La Comisión Europea acaba de presentar la hoja de ruta hacia los Créditos de Naturaleza, una iniciativa que busca movilizar inversión privada para la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. El objetivo declarado es cerrar la enorme brecha de inversión que impide frenar el deterioro de la biodiversidad en Europa y alcanzar los objetivos marcados en el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal y en nuestra reciente Ley de Restauración de la Naturaleza.

La premisa resulta válida si aceptamos que no llegaremos a tiempo dependiendo exclusivamente de los presupuestos públicos. Sin embargo, mi primera preocupación es que esta herramienta no puede ni debe convertirse en una coartada para sustituir la financiación pública. Debe ser una vía complementaria que refuerce el compromiso del proyecto europeo con el medio ambiente. Europa tiene que aumentar, y no reducir, su inversión ambiental en el próximo Marco Financiero Plurianual. No podemos permitirnos dejar en manos del mercado la protección de algo que representa, ante todo, un bien común como la naturaleza.

La Comunicación presentada por la Comisión tiene potencial. Esboza un planteamiento novedoso que podría canalizar recursos hacia la conservación activa y abrir nuevas oportunidades para quienes trabajan sobre el terreno. Pero también deja en el aire numerosos interrogantes fundamentales que condicionarán su credibilidad, eficacia y legitimidad. Si queremos que los créditos de naturaleza funcionen como una herramienta al servicio del interés general, debemos analizar con detalle cómo se aplicarán en la práctica.

Pongamos un ejemplo para ilustrar el potencial y los interrogantes de este nuevo instrumento.

Imaginemos una cooperativa de pescadores en el delta del Ebro que decide restaurar una antigua zona de marisma degradada, hoy invadida por especies invasoras y contaminada por vertidos agrícolas. Junto con entidades científicas locales y apoyo técnico de la administración, diseñan un proyecto para recuperar la biodiversidad nativa, mejorar la calidad del agua y regenerar el hábitat de especies protegidas. Gracias a un proceso de certificación, obtienen un crédito de naturaleza que luego es adquirido por una gran cadena hotelera que quiere compensar su huella sobre la biodiversidad y mejorar su estrategia de sostenibilidad.

Este ejemplo suena bien. Pero inmediatamente surgen preguntas clave que, hoy por hoy, no tienen una respuesta clara en la propuesta presentada por la Comisión.

¿Quién decide, por ejemplo, que esa restauración concreta de la marisma en el delta del Ebro es elegible para obtener un crédito de naturaleza? ¿Existen criterios específicos, o dependerá de interpretaciones caso por caso? ¿Y qué tipo de intervenciones -repoblaciones, restauración de hábitats, mejora de calidad de agua- serán consideradas válidas?

Tampoco está claro cómo se medirán los beneficios. ¿Con qué indicadores se comprobará que la biodiversidad realmente ha mejorado? ¿Se utilizarán métricas comunes adaptadas a cada ecosistema? ¿O dependerá de cada certificador aplicar sus propias herramientas?

Y eso nos lleva a otra cuestión crucial: ¿Quién certificará estos proyectos? ¿Qué garantías tenemos de que serán entidades independientes, con criterios objetivos y públicos? ¿Y qué pasa si, con el tiempo, los beneficios ambientales del proyecto no se sostienen o incluso se revierten?

Además, cabe preguntarse si estos créditos servirán exclusivamente como contribución voluntaria a la conservación y restauración de la naturaleza, o si acabarán permitiendo la compensación de impactos destructivos en otros lugares. ¿Podría una gran empresa comprar créditos generados por esta cooperativa de pescadores mientras destruye hábitats en otra parte de Europa o de un tercer país?

También queda por definir quién podrá acceder realmente a este sistema. ¿Estará al alcance de pequeñas comunidades o agricultores familiares? ¿O solo de grandes operadores que puedan asumir los costes de certificación, seguimiento y transacción?

Y finalmente, ¿cómo se integrarán estos créditos con las políticas existentes, desde la PAC hasta los pagos por servicios ecosistémicos pasando por la Ley de Restauración de la Naturaleza o los créditos del carbono? ¿Habrá coherencia legislativa o solapamientos contradictorios?

Estos vacíos no son cuestiones técnicas menores. Son la diferencia entre una herramienta útil y un instrumento ineficaz o incluso contraproducente.

Como eurodiputado comprometido con la biodiversidad, no me cierro en banda a los instrumentos innovadores. Bien diseñados, los créditos de naturaleza podrían convertirse en un incentivo positivo para la conservación y la restauración activa, y ofrecer un reconocimiento y una fuente de ingresos adicional para quienes ya están cuidando de nuestros ecosistemas: agricultores, silvicultores, pescadores, gestores públicos y comunidades rurales.

Pero para que eso sea posible, aún queda mucho por construir. Hace falta un marco de gobernanza y de monitoreo claro, justo, transparente y basado en la ciencia. Hace falta garantizar que estos créditos no se utilicen para blanquear daños ambientales ni para debilitar el compromiso financiero público con la naturaleza. Y hace falta que el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la sociedad civil participen activamente en el diseño de este sistema, que aún está por definirse.

En definitiva, los créditos de naturaleza pueden ser parte de la solución, pero no serán una solución creíble si nacen sin garantías, sin control y sin ambición real. La naturaleza no puede esperar, pero tampoco puede ser moneda de cambio en un mercado sin reglas. Tenemos que trabajar para dar respuesta a las cuestiones anteriores. Hasta entonces, este instrumento, por prometedor que sea, seguirá siendo una idea más que una solución efectiva.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en las cumbres de biodiversidad de Montreal y de Cali.

Aún tenemos recientes los ecos de las protestas del campo de hace unos meses y ya comenzamos una nueva legislatura en Europa, que llega claramente marcada por la agenda agrícola.

Entre un evento y el otro apenas han transcurrido unos meses. Buena parte de las reivindicaciones que se trasladaron en las tractoradas siguen latentes, por oportunas. Otras parecen algo diluidas, una vez superado el fragor de la batalla. 

Ahora que comienza el nuevo mandato del Parlamento Europeo, pronto también el de la Comisión Europea, conviene afrontar nuestras responsabilidades con el compromiso de abordar los asuntos pendientes, hablando claro, sin demagogias, poniendo los puntos sobre las íes, pero sin alentar desafecciones, reivindicando el papel del sector primario, pero sin obviar otros elementos que han de poder conjugarse sin buscar incompatibilidades.

Como punto de partida, no está mal comenzar la legislatura con un texto de referencia como es el Diálogo Estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE, que ha dado a conocer recientemente la Comisión Europea. Un diálogo que se promovió in extremis, al finalizar la legislatura y con aparente intención de serenar los ánimos con el sector. 

Anduvo fina la presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen, planteando este foro, aunque esto supusiera una autoenmienda a su propia gestión. Cualquiera que lea sus múltiples intervenciones, las de ayer y las de hoy, podrá comprobar su transición desde el verde manzana Green Deal al parduzco castaña de la ambigüedad de los últimos meses y nuevamente al verde pistacho de esta nueva legislatura. 

No hay nada como tener cinco años por delante, habrá pensado la alemana, pero el sector agrario necesita, desde ya, que pasemos a la acción. Por eso, dando por bueno el documento base sobre el Diálogo Estratégico, pedimos a la Presidenta que garantice fondos suficientes para hacer realidad todos los desiderátums que contiene el librito, que sin duda firmaríamos todos.

Pero antes de eso habrá que evaluar al Colegio de Comisarios, las competencias atribuidas en las distintas carteras y la roadmap que someterán a escrutinio del Parlamento Europeo.

Se nos antojan muchas preguntas, que tendremos que seleccionar finamente para evitar evasiones en lo que es el interrogatorio con mayor expectación de toda la legislatura, los llamados Hearings, que buscan el plácet por parte de los eurodiputados para ejercer la noble misión de Comisario.

En este encuentro público, con luces, cámaras y acción, pero sin taquígrafos, escucharemos al candidato a Comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, decir obviedades como que los agricultores (y agricultoras) son los primeros interesados en frenar el cambio climático, que el campo necesita garantizar el relevo generacional, que existe una creciente presión competitiva por la apertura de los mercados, que se han de garantizar unos precios justos para los agricultores y reforzar las cadenas de valor, que hay que frenar la competencia desleal, que hay que apostar por una nueva PAC que priorice una distribución más justa de las ayudas y garantice la rentabilidad de las explotaciones y su sostenibilidad y que hay que apostar por el medio rural, entre otras generalidades.

Está por ver si entra en el fondo de los grandes retos que ha de afrontar el sector, de la mano de la UE, y digo de la mano no con afán proteccionista ni tutelajes, sino desde la convicción de que en esto, o vamos todos juntos, o nuevamente se romperá la baraja.

Por eso es muy importante que en este examen inicial para entrar en la “academia” del Colegio de Comisarios, y por la cuenta que le tiene a la Presidenta de la Comisión, el candidato Hansen diga alto y claro qué va a hacer para asegurar, de verdad, una agricultura sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente, o lo que es lo mismo, viable y rentable.  

La financiación es esencial, pero también el marco normativo. Un marco normativo hecho desde el terreno y mediante el diálogo permanente con el sector, que está deseando contribuir al debate. El cómo y el cuánto serán la clave, indudablemente.

¿Abordará la Comisión Europea con rigor el debate sobre las cláusulas espejo, tan instrumentalizadas en la campaña electoral? Hace apenas dos semanas la Directora General de Comercio, Sabine Weyand, me respondía directamente a esta pregunta diciendo que no se puede pedir a terceros países que asuman nuestras normas. Entonces, ¿por qué se ha estado alimentando esta expectativa? 

En este contexto hemos escuchado a la extrema derecha decir que hay que cerrar los mercados y prohibir las importaciones (literal), obviando que la balanza comercial europea, con 228.600 millones en exportaciones en 2023, supera los 70.000 millones de euros de superávit. 

Sí, exportamos mucho más de lo que importamos de terceros países, pero es que, además, lo que importamos es esencial para asegurar nuestra propia productividad. Que les pregunten a nuestros ganaderos cómo les irá si cerramos las importaciones de grano para la subsistencia del ganado, por ejemplo. 

¿Qué tipo de agricultura queremos?, ¿una agricultura moderna y competitiva?

Suena bien. ¿Habrá fondos para la innovación o volveremos a limitar los recursos para hacerlo posible? ¿Abrumaremos a nuestros agricultores con gestiones y trámites interminables o apostaremos por una verdadera simplificación? ¿Apoyaremos el avance de las Nuevas Técnicas Genómicas, que permiten cultivos más eficientes y adaptados al clima? o ¿seguiremos bloqueando este debate científico que ya tuvieron hace tiempo nuestros competidores y del que están sacando una gran ventaja frente a nosotros? ¿Vamos a defender, de verdad, una PAC con mayor presupuesto y que prime la agricultura familiar y la incorporación de jóvenes y mujeres al campo? ¿Cómo piensan frenar el éxodo rural y el abandono de las explotaciones? ¿Cómo van a asegurar la supervivencia de la ganadería ante los enormes desafíos a los que se enfrenta? ¿Se abordará con valentía el acceso y uso del agua y la calidad de los suelos sin demonizar al campo?

Estas y otras muchas preguntas serán formuladas, veremos si respondidas. Es obvio que para ello no basta una comparecencia de algo más de dos horas. Las incógnitas se irán desvelando a lo largo de la legislatura, pero una cosa está clara: o nos ponemos de acuerdo o esto volverá a fallar. 

Por eso, en este comienzo de legislatura, apelo al diálogo constructivo frente a la demagogia de regate corto. Pongámonos todos manos a la obra, OPAs, Comisión, Consejo y Parlamento, organismos todos con diferentes colores, y hagamos la mejor cesta con los mejores mimbres. 

Quiero pensar que nos vamos a entender.

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Cristina Maestre Martín de Almagro es diputada socialista en el Parlamento Europeo y Miembro de la Comisión de Agricultura.

El pasado miércoles concluyó en Bruselas el gran debate que mantienen desde enero los agricultores, la industria alimentaria y los ecologistas para decidir hacia dónde debe ir la Política Agraria Común (PAC), la mayor partida presupuestaria de la Unión Europea. Pero el resultado de las conversaciones, resumido en un documento que entregaron a la Comisión una treintena de organizaciones, no ha gustado a los grandes propietarios de tierras. El punto más destacado —y controvertido— ha sido la propuesta de reorientar las ayudas directas para que apoyen a la agricultura familiar en lugar de a las grandes empresas y a los fondos de inversión, que hasta ahora son los grandes beneficiados de las subvenciones.

La principal partida de la PAC son las ayudas básicas a los ingresos, y dentro de esta cuantía un porcentaje del dinero se entrega por hectárea cultivada, de manera que se incentiva la concentración de tierras y la economía de escala, lo que ha provocado un abandono de la profesión por parte de los pequeños agricultores en la última década. En España, un informe del Ministerio de Agricultura sobre el periodo anterior de la PAC (2014-2020) cuantificó que el 80% de las explotaciones más pequeñas solo concentraron en 2018 el 20% de las ayudas FEGA de la PAC.

Algunos países, entre ellos España, han introducido mecanismos para reducir esa desigualdad, pero ahora un informe elaborado por 29 organizaciones relacionadas con el sector primario y el medioambiente reclama que el presupuesto de la PAC —más de 50.0000 millones al año- "debe orientarse mejor hacia los agricultores activos que más la necesitan para evitar impactos en el precio de la tierra que encarecen el alquiler del terreno y dificultan la renovación generacional; en particular hacia las pequeñas explotaciones, los jóvenes agricultores, las explotaciones mixtas y los nuevos agricultores". Esta frase, que aún queda por concretar, ha enfadado a los grandes perceptores de las ayudas.

Asaja, la mayor organización agrícola de España y tradicionalmente la representante de los latifundistas, reconoce que el bautizado como Diálogo Estratégico, la gran apuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para calmar las protestas agrarias que estallaron en febrero, no ha sido satisfactorio. "No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hay escritas en el documento. Para nosotros, los problemas que tiene alguien con una hectárea de trigo son los mismos que para alguien que tiene 100 hectáreas, por lo que no creemos en la redistribución de las ayudas", afirma José María Castillo, director de Asaja ante la Unión Europea.

Pero la mesa de negociación que ha redactado el documento era enorme. Estaban sentadas 29 organizaciones de todo tipo, desde fabricantes de semillas a organizaciones de consumidores, pasando por la patronal de las bebidas o los grandes sindicatos agrarios europeos, por lo que el texto que ha salido del diálogo ha tenido que ser consensuado por intereses diferentes. Von der Leyen señaló este miércoles que su equipo revisará las conclusiones del diálogo y que en los primeros 100 días de la nueva Comisión publicará una hoja de ruta sobre la futura PAC que comienza en 2028.

Los expertos consultados creen que la fórmula de fomentar la redistribución de las ayudas es endurecer el llamado capping, el tope máximo de subvención que puede recibir una explotación, sea cual sea su tamaño y su producción. En la PAC anterior ya se contemplaba el capping en el reglamento y los Gobiernos podían aplicarlo, pero solo algunos lo hacen. España introdujo este cambio en la nueva PAC —que empezó a rodar en 2022— y un profesional recibe, como máximo, 100.000 euros en ayudas al año, ampliables hasta 200.000 en función del número de empleados que tenga. El otro mecanismo —que también está activo ya en Europa— es el fondo de redistribución, una cuantía de la PAC que solo se entrega por las primeras hectáreas de un cultivo, lo que incentiva tener explotaciones pequeñas y que ahora supone aproximadamente el 10% de la cuantía total de la PAC en España.

