La corriente interna del PSOE Izquierda Socialista reclama un referéndum sobre la forma de Estado en España y preguntar sobre "Monarquía o República", cuando se cumple el 92 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931.

Según un comunicado emitido por Izquierda Socialista y recogido por Europa Press, esta corriente del PSOE considera que éste 14 de abril, no sólo puede servir para recordar el pasado obviando el presente.

A este respecto, señalan que hoy existe incertidumbre entre muchos ciudadanos, con el encadenamiento de crisis mundiales de diversa índole (crisis financieras, migratorias, climáticas, covid-19, guerras, éxodo y muerte), que padecen fundamentalmente los trabajadores, "provocando que las brechas de la desigualdad sean cada vez más indignantes".

Además, añaden que la "crisis" que sufre la Monarquía, hace que la sociedad cuestione la institución. A ello, aseguran que se une el "creciente autoritarismo y fascismo que recorre Europa y España", con políticas que apoyan la reducción de las cotas de libertad alcanzadas y de derechos humanos, civiles y sociales.

Por estos motivos, hoy, Izquierda Socialista Federal, asegura seguir impulsando los valores republicanos, "reclamando e insistiendo tanto en el seno del PSOE como ante la sociedad" un referéndum sobre la forma de Estado, "es decir, sobre Monarquía o República".

Lo hace cuando se cumplen 150 años de "aquel primer intento por alcanzar una España diferente" y 92 años del advenimiento de la Segunda República. Un 11 de febrero de 1873 y un 14 de abril de 1931 son hitos de nuestra historia, asegura el comunicado.

Recordando estos hechos, Izquierda Socialista afirma que con la República se produjo "un cambio trascendental" de régimen político en España y "por primera vez" desde la instauración del liberalismo se hizo "de manera pacífica, sólo acudiendo a votar en unas elecciones municipales".

Señalan que ese cambio fue bien acogido por la mayoría de los españoles y supuso una "explosión de alegría, fruto de la percepción de un pueblo que, por primera vez en su historia, tenía conciencia de haber conquistado pacíficamente su libertad y la democracia".

Pero lamentan que toda aquella política reformista quedara "abruptamente interrumpida por el golpe de Estado de julio de 1936, perpetrado por Franco y por una parte de la derecha española, que desencadenó una cruenta Guerra Civil y terminó en la feroz dictadura franquista que reprimió sin piedad a los demócratas y condujo al exilio a miles y miles de compatriotas que se vieron inmersos en un nuevo combate contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial".

Explican que las luchas de muchos exiliados en los campos de batalla europeos y su contribución a la victoria contra el fascismo y el nazismo "están inscritas en la historia y gracias a ellos y a ellas formamos parte de la memoria democrática europea".

Por ello, Izquierda Socialista Federal-PSOE quiere rendir homenaje a "todos los hombres y mujeres socialistas y a todas las personas antifascistas que impulsaron aquella democracia" y hasta perdieron su propia vida por luchar contra el golpe de Estado perpetrado por Franco y los militares franquistas y la posterior dictadura.

Se cumple ahora el 90 aniversario del establecimiento de la Segunda República. Duró menos de ocho años, de los cuales casi tres los vivió en guerra abierta contra el enemigo interior y las potencias del Eje, una vez que las democracias occidentales la abandonaran a su triste destino.

No hay período de la historia de España que haya generado un número comparable de libros e investigaciones. Más de 5.000 títulos para los años de paz, según Eduardo González Calleja. Más de 30.000, cuando menos, para los años de guerra, a tenor de diversas estimaciones.

Sin embargo no existe otro período de la historia de España que despierte hoy en la sociedad española tantas pasiones y tantos malentendidos. Como si los historiadores no hubiésemos cumplido con nuestro deber.

Ello se explica, en mi opinión, por dos factores.

El primero es que ya en su momento el nuevo régimen político levantó grandes controversias. El segundo que quienes se levantaron en armas contra él sintieron desde el primer momento la aguda necesidad de justificar su sublevación. La hicieron con pretextos espurios, que proyectaron después contra sus adversarios.

Las controversias de la época han sido estudiadas exhaustivamente. Con cierta frecuencia en ejercicios de mirada ombliguista. A veces como reflejo de las tensiones contemporáneas en otros países de la Europa occidental. Personalmente me sitúo en la vía de en medio, entre unos y otros. Desde hace más de diez años he tratado de recuperar la importancia y significación de los análisis que en su momento hizo el embajador británico en España sir George Grahame, quizá el más agudo analista extranjero de la época. (Dentro de unos días saldrá a la luz una biografía suya cuya autora ha empeñado muchos años en la labor y, sin todavía conocer el resultado, ya me apresuro a recomendarla a los lectores).

Grahame ofreció al Foreign Office un contrapeso a gran parte de la prensa británica y sus frecuentes intoxicaciones. Ubicó en el centro del análisis las contradicciones entre aquellos republicanos que ponían el énfasis en las reformas políticas, institucionales, culturales, religiosas y educativas y quienes querían forzar el ritmo del cambio económico y social. Unos y otros tenían razón, pero cómo armonizar las disensiones no fue fácil ni en el primer bienio republicano-socialista, ni en la primavera que siguió al bienio de reacción.

