP– haga que los salarios acumulen pérdidas de poder adquisitivo y el convenio, de una empresa que es el emblema de la calidad turística en nuestro país y es pública, esté fuera de mercado”, critica.

En ese punto adelanta: “Van a abrir un parador en Ibiza y va a ser muy difícil que cuenten con gente suficiente para poder gestionarlo con el problema de la vivienda que hay allí y los salarios que la red de paradores puede pagar en función de esa normativa”, advierte. A su juicio, “esto es un ejemplo de algo que la administración sí que podría modular y usar esa empresa pública para prestigiar el sector”. “Pero llevamos años con el convenio parado, pese a que eso sólo obedece en este caso a una voluntad política que no estamos viendo, y pese a que la entidad está arrojando beneficios, como todo el sector turístico", cierra. 

De su lado, Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC UGT, apunta para explicar la diferencia salarial en la hostelería a que "el trabajo a tiempo parcial es demasiado elevado, supera el tercio de los trabajadores". "Es un sector precario en el sentido de que la gente quiere un trabajo para poder vivir y aquí tenemos una tasa por encima del 50% de empleados que desean uno a tiempo completo y no lo tienen", sostiene.

Denuncia que la leve elevación de salarios que se ha producido en los últimos años "sigue siendo muy insuficiente en relación a los beneficios que se están obteniendo". "Y no vale el que son los hoteleros y no los hosteleros" los que se los estarían embolsando, apostilla, dado que "el consumo en restaurantes y demás establecimientos también se están disparando gracias al turismo". Es más, Rodríguez cree que los dos principales factores que hacen que no se esté logrando "estabilizar" a las plantillas en esta esfera laboral pasan por que "la gente se queda en un trabajo porque económicamente puede cubrir sus necesidades y por que se siente identificada" con la empresa y no se le "impone un trabajo a la carta", algo que no se estaría dando en multitud de ocasiones.

A su entender, "no puede ser que los mayores ingresos de las empresas sean a cambio de hacer menos horas de contrato y de emplear a las menos personas posibles", o, dicho de otra forma, de "hacer que la carga laboral aumente y empeore el poder adquisitivo". Considera que, a la larga, esto puede llegar a ser un tiro en el pie para los empresarios que pretendan fidelizar a sus plantillas. El portavoz sindical considera que evitar la rotación permanente de camareros y otros empleados del sector pasa por "ofrecerles futuro y un presente que les permita vivir decentemente".

"Hasta que no se asuma que la sostenibilidad del modelo pasa por lo social, no sólo por lo medioambiental o la digitalización, no se avanzará. El ciudadano empieza a rechazar este tipo de trabajo y así no se va a captar gente", defiende. En cambio, si "se forma a las personas, se les ofrecen posibilidades de carrera y un salario digno" el panorama puede cambiar. "La hostelería tiene cosas beneficiosas como puede ser el trato con el cliente y en España tenemos un carácter afable que atrae y una cultura que ayuda a eso, pero, si al final vas a trabajar para no llegar a fin de mes y no puedes recoger a tu hijo del colegio, pues igual no te vale", argumenta.

Aboga para terminar por que los empresarios "organicen las plantillas para que sus trabajadores puedan tener su tiempo de descanso y de ocio, como cualquier otro ciudadano" y así sean menos frecuentes los carteles de 'se necesita camarero'. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado este martes la multa de 413,2 millones de euros a Booking, la mayor impuesta por el organismo en su historia, por abusar de su posición de dominio e infringir los artículos 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En concreto, le impone esta multa al posicionar mejor a los hoteles con más reservas en Booking.com, lo que ha impedido a otras agencias online entrar en el mercado o expandirse.

La multa se divide en dos infracciones de 206,6 millones de euros cada una. En primer lugar, por la imposición de una serie de condiciones comerciales no equitativas a los hoteles situados en España. Por otro lado, la otra multa corresponde a la restricción de la competencia de otras agencias de viajes en línea a la hora de ofrecer servicios de intermediación en línea de reservas a los hoteles situados en España, respectivamente. Además, Competencia le impone varias obligaciones de comportamiento para garantizar que ni las conductas que dieron lugar a las infracciones, ni otras que puedan producir un efecto equivalente, prosigan en el futuro.

Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. En 2021, la Asociación Española de Directores de Hotel y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid denunciaron a la compañía por abusar de su posición de dominio. En consecuencia, un año tarde, la CNMC inició un expediente sancionador en octubre de 2022.

Si nos dieran a elegir entre no tener suficientes camareros para servirnos la tapa y la caña o no tener suficientes médicos para atender los efectos del calor y los efluvios propios del verano, no está claro qué contestaría la gente. No hay que decantarse por unos o por otros. Con ambos colectivos existe el mismo problema. No se dan las condiciones para que nos atiendan como es debido ni en el centro de salud ni en el bar. Aunque parezca que ambas profesiones están muy alejadas, lo cierto es que comparten problemática. 

Partimos de que España es un país de servicios, sector que aporta el 74% del PIB, del que en concreto el turismo supuso casi el 13% en 2023. Este verano se espera una avalancha de turistas y claro, hay que atenderles, además de satisfacer a los nacionales que no sabemos quedarnos en casa y mucho menos en esta época. Personas que comen, beben, hacen balconing, se queman al sol o a las que les sobreviene un síncope, sin necesidad de dramatizar más de la cuenta. Una cosa lleva a la otra, del bar al médico y del médico al bar. Si protestaran juntos, tendrían más fuerza para alcanzar sus demandas. Pero es difícil que un facultativo, con sus años de estudios, coincida en el diagnóstico de su situación y la equipare a la de un camarero, aunque comparten más cosas que las que les separan.

El problema es complejo. No se puede reducir a que a ambos colectivos no les pagan lo que consideran justo por las horas ni las condiciones de trabajo. Esta simplificación sería comenzar la casa por el tejado. Y la casa hay que empezar a construirla por los cimientos. Hay una falta estructural de médicos y de personal de hostelería. Que se hace más patente en verano porque da la casualidad que el personal quiere coger vacaciones a la vez que su familia y amigos en lugar de tener que irse sólo, en febrero, a Ibiza o a Benidorm.

También los políticos tienen ganas de pillar sus días de descanso sin nada que enturbie su merecido relax. Solución a corto plazo: echarle la culpa a otro. En este caso, a la ministra de Sanidad, Mónica García. Dicen los presidentes autonómicos del PP que la titular no quiere hacer su trabajo y se pronuncian muy alto para que les escuchen en sus territorios y se convenzan de que la sanidad depende del estado central, cuando en realidad está transferida y es su responsabilidad que haya plantilla suficiente para atender a los desplazados, a los extranjeros y los vecinos de toda la vida. 

Y es que la Sanidad da y quita votos, como la hostelería, de la que Díaz Ayuso se ha erigido en defensora, a pesar de que en la pandemia todas las ayudas salieron de las arcas del Estado. La presidenta madrileña también busca ahora destacar por velar por una Sanidad que está que trina. En los barrios periféricos de Madrid, donde los pacientes no cuentan con seguro privado, los médicos de atención primaria tienen que atender a entre 60 y 80 pacientes en sus ocho horas. En cuanto les preguntas se les hincha la yugular, porque según un acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud madrileña, solo deberían ver a 30 pacientes más cuatro de urgencias en su turno. 

Los veteranos inciden en que los más jóvenes huyen de los ambulatorios porque la medicina de familia ha sido maltratada y los sueldos no se corresponden con las condiciones. Se les desincentiva. Son una nueva generación con otro concepto del espacio que el trabajo debe ocupar en sus vidas. Los MIR originarios de otras zonas de España tampoco quieren quedarse en la capital, demasiado cara y peor calidad de vida que en su tierra. 

Según un análisis comparativo encargado por el Ministerio de Sanidad a la Universidad de Málaga sobre las retribuciones profesionales de los médicos, los mejor pagados en Atención Primaria son los que ejercen en Navarra y los de Ceuta y Melilla, aunque en estas dos comunidades cuentan con un complemento de 1.000 euros por trabajar allí. Un médico de familia de nivel 1, sin trienios ni guardias, cobra en Navarra una media de 105.000 euros brutos al año, frente a sus colegas en Madrid o Andalucía que rondan los 75.000 euros. 

Ahora, las comunidades del PP que están usando ya de facto a los MIR de tercer y cuarto año para suplir las carencias, piden al ministerio que autorice una práctica que no está permitida. En el gremio de la hostelería se maneja otro baremo, en el que el dinero B entra en la ecuación. Jornadas de interminables horas extra que no se contemplan ni se pagan. Por eso en mitad del servicio, muchos camareros cuelgan el delantal y dejan plantado al jefe para que se apañe como quiera. Nadie quiere ser médico ni camarero, se lamentan quienes tienen en su mano dar la vuelta a la tortilla. 

Cuando Ayuso anuncia deducciones en el IRPF para los extranjeros que se muden a Madrid, o Mazón, presidente de Valencia, pide al Gobierno que baje el IVA, como si él mismo no se estuviera embolsando el tramo autonómico del impuesto, resulta imposible no imaginar qué pasaría si esos millones de euros a los que renuncian los invirtieran en Sanidad. Igual los médicos florecían, como los camareros con un sueldo digno y jornadas de trabajo ajustadas a la ley. Sueño de una noche de verano.