Lo que piden los defensores de la redistribución es endurecer mucho más estas dos herramientas en el futuro, el capping y el fondo de redistribución. Cristóbal Cano, encargado de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía, pide rebajar el capping hasta un máximo de 60.000 euros, que era lo que se valoró originalmente en España antes de fijar el máximo en 100.000, mientras que el fondo de redistribución debe crecer, como mínimo, hasta alcanzar el 20% del presupuesto total. "Es por lo que llevamos años luchando, más ayudas para las primeras hectáreas cultivadas. Hay que fortalecer la agricultura pequeña y mediana porque es la que impulsa la economía rural", apunta el portavoz.

La segunda organización agraria más grande de España, COAG, también se suma a la propuesta del documento. "Estamos de acuerdo y hace falta centrarse en el que más lo necesita para que garantizar que los ingresos de un agricultor se equiparen al del resto de la población", opina Andoni García.

Aunque haya diferentes puntos de vista sobre el documento derivado del diálogo, en lo que coincide todo el sector alimentario es que era imprescindible sentarse en la mesa. Las tractoradas invadieron decenas de ciudades españolas entre febrero y marzo, y la crisis puso en el punto de mira a la presidenta de la Comisión y a los comisarios de Agricultura y Medioambiente, que capitalizaron el enfado del campo a unos meses de las elecciones al Parlamento Europeo. "Lo que demuestra el texto es que se consolida la idea de que más vale convencer, que imponer. Y que se vienen cambios en la PAC, pero no serán rupturistas", resume Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.

El ecologismo también ha jugado un papel importante en este diálogo tras meses de enfrentamientos con las asociaciones agrícolas. Participaron Greenpeace y Bird Life, que en España están agrupados en Coalición Por Otra PAC. "Las conclusiones del diálogo han sido una muy buena sorpresa, aunque las cojo con prudencia porque habrá que ver cómo acaba esto", afirma Maxime Orhon, experto en Políticas Agroalimentarias de la coalición. Muchas de las recomendaciones que hay en el texto son las que ellos mismos hicieron de cara a las elecciones europeas, y lo que entonces era rechazado tajantemente por la Comisión, ahora está en un documento oficial. "Es interesante porque Von der Leyen desechó este año algunas de las propuestas que figuran en el documento, como ir más allá con las medidas ambientales".

La principal propuesta que incluyen en materia ambiental es la creación de un nuevo presupuesto externo a la PAC para ayudar a los agricultores y ganaderos a costear la transición hacia un negocio más sostenible. La PAC actual destina un 25% del presupuesto a los llamados ecoesquemas, un apoyo extra para el agricultor cumple medidas ambientales, pero el sector primario quiere más dinero. "Tiene que hacer un capítulo separado que nos ayude a abordar los retos ambientales porque ya se ha visto que los fondos actuales son insuficientes", opina Andoni García, de UPA.

Una investigación, desarrollada a escala europea en el marco del proyecto Climate Facts Europe del European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), ha revelado afirmaciones falsas relacionadas con las protestas de agricultores y ganaderos en seis países de la UE, entre ellos España, cuyo origen es, en un 80% de los casos, la extrema derecha. La desinformación, según este estudio, no sólo oscurece las demandas reales de los manifestantes, sino que busca amplificar el escepticismo y la sospecha hacia la UE y sus políticas climáticas en plena campaña de las elecciones europeas.

El EFCSN es una iniciativa paneuropea que busca establecer y promover estándares comunes de verificación de hechos en toda Europa. Esta red tiene como objetivo mejorar la calidad, la transparencia y la eficacia de los esfuerzos de verificación de hechos en el continente.

El análisis que ha hecho el EFCSN, a partir de datos recopilados por verificadores de diferentes países, revela que las narrativas que se oponen específicamente a las políticas climáticas de la UE son significativamente más atractivas para el público que los sentimientos más amplios contra la acción climática: a medida que evolucionaron las protestas, las primeras atrajeron tres veces más interacciones que las segundas.

Los actores responsables de estas narrativas son en su mayoría políticos afiliados a la extrema derecha. El informe sostiene que el 81,6% del total de afirmaciones contra la acción climática de la UE en las publicaciones más populares sobre las protestas de los agricultores fueron redactadas por políticos de extrema derecha.

La utilización de información falsa ya ha conseguido, en parte, su efecto. La Comisión Europea y muchos Estados miembros han retrocedido en varias medidas vinculadas al clima y la biodiversidad tras las protestas de los agricultores, proporcionando confirmación a algunas de estas narrativas a pocas semanas de las elecciones europeas.

El informe ha identificado ocho narrativas principales: las dos primeras sugieren que la UE utiliza sus medidas contra el cambio climático como pretexto para ejercer un control innecesario sobre las elecciones dietéticas y los medios de vida de los individuos y amenaza los medios de vida de los agricultores y ganaderos al dar prioridad a regulaciones ambientales perjudiciales para sus intereses económicos.

La tercera da crédito a la teoría de conspiración de que “los gobiernos están manipulando secretamente los patrones climáticos” con el objetivo de alimentar la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales al presentar “los eventos climáticos como intervenciones artificiales en lugar de fenómenos naturales”.

En cuarto lugar, la desinformación vincula las protestas agrícolas al Pacto Verde para presentarlo, en contra de los hechos, como perjudicial para los intereses del campo. La quinta narrativa sugiere que la competencia desleal promovida por la UE agrava los desafíos para los agricultores, perjudicando su viabilidad económica, incluidas las diferentes condiciones o controles para las importaciones de alimentos.

La desinformación busca además describir las protestas de los agricultores como agresivas para motivar “una presión más fuerte alentando a los participantes a involucrarse en acciones más disruptivas” y presenta, al mismo tiempo, la respuesta de las fuerzas del orden como desproporcionada. La octava y última narrativa detectada presenta el apoyo a Ucrania frente a Rusia como perjudicial para los intereses de los agricultores.

Entre otras falsedades, la protesta agrícola de los últimos meses se vio impulsada por afirmaciones como que la UE estaba promoviendo la carne artificial para mitigar la significativa contaminación causada por el ganado (una idea que circuló por Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Austria, Grecia, Eslovenia y la República Checa) o que Bruselas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estaban prohibiendo el cultivo de alimentos en casa porque supuestamente “contribuyen al cambio climático” (ocurrió en Francia, España y Polonia).

En algunos países, circularon afirmaciones sobre supuestas “revelaciones” en torno a los chemtrails y una “agenda globalista” para controlar el clima y causar sequías, junto con la desinformación climática general contra el origen antropogénico del cambio climático (Polonia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Italia y España). En nuestro país circuló durante bastante tiempo la afirmación falsa que decía que la sequía fue causada por el Gobierno al demoler presas.

También hubo mensajes falsos que afirmaban que el Parlamento de la UE había aprobado leyes para proteger áreas terrestres y marinas y destruir campos de cultivo (Italia, Portugal, Polonia, Suecia y Macedonia del Norte).

Además de las narrativas de desinformación específicamente relacionadas con el clima, también han circulado otras más generales sobre las protestas de los agricultores en varios países. Algunas de las más difundidas utilizaron imágenes generadas por Inteligencia Artificial o difundieron vídeos fuera de contexto de antiguas protestas, incluidas afirmaciones sobre presunta brutalidad policial contra los agricultores.

La afirmación de que la agricultura y la ganadería sufren la competencia desleal de otros países es recurrente. Las afirmaciones falsas sobre Ucrania fueron comunes, en varias ocasiones con desinformación sobre la calidad de los productos ucranianos en Italia. En España se difundió que las fresas de Marruecos estaban contaminadas con norovirus y en al menos dos países se publicó que los agricultores serían “reemplazados por robots de IA”.

La desinformación utilizada para agitar las protestas agrícolas no se limita a discutir la acción climática de la UE ni la crisis climática en general. También incluye “elementos de conspiración, sugiriendo una intención maligna o de manipulación por parte de la UE u otras instituciones hacia los agricultores”. Son narrativas que combinan quejas a partir de hechos reales con “afirmaciones especulativas o infundadas, aumentando el atractivo emocional de las publicaciones y potencialmente incrementando su viralidad”.

El análisis de los datos revela cómo la desinformación se adapta a cada país. En Alemania, el enfoque principal es el escepticismo climático (60%). En Italia y Polonia destaca, en cambio, la narrativa contra las políticas climáticas de la UE, con el 80% y el 88.89%, respectivamente.

En cambio, las narrativas de conspiración contra las instituciones son más prominentes en Francia y España (67%), lo que “resalta una desconfianza profunda hacia las instituciones”.

El análisis de las narrativas publicadas revela que los políticos de extrema derecha no solo son participantes activos, sino que a menudo lideran el discurso relacionado con las protestas de los agricultores contra la acción climática y la UE (81.6%).

Esto es particularmente pronunciado en Alemania, donde el porcentaje de las publicaciones de este tipo que están relacionadas con la AfD sube al 90%. “Una tendencia similar es evidente en Francia con Les Patriotes y Rassemblement National y en los Países Bajos con Farmer-Citizen Movement, donde las figuras de extrema derecha moldearon el 88.9% y el 85.7% de las publicaciones, respectivamente”. Aunque España tiene menos publicaciones en total con narrativas identificadas, un sustancial 66.7% provienen de políticos de extrema derecha afiliados a Vox, según el informe.

Italia, donde ya gobierna la extrema derecha, presenta un escenario diferente, con un 55%, principalmente con origen en La Liga de Matteo Salvini. En contraste, Polonia es el líder, con un 96.3%

El uso de las protestas de los agricultores para difundir narrativas y desinformación contra la acción climática durante las protestas de los agricultores europeos en 2024 no es una novedad. Esta tendencia se ha ido desarrollando con el tiempo, con precedentes significativos en eventos anteriores, notablemente las protestas de los agricultores holandeses de 2022-23 contra la política nacional de nitrógeno.

Entonces, los investigadores identificaron ocho picos importantes de desinformación centrados predominantemente en torno a cuatro narrativas principales: la conspiración del Gran Reinicio, la conspiración de la Agenda 2030, la conspiración del despojo de propiedades privadas y la narrativa de la Tiranía Climática, todas dirigidas a socavar la acción climática. Además, cada pico de desinformación, independientemente del tema específico, estaba entrelazado con temas centrales de conspiración asociados con la ideología de extrema derecha. “Esto muestra un claro paralelismo entre las narrativas de desinformación climática que se difundieron durante las protestas de los agricultores holandeses y las de las protestas de los agricultores europeos en 2024”, señala el estudio.

Los datos recopilados demuestran “cuán efectivamente se puede utilizar la desinformación para influir en la opinión pública y en las políticas públicas”. En el caso de las movilizaciones agrícolas, y en el contexto de las elecciones europeas del 9 de junio, las narrativas anti-UE y antiacción climática, particularmente aquellas propagadas por políticos de extrema derecha, así como la desinformación que presenta las medidas contra el cambio climático como una forma de control sobre las libertades personales, han alcanzado un gran eco y han “moldeado significativamente el discurso en torno a las políticas climáticas”.

“Estas narrativas, a menudo basadas en teorías de conspiración y preocupaciones económicas, pueden influir significativamente en los resultados electorales y en las futuras acciones climáticas, especialmente en regiones donde la agricultura es un sector económico clave”, subraya el documento. “La representación de las regulaciones ambientales como intrusivas para las libertades personales o económicamente dañinas puede erosionar la confianza en las instituciones gubernamentales y sus iniciativas climáticas”.

La desinformación climática continúa evolucionando y propagándose, advierten los autores del estudio. Por eso, “es crucial que los responsables de políticas implementen estrategias robustas para mejorar la transparencia, construir confianza y contrarrestar las falsas narrativas para salvaguardar la integridad de la ciencia climática y asegurar un discurso público informado”.

En la última cumbre europea del 22 de marzo, los 27 países de la Unión Europea (UE) acordaron apoyar a Ucrania "todo el tiempo que haga falta y con la intensidad que sea necesaria". Pero la fórmula ha llegado ya a su límite, y el enfado de los agricultores en la UE señala la afluencia de importaciones agrícolas ucranianas y su efecto en la caída de los precios de venta. 

A última hora del miércoles 27 de marzo se alcanzó un compromiso en la mesa de representantes de los 27 Estados miembros de la UE en Bruselas sobre la delicada cuestión de las ayudas al sector agrícola ucraniano. A grandes rasgos, el acuerdo reitera el ya alcanzado el 20 de marzo: la UE prorrogará un año, hasta junio de 2025, su apoyo al sector agrícola ucraniano manteniendo la no aplicación de aranceles.  

Sin embargo, ahora podrán volverse a aplicar para determinados sectores sensibles, como las aves de corral, los huevos, el azúcar, la avena y la miel, si los volúmenes superan la media observada durante un periodo de referencia (en este caso, de junio de 2021 a diciembre de 2023). 

En esta cumbre europea, varios países, considerando que la agricultura europea no estaba suficientemente protegida, se pronunciaron a favor de "reabrir el texto", como explicó Emmanuel Macron en su rueda de prensa de la noche del 22 al 23 de marzo en Bruselas, poniendo en duda la posibilidad de un acuerdo final. 

Polonia, Francia, Hungría y Eslovaquia piden que se amplíe la lista de sectores a los que se pueden aplicar esas medidas de protección y que se revise la forma de calcular los umbrales máximos. Frente a ellos, Alemania, Países Bajos, Suecia y Portugal apoyan a Ucrania. 

París se remite a los estudios de la Comisión Europea, que muestran un aumento significativo de las importaciones agrícolas de Ucrania al mercado europeo a partir de 2022 en comparación con 2021 (+62% para el maíz, +960% para el trigo, en términos de volumen). En concreto, las importaciones ucranianas del llamado trigo blando de alta calidad ya se benefician desde hace tiempo de la ausencia de aranceles, y el acuerdo en ciernes no cambiará nada. Pero París pedía que se reintrodujeran para el trigo blando de calidad baja y media.

A fecha de 27 de marzo, París no ha logrado lo que quería sobre el trigo, que no figura entre los sectores para los que pueden reintroducirse aranceles. En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de los umbrales, se trata de una victoria a medias, ya que Francia defendía volver al 1 de enero. 

Según los primeros cálculos de la Comisión, el acuerdo alcanzado el 20 de marzo reducirá los ingresos agrícolas de Ucrania en 400 millones de euros a lo largo del año, suponiendo que Kiev no encuentre canales de exportación alternativos. La solución franco-polaca los reduciría otros 800 millones más. Según diplomáticos citados por el Financial Times, el acuerdo de la semana pasada representa un déficit de 330 millones de euros. 

Como era de esperar, estos debates han avivado las críticas por el doble discurso de Francia y otros países, que dan la impresión de abandonar a Ucrania en materia agrícola: "Esto sólo aumentaría el riesgo de que la guerra se eternice", advertía el ministro ucraniano de Agricultura, Mykola Solskyi, en una entrevista concedida al Financial Times el martes 26 de marzo, haciendo hincapié en los costes de la guerra en curso. 

"No podemos tomar medidas que perjudiquen a Ucrania y reduzcan sus ingresos", declaró también el canciller alemán Olaf Scholz a sus homólogos de los Veintisiete en el último Consejo Europeo, según Le Monde. El compromiso alcanzado el miércoles por la noche envía "señales equivocadas tanto a Moscú como a Kiev", opina un diplomático europeo citado por Politico. 

El ministro polaco de Agricultura, Czesław Siekierski, reconoció el miércoles que las conversaciones con Ucrania sobre este asunto habían sido "muy difíciles": "Hablamos de la necesidad de separar la ayuda humanitaria, la ayuda militar o el apoyo económico en su conjunto" de las cuestiones agrícolas.