Creo que el diagnóstico de Sir George fue correcto. Quienes llegaron al poder en 1931, hace ahora 90 años, tenían ideas bastante claras sobre lo que era preciso hacer.

Partían de la idea de que la Monarquía se había apoyado en una Iglesia dominante, un Ejército desviado de sus cometidos naturales, una aristocracia y una oligarquía egoístas y un Parlamento de pacotilla en el que se alternaban sus representantes.

La Monarquía había dejado a España en la oscuridad y en el atraso, con un inmenso nivel de analfabetismo. Lo que se necesitaba era, pues, arrumbar las viejas cadenas y abrir las puertas a una auténtica regeneración material y moral.

Los cambios del primer bienio (separación entre la Iglesia y el Estado; autonomía de Cataluña; reformas agraria, educativa y del régimen de familia; modificación del arcaico sistema de relaciones laborales, particularmente en el campo, etc.) estaban orientados a promover dicha regeneración. Provocaron una furiosa resistencia entre quienes se veían perjudicados en sus intereses y en su ideología. No tardaron en llegar a una sublime e inequívoca conclusión: la “revolución” era solo cuestión de tiempo y no tardaría en adquirir connotaciones no ya “rojas” sino hipergranates.

Me ha costado bastante trabajo poner en su sitio el entramado de la conspiración que, desde el primer momento, los derrotados empezaron a hilar contra el nuevo régimen. Los más enrabietados nunca quisieron darle una oportunidad. Sus actividades subversivas empezaron a discutirlas el mismo 14 de abril. El problema era que la nueva República no tardó en echar raíces entre unas masas que vieron por primera vez la posibilidad de influir de manera decisiva en la política grande y pequeña, a nivel estatal, regional, provincial y local.

No estaba escrito en los cielos que la República terminase en una guerra civil primero e internacional, por interposición, después. Los fallos fueron humanos, aunque también sistémicos. La conjunción republicano-socialista del primer bienio no tardó en experimentar tensiones rupturistas, pero en septiembre de 1933 fue el presidente de la República, hoy tan ensalzado, en mi opinión un político mediocre, Niceto Alcalá-Zamora, quien retiró su confianza a Manuel Azaña.

Ello llevó a la convocatoria de nuevas elecciones que las izquierdas desunidas no pudieron ganar. Con ello empezó la revancha. La amnistía a los exiliados monárquicos y sublevados del 10 de agosto de 1932 trasladó en la primavera de 1934 el centro de la conspiración a su lugar natural: el interior del sistema.

Mientras los nuevos gobiernos de centro-derecha se dedicaban con afán a limitar, cuando no deshacer, el alcance de las reformas previas, los monárquicos (de las dos ramas) se sintieron con fuerzas para dar un paso al frente: buscar una alianza clandestina con la Italia fascista y comenzar un par de meses después (si es que no lo habían hecho antes) a infiltrar las fuerzas armadas a través de la Unión Militar Española (UME), cuya importancia nada menos que el propio Franco se esforzó en disminuir en todo lo posible.

Todo aquello ocurrió antes de la supermitificada “revolución de octubre”. Fue, sin embargo, un potente catalizador. La subversión en el Ejército se intensificó. ¿El eslogan? Asturias solo habría sido el comienzo. Continuaba la preparación de una delirante “revolución roja” en ciernes y “todos los buenos españoles”, en particular los militares, tenían ante sí el supremo deber de anticiparse a la misma.

A los sucesivos gobiernos de centro-derecha el tema no les preocupó. Si la subversión iba contra las izquierdas, miel sobre hojuelas. Ciertamente, casi todas las memorias de los prohombres del período pasaron con cuidado sobre tales actividades subversivas. No iban dirigidas contra ellos. Leer hoy las memorias de Gil Robles, Lerroux, Chapaprieta, Portela, etc. etc., es para echarse a llorar.

Para mí la clave del período se encuentra en una visita que Don Antonio Goicoechea hizo a Mussolini en octubre de 1935: pidió dinero para seguir sufragando las actividades subversivas, en nombre de la Unión Militar Española y de su propio partido, Renovación Española, en el que el ínclito tribuno Don José Calvo Sotelo ya brillaba con luz propia. Pero, no como si fuera de paso, espetó al Duce (presidente del Gobierno, ministro de la Guerra, de Aeronáutica y de Asuntos Exteriores a la vez) con toda crudeza un mensaje inequívoco: si las izquierdas vuelven al poder, nos sublevamos.

A la vez, un general proto-golpista, Manuel Goded, confirmó al presidente Niceto Alcalá-Zamora un mensaje parecido: el Ejército no podía consentir que el poder fuera a parar a manos de las izquierdas más o menos extremistas. Don Niceto transmitió la “buena nueva” al entonces presidente del Consejo, Joaquín Chapaprieta, quien se la repercutió al ministro de la Guerra, Don José María Gil Robles. Este quitó importancia a la cosa. Don Niceto estimó que la declaración equivalía a una “coacción, cuando no una amenaza” pero, en realidad, se quedó tan tranquilo.