España impulsó la industria del turismo durante el régimen franquista con la promoción “sol y playa”, relegando a un segundo plano el turismo de interior. No es hasta la democracia y la entrada de España en la Unión Europea que el turismo de interior comienza a coger fuerza y adquiere relevancia. Hay muchos territorios con ingredientes para convertirse en lugares de turismo lento, tomemos como ejemplo el área vinícola de Rioja, que es un territorio pequeño y cuenta con poca población, lo que fomenta la cercanía y la concentración de experiencias turísticas. Pero hay muchos otros territorios para visitar lentamente, como Jaén (la provincia que tiene más castillos de Europa, Baena, Úbeda, Cazorla …), Castellón y sus contrastes, etc.

Reconstrucción del turismo y reinvención de nuevos destinos. Siguiendo con el ejemplo, y con el enoturismo como fenómeno atractivo para el viajero, en el área delimitada por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) del vino de Rioja (Rioja a secas en adelante) podemos tener otra visión del turismo, la de la lentitud. Este es el eje sobre el que gira la mayoría del turismo en Rioja como región vinícola, y se relaciona socioculturalmente con los propios territorios que la componen, los de Álava, La Rioja (Comunidad Autónoma) y Navarra.

Viñedos, bodegas y maridajes se ponen a disposición del turista, lo que supone un carácter diferenciador para los visitantes, acompañados de hoteles refinados que transmiten una sensación idealizada del campo, exquisito, y muestran lo cultural como reclamo para atraer visualmente al turista, aunque, a la vez que conjugan la identidad del territorio, lo revalorizan y ejercen de ancla para la población. El turismo enogastronómico no puede faltar en este encuentro de experiencias turísticas que se apoyan en la DOCa, restaurantes, bares y txokos en Álava, y pone de relieve los productos locales, en concordancia con el vino, adaptándose a la demanda de los turistas. Las fiestas, la gastronomía y su elaboración dicen mucho de una cultura, y en este tipo de turismo no solo contamos con alimentarnos, sino que el gusto y el comer como forma de ocio, más el turismo de naturaleza, aumentan la reputación de Rioja.

Un territorio lento. Aspirando a la sostenibilidad, por la condición de territorio pequeño con todo próximo entre sí, el turista que se resiste a ser partícipe del turismo de masas desea transformarse en protagonista activo de su propia experiencia. El turismo lento es una experiencia en la que se redescubre la dimensión espiritual y cultural de los viajes, debido a las nuevas exigencias en cuanto a variedad, calidad y experiencia emocional. Para ello, la lentitud se ha vuelto una forma positiva de realizar turismo, que fomenta y defiende el territorio, el bienestar, la calidad de vida, la experiencia y el consumo decreciente para la sostenibilidad, mediante la toma de conciencia de que uno mismo y los demás deben convertir la relación huésped, anfitrión y lugares visitados en el aspecto más importante.

Los territorios como Rioja desde el punto de vista del turismo son territorios menores, pero luchan por fortalecer los intereses e identidades colectivas, en los que la cohesión social representa un valor añadido capaz de diferenciarse en la calidad. De hecho, la vecindad con la zona más famosa y turística del País Vasco (Bilbao, San Sebastián) convierte a Rioja, sobre todo la parte alavesa, en su patio trasero (hay más en España), y oferta a los turistas extender las visitas a su territorio y optar a excursiones de uno o más días a Rioja con objeto de disfrutar también del enoturismo.

Estos lugares lentos se caracterizan porque en ellos se presta más atención al entorno ambiental y al paisaje, a una alta calidad de vida y a un mayor conocimiento de la historia. En el caso de Rioja existe una arquitectura de alto nivel concebida para la restauración de las principales bodegas. Se contrataron arquitectos de fama mundial (Frank Gehry, Zaha Hadid, Alvar Aalto, Calatrava o Rafael Moneo) para fomentar el desarrollo económico de la hostelería y los transportes. El problema es que añaden al señuelo cultural sus actividades y provocan su mercantilización sin más: “Rioja se va a beneficiar de la tendencia de crecimiento del turismo gastronómico y de experiencias” (política/industria).

Los territorios lentos no están atrasados, simplemente pretenden funcionar de una forma en la que la lentitud constituye el factor diferenciador de un desarrollo centrado en la humanización de la demanda y la oferta turística, en compartir prácticas en el territorio visitado, ver cómo se hacen las cosas allí, quiénes y dónde las hacen. Pero el territorio también debe responder con la activación de políticas de abajo hacia arriba, para que la población local y la pequeña industria sean capaces de reconocerse y detectar la recompensa que para ellos también supone este tipo de turismo, una sociedad, lenta a su vez, que contraste con los efectos negativos del turismo de masas, ese que deja de lado el medio ambiente y lo social. El turista lento, si compra en local o desde su lugar de origen por internet o email, puede contribuir a la supervivencia y puesta en valor de estos procesos y de la ética en el consumo. Esta visión de desarrollo implica el abandono de un modelo de turismo y una reducción de la demanda personal de viajes a favor de destinos locales, disminuyendo el consumo energético y el daño medioambiental asociado a los largos desplazamientos.

Slow Food. El modelo Slow Food (comida lenta), propuesto por Carlo Petrini, defiende a los pequeños productores y lo bueno, limpio y justo, básicamente el producto de temporada, lo que marca la naturaleza en cada época del año. Es uno de los primeros ejemplos de decrecimiento aplicado a la realidad y limitado a sectores concretos, como el consumo de productos km.0. Tiene en consideración la cultura gastronómica de las comunidades, y en nuestro ejemplo de Rioja valora unas entidades únicas en el mundo que extendemos también al País Vasco, las sociedades gastronómicas, que son comunidades para convivir comiendo por el placer de fortalecer la comunidad. La idea original de Slow Food es que el arte de la cocina sería una mínima parte si no se implica a los campesinos, pescadores, productores de aceite, etc., si no hacemos esto no hay gastronomía. Son necesarias las comunidades y la unión de los productores de cercanía con los ciudadanos, que no “consumidores”, entendido éste como un término que conlleva industria y destrucción. Por la urgente necesidad de respetar los ritmos de la naturaleza y la calidad de los productos en relación con la agricultura, el turismo lento y la Slow Food contribuyen a lentificar el territorio, al defender los procesos tradicionales de producción y a los pequeños productores de las consecuencias de la estandarización alimentaria.

El bienestar, la calidad de vida. Imagina una visita al casco amurallado de Laguardia y al pórtico de piedra policromado en la Iglesia de Santa María de los Reyes, cerrando con una comida casera en un restaurante con mesas corridas, con vino fresco del año, y rematado con un café o té en la casa del mielero en la muralla. En un territorio pequeño, con pueblos muy cercanos entre sí que son referentes mundiales, estimular y dar soporte al turismo lento conlleva la mejora del bienestar de las personas, y la importancia dada al factor tiempo beneficia las relaciones basadas en el respeto de uno mismo y los demás. A todo ello se añaden otras iniciativas, como la de Vitoria (Smart City), que persigue objetivos sobre la cercanía, la calidad y el carácter local de su oferta, en la línea de Slow Shopping & Leisure (Compras y Ocio lentos).

En definitiva, el turismo lento no es un producto turístico impuesto por el marketing o una moda. Se trata de un comportamiento crítico consumista atribuible a un turismo ético que, fomentando la responsabilidad, contribuya a una forma de vida lenta y, sí, también al consumo turístico, pero animando a la participación política y social. La responsabilidad individual y la sostenibilidad de la comunidad deben buscar un nuevo equilibrio productor/consumidor y territorio/turista, que contribuya a frenar la despoblación del medio rural y su deterioro, y a evolucionar la actividad turística hacia una economía circular que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos.

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas. 

El caudal de turistas no deja de ensancharse. España recibió el pasado abril 7,8 millones, un 8,3% más que en 2023. En los cuatro primeros meses de este año, en conjunto, el número de visitantes subió un 14,5% y rozó los 24 millones. Desembarcaron sobre todo procedentes del Reino Unido, más de 4,4 millones, pero después de Alemania, casi 3,2; y de Francia, con más de 3,1 millones. Hubo más turistas en alojamientos hoteleros, e igualmente crecieron el triple quienes recurrieron a la vivienda en alquiler y se elevó el alojamiento de no mercado. Todo lo expuesto responde a la última actualización de datos llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la misma que determina que Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en abril, con el 21,3% del total, lo que supuso un alza del 8,3% con respecto al mismo mes de 2023. Le siguieron Andalucía, con el 15,4%, que es un 4,4% más; e Illes Balears, que se quedó con el 15,3%, un 1,2% más.

En el acumulado de los cuatro primeros meses de este año, las comunidades que más turistas contaron fueron Canarias, 5,5 millones, un 11,4% más respecto al mismo periodo de 2023; Cataluña, con 5 millones y un incremento del 16,3%; y Andalucía, destino de 3,6 millones de personas, un 13,5% más.

Y las crecidas no acaban ahí. El gasto total de los turistas internacionales que salpicaron España en abril llegó hasta los 9.565 millones, un 13,1% más que idéntico mes de 2023. Y el medio por persona fue de 1.221 euros. El gasto diario se acrecentó un 5,4%, hasta los 183 euros. Y si se pone el foco en los cuatro primeros meses de 2024, el gasto global de visitantes internacionales ascendió un 22,6% hasta los 31.513 millones.

Las cifras parecen imparables. De hecho, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que "los resultados del primer cuatrimestre de 2024” son “los mejores de la serie histórica” desde que hay “registros oficiales”. Y Airbnb ha contabilizado reservas en más de 3.700 municipios españoles para el próximo verano, un 6% interanual más, que será el de "mayor dispersión de destinos de la historia de la plataforma", según ha informado el portal, vía comunicado.