"No queremos cuestionar estas medidas de solidaridad, pero sí hacer frente a las perturbaciones del mercado resultantes", dicen desde el Gobierno francés. El 22 de marzo, Emmanuel Macron negó cualquier traba a la solidaridad con Ucrania: "Decimos: tenéis facilidades de acceso al mercado europeo, hasta un cierto nivel que corresponde más o menos a lo que hacíais antes de la guerra [antes de 2022 - nota del editor] y, para los volúmenes adicionales, ponemos algunos frenos porque vemos que algunos se aprovechan de ello." 

Al comienzo de la guerra, Ucrania ya no podía exportar a sus mercados tradicionales de Asia y África debido al bloqueo ruso del Mar Negro. Pero los diplomáticos partidarios de endurecer las medidas de protección de los agricultores de la UE señalan que Ucrania está consiguiendo exportar de nuevo a través del Mar Negro, desafiando las amenazas de Moscú. 

En esta batalla actual, París puede contar con el apoyo implícito del Parlamento Europeo, que aprobó la inclusión del trigo, y de un periodo de referencia que se remonta a enero de 2021, en un informe aprobado el 13 de marzo. Esto ha llevado a la eurodiputada de Les Républicains (LR) Anne Sander a afirmar que "el Gobierno llega demasiado tarde, con propuestas tímidas". "Hemos tenido que esperar hasta el final de las negociaciones [el 20 de marzo] para tener una posición clara sobre el tema. Esto es inusual y [...] difícil de entender para los agricultores franceses". 

El Copa-Cogeca, que representa en Bruselas a la poderosa Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores francesa, la FNSEA, ya había expresado su decepción por el acuerdo inicial alcanzado el 20 de marzo: hablaba de un "compromiso débil" que "no responde a las preocupaciones de los agricultores", aunque aseguraba comprender "la naturaleza políticamente sensible de este acuerdo y la necesidad de ayudar a Ucrania". 

Aparte del aspecto altamente técnico del tema, es probable que esta cuestión gane intensidad durante la campaña electoral europea. Entre líneas, plantea una pregunta incómoda para muchos: ¿hasta dónde hay que llegar en el apoyo a una Ucrania desgarrada por la guerra sin perjudicar los ingresos de una agricultura francesa ya debilitada?

Contactados por Mediapart, varios candidatos a las elecciones europeas subrayan las grandes diferencias de enfoque con el gobierno francés. No hay que elegir entre una cosa u otra, entre el apoyo a Ucrania y el apoyo a la agricultura", dice Philippe Clergeau, eurodiputado socialista saliente y número cinco de la lista PS-Place publique. “Los volúmenes ucranianos son sólo una parte de los problemas a los que se enfrentan los agricultores europeos, junto a las importaciones de productos agrícolas rusos, los efectos de los acuerdos de libre comercio y la supresión de la ‘eco-condicionalidad’ de la Política Agrícola Común, que volverá a introducir la competencia desleal entre países europeos.”

A corto plazo, Philippe Clergeau está a favor de que se creen reservas en la UE a partir de los excedentes de productos ucranianos. También pide que se ayude a los productos ucranianos a volver a sus canales tradicionales de exportación fuera de Europa. Por último, este socialista acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión del viernes 22 de marzo de endurecer los aranceles sobre las importaciones de cereales rusos: "¡Esa debería ser la prioridad! En lugar de señalar a los ucranianos, impidamos que los rusos ataquen los mercados europeos: los ucranianos tienen una necesidad vital de vender sus productos, mientras que los rusos venden a pérdida para desestabilizar nuestros mercados". 

Por su parte, el ganadero y eurodiputado verde saliente Benoît Biteau, sexto en la lista de los ecologistas de Marie Toussaint, avanza: "Proponemos restablecer los aranceles con un mecanismo que garantice su devolución a Ucrania una vez que haya garantías de que los productos ucranianos que sólo debían transitar por la UE salgan realmente de ella. En nuestra opinión, es una forma de salvaguardar la producción europea, pero también de no penalizar la producción ucraniana, que está volviendo a la ruta que solía seguir, hacia el norte de África y Egipto en particular". 

Manon Aubry, cabeza de lista de La France Insoumise, y su grupo votaron en contra del informe del Parlamento Europeo del 13 de marzo sobre las medidas de apoyo a las importaciones de productos agrícolas ucranianos. Y se explica: "Este texto es de facto una extensión ilimitada del libre comercio agrícola con Ucrania. No es una ayuda a Ucrania, sino una autorización a los oligarcas agrícolas ucranianos para inundar la UE de productos baratos. Apoyo decididamente al pueblo ucraniano [...]. Pero exponernos a la competencia desleal de las mega explotaciones privadas, que producen en condiciones sociales y medioambientales inaceptables, simplemente deja a nuestros agricultores en la ruina sin apoyar de forma efectiva el esfuerzo bélico ucraniano." 

El Parlamento Europeo aún tiene que aprobar, probablemente en abril, el compromiso alcanzado el miércoles por los 27 Estados miembros. El asunto no es tan sencillo, sobre todo porque París aún no ha abandonado su propuesta sobre el trigo, del que Francia es el primer productor de la UE. Sea como fuere, estas tempestuosas discusiones constituyen un anticipo de lo que les espera a los negociadores europeos cuando se trate de integrar a Ucrania en la UE, una potencia agrícola que está llamada a recibir a largo plazo no menos de una quinta parte del presupuesto de la PAC.

Traducción de Miguel López

Los Veintisiete han respaldado este lunes la relajación de los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que propuso la Comisión Europea el pasado 15 de marzo y que incluye la exención de controles y sanciones para las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.

Así lo ha recogido Europa Press y ha apoyado este lunes el Comité Especial de Agricultura, que se ha reunido de forma previa al encuentro de ministros europeos del ramo que se celebra en Bruselas y en el que está previsto que los ministros del ramo ratifiquen su apoyo por mayoría cualificada, dado que, según ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sólo Alemania ha expresado reparos.

En declaraciones a los medios a su llegada a la capital belga, Planas ha recordado también que un total de 345.000 declarantes se beneficiarán de la exención de requisitos para los pequeños agricultores, lo que supone más del 50% del total.

Asimismo, el ministro ha destacado que este expediente se tramitará con carácter de urgencia, por lo que el presidente del Comité Especial de Agricultura enviará ahora la carta de oferta al Parlamento Europeo, que se espera que adopte su posición en primera lectura en su pleno del 22 al 25 de abril. Acto seguido, el Consejo adoptará formalmente el reglamento, de modo que si todo avanza según lo previsto, entrará en vigor a finales de esta primavera y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

El principal objetivo de estas propuestas legislativas es aliviar aún más la carga administrativa para los agricultores de la UE, y dar así a los agricultores y a los Estados miembro una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales. Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.

Esta nueva muestra de solidaridad con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció el Ejecutivo comunitario a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo a apenas tres meses de las elecciones europeas.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como BCAM, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas sólo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC.

La Comisión también propone una revisión específica de las BCAM 6, de cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles; BCAM 7, de rotación en tierras de cultivo y BCAM 8, de porcentaje mínimo de barbecho, en la que se anima a los Estados miembro que ofrezcan más flexibilidad para su cumplimiento.

Además de estos cambios específicos, Bruselas plantea que los Estados miembro puedan eximir a determinados cultivos, tipos de suelo o sistemas agrícolas del cumplimiento de los requisitos sobre labranza, cobertura del suelo y rotación o diversificación de cultivos (respectivamente, BCAM 5, 6 y 7).También será posible establecer exenciones específicas para permitir el arado para restaurar pastos permanentes en lugares Natura 2000 en caso de que sufran daños debido a depredadores o especies invasoras (BCAM 9).

En casos extremos de condiciones climáticas adversas que impidan a los agricultores trabajar adecuadamente y cumplir los requisitos de las BCAM, los gobiernos también podrán introducir excepciones temporales, que deberán tener una duración limitada y aplicarse únicamente a los beneficiarios afectados.

Los países de la UE también tendrán que revisar sus planes estratégicos de la PAC antes del 31 de diciembre de 2025 si se actualizan a nivel de la UE leyes medioambientales y climáticas específicas, como por ejemplo, sobre la conservación de las aves silvestres y los hábitats naturales de la fauna y la flora silvestre o la protección de las aguas.

La Comisión ha concluido que ahora es "de suma importancia" que el Consejo y el Parlamento Europeo, como colegisladores, lleguen a un acuerdo sobre la propuesta legislativa presentada este viernes de manera oportuna para garantizar a los agricultores que estas nuevas medidas pueden aplicarse "lo antes posible".

Para contribuir a las discusiones en curso con los ministros de agricultura y la Eurocámara, la Comisión ha propuesto también otras acciones que podrían llevarse a cabo a corto y medio plazo, como la puesta en marcha un observatorio de los costes de producción, los márgenes y las prácticas comerciales en la cadena de suministro agroalimentario.

Además, Bruselas propone mejoras específicas del marco jurídico actual establecido en el reglamento por el que se crea una organización común de mercados de productos agrícolas, que pasan por reforzar las reglas aplicables a los contratos que los agricultores celebran con compradores en la industria alimentaria o el comercio minorista, y fortalecer las organizaciones de productores.

En la misma línea, la Comisión propone la posibilidad de nuevas normas sobre aplicación transfronteriza contra prácticas comerciales desleales y ha comprometido una evaluación exhaustiva de la directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, en vigor desde 2021.

Los ministros europeos de Agricultura de la Unión Europea coinciden en que este año habrá que suavizar las exigencias ecológicas que recaen sobre los agricultores, ya que la nueva PAC que entró en vigor el año pasado limita los beneficios de este sector, según sus profesionales. Sin embargo, el coste de desproteger la tierra y el ecosistema repercute sobre los propios agricultores, como denuncian los defensores de la agroecología, debido a que estas prácticas reducen el consumo de agua, de fertilizantes y de pesticidas, al tiempo que mejoran la calidad de la tierra.

Este lunes los Veintisiete debatieron medidas a corto y largo para apoyar al campo, entre ellas la modificación de algunas de las prácticas llamadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), unos requisitos ambientales introducidos el año pasado que los agricultores y ganaderos deben cumplir para acceder a las subvenciones anuales de la Política Agraria Común (PAC).

Se trata de una decena de medidas para el periodo 2023-2027 que aumentan la protección y la fertilidad del suelo y los cultivos, al tiempo que se reduce el consumo de agua, fertilizantes y pesticidas. Pero tienen muy mala prensa en el sector porque reducen la producción en el corto plazo y suponen una carga de trabajo extra, precisamente en un momento de inflación donde los pequeños y medianos productores no pasan por su mejor momento.

Amaya Sánchez, encargada de Sistemas Alimentarios Sostenibles en la organización WWF, explica que prácticas como el barbecho o la obligación de proteger la biodiversidad en una parcela pueden ser un impedimento a corto plazo para la agricultura, pero a largo plazo suponen un ahorro y una mejora del ecosistema. “Es verdad que en el discurso agroecológico se entiende como una carga, porque el dueño tiene que cambiar su modelo de trabajo y adaptarse, pero garantizar la presencia de insectos polinizadores, dejar un barbecho o instalar cubiertas verdes tiene un beneficio. Un suelo fértil te ahorra fertilizantes, los insectos acaban con las plagas y la vegetación retiene el agua y la humedad”, explica esta doctora en Ciencias Ambientales.

Las medidas agroecológicas incluidas en la nueva PAC están divididas en dos partes. Unas son las BCAM, que hay que cumplir de manera obligatoria y que ya existían en la PAC en el pasado, pero que se han reforzado para el periodo presente. Las segundas son los llamados ecorregímenes, medidas parecidas a las primeras pero de carácter voluntario, y que son necesarias para recibir una cuantía extra en la PAC, de alrededor del 20%. Fuera de la PAC también hay normativas que afectan al sector primario en materia ambiental, como las directivas europeas de agua y fitosanitarios, las leyes de bienestar animal, la normativa de la Red Natura 2000 o la reciente Ley de la Restauración de la Naturaleza.

En concreto, los ministros y la Comisión acordaron este lunes paralizar este año la BCAM, y debatirán en los próximos meses anular durante 2024 las BCAM 6, 7 y 8, que consisten en lo siguiente:

La BCAM 1 que se modificará en marzo obliga, hasta ahora, a que una explotación con pastos permanentes para ganado no pueda reconvertir más de un 4% de su terreno en otro tipo de cultivos. El objetivo es mantener estas praderas intactas en Europa porque capturan el dióxido de carbono del aire y reducen la contaminación atmosférica a gran escala. Según la ONU, los pastos secuestran anualmente 41 millones de toneladas de CO₂ en el mundo.

Sin embargo, los gobiernos han decidido retocar este requisito en 2024 para aquellos profesionales que en los últimos años han vendido sus animales por las dificultades económicas, y necesitan convertir sus pastos en cultivos para seguir viviendo de sus tierras.

Los ministros pidieron a la Comisión una paralización de la BCAM 6 este año, que consiste en mantener una cobertura verde en los pasillos de tierra que separan las plantaciones leñosas. El objetivo es evitar que, por ejemplo, un campo de olivos sea un descampado seco con árboles, y conseguir que haya una vegetación que permita la vida de insectos y que retenga el agua y la humedad en el suelo. Los ecologistas defienden que esta práctica facilita la polinización y reduce la presencia de plagas, a la vez que evita la erosión de la tierra durante las escorrentías. 

Sin embargo, en zonas muy secas, especialmente en el sur de España, es muy difícil mantener estas cubiertas verdes por las restricciones al regadío, y la Comisión revisará en abril este punto para adaptarlo a los países mediterráneos.

La BCAM 7 obliga a rotar los cultivos de una explotación cada cuatro años para proteger la calidad del suelo, ya que esta rotación ayuda a acabar con las enfermedades cíclicas de las plantas y reduce, por tanto, el uso de pesticidas.

La contrapartida es que el agricultor renuncia durante ese ciclo de rotación a su principal cultivo para sembrar uno generalmente menos rentable, y también supone un coste extra el transformar su método de trabajo. Por ahora, hay una presión de varios Estados para retirar en 2024 la BCAM 7, aunque no hay una propuesta concreta de la Comisión para su paralización, y se discutirá en los próximos consejos de ministros de Bruselas.

La BCAM 8 fuerza a los propietarios de cultivos a dejar al menos un 4% de sus tierras no productivas, lo que se conoce como barbecho, para mejorar la biodiversidad del suelo y garantizar que recupera sus nutrientes y microorganismos y reducir así el uso de fertilizantes. También está demostrado que los barbechos atraen las aves. De hecho, en la Unión Europea, el 50% de las especies de pájaro tienen su hábitat en granjas y cultivos, y los barbechos y las tierras de cereal son su principal atracción.

Evidentemente, esta práctica tiene un coste para los agricultores porque reducen su terreno disponible para cultivar, y la Comisión y los gobiernos entienden que en el contexto económico actual de la guerra de Ucrania no es momento para reducir la producción agrícola. Por eso hay varias propuestas de Estados para su paralización y se debatirá en las próximas reuniones.

Además de estas medidas, también se baraja la flexibilización de otras medidas verdes presentes en la nueva PAC, como la BCAM 5 (proteger el suelo de la labranza) y la BCAM 10 (la aplicación localizada de purines y el enterrado del estiércol). Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció hace dos semanas que retira la propuesta para reducir el consumo de insecticidas agresivos un 50% para 2030, una de las grandes obligaciones para el campo que traía el Pacto Verde europeo. La mandataria anunció también que todos los planes agroecológicos que está preparando Bruselas se posponen para ser consensuados antes con los profesionales. Y no son pocos. La Comisión tiene pendiente publicar su propuesta en bienestar animal (regulación de las jaulas y el sacrificio), la revisión del uso de aditivos en los piensos, o el empleo de materiales reciclados para envasar alimentos (que encarecen la producción), entre otras cuestiones.