En febrero de 1936 las izquierdas republicanas (no los socialistas, anarquistas o comunistas) llegaron al poder y formaron gobierno. Los monárquicos y el conjunto variopinto de las derechas cedistas aceptaron, encantados, lo que los militares les habían dicho que iban a hacer.

Por supuesto que ninguno pensó que el resultado iba a ser la entronización de Franco.

Lo que antecede está demostrado documentalmente por numerosos autores. Lo que una parte de la clase política, el sistema educativo, diversos medios, las vibrantes redes sociales y el boca a boca transmiten todavía hoy son cosas muy diferentes. Y, naturalmente, los mitos en los que siguen abrevando, dale que te pego, eminentes –ya que no siempre respetados– políticos, resultan impermeables a las “justificaciones” de la sublevación y de explicación de la guerra civil que propagó la dictadura.

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Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha retado este viernes al resto de formaciones del Congreso a promover conjuntamente la creación de una comisión de investigación sobre las "presuntas irregularidades" en las que habría incurrido el rey Juan Carlos a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, publicadas por OKdiario y El Español.

El responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, y el diputado de En Comú Podem Joan Mena han comparecido en el Congreso para animar al resto de partidos a impulsar juntos esta iniciativa desde el convencimento de que "en una democracia, no puede haber espacios de impunidad".

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, portavoz adjunto de Unidos Podemos, ya anunció este viernes en un desayuno informativo su intención de solicitar esta investigación parlamentaria y horas después han sido sus compañeros de grupo los que han hecho el llamamiento público al resto del arco parlamentario para que se sumen a la iniciativa.

Para registrar la petición de creación de una comisión de investigación es necesaria la firma de dos grupos o de 70 diputados. Unidos Podemos tiene 67 escaños y no se le sería difícil recabar el apoyo de otro grupo o de, por ejemplo, los cuatro diputados de Compromís, para formalizar la solicitud.

De hecho ya anticipan que su intención es registrarla en cualquier caso, pero antes quieren intentar que sea todo el Congreso el que promueva la investigación y que si algún partido no quiere sumarse lo diga claramente. "Si alguien cree que debe haber espacios de impunidad, que lo diga", ha afirmado Mayoral, recalcando que "nadie puede estar por encima de la ley, se llame como se llame" y que "los Borbones también tienen que responder por sus conductas".

"La institución monárquica no la eligen los ciudadanos ni responde ante los tribunales, que menos que lo haga ante la soberanía popular", ha indicado Mayoral, incidiendo en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer la verdad" respecto al padre del actual jefe del Estado y si utilizó la institución para convertirse en "supermillonario".

De su lado, Mena ha explicado que es una "obligación moral y ética" de su formación promover esta investigación y ha mostrado su esperanza de que "la mayoría progresista que echó al Gobierno corrupto de Mariano Rajoy permita que sea una comisión de investigación la que clarifique las graves denuncias" que se han conocido a través de las grabaciones a la aristócrata alemana.

Mayoral ha recalcado que hay sospechas de que el Rey Emérito puede haber participado en actividades "corruptas", de "evasión fiscal" y que se podría haber beneficiado de la "amnistía fiscal ilegal" aprobada por el Gobierno del PP. "Es un buen momento para que todos estos datos se pongan sobre la mesa y se clarifique cómo se puede haber podido llegar a esta situación", ha defendido. El dirigente morado ha señalado que hay "dudas" sobre si los hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014 podrían ser juzgados y ha destacado que hay juristas que no tienen ninguna de que los ocurridos después de esa fecha sí podrían ser objeto de una investigación judicial.

En cualquier caso, desde su punto de vista, la ciudadanía tiene derecho a conocer los negocios del exjefe del Estado, con independencia de cuándo se llevaran a cabo, por ejemplo, "si se acogió a la amnistía fiscal, si tiene o ha tenido dinero en paraísos fiscales o si se prevalió de su cargo para cobrar comisiones". "Es importante que haya un consenso político para clarificar qué ha ocurrido; no es admisible que se imponga la omertá. Lo mínimo es que haya una comisión de investigación, aunque luego cada partido saque sus conclusiones, pero no puede ser que se imponga el silencio, la opacidad y una absoluta impunidad", ha sentenciado.

Además, anticipando que, si se aprueba la investigación, para lo que se requieren más votos a favor que en contra, una de las muchas personas que tendrían que comparecer sería el propio Rey Emérito. "No vamos a agachar la cabeza ante nadie", ha asegurado.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, había avanzado a primera hora que su formación iba a pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein y había señalado que, de salir adelante su propuesta, pedirían la comparecencia del propio rey emérito.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Garzón ha denunciado el "silencio" que, a su juicio, están protagonizando tanto el Gobierno como la Casa Real al respecto, y ha acusado al CNI de conocer las supuestas irregularidades reveladas por Corinna. "Hay instituciones del Estado que sabían lo que estaba pasando. La Policía, el CNI sabían lo que estaba pasando con la Casa Real y no actuaron", ha reprochado.

IU ya avanzó el miércoles que iba a presentar una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para que, entre otras cosas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la ministra de Defensa, Margarita Robles, den explicaciones sobre las revelaciones de la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y para que Hacienda investigue las supuestas cuentas suizas del rey Juan Carlos I que ella ha señalado.