En paralelo, el malestar de la ciudadanía por lo que algunos colectivos vecinales empiezan a considerar un “turismo desmedido” va en aumento. Lo culpan de “una presión que empieza a ser preocupante sobre infraestructuras y servicios públicos” en las ciudades afectadas, de “la degradación del patrimonio natural y cultural”, del “incremento de los precios de las viviendas, sobre todo por efecto de los pisos turísticos”; o de la “gentrificación” y la “pérdida de identidad de los barrios”. “No es turismofobia, es sentido común”, aseguran fuentes de ese ámbito, que admiten que se están produciendo acciones como el sabotaje con silicona o pegamento de las cerraduras de tipo candado utilizadas para el check in en apartamentos turísticos. “Ha pasado en ciudades como Pamplona o algún punto de Madrid, pero son casos puntuales”, limitan. En otro rincón del mapa nacional, en Valencia, la patronal de viviendas turísticas Aptur ha alertado de pintadas en diversos bajos turísticos de la ciudad. 

Las fuentes consultadas coinciden en que las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en Canarias el pasado 20 de abril (20A) marcaron un punto de inflexión y puso el turismo salvaje en el punto de mira. Pablo Díaz, miembro de la Federación Ben Magec - Ecologistas en Acción, explica que, aunque no hay ninguna otra gran protesta prevista para las próximas semanas, el “sentir” de la “explosión” del 20A “sigue latente”. “Se está llevando a cabo un proceso de coordinación y de organización en las islas”, así como de “recopilación de datos” y actuaciones formativas del tipo “charlas online” porque “esto acaba de empezar”, avisa.

Junto a ello, por el momento, realizarán “pequeñas acciones como la del Día de Canarias, cuando hubo una concentración en Las Palmas”, anota. Desde Ben Magec defienden que “la presión humana en los espacios naturales protegidos de las islas” es un factor que “afecta directamente a la conservación de la biodiversidad” y Canarias es “la única autonomía que tiene cuatro parques nacionales: el Teide, Timanfaya, la Caldera de Taburiente y Garajonay”. “El objetivo después del 20A es un cambio de modelo, que éste no se base sólo en el turismo, porque se ha demostrado que ha llegado a su límite a nivel social y territorial. Por eso pedimos una moratoria para parar ya y una ecotasa para reparar lo dañado por la turistificación”, condensa Díaz.

A su juicio, el fenómeno surgido en las islas “es interesante”, dado que “se ha implicado la sociedad en general, no sólo los movimientos ecologistas”. “La gente ha percibido que este modelo de turismo no beneficia al pueblo, sino que esa riqueza se va fuera y deja precariedad y pobreza aquí. Ése ha sido el éxito del 20A, por desgracia”, sostiene. Se están coordinando, asimismo, “con movimientos que está habiendo en otras partes del Estado como Baleares o Cataluña, que tienen el mismo problema. La saturación está llegando a todos lados, con el aumento de la vivienda vacacional, los terrenos se encarecen, el acceso a la vivienda normal se complica…”, enumera.

También en Madrid se están armando marchas contra la “turistificación” y “habrá más”, anuncian desde los colectivos vecinales. ¿Son el turismo, actividad esencial en la economía española, y la convivencia ciudadana dos bólidos lanzados hacia un choque inevitable?

Para Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universitat de les Illes Balears, se trata de “un problema de resolución muy complicada”. “Las principales regiones especializadas en turismo tenemos diagnosis precisas sobre lo que está pasando. Para atenuar los impactos que esto está representando se necesitan normativas específicas que limiten una afluencia desordenada del turismo”, defiende. ¿Cómo se hace esto? “Desde políticas tributarias, se pueden poner nuevos impuestos a determinados consumos turísticos, por ejemplo, a los que vienen en cruceros, que no pagan los de pernoctación que funcionan en sitios como Baleares o Cataluña”, apunta. Y une: “Aquí hay margen en política tributaria para obtener recursos para enfrentar los problemas que está generando ese fragmento de la actividad”, aunque “esto puede generar protestas”, avisa.

Luego, hace notar, en relación a los alquileres turísticos en concreto que “la casuística en torno a ellos es muy amplia”. “Hay desde fondos muy importantes en la economía que están comprando bienes inmuebles y los ponen en alquiler, lo que afecta a los grandes tenedores; a familias que tienen una vivienda en zona costera y la alquilan”, sintetiza. A su juicio, “no se puede meter todo en el mismo saco”, pero “en el caso de los grandes tenedores, podrían ser objeto de algún tipo de incidencia tributaria”, de nuevo. Comenta que la economía cuenta con un instrumento: “Los llamados impuestos pigouvianos, que obedecen al economista neoclásico Arthur Pigou, quien planteó en los años 20 la posibilidad de poner impuestos para eliminar externalidades o para atenuarlas”.

Manera pone el acento en otro aspecto más: “Se puede actuar de una manera unilateral, lo que podría generar dificultades de carácter social y empresarial; o desde una óptica de gobernanza. Y ahí, el coste de tiempo es elevado porque poner de acuerdo a sectores que tienen intereses contrapuestos no es fácil”. E incide: “Los cambios de modelo de crecimiento no se hacen por decreto ley ni por voluntarismo, se hacen a partir de procesos que suelen ser largos. En economía turística se calcula que hacer uno puede conllevar de 20 a 25 años, una generación”. Pero, del otro lado, “las soluciones abruptas son difíciles de aplicar, si lo que se pretende es cambiar la forma de crecer”. Y hay una segunda derivada: “Cómo diversificar una economía madura en servicios turísticos, qué nuevas actividades se pueden implementar, que tengan relación con la economía de mercado, en un proceso que pueda ser pilotado desde las administraciones públicas, sin que sea de forma muy intervencionista”, lanza, a modo de reto.

En definitiva, se puede optar por "medidas inmediatas como políticas tributarias, restricción de accesos a zonas muy tensionadas por el turismo… Pero, si se quiere realmente reorientar el modelo, hay que debatir hacia dónde ir”, en enclaves como las Islas Baleares, “que el año pasado recibió 17 millones de turistas, algunas voces hablan de que este serán 20 y dentro de tres, 22”. En su opinión, el asunto concierne a “administraciones, economistas, biólogos, físico, historiadores, juristas… Se necesita una visión más holística del crecimiento económico de lo que impera en este momento. No es fácil, pero cualquier solución que se presente como sencilla en un tema complejo es engañar a la gente”, mantiene. Porque, además, “turismo no es sólo turistas. Es un sector que impacta en la emergencia de nuevas actividades productivas de gran interés como la producción de software, biotecnología, ingeniería, servicios de alto valor añadido, que tienen productividades más elevadas… Muchos han nacido a raíz de la actividad turística. Esto no es despreciable y es la caja negra que hay que abrir y desvelar”, concluye.  

Fuentes del ámbito del urbanismo apuestan por “redefinir y acotar los usos turísticos”, la “estructuración del mercado turístico” y por reforzar “las oficinas técnicas urbanas de las administraciones locales”. En ese sentido, Lluis Frago, profesor de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona, advierte: “Podemos gestionar o regular el turismo evitando que aparezcan más habitaciones de alquiler de temporada, Airbnb… pero, si mientras hacemos eso creamos otra terminal de cruceros y ampliamos el aeropuerto… Unas inversiones que busquen únicamente aumentar el tránsito de personas, impedirán que lo primero sea efectivo”. 

Frago acota “el debate de la gestión del hospedaje" que se ha de dar: "Tiene que ser a escala metropolitana, no municipal. Ya es hora de las metrópolis supramunicipales, porque, si no, mientras se regula en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat se frotarán las manos porque van a llegar más pisos turísticos y así, saltando de municipio en municipio”, desliza. Y cierra: “En el Estado español hay un minifundismo municipal que hace que cada uno haga su pelea y eso no sirve para nada. Excepto para generar desafección política, al verse que el problema no se resuelve, sino que se desplaza”. 

Por último, el responsable de Hostelería y Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, tiene claro que “el problema no es el turismo, que siempre ha sido el maná de los pueblos y bien recibido por los ciudadanos, es el modelo turístico que está llevando a la turistificación de las ciudades y a la masificación. O se le pone freno, o se agudizará”, arranca. Cree que “las viviendas turísticas se han desbordado en muchas ciudades y están expulsando a los ciudadanos de los centros históricos, mientras los precios de la vivienda están por las nubes y te pueden cobrar por una habitación 600 euros. Esto más el ruido, la falta de aparcamientos, la inseguridad… Es la tormenta perfecta e insoportable que se va extendiendo por el país”.

Aboga por que “en las zonas saturadas se prohíban más viviendas turísticas”, por “horarios que se cumplan, porque hay gente que tiene que levantarse temprano para trabajar” y por “buscar el equilibrio entre ciudadanos, propietarios, turistas”, lo que “requiere un gran pacto en favor de los intereses generales, en un contexto de cambio climático, con carencia de recursos como el agua”. Fuentes engarza: “Necesitamos un turismo sostenible laboral y socialmente y que en zonas sobresaturadas no se puedan construir más hoteles ni bares ni viviendas turísticas”, dice, consciente de que “los beneficios que aporta el turismo, en muchos casos, no están siendo un valor añadido a las economías locales”. Denuncia que "sigue habiendo mucho empleo precario en la hostelería" ligada al turismo y que "la gente está poniendo en una balanza qué le interesa y que no". "Nadie está contra el turismo en sí, al que siempre los españoles hemos sido muy receptivos. Pero hay que buscar el equilibrio, pactos y un cambio de modelo. No hay más”, finaliza. 