Los agricultores europeos, capitaneados por los franceses, se han lanzado a la calle a reivindicar un cambio en las políticas agrarias. Dicen que no pueden más y quizá tengan razón. Al escucharles, lo que transmiten es un clamor de indignación por lo que consideran una situación injusta y que está llevando a la ruina a muchos de ellos, los agricultores profesionales no aguantan más y creo que no va a ser fácil que vuelvan tranquilos a sus explotaciones. Yo creo que en este caso los agricultores españoles junto con sus colegas europeos se manifiestan porque se consideran engañados por los responsables de la política agraria. 

En los últimos años hemos ido asistiendo a sucesivas reformas de la Política Agraria Europea (PAC) y en todos los casos los ministros de Agricultura de derechas y de izquierdas han vuelto de Bruselas, después de la correspondiente negociación, alardeando del éxito de las mismas. ¿Era un éxito o un fracaso? Voy a explicarlo.

Durante las sucesivas negociaciones de la PAC, que de hecho son largas y muy complejas, la comunicación se ha reducido a dar por bueno el resultado si conseguíamos mantener la ficha financiera. Con ese planteamiento, para la Comisión su estrategia ha sido siempre fácil: “amenazar con una reducción drástica de las ayudas para finalmente asegurar el cheque para cada uno de los países miembros”, pero la realidad es que el problema no está en “los dineros de la PAC”, sino en la letra pequeña de los acuerdos, los reglamentos que desarrollan la nueva política.

¿Dónde está el engaño entonces? Pues es bien sencillo. La Comisión ha aceptado mantener el volumen de las ayudas agrarias a cambio de introducir sus dos principios inspiradores de toda su estrategia. Endurecer las normas ambientales y abrir los mercados para permitir los acuerdos con países terceros. A los agricultores y ganaderos les calla la boca con las ayudas de la PAC (reciben más del 30% del presupuesto europeo) y a los ambientalistas y defensores del libre comercio les da gusto con los distintos reglamentos que se van publicando.

Por otra parte, en todas las negociaciones se promete una simplificación de la PAC y la realidad es que los agricultores y ganaderos cada vez tienen que soportar más carga burocrática. Pero para ver si esta PAC es buena o mala para los agricultores hay que hacer un análisis más minucioso y en este ámbito hay que hacerlo por el tamaño de las explotaciones. Lo que vemos es que las microexplotaciones ya fueron expulsadas del sistema por la propia PAC, las explotaciones medianas y pequeñas no paran de desaparecer y las grandes explotaciones van adquiriendo cada vez más dimensión acaparando los medios de producción (tierras y ganado) que abandonan las explotaciones familiares.

Desde mi punto de vista, este modelo europeo de agricultura solo beneficia a las grandes explotaciones que tienen dimensión y equipos técnicos y económicos para dar respuesta a todos los requerimientos. La concentración de propiedad que se está produciendo es muy preocupante. España sigue siendo una potencia europea en producción agrícola y ganadera, pero de facto se está produciendo una reconversión del sector a costa de los más pequeños. Los Gobiernos de la Unión Europea y de cada uno de los países con potencial agrario tienen la palabra, algo tienen que hacer, pero no les va a ser fácil calmar tanto descontento.

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Alejandro Alonso Núñez es exdiputado y exportavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso.

El Ministerio de Agricultura recordó este lunes a los consejeros de Agricultura que el malestar en el campo también es responsabilidad de las comunidades autónomas. El paquete de 18 medidas que anunció la semana pasada Luis Planas no ha conseguido frenar las tractoradas, y el ministro convocó este lunes a los 17 responsables autonómicos de esta cartera para pedir que también ellos asuman sus competencias, ya que la política agrícola se dicta en Bruselas, la coordina el Gobierno y la ejecutan las comunidades. Una de las formas más visibles de apoyo es en la subvención a la contratación de seguros agrarios, puesto que cada vez son más caros y a la vez más necesarios por el cambio climático.

Según datos del Ministerio de Agricultura, a los que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno cubre el 40% de las primas y las comunidades el 12%, aunque con grandes diferencias. El País Vasco es el que menos subvenciones da porcentualmente, apenas el 1,50% del total. Si los agricultores vascos pagaron el año pasado 7,47 millones a las aseguradoras, la consejería puso 110.000 euros, y el ministerio 2,94 millones (39,32%). El caso de País Vasco no es reseñable porque la agricultura es un sector pequeño, pero en Murcia las pólizas agrarias costaron en 84 millones, y la Región apenas subvencionó el 3,1% del total con 2,6 millones, frente a los 35,29 millones que transfirió el Gobierno a los profesionales de esta comunidad para pagar sus primas.

El ministro abrió el debate este lunes después de dos semanas de protestas del sector agrícola, donde el Gobierno central ha capitalizado las críticas de los representantes del sector primario, al tiempo que algunos consejeros —principalmente de Vox y el PP— han cargado contra Planas. "Las comunidades también son gobierno, y también tienen que dar respuesta a las organizaciones agrarias. No se trata solo de mandar un correo certificado al ministerio o a la UE, hay que asumir las competencias que son propias. A veces lo hacen y otras no", señaló el ministro antes de sentarse telemáticamente con los consejeros.

Planas dedicó una parte de la reunión del lunes a pedir un mayor apoyo de las comunidades a la factura de los seguros, ya que el cambio climático aumenta los daños cada año y las primas se encarecen por la siniestralidad, dificultando el trabajo de los agricultores. El año pasado, este sector se gastó en España 1.011 millones de euros en contratar pólizas para proteger sus cultivos. De esa cifra, el Gobierno cubrió 401 millones y las comunidades 129 millones. Sin embargo, Planas criticó que mientras unas regiones aportan más de un 10% del coste de aseguramiento, otras apenas subvencionan entre el 2% y el 3%.

En realidad, solo País Vasco y Murcia se movieron el año pasado en esos porcentajes. Las siguientes en la lista fueron Castilla-La Mancha (7,3% de subvención sobre las primas totales contratadas en esa comunidad), Asturias (8%), Aragón (9%) y Castilla y León (9,2%). El resto se mueve entre el 10% y el 20% de cobertura, salvo Madrid (24,6%), Baleares (25,6) y Valencia (27,9%). Como el Ministerio de Agricultura siempre cubre alrededor del 40% del coste, hay una enorme diferencia entre lo que paga un agricultor por su seguro en Valencia y en Murcia.

Por otra parte, el ministro reclamó a los consejeros que se tomen en serio la Ley de la Cadena Alimentaria, que tiene sus competencias divididas entre las comunidades y el Gobierno central. Las primeras deben investigar las compras de alimentos por debajo de precio de coste —a pérdidas— que se den entre dos empresas que estén ubicadas dentro de una misma región, pero aunque la ley tiene ya dos años, muchas autonomías están todavía ultimando sus equipos de inspección. "Es importante que dar un paso más y que las comunidades asuman esa tarea de forma efectiva. Algunas lo hacen ya y otras menos, y quien no lo ha hecho se lo voy a recordar", apuntó el ministro antes de la reunión. Pese a las insinuaciones, Planas rechazó señalar ante la prensa a los consejeros que menos están haciendo por el sector. "No voy a hacer un baremo de buenos y malos", respondió.

En teoría, las competencias de Agricultura están cedidas a las autonomías en la Constitución, aunque están limitadas por el Gobierno y la Unión Europea. Normativas como la sanidad animal, el uso de fertilizantes o las ayudas públicas al sector provienen de Bruselas, y el Ejecutivo adapta estas directivas a la realidad del país. Por eso, muchas de las normativas las coordina el Ministerio de Agricultura, mientras que las consejerías autonómicas se encargan de su cumplimiento. Por ejemplo, las comunidades controlan los brotes de enfermedades animales, gestionan todo el papeleo de las ayudas de la PAC o controlan el transporte del ganado, pese a que la directriz principal proviene de la Unión Europea.

Algunas comunidades ya han tenido que tomar medidas en los últimos días por la presión del campo. En Murcia, el Gobierno de Fernando López Miras (PP) se apresuró la semana pasada a negociar con las organizaciones un paquete de 18 millones después de que un grupo zarandease su coche y bloquease la asamblea provincial. Baleares también se comprometió el jueves a diseñar con el sector primario un plan agrario para la próxima década, y Cataluña anunció que compensará el 80% de las pérdidas que generen las restricciones de agua entre los agricultores debido a la sequía.

El PP gobierna en solitario o en compañía de Vox en 11 comunidades, entre las que se encuentran siete de los territorios con mayor producción agraria final: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia y Extremadura. Y aunque entre todas ellas manejan un presupuesto considerable en materia de agricultura, los dos partidos de la derecha están utilizando las instituciones en las que gobiernan para alentar las protestas del sector primario, enfatizando la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea y evitando asumir compromisos propios en defensa de la agricultura.

Alberto Núñez Feijóo azuza ese mensaje. Y para no verse comprometido, pasa por alto que su partido y él mismo llevan años apoyando dos de las medidas que los agricultores más están rechazando: la Agenda 2030 y la ampliación de mercados, como la firma de un tratado de libre comercio con los países de Mercosur. 

Las dos las defendió el PP en el programa con el que se presentó a las elecciones generales del 23J. Y son fácilmente rastreares en el discurso público del propio Feijóo, que durante la presidencia española de la UE exigió a Sánchez “desbloquear” no solamente los tratados entre la UE y Mercosur sino también los que se están negociando con Chile, México y Estados Unidos:

El líder del PP insistió especialmente en esta idea durante la gira que llevó a cabo por el Cono Sur en 2022 urgiendo a “acelerar” el tratado entre la Unión Europea y Mercosur con el fin de trasladar un “buscar un buen mensaje” a los ciudadanos,” que están esperando” en la situación actual de “incertidumbre” a que se abran “nuevos horizontes”, mercados y “esperanzas”. Ahora, en cambio, evita cualquier referencia. 

En realidad, una parte sustancial de la política pública en materia de agricultura y ganadería depende las comunidades autónomas. El Estado tiene competencias exclusivas en materia de regulación de los mercados de productos agrarios y pesqueros, en línea con las políticas de la Unión Europea, pero comparte responsabilidad con los territorios en materias tales como desarrollo rural, agricultura, ganadería, pesca y gestión de recursos hídricos. Y las comunidades tienen competencias plenas en la gestión de la agricultura y ganadería de acuerdo con las bases y ordenación de la economía general, y en lo que respecta a la ordenación del territorio, el desarrollo rural, la pesquería en aguas interiores, la acuicultura, la silvicultura y la caza y pesca fluvial.

De hecho, manejan cuantiosos presupuestos anuales a través de sus departamentos de agricultura. Sólo Andalucía manejó en este capítulo en 2022 más de 1.000 millones de euros (el 2,9% de sus cuentas públicas totales). Aunque, en proporción, la disponibilidad presupuestaria fue mayor en Extremadura, (5,98%, 381 millones), Castilla y León (4,35%, 488,9 millones), Castilla-La Mancha (4,25%, 486 millones), Galicia (3,64%, 477 millones) o Aragón (3,4%, 237 millones), casi todas ellas comunidades gobernadas en estos momentos por el PP, en varios casos de común acuerdo con la ultraderecha de Vox.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox no se dan por aludidos por las protestas en el campo. Todo lo contrario. Sus consejeros de Agricultura han preferido alentar las movilizaciones, pese a que estas incluyen cortes de carreteras y de infraestructuras básicas, como centros de distribución de alimentos y accesos a los puertos, en un intento de señalar como únicos responsables de la crisis del campo al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea.

Aragón, por ejemplo, que sigue sin liberar la partida de ayudas que prometió a los agricultores, se ha puesto a la cabeza de la protesta. “Es una reivindicación legítima y la tenemos que apoyar. Es un trabajo muy duro, están abrasados a impuestos y trabas administrativas. Han subido los costes, ya no pueden echar ni gasoil ni comprar las materias primas”, aseguró esta semana el vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco (Vox) en unas declaraciones en las que también cargó contra lo que su partido llama “fanatismo climático y ecologismo radical”.

Lo mismo ha hecho Andalucía. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz (PP), manifestó este miércoles el apoyo del Gobierno andaluz a las “justas reivindicaciones” de los agricultores, que “tienen razón al quejarse y al exigir medidas de apoyo” para un sector al que el Ejecutivo central “le lleva dando la espalda desde hace tiempo”. Ha sido “insensible” y “no ha sabido afrontar y coger el toro por los cuernos”. Sobre lo que el Gobierno de Juanma Moreno puede hacer para ayudar al sector, ni una palabra.

La Junta andaluza reclama, entre otras cosas, inversiones del Estado para gestionar mejor sus recursos hídricos, mientras la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, presume de hacer lo mismo en aplicación de sus competencias (que son las mismas que tiene Andalucía). Su consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, sostiene que “Europa se tiene que abandonar esa política de los despachos y de los lobbies ecologistas” y el Gobierno de Sánchez dejar de aplicar “dogmas políticos ideológicos”. Y se defiende que los agricultores salgan a hacer frente a “políticas radicales, la reducción de la producción y la falta de relevo generacional” y los “palos en las ruedas” que está poniendo el Gobierno de España.

Todo es culpa, en su opinión, de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “que aplica una política ecológica de despacho” que está “llevando a la ruina y casi empujándoles al abandono y que desaparezca el campo español”.

Es un razonamiento —culpar a Bruselas, criticar a Sánchez y obviar las propias competencias— que están aplicando todos los consejeros de los gobiernos de la derecha. El de Balears, Joan Simonet, también ha dicho compartir la “preocupación” de los agricultores, “especialmente en el exceso de burocratización de la Unión Europea”. Aunque él sí ha asumido una parte de responsabilidad: hay que “simplificar la burocracia para agilizar las ayudas y hemos empezado a trabajar en este sentido”, declaró este martes.

En Murcia fue el presidente de la Región, en persona, el que salió en defensa de la protesta. Fernando López Miras las considera “justas” porque los agricultores “están más asfixiados cada día”. En su opinión, “no puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia, y no puede ser que no se respete su trabajo, su producto”. Eso sí, no planteó ninguna propuesta desde las competencias de su Gobierno porque, según él, no se trata de un problema murciano.

En la Comunitat Valenciana fue el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (Vox), el que expresó el apoyo del Govern a las protestas. Bruselas, declaró, “impone normativas inasumibles” y su Política Agrícola Común (PAC)“se ha convertido en la política agria común”.

Lo mismo sucede en Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP) lo dejó claro hace unos días, alentando las movilizaciones: “Estamos muy del lado de agricultores y ganaderos, porque sufren “unos costes de producción muy altos” que no pueden repercutir sobre sus ventas.

Sólo la Unión Europea sigue convencida de la "eficacia del mercado" en materia agrícola, y la aplica como uno de los fundamentos esenciales de la Política Agrícola Común (PAC). Todos los demás grandes países exportadores han renunciado a ella, en nombre de la seguridad y la soberanía alimentarias, y para proteger los ingresos de sus agricultores. Brasil, India, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda, China... todos han adoptado medidas de regulación y protección, restableciendo a veces derechos de aduana o incluso prohibiciones de exportación o importación para proteger su agricultura. 

Pero el caso más llamativo es el de Estados Unidos. "Nunca han abandonado la política de regulación y protección de su agricultura que se introdujo en 1933 en el marco del New Deal", señala Thierry Pouch, economista jefe de las Cámaras de Agricultura e investigador asociado de la Universidad de Reims. 