Esa confusión embarga a demasiadas personas en este tiempo convulso en que hay tal identificación entre mapa y territorio que puedes escuchar en un parlamento vejado por las fuerzas mayoritarias algo tan pintoresco como declararse —lo hizo la señora Gabriel, de la CUP— "independentista sin fronteras", o exigir a un gobierno democrático que cumpla la Constitución que enmarca sus leyes, por parte de quienes la quieren dinamitar, o ver cómo gente inteligente y representativa cree haber cubierto una etapa histórica por el solo hecho de firmar un papel sin validez.

Conviene, por tanto, separar bien el trigo de la paja, la teoría de la realidad, la abstracción del hecho y hasta la idea de la acción con el fin de no encontrarse con la sorpresa de que la vida sea algo diferente de lo que queremos e incluso de lo que creemos. De no hacerlo, corremos el riesgo de vivir en una constante frustración o, lo que es más peligroso sobre todo para los demás, tratar de modificar la realidad imponiendo lo que nosotros queremos por encima de lo que debe o puede ser.

España está viviendo una crisis de Estado como no se había vivido desde el golpe que abrió el camino a la Guerra Civil. El régimen democrático, que es mucho más que eso que llama la izquierda desnortada Régimen del 78, está sufriendo un ataque preparado y organizado desde hace tiempo y con determinación y estrategias revolucionarias a la búsqueda de una independencia que no quiere el pueblo español y tampoco desea más de la mitad de los catalanes. Un golpe cuyo objetivo es mantener o buscar hegemonías de poder con el telón de fondo de la insolidaridad con el resto de "pueblos" de España. Ni siquiera su considerable apoyo popular le dota de legalidad ni resta puntos a la inmoralidad antidemocrática que supone. No siempre el apoyo popular, el impulso de las masas, es identificable con la justicia democrática. La historia reciente está llena de ejemplos, incluso con mayorías sociales muy superiores a los porcentajes de apoyo que está teniendo este procès en barrena.

Ante esta situación resulta sorprendente encontrarse con críticas por parte de personas o grupos no secesionistas, no partidarios de la independencia, por si alguien no me entiende, a quienes desde una ideología esencialmente republicana han apoyado de hecho y de palabra a la Jefatura del Estado que ocupa y representa el rey Felipe VI. No lo digo porque tenga alguna reserva ante la expresión libre de opiniones frente a cualquier cosa, sino por quienes sostienen que la Jefatura del Estado no puede gestionar ni el Estado ni sus crisis por el mero hecho de no haber sido ocupada por alguien elegido democráticamente. Como no ha habido elecciones a rey, no vale lo que haga o diga el rey.

Pues no. Se puede criticar la acción o las decisiones del rey al frente de su responsabilidad como jefe de Estado, pero descalificarlas o restarles valor e incluso credibilidad democrática por el hecho de partir de una institución predemocrática es no sólo una injusticia, sino una perfecta estupidez. Es confundir el mapa con el territorio, dar más valor a la teoría que a la práctica, al principio que a la consecuencia.

El mundo real es el que es, y no supone renunciar a los principios aplicarlos en función de criterios de racionalidad y –lamento que el término esté tan devaluado— de sentido común.

La fe en la república, su defensa como objetivo democrático, no debe cerrarnos los ojos tanto como para negar la capacidad y el mérito a quien ocupa una Jefatura de Estado heredada en una monarquía democrática sujeta a las decisiones y la legalidad de un parlamento democrático.

Porque cabe preguntarse razonablemente: ¿un presidente de república gestionaría la situación mejor que el rey? ¿Su vinculación a un partido político sería más garantista que la actual dependencia del parlamento? ¿Seguro que un presidente partidario, democráticamente elegido, estaría exento de la corrupción que contamina la política española hoy? ¿Su formación y criterio sería mejor que el del actual monarca? ¿Quién está seguro de eso?

Repito, no confundamos el mapa con el viaje, con el territorio. En este momento, o se está con la ley o frente a ella. Y estar con la ley es, ahora mismo, estar con la Jefatura del Estado a cuyo cargo está el rey Felipe VI. Eso lo tenían claro los cientos de asistentes a la recepción del pasado jueves, republicanos muchos de ellos. Y lo tienen claro –mucho más aún— los millones de españoles para los que la crisis de Cataluña está sirviendo como elemento vertebrador.

Siempre, por supuesto, que no se esté pretendiendo aprovechar esta crisis para tratar de sacar tajada política tras el escudo del republicanismo. Como diría el padre primigenio de la actual criatura independentista, el señor Pujol, que ya no citan ni sus más aventajados alumnos del 3 por ciento, ahora no toca. Por muy mediadores o bomberos que se crean.

Y si no lo ven, que esperen a las urnas cuando llegue el momento. El papel lo resiste todo, pero el de los votos es muy sensible a la realidad.

27 de abril de 1986. Representantes de formaciones como el PCE, el Partido de Acción Socialista (Pasoc), el PSUC o Izquierda Republicana (IR) se reúnen en el despacho de la abogada Cristina Almeida en la calle del Españoleto de Madrid para ratificar ocho compromisos para la creación de una "fuerza política alternativa". Acababa de nacer Izquierda Unida, una organización que este miércoles cumple treinta años y que en julio se enfrentará a una decisión que podría implicar su superación para construir una nueva formación que la suceda.

