Las maniobras de la impunidad israelí a través de su ‘justicia’

Una extraordinaria filtración reciente de dos millones de correos electrónicos provenientes del Ministerio de Justicia de Israel ha permitido que la asociación de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, llevara a cabo un trabajo de investigación, resumiendo y relacionando lo que ya se conoce como Archivos de Israel con muchos de los aspectos y episodios más ominosos de su acción política y militar, incluyendo algunos casos judiciales muy concretos.

Entre aquellos que se refieren a España, el periodista Ignacio Carrascón ha señalado el caso Al Daraj, en el que las víctimas palestinas de un bombardeo israelí recurrieron en 2002 a la Audiencia Nacional gracias a la Ley de Jurisdicción Universal vigente en nuestro país en aquel entonces. Esa norma se modificó en 2009 por acuerdo de los ministros de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, e israelí, Tzipi Livni, para que sólo pudiera aplicarse en el caso de que las víctimas fuesen españolas.

En 2010, el asalto israelí al barco Mavi Marmara, pionero de la Flotilla de la Libertad, que causó diez muertos y en el que hubo ciudadanos españoles secuestrados por tropas israelíes, motivó un nuevo procedimiento ante la Audiencia Nacional. De ahí que, para contrarrestarlo, la norma fuera nuevamente modificada en 2014, en este caso por el gobierno del Partido Popular, a fin de incluir el requisito legal de que los acusados se encontrasen en España.

Los Archivos de Israel abarcan muchos otros casos y países. Los correos hacen asimismo referencia, por ejemplo, a la demanda por presuntos delitos de odio contra una asociación sionista española, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), auxiliar de Israel en sus ataques a organizaciones o instituciones que se manifiestan a favor del pueblo palestino. Y en Francia, señalan los tentáculos israelíes que han intentado que no se especificase el origen de los productos importados de los asentamientos (ilegales), diferenciándolos así de aquellos procedentes de Israel.

En todo caso, la divulgación de esos correos hace que destaquen varios elementos en común.

Israel ha tenido tradicionalmente en cuenta que sus violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, sus crímenes de lesa humanidad y genocidio, podrían ocasionar que las víctimas y asociaciones de muchos países interpusieran demandas judiciales ante sus respectivos tribunales, a pesar de la complicidad en la Ocupación por parte de muchos gobiernos y Estados.

Esto le ha llevado desde siempre a poner en marcha unas pseudoinvestigaciones internas que, junto a la propaganda, la aceptación acrítica del relato sionista por parte de Occidente y la labor de despachos de abogados y de lobbies políticos, han conseguido hasta ahora dos resultados transcendentales desde el punto de vista jurídico: que se considere a la justicia israelí como homologable a la de cualquier país democrático y respetuosa, por tanto, con el Derecho; y reforzar, por consiguiente, la impunidad de la que disfruta Israel, con toda clase de parabienes en todos los demás ámbitos: económicos (Acuerdo de Asociación con la UE, pertenencia a la OCDE); militares (socio de la OTAN en muchas de sus prerrogativas, incluyendo armamento y ejercicios militares); deportivas y culturales, FIFA, UEFA, FIBA, Eurovisión... De todo lo cual carece, por contraposición, la Rusia invasora.

La justicia española y europea, la occidental, ha normalizado a Israel en el sentido de que le han otorgado gratuitamente una suerte de validación, de homologación jurídica

De hecho, antes del archivo del caso Al Daraj, la Fiscalía, si bien admitiendo que podría ser considerado crimen de lesa humanidad, pedía su inadmisión en la Audiencia Nacional, ante la reiterada argumentación de la administración israelí de que ese caso estaba siendo ‘investigado’ por el ejército y la justicia israelíes, aspecto este repetido en cualquier demanda que interpongan los palestinos y las organizaciones de derechos humanos israelíes en la que se aporten pruebas o testimonios de cualquier atropello del ejército o de los colonos israelíes. Sólo que el resultado de esas investigaciones, de las leyes vigentes y de su interpretación por parte del aparato israelí judicial es que los casos que prosperan suelen rondar, en las mejores circunstancias, el 3%.

