“Me declaré culpable de haber ejercido el periodismo”. El discurso de Julian Assange ante el Consejo de Europa, este martes 1 de octubre, fue pausado. Entre dos frases, el denunciante y periodista, libre desde finales de junio tras catorce años de cárcel, se tomó el tiempo necesario para sopesar sus palabras.

Acudió para responder a las preguntas de los miembros de una comisión que trabaja desde enero en un informe sobre su detención y sus efectos disuasorios sobre los derechos humanos. El informe se presenta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este 2 de octubre de 2024. “La experiencia de permanecer aislado te saca de ti mismo, te quita el alma. Expresarme hoy ante ustedes es difícil”, comenzó Julian Assange, que se recupera de su estado de salud junto a su mujer y sus hijos en Australia desde finales de junio. Esta es su primera aparición pública desde su liberación.

Refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido entre 2012 y 2019, Assange fue encarcelado después en la prisión de alta seguridad británica de Belmarsh. El 26 de junio de 2024, llegó a un acuerdo con Estados Unidos al aceptar declararse culpable ante un juez estadounidense. Por ello, finalmente fue condenado a 62 meses de prisión, correspondientes al tiempo que ya había pasado en Belmarsh.

“Quiero ser muy claro con ustedes: hoy no soy libre”, advirtió Julian Assange durante esta primera aparición pública desde el fin de su cautiverio. Considera que el daño a su libertad de expresión sigue siendo inmenso, aunque en principio no volverá a prisión: “Me declaré culpable de haber ejercido el periodismo, no de otra cosa. Espero que mi testimonio sirva para señalar los puntos débiles en la salvaguarda de la libertad de expresión”.

En concreto, Julian Assange admite que era culpable de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. “Cuando publicamos este vídeo, mostramos los horrores de la guerra, y el hecho de que los soldados estadounidenses sabían cuántos civiles morirían en este ataque”, explica. “Cuarenta de los 175 años de cárcel a los que Estados Unidos quería condenarme se debían al hecho de que yo había denunciado estas políticas”, señala. El público de la sala del Consejo de Europa contiene la respiración. El carácter excepcional de la visita de Julian Assange es conmovedor. “Estoy feliz de hablar con un hombre libre”, dice un miembro de la comisión.

En varios momentos estallan los aplausos, lo que dibuja una sonrisa de agradecimiento en el rostro de este hombre de 50 años: “El gobierno estadounidense ha tomado una decisión peligrosa al ponerme bajo investigación, ha creado un precedente. Considera que sólo sus ciudadanos tienen libertad de expresión, pero que cualquiera acusado de espionaje según su ley puede ser extraditado para ser juzgado allí”.

Durante su discurso de quince minutos, insiste una y otra vez. Su caso no es aislado, y refleja el sentimiento de omnipotencia de ciertos Estados frente a individuos que revelan sus fechorías. Una “represión transnacional” que “no puede convertirse en la norma”: “Fui condenado por una potencia extranjera por hacer preguntas y publicar información real mientras estaba en Europa. Publicamos vídeos esenciales denunciando crímenes de guerra y eso lanzó un debate público”.

Julian Assange, que recibió otra salva de aplausos cuando pidió que “la luz no se apague nunca”, respondió después a las preguntas de los miembros de la comisión. “No, no habrá investigación judicial sobre los motivos de la petición de extradición, porque Estados Unidos me prohíbe hacer cualquier tipo de petición al respecto. Si no cambian las leyes, seguirá habiendo abusos”, dijo Assange. “Aumentará la impunidad de ciertos Estados y no sabemos si es posible actuar contra eso”, añadió.

La ponente islandesa de la comisión, Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, señala que el mensaje debe llegar a oídos de países como Rusia, Bielorrusia y Turquía: “Es inaceptable abusar de la legislación para silenciar a los disidentes políticos y las voces críticas con un régimen”.

Julian Assange señala que la CIA utilizó métodos “extrajudiciales” y “extraterritoriales” contra él y su entorno. Explica los planes de la agencia de inteligencia para asesinarle en Inglaterra, los virus enviados a su ordenador, la infiltración en el sistema de WikiLeaks, la vigilancia de su mujer y la recogida del ADN de su hijo en sus pañales cuando tenía 6 meses. El denunciante ha anunciado que presentará una denuncia en 2022 contra Mike Pompeo, que era jefe de la CIA durante estos hechos.

Desde su liberación, el australiano admite tener miedo a los coches eléctricos y a su ruido, y estar preocupado por los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos catorce años. Cuestiona el uso de la inteligencia artificial, a la vez una “oportunidad” y un “riesgo”, sobre el que todavía “no lo ha entendido todo”.

Menciona Gaza y Ucrania, donde las imágenes circulan libremente por las redes sociales y decenas de periodistas han sido asesinados. Visiblemente afectado, lamenta el silencio que rodea a estas muertes, una “fractura de la solidaridad periodística, cuando uno de nosotros es el objetivo, todos lo somos”.

Aunque no ha podido solicitar asilo en el Reino Unido, Julian Assange pide al Consejo de Europa que estudie la protección que debe concederse a los refugiados políticos, “esencial para que una persona perseguida pueda salvar el pellejo”.

Ante la pregunta “¿lo volverías a hacer todo si pudieras volver atrás?”, Julian Assange dudó. Al final respondió que lo haría, pero con más recursos. Aunque sabía que su trabajo con WikiLeaks le expondría a presiones políticas, el padre de familia echa la vista atrás y se da cuenta de que fue ingenuo.

Ingenuo por creer que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, le protegería: “En la vida real, las leyes no son más que papeles con palabras escritas en blanco y negro. Las escriben los dirigentes y, si no se adaptan a sus propósitos, las reescriben”.

Julian Assange va a solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos, con el fin de reparar un “antecedente político” perjudicial. Sin embargo, Julian Assange no parece resignarse mientras declara ante el Consejo de Europa. “Quienes comprenden la amenaza que supone el desarrollo de mi historia son los abogados y las ONG que defienden la libertad de expresión”, afirma. Me alegro de estar ante ustedes, ante aquellos a los que les importa un bledo, como decimos en Australia”.

A las 9.51 horas, Julian Assange estaba cansado. El hombre está agotado físicamente tras años en prisión, durante los cuales un simple resfriado podría haberle roto una costilla. Un poco más tarde, su esposa Stella Assange declaró a los periodistas que la presencia de su marido en Estrasburgo era muy excepcional. “Lo importante es que esté mejor, lo demás es secundario”, afirmó.

Explicó que intentarán solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos una vez que su marido se haya recuperado. “El precedente político sentado por su condena no puede repararse más que con este indulto, que es la única manera de garantizar que ningún otro periodista sea condenado por espionaje”, afirma ella.

En la plaza frente al Consejo, muy lejos de las alfombras beige claro de la institución, los partidarios de Assange eran pocos pero muy motivados. Kamila y Michael han desplegado pancartas. Viven en Holanda pero han venido desde Polonia, a más de doce horas en coche. Sólo vieron a su ídolo desde la distancia, ya que fueron interceptados al intentar entrar en la sala del comité. “Tuvimos que tapar nuestros mensajes de apoyo para entrar en la sala", se lamenta Michael, que sigue a la denunciante desde hace ocho años”.

Originaria de Polonia, Kamila conoció a Julian Assange y su historia a través de etiquetas callejeras. “Es mi ídolo”, sonríe. “He participado en manifestaciones, he escrito a políticos... Lo que dice es que la gente que saca a la luz los fallos de los gobiernos está en la cárcel, mientras que los criminales están libres”.

En una breve aparición en la explanada antes de la vista, Julian Assange levantó el puño, acompañado por Stella Assange. “No todos los días ganamos”, susurró una activista emocionada hasta las lágrimas. “La integridad ganará, ganaremos”, coreaba otro.

Un poco más lejos, Geneviève y Jean-Paul, de 75 años, vienen de Metz. Han presentado un permiso para manifestarse hasta las 17.00 horas del 1 de octubre. “Para nosotros, Julian representa el espíritu de libertad y coraje”, sonríe el jubilado. Juntos, cayeron en el activismo para apoyar al denunciante en 2019, al mismo tiempo que se unían a los “chalecos amarillos”.

Estos “activistas de base” se subieron al autobús quince días después de conocer su arresto y detención: “Llegamos con 80 activistas frente al tribunal en Inglaterra, ¡les hizo bastante gracia! Una vez pasamos una semana en la nieve junto a la prisión de Belmarsh para protestar, y no es un lugar agradable para estar... Creamos una base de datos, un sitio web para documentar toda la historia”.

Otros simpatizantes se limitaron a ver a Assange desde la distancia, como dos mujeres todavía enfadadas con la organización, porque al fin y al cabo el acto no estaba abierto al público. Varias horas de viaje para ambos, gastos de hotel y comida... Pero en conclusión, lo admiten: saber que Assange está libre es, en realidad, ya un motivo de satisfacción.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró este miércoles que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido un preso político y pidió a Estados Unidos que modifique la ley de espionaje para no volverla a utilizar contra periodistas ni denunciantes. "La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la ley de espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, (...) justifican su designación como preso político", recoge el texto de la resolución que aprobó hoy el organismo por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

La institución afirmó que "el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar" al australiano "ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental".

Por eso, pidió a EEUU —que no forma parte del Consejo de Europa pero sí es un país observador— que "reforme urgentemente" para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra "el intento malicioso de dañar la seguridad nacional" del Estado.

La resolución también lamentó que el Reino Unido "no logró proteger con eficacia la libertad de expresión" de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh y le pidió que "revise urgentemente" sus leyes de extradición para impedir la entrega de "individuos buscados por delitos de naturaleza política".

Asimismo, reclamó al Reino Unido que "coopere de buena fe" con las autoridades judiciales españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.

El hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa fuese a votar este miércoles esta resolución que le considera un preso político, fue lo que motivó a Assange a romper su silencio tras quedar en libertad el pasado mes de junio, tras un acuerdo con la justicia de EEUU en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje. El miércoles, no obstante, el australiano señaló que si ha podido salir de prisión no es porque "haya funcionado el sistema", sino porque se declaró culpable "haber hecho periodismo".

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes en una intervención en el Consejo de Europa que si está libre es porque se declaró "culpable de haber hecho periodismo". "Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me he declarado culpable de haber hecho periodismo", dijo rompiendo así su silencio después de salir en junio de una cárcel de máxima seguridad en Reino Unido.

"Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré do culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál esa era información. No me he declarado culpable de nada más", continuó Assange, que estuvo privado de libertad entre 2012 y 2012, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en la cárcel.

La puesta en libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje, lo que suponía una condena de 62 meses de cárcel que quedó anulada por el tiempo ya cumplido en Belmarsh.

Assange, que consideró que ha sido "un preso político" porque Estados Unidos le acusó de 18 cargos por delitos de espionaje e intrusión informática, afirmó que "la transición de años de condena en una cárcel de máxima seguridad antes de aparecer ante los representantes de 46 países ha sido un cambio realmente profundo".

El fundador de WikiLeaks dijo también que su acuerdo con la justicia estadounidense le impide denunciar al país sobre su solicitud de extradición ni pedir información sobre lo que ocurrió y afirmó que la CIA ha quedado "impune" ante los jueces de su país.

Assange, que se hizo famoso en 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos secretos o de contenido sensible que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán dijo que "los periodistas tienen que ser activistas de la verdad".

Su principal objetivo ahora es readaptarse a la vida en libertad: "Mi readaptación al mundo incluye algunas cosas positivas pero también complicadas como volver a ser un padre de un hijo que ha crecido sin mi. Volver a ser un marido".

Assange rompió así su silencio en una intervención de casi una hora y media en el Consejo de Europa. "Todavía sigue sufriendo los efectos (...) de las duras condiciones a las que se le ha sometido", dijo su mujer, Stella Assange, que le acompañó en esta ocasión. 

Algunos dirán que ello es consecuencia del poder que ejerce la todavía primera potencia mundial sobre el resto del mundo, en cuanto a imperio, y no les faltará razón. Otros señalarán que lo que ocurra en esa zona del planeta afectará de una u otra manera al resto de mundo, pero en este aspecto es donde los que sufren y mueren (por ejemplo, el genocidio del pueblo palestino) nada tienen que esperar de lo que ocurra en los EE.UU. Con Biden en el poder nada será distinto de lo que pueda hacer el delincuente de Trump, que volverá a abrazar a Netanyahu, como lo ha hecho Biden. Por tanto, con cierta seguridad, en Gaza pocos han visto el debate.

