La sequía amenaza las pólizas agrarias: la mitad de las tierras aseguradas ha sufrido daños en 2023

Los daños del cambio climático sobre el campo español alcanzan un nuevo récord cada año y el sistema de pólizas que protege a los agricultores y ganaderos es cada vez más caro y tiene menores coberturas. Solo en los ocho primeros meses del año se han indemnizado en España 973,9 millones de euros de cosechas perdidas, el máximo desde que este sistema fue creado en 1978, y eso sin contar con las pérdidas de la dana, de las granizadas de los últimos días y de los próximos siniestros de otoño. Además, cada año hay más agricultores que suscriben estos seguros por miedo a los temporales y se registran más parcelas dañadas. A 31 de agosto, el 50% de todos los cultivos asegurados en el país sufrieron daños, frente al 33% de todo el año pasado. 

Con este pretexto, el sistema de seguros que cubre las pérdidas del campo es cada año más caro de mantener y los agricultores y el Gobierno tienen que aportar la diferencia. Pedro García, responsable de Seguros en el sindicato agrario COAG, afirma que el funcionamiento de las pólizas ha empeorado mucho por el cambio climático y necesita una reforma. "Cada año son más caras y tienen menos coberturas. El sistema funcionaba bien, pero cuando sufrimos tres años seguidos de sequía se distorsiona. Estamos obligados a hacer cambios si queremos que la gente no se dé de baja, por eso planteamos [a Agroseguro] hacer una reflexión". 

En las pólizas que se contratan ahora para la temporada del año que viene, las subidas son importantes, aunque dependen mucho del tipo de cultivo y de la zona. Por ejemplo, proteger de la sequía los herbáceos de secano —el cultivo más extendido en España— se ha encarecido de media un 41% respecto a 2022, de 24 a 34 euros por hectárea de media. También se han endurecido las franquicias, por lo que se quedan más daños sin cubrir. Otro problema que tienen los agricultores es que los kilos de cosecha cubiertos por el seguro son la media de los recogidos en los últimos cinco años, y si la sequía reduce poco a poco la cosecha de una finca, cada temporada tendrá una protección menor. 

El Ministerio de Agricultura también asigna grandes subvenciones a los profesionales para costear sus seguros. Este año ha dado por ahora 358 millones en ayudas —más del 40% del gasto total en pólizas—, mientras que entre 2015 y 2020 subvencionó de media unos 200 millones al año. Esto evidencia que el cambio climático y sus daños en el campo también tienen un coste para la Administración. Además de estas subvenciones, el Gobierno ha aportado además este año 637 millones de euros a agricultores y ganaderos para cubrir los daños climáticos y compensar la subida de precios del combustible, los fertilizantes o los forrajes. 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), otra de las principales organizaciones agrarias, también reclama una reforma del sistema de pólizas en el campo. "El problema es que cada siniestro que tenemos es una penalización en el seguro del año que viene por una catástrofe que es ajena a nosotros", afirma Montse Cortiñas, vicesecretaria de UPA. 

Los sindicatos agrarios no tienen por ahora una propuesta clara para reformar el sistema de seguros, pero proponen al menos dos vías. En UPA plantean que los grandes daños en el campo se consideren como un desastre natural y los cubra íntegramente el Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Ministerio de Economía, de manera que las aseguradoras no penalicen cada año a los profesionales afectados.  

En COAG proponen cambiar el sistema de seguros modulares por uno de capas. "La idea es que haya un seguro potente básico para desastres grandes, y el que quiera tener un todo riesgo que pague más, pero partiendo de que todo el mundo pueda estar cubierto", concreta Pedro García.

Un conglomerado de 17 aseguradoras

En España, los seguros agrarios los gestiona Agroseguro, una agrupación de 17 compañías de pólizas que se dividen a partes iguales la responsabilidad de compensar las pérdidas agrícolas y ganaderas. Este sistema funciona con un principio de solidaridad, donde el agricultor y el ganadero que quiere una póliza debe asegurar todos sus terrenos del mismo tipo que tenga en España. La condición para las aseguradoras es que no pueden rechazar a ningún cliente que cumpla con los requisitos mínimos.  

De esta manera, el mecanismo se compensa porque unas tierras menos afectadas por los temporales cubren las pérdidas de allí donde hay daños frecuentemente, pero el cambio climático está rompiendo ese esquema. En los últimos cuatro años ha entrado menos dinero del que se ha pagado en daños en Agroseguro, de ahí que las pólizas suban continuamente. Para compensar este desajuste en las cuentas se toma dinero del Consorcio de Compensación de Seguros, una hucha que se rellenó con el excedente de los años de superávit, los 90 y los 2000.  

Las otras Doñana: la agricultura amenaza los humedales desde Valencia a Castilla-La Mancha

Ver más

Isabel Bardají, profesora de Economía y Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid, cree que aquí está el problema. "Llevamos varios años de pérdidas y vamos de camino de agotar las reservas [la hucha del Consorcio de Seguros]. El sistema de pólizas debe adaptarse al cambio climático", afirma la experta. Se espera que a final de este año queden en esa hucha unos 450 millones de euros. Aun así, Barjadí destaca que España tiene "uno de los mejores sistemas de aseguramiento agrario del mundo". 

Las propias empresas de pólizas reconocen que la situación es complicada debido a la sequía y que habría que retocar el mecanismo. Sergio de Andrés, director general de Agroseguro, afirma que "el sistema tal y como se ha concebido estructuralmente no debería modificarse, pero habría que hacer alguna reconsideración". Propone que el sistema se corrija por el lado del agricultor, y que el Gobierno "estudie de nuevo" las zonas que se pueden asegurar en cada cultivo. "Hay que ver si todos son asegurables allí donde lo eran hace 20 años; el agricultor también tiene que corresponsabilizarse", señala. 

Sobre la subida del coste de las pólizas que critican las organizaciones agrarias, De Andrés pide que se ponga en contexto. Defiende que en los últimos años la cantidad total de cultivos asegurados ha crecido mucho por el miedo a los daños —este año hay cubiertos 16.700 millones de euros de cosecha— y que ellos están expuestos a mucho más riesgo que en el pasado, por lo que en el cómputo general solo han compensado la balanza.