Los habitantes de Canarias exigen un cambio de modelo. Las manifestaciones de este fin de semana para limitar el turismo de masas se reprodujeron en las ocho islas del archipiélago, incluso en La Graciosa, donde no viven más de mil personas. El mensaje de las protestas giró sobre la necesidad de diversificar la economía de las islas y reducir su dependencia del turismo, que ha generado un grave problema de vivienda, de protección de la naturaleza y de especulación hotelera. "Récord de turistas, récord de pobreza", fue uno de los eslóganes de las manifestaciones, puesto que el año pasado el archipiélago superó por primera vez los 16 millones de viajeros, mientras el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa ya en el 33,8%.

Los datos que avalan la situación precaria de Canarias son incontestables, y se resumen en que 2,2 millones de canarios sostienen a un número de turistas siete veces superior, por lo que la economía de las islas se ha construido sobre la llegada de extranjeros. El peso del sector turístico representó en 2022 el 37,8% del PIB de la comunidad, diez puntos más que la media de España, según CaixaBank Research, y 1 de cada 5 euros que gastaron los viajeros ese año en España, fueron a parar a Canarias. Al mismo tiempo, el sector terciario ha desplazado al resto, hasta el punto de que la industria es prácticamente inexistente, con el 3% del PIB, frente al 12,5% de media en España.

A las movilizaciones acudieron unas 50.000 personas, que equivalen al 2,5% de la población canaria, recuerda Juan Agustín Santana, profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. "Desde hace mucho tiempo no veía una movilización tan multitudinaria. Y ha sido porque se ha producido una tormenta perfecta, con multitud de problemas", añade. En resumen, las islas no solo registran récords de visitantes año tras año —en 2024 se esperan 17 millones— sino que ahora se hospedan en zonas que antes estaban reservadas para los canarios. "Hasta antes de la pandemia el turismo estaba concentrado en núcleos turísticos, pero ahora no quedan barrios sin apartamentos vacacionales", afirma Santana. 

Los expertos aportan infinidad de cifras que apoyan la necesidad de un cambio de modelo, como que el año pasado el 36% de la compra de vivienda y de suelo fue por parte de extranjeros, o que el 35% de la oferta actual de vivienda en el archipiélago es para uso vacacional. Esta situación ha provocado que independizarse en Canarias sea prácticamente imposible y ha derivado en el enfado de los vecinos de las grandes ciudades. Un ejemplo es el de La Laguna, una urbe interior de 150.000 habitantes de la isla de Tenerife, donde ahora mismo se ofertan menos de una decena de pisos de una habitación por menos de 1.000 euros al mes en el portal Idealista, y solo hay dos apartamentos por menos de 800 euros.

No es solo la vivienda. El PIB per capita de los canarios es el tercero más bajo del país y en la última década se ha alejado del resto de comunidades autónomas, por mucho que el número de viajeros no haya parado de crecer. Eso ha llevado a la gente a preguntarse quién se está enriqueciendo a costa de los locales. Esta tormenta perfecta, como decía el profesor Santara, ha llevado a que las protestas del sábado fuesen transversales y aunasen por primera vez a todas las islas del archipiélago.

Pablo Díaz, uno de los portavoces de Ben Magec, la federación de Ecologistas en Acción en Canarias, afirma que las manifestaciones fueron históricas. "Unieron a colectivos que nunca antes se habían movilizado porque la población cada vez tiene más claro que este modelo significa el colapso de las islas. Los barrios están cambiando, las familias tienen que desplazarse y todo ese dinero no se traduce en una riqueza local", afirma. Como ecologista, recuerda también que el agua es cada vez más escasas en las islas a medida que el clima se vuelve más desértico por el calentamiento global. 

Díaz acudió el sábado a una pequeña concentración en Puntagorda, en el norte de La Palma, una isla a la que llegaron una ola de curiosos durante el estallido del volcán en 2021, mientras los locales veían cómo la lava enterraba sus casas o cortaba la carretera por la que iban a trabajar. Según explica, en La Palma no sufren tanto el turismo de masas y hoteles, sino la compra masiva de terrenos donde alemanes, italianos o belgas se construyen casas que luego alquilan a otros extranjeros. El activista cuenta el caso de Tijarafe, un municipio de apenas 2.500 habitantes de La Palma donde ya hay 1.000 camas para visitantes y el propio ayuntamiento publicita en su web las viviendas turísticas.

Aunque las protestas del fin de semana son la respuesta a problemas que llevan años fraguándose, el estallido ha llegado por dos proyectos turísticos en Tenerife que amenazan sus recursos naturales. Uno es el de Cuna del Alma, que consiste en un complejo paradisiaco con villas y un hotel en primera línea de playa en el municipio de Adeje, y donde crece la viborina triste, una planta protegida. El segundo es la construcción de un hotel en la playa salvaje de La Tejita, en Granadilla de Abona, donde siguen trabajando las excavadoras, pese a que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ordenó paralizar la obra en 2021. Por su parte, en la isla de La Palma, los vecinos también se han levado contra un campo de golf y un complejo con 1.400 camas, un segundo campo de golf y un balneario de lujo con más de 500 camas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, no cree que prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes vaya a tener impacto económico para el sector y, en caso de que sea una de las medidas incluidas dentro del Plan Antitabaco, que se aprobará este viernes en el Consejo Interterritorial del SNS, no se contemplan incentivos fiscales, según lo recogido por Europa Press.

No obstante, la ministra tiene la esperanza de que los hosteleros al final apoyen las medidas que se incluyan en el Plan Antitabaco. "Yo les voy a convencer, o nosotros les vamos a convencer, o la sociedad les va a convencer de la misma manera que les hemos convencido en el 2005 y en el 2010, que es con la evidencia", ha señalado tajante, recordando que, en 2011, cuando se vetó el tabaco en todos los locales públicos de ocio, desde el sector se afirmaba que iba a haber una "ruina generalizada", y que los ciudadanos iban a dejar de ir a los bares y a las terrazas. "Eso nunca pasó", ha recordado.

"Llevamos una década en la que han tenido muy buenos datos económicos y sí que se goza de una buena salud. Entonces, no volvamos a caer en el error otra vez de intentar contraponer medidas de salud con medidas que supuestamente afectan a la economía, porque luego se ve que es mentira que afectan a la economía", ha añadido en una entrevista a Catalunya Ràdio.

A su juicio, "la gente tiene derecho, efectivamente, a estar en una terraza, a estar en un espacio público y no tener que consumir ese humo de segunda mano que te viene de al lado". "Hay que proteger la salud de la gente, proteger la salud de la ciudadanía y, como aprendimos en la pandemia, unos más que otros, la protección de la salud de los vecinos es nuestra propia protección. Así que sí, evitemos y prevengamos la adicción tabáquica", ha afirmado.

"La gente no deja de ir a los sitios, ni por supuesto deja de ir a las terrazas, ni deja de ir a las playas, ni deja de ir a la universidad, porque haya una medida en la que se protege del humo de segunda mano. Yo no creo que sea así, pero bueno, todo lo estudiaremos y lo veremos y por supuesto ayudaremos a las comunidades a que lo puedan poner en marcha con todas las garantías", ha añadido.

Aunque no ha confirmado directamente que una de las medidas definitivas en el Plan sea prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, sí ha manifestado que es necesario ampliar los espacios sin humo para que "los ciudadanos puedan estar libres de esa contaminación nicotínica que se ha demostrado que hay, por ejemplo, en las terrazas".

En cuanto a los incentivos fiscales, ha añadido que podrían haber tenido algún sentido cuando entró en vigor la ley que prohibió fumar en todos los locales públicos. Y, ha recordado que, en caso de dar incentivos, habría que estudiar el impacto económico de regular es media así como de la inspección del cumplimiento de la medida. En cualquier caso, ha añadido, es pronto para este debate ya que aún hay que "aterrizarlo" en diferentes medidas que "luego ya se irá viendo cómo se materializan".

Ante esta situación, y los datos de los riesgos para la salud de fumar, considera que es "difícil de justificar" la decisión de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de no adherirse a esta propuesta. "Es difícil justificar que haya un gobierno de una comunidad que no ponga por delante la evidencia científica, la salud de sus ciudadanos y que no ponga por delante, yo creo, lo que es un consenso ya social", ha afirmado en referencia a las manifestaciones de las sociedades científico médicas a favor de "limitar uno de los principales factores de mortalidad evitable".

Para la ministra el Plan Antitabaco pretende poner a "España y a la sociedad en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo". El Plan, ha explicado, recoge muchas medidas que luego tendrán que tener su traducción legislativa, con el objetivo de "poner más salud en la vida de la gente, de la ciudadanía y más calidad de vida también".

Preguntada por las presiones de diferentes sectores contra el Plan Antitabaco, ha confirmado que van dirigidas sobre todo al posible impacto económico de algunas medidas y, cree, que estas presiones pudieron ser "uno de los motivos por los cuales este plan estaba metido en un cajón". No obstante, ha defendido el trabajo del Ministerio de Sanidad y, ha recordado, que siempre van a elegir los beneficios en la salud frente a los beneficios económicos.