En 2011, cuando se cumplían 25 años de la fundación de IU, la federación programó una fiesta para celebrar la efeméride. Cinco años después, no está previsto ningún fasto similar, ya que IU se encuentra a las puertas de dos frentes: la probable repetición de las elecciones generales y la preparación de una Asamblea Federal que –si no hay cambio de fechas– se celebrará en junio y que definirá el futuro de una organización que nació en 1986 para hacer frente al "desvanecimiento del proyecto de cambio" que achacaba a la "actitud centrista" del PSOE a nivel económico y a su "derechización" en la política exterior.

Fueron representantes de hasta nueve partidos los que se reunieron aquel 27 de abril de 1986 en el despacho de Cristina Almeida. El PCE era la formación más potente de las presentes, pero allí también hicieron acto de presencia los mencionados Pasoc –la formación liderada por Nicolás Sartorius–, PSUC e IR, así como la Federación Progresista –el partido de Ramón Tamames–, el Partido Humanista, el Partido Carlista, el Partido Socialista de los Trabajadores y Unificación Comunista. Las dos últimas fuerzas rechazaron entrar en la confluencia y los carlistas y humanistas la abandonaron a los pocos meses, pero el resto sí que se avinieron a firmar el compromiso que les coaligaba para las elecciones generales que se celebraron ese año. Acababa de nacer IU.

Tal y como recoge una carta del entonces líder de IR, Isabelo Herreros, al excoordinador federal de IU, Julio Anguita, nombres como los de Enrique Curiel, Gerardo Iglesias, Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Gregorio López Raimundo, Alonso Puerta o el del propio Herreros estuvieron presentes en aquella reunión, a la que también asistieron personas sin adscripción partidaria en ese momento, como Humberto Da Cruz, José Luis Balbín, Juanjo Rodríguez Ugarte, Jaime Miralles y Antonio Elorza, así como la propia Cristina Almeida, anfitriona del acto.

"Restos del naufragio"

"Aquella del 27 de abril sólo fue la última reunión, pero habíamos tenido conversaciones antes". Así lo explica Herreros, que representaba al partido sucesor del que fundó durante la II República Manuel Azaña. Y es que la organización –que en principio actuó como coalición bajo el nombre "Plataforma de la Izquierda Unida"– fue creada a raíz de las movilizaciones que exigían un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, que finalmente se celebró y en el que venció la opción de permanecer en la alianza.

Fue en esas movilizaciones, sostiene Herreros, donde se creó el caldo de cultivo para la confluencia de las fuerzas a la izquierda del PSOE en una única estructura. "En 1983 iniciamos las primeras conversaciones con otras organizaciones para pedir un referéndum sobre la OTAN, y en 1984 teníamos una plataforma más o menos estable en la que estaba incluso gente del CDS", el partido del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, afirma el dirigente, que señala que las reuniones de aquella organización –que operaba bajo el nombre de Mesa por el Referéndum– se realizaban en el despacho de Ramón Tamames.

La idea de trascender esta organización y coaligar fuerzas de cara a las generales de 1986 comenzó a tomar forma en 1985, asegura por su parte Cristina Almeida, que señala que fue en ese año en el que recibió la llamada de Gerardo Iglesias, por entonces secretario general del PCE. "Después de haber sido expulsada por Santiago Carrillo del PCE en 1981, me llamó Gerardo para crear una fuerza unitaria y sin sectarismos, que buscaba la unidad de la izquierda", explica Almeida, que señala que la voz cantante en las negociaciones la llevaban el PCE, el Pasoc, los independientes de CCOO y algunos de los expulsados del PCE presentes.

Los comunistas, explica por su parte Gaspar Llamazares, excoordinador de IU y antiguo militante del PCE, vieron su inclusión en una organización más grande "como un paso natural, como una necesidad pero también valorando la potencialidad" de esa confluencia. Llamazares explica que en las conversaciones se intentó integrar a la Mesa para la Unidad de los Comunistas, la organización creada por Carrillo tras su abandono del PCE, pero señala que el "padrinazgo" que el dirigente pretendía ejercer sobre la nueva coalición imposibilitó su entrada. 

También se negoció sin éxito con la Liga Comunista Revolucionaria, apunta a este respecto Herreros, que explica que en la reunión del 27 de abril de 1986 se consiguió vencer la resistencia del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), el antiguo sector prosoviético del PCE que se había escindido de éste y que acabó integrándose en la nueva coalición. El nombre de la organización también fue un elemento de debate en el encuentro: Izquierda Unida podría haberse llamado Mesa de la Unidad de la Izquierda, explica el dirigente de IR.

"La verdad es que entonces nadie daba un duro por aquello", recuerda el dirigente de IR, que admite que quienes se reunían bajo las nuevas siglas eran "restos del naufragio" sufrido por el PCE, en un momento en el que el comunismo en Europa pasaba por una fuerte crisis derivada de las dificultades a las que se enfrentaba la URSS y en el que el partido que había sido la punta de lanza de la lucha contra el franquismo había obtenido en 1982 cuatro exiguos diputados frente a un PSOE con una aplastante mayoría de 202 escaños. Tanto él como Almeida reconocen que, entre algunos sectores, existía el miedo de que IU únicamente fuese un intento de los comunistas por esconder su marca y hacerse con el control de la nueva organización.