Sin embargo, a principios de la década de 1980, la administración Reagan defendió de forma convincente las ventajas de la desregulación agrícola. Quería romper con el keynesianismo y todos los mecanismos de ayuda e intervención, que en su opinión costaban demasiado al presupuesto federal, convencida de que la "gran mano invisible del mercado" se aplicaba tanto a la agricultura como a cualquier otra cosa. 

Por ello, abogaba por el abandono de todos los regímenes en favor del "desacoplamiento": se supone que las ayudas directas e indiferenciadas a los agricultores compensan todos los fallos y crisis de los mercados agrícolas. Un modelo adoptado por la Unión Europea con la PAC. 

La idea ganó terreno en todos los círculos económicos, especialmente en el seno del GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo de la Ronda Uruguay de 1994 introdujo el principio de desacoplamiento, que comenzó a aplicarse en Estados Unidos en 1996. 

Dos años más tarde, la administración americana dio marcha atrás: la crisis asiática había desestabilizado los mercados agrícolas, en particular las principales exportaciones de cereales de Estados Unidos, y el gobierno federal consideró urgente no ir más lejos. 

El hundimiento de los precios agrícolas entre 2001 y 2006, tras la llegada de Rusia y Ucrania a los mercados mundiales, y las tensiones comerciales y geopolíticas llevaron a todas las presidencias sucesivas a mantener esta línea y proteger la agricultura americana a toda costa, que sigue siendo un área estratégica y de seguridad nacional. 

Ya sea con Bush, Obama, Trump o Biden, ha continuado el desmantelamiento de los grandes principios neoliberales. Todos han optado por volver a una política de intervención y regulación, para garantizar la renta de los agricultores y luchar contra la sobreproducción con mecanismos de garantía y ayudas contra cíclicas, y para garantizar la seguridad alimentaria del país.  

El sistema de ayudas públicas desacopladas –es decir, vinculadas a la hectárea, con independencia de la producción– se ha ido reduciendo a lo largo de los años, suprimiéndose por completo con la Farm bill de 2014 (ley agraria, de programación quinquenal). "La consigna de esta reforma parece ser proporcionar seguridad a los agricultores sin afectar a la competitividad de las exportaciones de productos agrícolas", resumía entonces una nota del Centro de Estudios y Perspectivas del Ministerio de Agricultura. 

Esa línea no ha cambiado desde entonces. La Farm bill de 2023 ha mantenido o reforzado los principales mecanismos implantados en los últimos diez años. 

En lugar de ayudas directas, se han introducido mecanismos sobre los precios o sobre los ingresos para garantizar la renta de los productores de grandes cultivos (trigo, maíz, soja y otros cereales). Se fijan precios de referencia, que determinan cuándo se activa la ayuda en caso de caída de los precios o de crisis. Actualmente, el precio mínimo es de 202 dólares por tonelada. En Europa, donde también existe un precio mínimo de intervención, se ha fijado en 101 euros por tonelada. En 1992 era de 170 euros por tonelada, lo que supone un descenso del 40% en treinta años. 

Con la presidencia de Donald Trump, se mejoró aún más la protección de los productores lácteos americanos estableciendo el principio de un reparto equitativo del valor añadido entre productores de leche y transformadores, y entre los propios transformadores. La ley, aprobada en 2017, se ha prorrogado sin grandes cambios desde entonces. 

Cada Estado fija un precio público de compra todos los meses. Existe un sistema de garantías para asegurar que los márgenes de los productores cubren los costes de producción en relación con su precio de venta. En la última ley de 2023 se fija en el 4%. "El sistema protege ante todo a las pequeñas explotaciones, ya que funciona para las 200 primeras vacas lecheras", explica un experto agrícola. 

Con esa misma idea, se han establecido medidas para ofrecer compensaciones a las centrales lecheras y a los transformadores que trabajan con productos de menor valor añadido (leche, leche en polvo) que otros. 

Para completar su red de apoyo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) subvenciona en parte los seguros de cosechas y catástrofes naturales. También supervisa de cerca las pólizas de seguros agrícolas para garantizar que ofrecen una cobertura asequible y justa a todos los agricultores. 

También se conceden ayudas financieras al sector. Los productores pueden acceder a préstamos subvencionados que les ayuden a modernizarse y expandirse. Hay además otras ayudas financieras disponibles para las explotaciones con deudas excesivas. 

Algunas de estas ayudas están ahora condicionadas al desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero los incentivos son débiles. En este sentido, Estados Unidos es todo menos ejemplar. 

Hasta 1986, la agricultura estaba excluida de los acuerdos de libre comercio. Se consideraba que el sector quedaba fuera de las normas tradicionales del mercado. Como primer exportador mundial, Estados Unidos había firmado acuerdos bilaterales con los principales países productores (Canadá, Argentina y Brasil) para regular la producción y los precios mundiales. Los países importadores también buscaban estabilidad. 

La llegada del trigo europeo a los mercados mundiales en los años 70 alteró todos estos equilibrios. Mientras el continente europeo subvencionaba sus exportaciones de cereales y hacía bajar los precios, Estados Unidos ponía en barbecho hasta un tercio de su territorio para contener la producción y sostener los precios mundiales. Al Gobierno americano eso no le gustaba y llevó el conflicto ante el Gatt, precursor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Llevado a la Ronda Uruguay a partir de 1986, el contencioso de los cereales entre los dos continentes se resolvió en 1994. Mientras tanto, Europa había adoptado su reforma liberal de la PAC en 1992, optando por el desacoplamiento. Una solución que el Gatt, totalmente convertido a las ideas neoliberales, había apoyado ardientemente. 

La OMC, defensora del libre comercio sin trabas, incluye desde entonces la agricultura entre sus prerrogativas. Aboga por la supresión de todas las barreras aduaneras, de todas las medidas de protección y de todas las limitaciones sociales y medioambientales. Preguntado en los últimos meses por el acuerdo entre Europa y Mercosur, Pascal Lamy, Director de la OMC entre 2005 y 2013, defendió enérgicamente el acuerdo, al que sólo vio ventajas. "Vale la pena unos kilos de carne", explicó.

Traducción de Miguel López

Escasos avances en la reunión entre el Ministerio de Agricultura y las tres principales organizaciones agrarias españolas, conocidas como las OPA. El encuentro de este viernes entre el ministro Luis Planas y COAG, Asaja y UPA terminó con la garantía de que las tractoradas comenzarán la semana que viene en diferentes ciudades españolas, ya que las reivindicaciones del sector no tienen solución a corto plazo. Planas reiteró que está de parte del campo español y cree que las peticiones de los profesionales están justificadas, pero dio a entender que el problema está en Bruselas, y no en Madrid. "No estaríamos aquí si la Comisión Europea hubiera tenido este diálogo hace cuatro años", llegó a decir el titular de Agricultura. 

La posición defendida por las OPA fue en realidad parecida a la del ministro. Hay que agilizar burocracia, suavizar las exigencias de los ecorregímenes, garantizar que los supermercados pagan una cantidad justa al campo y endurecer los controles a las importaciones extranjeras. El sector reconoció este viernes que poco puede hacer el ministerio a corto plazo. "De esa reunión no íbamos a salir con un acuerdo que frenase las manifestaciones. No se trata de una petición concreta, el malestar es general", describe un portavoz agrícola.

Estos son los puntos que se discutieron en la reunión del viernes y la respuesta que dio el ministro a cada uno de ellos.

Una de las principales exigencias del sector este viernes fue agilizar el papeleo que tienen que afrontar las explotaciones, y señalan que las cargas administrativas son cada vez mayores con las nuevas leyes nacionales y la renovación de la PAC. La gran crítica del sector va para el Cuaderno Digital de Explotación, impulsado por el Gobierno español —no está relacionado con la PAC— y que supone registrar en una aplicación móvil las siembras, las recolectas y cualquier producto químico que se eche al cultivo en la explotación. En realidad, hasta el 1 de septiembre de 2024 no será obligatorio para las grandes explotaciones, y las medianas y pequeñas, en septiembre de 2025, mientras que las muy pequeñas estarán exentas.

Planas reconoció que en los últimos años la carga administrativa es mayor, y que se sentará con las comunidades y Bruselas para hablarlo, pero que al tratarse de dinero público hay que garantizar que el dinero se destina a su uso. "Simplificación no puede significar no cumplir con las obligaciones, pero sí hacerlo más sencillo", dijo el ministro. También está demostrado que el seguimiento electrónico del uso de pesticidas y antibióticos en ganado, reduce su consumo.

El rechazo a posibles acuerdos comerciales con Mercosur y Nueva Zelanda, y a los que ya están vigentes con países como Marruecos o Nueva Zelanda, levantan ampollas en el sector porque los alimentos importados no cumplen con las exigencias internas europeas. Los agricultores españoles no son tan duros como los franceses en este punto —que podrían perder su dominio del mercado de la carne de vaca por la ternera argentina y brasileña—, pero quieren garantías de que podrán competir con estos productos.

El titular de Agricultura dijo que pedirá a Bruselas mejorar el control aduanero. "Hay contingentes de arancel cero o arancel reducido, y hemos instado a la Comisión a cumplir con las cantidades pactadas", afirmó. También destacó que en los últimos doce meses la balanza comercial agrícola española ha tenido un superávit de 14.000 millones.

Sobre comercio con países externos a la UE, Luis Planas habló de las cláusulas espejo, una propuesta que quiere incorporar a futuros acuerdos comerciales de los 27 con terceros. Supone garantizar que los productos importados también tengan estándares medioambientales y laborales a la europea, aunque reconoció que no tiene todavía el apoyo de la mayoría de países del bloque.

Las transferencias de la PAC 2023-2027 incluyen una partida de ayudas directas a España de 6.420 millones a lo largo del lustro. En el periodo anterior, el cobro del complemento llamado "pago verde" se daba a todos los agricultores sin prácticamente condiciones, pero esa partida se ha sustituido ahora por los ecorregímenes, unas transferencias que a cambio exige medidas agroecológicas en las explotaciones. Basta con elegir una de las siete que hay, entre ellas, plantar coberturas vegetales, realizar siembras directas (sin arado) o fomentar la biodiversidad.

El campo critica que suponen un trabajo añadido para agricultores y ganaderos por un dinero que antes recibían sin contrapartes, y que en algunos casos suponen perder tamaño para el cultivo, aunque algunas prácticas también mejoran la calidad de la tierra y su eficiencia. Además, el Gobierno español suavizó las exigencias de los ecorregímenes el año pasado por la situación de sequía.

Planas contestó en este punto que el 75% de los profesionales cumplieron con estas prácticas en 2023 y que está "satisfecho", pero que estudiará suavizar de nuevo los ecorregímenes en el sur de España debido a la sequía.

El sector agrícola coincide en que la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021 es una buena normativa que protege al campo, pero cree que se sigue incumpliendo en muchos casos su principal medida: que todos los eslabones de la cadena alimentaria tengan sus costes cubiertos al vender un producto. También, que las multas son bajas y animan a grandes comercios a incumplir la ley.

Agricultura transmitió que en febrero habrá dos reuniones de alto nivel para mejorar su aplicación, aunque dijo que ya han mejorado el cuerpo de inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y han puesto en marcha el registro electrónico de contratos.

Una de las principales reclamaciones de la ganadería es rebajar las exigencias de bienestar animal, endurecidas con la ley que entró en vigor en 2023. Incluye una reducción drástica del número de animales que se pueden tener por metro cuadrado, aumenta las exigencias en su transporte y establece plazos de crecimiento para no cebarlos en las granjas. El año pasado también se aprobó la creación de la figura del Veterinario de Explotación, una persona que vista regularmente las explotaciones para garantizar que los animales viven en buenas condiciones, una figura que genera desconfianza en el sector.

El ministro señaló a gobiernos autonómicos que han usado la sanidad animal para jalear al electorado, especialmente Vox en Castilla y León, aunque no propuso soluciones para las demandas de los ganaderos. "Hay que dejar fuera el debate partidario y sectario. Nuestros ganaderos hacen un esfuerzo formidable para que seamos uno de los líderes del mundo en sanidad animal", dijo

La reunión también abordó la situación complicada por la que pasa el sistema de seguros agrarios, ya que cada año las indemnizaciones agrarias alcanzan una cifra récord por el impacto del cambio climático, y el Gobierno propondrá medidas para impulsar la adaptación de cultivos a las nuevas condiciones de escasez de agua y de tormentas y granizos más agresivos.

Se habló, además, de las dificultades del sector para atraer gente joven a trabajar, y las organizaciones agrarias señalan a la llegada de grandes fondos de inversión extranjeros, que compran tierras a gran escala las mejores tierras que tienen permisos de riego, e impiden a las nuevas generaciones hacerse con terrenos. Planas se comprometió a tener lista este año la Ley de Agricultura Familiar y aprobarla en 2025.

Por último, Planas hizo una breve referencia al conflicto entre la agricultura y la instalación de energías renovables, pero comentó que salvo casos excepcionales, las competencias son de las comunidades autónomas.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras la reunión que han mantenido este viernes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantienen el calendario de manifestaciones previsto por toda España para las próximas semanas con el objetivo de defender el campo español, informa Europa Press.

El vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebollada, ha confirmado que se mantendrán las tractoradas que ya han empezado esta semana en algunas ciudades y la unidad de acción de las organizaciones agrarias.

"El sector va a estar en la calle la semana que viene y durante todo el mes para reivindicar nuestros puestos de trabajo, nuestra profesión y reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien y ahora no nos dejan hacerla", ha asegurado al término de la reunión.

Por su parte, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha reiterado que estas manifestaciones buscan también presionar a las diferentes comunidades autónomas. "Esta presión la vamos a trasladar a las comunidades autónomas, van a continuar las movilizaciones y su duración dependerá de si tenemos medidas concretas para el sector", ha reiterado, agradeciendo el "diálogo" con el Gobierno y las regiones.

En concreto, las organizaciones agrarias anunciaron el pasado martes la decisión de retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un "ambicioso" plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas.

Tras las movilizaciones de ayer en Bruselas y otras tractoradas en diferentes ciudades españolas, reclaman al Gobierno soluciones "inmediatas" para abordar los problemas del campo relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

"Estamos ante la tormenta perfecta con la sequía, con los precios y con esta política agraria común que prima más el medio ambiente que el agricultor y el ganadero", ha lamentado el vicepresidente de Asaja, que ha reclamado una menor burocracia en el campo para poder seguir con las explotaciones.

Las organizaciones agrarias han reclamado a Planas una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM, ya que denuncian la excesiva burocracia que supone unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

"La asfixia normativa es la queja más importante que se puede oír en cualquier rincón de España y de Europa. Pedimos la simplificación de la burocracia porque nos tiene asfixiados", ha señalado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

Padilla ha recordado que "hay una parte de la legislación muy importante que está hecha a espaldas de la realidad agraria y cuando una legislación se hace a espaldas de la realidad generalmente causa problemas, como los se están dando ahora".

El secretario general de COAG ha pedido mejoras en la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. "Hay que hacerla funcionar porque hoy en día en España se están pagando ciertos productos a una ridiculez que no llega a cubrir los costes de producción, pero luego están en los lineales a unos precios tremendamente abusivos", ha denunciado.

De esta forma, las organizaciones agrarias han instado al Ejecutivo a que a Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

Por otro lado, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha pedido a Planas que "defienda el modelo de producción española". "Es el momento de trasladar a la CE que los agricultores y ganaderos, que son los principales perjudicados del cambio climático, y que hacen un esfuerzo importante por adaptarse, sienten una asfixia normativa y necesitamos abrir un diálogo con ella donde el ministro tiene que ser el interlocutor", ha pedido.