"Por lo menos este ministerio se va a poner siempre del lado de los beneficios de la salud, teniendo en cuenta, obviamente, que todo tiene sus efectos secundarios y tiene sus impactos. (..) En este ministerio, por lo menos han pinchado en hueso", ha señalado, concluyendo que, ceder a las presiones, "sería darle la espalda a los ciudadanos, a las asociaciones que luchan contra el cáncer, a las sociedades científicas y a la evidencia científica".

La Seguridad Social ganó una media de 193.585 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+0,9%), su segunda mayor alza en este mes de toda la serie histórica, gracias al impulso de la hostelería, que sumó más de 81.000 afiliados por las contrataciones asociadas a la Semana Santa, según la información recogida por Europa Press.

Tras el incremento de marzo, superior a la media de 150.000 nuevos ocupados del periodo 2017-2019, el número de afiliados medios se situó al finalizar el primer trimestre del año en la cifra récord de 20.901.967 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento de afiliados de marzo es el segundo más elevado de la serie en un mes de marzo, sólo superado por el de 2023, cuando el sistema sumó más de 200.000 ocupados. En el último año, de marzo de 2023 a marzo de 2024, la Seguridad Social ha ganado 525.414 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,6%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida de 77.876 afiliados (+0,37%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez en la historia los 21 millones de ocupados.

En concreto, marzo cerró con 21.032.661 trabajadores después de traspasar por primera vez la barrera de los 21 millones de afiliados el día 25.Dentro de la serie desestacionalizada, se han creado 530.843 empleos en el último año y más de 1,67 millones respecto a diciembre de 2019, antes de la pandemia.

"En marzo, la afiliación marca registros históricos y se acentúa el cambio estructural que ha supuesto la reforma laboral, con un impulso de los empleos de los sectores con mayor calidad", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El repunte mensual de afiliados medios en marzo fue mayor entre las mujeres, que ganaron en el mes 108.957 cotizantes respecto a febrero (+1,1%), frente a un avance del empleo masculino de 84.628 ocupados (+0,77%).

Con este incremento, el número de varones ocupados finalizó marzo en 11.005.817 cotizantes, en tanto que la cifra de mujeres trabajadoras marcó un récord histórico de 9.896.150 ocupadas, el 47,3% del conjunto de afiliados, el porcentaje más alto de la serie.

El Ministerio ha resaltado también que más de la mitad del empleo creado en el último año, el 56,7%, ha sido ocupado por mujeres. Respecto al nivel previo a la pandemia, la afiliación femenina ha crecido un 11,8%, frente al aumento del 7,7% de la afiliación masculina.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros aumentó en marzo en 62.573 cotizantes, un 2,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.734.119 ocupados, nuevo máximo histórico.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 175.978 afiliados medios en marzo (+1%), hasta un total de 17,48 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 15.434 afiliados a sus filas (+0,46%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.352.950.

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó la mayor subida de la ocupación al ganar 81.151 cotizantes respecto al mes anterior (+6%). Le siguieron el comercio, con 13.643 afiliados más (+0,5%); la educación (+11.744 cotizantes, +0,9%), y las actividades administrativas, que ganaron 10.201 ocupados (+0,7%).

El único descenso mensual de la ocupación se dio en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 35 afiliados menos (-0,09%).Por su parte, el Sistema Especial Agrario sumó 7.329 afiliados en el tercer mes del año (+1,1%), y el del Hogar registró 373 altas (+0,1%).

El Ministerio ha subrayado que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es "especialmente intenso" en sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y técnicas e información y comunicaciones, donde la ocupación ha aumentado por encima del 16%.

De hecho, según Seguridad Social, desde que finalizó la pandemia, más de uno de cada cinco nuevos afiliados se han incorporado a estos dos sectores, donde el peso de los contratos indefinidos supera el 85% en el caso de información y comunicaciones, y el 75% en actividades profesionales.

Según el Ministerio, los datos de marzo reflejan los efectos positivos de la reforma laboral sobre la estabilidad del empleo y la mejora de su calidad desde que esta norma entró en vigor hace dos años.

Así, el porcentaje de afiliados con contrato temporal bajó en marzo hasta el 12,7%, mínimo histórico, en tanto que el porcentaje de ocupados con contratos indefinidos se situó en el 87,3% tras crecer 17,3 puntos desde la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido en 33,6 puntos, hasta el 19,4%.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora más de 3,3 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. En el último año, los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo han aumentado un 4,7% (+429.645 ocupados), por encima de los de tiempo parcial (+4,4%, +103.490) y de los fijos-discontinuos (+18.174 afiliados, +2,1%).

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde el nivel anterior al Covid ha aumentado un 8,3%, por encima de las tasas de Francia (+5%), Italia (+2,9%) y Alemania (+1,5%). Lo mismo sucede si se atiende a la ganancia de ocupados desde que se inició la guerra en Ucrania: mientras que en España el empleo ha crecido un 6,3%, en Francia y Alemania lo ha hecho en el entorno de un 2%.

La afiliación media subió en marzo en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos del empleo, en términos absolutos, se registraron en Andalucía, que ganó 47.939 afiliados; Baleares (+33.322 ocupados); Cataluña (+32.548 cotizantes), y Comunidad Valenciana (+21.495).

En términos relativos, los mayores avances mensuales de la ocupación media fueron para Baleares (+6,9%), Andalucía (+1,4%), Cantabria (+1,2%) y Murcia (+1,1%). Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron al finalizar marzo en 10.335. En total, a 31 de marzo había 11.638 trabajadores en ERTE, de los que 10.335 estaban en un ERTE-ETOP y 1.303 en un ERTE por fuerza mayor.

Tras varias insinuaciones en canal R(e)d, Pablo Iglesias inaugurará el 19 de marzo la apertura de su propio bar. Según ha avanzado La Vanguardia, el exdirigente de Podemos, junto con el poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila, regentará la taberna Garibaldi. Un local de comida y bebida situado en el número 8 de la calle Ave María en el barrio de Lavapiés y en el que también habrá eventos culturales, presentaciones de libros, lectura de poesía y conciertos en acústico.

El nombre del establecimiento es un guiño a la Brigada Garibaldi, un grupo de italianos que participó en defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil. Un nombre que lleva inscrito desde el pasado 16 de febrero en el Registro Mercantil con un patrimonio social de 3.100 euros. A pesar de que faltan unos días para su apertura, la taberna ya ha publicado su carta. Una propuesta gastronómica en la que destacan la sección vegana No me llame ternera y también se podrán encontrar carrilleras, enchiladas o salmorejo.

La denominación de los cócteles tampoco se ha elegido al azar. Bebidas tan habituales como el mojito o el daiquiri han recibido su dosis de revolución cubana con nombres como Ché daiquiri o Fidel mojito. Iglesias tampoco se ha querido olvidar de otros líderes o personajes históricos incluyendo en su carta el Mandela Zulú, Pasionaria Puerto de Valencia o el Ludmila Vodka en referencia a la histórica francotiradora soviética que asesinó más de 300 nazis.

La selección de bebidas estará acompañada de vinos argentinos y chilenos y de una variedad de cervezas de distintos puntos del país. Entre ellas se podrán encontrar marcas como Keler, la Bilbao, la malagueña Victoria, la catalana Estrella o la valenciana Turia.

Unas palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre que no considera razonable que los restaurantes abran en España hasta la una de la madrugada, cuando en el resto de Europa cierran antes, han sido el motor de una polémica sobre los horarios del país. La propia Díaz ha defendido luego en una entrevista en TVE que trabajar en horario nocturno conlleva riesgos para la salud y ha matizado que a lo que apuntó al hablar de los amplios horarios de la hostelería en España es que deben respetarse los derechos laborales.

Fuentes de Sumar, el partido que lidera la vicepresidenta, aseguran que es ahí, en el hecho de que “deberían organizarse los turnos de otra manera para que haya más rotación y los trabajadores puedan conciliar trabajo y vida”, donde hay que enmarcar lo dicho por su máxima dirigente. Pero la mecha ya estaba prendida y a las críticas políticas de dirigentes del ámbito de la derecha, se han unido otras apreciaciones desde distintas esferas y por diversos motivos.

Para empezar, desde la patronal y los sindicatos afean a Díaz que no haya “tratado el asunto” con ellos “antes de soltarlo –la ministra ha indicado que lo habría abordado con las patronales del sector turístico– y que lo "haya sacado del diálogo social”. De hecho, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aseveran que “valorarán lo que proceda en la mesa de diálogo social correspondiente”. Aunque el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, vincula los horarios del sector a los hábitos de los “consumidores” y a “una industria turística envidiada a nivel mundial" y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria avisa de que la apuesta de la vicepresidenta "choca con la libertad empresarial".

A juicio de Frutos, es "inaudito" que la ministra de Trabajo “quiera reducir la jornada", lo que se traduciría, en su opinión, en "menor contratación para el empleo". Y es en la jornada laboral donde pone el acento Gonzalo Fuentes, responsable de Hostelería y Turismo de CCOO y “trabajador de hostelería durante muchos años”. Explica que “los horarios de apertura” en dicha área de actividad “los estipulan los ayuntamientos y las comunidades en casos como fiestas, discotecas, ciertos espectáculos…”. Pero “la clave” del debate para él es que los empleados de bares y restaurantes “trabajan más de las 8 horas estipuladas en el convenio colectivo. Los hay que echan a la semana entre 40, que es la jornada legal, a 49 en muchos casos y, a veces, el tiempo parcial de cuatro horas se convierte en seis, siete y ocho; o no se cumplen los tiempos de descanso”, denuncia.