En todo caso y desde el punto de vista de la evolución de la sociedad y de sus gobiernos, de sus comportamientos y actitudes, especialmente en las democracias occidentales (las que dan lecciones sobre la necesidad de respetar los valores democráticos, el Estado de derecho, la libertad de prensa y opinión…) incapaces de frenar el auge de aquellos que quieren precisamente terminar con dichos valores; sí parece que procede detenernos un rato….

La primera reflexión que nos alerta y nos obliga es saber si el modelo democrático que hemos vivido (especialmente en la segunda parte del siglo XX)  ¿está agotado, en la UVI o al borde del abismo? 

¿Es posible seguir insistiendo en que el país “más democrático” del mundo convive con una Constitución (escrita hace 250 años) que permite a sus ciudadanos el uso de armas y que ello conlleve el asesinato de 1,4 millones de estadounidenses entre 1968/2011? (el año pasado fueron 20.000) Y el 76% de ciudadanos se oponen a que se elimine la segunda enmienda de su Constitución que permite el uso de armas de fuego. Que reconoce la libertad de prensa y de opinión, pero que mantiene durante 14 años como proscrito a quien defendió precisamente su derecho a usarla (Julian Assange). Que mantiene un organismo como la ONU, secuestrado y que sus resoluciones y las de otros organismos internacionales se las pasa por el arco del triunfo y… ¡no pasa nada!... ¿O sí pasa? Pasa, por ejemplo, que en el “país más democrático del mundo” a un delincuente, candidato a la presidencia, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que, a partir de este momento, es libre de cometer cualquier delito porque es el rey de aquella república que estará bajo su control.

Y qué decir de aquel presidente (Barak Obama) a quien muchos llegamos a apreciar pero que, después de contemplar cómo la noche del 2 de mayo de 2011 disfrutaba en directo desde el Despacho Oval, del asesinato que sus militares cumplimentaban con el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden en Pakistán, en lugar de ordenar su arresto y someterlo a juicio por sus innumerables atentados y asesinatos (es lo que se hace en los países democráticos donde prevalece el Estado de Derecho)

En cualquier caso, no recuerdo otra época, otro tiempo, en el que se haya vertido tanta tinta y se hayan utilizado tantas palabras gruesas para opinar sobre lo que ocurre en USA y en especial con el caso Biden. Salvo su núcleo cercano dentro del poder y el “establishment” de los demócratas, todos opinan que han llegado demasiado lejos con la nominación del presidente para renovar con un segundo mandato, dadas sus dificultades mentales. Pero lo que sorprende es que nadie señale un informe médico que se supone que existe en la Casa Blanca. Las personas afectadas por inicios de demencia senil suelen tener la virtud de que no son conscientes de sus limitaciones cognoscitivas. Ergo no se puede dejar en sus manos la toma de decisiones, como la de retirarse de la contienda electoral. Esa es una obligación y un deber de su mujer y de los más cercanos. De nada sirve que Paul Krugman (premio Nobel de economía) y fiel a las políticas económicas desarrolladas por Biden, dijera (como muchos otros): “El mejor presidente de mi vida adulta necesita retirarse”

Mientras los demócratas sigan así, el delincuente Trump tiene todas las papeletas para volver a la Casa Blanca y esta vez con más poder, después de que sus magistrados del Tribunal Supremo (nombrados por él en su primer mandato) así lo hayan decidido.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Se atribuye a Galileo una frase con la que intentó reafirmar su honestidad intelectual delante del tribunal de la Santa Inquisición. Después de abjurar de su conocimiento para salvarse de las hogueras, después de admitir que las teorías heliocéntricas del universo eran mentira y que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra, punto central e inamovible de la creación divina, se desmintió a sí mismo: Eppur si muove. Era 1633. Algo parecido podría haber dicho el periodista Julian Assange ante el tribunal que le concedió en 2024 la libertad y el fin de su martirio si aceptaba confesar que era un espía. Sí, declaro que soy un espía, aunque me limité a cumplir con mi deber como periodista informando de lo que estaba haciendo el sistema norteamericano en las guerras de Iraq y Afganistán.

Afirmar que la Tierra se mueve sigue siendo necesario ante el nuevo Tribunal de la Inquisición. Me refiero al escenario que han formado las redes sociales para desprestigiar el pensamiento político a través de la desinformación y los altares del cinismo. Cuando se miente y se repiten bulos contra una persona, no sólo se pretende dañar a la víctima elegida. Lo importante a la larga es desprestigiar la actividad política. Hoy por ti, mañana por mí, todos son iguales, cualquier medida que tome un Estado es voluntad de robo y fruto de la corrupción. Esta dinámica es grave porque las estrategias del pseudoperiodismo están invadiendo a los medios de comunicación que quieren hacer política más que informar y a los políticos que pretenden crispar y caricaturizar al adversario más que defender sus propias ideas.

La dinámica de la mentira no es nueva, pero la Tierra se mueve y estamos en un contexto que lo agrava casi todo a través del poder comunicativo y manipulador de las redes sociales. Vivimos, además, una situación difícil para la democracia, porque el neoliberalismo ha generado muchas desigualdades y las grandes fortunas, más que invertir con sus impuestos en igualdad, se interesan por alimentar nacionalismos e identidades autoritarias que aseguren la libertad de sus ambiciones bajo las armas del autoritarismo social.

Resulta necesario en este contexto reivindicar la política, el pensamiento político que nos permita asegurar los valores democráticos y dar respuestas a las nuevas intemperies y conflictos surgidos en una Tierra que se mueve. El atreverse a saber de la razón ilustrada se enfrenta a una situación desinformativa que ha aprendido a utilizar la curiosidad para el engaño, como los timadores de siempre utilizaban la ambición de sus víctimas para estafarlos. Recuerdo con frecuencia una de las frases de Lacan: “pienso donde no soy, luego soy donde no pienso”. Me ayuda a comprender no ya los ajustes de la propia subjetividad, sino las estrategias y la situaciones que nos sitúan en la irracionalidad, el autoengaño, la degradación de la propia identidad o el descubrimiento de la miserias que nos invaden. La soberbia y el desamparo se descubren en el no pensar.

Las palabras enferman. La libertad se separa de la igualdad y la fraternidad cuando desemboca en la ley del más fuerte. Las consecuencias autoritarias afectan al deseo de imponer una idea como referente único en el bien común. Pero sus efectos son más dañinos a la hora de acabar con la ilusión colectiva. La ley del más fuerte consigue también pervertir el valor democrático de la diversidad. Porque más que el respeto a la diversidad en el bien común, se genera una fragmentación de lo común en identidades y minorías llamadas a odiarse las unas a las otras. Se trata de una selva cultivada, una ley de la selva cultivada en el odio.

Creo por todo esto que el pensamiento democrático tiene dos tareas necesarias. En primer lugar, seguir afirmando que la Tierra se mueve: existe una realidad de carne y hueso, de tierra, agua y aire, bajo las desinformaciones que sacralizan los nuevos tribunales de la Inquisición. Elijamos nuestra conversaciones para discutir sobre la realidad, no sobre la tentación que nos propone el ruido mediático interesado. Y, en segundo lugar, resulta muy conveniente para defender la democracia que aprendamos a mirarnos con simpatía. Y descubrir las cosas que nos unen bajo los matices que nos separan. Pensar y sentir en democracia es urgente ante la deriva autoritaria del neoliberalismo. Porque la Tierra se mueve.

La verdad es que nunca sabes qué te puede deparar la vida. A finales de 2006, entró en mi Juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, una denuncia firmada por la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Mallorca. Relataban torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones que tuvieron lugar durante el franquismo. Seguirían muchas más. En ese mismo año, un periodista australiano llamado Julian Assange había fundado una agencia llamada WikiLeaks. No nos conocíamos y ninguno de los dos podíamos saber lo que las acciones iniciadas entonces por cada uno de nosotros iban a marcar nuestra vida futura. Aunque creo que, cada cual por su lado, ambos podíamos intuir que el camino respectivo no iba a ser fácil.

En mi caso, recuerdo que en 2008, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, me dijo: “Baltasar, has destapado la caja de los truenos y te va a traer consecuencias muy negativas para ti, pero has hecho lo que debías”. Alfredo era un buen político, de los que se echan de menos en estos tiempos, y una buena persona.

No sé si alguien avisó a Assange. El año 2010 pasó a la historia de la web, por las impresionantes filtraciones de documentos de WikiLeaks. Empezando por el vídeo Collateral Murder en que se ve cómo soldados estadounidenses disparan en Bagdad desde un helicóptero a dos periodistas de Reuters y varios civiles, incluido un niño, para conmoción del mundo.

De julio a octubre de aquel año, se hicieron públicos miles de documentos en relación con las guerras de Irak y Afganistán con escandalosas revelaciones, y en noviembre, cinco periódicos internacionales reciben más de 200.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado USA. La gestión de la política exterior norteamericana se muestra desnuda y pestilente ante el mundo.

Como tantos millares de ciudadanos, me sorprendí e indigné con lo que contaba WikiLeaks, pero yo también tenía mis propios problemas. En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial me había suspendido de funciones después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite sendas querellas de la más rancia ultraderecha de este país, por haberme declarado competente para instruir los crímenes del franquismo. A la vez, se abrían otras dos causas contra mí en el Alto Tribunal, una por la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de Gürtel en la prisión y otra más, absurda e inconsistente aparte de referida a hechos prescritos, por unos cursos en la Universidad de Nueva York, donde estaba como investigador invitado en materia de terrorismo.

Por cierto, en la documentación publicada por WikiLeaks, también aparecían los pactos entre la embajada estadounidense en Madrid y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para acabar con los procedimientos que se referían a Guantánamo que yo dirigía. Se trataba de “doblarme el brazo” (sic).

Mientras, en una carambola propia de los manejos del país más poderoso de occidente, la Fiscalía sueca había emitido una orden de detención contra Assange por unos inverosímiles abusos sexuales, que más bien parecían la excusa para llevarlo a EEUU. Los dos, en la distancia y sin relación alguna, vivíamos en un mundo paralelo en que dominaba el absurdo: nos veíamos atrapados en una telaraña que se iba enredando más y más hasta no dejar escapatoria.

Como saben, en 2012 el Supremo Tribunal español decidió acabar con mi carrera profesional por el asunto Gürtel. Del caso del franquismo fui absuelto ya que el ruido que se había provocado hizo que los magistrados y los políticos que les jaleaban tuvieran precaución ante las reacciones. Pero me quitaron de en medio. Creo que a los jefes del otro lado del océano también les gustó la idea. A fin de cuentas, estaba enredando mucho con Guantánamo y otras hierbas judiciales. Poco importa que, en 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinara que la sentencia proferida contra mí había sido parcial, arbitraria, sin doble instancia y que mi condena estaba falta de previsibilidad penal.

Como mi vida es la Ley, constituí en unión de varias personas comprometidas en las mismas luchas una Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal y un despacho de abogados en 2011 y 2012, respectivamente. Pero también, instituciones como la fiscalía de la Corte Penal Internacional me permitieron trabajar como asesor del fiscal Moreno Ocampo; en Colombia, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; en Ecuador, como coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia y, en Argentina, como presidente del Centro de Derechos Humanos de categoría dos de la UNESCO.

Conocerán una leyenda china que refiere que un hilo rojo invisible une a las personas destinadas a conocerse. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia. Creo que eso nos pasó a Julian Assange y a mí.

Assange estaba sometido a un proceso de detención y entrega a Suecia, en el que se percibía la mano oculta de USA. Recuerden que el país nórdico había colaborado con este en las denominadas “rendiciones”, uno de los temas desvelados por WikiLeaks. Julian se entregó a las autoridades de Londres y estaba en libertad bajo control electrónico, que quebrantó refugiándose el 19 de junio en la embajada de Ecuador en la capital británica.

La noticia recorrió todas las redacciones del planeta. Una pequeña república latinoamericana, gobernada por un presidente progresista, Rafael Correa, se enfrentaba al todopoderoso EEUU. La lucha se percibía titánica.

En ese contexto, a primeros de julio, estando en Bogotá, recibí una llamada de mi buen amigo y excelente periodista Chechu Yoldi, con el que había compartido largos años de amable confrontación, él como periodista en la Audiencia Nacional y yo como juez. Eran tiempos en los que se cumplían las normas del respeto y entendimiento entre prensa y justicia.