Pero en cualquier caso, ese día se firmó un documento de bases con ocho acuerdos fundamentales, el primero de ellos el de "concurrir conjuntamente" a las generales de junio de ese año. Entre los compromisos programáticos conjuntos, las fuerzas firmantes planteaban la salida de España de la OTAN, un plan de estímulo económico basado en la inversión pública, la amnistía para los militares condenados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD) o la reforma electoral, y también se comprometían a formar un grupo parlamentario común.

A partir de ahí, la alianza no se rompió. Del logotipo con forma de "caja de herramientas" –como lo define Llamazares– en el que estaban presentes los emblemas del PCE, el Pasoc, el PCPE y la Federación Progresista, se pasó en 1988 a una imagen propia que eliminaba la simbología comunista. En 1989, quien había sido su primer coordinador general, Gerardo Iglesias, dimite y es sustituido por el que un año antes le había sucedido al frente del PCE: Julio Anguita.

Anguita, la etapa del establecimiento

Es con el icónico dirigente izquierdista, cuyo ejercicio de la Alcaldía de Córdoba entre 1979 y 1986 le valió el sobrenombre de Califa Rojo, con quien IU ha tenido sus mejores resultados a nivel electoral. De los siete diputados obtenidos por IU en 1986 –tres más de los que había conseguido el PCE en solitario en 1982–, Anguita pasó a 17 escaños y un 9% de los votos en 1989, convirtiendo a IU en tercera fuerza política.

"La presencia de Julio supuso un cambio importante en IU, porque vino de un ayuntamiento importante y le tocó gestionar un ciclo de ilusión en la organización", explica Llamazares, que afirma que la de Anguita fue la etapa del "establecimiento" de IU en el panorama política. Este tiempo estuvo, no obstante, repleto de retos a nivel interno, ya que se puso en marcha la polémica estrategia de las "dos orillas" y también fue entonces cuando el PCE se avino a ceder estatutariamente sus competencias electorales a IU, si bien se resistió a su disolución, como pretendía el sector que en 1996 acabó configurando dentro de IU el partido Nueva Izquierda, pilotado, entre otros, por Almeida.

Con la estrategia de las dos orillas, la intención de Anguita era situar al PSOE y al PP en el mismo plano y colocar a IU como la única organización garante de los derechos de los trabajadores. De ahí que la formación se opusiera fuertemente a los pactos con los socialistas y ejerciera una oposición muy crítica con el PSOE, una oposición que algunos medios calificaron de "pinza" por su coincidencia con la del PP y que generó discrepancias dentro de IU.

Fue a Manolo Monereo, histórico dirigente de IU, a quien se le ocurrió la idea del sorpasso al PSOE, asegura Herreros, que afirma que en un momento de crecimiento de la organización Anguita cometió el error de ponerse públicamente al Grupo Prisa en contra. Y es que el líder izquierdista aseguró tras una comida con periodistas de El País que había sufrido "brutales presiones" para pactar con los socialistas por parte del medio.

Pero las discrepancias con respecto a la postura de Anguita se manifestaban también dentro de la propia IU. "Anguita actuó más como representante del PCE que como representante de IU", sostiene Almeida, que entonces era una de las diputadas críticas con la estrategia del coordinador y que sostiene que tanto ella como el resto de sus compañeros de Nueva Izquierda interpretaron que la estrategia de las dos orillas suponía la "destrucción de la unidad de la izquierda".

Las discrepancias políticas llegaron a su culmen durante la votación de la reforma laboral de 1997, cuando los tres diputados de Nueva Izquierda presentes en el grupo de 21 que tenía IU –el mejor resultado histórico de la formación– se negaron a votar contra la reforma laboral acordada entre patronal y sindicatos, tal y como había decidido la federación. Tras esta negativa, Nueva Izquierda fue expulsada de los órganos de IU en junio de 1997 y de toda la federación en septiembre de ese mismo año.

El problema generó mucho revuelo alrededor de la formación, aunque según Almeida las diferencias trascendían las meras cuestiones políticas y estaban inscritas en una discrepancia mayor sobre el modelo de partido que debía tener IU. "El debate siempre fue el mismo: la incapacidad del PCE para disolverse, abandonar su protagonismo dentro de IU y acometer la unidad", sostiene la exdiputada, que asegura que su corriente defendía una disolución de las siglas dentro de la federación que nunca se produjo.

En cualquier caso, la teoría del sorpasso al PSOE caló dentro de IU, asegura por su parte Llamazares, que plantea que también se interpretó esta posición dentro de IU como una manera de plantarse ante un PSOE que buscaba implantar un "modelo británico" de bipartidismo más acentuado en España absorbiendo a la masa de votantes de la federación. "Pero es verdad que esa estrategia provocó tensiones, que a nivel interno se resolvieron con la salida de Nueva Izquierda y a nivel externo nos generaron problemas, porque la antropología social no considera que el PSOE no esté en la misma orilla que nosotros".