Otras fuentes sindicales confirman que “los horarios se marcan a nivel municipal” y que “hay ayuntamientos como el de Barcelona que los han limitado en zonas castigadas por el ruido en determinadas épocas, porque se puede hacer, aunque suele generar tensiones con los empresarios”, reconocen.

Gonzalo Fuentes manifiesta compartir “la preocupación de la ministra sobre la conciliación entre trabajo y familia, lo que además tiene que ser compatible con la apertura de los restaurantes y bares, pero lo grave aquí”, insiste, “no es si el restaurante puede cerrar a las 12:00 o a las 12:30, es que en la hostelería, según la EPA y otras encuestas, es donde más se prolonga la jornada laboral y donde más incumplimientos hay del tiempo parcial con diferencia respecto al resto de sectores”. “Y en el mejor de los casos, las horas extra se pagan en 'b' o no se pagan, lo que está vinculado a la precariedad”, proclama rotundo. Para combatir eso, “lo primero que hay que hacer son más inspecciones y destinar más medios a la Inspección de Trabajo para que vigile que se cumpla lo que pactamos en los convenios colectivos”, sostiene.

El responsable de Hostelería y Turismo de CCOO plantea que no todo es blanco o negro y “los horarios pueden ir en función de si es o no verano, si se trata de una terraza, si es Costa del Sol, Canarias, León o Burgos…” “Hay matices –agrega– y habrá que tener en cuenta también a los vecinos, porque oír la terraza de un bar abierta hasta las 2:00 si tienes que ir a trabajar al día siguiente…”. Aboga por que se conjuguen “los intereses de usuarios, trabajadores y empresarios”, por “buscar un equilibrio y un consenso en torno a los horarios de apertura” de los locales, lo que no es óbice para que, “más allá de media hora arriba o abajo, se cumpla que los trabajadores no estén en sus puestos 49 o 53 horas”. En ese sentido aporta un dato: “Más del 40% de los trabajadores de la hostelería trabaja más de su jornada laboral, a menudo tienen un día de descanso, cuando el convenio dice dos; y el tiempo parcial muchas veces es indeseado y se alarga”, condensa. E incide: “Lo prioritario es que, si entro a trabajar a las 17:00 de la tarde, salga a la 1 y con media hora para cenar, por ejemplo. Si la ministra va en esa dirección, la compartimos y la solución es que el ministerio de Trabajo tiene que poner más inspecciones para que se respeten los horarios del convenio colectivo y así los empresarios no se quejarán de que no encuentran trabajadores en el sector...”, ironiza.

En la misma línea, Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT, afirma que “lo que no es de recibo es que un camarero acabe su jornada laboral y se tenga que quedar para realizar otros servicios o si hay quien quiere alargar la sobremesa, porque entonces, dónde está el límite”, se pregunta. 

Recalca que “hay que cumplir la normativa laboral”. “Cualquier funcionario, el personal sanitario –enlaza–, no puede extender las jornadas de facto. Siempre hay tantos pacientes que no finalizarían nunca”. Teme que detrás de parte del alboroto que se ha provocado y de declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, –ha replicado a Díaz que "España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad", lo que "da empleo", y que Sumar quiere a los ciudadanos "aburridos y en casa"– se esconda "la presión de cierto lobby que intenta liberalizar horarios 24 horas los siete días de la semana”. “El trabajo no puede ser a demanda, la legislación española no funciona así y ése no es el camino”, concluye.

Fuentes del sector del ocio nocturno indican, de su lado, que, “abrir el debate sobre los horarios españoles ha de hacerse a partir de una reflexión transversal sobre los tiempos laborales en general y no centrándose en la hostelería para volver a ponerla en el punto de mira”. Tampoco estiman “conveniente” que “se compare al tuntún lo que sucede en España con países de la Unión Europea con otro clima, luz, costumbres… y donde a las cinco de la tarde ya es de noche. Por no recordar que estamos una hora por delante de nuestra franja horaria de referencia y que no sólo nosotros trabajamos de noche, multitud de profesionales lo hacen”, lanzan.

A ello añaden que “desde la pandemia, la gente no ha vuelto a salir tanto" tras ponerse el sol. Una idea que corroboraría el quinto barómetro El consumo dentro y fuera del hogar, realizado por Aecoc Shopperview en colaboración con Campofrío y Frit Ravich y relativo a 2023, según el cual las visitas a bares y restaurantes son cada vez más diurnas. Casi el 40% de los españoles ha reducido sus cenas en esos establecimientos para salir durante el día y el 48% ha limitado sus salidas de ocio nocturno, en favor de incrementarlas en otras franjas horarias.

En cualquier caso, estas fuentes aluden, por último, a que “el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó abrir el debate sobre los horarios en España y no llegó a ninguna parte –se creó incluso una comisión para estudiarlo y después un Ejecutivo de Rajoy se marcó como objetivo que la jornada laboral acabara a las 18:00 horas sin éxito– porque el fondo es muy complejo y hay que afrontarlo con datos y con tranquilidad”, finalizan.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que trabajar en horario nocturno conlleva riesgos para la salud y ha explicado que lo único que está defendiendo al hablar de los amplios horarios de la hostelería en España es que deben respetarse los derechos laborales. Asimismo, la vicepresidenta segunda ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "frivolizar" con este tema. "La presidenta de la Comunidad de Madrid parece olvidar que a partir de las 10 de la noche, las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental y tienen, además, que conllevar una retribución diferente", ha dicho la ministra.

Díaz respondía así, en una entrevista con TVE recogida por Europa Press, al ser preguntada por si mantiene sus declaraciones de este lunes en las que consideraba que no es razonable que los restaurantes abran en España hasta la una de la madrugada, pues en el resto de Europa cierran más pronto, o que se convoquen reuniones de trabajo a las ocho de la tarde. Estas afirmaciones de la ministra fueron criticadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que defendió en redes sociales que España "tiene la mejor vida nocturna" y acusó a la líder de Sumar de querer que los ciudadanos sean "puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes, aburridos y en casa".

La vicepresidenta segunda ha replicado a Ayuso que el Gobierno "está muy a favor del ocio y de la vida buena", tanto que se ha marcado como objetivo reducir la jornada laboral "para que la gente pueda disfrutar de la vida". "Lo que hemos planteado ayer, y por cierto lo planteé con la patronal turística, no es nada nuevo. Es evidente que los usos horarios en nuestro país son muy diferentes a los europeos. No es normal que convoquemos reuniones en España a las 8 de la tarde. Lo único que estamos diciendo es que hay que respetar los derechos laborales", ha argumentado la ministra.

Díaz ha insistido en que el horario laboral posterior a las 22 horas tiene que ser retribuido de manera diferente y ha dicho que "le consta", por las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que estas condiciones laborales en algunas ciudades españolas "son mejorables". "Para eso queremos reducir la jornada laboral, pero eso sí, respetando los derechos laborales. Cualquier trabajador que trabaje a partir de las 10 de la noche, en cualquier servicio, cualquier profesional de la comunicación, personal sanitario, cualquier profesional de una siderurgia que trabaje en turno de noche, sabe perfectamente que conlleva riesgos para su salud. Por tanto, dejemos de frivolizar con estas materias que son muy serias para la vida de los trabajadores", ha subrayado la ministra.

Zambullirse en los datos turísticos da incluso vértigo, pero no es un bloque monolítico. El sector ha dejado atrás la pandemia y en 2023 elevó su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) nacional hasta el 12,8%, lo que significó la generación de 186.596 millones de euros, el máximo de la serie histórica, según las últimas cifras difundidas por Exceltur. Y las previsiones son mejores para 2024, año el que se espera que su aportación se expanda hasta superar los 200.000 millones y alcanzar el 13,4% del PIB.

El Banco de España estimó el crecimiento real de la economía estatal en el 2,4% y el turismo se ha erigido como el principal motor de éste en 2023, al suponer el 70,8% del total, tras un alza del 13,1%. A lo desgranado se añade que la ocupación en las ramas económicas características del turismo trepó hasta los 1,9 millones de puestos de trabajo en 2022. Ello representó el 9,3% del empleo global de la economía, cinco décimas más que en 2021, según la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) alimentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero no todo son datos positivos.

Para el secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT, Omar Rodríguez, “es sorprendente el incremento que ha tenido el porcentaje de beneficios de las compañías”. “Es verdad que se han encarecido los precios, las materias primas, el petróleo… Pero un crecimiento que normalmente las empresas suelen situar en torno al 16%, algunos hoteles de tres estrellas o superiores han realizado elevaciones de precios de hasta el 100%, en función del momento del año”, expone. Y agrega: “Esto hacer ver que no sólo son datos históricos, sino también beneficios históricos y nos cuesta mucho trasladar eso luego a las condiciones laborales”, sostiene.

Rodríguez explica que en aquellos lugares donde pueden actuar los sindicatos como “cadenas de restauración o restaurantes importantes” es “más fácil” tener “cierto control sobre la jornada, los salarios, las horas extraordinarias…” pero al tratarse de un sector “muy atomizado” compuesto por pequeñas y medianas empresas (pymes) “en muchas ocasiones, en la hostelería, cafeterías, pubs, chiringuitos… eso es el salvaje oeste”, condensa. Por ley, los trabajadores podrán elegir un delegado sindical, sólo si son entre seis y diez.