Desde UPA han instado al ministro del ramo a que dinamice la Ley de Agricultura Familiar. "Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en sectores como la ganadería, en las que hay una gran concentración y en la que están desapareciendo ganaderos familiares que hacen una labor económica y medioambiental impagable", ha advertido.

Por otro lado, en la puerta del Ministerio de Agricultura se han concentrado una decena de agricultores y ganaderos de Unión de Uniones, cuya asociación agraria no ha sido convocada a este encuentro con Planas.

La decena de manifestantes portaban una pancarta en la que se podía leer 'Con los que estáis negociando no nos representan'.

Era la imagen que muchos esperaban, con los teléfonos en alto para captar el momento y, sobre todo, el símbolo. La imagen de los agricultores vertiendo sus residuos frente a la prefectura de Montpellier, punto central de la acción departamental del viernes 26 de enero.  

A mediodía, se esparció estiércol, leña y balas de paja para luego quemarlo frente al edificio gubernamental, bajo los silbidos y vítores de "¡No cedemos en nada!" de los manifestantes que habían aparcado sus tractores en la muy chic rue Foch, a dos pasos de allí.  

Un joven con una gorra con cruz occitana en la cabeza se adelanta y arenga a la multitud, invitándola a gritar más fuerte y coreando "¡Más dinero para los agricultores! No es un agricultor, sino un miembro del grupo identitario Jeunes d'Oc, formado por ex miembros de Génération Identitaire (movimiento de extrema derecha ilegalizado en 2021, ndt). 

Pero el que trata de animar el ambiente no está solo, ni mucho menos. Allí acudió casi toda la extrema derecha local. La Action Française-Montpellier, el enigmático Bloc Montpellerino, la Cocarde Étudiante y el grupo Novelum Carcassonne llamaron a sus militantes a acaparar el movimiento campesino, con un claro objetivo: "No dejemos que la lucha popular caiga del lado equivocado y luchemos juntos contra el diktat del capital", proclamaba el Bloc la víspera de la manifestación en su cuenta de Telegram.  

Los identitarios de la Ligue du Midi también están allí, al igual que el matrimonio Ménard de Béziers –el alcalde elegido con el apoyo de la extrema derecha y su esposa, diputada de la región del Hérault–, así como Frédéric Bort, ex director de gabinete del socialista Georges Frêche, que se unió a la Agrupación Nacional (RN), el partido de Le Pen, en 2021. Frédéric Bort, consejero regional, ex director de gabinete del alcalde de Perpiñán y ex delegado departamental del RN, es viticultor desde 2009, cuando se hizo cargo del negocio de su abuelo. 

A primera hora de la mañana, a la salida de un convoy de tractores en Béziers, Robert Ménard denunció a "los ecologistas de mierda que te cabrean" en una entrevista en vídeo con Midi Libre. "¿Dónde íbamos a estar esta mañana sino aquí?", se preguntó el consejero, que lleva diez años en el cargo. Esta ha sido la estrategia del RN desde el inicio del movimiento campesino. Discursos antiecologistas, antieuropeos, antigubernamentales y pro-rurales se han repetido una y otra vez, mientras Jordan Bardella, Presidente del RN, ha intentado erigirse en la voz de las protestas. 

"El discurso del RN funciona bien", reconoce Olivier, viticultor de Saint-Aunès, a diez kilómetros al noreste de Montpellier. "Nos gusta Bardella. Es joven, defiende a los trabajadores", coinciden Pascal y Françoise, una pareja de viticultores de la región de Biterrois, sentados al borde de la fuente frente a la prefectura de Montpellier. 

Apenas llegan a 1.200 euros al mes y se quejan de que los precios son demasiado bajos, las normas demasiado estrictas y la carga administrativa abrumadora. "Somos gente de la tierra, no gente sobre el papel", dice Pascal. La pareja, que dice estar "yendo a pique", es muy consciente de que varios partidos políticos han puesto ojitos a los agricultores desde que empezó el movimiento. "¡Ah, son todos muy amables con nosotros!", se ríe Pascal. Pero hasta ahora, sólo el RN parece haberle caído en gracia.  

No cabe duda de que el Midi rojo está muerto o, como mínimo, agonizando en la zona del Languedoc-Rosellón. De hecho, el ambiente se ha vuelto más bien pardo en los últimos años. El departamento del Aude, fronterizo con el Hérault, cuna de las revueltas vitivinícolas de 1907 y los años 70, ha estado asociado durante mucho tiempo a una izquierda resistente y triunfante. Pero en toda la región, a medida que el sector vitivinícola se hundía en la crisis y las cooperativas cerraban para dejar paso a un puñado de neorrurales (nuevos habitantes que escapan de las ciudades, ndt), la retórica se volvía cada vez más tensa.  

Poco a poco, ante la impotencia de la izquierda y la inexistencia de la derecha clásica, algunas figuras de la extrema derecha se vieron aupadas al rango de alternativas legítimas. Tanto es así que, tras 100 años de gobierno socialista, las tres circunscripciones del departamento del Aude cayeron en manos del RN en las elecciones legislativas de 2022. 

Jean Huillet, cerebro de las manifestaciones vitivinícolas de los años 70 y ex dirigente de los CAV (Comités d'action viticole), ha visto cambiar el viento. "En aquella época, cuando convocábamos manifestaciones en las calles, la solidaridad era total. Participábamos en política, pero no estábamos manipulados por organizaciones políticas", afirma este ex viticultor. Para él, el espíritu colectivo y la solidaridad se disiparon al desmoronarse la profesión.  

"Hemos perdido casi la mitad de los productores de Languedoc-Rosellón. Y dado el lamentable espectáculo que estamos viendo por parte de nuestros políticos, el RN está al acecho, cosechando los frutos de la justa ira de los viticultores. Esto es un desastre", suspira el jubilado, que sin embargo se subió a su tractor para participar en los bloqueos de la autopista A9 el jueves 25 de enero, convocados por los agricultores del Gard. 

Al día siguiente, a la llamada de los sindicatos FDSEA y Jóvenes Agricultores (JA), los agricultores del departamento del Hérault llegaron de todo el departamento para entrar en Montpellier. 570 vehículos, entre ellos 315 tractores, invadieron la red de autopistas (la A9 estaba completamente cerrada en su tramo del Hérault, lo nunca visto) y las carreteras secundarias, dejando tras de sí estiércol, manzanas y sarmientos.  

Delante de algunos centros comerciales se encendieron fogatas, como en Saint-Jean-de-Vedas, frente a la entrada del Carrefour. "Los hipermercados son unos bandidos", protesta Olivier, el viticultor de Saint-Aunès. Prefirió coger su coche y unirse al convoy, que salió al amanecer de Vergers de Mauguio, una cooperativa de manzanas a unos treinta minutos de Montpellier.  

Olivier se dedica a la agricultura desde 2002. Es agricultor ecológico, pero ha renunciado a solicitar algunas de las subvenciones asociadas. Demasiado engorroso, demasiado largo, se pierde mucho tiempo. Este viticultor, que fue miembro de las fuerzas especiales del ejército, cobra una pequeña pensión que le permite "alimentar a su familia", mientras que su vino le reporta pocos o ningún ingreso, según el año.  

Durante casi dos horas, a 20 kilómetros por hora en la autopista, habla de sus reivindicaciones, de su rabia y de la desesperación de toda una profesión. "He participado en bastantes manifestaciones, pero esto no es una pequeña crisis, esto va a acabar mal". Con la mirada seria y fijada en la carretera, prosigue: "Esta mañana he hablado con personas que ya no tienen para comer, que apenas ganan 300 euros al mes. Ni siquiera han podido comprar regalos de Navidad a sus hijos...". 

Olivier señala que "300 euros es lo que acaban de añadirse de más los diputados" para sus gastos. "A toda esta gente les importamos un bledo. Todos proceden de los mismos distritos parisinos, del mismo clan".  

Menciona el Liceo Stanislas y el asunto Oudéa-Castéra, así como el sueldo de la ministra cuando dirigía la Federación Francesa de Tenis. Está indignado.  

El Ejecutivo aún no ha anunciado su plan para salir de la crisis, que puede resultar muy decepcionante, pero Olivier no se hace ilusiones. "¿Qué pueden prometernos? Preguntado por los distintos intentos de recuperación política, este viticultor cuarentón, "que siempre ha votado, pero nunca a la izquierda", explica su pensamiento. "Algunos hacen el diagnóstico correcto de la crisis actual. Bardella no es tonto y está aconsejado por gente que sabe. Zemmour visitó a un agricultor que conozco durante la campaña presidencial. Al parecer era bueno, hacía muchas preguntas y tomaba nota de todo. También escuché a un miembro del La France Insumise, no recuerdo su nombre, pero se ve que sabe de lo que habla.” 

Olivier está muy bien informado –conoce incluso los perfiles y los antecedentes de los jefes de gabinete de los ministros– y es un devorador de libros. A lo largo de la conversación, enumera sus lecturas, que son más que variadas: desde el informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), hasta Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, que ha "leído de la A a la Z", pasando por el libro de Steve Koonin, ex asesor de Obama en materia climática...  

“También he leído todas las memorias de Jean-Marie Le Pen", añade Olivier. “Es un antisemita y un negacionista del Holocausto, cosa que yo no soy. Mis abuelos eran miembros de la Resistencia. Nunca voté al FN cuando él estaba. Pero Marine Le Pen y Bardella no son así ni mucho menos. Me gusta su programa de educación, pero no el de economía, que es demasiado de izquierdas. Me gusta el programa de Reconquête [el movimiento ultraderechista de Éric Zemmour].” 

Cuando se le pregunta por los ecologistas, a los que apoda "z'écolos", se muestra molesto: "Su ideología es el decrecimiento", aunque admite de entrada que "algunos saben de lo que hablan". Olivier también reconoce que la profesión "ha abusado de los pesticidas", pero le indigna que los agricultores carguen con toda la responsabilidad. "¡Hemos utilizado lo que nos vendieron y lo que estaba autorizado! ¡No se nos puede culpar de todo el daño! De niño, recuerda las visitas de "vendedores de Monsanto" a las granjas de sus padres, que eran viticultores. "Nos aconsejaban que lo pusiéramos en todas partes y nos juraban que era seguro.”  

No afiliado a sindicatos –"no me siento representado por esta gente de la FNSEA"–, cree que políticamente su profesión se está desplazando hacia la extrema derecha, pero no se hace ilusiones al respecto. "Muchos estamos pensando que si los del RN llegan al poder, ellos también querrán comerse el pastel...". 

Jérôme (nombre ficticio) "alucinó" con el ambiente de la gran concentración del vino en Narbona el 25 de noviembre, pero esta semana prefirió quedarse en su tierra. "Cuando escucho lo que nos dice la FNSEA, no me identifico en absoluto", confiesa este viticultor de la región de Gard. Aunque comparte algunas de las reivindicaciones de los manifestantes, en particular lo absurdo del sistema administrativo y la necesidad de revalorizar los productos agrícolas, lamenta la falta de representatividad del sindicato mayoritario y el giro político divisionista de las últimas reuniones en el Midi.  

"En Narbona, algunas personas utilizaron una retórica nacionalista y antimigrante, cuando eso no venía a cuento... Me sentí como en un mitin de Trump. En la tribuna, los tipos apoyaban las balsas de riego, el Roundup (herbicida con glifosato) y las políticas productivistas de los años setenta... Negaban completamente el impacto negativo de los productos fitosanitarios. Solo la tomaban contra el ministerio de Sanidad", afirma este agricultor de unos cuarenta años, que gestiona una docena de hectáreas de viñedos bio.   

El viticultor Guilhem Dardé, de Octon, Hérault, estaba igualmente exasperado. "Que los agricultores hayan volado la sede de la Dirección Regional de Medio Ambiente de Carcasona el viernes 19 de enero es extremadamente grave. Demuestra una terrible falta de conciencia. Desde el punto de vista de la penosidad en el trabajo, la llegada de los herbicidas se consideró un milagro en el siglo XX. Hoy, si aplicas herbicida en marzo, no hay hierba entre tus viñas durante el resto del año... Para ellos, es imposible volver atrás", se lamenta el propietario de Mas des Chimères, que fue alcalde de Octon de 2001 a 2008.  

Con los años, la extrema derecha parece haberse infiltrado en algunos de los argumentos agrícolas. Hay que decir que los políticos del RN son ahora los más asiduos sobre el terreno, y si gozan de cierto eco es porque son maestros en el arte de la demagogia. Entrevistado por Mediapart, el diputado del RN Christophe Barthès se muestra exultante: "Me recibieron muy bien, y eso que el sector vitivinícola del Aude no estaba de nuestra parte. Pero entendieron quién les defendía, tanto aquí como en Bruselas. No en vano nos hicimos con las tres circunscripciones del departamento". 

Un reflejo claramente identificado por el ex militante Jean Huillet: "Yo fui un líder, he celebrado manifestaciones con más de 80.000 personas, así que también sé cómo conseguir aplausos... Cuando alguien se siente abandonado y despreciado, basta con decirle que tiene razón y que es lo más... Pero en realidad, la extrema derecha no tiene solución alguna. Y como cada vez tenemos menos cultura política y democrática, creemos al primer pringado que se presenta", afirma este viticultor jubilado, que lamenta que los actuales dirigentes sindicales se hayan deslizado hacia un "discurso nacionalista populista y estúpido, bajo el disfraz del apoliticismo". 

Frédéric Rouanet, presidente de la asociación de viticultores independientes del Aude y organizador de la manifestación del 25 de noviembre en Narbona, discrepa de ese análisis. "En nuestro movimiento no hacemos política. Mañana, el senador socialista, el consejo departamental del PS y los diputados del RN estarán a mi lado para defender la causa vitivinícola. No me fijo en las siglas, recibo a todos los políticos que quieren reunirse conmigo", explica Frédéric Rouanet, que sólo rechaza las llamadas de posibles candidatos en busca de promoción. Como el conocido bearnés Jean Lassalle la víspera de la concentración de Narbona, o el presidente de Reconquista Éric Zemmour, que intentó invitar al sindicalista a su mitin de Montpellier el martes pasado.  

Sobre el terreno, durante la jornada de movilización del 26 de enero en Hérault, los identitarios se autoinvitaron e intentaron imponer su ley, provocando los únicos momentos de tensión de la concentración, frente a la prefectura. Algunos de ellos llevaban guantes de protección, otros chaquetas entalladas. Se mezclaron con la gente al grito de "¡Vivan nuestros campesinos! y expulsaron sin contemplaciones con gritos de “Fuera, comunista”, a un viejo militante del PCF, muy conocido por los montpellerinos, que les advertía de no dejarse llevar por los cantos de sirena del RN. También la tomaron con un periodista independiente, obligándole a marcharse bajo amenazas.  

Según el investigador Emmanuel Négrier, si la extrema derecha siente que le crecen las alas es porque se aprovecha de la lógica del "agujero negro". "El RN utiliza todos los recursos, con la imagen de la oferta política de que nunca ha ejercido el poder. Absorbe todas las partículas posibles y pretende poder resolverlo todo con apariencia de virginidad. Pero su legitimidad descansa en tristes pasiones, sin adelantar nada en términos de programa". 

Y también sin resolver sus contradicciones internas: como su retórica antieuropeísta, en un momento en el que la PAC (Política Agrícola Común) ha puesto en peligro a miles de agricultores y productores angustiados. Para el director del Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepel) de la Universidad de Montpellier, una parte del mundo rural se ha forjado una "cultura política por defecto", atraída por un "cheque en blanco". 

Pascal y Françoise, viticultores de la región de Béziers con los que nos reunimos a las afueras de la prefectura de Montpellier, afirman que el RN les atrae sobre todo porque no han estado nunca en el poder. "No podemos juzgar, nunca hemos tratado de hacerlo", dice Pascal. "Conocemos a los demás, ya están quemados. Una vez que entran, ya no hacen nada más", añade su compañera.  