La demanda por el caso Al Daraj fue interpuesta por víctimas palestinas de un bombardeo acontecido en Gaza el 22 de julio del año 2002. Siguiendo su política de asesinatos extrajudiciales, Israel lanzó una bomba de una tonelada para acabar con la vida de un miembro de Hamás, ocasionando la muerte de quince personas –la mayoría de ellos niños y bebés– y causando heridas a otras 150. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) documentó el caso y seis palestinos ejercieron la acusación, la Asociación Al Quds de Málaga realizó un trabajo relevante de traducciones y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) ejerció la acusación popular. La Audiencia Nacional llevó a cabo unas primeras diligencias tras aceptar su competencia por crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados se encontraba el actual ministro sionista de Agricultura y Desarrollo Rural, Avraham Dichter. La complicidad de las autoridades españolas llevó a que, poco después del cambio legal de la Ley de Jurisdicción Universal, fuera invitado Dichter por el Ministerio de Defensa a través del CESEDEN. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le rindió pleitesía en una visita a Israel en febrero de 2023.

Las autoridades israelíes afirmaron que había una ‘investigación’ en curso y esa afirmación de parte fue admitida por la justicia española, y reiterada en tantas y tantas demandas en Israel o en otros países. Es el paraguas utilizado por Israel para parar y anular las demandas, en caso de que no se hayan cambiado las leyes en los países donde se presentaron las acusaciones.

En el caso del Mavi Marmara, ya con víctimas españolas, y con el CSCA de nuevo como acusador popular, su archivo fue obligado, como dijimos, por el nuevo cambio de la jurisdicción universal del Partido Popular en el año 2014. En el auto del archivo se pedía la comparecencia de los acusados en el juzgado, entre ellos de Benjamín Netanyahu, en caso de que alguna vez pisasen territorio español. Pero, ahí, nuestro Tribunal Supremo (en sus jueces Angel Hurtado, Concepción Espejel y Enrique López), por primera vez cambió el auto ratificado por la Audiencia Nacional y pidió la eliminación de los registros policiales correspondientes para que no se reclamase a Netanyahu.

Los correos filtrados recogen el importante papel desempeñado en esta estrategia de impunidad jurídica israelí por el bufete Cuatrecasas como partícipe en la misión de elaborar estrategias obstruccionistas, litigiosas y de cabildeo para contribuir a elaborar ciertas normas o abortar otras que interesen a Israel en su política de impunidad jurídica.

Carrascón también menciona que otros muchos correos tienen como protagonista a la asociación ACOM, dirigida por el sionista David Hatchwell, la cual promueve muchas demandas contra ayuntamientos y entidades que se manifiestan a favor de la causa palestina o proponen medidas contra la política criminal y colonial israelí, y a las que acusan de discriminación y antisemitismo. En los correos se hace referencia a la demanda que interpuso el CSCA contra ACOM por crímenes de odio y que, finalmente, fue archivada por considerar el tribunal que, si bien había expresiones públicas de ACOM antipalestinas, árabes o musulmanas, exageraciones o falta de veracidad en sus publicaciones digitales, primaba la libertad de expresión sobre otras consideraciones. Vistos los correos filtrados, hay fundadas sospechas sobre si habría de considerarse a ACOM una suerte de agente extranjero.

La justicia española y europea, la occidental, ha normalizado a Israel en el sentido de que le han otorgado gratuitamente una suerte de validación, de homologación jurídica. Y ello, a pesar de la evidencia de que la justicia israelí forma parte de la política del Estado colonial y del apartheid de Israel que han legitimado la ocupación, la tortura, la discriminación de la población palestina, el castigo colectivo, las expropiaciones y expulsiones, el hambre y la destrucción gratuita, el asesinato y el genocidio.

A finales de julio de este año 2025, yo mismo fui secuestrado junto a mis compañeros en el barco Handala, como parte de la Flotilla de la Libertad. Llevados a tierra, la acusación formulada en nuestra contra fue la de querer entrar ilegalmente en Israel, cuando en realidad navegábamos por aguas internacionales rumbo a Gaza. La justicia israelí homologada asume el secuestro en aguas internacionales por parte del ejército de ocupación y acepta, además, el cargo de que los secuestrados queríamos entrar ilegalmente en el país. Con ello se da a entender que el Estado de Israel y su tan subsidiaria justicia consideran la palestina Gaza como parte de Israel, que pueden formular las acusaciones que deseen a modo de excusa y no van a recibir ningún correctivo por sus actuaciones. Es lo que está ocurriendo: impunidad y homologación judicial.

Y falta tiempo para que se revierta esta situación.

¿Para cuándo la ruptura de acuerdos con esa justicia de la potencia colonial, del apartheid, justificadora del genocidio de los palestinos?

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.