El secretario federal de UGT es consciente de que en esta rama de actividad, la conciliación familiar “se ejerce con mucha dificultad” y “después de la pandemia ha habido un cambio en la sociedad y mucha gente ha tomado conciencia de que la vida no es sólo trabajar y no todo es salario ni no todo vale”. Pone un ejemplo: “En puntos como Málaga, había quien estaba acostumbrado a ir en verano a hacer la campaña turística porque se cobraba mucho en ‘b’, pero ahora la gente no está dispuesta a eso, a trabajar 12 horas para cobrar en ‘b’, porque la pandemia ha demostrado que eso tiene repercusiones como no tener luego cobertura de los ERTE como los demás”. A su juicio, la crisis del covid “ha sacado a la luz muchas de las carencias que tiene el sector y los empresarios no son capaces de darse cuenta de que la transformación va en todos los sentidos”.

Cree que declaraciones como que “media jornada es de 12 a 12” o que no se encuentran camareros porque no quieren trabajar muestran que “todavía está muy interiorizada una cultura” que no todos comparten ya. Apunta un dato: “La tasa en la hostelería de parcialidad voluntaria es del 51%, hay mucha gente encantada de trabajar más horas, el problema es cómo, a cuánto y cuándo”. Avisa de que “los jóvenes que estudian o quienes puntualmente necesitan un trabajo, no quieren el sacrifico de la hostelería”. “Y cometemos un error –añade– porque es matar a la gallina de los huevos de oro”. Donde su sindicato sí ha detectado cierto viraje empresarial es en que se han dado cuenta de que “la formación tiene un coste y es mejor mantener a la gente y gastar en salarios en condiciones para hacerlo”. Si bien apostilla que esto sucede de nuevo “en empresas organizadas, más bien tipo cadenas”.

Otras fuentes sindicales aportan que “es un sector altamente feminizado, a pesar de que se asocie al camarero hombre” y, más allá de que existan convenios “en algunos casos con condiciones relativamente dignas”, el obstáculo a salvar es “el incumplimiento de la norma desde la perspectiva del salario, de la jornada laboral, de tiempos de descanso…”. “La vigilancia la debería hacer la Inspección de Trabajo, pero no hay inspectores”, lamentan. En ese escenario, plantean que no se puede exigir al sector que se “profesionalice”, si se vulneran “las condiciones de trabajo” de forma sistemática.

El responsable de Hostelería y Turismo de CCOO a nivel nacional, Gonzalo Fuentes, comparte algunas de esas ideas. Con las cifras en la mano, afirma: “La coyuntura turística va bien, pero no es lo mismo que el turismo”. Éste tiene, en su opinión, dos retos esenciales que afrontar: uno en la esfera laboral y otro de futuro. Por lo que respecta al primero, señala que se ha "crecido en estabilidad, gracias a la reforma laboral," si bien, "la temporalidad aún es de récord, diez puntos de diferencia con el resto de los sectores". "Y donde hay más fraude es el empleo a tiempo parcial", pespuntea. Y lo argumenta: "El 33% de las personas que trabajan en la hostelería, sobre todo mujeres y jóvenes, lo hacen a tiempo parcial y el 56% de ese 33% es indeseado, es decir, a más de la mitad de las personas les gustaría hacerlo a tiempo completo. Y una gran parte de ese tiempo parcial es fraudulento" en una área de actividad "con muchas horas extra trabajadas sin pagar".

Fuentes coincide con Rodríguez en que "lo que más crece con diferencia son los beneficios empresariales, mientras los salarios no suben". Sí lo hacen "los menús 2 o 3 euros o las habitaciones de los hoteles un 20 o 25%, en algún sitio incluso más… pero no los sueldos", remacha. Incide en separar dos planos: "Hay una bonanza de beneficios sin precedentes", junto a "un aumento de las cargas de trabajo y un malestar en las plantillas". Lo que ha derivado en que "el turismo y la hostelería se hayan convertido en un sitio de paso, hasta que se encuentre otra cosa, cuando antes era un oficio, una profesión. Las condiciones de trabajo son insatisfactorias", denuncia.

Como otras fuentes reclama más inspectores, dado que "no hay ni para llegar al 10% y no se pueden cubrir las denuncias que harían falta para acabar con el fraude". No es ajeno a que en bares y locales de ese tipo no se respetan cuestiones como que "el convenio de hostelería tiene dos días de descanso en todo el país" o que el personal "trabaje más de lo que tiene estipulado en los contratos". "Se trata de pymes o super pymes donde no hay representación sindical porque la ley no lo permite y eso es la jungla", remata.

Al margen del aspecto meramente laboral, el responsable de CCOO defiende que el sector turístico "tiene que hacer transformaciones profundas, un giro de 180 grados" en lo vinculado "al agua, la energía, lo que está sucediendo en las ciudades con las viviendas turísticas…". A su entender, "el modelo actual es insostenible socialmente, laboralmente y medioambientalmente en un contexto de cambio climático. Los números son los que son, se crea empleo, pero hay una visión muy cortoplacista y haría falta una repensada porque esto va bien, pero hay muchas cosas que cambiar", concluye.

Respecto al ámbito del “hospedaje”, Rodríguez avanza que UGT y CCOO han desarrollado un proyecto, “un sello de calidad que se llama Hoteles justos” con el objetivo de diseñar un conjunto de indicadores para la puesta en marcha de un sistema de certificación de establecimientos "laboralmente responsables con los trabajadores". Admite que “una parte del sector" le "tiene miedo", porque "piensa que implica más legislación, pero se trata de cumplir unos parámetros normales que deberían seguir el 100% de los establecimientos".

El Tribunal Supremo (TS) ha descartado que la Administración General del Estado tenga que indemnizar a los hosteleros por los daños sufridos a raíz del cierre de locales consecuencia del estado de alarma durante la pandemia de la COVID-19.

Los magistrados han desestimado el primero de los recursos en los que una empresa de hostelería reclamaba al Estado que le indemnizara por los daños sufridos al acatar la normativa que impuso -entre otros extremos- la suspensión temporal de su actividad empresarial.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han recordado que, aunque esta es la primera vez que el alto tribunal resuelve sobre este asunto, la resolución que ha trascendido este martes marca el camino a seguir en el resto de reclamaciones, que serán miles.

El alto tribunal, que ha dado la razón al Estado, ha explicado que la responsabilidad patrimonial exige una antijuricidad y que en este caso los daños sufridos por los hosteleros no son antijurídicos porque las medidas adoptadas por la Administración del Estado para hacer frente al coronavirus fueron "necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación".

El Supremo ha recodado, además, que -aunque los reales decretos del estado de alarma se declararon parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC)- fue la propia corte de garantías la que afirmó que esa inconstitucionalidad no era por sí misma título suficiente para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

En 89 folios, los magistrados han recalcado que "la sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos". Así las cosas, han señalado que "la vía de reparación o minoración de los daños para aquellos que los padecieron con mayor intensidad, de ser procedente, tiene que ser la de las ayudas públicas -que se concedieron ampliamente-, pero no la responsabilidad patrimonial".

En este sentido, han descartado la pretensión de una empresa que pretendía "fundar la responsabilidad en la supuesta existencia de un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos que resultaron afectados de manera especial, en relación o comparación con otros sujetos a los que también estuvo dirigida la referida normativa".

En su respuesta, la Sala ha subrayado que "las restricciones y limitaciones contenidas en los reales decretos de estado de alarma tuvieron carácter general, con múltiples e indeterminados destinatarios, y con numerosos sectores económicos y empresariales afectados", por lo que "no se puede deducir la singularización pretendida" por la compañía.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Lesmes, el Supremo también ha hecho referencia al Derecho de la Unión Europea, que determina que, en los casos en los que la salud humana está en riesgo, quien reclama una indemnización debe acreditar que las medidas adoptadas carecían de justificación, idoneidad y razonabilidad, y ha insistido en que esa acreditación "en modo alguno se ha efectuado en este proceso".

En la primera de las vistas, dos empresas del sector de la hostelería y la restauración defendieron ante el Supremo sus argumentos y esgrimieron -entre otras cuestiones- la falta de previsión del Gobierno que, a su juicio, pudo haber adoptado medidas menos restrictivas antes del 14 de marzo.

El caso ahora resuelto corresponde a una de esas dos empresas, el hotel Alhambra Palace de Granada, que reclamaba 417.316,70 euros -más intereses- por los perjuicios sufridos a causa del cierre obligado entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, alegando "un funcionamiento anormal del servicio público de alertas y emergencias sanitarias, sin que exista fuerza mayor que excuse a la Administración", al "no encontrarnos ante un suceso imprevisto, insólito y con efectos inevitables".

El Supremo ha descartado las alegaciones de la compañía al considerar que no se ha realizado un mínimo esfuerzo probatorio que permita llegar a la conclusión de que los retrasos e incumplimientos administrativos provocaron los daños que se dice haber sufrido.

En su análisis, el tribunal ha aclarado que la pandemia fue un claro caso de "fuerza mayor" porque "constituyó un acontecimiento insólito e inesperado en el momento en el que surgió y por la forma en la que se extendió por todo el planeta en sus primeros momentos, inicio y desarrollo completamente ajeno a la actividad de las administraciones públicas".

En respuesta a la compañía que reclamaba ser indemnizada, el Supremo ha apostillado que, "aunque algunas pandemias son previsibles y permiten actuaciones preventivas por parte de las autoridades sanitarias, como ocurre anualmente con la de la gripe, la provocada por el virus SARS-COV-2, no pudo serlo por tener unas características totalmente desconocidas en el momento de su aparición, como sus efectos sobre la salud humana", lo que "la hizo inevitable e incontrolable inicialmente, fuera del círculo de actividad de las administraciones públicas.