Batacazo electoral de Frutos y llegada de Llamazares

Esos problemas externos a los que se refiere Llamazares tuvieron una traducción numérica en las siguientes elecciones generales del año 2000, cuando IU pasó de sus 21 diputados a tan sólo 8. El candidato, sin embargo, no fue Anguita, que tuvo que renunciar a ello por sus problemas cardiovasculares y que fue sustituido por el entonces secretario general del PCE, Francisco Frutos, que en la Asamblea Federal que celebró IU en el año 2000 para elegir a su nuevo coordinador perdió por un estrecho margen frente a Gaspar Llamazares, que se convirtió en el nuevo líder federal.

Pese a que los discursos de Llamazares y Frutos el mismo día de la elección tuvieron ánimo integrador, lo cierto es que durante los ocho años de liderazgo del ahora diputado asturiano los enfrentamientos internos no hicieron más que recrudecerse, especialmente con el aparato del PCE. El propio Llamazares –que por entonces aún era militante comunista– asegura que "la idea que tenía el partido para suceder a Julio provocó una asamblea conflictiva, y se tomaron los resultados como si el partido hubiera perdido, aunque yo fuera tan del PCE como Frutos".

"La mar de fondo de los problemas internos de aquella etapa viene de ahí, y es cierto que los resultados electorales no acompañaron", admite Llamazares. Bajo su mandato, IU obtuvo cinco diputados en 2004 y únicamente dos –uno de ellos, de ICV– en 2008. Tiempos duros para una federación que se vio entonces acosada por sus deudas económicas y por las luchas internas entre el sector de Llamazares y aquellos que lo acusaban de comportarse como un mero apéndice del PSOE, entre quienes se encontraba Frutos, que no obstante para las elecciones del año 2000 había firmado un acuerdo preelectoral entre PSOE e IU.

Llamazares, no obstante, defiende su gestión durante aquellos años. "El partido [comunista] pensaba que yo era una especie de advenedizo provinciano", protesta el excoordinador, que no obstante asegura que IU fue "clave" en actuaciones como las movilizaciones contra la Guerra de Irak, que tuvieron lugar en 2003. "Ahí fuimos un movimiento político y social tanto o más que en las movilizaciones contra la OTAN, estábamos en la calle más que en las instituciones", sostiene Llamazares, en un momento en el que precisamente el sector del actual líder parlamentario de IU, Alberto Garzón, ha puesto en duda la implicación de IU con los movimientos sociales.

"También impulsamos la Ley de Dependencia o la sanidad pública, y conseguimos aprobar propuestas que no estaban en el programa del PSOE", asegura Llamazares en referencia a la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. "Pero no fuimos capaces de capitalizarlo", lamenta el excoordinador, que fundamentalmente achaca a las "luchas internas" este fracaso.

Isabelo Herreros abunda en esta idea, aunque critica que Llamazares quisiera, a su juicio, gobernar IU con unos apoyos muy escasos. "Gaspar fue un gran parlamentario, pero yo creo que fue un mal coordinador", asegura Herreros, que sostiene que "no se puede dirigir con el 50,1%". "No supo tener una buena relación con el aparato del PCE, aunque es verdad que no le dieron cuartel... y al cabo de los años, te preguntas cuáles eran las diferencias políticas, y llegas a la conclusión de que lo que había realmente eran luchas de poder", lamenta el dirigente de IR.

Con Cayo Lara se pacificaron algunos conflictos

El fracaso electoral de 2008 llevó a la renovación de la dirección, que recayó en Cayo Lara. El actual coordinador, que abandonará su cargo en junio –cuando se celebre la XI Asamblea Federal de IU–, es reconocido fundamentalmente por haber cerrado buena parte de los conflictos internos que existían en IU cuado Llamazares pasó el testigo. "La labor de Cayo ha sido muy callada, interna, de tejer alianzas, y para esta etapa ha sido un buen coordinador", sostiene Herreros, que pone como ejemplo la crisis que sufrió IU Asturias en 2007, cuando la dirección de la federación en Oviedo, enfrentada a la autonómica, decidió presentarse por separado al consistorio bajo las siglas de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, obteniendo un edil.

No ha sido el único problema interno solventado bajo la dirección de Lara. En 2015, IU federal decidía desvincularse oficialmente de IU-Comunidad de Madrid, su hasta entonces referente en la región, sacudido por una fortísima división interna que terminó convirtiéndose en un enfrentamiento con la dirección federal a cuenta, entre otros motivos, del rechazo de IU-CM a la confluencia con Podemos. Los problemas, no obstante, venían de atrás, ya que algunos sectores acusaban a parte de la dirección autonómica de connivencia en el caso Bankia.

En cuanto a los resultados electorales, las generales de 2011 supusieron una fuerte recuperación de IU, que pasó de 2 a 11 diputados dentro de la coalición La Izquierda Plural. La subida en las encuestas, que llegaron a situar a IU en el entorno del 13% de intención de voto, se vio sin embargo frenada de golpe por el torbellino que supuso la irrupción de Podemos. Desde entonces, el debate fundamental en IU ha estado situado en torno a la necesidad de confluir o no con el partido morado.