El martes 23 de enero, Éric Zemmour llenó un auditorio tras una convocatoria pública organizada a toda prisa en Montpellier, a pesar de la protesta de más de 400 personas reunidas en las inmediaciones. Acudieron cerca de 800 personas de todo el sur de Francia. Pero el presidente de Reconquista llegó con algo de retraso, tras desviarse a Trèbes, en el departamento de Aude, para rendir homenaje a las víctimas del atentado de 2018, y después al interior del Hérault para fotografiarse con un agricultor enfadado.  

Una vez en el escenario, el ex periodista aprovechó el encuentro para desplegar su programa agrícola reaccionario y escéptico con respecto al clima, entre los aplausos de un público conquistado. Jóvenes activistas de bigote fino y gabardina, sesentones dándole a enormes paquetes de cacahuetes, militantes de la Ligue du Midi, skinheads, camisetas serigrafiadas con Trump... Las mil caras de la derecha dura del Midi estaban allí, en apretadas filas detrás de la exangüe comunidad agrícola a la que les gustaría chupar la sangre. “Los agricultores se van a levantar", arengó Éric Zemmour al final de la velada. “Y Reconquista estará a su lado.” O más bien encima de ellos, como un buitre.

Caja negra

Contactado Jérôme Despey, vicepresidente de la FNSEA, no ha querido responder.

Traducción de Miguel López

El fraude a menudo deja un rastro. La Fiscalía Europea, el Ministerio Fiscal independiente de la UE que investiga, procesa y lleva a juicio a quienes cometen delitos contra los intereses financieros de la eurozona, sigue uno ligado a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), en concreto a ayudas concedidas al amparo de los fondos Feaga y Feader durante la campaña de 2021. Fue la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la que detectó anomalías durante la tramitación de los incentivos y arrojó las primeras sombras de sospecha que luego se extendieron a más de un centenar de expedientes, 104 con detalle, y a una superficie de tierras cercana a las 1.967 hectáreas.

En el centro de la trama se ubica una sociedad limitada que simulaba documentos de arrendamiento de suelos “sin que haya quedado acreditada su titularidad”, según consta en un boscoso decreto de 58 páginas de la Fiscalía al que ha accedido infoLibre. Tras las pesquisas, una primera cuantificación aproximada de las ayudas PAC obtenidas mediante declaración de esas parcelas sobre “las que no quedaría acreditada la titularidad de la explotación para uso y aprovechamiento por parte de los solicitantes” de los fondos UE, ascendería a 543.622,31 euros. Si bien el montante podría escalar de forma considerable al haber una posible afectación a las campañas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

El análisis policial diferencia tres estamentos esenciales para construir un modus operandi que tenía un único fin: “Enriquecerse ilícitamente con las ayudas europeas al ámbito agrario, simulando tener derechos a las mismas mediante la falsificación de documentación acreditativa de esa legitimidad inexistente”. La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los titulares reales de las parcelas en la que recaen los fondos de la PAC, los cuales “han manifestado que no las han cedido para su uso por terceros y desconocen su arrendamiento fraudulento”. El segundo grupo investigado son los beneficiarios de las subvenciones obtenidas, entre otros requisitos, por el supuesto alquiler; y el tercero, los intermediarios que gracias a un entramado societario “se han lucrado mediante la supuesta cesión y posterior arrendamiento de las parcelas investigadas hacia los beneficiarios de las ayudas”, impidiendo además, que el Gobierno andaluz pueda saber quiénes son los responsables por “la interposición de mercantiles sin actividad a cuyo frente figuran testaferros”.

La sociedad epicentro del presunto fraude, la arrendadora a los agraciados con las ayudas comunitarias de todas las parcelas, está representada por dos hermanos, J. J. O. A. y A. M. O. A., quienes habrían sacado tajada “a nivel particular”. Esta entidad realizó pagos a una segunda empresa que aparece como cedente de los terrenos y que, según ha concluido la Policía, no tiene actividad real, por lo que “se infiere que esa mercantil se ha utilizado para su interposición en el proceso ficticio de cesión de fincas para impedir la trazabilidad de la responsabilidad en caso de fiscalización administrativa o penal”. Dicho de otro modo, se ha empleado para dar apariencia de legalidad al subarriendo de parcelas sin la autorización de sus titulares.

Los pagos que ha realizado la primera sociedad, la asociada a los dos hermanos en el punto de mira, a la segunda se han materializado en pagarés que finalmente se han ingresado en cuentas de otras dos entidades. Más tarde, una vez finalizada la cesión de fincas, desde una de ellas se devolvió a la primera lo abonado.

Falta otra figura clave dentro de la operativa fraudulenta: el ingeniero M. A. B., que es quien “certifica, mediante peritaje, que las fincas cumplen con las condiciones para solicitar la subvención” y que recibe transferencias desde una de las sociedades implicadas. A los investigadores les llama la atención algunos datos apenas disfrazados vinculados a él. Emitió certificados enlazados a parcelas ubicadas en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Huelva. Ninguna de Córdoba, donde el ingeniero reside y está colegiado. Pese a ello, habría verificado, vía “inspección ocular”, 95 fincas de los otros cuatro territorios mencionados de la comunidad andaluza entre el 15 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022. En resumen, existen 95 fincas en las que habría emitido informes falsos de arrendamientos por la principal sociedad investigada que carecían de autorización para el traspaso y que recibieron dinero procedente de la PAC. Según anotan fuentes del caso, una de las superficies sobre la que habrían falsificado documentación sin la autorización del dueño es Los Carrizos, propiedad del ex banquero Mario Conde y radicada en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Y hay más. En los expedientes ahora cuestionados constan “parcelas objeto de ayuda” en localizaciones tan poco agrícolas como un aeropuerto civil, una base militar o parques de placas solares. También ha caído el caso como una losa sobre las que están siendo cultivadas por sus legítimos propietarios.

Ya ha comenzado el desfile de citados para declarar por la Fiscalía Europea. Esta semana habían sido llamados J. J. O. A. y A. M. O. A. y el próximo enero de 2024 deberá acudir otra veintena de implicados. En el ámbito de esta operación, se han registrado fincas e intervenido numerosas cuentas bancarias.

La Comunidad de Andalucía es la mayor destinataria de las subvenciones de la Política Agraria Común. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sólo aquel 2021, hasta la región habrían llegado algo más de 1.800 millones de euros de fondos europeos, lo que supuso el 27% del global que fue destinado a España en ese ejercicio. Los perceptores fueron 228.880. En ese escenario, la Fiscalía Europea y la Policía han desarticulado antes otras estructuras criminales que operaban en puntos de la comunidad para enriquecerse con la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de la PAC y existe un rosario de imputados por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.

El Gobierno ultima su plan para repartir ayudas directas al campo tras las pérdidas millonarias que dejó la sequía durante el invierno y la primavera, pero los agricultores exigen que ese reparto no deje tirados a los profesionales de comunidades como Castilla y León o Extremadura. El Ministerio de Agricultura presentó la semana pasada a este sector una propuesta para repartir estas ayudas mediante un sistema de zonificación de España que concentra las ayudas allí donde más ha impactado la falta de agua en los cultivos, pero los agricultores critican que ese sistema es injusto porque la sequía no respeta las fronteras de las comunidades autónomas. 

"El dinero tiene que llegar por igual a todos los que han perdido la cosecha. Da igual que estén en una punta o en otra del país, creemos que este sistema sería una clara discriminación", Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, una de las principales asociaciones agrarias de España. 

Las tres grandes organizaciones del sector –COAG, Asaja y UPA– se reunieron con el Ejecutivo el pasado jueves para definir por fin el sistema de reparto de los 276,7 millones de euros que el Gobierno concedió vía real decreto a comienzos de mayo. Aunque el montante total está definido, ahora toca acordar qué cultivos reciben mayor apoyo y en qué zonas se concentra el dinero, ya que la sequía no ha afectado por igual a todo el país. Además, este lunes la Unión Europea ha anunciado que España recibirá 81 millones del fondo de crisis de la Política Agrícola Común (PAC), y buena parte de esta cantidad debería ir destinada a la crisis del campo y sumarse a las ayudas ya comprometidas, aunque ese aspecto está aún por definir. 

El ministerio planteó a las asociaciones un reparto de fondos según el tipo de cultivo afectado y ordenado por comunidades autónomas. Los herbáceos de secano de invierno, como el trigo, la cebada y la avena, son los cultivos que más sufrieron la escasez de agua y serán los que reciban el 74% de las ayudas. El 22% irán destinadas a los frutales no cítricos, incluidos los frutos secos; y el 4% restante serán para el tomate y el arroz.  

Esa parte de la propuesta no ha tenido contestación de los agricultores, pero sí la división por regiones, ya que en cada tipo de cultivo se han establecido dos zonas: una que recibirá una ayuda por el 100% de las hectáreas cultivadas y otra que solo se llevará el 50%, hasta un máximo de 300 hectáreas para herbáceos y 70 hectáreas para frutales. El grupo de los herbáceos es el que más críticas levanta, ya que los profesionales de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, provincia de Álava, Navarra, Castilla La Mancha, Murcia, Cataluña y La Rioja recibirían la ayuda completa. Mientras que en Castilla y León, Baleares, Canarias, Extremadura y Madrid solo se cubrirán la mitad de las pérdidas con presupuestos del Estado. 

Castilla y León es la que más ha protestado contra el planteamiento del Ministerio de Agricultura, ya que esta Comunidad es la que mayor superficie de cereal concentra, el 45% del total de estas tierras en España. "Castilla y León es muy grande. Podemos entender que el norte den menos dinero porque en Burgos y Palencia sí se ha salvado aproximadamente la mitad de la cosecha, pero hay zonas como Salamanca, Zamora o Ávila donde no se va a cosechar ni una cuarta parte", opina Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León. 

Javier Fatás, responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG, estuvo presente en la reunión con el ministerio y cree que los técnicos mejorarán la propuesta en los próximos días. Los agricultores pidieron durante el encuentro que en lugar de fijar unos porcentajes de ayuda por comunidades, se use una distinción por provincias más acorde al impacto real de la sequía. "Nos prometieron afinar todo lo posible con las ayudas, pero también nos dijeron que debían ser ágiles para sacarlas cuanto antes", relata Fatás. En principio, esta misma semana Agricultura presentará la distribución definitiva de los fondos, que se espera que se repartan junto al segundo pago de la PAC, a finales de año. 

Las ayudas no cubrirán las pérdidas del olivar, el viñedo y los cítricos, ya que todavía no se han cosechado y es pronto para saber cuáles serán los daños de estos cultivos. En el caso del tomate y el arroz, la ayuda se concederá por la superficie no sembrada, ya que ante la falta de lluvia, la mayoría de los agricultores directamente descartaron la siembra. Por ejemplo, los arrozales de Sevilla no se trabajaron este año porque necesitan riego por inundación, pero los embalses de la provincia guardan la mitad de agua que en un año normal, y la poca que hay se ha destinado a otros cultivos. 

Por otra parte, los ganaderos también recibirán 335 millones para las explotaciones extensivas sin distinción geográfica: 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne, y 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche. Según comunicó el ministerio a las organizaciones el pasado jueves, durante la primera mitad de julio saldrán los listados de beneficiarios e ingresarán el dinero en octubre.

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha garantizado que la calidad de la carne producida de España es igual que la del resto de Europa, pero reconoce que el modelo ganadero de las macrogranjas sí supone un problema. Sin embargo, el responsable comunitario del sector se ha abstenido de valorar expresamente las declaraciones de Alberto Garzón.

El ministro de Consumo afirmó en una entrevista para el medio británico The Guardian que la carne de las macrogranjas era de peor calidad que aquella procedente del modelo de ganadería extensiva, además de resultar mucho más dañina a nivel ambiental.

El comisario polaco ha detallado en unas declaraciones a Efe que recogen varios medios la necesidad de abordar esta problemática desde la Política Agraria Común (PAC) por medio del apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones. "Esa es nuestra prioridad, y también en la producción animal. Sé que en España hay una buena legislación nacional que apoya la agricultura a pequeña escala, especialmente en la producción animal", ha explicado Wojciechowski.

Gracias a la entrada de la nueva política agraria, que entrará en vigor a partir del año que viene, Wojciechowski se ha mostrado optimista respecto a los futuros cambios en el modelo de producción europeo. "Fortalecerá la agricultura europea y también la española, en primer lugar, prestando más atención a los pequeños agricultores", ha concretado el comisario. También destacó el impacto que esto tendrá en los planes de sostenibilidad, así como en las condiciones de cría de los animales.

Wojciechowski ha puesto en relieve la necesidad de potenciar el consumo local "reduciendo la distancia de la granja a la mesa", en sectores como el cárnico, pero sin olvidar la necesidad de seguir con las exportaciones, como viene siendo el caso de las frutas españolas.

Son un centenar largo los congregados el pasado jueves por la mañana frente a la sede nacional del servicio francés de Empleo, en Seine-Saint-Denis (región de París). Agricultores llegados de distintos puntos de Francia han respondido a la convocatoria lanzada por la Confédération Paysanne para denunciar una PAC (Política Agrícola Común) productivista y destructora de empleo. “No es posible volver a la misma PAC de hace siete años”, denuncia Nicolas Girod, portavoz del sindicato. “Queremos una PAC con fines alimentarios, sociales y ecológicos”, prosigue.

Antes de que la Policía rociara a los allí presentes con gases lacrimógenos y los agrediera –las fuerzas del orden empujaron con violencia a dos diputados, entre otros–, los manifestantes dieron a conocer una faceta del mundo agrícola actual: la de las prácticas virtuosas que no se benefician de los grandes cheques de la PAC. Como el trabajo de Thomas Gibert, un treintañero que desempeña su labor en una granja colectiva en Alto Vienne [centro del país]. Se dedica a la horticultura ecológica, de circuito corto, en un terreno de 3,5 hectáreas. En la parcela trabajan cuatro personas, en lo que equivaldría a cuatro jornadas a tiempo completo, a cambio del salario mínimo. ¿A cuánto ascienden las ayudas de la PAC que recibe esta parte de la explotación? Sólo 4.000 euros al año. “Estamos perdiendo una importante batalla. Todo lo que reivindicamos y que apoya la sociedad civil se ha rechazado”, señala no sin temor.

Porque en la nueva PAC que se perfila para el periodo 2023-2027, el apoyo a las explotaciones muy pequeñas, a las prácticas agroecológicas, al empleo agrario no es en absoluto prioritario. En este presupuesto, que asciende a 270.000 millones de euros, se mantiene el sistema de ayudas por hectárea, que favorece las grandes explotaciones y el sistema agroindustrial, mientras que el apoyo a las medidas medioambientales sigue siendo un aspecto secundario.

Las negociaciones sobre la nueva PAC entre las instituciones de la UE en forma de “diálogo a tres bandas” (Parlamento, Consejo y Comisión) se iniciaron en octubre, cuando los eurodiputados votaron un primer texto. Se esperaba que las últimas reuniones, celebradas esta semana, permitieran alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el diálogo tripartito no lo logró, aplazándose las negociaciones a una nueva sesión en junio.

Uno de los puntos de mayor fricción son los llamados “ecoesquemas”, basados en prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente. En el texto votado en octubre, el Parlamento quería que lo que se conoce como el primer pilar de la PAC alcanzase el 30%, es decir, las ayudas directas que se pagan a las explotaciones agrícolas (lo que supondría una dotación de unos 11.500 millones de euros anuales). El Consejo quería limitarlo al 20%. En las últimas negociaciones, algunos Estados miembros incluso propusieron empezar con un 18%, para luego modificarlo durante la legislatura. Sin embargo, el Parlamento se negó a rebajar tanto la cifra.