En este marco, el tribunal ha resaltado que "cuando se está frente a un proceso de toma de decisiones, generalmente hay un campo que se deja al azar al analizar las consecuencias, debido a circunstancias de ignorancia o incertidumbre", subrayando que, "en materia de salud pública, este rango de incertidumbre y de azar se constituye en un riesgo para la salud que no se puede asumir y que el principio de precaución busca eliminar al imponer la toma de medidas necesarias".

En este punto, ha enfatizado que "la enfermedad derivada del COVID-19, como enfermedad infecciosa altamente transmisible por vía aérea y a través del contacto personal, no solo conllevó un alto riesgo para la salud humana derivado del elevado índice de propagación sino y, además, un riesgo de colapso de los servicios sanitarios tal como de hecho sucedió, asociado todo ello a un incremento de la mortalidad y morbilidad".

Ha hecho hincapié además en que "para juzgar el acierto o desacierto de las medidas adoptadas por los poderes públicos en los primeros meses de pandemia", "no podemos estar a los conocimientos científicos actuales sino a los existentes cuando la pandemia comienza a desplegar sus efectos", ha concluido.

"Que un camarero diga que trabaja diez horas, pues, en fin, no sé si es grave. Trabajar a turno partido, el sábado, el domingo o los festivos. Las horas... ¡qué hacen diez horas! ¡Joder, qué dolor! Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12 ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar". El que habla es el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante su participación este martes en unas jornadas de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, según recoge La Sexta. En este encuentro también estuvieron en el secretario general de UGT Pepe Álvarez y el presidente de Cepyme Gerardo Cueva.

El presidente de los hosteleros metió este comentario tras comentar que los jóvenes "no se incorporan a trabajar". "Esto no quiere decir que esto no se les pague", ha detallado tras sus palabras sobre las jornadas en el sector.

Tras el revuelo generado en redes sociales, donde muchos le recordaban a Yzuel que, según el Estatuto de los Trabajadores, la jornada diaria no puede superar las nueve horas diarias y entre cada día de trabajo debe existir un descanso mínimo de 12 horas, el presidente de los hosteleros ha pedido "disculpas". A través de un vídeo en la cuenta de X, antes Twitter, del ente que preside, ha matizado que se trató de "un comentario, una broma, dentro de un contexto en el que hablábamos desde la seriedad del empleo".

"Me he equivocado al meter un chascarrillo en un tema tan serio", ha asegurado al tiempo que ha recordado que desde Hostelería España trabajan para que "este sector haga sus deberes". "Siento mucho esta broma que se ha colado, entono el mea culpa", concluye Yzuel.

La destrucción de 185.384 empleos el pasado agosto ha hecho recordar a muchos que el mercado de trabajo español sigue siendo disfuncional, pese a la reducción de los contratos temporales y al crecimiento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social que reflejan las estadísticas desde la pospandemia y la reforma laboral. Porque el final del verano ha repetido este año el patrón de rescisión masiva de contratos y aumento del paro al que estaba acostumbrado. En eso nada ha cambiado: el mercado laboral sigue marcado por una terca estacionalidad que convierte en buenos para el empleo los meses que preparan la Semana Santa y la temporada alta del turismo, y en malos enero, con el fin de la campaña navideña, y octubre, con el fin de la campaña veraniega.

De modo que el 31 de agosto volvió a registrarse una avalancha de bajas en las afiliaciones a la Seguridad Social: 308.166 en un solo día. Cierto que han disminuido un 10% respecto a las 342.276 bajas de agosto de 2021 –en 2022 fueron 320.052–, pero aun así continúa siendo una cifra descomunal que no tiene parangón en ningún otro país europeo. La misma anomalía se produjo, por ejemplo, el pasado 2 de enero, cuando un total de 390.109 –es decir, más que en agosto– perdieron su empleo al cerrarse la campaña comercial navideña.

La reforma laboral va ganando la batalla contra el abuso de los contratos temporales, la mayor tara del mercado de trabajo español desde los años 80 junto a las millonarias –y resistentes– cifras de parados. Año y medio después de su entrada en vigor, los contratos indefinidos representan casi el 40% de los que se firman cada mes, cuando antes nunca superaron el 10%. “Ha sido un éxito notable, ahí están las cifras, a la hora de reducir la tasa de temporalidad contractual”, admite el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, quien no obstante advierte de que aún está por demostrar –“para eso hacen falta tiempo y datos”– que esa reducción “impacte en la estabilidad real: en las horas de trabajo, las remuneraciones, los índices de pobreza…”.

Además, la reforma laboral, resalta, “no tenía como objetivo” acabar con la estacionalidad. Los empleos “intermitentes”, que crecieron mucho en los últimos años no sólo en España sino también en el resto de Europa, se gestionaban en Alemania o Reino Unido con los llamados contratos de cero horas. Son aquellos que permiten al empresario llamar en cualquier momento a un trabajador para que se incorpore inmediatamente y a quien no está obligado a emplear por un número determinado de horas o días. En España están prohibidos. En su lugar, se ofrecían contratos de muy pocos días, a tiempo parcial concentrados en los fines de semana, por ejemplo, recuerda Felgueroso. Entre enero y julio de 2019, el 27,2% de los contratos firmados duraban menos de una semana; en los siete primeros meses de este año, su cuota ha bajado al 20%. Si antes del covid se registraron 3,53 millones de estos contratos ultrabreves, tras la reforma laboral se han reducido a 1,82 millones, cayendo casi a la mitad.

Esos son los contratos que, según explica el investigador de Fedea, han pasado a convertirse en fijos discontinuos con la reforma laboral. “Lo que no significa que tales empleos estacionales hayan desaparecido, y eso es lo que propicia que haya tantas altas y bajas [en la afiliación a la Seguridad Social] cada mes”, indica. A su juicio, la reforma laboral todavía no ha tenido efecto en los flujos de entrada y salida del mercado laboral; sobre todo en las salidas del empleo al paro, que continúan siendo mucho mayores que en otros países europeos. “Por eso siguen produciéndose esos efectos de fin de mes en las afiliaciones a la Seguridad Social”, concluye.

Según Felgueroso, para que haya un cambio estructural tendrá que producirse también un cambio en la productividad: que esta aumente porque, al crecer el empleo indefinido, también lo haga “el capital humano específico adquirido por los trabajadores por su experiencia en la empresa”. Uno de los perjuicios del abuso del empleo temporal es precisamente la merma que sufre la productividad porque a las empresas no les interesa dar formación a sus trabajadores temporales, de los que, además, se prescinde justo cuando empiezan a mejorar su rendimiento. La ley prohíbe encadenar contratos temporales durante más de 18 meses en un periodo de dos años. En ese momento, la empresa debe decidir si hace indefinido al trabajador o prescinde de él.

Pero también hay otro tipo de empleo estacional, el que viene dado por la estructura productiva de la economía española, basada en el turismo y la agricultura en una proporción mucho mayor que en otros países europeos. “[La estacionalidad] es inevitable, lo que hay que hacer es amortiguarla”, resume Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar y exdirector del gabinete económico de CCOO. Con empresas de mayor tamaño, más movilidad geográfica para los trabajadores y una “estructura productiva más equilibrada” se moderaría la marcada estacionalidad del mercado laboral, asegura. Durante la pandemia, la “especialización productiva” en el turismo perjudicó mucho más a España que a Francia, “que tiene un sector industrial con mucho músculo y no tanto monocultivo en el turismo y el ladrillo”, detalla Martín Urriza. Así, también el corsé estacional español comprime mucho más la actividad que el francés.

El economista menciona como un mecanismo añadido para atenuar el daño de la estacionalidad laboral el reforzamiento de los contratos fijos discontinuos que ha incorporado la reforma laboral: “Les ha dado estabilidad y más derechos porque las empresas ahora están obligadas a llamar cada nueva temporada a estos trabajadores, que además acumulan antigüedad, no sólo por los periodos de actividad, sino también por los de inactividad”.

Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, apunta igualmente hacia el tamaño de las empresas como una de las causas de la terca estacionalidad española. Cuanto más pequeña es la empresa, más dificultades tiene para ofrecer sus bienes o servicios en más de un mercado o para destinar a sus trabajadores a otras tareas según la temporada. Malo Ocaña coincide con Martín Urriza en que, ante una casi inevitable actividad económica oscilante, lo necesario es evitar los “efectos perniciosos sobre la protección y el bienestar social” de la estacionalidad. Dando estabilidad a los fijos discontinuos.

Para saber si la reforma laboral lo ha conseguido, “si son más estables los fijos discontinuos que los temporales a los que han sustituido” y si los fijos discontinuos han recogido toda la actividad de temporada, habrá que esperar a que los investigadores tengan en sus manos la Muestra Continua de Vidas Laborales del año completo, precisa Miguel Ángel Malo. Incluso haría falta información de un ciclo económico completo. “Aún es muy pronto, sólo hemos tenido un verano normal desde la pandemia”, lamenta.

Entonces podrá comprobarse si se ha corregido, y cómo, la enorme “movilidad bruta” que caracteriza al mercado laboral español, con unos flujos de despidos, abandonos y rotación en los mismos puestos de trabajo mucho mayores que los de cualquier otro país europeo debido al abuso de la temporalidad. “La movilidad laboral no es mala por sí misma, a no ser que genere inestabilidad vital”, matiza el profesor de la Universidad de Salamanca. E impedirla, añade, “tampoco es la solución, salvo que padezcas una enfermedad como la temporalidad disparada en un mercado tan disfuncional como el español”.