Después de que IU-Unidad Popular obtuviera dos diputados en las elecciones de diciembre de 2015, los esfuerzos de la federación se dividen ahora mismo en dos frentes: su Asamblea Federal de junio y la probable repetición electoral, donde existen posibilidades de que IU constituya una única candidatura con Podemos. La posición del favorito para hacerse con el timón de IU, Alberto Garzón, es proclive a un pacto con el partido morado, aunque sin que la federación diluya sus siglas.

En cualquier caso, el debate sobre la confluencia se enmarca dentro de uno mayor: hacia dónde debe caminar IU en el futuro. Hace unas semanas, el PCE decidió retirar las competencias electorales de la federación –a quien se las había cedido hace años–, en un movimiento que ha levantado suspicacias entre los sectores críticos. En cualquier caso, el propósito de Garzón es reformar IU a nivel interno para agilizar sus órganos y potenciar su cercanía a los movimientos sociales, si bien corrientes críticas como la de Llamazares aseguran desconocer a qué se refiere el diputado cuando hablar de volver a ser un movimiento político y social.

“El debate no es 'IU sí' o 'IU no', sino ruptura o reforma”, aseguró Garzón en una entrevista en infoLibre a principios de abril. Llamazares, por el contrario, asegura que la "tensión" interna se produce entre quienes buscan "cambiar el espacio político" en el que se mueve la federación y los que son contrarios a ello. "La transmigración de IU a Podemos supondría la pérdida de una cultura política, y puede hacer que no podamos volver atrás y recuperar nuestra identidad", alerta el excoordinador.

La discusión se encuentra abierta. Junio será la fecha clave para dilucidar si la organización está en peligro, como afirman los sectores críticos, o si por el contrario su permanencia está garantizada, como defiende Garzón. Por de pronto, el próximo 27 de abril no están previstos fastos por los 30 años de IU, pero el aniversario coincidirá con una reunión de la Presidencia Federal de la formación –su órgano de dirección intermedio– para analizar la prácticamente inevitable convocatoria de elecciones. La organización entrará en su tercera década como nació: en torno a una mesa.

Izquierda Unida observa que se ha "normalizado el discurso republicano". Que ya no resulta tan extraño hablar de la remoción de la monarquía y del salto hacia la Tercera República. Pero cree que, aunque su demanda no esté en primera línea, por la emergencia de la crisis económica, social y política, no hay que perderla de vista. Por ello la dirección lanza la convocatoria de un "gran acto público", en torno a la fecha del próximo 6 de diciembre, con una "participación relevante de cargos públicos por la república". Todo ello para "dotar a la celebración de un gran peso simbólico y democrático". 

Este sábado, la Presidencia Ejecutiva Federal de IU, el órgano intermedio de mando que componen 75 miembros y coordina José Luis Centella, aprobará previsiblemente una resolución de compromiso de los representantes institucionales de IU con el "proceso constituyente republicano". El texto, al que ha tenido acceso infoLibre, lo firman los responsables de Política Municipal, Manuel Fuentes (exalcalde de Seseña, Toledo), y Movimiento Republicano, Isabelo Herreros. Con él se pretende que desde IU federal, y en cascada hacia abajo, hacia todos los órganos de poder regionales, provinciales y locales, se impliquen en la convocatoria, para que "impulsen y dinamicen la participación".

Fuentes y Herreros recuerdan que, aparte de las marchas del 14 de abril, se viene celebrando desde hace años una "manifestación republicana de carácter estatal" sobre el 6 de diciembre, coincidiendo con los actos de conmemoración de la aprobación de la Carta Magna de 1978, "con la finalidad de denunciar el incumplimiento de los presupuestos básicos" de la Constitución. En esa convocatoria anual participa IU y, "de manera ingularizada", el PCE e Izquierda Republicana, de la cual Herreros ha sido un dirigente histórico. Pese a los "problemas" que la federación ha tenido que "sortear cada año", el "balance es positivo", por por ayudar a asentar el discurso republicano y a proyectar en él "una imagen de hegemonía de IU".

El buen sabor de boca del último 14 de abril

La formación de Cayo Lara se adhirió formalmente en 2013 a la Junta Estatal Republicana (JER), una plataforma que agrupa a 50 organizaciones en defensa de la III República que nació justo un año antes, en 2012. Pues bien, la JER, en su segundo encuentro, el pasado enero, acordó en su declaración final convocar este "gran acto público de pronunciamiento de cargos públicos por la república", que suponga "una fuerte carga reivindicativa por esta alternativa y por su importante valor simbólico". 

Los contornos de esa convocatoria –lanzada por tanto por IU y por la JER– no están aún "definidos" del todo. Aspectos básicos: acto nacional, bajo las siglas de la Junta Estatal, en Madrid, "en fecha en torno al próximo 6 de diciembre", abierto a cualquier fuerza que apoye la caída de la monarquía, y que tenga "asegurada una amplia participación presencial de sus cargos públicos institucionales". El fin último es que el acto se convierta en un "hito". Como lo fueron las últimas manifestaciones del 14 de abril, más multitudinarias que las de años anteriores, aunque las de este año coincidieron en el tiempo con la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos.