CAF, transportista de la colonización

El Real Decreto-Ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina (convalidado luego por el Congreso), además de tratar sobre el asunto del comercio de armas y de combustibles militares, incluye otros artículos referentes a la prohibición de importar bienes desde los asentamientos (ilegales) sionistas en Territorio Ocupado Palestino.

Por otro lado, la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Ese Real Decreto y su validación en el Congreso se han hecho a rebufo de la presión social. No se entiende que, tratándose de un Estado ocupante y colonizador como Israel, desde un principio, con las normas ya existentes de comercio de armas, se hayan mantenido relaciones de compraventa de material bélico, ni que se le haya aceptado como miembro de la OCDE y cuasi miembro de la OTAN, etc., sin que España haya puesto objeciones.

Lo mismo vale para el comercio de bienes y servicios. No tiene sentido que España, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional lleguen a acuerdos de asociación o tratados de comercio con un socio tan singular y, encima, haya permisividad y se mire a otro lado en relación con esos asentamientos, aunque se camufle burocráticamente que no están incluidos en los acuerdos. Israel, como Marruecos con el Sáhara Occidental, contrabandea y acrecienta la colonización. Y existe una total complicidad fáctica con Estados ocupantes y colonizadores.

Pero bienvenido sea ese Real Decreto. Aunque tenga agujeros, sea en la arbitrariedad gubernamental (en una “disposición adicional”) de abrir el comercio de armas ‘puntualmente’; o en no incluir en esa norma los Altos del Golán sirios, también ocupados; o en la ausencia de prohibición explícita de las exportaciones que se pudieran realizar desde España a esos asentamientos con la misma argumentación utilizada para la importación, siguiendo la Resolución de la Corte Internacional de Justicia (2024); o en no prohibir a las empresas españolas prestar servicios.

Por último, no existe una guía de sanciones a las empresas y directivos incumplidores, como podría ser –al modo en que lo ha hecho el ayuntamiento de Barcelona– excluir de sus concursos públicos a aquellas empresas implicadas en la colonización sionista de Palestina. Parecería que esos agujeros se hubiesen dibujado para que algunas empresas concretas eludan las prohibiciones de apoyo a la colonización israelí.

Así, por ejemplo, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), lleva bienes, sus trenes y sus autobuses Solaris, hasta diferentes asentamientos. Junto a otras filiales del grupo, como sería el caso de CAF Signalling, desarrolla las líneas Roja y Verde de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y los asentamientos próximos del Gran Jerusalén. Como empresa tractora, con necesidad de contratar a empresas auxiliares, cuenta con las españolas GMV y TYPSA para ciertos elementos necesarios de comunicaciones e ingenierías. Hay otras empresas de ingeniería o de control de calidad, como la canadiense WSP, una alemana, PISA, o la encargada de los raíles, la portuguesa Steconfer, que participan en esas líneas. CAF, junto a su socia, la israelí Shapir, son los gestores del servicio de transporte que refuerza el sistema de apartheid.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el mandato de realizar una comprobación fáctica respecto a la participación de las empresas en una o más de las actividades incluidas en la lista de incidencia en la colonización ilegal, con miras a añadirlas o retirarlas de la base de datos. En este caso, CAF está inserta en el suministro de equipo y materiales que facilitan la construcción y expansión de los asentamientos y del muro, así como la infraestructura asociada; la prestación de servicios y suministros básicos que sostienen el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte; y el uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, para fines comerciales.

Para evitar perder contratos con las autoridades de Israel, y en un intento de justificarse, CAF recurrió a la fórmula de que las líneas ‘discurren parcialmente por Jerusalén Este’, eludiendo así la cuestión central. Jerusalén es una ciudad ocupada

CAF, su socia Shapir, Steconfer, sus proveedores financieros Banco Hapoalim o Leumi, su cliente Egged,… están todos ellos incluidos en la relación de empresas colonizadoras que las Naciones Unidas periódicamente actualizan en su Base de Datos.

CAF ha pasado de afirmar que su proyecto colonial se llevaba a cabo en la ciudad israelí de Jerusalén, a declarar, en su Informe no financiero de 2024, que su proyecto “se encuentra parcialmente en territorios objeto de controversia política”, usando la terminología del ocupante. Ni siquiera se atrevió, cuando era ya inminente su inscripción en la Base de Datos en septiembre de 2025, a utilizar la palabra ‘ocupado’, ni el término ‘palestino’. Eso le llevaría a enfrentarse a su pagador, la potencia ocupante, Israel, que tiene como seña de identidad negar la ocupación y la colonización, y no aceptar a ese ‘otro’, la palestinidad, sólo el genérico ‘árabe’.

Para evitar perder contratos con las autoridades de Israel, y en un intento de justificarse, CAF recurrió a la fórmula de que las líneas ‘discurren parcialmente por Jerusalén Este’, eludiendo así la cuestión central. Jerusalén es una ciudad ocupada. El Gran Jerusalén, con los primeros 70 km.2 anexionados de Cisjordania (1967) y los ampliados con la construcción del Muro, es Territorio Ocupado. Palestina está ocupada y colonizada por la potencia ocupante, y hay empresas que están al servicio de la colonización. Empleando el título del Informe de Francesca Albanese, de la economía de la colonización a la economía del genocidio, con este comportamiento también se promueve llegar hasta este último.

Desarrollo de la ley de prevención del genocidio

La ley de prevención del genocidio, en su desarrollo de diciembre de 2025, ha fijado como identificación del origen de productos o servicios cuyo comercio y publicidad se prohíbe el desglose de los distritos postales de los asentamientos [consultar el listado aquí]. Utilizando ese desglose, hemos identificado cada una de las estaciones de las Líneas Roja y Verde de tren ligero de CFIR, la empresa participada al 50% por CAF y Shapir, y desvelado el servicio que realizan para el traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado –algo prohibido por la Convención de Ginebra, formalmente ratificada por Israel–, con sus sucesivas expropiaciones, expulsiones de palestinos y ampliación de asentamientos.

Todo esto demuestra la necesidad de seguir presionando al Gobierno y al poder legislativo para que tapen esos agujeros, porque Israel prosigue su política criminal contra los palestinos. Mientras tanto, habrá que seguir escudriñando las posibilidades jurídicas que nos ofrece la lectura de ese Real Decreto y otras leyes ya existentes, como las relativas al contrabando, argüidas en el caso SIDENOR, y el Código Penal mismo.

________________________

Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.