Otro punto de desacuerdo fue el deseo del Parlamento de introducir un reglamento que impida la importación de productos que contengan residuos de plaguicidas prohibidos en la UE. Según las informaciones a las que hemos tenido acceso, el Consejo lo rechazó, a pesar de que lo aprobó la mayoría de la Cámara, incluidos los conservadores, proponiendo en su lugar una declaración de intenciones.

La decepción fue grande entre los eurodiputados en la mañana del viernes, tras la última noche de negociaciones. “El objetivo de la PAC es satisfacer las expectativas de los 12 millones de agricultores europeos y responder a los problemas que preocupan a la sociedad en términos de salud humana, biodiversidad y cambio climático”, declaraba el eurodiputado socialista Eric Andrieu, uno de los tres ponentes del Parlamento en este diálogo a tres bandas. “No podemos no alcanzar un objetivo ambicioso para la PAC. La cuestión no es si el Consejo o el Parlamento tienen más poder [...]. Se trata de la evolución de un modelo de agricultura. Creo que el Parlamento lo ha entendido mejor que el Consejo en esta negociación”.

Más allá de la guerra de cifras y del intento de salvar los pocos avances en los que el Parlamento había encontrado una mayoría, esta nueva PAC en negociación apenas responde a los desafíos ecológicos del momento. Antes del diálogo a tres bandas, ONG europeas y defensores de la agroecología ya habían expresado su malestar por lo que denunciaban como inmovilismo. El ganadero belga Kurt Sannen, miembro de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), lamentaba la semana pasada: “Es una gran decepción. Seguirá el business as usual. Sin embargo, podría haber sido diferente, si hubiéramos cambiado un poco lo que había. Pero con una PAC como ésta no se alcanzarán los objetivos climáticos y de biodiversidad fijados por la Comisión”.

Tras la toma de posesión de la Comisión von der Leyen y los primeros anuncios del Pacto Verde a finales de 2019, el Ejecutivo comunitario se marcó el año pasado importantes objetivos para 2030: al menos un 55% de reducción de los gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (la agricultura es responsable del 15% de estas emisiones en el continente), un 50% de reducción de los pesticidas (estrategia sobre “Biodiversidad”), y un 25% de la superficie agrícola cultivada de forma ecológica frente al 8,5% actual (estrategia “De la granja a la mesa”).

Sin embargo, la base de negociación de la nueva PAC seguía siendo la hoja de ruta fijada en 2018 por la Comisión saliente, presidida por Jean-Claude Juncker, antes, por tanto, del mandato de la actual Comisión y de su declarada ambición de ecologizar la política europea. La arquitectura general, con la mayoría de las ayudas por superficie en el primer pilar y la minoría de las ayudas indirectas en el segundo pilar (que incluye el apoyo a la agricultura ecológica y al desarrollo regional), no se ha revisado.

En octubre, durante la sesión parlamentaria dedicada a la PAC, muchos diputados intentaron mejorar el texto, presentando buen número de enmiendas. Pero la mayoría de la Cámara –una alianza de liberales, conservadores y socialdemócratas, más partidarios del statu quo– no permitió ir muy lejos. En resumen, al final el texto votado resultó ser ligeramente más ambicioso que la posición del Consejo, que reúne a los ejecutivos de los 27 Estados miembros de la UE.

“Desgraciadamente, a pesar del trabajo del Parlamento, son los ministros de agricultura los que tienen la última palabra. Sin embargo, representan a un determinado tipo de agricultores, los de la agricultura convencional. Si no se incluyen otros tipos de producción en los debates, nunca alcanzaremos los objetivos medioambientales que se ha fijado la Comisión”, lamenta Marco Contier, responsable en Bruselas de asuntos agrícolas de Greenpeace.

De hecho, en estas reuniones, los ministros de agricultura europeos van acompañados de la Copa-Cogeca, la única organización profesional agraria autorizada a participar en estos debates. Esta confederación, que reúne a varios sindicatos del continente europeo como la FNSEA, favorece los intereses de la agroindustria. Otras organizaciones, más orientadas al mundo agrícola y a la ecología, como Vía Campesina, a la que pertenece la Confédération Paysanne, no estaban invitadas a estas reuniones.

“La lógica del chantaje financiero”

En los siete meses de negociaciones desde la votación en el Parlamento, muy pocos Estados miembros se han mostrado progresistas en esta materia. Los Países Bajos parecen estar entre los que más han apoyado una transición agroecológica de la PAC. Sin embargo, la mayoría de los 27 Estados miembros echaron el freno, encabezados por el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), muy partidario de mantener las subvenciones por superficie que favorecen a las grandes explotaciones y que se opone a establecer topes a la recepción de estas ayudas.

Alemania, uno de los pesos pesados de la UE, apoyó el statu quo, según Konstantin Kreiser, de la asociación ecologista alemana Nabu, que lamenta que el lobby de los agricultores convencionales sea “extremadamente fuerte” en Alemanialobby. “Los conservadores en el poder, que intentan tener en cuenta las crecientes expectativas de la sociedad en materia de medio ambiente, han terminado finalmente por ceder al peso de la agroindustria. La proximidad de las elecciones parlamentarias [en septiembre] también impone un calendario que ignora los hallazgos científicos sobre el clima y la biodiversidad”.

Y en los últimos días, los ministros de los 27 Estados miembro se han unido, según nuestras informaciones, y no van a ceder a la presión del Parlamento. Como si hubieran olvidado que la Cámara es la colegisladora de los textos europeos.

Para el eurodiputado Benoît Biteau, que asistió a las negociaciones a tres bandas en nombre de los Verdes en el Parlamento Europeo, el Consejo estaba atrapado en “una lógica de chantaje financiero”. “Cada Estado miembro, al poner dinero sobre la mesa, se aferra a sus propias políticas y defiende sus logros. Así es como dominan las lógicas conservadoras y liberales. Acabamos con negociaciones de mercachifles, que se ponen de acuerdo en el mínimo común denominador. El resultado es una PAC en la que seguimos sometiendo apoyando prácticas agrícolas que son exactamente lo contrario de la agricultura ecológica”, explica a Mediapart (socio editorial de infoLibre).

Esta preeminencia del Consejo, que lleva sistemáticamente, en los diálogos a tres, a posiciones más prudentes que las votadas por el Parlamento, sólo podrá borrarse cuando la UE “tenga su propio presupuesto, que deje de depender de los Estados”, considera el eurodiputado. “Si bien de momento nuestra capacidad de introducir variaciones como parlamentarios es muy limitada, nuestro papel sigue siendo necesario. Durante las negociaciones de los últimos meses, hemos sido nosotros los que hemos recordado regularmente que la PAC debe ser coherente con el Pacto Verde y las estrategias ‘Biodiversidad’ y ‘De la granja a la mesa’”.

En cuanto a Francia, a pesar de lo que dijo en París el ministro de Agricultura, Julien Denormandie, que se jactó la semana pasada de haber obtenido “una victoria” sobre la PAC, apenas se destacó en el Consejo en materia de medio ambiente. “Hay muchas posturas y las palabras no siempre van acompañadas de los hechos”, dice desde Bruselas una fuente cercana a las negociaciones. “El ministro francés dice que está a favor del medio ambiente, pero nunca se compromete a cumplir un plazo. En cuanto a los ecoesquemas, Francia no defendía la posición más ambiciosa del Parlamento”.

Es precisamente en la cuestión medioambiental donde Julien Denormandie choca con la Confédération paysanne y las ONG francesas. Estas últimas abandonaron abruptamente la mesa de debate a finales de la semana pasada, cuando el ministro desveló los primeros arbitrajes de la versión francesa de la PAC europea (el “plan estratégico nacional”). Le reprochan en particular, en lo que se refiere a la agricultura ecológica, la supresión de las ayudas al mantenimiento en favor de las ayudas a la reconversión, necesarias pero no suficientes, en su opinión.

“En una democracia, es fácil no tener en cuenta las limitaciones de los demás”, replicó el ministro en una rueda de prensa celebrada tras esta impactante salida. Según él, la versión francesa de la PAC va en la buena dirección: la dotación de la “agricultura ecológica” pasa de 240 millones de euros al año a 340 millones.

En sus arbitrajes, el ministro francés también decidió apoyar decididamente al sector de las proteínas vegetales para reducir la dependencia francesa de las importaciones, así como consolidar la ICHN (indemnización compensatoria por desventajas naturales, una subvención especialmente apreciada en las zonas de montaña) completando las ayudas de la PAC con una línea en los presupuestos del Estado.

Pero también ha decidido incluir la certificación de nivel 3 “Alto Valor Medioambiental” (HVE, por sus siglas en francés) en los criterios de concesión de los regímenes ecológicos, del mismo modo que la etiqueta ecológica. Esto significa que las explotaciones con la etiqueta HVE podrán recibir las mismas ayudas que las explotaciones ecológicas, aunque utilicen pesticidas.

La HVE es en realidad un cuaderno de puntos, del que el agricultor puede escoger para construir su “cesta” de buenas prácticas, sin que una u otra sean obligatorias. Esta etiqueta está recibiendo críticas desde todos los frentes; en una publicación del pasado mes de marzo, el Iddri (Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, por sus siglas en francés) concluye que “esta certificación no puede pretender acompañar un verdadero proceso de transición agroecológica”. Y según una nota de la Oficina Francesa de la Biodiversidad, revelada el martes por Le Monde, este sistema no tiene ningún beneficio medioambiental.

“El ecoesquema debe ser un elemento inclusivo y sencillo”, se defiende el ministro. “El 79% de los grandes cultivos de campo tendrán acceso a ella”. Pero hacer que estas ayudas sean lo más accesibles posible no es en absoluto del agrado de las asociaciones ecologistas y de la Confédération Paysanne, que consideran que es ante todo la aplicación de un mínimo de restricciones lo que permitirá la transición de la agricultura hacia un modelo de producción más ecológico y resistente al cambio climático. Además, no es seguro que la Comisión dé el visto bueno a esta elección francesa, ya que aquélla debe ratificar las versiones nacionales de la PAC.

“El hecho de que la agricultura HVE se financie de la misma manera que la agricultura ecológica es inaceptable”, protesta Marie-Catherine Schulz Vannaxay, de France Nature Environnement. “Los arbitrajes del Ministerio son una continuación del statu quo y son incompatibles con los objetivos declarados de transición agroecológica y soberanía alimentaria”. En torno a la mesa de esta negociación sobre el “plan estratégico nacional”, estaba también Arnaud Gauffier, de WWF, igualmente decepcionado. “Estamos actuando como si tuviéramos una PAC en la que todo está bien. Pero la biodiversidad se está hundiendo y no hay nada en esta nueva PAC que pueda poner a los agricultores en el camino del cambio climático. Una vez más, sólo estamos abordando los síntomas”.

En un informe publicado en febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Cuentas denunció una PAC ineficaz para frenar el declive de la biodiversidad en las tierras agrícolas y criticó el sistema de pagos por superficie. El Consejo Europeo, que esta semana trató de recortar al máximo la propuesta del Parlamento, claramente no tuvo en cuenta esta opinión.

Sin embargo, los eurodiputados seguirán teniendo la palabra: son ellos los que deben validar en última instancia el texto resultante del diálogo a tres bandas. En octubre, el primer texto recibió 425 votos de 705 eurodiputados. No está claro que el próximo vaya a obtener el mismo apoyo.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este viernes que las hamburguesas, los escalopes, el embutido o los filetes vegetarianos puedan seguir utilizando estos nombres a pesar de que no contengan carne.

En concreto, los eurodiputados han rechazado dos enmiendas incluidas en los reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) que buscaban introducir en las reglas comunitarias definiciones relacionadas con los términos 'carne', 'preparaciones a base de carne' y 'productos cárnicos'.

La primera de ellas pedía que los nombres relacionados con la carne y los términos y denominaciones de venta para designar la carne, los trozos de carne y los productos cárnicos "se reservaran exclusivamente para las partes comestibles de animales y los productos que contengan carne".

Además, establecía que estas denominaciones de venta "no se utilizarán ni se indicarán en el etiquetado para describir, comercializar o promover productos alimenticios que contengan más de un 3% de proteínas vegetales".

Por su parte, la segunda enmienda defendía que aquellos nombres "que se usan actualmente para la carne y las preparaciones a base de carne se reservarán en exclusiva para los productos que contengan carne". A modo de ejemplo de estos sustantivos, el texto citaba las hamburguesas, los filetes, el embutido, los escalopes o los filetes rusos.

Pero ambas han sido rechazadas por la Eurocámara: la primera con 243 votos a favor, 399 en contra y 49 abstenciones, y la segunda con 284 votos a favor, 379 votos en contra y 27 abstenciones, según informa Europa Press.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han rechazado este miércoles por la noche una nueva propuesta de compromiso elaborada por Alemania para lograr un acuerdo sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC), a pesar de que muchos han celebrado los avances conseguidos tras casi cuarenta horas de negociación.

Los titulares de Agricultura se han reunido a Veintisiete para valorar un nuevo texto que Berlín ha elaborado tras consultar a todas las capitales. En sus intervenciones en el debate público, muchas delegaciones han celebrado que el documento supone un "acercamiento", un "verdadero progreso" o "un paso en la dirección correcta".

Sin embargo, tan sólo República Checa, Eslovaquia, Estonia, Grecia o Países Bajos han dicho que podrían dar su apoyo a la propuesta en aras del compromiso. El resto de Estados miembros han valorado los avances, pero han expuesto cada uno de los puntos en los que quieren ver modificaciones antes de garantizar su voto a favor.

Los ecoesquemas siguen siendo el principal problema de las negociaciones. Una mayoría de las delegaciones apoya que el 20% del presupuestos para pagos directos esté reservado para este tipo de ayudas, pero muchas capitales han pedido una mayor flexibilidad en su aplicación y en la forma de contabilizar en este punto las transferencias entre pilares.

Sin embargo, hay países como Letonia que todavía defienden que ese umbral mínimo del 20% es demasiado elevado y piden reducirlo, una posibilidad que ha rechazado de plano la ministra alemana, Julia Köckner.

Además, muchos ministros han mostrado reservas sobre la redacción en el texto de dos de las condiciones generales de la nueva PAC. En concreto, la que hace referencia a la rotación de cultivos y otras prácticas destinadas a preservar el potencial del suelo y la que establece un porcentaje mínimo de tierras de cultivo destinadas a superficies e instalaciones no productivas.

Estos dos temas son los escollos más nombrados en la ronda de intervenciones que ha comenzado pasadas las 00.00 horas de este miércoles y se ha alargado hasta las 01.45 horas. Después, la delegación alemana está intentando modificar algunos aspectos del texto para lograr el acuerdo.

La postura de España 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tomado la palabra en el debate para afirmar que la propuesta de Alemania tiene un "carácter muy positivo" con respecto a los ecoesquemas, un elemento que será "clave" en las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Sin embargo, ha explicado que el Gobierno español todavía cuenta con dos temas "pendientes" de resolver en el texto. En primer lugar, ha reivindicado una aclaración técnica "neutra y sencilla" en la redacción sobre el pago redistributivo.

Y en segundo lugar, ha expresado al resto de socios su "preocupación" por el sector del vino y la necesidad de incluir en el documento los derechos de plantación más allá de 2030, un tema que la Eurocámara va a incluir en su posición negociadora "lo queramos o no".

"A algunos países miembros como el mío, y también me consta que Francia y otros, nos gustaría ver reflejado este tema en el texto", ha zanjado.