Dolores Delgado le había aconsejado que me llamara porque, al parecer, tenía un mensaje de Julian Assange que me tenía que transmitir. Me dijo que este quería contactar conmigo para proponerme que me hiciera cargo de la coordinación de su defensa a nivel internacional. Quedé en que viajaría a Londres. Lo hice y acepté asumir el reto de su defensa en los momentos más delicados, cuando se le denostaba por los cargos artificialmente montados en Suecia.

Nuestra primera entrevista fue sumamente cordial, nos entendimos desde el primer momento, a pesar de la situación tan adversa en la que estaba, enfrentado a Gran Bretaña y USA. Mi aceptación tuvo dos condiciones, hacerlo pro bono (es decir, sin cobrar, por mera vocación) y libertad de criterio jurídico. Siempre las respetó, hasta el día de hoy. Junto con Garret Pierce, somos los dos abogados que hemos estado desde el principio hasta ahora. Además de su esposa, Stella Assange.

Mi primera impresión fue la de un hombre con unas firmes convicciones, completamente seguro de que lo que había hecho estaba bien y de que jamás se doblegaría. Eso me gustó, pero era consciente de que, de nuevo, mi decisión me traería consecuencias.

El asilo se le otorgó por el gobierno ecuatoriano el 16 de agosto de 2012. Recuerdo que para acceder a la misión diplomática había que sortear un primer círculo de periodistas que rodeaban la embajada, y posteriormente, un segundo círculo de policías británicos que, por aquel entonces, incluso amenazaban con entrar a la fuerza en la misma.

Al salir llovía sin cesar. Una de esas lluvias de agua fina tan típica de Londres. Los periodistas me rodearon e hice mis primeras declaraciones a favor de Julian. Hoy, doce años más tarde, escribo una nueva declaración a favor de este aguerrido informador.

Tres días después, el 20 de ese mes y año, me convocó el Secretario General de la OEA para comunicarme que estaba cesado como asesor de la Misión de Paz de la Organización en Colombia. Le pregunté cuál era la razón y respondió: “tu trabajo es excelente, pero Estados Unidos me impone tu cese por haberte hecho cargo de la defensa de Julian Assange”. Le dije “oponte, convoca la asamblea de Estados”. “No puedo -contestó-, más del 60% del presupuesto está a cargo de USA”. Así terminó mi tiempo en la OEA. ¡Viva la libertad de elección de abogado!

Pero ninguna presión por importante que fuera me iba a desviar de mi objetivo en la defensa de Assange. De nuevo estábamos en la trinchera. Era un caso muy claro de vulneración de la libertad de expresión y de intento de eliminar al mensajero para que no pudiera seguir adelante y, por eso, defender a Julian ha sido siempre un ejercicio de lo mejor que te ofrece el Derecho, la posibilidad de combatir por la integridad de un inocente y, más aún, de defender valores democráticos fundamentales para todos. En la vida debes asumir retos y enfrentarte a quienes pretenden avasallarte. Ceder por miedo es aceptar que los canallas tienen razón. La razón de la fuerza, claro, y hay que confrontarlos.

La causa se estancó por años. Conseguimos pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales, destacando una intachable resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideraba que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse como de detención arbitraria. Adicionalmente, también se consiguió archivar la causa sueca, una mera investigación preliminar de la Fiscalía sin sustento, que fue cerrada en el momento en que articulamos una toma de declaración en la embajada.

Todo ese trabajo jurídico implicaba viajes constantes, prácticamente semanales, a Londres. Días y días, sábados y domingos incluidos. Vuelos continuos e interminables; horas encerrados en ese minúsculo piso de la capital británica. Litigamos a nivel jurisdiccional en múltiples países e instancias internacionales. Un equipo brillante con personas de diversas nacionalidades y distintas especialidades que nos nutríamos en cada reunión. Siempre bajo la atenta mirada de Julian, quien escuchaba atentamente, para luego dar siempre una opinión final, que demostraba una gran capacidad de comprensión de materias que cualquiera podría pensar que no dominaría. Todo lo contrario, siempre me ha sorprendido su brillantez para lidiar con la complejidad jurídica de su causa.

Mientras, el protagonista de esta historia mantenía largos años de encierro, en la embajada de Ecuador, primero gracias al asilo concedido por Rafael Correa que sería levantado arteramente más tarde por su sucesor, Lenin Moreno, más pendiente de las órdenes del presidente supremo del norte que de cumplir con la ley.

Fue el 11 de abril de 2019 cuando la administración ecuatoriana de Moreno cometió una flagrante traición a los postulados más básicos de la institución del asilo. Entregó a una persona protegida, simplemente para lograr desbloquear un crédito internacional. Un acto por el que será recordado siempre el mandatario ecuatoriano.

A partir de ese momento, el asunto se centró en la solicitud de extradición de Estados Unidos, inicialmente por un cargo informático y, a continuación, por cargos bajo la temible Ley de Espionaje. Además, saltó entonces el caso, judicializado a día de hoy en la Audiencia Nacional, relativo al presunto espionaje para la CIA de la empresa española que proveía seguridad a la embajada ecuatoriana en Londres.

Durante estos años hemos padecido muchas angustias y muchas vicisitudes, hemos sido vituperados, investigados de la manera más sucia, hemos pasado jornadas aciagas y pocas alegrías, aunque también hemos agradecido defensas importantes, como las de infoLibre, con Jesús Maraña al frente, pero nuestra resistencia era la de Julian y a ella nos debíamos: estaban en juego los valores de la democracia y eso, amigos, son palabras mayores que nadie debe dejar de lado. Y aquí, en España, nuestro equipo, liderado por el abogado Aitor Martínez, sigue tratando de demostrar que, con Assange y todos nosotros, se quebrantaron todos los límites del derecho en favor de la mal llamada “Razón de Estado”.

Desde 2019, la dedicación ha sido constante a un tema que parecía no tener fin. Han sido más de cinco años de proceso de extradición en Reino Unido, viendo cómo Julian se consumía en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la “Guantánamo británica”.

Finalmente, el acuerdo que este 26 de junio de 2024 se ha ratificado ante la jueza Ramona Villagómez Manglona en las Islas Marianas del Norte, un Estado libre asociado con EEUU, supone que se ha reducido a un cargo de los 18 que pesaban sobre Julian, y se da por cumplida la sentencia con el tiempo privado de libertad durante el proceso de extradición. Con ello, se reivindica el ejercicio de la libertad de prensa, tras haber informado sobre hechos muy graves que afectan a todos los habitantes de este planeta. El sacrificio ha sido enorme, pero el resultado es importante.

Julian Assange ha llegado a Camberra (Australia), su tierra natal, ha respirado por primera vez en casi catorce años el aire de la libertad. Podrá abrazar sin barreras a sus hijos y su esposa y se encontrará arropado por los suyos. En cuanto a mí, no puedo dejar de pensar en que hay una extraña concatenación de hechos en mi existencia y en la suya. Como pasa con la vida de todos y que, en ocasiones, se evidencia de manera sorprendente.

Verán, ese hilo rojo del que les hablaba se agazapaba tras muchas penurias, pero si los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, solos o en compañía de otros, no hubieran deseado acabar con mi tarea, la historia de WikiLeaks quizás habría sido otra. No se habría puesto en evidencia a EE.UU. ni dado un toque de atención sobre el peligro que corre la libertad de informar. Sin el esfuerzo de tantos profesionales del derecho que hemos trabajado en el caso en los cinco continentes, y sin las voces indignadas de tantos miles de personas en todo el orbe, Assange posiblemente estaría cumpliendo condena perpetua, o vete a saber si esperando turno en el corredor de la muerte de algún penal norteamericano.

Todos debemos reflexionar sobre en qué lado de esta historia nos hemos posicionado. En mi caso, afirmo que he estado en el correcto. Pero es cierto lo que hace miles de años apuntaba Demócrito: "Todo es fruto del azar y la necesidad".

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Baltasar Garzón Real es jurista y coordinador de la defensa de Julian Assange.

"¡Julian está libre!". Con estas palabras celebró la esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, su puesta en libertad tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de EEUU el pasado lunes. Se ponía así punto y final a un largo y complejo calvario legal que ha durado más de 14 años y que reúne prácticamente todos los ingredientes básicos de cualquier thriller clásico con espías, o hackers en este caso, y que podría firmar el mismísimo John Le Carré. Con lo que parece que es un final feliz por el momento, deja tras de sí las bases perfectas de un relato que, en los tiempos que corren, es carne de inspiración para la literatura y, cómo no, para el cine.

Por un lado, un protagonista controvertido a la par que carismático con una legión de fans que lo ven como un mártir de la defensa de la libertad de prensa, pero también de detractores que lo tachan de simple ciberactivista que solo busca notoriedad y fama. Y además con un argumento digno de Hollywood: una trama de espionaje convertida en la mayor filtración de documentos secretos de la historia acompañada como traca final de giros de guión en los tribunales con conspiraciones y trampas. 

Repasamos algunos de los títulos que se han publicado a lo largo de la última década sobre Assange y Wikileaks: 

El libro más reciente sobre la figura del australiano llegó hace escasos tres meses a las librerías. El poder secreto. Por qué quieren destruir a Julian Assange y WikiLeaks (Akal, 2024), lo firma la italiana Stefania Maurizi, una de las periodistas de investigación más importantes del país transalpino y que ha seguido este caso prácticamente desde sus inicios. 

Con prólogo del director británico Ken Loach y documentación inédita, aborda esta historia desde el punto de vista de una "venganza silenciosa pero feroz" en la que se está jugando con "la esencia de nuestra libertad". Con Assange como el hombre que se alzó contra el poder secreto, repasa en detalle las contradicciones del caso y las traiciones pero también las trampas y las conspiraciones convertidas en "una injusticia monstruosa". "Estados Unidos ha hecho básicamente todo lo posible por destruir su vida", aseguró Maurizi en una entrevista reciente en RTVE. 

La traducción literal de la versión original de Julian Assange habla editado por Karen Sharpe (El viejo topo, 2022) ya nos da una pista de qué nos vamos a encontrar en este libro: al cofundador de Wikileaks exponiendo en primera persona su visión del mundo. Más allá del propio caso legal que le rodea, esta antología permite al lector conocer mejor al protagonista de esta historia y profundizar en su figura gracias a numerosas citas suyas sobre su filosofía y su política. 

También se adentra sin intermediarios en sus puntos de vista sobre cómo funcionan realmente los gobiernos, los políticos, las empresas, los militares, las agencias de espionaje o los medios de comunicación. E invita al lector a hacerse preguntas más allá de lo establecido y, sobre todo, sobre cómo opera realmente el poder. 

Julian Assange. De la ética hacker a Wikileaks (Luces de Gálibo, 2014) es el repaso de Gianluca Costantini y Dario Morgante por la vida del ciberactivista aunque con la novedad de hacerlo en forma de cómic. Con un gran trabajo de documentación, los dos autores italianos se remontan en su texto hasta el 5 de abril de 2010, el día en el que se difundió el ya famoso vídeo de soldados estadounidenses disparando en Bagdad en 2007 contra civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters. 

Con este punto de partida, repasan todas las revelaciones que sacó a la luz Wikileaks. Y, en la versión española, se incluyen los cables entre los gobiernos español y estadounidense sobre la muerte de José Couso en la guerra de Irak. 

Del puño y letra del propio Assange, Cuando Google encontró a Wikileaks (Clave intelectual, 2014) relata en primera persona una reunión celebrada en junio de 2011 en Norfolk, en el corazón de la campiña inglesa, con varios emisores de Google: su entonces director ejecutivo, Eric Schmidt, y el director de Google Ideas, Jared Cohen. En realidad, esta publicación fue la forma que encontró el ciberactivista de contar su versión de aquel encuentro después de que usaran la conversación como fuente para su libro El futuro digital (Anaya Multimedia).

La obra traza los vínculos entre Google y el poder mundial, sobre todo en EEUU, pero también emplaza a un debate sobre el futuro de la tecnología y el impacto en el acceso a la información. "Google es más poderoso de lo que fue nunca la Iglesia", aseguró el propio Assange durante la presentación telemática de este libro en Madrid. 

Cypherpunks (Deusto, 2013), también del propio Assange, permite al lector adentrarse en la mente del cofundador de Wikileaks y alejarse del caso judicial. El libro reúne además algunas de las posiciones sobre la cultura hacker de las figuras más importantes en este terreno como Jacob Appelbaum, Jérémie Zimmermann o Andy Müller-Maguhn

Partiendo de la premisa de que internet es "una amenaza para la civilización humana" porque los Estados se han convertido en aparatos de espionaje y vigilancia de los ciudadanos, plantea debates que siguen más que vigentes en la actualidad. Aunque tenga más de diez años, pone sobre la mesa la hipervigilancia a nivel global, las técnicas de ciberataques y ciberdefensa, la indefensión de los usuarios en Internet frente a las grandes plataformas, la censura o la privacidad en Internet. Y también dibuja soluciones y mecanismos para construir el futuro utópico de un Internet que valen más de una década después. 

Abandonamos la mente del australiano para viajar en WikiLeaks y Assange (Deusto, 2011) hasta el corazón de cómo se gestó el Cablegate, la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Firmado por David Leigh y Luke Harding, estos dos periodistas de The Guardian fueron las primeras personas a quienes el ciberactivista entregó casi medio millón de registros de las guerras de Irak y Afganistán y más de 250.000 cables diplomáticos que dejaban en evidencia la gestión de la política exterior de EEUU.

Ellos son los encargados de narrar los entresijos de esta historia. Así repasan desde los detalles sobre la vida de Assange, incluidos sus inicios en el mundo de los hackers o las acusaciones de violación y de abusos por parte de dos mujeres en Suecia —ambas archivadas a posteriori—; hasta la trama que permitió sacar a la luz los secretos de la diplomacia de EEUU gracias a la soldado Chelsea Manning y cómo se organizó y preparó la publicación coordinada entre cinco periódicos de esta gigantesca investigación. 

Dentro de WikiLeaks. El quinto estado (Editorial Roca, 2011) está escrito por el que fue portavoz de Wikileaks y uno de los colaboradores de Assange, Daniel Domscheit-Berg. El libro cuenta a grandes rasgos sus desavenencias con el periodista australiano sobre el futuro de la que él denomina "la web más peligrosa del mundo". No esperen encontrarse alabanzas al australiano en este texto, más bien todo lo contrario.

Además del desencuentro con Assange, Domscheit-Berg también relata cómo fueron los orígenes de Wikileaks desde dentro y cómo dispararon casos como el crash económico que llevó a Islandia a la bancarrota o las muertes de civiles a manos de soldados estadounidenses en Afganistán.

Dirigida por Bill Condon y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Julian Assange, El quinto poder se basa tanto en el texto de David Leigh y Luke Harding como en el de Domscheit-Berg, interpretado, por cierto, por Daniel Brühl en la cinta. Así, la película narra lo que pasaba en las entrañas de Wikileaks y cómo se gestaba la publicación del Cablegate en los medios. 

Antes de su estreno, Assange describió la película como "un ataque propagandístico masivo", mientras que Wikileaks apuntó que se basaba en dos libros "inexactos y difamatorios", que evitaban las críticas a la política exterior de EEUU y que demonizan al cofundador y a la organización. No obstante, posteriormente el periodista aseguró que "un presupuesto publicitario de 40 millones de dólares" y "actores como Cumberbatch hablando" de Wikileaks eran "algo bueno" para popularizar lo que hacían. 

Tras casi quince años de calvario legal, algunos de los libros sobre Assange se han ido quedando por el camino. Por ejemplo, Vigilados: Wikileaks o las nuevas fronteras de la información, de Susana Díaz Pérez y Jorge Lozano (Biblioteca Nueva, 2014), que analiza los problemas de la sobresaturación de información en la era digital,  ha sido descatalogado. 

Tampoco hay noticias en sus editoriales de El imperio de la vigilancia, de Ignacio Ramonet (Clave Intelectual, 2016), que incluía entrevistas con el propio Assange y con Noam Chomsky sobre la vigilancia masiva y el espionaje; de W de Wikileaks: La venganza contra las mentiras del poder, de Bruno Cardeñosa (Libros cúpula, 2011); o de Underground del propio periodista australiano junto a Suelette Dreyfus (Seix Barral, 2011), que narra como si fuese una novela de detectives llena de suspense cómo se infiltró Wikileaks en los sitios de la Nasa, el Ejército de EEUU o de grandes bancos como Citibank.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha aterrizado este miércoles en Canberra, Australia, escala final de un periplo que arrancó con su excarcelación el martes en Reino Unido, y ha dado las gracias al primer ministro australiano, Anthony Albanese, al que ha asegurado que le ha "salvado la vida" gracias a su mediación en el caso.

Assange, que no había mantenido nunca una conversación con el mandatario australiano a pesar de que ha sido un férreo defensor de su puesta en libertad, ha mostrado su "más profunda gratitud" por la ayuda prestada por el primer ministro durante una llamada telefónica. En este sentido, ha comparado el trabajo diplomático del Gobierno australiano con una misión del "Equipo A" y ha dado las gracias también al embajador australiano, Kevin Rudd, y el Alto Comisionado de Australia en Reino Unido, Stephen Smith.

A su llegada a suelo australiano tras varias escalas, entre ellas una en las Islas Marianas del Norte para firmar el acuerdo judicial que ha posibilitado su puesta en libertad, el periodista y programador australiano ha sido recibido por miembros de su familia, entre ellos su mujer, Stella Assange, que ha dado las gracias al pueblo australiano por su apoyo durante más de una década.

Así, ha extendido su agradecimiento también a Albanese y ha destacado la unidad de los australianos en torno al caso, incluida la oposición. "Sin su apoyo no habría espacio político para lograr la libertad de Julian. (...) Ha hecho falta que todos ellos se unieran, millones de personas, gente trabajando delante y detrás de las cámaras, protestando en las calles durante semanas y años... Lo hemos logrado", ha dicho durante una rueda de prensa ante los medios en la que se ha presentado visiblemente emocionada.

"Julian me ha pedido que les diera su más sincero agradecimiento. Hay que entender por qué ha pasado esto. Necesita tiempo, necesita recuperarse, y este es un proceso que llevará tiempo, así que os pido que nos deis privacidad para encontrar nuestro lugar y poder ser una familia antes de que pueda hablar otra vez", ha aseverado.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de "reconocer que la liberación de Julian llega aprovechando un parón en el caso de extradición presentado en su contra en Estados Unidos". El Supremo ha dado espacio para apelar", ha sostenido antes de aclarar que ha sido entonces cuando "las cosas han comenzado a moverse".

"Esto revela lo incómodo que estaba el Supremo con este caso por ser un ataque contra la prensa y la libertad de expresión. Este caso no debería haberse presentado nunca, no debería haber pasado ni un solo día en prisión", ha expresado antes de recordar que se trata de un día importante para la prensa. "Espero que los periodistas y editores de todo el mundo se den cuenta del a gravedad de este caso y de la criminalización impuesta contra Julian", ha dicho.

Así, ha defendido que las informaciones que fueron publicadas por Wikileaks sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán eran "verdaderas y de interés público". "Eran informaciones que la población merecía conocer. Este caso puede ser el precedente de otros futuros contra periodistas; por eso esto interesa a toda la prensa", ha puntualizado.

"Es importante poner sobre la mesa que esta ley de espionaje debe ser reformada y los derechos de los periodistas protegidos. Y, cuando llegue el momento, esperamos un perdón oficial", ha proseguido, su mujer, que ha abierto una campaña de recaudación de fondos para compensar al Gobierno de Australia por el gasto del vuelo chárter fletado para la repatriación.

Su abogada, Jennifer Robinson, ha matizado que las autoridades estadounidense no han podido demostrar que las informaciones filtradas por Assange hubieran puesto en peligro la vida de terceros y ha recalcado que el periodista ha realizado un "largo viaje a Australia".

Sin embargo, ha lamentado que haya tenido que declararse culpable de los cargos de "conspiración para cometer espionaje" al publicar "los delitos y crímenes cometidos por Estados Unidos en todo el mundo". "Esto es periodismo y es un castigo por desempeñar la libertad de prensa", ha defendido, al tiempo que ha recordado que Assange lleva años siendo candidato a Premio Nobel de la Paz.

"Me ha conmovido verlo llegar a Asutralia. El primer ministro ha sido el primero en hablar con él por teléfono. (...) Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias por su diplomacia y su trabajo, por haber cumplido su palabra y haber aprovechado cada oportunidad disponible para tratar de lograr su liberación", ha explicado Robinson.

"Han sido 14 largos años de activismo, de campaña, no solo por él, sino por toda la comunidad. Una comunidad global que ha buscado proteger la libertad de expresión y que ha failictado que sea libertado. Gracias a todos los que lo han apoyado durante este tiempo", ha zanjado.

Barry Pollack, miembro del equipo legal de Assange, ha aprovechado también para subrayar que el activista "ha estado años sacrificando su propia libertad por la libertad de expresión y de prensa". "Por fin hoy esta trágica situación ha terminado. (...) Esperamos que esta ley no vuelva a utilizarse de esta forma", ha manifestado.

Assange aceptó declararse culpable de espionaje ante la Justicia de Estados Unidos por la filtración de miles de documentos secretos, a cambio de que las autoridades norteamericanas diesen por cumplida la condena con el tiempo que ha pasado bajo arresto. Ha vivido los últimos cinco años en una cárcel de máxima de seguridad en Reino Unido, mientras que los siete previos los pasó encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia estadounidense ha indicado que Assange tiene prohibido regresar a Estados Unidos sin permiso. Además, ha indicado que con la comparecencia de este miércoles ante la jueza en la isla Saipán se da por "concluido" oficialmente el caso, que se remonta a 2018, cuando fue imputado por primera vez.

Un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, ha aceptado este miércoles el acuerdo de culpabilidad por espionaje del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que la Fiscalía ha retirado su solicitud de extradición y el periodista podrá volver a su país natal, Australia.

"Podrás salir de esta sala como un hombre libre", ha anunciado la jueza Ramona Manglona, después de señalar que es "justo" y "razonable" aceptar como condena los 62 meses que ya ha cumplido, puesto que es el tiempo que ha pasado encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Reino Unido en virtud de la orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

La jueza ha señalado que no habría aceptado el acuerdo si el caso se le hubiera presentado en 2012, pero ha sostenido que la situación en 2024 es diferente. "Quiero destacar que el tiempo importa", ha concluido. Asimismo, ha indicado que "otro hecho relevante" es que el Gobierno ha señalado que "no hay ninguna víctima personal aquí", es decir, que la publicación de la información "no resultó en daños físicos conocidos".

Tras leer la sentencia, la Fiscalía ha retirado inmediatamente su solicitud de extradición de Assange, por lo que ha podido volar a Canberra, capital de Australia. El periodista, que a la salida del tribunal se ha negado a hablar con la prensa que estaba presente, ha tomado un vuelo a las 13.00 horas (hora local).

Seis horas después, ha aterrizado en Canberra, Australia, escala final de su periplo durante las últimas 36 horas. A su llegada a suelo australiano, el fundador de Wikileaks ha sido recibido por miembros de su familia, entre ellos su mujer, Stella Assange, que ha abierto una campaña de recaudación de fondos para compensar al Gobierno de Australia por el gasto del vuelo chárter fletado para la repatriación.

Tras la audiencia, el Departamento de Justicia estadounidense ha indicado que, como parte del acuerdo de culpabilidad, Assange tiene prohibido regresar a Estados Unidos sin permiso, tal y como reza un comunicado publicado en su página web. Además, ha indicado que su declaración ha "concluido" oficialmente el caso, que se remonta a 2018, cuando fue imputado por primera vez.

Por su parte, el equipo legal del acusado ha afirmado que este caso es una "victoria para la libertad de expresión", destacando que ha dejado un "poderoso legado" y que su historia ha "provocado un importante" debate sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional. La abogada Jennifer Robinson ha animado a sus seguidores a "seguir luchando" contra un "precedente peligroso".

"Espero que el hecho de que hayamos podido liberar a Julian Assange contra todo pronóstico y contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo da esperanza a todos los periodistas y editores que están en prisión en todo el mundo", ha declarado, tras asegurar que se trata de "un gran alivio" que "después de 14 años de batallas legales" el reportero pueda "regresar a casa como un hombre libre".

El fallo ha llegado horas después de que Assange se declarara culpable de un cargo de violar la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada, si bien ha defendido sus acciones ante el tribunal, considerando que su labor como periodista debería haber estado protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

"Cuando trabajaba como periodista, animé a mi fuente a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege eso. Creo que la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje se contradicen entre sí, pero acepto que sería difícil ganar un caso así dadas todas las circunstancias", según recoge el periódico The Washington Post.

Por su parte, representantes de Estados Unidos han caracterizado a Wikileaks como un sitio web que pretendía deliberadamente sacar a la luz información militar y de defensa sensible que amenazaba la seguridad nacional. Con todo, han acusado a Assange de animar a altos cargos a revelar dicha información, mencionando los documentos filtrados por la exanalista de las Fuerzas Armadas Chelsea Manning, que estuvo aproximadamente siete años en prisión.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha subrayado que el caso de Assange "se ha prolongado durante demasiado tiempo". "No se gana nada con su encarcelamiento continuo y queremos que lo traigan a casa, a Australia", ha manifestado en declaraciones a la cadena de televisión australiana ABC. Asimismo, ha comentado el proceso judicial señalando que se trata de "un avance positivo" pero ha agregado que los "procedimientos son delicados y deben ser respetados". "Esto no es algo que haya sucedido en las últimas 24 horas, es algo que se ha considerado pacientemente, trabajado de manera calibrada, que es la forma en que Australia se comporta internacionalmente", ha concluido.

En la víspera, el Tribunal Superior de Londres le dejó en libertad bajo fianza tras el acuerdo, por el que se declara culpable a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Desde Londres se ha dirigido a Saipan, antes de hacer una parada en la capital de Tailandia, Bangkok.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que podía implicar hasta 175 años de cárcel. El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los Derechos Humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

El acuerdo al que ha llegado Julian Assange con las autoridades norteamericanas parece que ha puesto, al menos, punto y aparte a un proceso que lleva poniendo durante años en el epicentro de la esfera pública el debate sobre la libertad de prensa y cómo ésta se ha intentado coartar bajo el paraguas de la seguridad nacional y la razón de Estado.  

Desde el año 2006, año en que se creó WikiLeaks, esta empresa de noticias estuvo en el centro de las sospechar del gobierno norteamericano. Pero el detonante de esta persecución contra su creador, Julian Assange, comenzó con la publicación, el 5 de abril de 2010, de un vídeo que mostraba lo que había sucedido en Bagdad el 12 de julio de 2007 y que se tituló Asesinato colateral.  En él se mostraba el ataque de un helicóptero Apache norteamericano en Iraq donde murieron dieciocho civiles, incluidos dos periodistas de Reuters. En ese vídeo también se observa cómo, cuando llega otro vehículo a auxiliar a los heridos, los soldados norteamericanos continúan disparando, matando a otros dos hombres e hiriendo a dos niños más. En el vídeo se escucha el comentario de un soldado que dice: “Es culpa suya por traer a los niños a una batalla”. En este soporte audiovisual quedaba demostrado que el gobierno norteamericano de la época había mentido flagrantemente sobre los acontecimientos de ese día.

Durante los años que siguieron, WikiLeaks comenzaría a publicar cables del Departamento de Estado que comprometían de manera muy seria las acciones del gobierno en materia de derechos humanos, corrupción y transparencia y además lo hizo en colaboración con un consorcio de medios convencionales entre los que se encontraban The New York Times, The Guardian o El País.  La información le había llegado a través de una fuente, Chelsea Manning, trabajadora del Pentágono, que fue condenada en 2013 a 35 años en la prisión de Fort Leavenworth en Kansas, y luego indultada en 2017 por el presidente Obama.

El dilema ante el que se situó la inteligencia norteamericana fue identificar cuáles serían los cargos que se podrían presentar contra Assange. Tenían que encontrar la manera de imputarle bajo la Ley de Espionaje norteamericana de 1917, diseñada entonces para perseguir comunistas, y que otorga al Estado poderes inmensos sobre la persona detenida bajo el amparo de la “protección de la seguridad nacional”. La cuestión era cómo hacerlo sin vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución americana, que establece que “el Congreso no promulgará ninguna ley que limite la libertad de expresión o de prensa”.

Cuando hay quien compara el caso Assange con Ellberg y los Papeles del Pentágono, conviene recordar que, en este caso, el papel de Ellberg no lo juega Assange, sino Manning, la que realizó la filtración, y que el papel de Assange es el que jugó en su momento The New York Times. La libertad de prensa e información han sido sagradas, en 1971 desde luego fue así, pero no ha sido el caso en estos más de doce años en los que Assange no ha podido disfrutar de libertad.

Los argumentos de que las filtraciones de WikiLeaks eran ilegales porque ponían en peligro la seguridad nacional, al igual que en el caso Ellberg, en realidad sólo se sostenían porque en ambos lo que ahí se desvelaba dejaba en muy mal lugar al gobierno, sea este el de Nixon, el Bush o el de Obama, un gobierno en el que los ciudadanos no podían confiar porque les hurtaba lo más sagrado, la verdad de los hechos.

Y esta es precisamente la clave de bóveda de todo el caso. La necesidad imperiosa de un Estado, en este caso EEUU, de ocultar a su opinión pública información veraz sobre lo que realmente ocurrió en Iraq y en Afganistán y en las razones (o sin razones) que lo habían provocado. Y por eso es por lo que, a toda costa, han intentado durante estos años imputar a Assange por delitos que esquivaran esa Primera Enmienda.

La puesta en libertad de Assange tras llegar a un acuerdo con EEUU es, desde luego, una excelente noticia para la situación personal de Assange y su salud; también lo es para el gobierno de Biden que necesita huir de cualquier tema que pueda polarizar aún más su delicada situación durante los meses previos a las elecciones presidenciales. Pero no es una buena noticia para la libertad de prensa. 

Desde luego el acuerdo es mejor que una sentencia judicial, pero el hecho de que Assange haya tenido que reconocer que ha violado la Ley de Espionaje significa ni más ni menos que reconoce que “ha recibido y conseguido información secreta que no debe ser comunicada a personas que no tengan derecho a recibirla”, es decir, la opinión pública. Y en sí mismo constituye un peligroso antecedente en un país que en unos meses puede estar gobernado por alguien que, de manera reiterada, ha tachado a los medios de comunicación como “enemigos del pueblo”, algo que no es, desde luego, ninguna buena noticia.

"Julian Assange es libre." Muchos temían no ver nunca escritas estas palabras. Sin embargo, sí aparecieron en el titular del comunicado de prensa emitido por WikiLeaks en la noche del lunes 24 al martes 25 de junio tras el anuncio sorpresa de un acuerdo entre la justicia estadounidense y los abogados del periodista.

"Abandonó la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras pasar allí 1.901 días", dice el comunicado, publicado en X, que va acompañado de un vídeo en el que se ve al fundador de WikiLeaks, libre por fin, subiendo a un avión que le llevará finalmente a su país de origen, Australia.

Sin embargo, Julian Assange no ha acabado del todo con la justicia americana, que ha solicitado su extradición para ser juzgado por los dieciocho cargos que se le imputan –algunos de ellos relacionados con espionaje– y que conllevan una pena total de 175 años de cárcel.

Esta liberación sorpresa es el resultado de discretas negociaciones que han desembocado en un acuerdo de culpabilidad por el que Julian Assange acepta admitir cargos reducidos a una "conspiración para obtener y divulgar información relativa a la defensa nacional" y ser condenado a 62 meses de prisión, el mismo tiempo que ha estado detenido en Gran Bretaña.

El acuerdo –cuyas dos primeras páginas fueron publicadas en X por uno de los abogados de Julian Assange, el español Aitor Martínez– especifica que, tras una escala técnica en Bangkok, el avión volará primero a las Islas Marianas, un territorio estadounidense situado al este del Mar de Filipinas. Julian Assange debía ser juzgado y condenado allí el miércoles por la mañana por un tribunal federal antes de reanudar su vuelo a Australia.

“Estoy agradecida de que el calvario de mi hijo esté llegando por fin a su fin", declaró la madre de Julian Assange, Christine Assange, en un comunicado difundido por los medios de comunicación australianos. “Esto demuestra la importancia y el poder de la democracia discreta", añadió.

La palabra "calvario" utilizada por su madre no es demasiado fuerte para describir el embrollo legal en el que se ha encontrado el periodista australiano. Los catorce años de procesos judiciales, doce de los cuales los pasó casi en régimen de aislamiento, son en sí mismos un castigo para un hombre que ahora se describe como física y mentalmente agotado por sus condiciones de detención.

Aunque WikiLeaks publicó sus primeros documentos en 2006, no fue hasta 2010 cuando la organización se consolidó como uno de los principales medios de comunicación internacionales, sobre todo con la publicación del impactante vídeo Collateral Murders (Asesinatos colaterales), en el que se veía a miliares estadounidenses en helicóptero abatiendo entre doce y dieciocho civiles iraquíes, entre ellos dos periodistas.

Ese mismo año, Julian Assange y su equipo publicaron cientos de miles de documentos secretos que detallaban los abusos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como cables diplomáticos que ponían al descubierto la diplomacia americana. Esta salva de revelaciones, recogida por periódicos de todo el mundo, fue posible gracias a los documentos facilitados por la denunciante Chelsea Manning.

Pero 2010 también marcó el comienzo de los problemas de Julian Assange. En primer lugar, WikiLeaks se dio cuenta de que las autoridades americanas estaban decididas a tomar represalias. En mayo, Chelsea Manning fue identificada y detenida. Fue condenada a treinta y cinco años de prisión en agosto de 2013 y puesta en libertad anticipada en enero de 2017.

En agosto, Julian Assange fue acusado de agresión sexual por dos mujeres suecas. Según ellas, durante un viaje a Estocolmo, el editor jefe de WikiLeaks mantuvo relaciones sexuales consentidas con ellas, pero durante las cuales no utilizó preservativo, sin avisar.

Julian Assange fue puesto en libertad y regresó a Londres, pero en diciembre fue detenido con vistas a su extradición a Suecia. Impugnó la extradición y, a la espera de la decisión de los tribunales británicos, quedó en libertad bajo fianza.

El 14 de junio de 2012, el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó su última apelación y, cinco días después, Assange se refugió en la embajada del Ecuador en Londres, incumpliendo así su libertad bajo fianza.

Julian Assange siempre ha rebatido las acusaciones de agresión sexual formuladas contra él y ha denunciado un complot de la justicia americana. Para los abogados del periodista, no había duda de que en cuanto pisara suelo sueco, la justicia americana habría emitido una acusación formal.

Julian Assange había llegado a declarar que estaba dispuesto a aceptar su extradición a condición de que el gobierno sueco se comprometiera a no extraditarlo a Estados Unidos. El gobierno sueco se negó, alegando que tal promesa sería contraria a la separación de poderes.

La investigación sueca se archivó finalmente en mayo de 2017. Pero este procesamiento justificó que Julian Assange permaneciera incomunicado durante siete años en una pequeña habitación de la embajada ecuatoriana, de la que no podía salir sin correr el riesgo de ser detenido: incluso después de que la justicia sueca retirara los cargos, la justicia británica mantuvo la orden de detención dictada contra Julian Assange por incumplimiento de su libertad condicional, el único delito que pesaba sobre él.

En 2017 y 2018, la periodista italiana Stefania Maurizi logró, tras una larga batalla legal, obtener algunos de los correos electrónicos intercambiados entre representantes de los departamentos gubernamentales sueco y británico encargados del caso de Julian Assange.

En ellos se mostraba cómo el jefe de la fiscalía, Paul Close, había hecho todo lo posible no sólo para que continuara el procesamiento sueco, sino también para ralentizarlo. Por ejemplo, se había opuesto a que su homóloga, Marianne Ny, viniera a Londres para poder entrevistar a Julian Assange, lo que era esencial para que fuera acusado formalmente y el proceso avanzara.

En otra serie de correos electrónicos que se remontan a 2013, la fiscal sueca también había anunciado la retirada de la orden de detención por la falta de "proporcionalidad de las medidas coercitivas" tomadas contra Julian Assange en relación con los cargos que se le imputaban. "A medida que pasa el tiempo, los costes y la gravedad del delito deben ser considerados a la luz de la intrusión y el daño sufrido por el sospechoso", escribió Marianne Ny.

A esa decisión se opuso Paul Close, que declaró: "No creo que los costes sean un factor determinante en este caso". En aquel momento, la prensa británica revelaba que la vigilancia de Julian Assange ya había costado al Estado 3,8 millones de libras (casi 4,5 millones de euros).

Durante sus años de confinamiento en la embajada ecuatoriana, Julian Assange ha estado sometido a una intensa presión por el riesgo de ser detenido, secuestrado o incluso asesinado en cualquier momento. Temores alimentados regularmente por declaraciones de responsables americanos, como la realizada el 13 de abril de 2017 por Mike Pompeo, entonces flamante director de la CIA, en la que calificaba a WikiLeaks de "servicio de inteligencia no estatal hostil, a menudo alentado por actores estatales como Rusia".

Como informó Mediapart en enero de 2020, Julian Assange también fue sometido a una estrecha e ilegal vigilancia llevada a cabo por una empresa española en nombre de Estados Unidos. En el marco de la operación bautizada como 'Operación Hotel', su despacho fue acondicionado con cámaras y micrófonos, incluso en los aseos, y los aparatos digitales de sus visitantes fueron sistemáticamente desmontados y fotografiados.

Esas condiciones de confinamiento ya habían tenido un gran impacto en la salud de Julian Assange. En enero de 2018, dos médicos que pudieron examinarle advirtieron de que su estado era "peligroso" y pidieron que le concedieran un salvoconducto para que pudiera ser tratado en un hospital.

Mientras tanto, la justicia americana se cuidó mucho de no revelar su acta de acusación, a pesar de que la existencia de un proceso contra WikiLeaks era un secreto a voces. La acusación no se reveló hasta su detención el 11 de abril de 2019, cuando Julian Assange fue sacado por la fuerza de la embajada ecuatoriana. Posteriormente se modificó, incluso durante las audiencias de extradición.

Tras su confinamiento en la embajada ecuatoriana, Julian Assange fue internado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres. Allí ha estado recluido en condiciones de aislamiento denunciadas regularmente por sus abogados, con visitas limitadas.

"Los sufrimientos cada vez más graves infligidos a Julian Assange como consecuencia de su prolongada reclusión en régimen de aislamiento equivalen no sólo a una detención arbitraria, sino también a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", declaraba el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, en diciembre de 2020.

La salud de Julian Assange también había ocupado un lugar destacado en las vistas en primera instancia ante los tribunales británicos, durante las cuales los médicos habían hablado de los problemas mentales del periodista, de su estado de depresión e incluso de pensamientos suicidas.

"Acogemos con satisfacción la liberación de Julian Assange [...] en el Reino Unido y los importantes progresos realizados hacia una solución definitiva de este caso, sin más detenciones", ha declarado este martes 25 de junio a la AFP Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Seguiremos vigilando la situación en los próximos días", añadió.

En su sentencia en primera instancia, dictada en enero de 2021, la justicia británica rechazó la petición de extradición de Estados Unidos, pero su decisión fue en parte desfavorable para Julian Assange.

La juez Vanessa Baraitser había rechazado la petición americana únicamente por los riesgos para la salud de Julian Assange que se derivarían de las drásticas condiciones de detención a las que sería sometido en Estados Unidos. "El estado mental de Julian Assange es tal que sería abusivo extraditarlo a Estados Unidos", afirmó en su sentencia.

Al mismo tiempo, sin embargo, la jueza rechazó los argumentos relacionados con el derecho a la información, el interés público de la información publicada por WikiLeaks y la condición de periodista de Julian Assange.

En respuesta, el gobierno estadounidense recurrió esta decisión y, en febrero de 2021, envió a los tribunales británicos una "nota diplomática" en la que pretendía ofrecer una serie de "garantías", como el hecho de que Julian Assange no sería internado en una prisión de alta seguridad o que podría ser retenido en Australia.

En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas de Estados Unidos y anuló la sentencia de primera instancia. En enero de 2022, los defensores de Julian Assange obtuvieron el derecho a presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Pero en marzo siguiente, el Tribunal Supremo se negó a examinar el recurso y, un mes después, la orden de extradición pasó a manos de la Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, Priti Patel, que la firmó el 17 de junio de 2022.

Julian Assange había perdido desde entonces otro recurso y obtuvo el derecho a presentar un recurso final contra la firma de la orden de extradición. La vista del recurso estaba prevista para los días 9 y 10 de julio.

Aunque la liberación de Julian Assange fue una sorpresa para muchos, ya se había anunciado el 20 de marzo en un artículo del Wall Street Journal. El procesamiento del periodista australiano planteaba una espinosa cuestión jurídica al Departamento de Justicia de Estados Unidos: dado que muchos periódicos, incluidos los estadounidenses, han reimpreso información de WikiLeaks, ¿cómo garantizar que una eventual condena de Julian Assange no siente un precedente y acabe amenazando a la prensa estadounidense?

El fundador de WikiLeaks también ha recibido el apoyo de numerosos medios de comunicación internacionales, algunos de ellos estadounidenses, aceptando que publicara información que les había facilitado y advirtiendo de la amenaza a la libertad de expresión. Mediante el acuerdo alcanzado con los abogados, los tribunales cierran este caso, al tiempo que salvan la cara al validar judicialmente los sesenta y dos meses de prisión que ha soportado Julian Assange.

A partir de ahora, podrá reunirse con su familia en Australia, en particular con su pareja, Stella Assange, y sus dos hijos. "¡Julian es libre! No hay palabras para expresar la inmensa gratitud hacia USTEDES, sí, USTEDES, que han trabajado durante años y años para que esto sea una realidad".

Traducción de Miguel López

Diversas organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa han aplaudido este martes el acuerdo alcanzado entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el Gobierno de Estados Unidos por el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido.

"Julian Assange ha hecho frente a un proceso judicial que tuvo graves implicaciones para los periodistas y la libertad de prensa a nivel mundial", ha dicho la directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jodie Ginsberg, según un comunicado publicado por la organización. "Si bien celebramos el fin de su detención, la persecución de Assange por parte de Estados Unidos ha sentado un precedente legal perjudicial al abrir la puerta a que los periodistas sean juzgados en virtud de la Ley de Espionaje si reciben material clasificado de los denunciantes", ha señalado, antes de recalcar que "esto nunca debería haber sucedido".

En este sentido, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha mostrado "enormemente aliviado por el hecho de que este proceso judicial haya terminado finalmente", según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Es una victoria para el periodismo y la libertad de prensa, por lo que RSF ha defendido desde el inicio. Hacía mucho que se debía haber liberado a Assange", ha zanjado.

Asimismo, la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Dominique Pradalié, ha ensalzado que "Julian Assange está libre". "Victoria para el derecho a informar y ser informado. Victoria para los periodistas de todo el mundo", ha manifestado. El vice secretario general de la FIP, Tim Dawson, ha sostenido además que "la libertad de Assange, si bien con una condena penal, es una victoria para el sentido común, la libertad de prensa y la decencia humana". "Se ha retirado una sombra sobre todos los que informan sobre asuntos de seguridad nacional", ha apostillado.

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) se ha congratulado del acuerdo alcanzado entre Assange y EEUU. "De esta manera acaban 14 años de persecución, tanto judicial como política, que ha sufrido Assange por parte de Estados Unidos tras la revelación de los papeles de Wikileaks", ha manifestado la organización. Según ha señalado el sindicato, Julian Assange "siempre" ha defendido que la publicación de los miles de informes, catalogados como secretos por la administración norteamericana, se realizó "por interés público y en aras de la libertad de información y expresión y por eso su liberación supone una gran noticia aunque haya tardado tantos años en producirse". "Durante todo este tiempo la causa de Assange era la causa de la defensa de la libertad de expresión y del derecho que tiene la ciudadanía de acceder a una información veraz en el mundo", ha concluido.

Está previsto que Assange comparezca ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde se declararía culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada. La petición de extradición sería posteriormente retirada y el fundador de Wikileaks no haría frente a más cargos, lo que derivaría en su liberación y en su viaje a Australia, dado que se habría acordado una sentencia de cinco años ya cumplida durante su periodo en prisión en Reino Unido. Sin embargo, el acuerdo alcanzado aún debe ser aprobado por un juez durante la jornada del miércoles.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años por la orden de arresto emitida por Estados Unidos por las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción y crímenes de guerra cometidos por Washington.

El Tribunal Superior de Londres ha dejado este lunes en libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido.

"Julian Assange está libre. Ha abandonado la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres le ha concedido la libertad bajo fianza y ha sido puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde ha embarcado en un avión y ha partido de Reino Unido", reza un comunicado de Wikileaks publicado en su cuenta de la red social X que recoge Europa Press.

Así, la organización ha agradecido todo el apoyo recibido para lograr la libertad de Assange, quien se encuentra de camino a Australia, su país de origen, donde se reunirá tanto con su esposa, Stella Assange, como con sus hijos, que "solo han conocido a su padre entre rejas", denunciando que se encontraba en régimen de aislamiento 23 horas al día en una celda de 2x3 metros.

"Este es el resultado de una campaña mundial que ha abarcado a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha desembocado en un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente", ha añadido Wikileaks. Asimismo, ha publicado un vídeo en el que se ve a Assange en libertad y embarcando en un avión a las 17.00 horas (hora local) del lunes en el mencionado aeropuerto.

Está previsto que Assange comparezca ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde se declararía culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada, según documentos judiciales recogidos por el diario británico The Guardian.

La petición de extradición sería posteriormente retirada y Assange no haría frente a más cargos, lo que derivaría en su liberación y en su viaje a Australia, dado que se habría acordado una sentencia de cinco años ya cumplida durante su periodo en prisión en Reino Unido. La elección de las Islas Marianas del Norte habría tenido lugar por la negativa de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a su proximidad a Australia.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado aún debe ser aprobado por un juez. Assange está ya viajando hacia Saipan de cara a una vista que tendrá lugar durante la jornada del miércoles, en torno a las 1.00 horas, en la España peninsular e Islas Baleares, según indica el tribunal de distrito de las Islas Marianas del Norte en su página web.

El avión que traslada al periodista ha hecho una parada en la capital de Tailandia, Bangkok, aparentemente para repostar, según recoge Flight Radar, que agrega que este vuelo chárter tiene previsto Saipan como próxima parada.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha recalcado que el Ejecutivo "es consciente" de que Assange "tiene procedimientos legales programados en Estados Unidos". "Estos procedimientos son cruciales y delicados. Dado que estos procedimientos están en marcha, no es apropiado hacer comentarios detallados", ha sostenido. "Diré, sin embargo, que el Gobierno australiano ha seguido brindando asistencia consular a Assange", ha apuntado ante el Parlamento, antes de indicar que el Alto Comisionado ante Reino Unido, Stephen Smith, "viajó con Assange cuando salió de Reino Unido". Asimismo, ha insistido en que "ha sido muy claro" sobre el hecho de que "al margen de la opinión que tenga la gente sobre las actividades de Assange, el caso se ha alargado demasiado".

"No hay nada que ganar con su continuado encarcelamiento y queremos que vuelva a casa a Australia. Hemos defendido los intereses de Australia utilizando todos los canales apropiados para lograr un resultado positivo", ha explicado Albanese, quien ha incidido en que tendrá "más que decir" una vez que "los procedimientos hayan concluido". "Espero que sea muy pronto", ha zanjado.

Asimismo, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha destacado que Albanese ha abordado este caso durante los últimos dos años con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y ha insistido en que "el primer ministro fue muy claro sobre la prioridad que otorgaba u otorga al caso de Assange", según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

Cabe destacar que el Gobierno australiano ha estado presionando a Estados Unidos para que permitiese a Assange volver al país y, aunque la Casa Blanca se había negado a hablar en público al respecto, el presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a expresar en abril que estaba considerando las peticiones de Canberra.

Por su parte, la esposa de Assange, Stella, ha aplaudido que "Julian es libre". "Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud con ustedes. Ustedes, los que se han movilizado durante años para que esto sea una realidad. Gracias, gracias, gracias", ha señalado en su cuenta en X.

Los padres de Assange también han expresado su alegría y alivio por la noticia de que "el calvario" de su hijo "está llegando a su fin", y ha agradecido a todos los que han trabajado por su liberación frente a aquellos que le han usado para "impulsar sus propias agendas". "Estoy agradecida de que el calvario de mi hijo esté llegando por fin a su fin. Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia discreta. Los últimos 14 años obviamente me han pasado factura como madre, así que quiero darles las gracias de antemano por respetar mi privacidad", ha declarado Christine Assange.

El padre, John Shipton, ha celebrado que su hijo vaya a poder "disfrutar de una vida normal con su familia y su mujer" tras haber pasado 15 "de sus años más productivos en alguna forma de encarcelamiento u otra".

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que podía implicar hasta 175 años de cárcel.

El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los Derechos Humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

La High Court de Londres da un balón de oxígeno al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Tras varios meses de tensa espera, los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han decidido este lunes frenar temporalmente la extradición a Estados Unidos del periodista y concederle una vez más la posibilidad de recurrir su entrega ante la justicia británica al entender que las garantías aportadas por la Administración de Joe Biden a mediados de abril en el caso no son suficientes como para dar luz verde definitiva al envío de Assange a suelo estadounidense.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición de Assange por razones humanitarias. La jueza Vanessa Baraitser consideró que se si autorizaba la entrega el riesgo de que el fundador de WikiLeaks se suicidara era "elevado". Pero Estados Unidos recurrió y presentó una serie de garantías para garantizar la seguridad del periodista si era extraditado –entre otras, que no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad y que recibiría "tratamiento médico y psicológico apropiado"–. El tribunal de apelaciones revocó entonces la decisión de Baraitser. Y el Supremo, unos meses después, desestimó el recurso presentado por los abogados de Assange contra esta última decisión.

El Gobierno británico firmó entonces la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista volvió a maniobrar. Y solicitó, de nuevo, permiso para recurrir. Lo hizo poniendo sobre la mesa hasta nueve motivos diferentes de apelación –los llamados grounds of appeal–, en los que señalaban, entre otras cuestiones, que la entrega era contraria al tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido o que chocaba contra varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –entre otros, el relativo a la libertad de información–. Puntos de apelación sobre los que se discutió largo y tendido a finales de febrero en una audiencia de dos días celebrada en la High Court de Londres.

Los magistrados vieron entonces que la defensa de Assange tenía base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres de los puntos de apelación. En concreto, aquellos que versaban sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Ahora bien, decidieron dejar dicha apelación en el aire a la espera de ver si Estados Unidos ofrecía garantías para cubrir todas esas lagunas.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas se comprometieron a que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". También señalaron que no se solicitaría ni se le impondría la pena de muerte. El hecho de haber puesto todas estas garantías sobre la mesa es lo que terminó derivando en la vista de este lunes, en la que los magistrados tenían que decidir si las mismas eran o no suficientes y si el fundador de WikiLeaks podía, o no, apelar nuevamente ante los tribunales británicos su extradición.

Al final, Sharp y Johnson han decidido dar una nueva oportunidad en Reino Unido al periodista. En concreto, han concedido el permiso para apelar sobre los dos primeros puntos, que giran alrededor de la posibilidad de acogerse a la Primera Enmienda –que garantiza la libertad de prensa–, pero no sobre el relativo a la pena de muerte. "La apelación de esos dos puntos se hace en relación a todos los cargos que se le imputan (a los 18), sin exclusión de ninguno, porque la High Court considera que todos ellos podrían estar afectados", explican fuentes jurídicas.

Ahora, la justicia británica deberá analizar a fondo estos dos puntos de apelación, algo que retrasaría de nuevo una posible entrega del fundador de WikiLeaks. Primero, porque no podría producirse mientras se estudian en detalle todos estos puntos. Y segundo, porque una resolución sobre el fondo de los mismos –ya sea positiva o negativa– podría ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo. Por el momento, explican fuentes jurídicas, el próximo viernes se celebrará una nueva vista "para formalizar la organización de los tiempos de apelación sobre estos dos puntos".

Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Desde que echó a andar allá por 2006, se han destapado redes de corrupción en África, incidentes nucleares, vertidos tóxicos, tramas bancarias o detalles sobre la censura en Internet. Pero también graves violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Es el caso del asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, un vídeo que circuló por todo el planeta y que hizo que WikiLeaks ganase relevancia pública. O la filtración relativa a las torturas cometidas contra presos de Guantánamo o Abu Ghraib, un centro de detención ubicado a pocos kilómetros de Bagdad.

Las revelaciones también tuvieron repercusiones en España. Sobre todo, a raíz de la publicación de los llamados papeles del Pentágono, más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados por la Administración estadounidense a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fueron las maniobras de EEUU para intentar frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de José Couso, el cámara español asesinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se encontraba informando sobre la invasión de Irak desde el Hotel Palestina, cuartel general de los periodistas internacionales.

"Las campañas de desinformación y la información falsa están poniendo los conocimientos y los métodos científicos de investigación en tela de juicio. Los ataques a la validez de la ciencia suponen una seria amenaza al debate público plural e informado". Son palabras de la UNESCO, que dedica este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, a la importancia del periodismo en la crisis ambiental que está arrasando al planeta. La edición de 2024 destacará "el importante papel que desempeña la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible".

Pero 31 años después de la proclamación de este día, el 3 de mayo de 1993, otras amenazas más clásicas a la libertad de prensa siguen teniendo a periodistas encarcelados y condenados como protagonistas. Entre ellos destacan los nombres de Pablo González y Julian Assange. El primero de ellos, un periodista español encarcelado en Polonia y acusado de cometer espionaje, lleva más de dos años en prisión. El segundo, fundador del portal WikiLeaks que filtró cerca de 400.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Irak, está a la espera de su posible extradición a Estados Unidos para ser juzgado también por delitos de espionaje o conspiración por infiltrarse en ordenadores gubernamentales del país americano.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania. El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como laSexta, Público o Gara, cubría desde hacía una década las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.

González figuraba desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados "prorrusos" que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al régimen de Vladimir Putin en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de X, especialmente tras la invasión del país a Ucrania, que González creía que no se iba a producir.

Oihana Goiriena, pareja de Pablo González, destaca en declaraciones a infoLibre que la situación está "exactamente igual que hace un año. Sigue en prisión preventiva y está catalogado como un preso peligroso, lo que supone que tiene que estar en aislamiento. Está a espera de que fijen fecha de juicio, cosa que de momento no tiene visos de suceder porque aún no se han presentado cargos".

Oihana solo ha podido ir a visitarlo en dos ocasiones, en noviembre de 2022 y en julio de 2023, y, según explica, "mantienen una relación epistolar al estar en semiincomunicación". "Solo nos podemos comunicar por carta. No nos permiten hablar por teléfono ni por videollamada. La única manera de comunicarnos indirectamente y actualizada es a través de los abogados. Él puede llamarlos pero ellos a él no. De esta manera, yo le mando un mensaje a través del abogado y este me envía la respuesta de Pablo", lamenta.

Pablo González está acusado por espionaje por las autoridades polacas. "En los medios de comunicación polacos salió, al principio de su detención, un ministro diciendo que Pablo portaba pasaportes falsos, y eso no es así", asegura Oihana para continuar explicando la situación personal de su pareja: "Pablo nació en Rusia y con nueve años vino a España. Es por eso que tiene dos pasaportes con nombres distintos: uno con su nombre de nacimiento, Pavel, y el apellido de su padre también ruso; y otro con su nombre en versión española, Pablo, y los apellidos de sus abuelos maternos que son españoles".

Con la llegada de Donald Tusk al poder polaco en octubre de 2023, los familiares y amigos de Pablo González tuvieron "cierta esperanza". "El nuevo gobierno es proeuropeo y esperabamos que fuera más respetuoso con las cartas europeas sobre los derechos humanos", destaca Goiriena para recordar que "ahora mismo se están vulnerando en el caso de Pablo, en especial respecto a su derecho a la defensa".

Respecto a la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Oihana destaca que "no ha habido casi ningún movimiento hasta ahora" del gabinete liderado por José Manuel Albares. "El ministro ha vulnerado la presunción de inocencia desde el minuto uno porque cada vez que se le preguntaba sobre el caso de Pablo él decía que los cargos eran muy graves y que máximos respetos para el gobierno polaco". El único punto positivo es un "cierto cambio" de las declaraciones de Albares desde que se cumplieron dos años del arresto de Pablo González: "El ministro dijo que pediría al gobierno de Polonia que presentase los cargos si es que los hubiera".

Justo en el segundo aniversario de la detención, el 24 de febrero de 2024, varias personalidades como los exjueces Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín y los actores Juan Diego Botto y Carlos Bardem mostraron su apoyo a Pablo González en un vídeo difundido el pasado febrero por la asociación #FreePabloGonzález.

El fundador de WikiLeaks tampoco tiene un futuro prometedor. El próximo 20 de mayo la High Court de Londres decidirá si las garantías ofrecidas por Estados Unidos para hacer un juicio justo, insuficientes para la familia del acusado, son aceptadas o si conceden a Julian Assange la oportunidad de seguir recurriendo su extradición al país americano.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas aseguraron que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". Además, establecieron que en el caso de que Assange fuese extraditado, continúa el texto, "tendrá la posibilidad" de "tratar de alegar en el juicio los derechos y protecciones otorgados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos". Tampoco "se solicitará ni se impondrá la pena de muerte a Assange", según el texto de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones contra el fundador de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

Este jueves 2 de mayo Amnistía Internacional Valencia celebra en la ciudad del Turia una mesa redonda para homenajear a "los periodistas asesinados, encarcelados y perseguidos por ejercer su profesión". El evento tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza de Horno de San Nicolás, a las 18:30 horas. En este coloquio participarán la mujer de Pablo González, Oihana Goiriena, el activista y defensor en el caso Assange Jorge Fernández y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

La batalla sobre el futuro del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, continuará en los tribunales británicos. Estados Unidos ha cumplido con el plazo establecido por la High Court de Londres, que acababa este mismo martes, y ha ofrecido ciertas garantías en relación al proceso que se sigue en suelo norteamericano contra el periodista. Ahora, las partes podrán presentar nuevos escritos sobre las mismas, que se estudiarán en una nueva audiencia el próximo 20 de mayo, donde se decidirá si son suficientes y la justicia las acepta.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas aseguran que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". En el caso de que fuese extraditado, continúa el texto, "tendrá la posibilidad" de "tratar de alegar en el juicio los derechos y protecciones otorgados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos".

Tampoco "se solicitará ni se impondrá la pena de muerte a Assange", según el texto de las autoridades estadounidenses. El motivo es que "no está acusado de un delito punible con la pena de muerte". "Estas garantías son vinculantes para todas y cada una de las personas presentes en las que se haya delegado la autoridad" para decidir sobre este delito, finaliza el texto.

Stella Assange, mujer del acusado, ha cargado contra la resolución porque, según ella, "Estados Unidos no ha entregado garantía alguna en relación con la Primera Enmienda y solo una garantía mínima en relación con la pena de muerte". Además, también destaca que el país americano "no se compromete a retirar las afirmaciones previas llevadas a cabo por la Fiscalía de que Julian no puede gozar de los derechos contemplados en la Primera Enmienda porque no es un ciudadano estadounidense”.

Stella ha añadido que en vez de dar unas garantías seguras a su pareja, "Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras de una vaguedad descarada". “La nota diplomática no hace nada por aliviar la angustia extrema de nuestra familia sobre su futuro, ni sobre la sombría expectativa de tener que pasar el resto de su vida en aislamiento en una prisión estadounidense, por haber realizado un periodismo que fue merecedor de premios", ha destacado para finalizar su comunicado avisando a la Administración Biden de que "debe renunciar a este peligroso intento de procesamiento antes de que sea muy tarde”. En una entrevista a este medio, ya avisó de que si él era extraditado a EEUU no sabrían si lo volverían a ver más.

A finales de marzo, los magistrados de la High Court consideraron que la defensa de Assange tenía base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres puntos de apelación. En concreto, aquellos que versan sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Sobre esto último, el tribunal señaló que el tratado de extradición no excluye la entrega por cargos de pena capital y recuerda que han existido "llamamientos a la imposición" de dicho castigo por parte de "destacados políticos y otras figuras públicas".

Pero a pesar del posible recorrido de los mismos, la High Court decidió dejar la apelación en el aire a la espera de lo que se pudiera ofrecer desde Estados Unidos para cubrir todas estas lagunas. La resolución daba a la Administración Biden hasta este martes para ofrecer garantías de que la nacionalidad de Assange no le perjudicará en su proceso judicial, de que no se le impondrá la pena de muerte y de que podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense –la que protege la libertad de prensa–, algo que EEUU siempre ha rechazado. "Si no se le permite debido a su condición de ciudadano extranjero, se verá perjudicado por su nacionalidad", señala la resolución.

Ahora, tras la respuesta de última hora de Estados Unidos, las dos partes se verán en una nueva vista el próximo 20 de mayo. A continuación, la High Court decidirá si son aceptadas dichas garantías o si conceden a Julian Assange la oportunidad de seguir recurriendo su extradición a Estados Unidos. Si no lo hacen, se habrán agotado las vías internas para el fundador de WikiLeaks. Y la última bala que le quedará será recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pedir como cautelar la suspensión de su extradición hasta que Estrasburgo resuelva.

La High Court de Londres mantiene viva la incógnita sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Lejos de arrojar luz sobre el asunto y tras un intenso mes de espera, los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han emitido este martes una resolución que alarga varias semanas más la agonía del periodista, encerrado desde hace un lustro en una cárcel de máxima seguridad. El fallo reconoce que hay caso, que algunos argumentos de apelación expuestos por la defensa de Assange pueden tener recorrido. Pero por el momento no los acepta. Antes, se ha preferido dar un margen a las autoridades americanas para que ofrezcan garantías sobre esas cuestiones. Una decisión que retrasa, como poco, un par de meses la posible extradición del periodista.

Las filtraciones de WikiLeaks han puesto al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Desde que echó a andar allá por 2006, se han destapado redes de corrupción en África, incidentes nucleares, vertidos tóxicos, tramas bancarias o detalles sobre la censura en Internet. Pero también graves violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Es el caso del asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, un vídeo que circuló por todo el planeta y que hizo que WikiLeaks ganase relevancia pública. O la filtración relativa a las torturas cometidas contra presos de Guantánamo o Abu Ghraib, un centro de detención ubicado a pocos kilómetros de Bagdad.

Las revelaciones de WikiLeaks también tuvieron repercusiones en España. Sobre todo, a raíz de la publicación de los llamados papeles del Pentágono, más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados por la Administración estadounidense a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fueron las maniobras de EEUU para intentar frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de José Couso, el cámara español asesinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se encontraba informando sobre la invasión de Irak desde el Hotel Palestina, cuartel general de los periodistas internacionales.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones contra el fundador de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición de Assange por razones humanitarias. La jueza Vanessa Baraitser consideró que se si autorizaba la entrega el riesgo de que el fundador de WikiLeaks se suicidara era "elevado". Pero Estados Unidos recurrió y presentó una serie de garantías para garantizar la seguridad del periodista si era extraditado –entre otras, que no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad y que recibiría "tratamiento médico y psicológico apropiado"–. El tribunal de apelaciones revocó entonces la decisión de Baraitser. Y el Supremo, unos meses después, desestimó el recurso presentado por los abogados de Assange contra esta última decisión.

El Gobierno británico firmó entonces la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista volvió a maniobrar. Y solicitó, de nuevo, permiso para recurrir. Lo hizo poniendo sobre la mesa hasta nueve motivos diferentes de apelación –los llamados grounds of appeal–, en los que señalaban, entre otras cuestiones, que la entrega era contraria al tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido o que chocaba contra varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –entre otros, el relativo a la libertad de información–. Puntos de apelación sobre los que se discutió largo y tendido a finales de febrero en una audiencia de dos días celebrada en la High Court de Londres.

Ahora, tras un largo mes de espera, los magistrados se han pronunciado sobre el caso. Pero no han sido todo lo contundentes que se esperaba. El tribunal ha rechazado la gran mayoría de motivos de apelación expuestos por la defensa de Assange. Y lo ha hecho a través de una extensa resolución en la que, incluso, se niega la admisión de nuevas pruebas relativas al supuesto complot de la CIA para secuestrar o matar al fundador de WikiLeaks, una información publicada hace casi tres años por Yahoo News. El fallo descarta también que la solicitud de entrega contra el periodista australiano tenga una motivación política. "Se formuló con el fin de procesar al demandante por los delitos de extradición y no por sus opiniones políticas", recoge.

Ahora bien, los magistrados sí que creen que la defensa de Julian Assange tiene base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres de los puntos de apelación. Son, en concreto, aquellos que versan sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Sobre esto último, el tribunal señala que el tratado de extradición no excluye la entrega por cargos de pena capital y recuerda que han existido "llamamientos a la imposición" de dicho castigo por parte de "destacados políticos y otras figuras públicas".

Pero a pesar del posible recorrido de estos tres puntos, la High Court ha decidido dejar la apelación en el aire a la espera de lo que se pueda ofrecer desde Estados Unidos para cubrir todas estas lagunas. La resolución emitida este martes da a la Administración Biden un plazo de tres semanas –que concluye el próximo 16 de abril– para que ofrezcan garantías de que la nacionalidad de Assange no le perjudicará en su proceso judicial, de que no se le impondrá la pena de muerte y de que podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense –la que protege la libertad de prensa–, algo que EEUU siempre ha rechazado. "Si no se le permite debido a su condición de ciudadano extranjero, se verá perjudicado por su nacionalidad", señala la resolución.

Si no las proporcionan, el tribunal daría luz verde directamente a que se admitan esos tres puntos de apelación y se entre en el fondo de los mismos. Esto, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, retrasaría más tiempo una posible entrega del periodista a Estados Unidos. Primero, porque no podría producirse la extradición mientras se están analizando en detalle todos estos argumentos de apelación. Y segundo, porque una resolución sobre el fondo de los mismos –ya sea positiva o negativa– podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, para lo cual, explican las fuentes pulsadas por este diario, tendría que aprobarse previamente "el permiso para apelar", algo similar a lo que se está viviendo ahora mismo en la corte londinense.

Pero si se ponen sobre la mesa las garantías exigidas, la cosa cambia. En ese caso, se presentarán nuevos escritos sobre las mismas y se estudiarán en una nueva audiencia el próximo 20 de mayo. Tras esa nueva vista, la High Court decidirá si concede o no a Assange el permiso para apelar sobre los tres puntos anteriormente citados. Si lo hace, el procedimiento sería el descrito anteriormente. Pero si no, la batalla en suelo británico se habrá terminado para el fundador de WikiLeaks. Y la única carta que le quedaría sería llevar el caso de inmediato al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pedir como cautelar la suspensión de su extradición hasta que Estrasburgo resuelva, una posibilidad que está sobre la mesa de su defensa.

La resolución de este martes ha sido duramente criticada tanto por el entorno de Assange como por diferentes colectivos de derechos humanos. "Lo que los tribunales han hecho ha sido invitar a una intervención política de Estados Unidos, lo que me parece asombroso. La Administración Biden no debería dar garantías, debería abandonar este vergonzoso casos que nunca debió haberse abierto", ha señalado la abogada sudafricana Stella Morris, esposa del periodista. "La decisión de hoy deja en el limbo a Assange y a todos los defensores de la libertad de prensa, pero la lucha continúa", ha apuntado, por su parte, Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, quien ha recordado lo "profundamente defectuosas" que suelen ser las "garantías" que ofrece Estados Unidos.

La agonía del periodista australiano por su extradición se prolongará, por tanto, como poco hasta finales de mayo. Una cruel incertidumbre que el fundador de WikiLeaks, cuyo estado de salud es muy precario –hace un par de años sufrió un derrame cerebral–, deberá soportar desde su celda en la prisión de Belmarsh. Una pequeña habitación de apenas seis metros cuadrados en la que pasa más de veinte horas al día.

La justicia británica alarga la batalla alrededor de la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Tras un largo mes de espera, dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, han abierto la puerta este martes a que el periodista pueda volver a apelar en suelo británico contra su envío al otro lado del Atlántico si la Administración Biden no ofrece en las próximas tres semanas una serie de garantías. La entrega queda, por lo tanto, paralizada a la espera de Estados Unidos. El pronunciamiento de este martes era clave para el activista australiano. Si los magistrados hubieran rechazado de principio a fin sus argumentos, la instancia interna británica se habría acabado. Y a Assange sólo le habría quedado una última bala ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Arrojaron luz sobre las ejecuciones extrajudiciales en Kenia, la corrupción en Islandia, la censura en China o las violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos: desde las torturas en Abu Ghraib o Guantánamo hasta el asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache. A pesar de ello, sólo los americanos iniciaron una ofensiva legal contra Assange por espionaje. En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición por razones humanitarias. Pero Estados Unidos recurrió, ofreciendo una suerte de garantías diplomáticas por las que se comprometía a salvaguardar la integridad de Assange. A la High Court le pareció bien. Y dio el visto bueno a la extradición.

El Gobierno británico firmó la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista decidió dar una última batalla con un nuevo recurso que se estudió el pasado mes de febrero en una vista de dos días. En la misma, los abogados de Assange pusieron en duda que el mismo pudiese recibir un trato justo en Estados Unidos y advirtieron que estaban en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones por las que es perseguido se enmarcan dentro del ámbito de la libertad de prensa. Además, alegaron que a su cliente se le estaban imputando "delitos políticos", por lo que su caso no tendría encaje en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido. Los estadounidenses, por su parte, hicieron hincapié en las "profundas consecuencias" que tuvieron las filtraciones.

Al final, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han dado un nuevo balón de oxígeno al fundador de WikiLeaks. En su resolución, consideran que Assange tiene "una posibilidad real de éxito" en tres de los nueve puntos de apelación que había planteado. En concreto, los que hacen referencia a una posible vulneración de la libertad de prensa –consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos–, a un trato discriminatorio como ciudadano extranjero y a la posible imposición de la pena capital contra el periodista, para el que las autoridades estadounidenses podrían pedir hasta 175 años de prisión por delitos de espionaje e intrusión informática.

A pesar de ello, los magistrados aún no dan vía libre a Assange para recurrir. Antes, han ofrecido a Estados Unidos la "oportunidad" de dar una serie de "garantías" para abordar dichas cuestiones. "A menos que se proporcionen garantías satisfactorias, el Tribunal concederá autorización para apelar sobre esos motivos", continúa el fallo de Sharp y Johnson. El fundador de WikiLeaks, que lleva cinco años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh tras ser detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, no será, por lo tanto, extraditado de manera "inmediata".

La Administración Biden tiene ahora tres semanas para garantizar que Assange podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que consagra la libertad de prensa, que no se le perjudicará en el proceso judicial por razón de su nacionalidad o que no le será impuesta la pena de muerte. "Si no se dan esas garantías, se autorizará la apelación y se celebrará una audiencia de apelación. Si se dan garantías, las partes tendrán una nueva oportunidad de presentar declaraciones y se celebrará una nueva audiencia el 20 de mayo de 2024 para decidir si las mismas son satisfactorias y para tomar una decisión final sobre la autorización para apelar", reza la resolución judicial.

El Tribunal Superior de Londres anunciará este martes su decisión sobre la posible extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, imputado en el país norteamericano por la difusión de miles de documentos secretos, según informa Europa Press.

Tanto la mujer de Assange como Wikileaks han anunciado en sus redes sociales que la vista en que se conocerá el resultado arrancará a las 10.30 (hora de Londres). Los jueces pueden determinar que el caso merece un nuevo examen jurídico o, por el contrario, darlo por cerrado, lo que dejaría como alternativa final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Gobierno de Reino Unido ya dio luz verde al traslado en junio de 2022, pero Assange, que llegó a permanecer cerca de siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha tratado de bloquearlo por todas las vías posibles. Sobre él pesan cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel.

En las vistas de febrero, los abogados del fundador de Wikileaks pusieron en duda que pudiese recibir un juicio justo en Estados Unidos y reivindicaron que en este proceso están en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones de Assange entrarían dentro del ámbito del periodismo y merecerían especial protección.

Asimismo, alegaron que a su cliente se le imputaban "delitos políticos" y que, por tanto, en su caso no era aplicable el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido.

Para la parte estadounidense, en cambio, se trata de hechos de especial gravedad y durante las vistas hicieron hincapié en las "profundas consecuencias" de las filtraciones, especialmente para las fuentes que aparecían identificadas en los documentos publicados por Wikileaks y relativos a situaciones de conflicto.

Mucho antes de la cita de las 8.30 de la mañana, ya estaban coreando "Liberad a Julian Assange". Frente a los edificios neogóticos del Tribunal Superior de Justicia de Londres, había jóvenes, personas mayores, británicos, pero también de muchas otras nacionalidades, como alemanes, brasileños y suizos. 

Matti es uno de los que van vestidos con un pijama naranja, como los presos de Guantánamo. Lleva colgada una pizarra al cuello en la que figura el número de Julian Assange en el centro de detención de Belmarsh, y su delito escrito con tiza: "Publicar la verdad". "Debemos defender el periodismo, para defender nuestras democracias", dice este joven suizo, caminando entre la multitud con una gran sonrisa en la cara. 

Atados a las verjas del tribunal hay una lista de todos los premios periodísticos que ha recibido Julian Assange. Y alrededor, a lo largo de varios metros, colgando de algunos postes, hay también lazos amarillos (haciéndose eco de la campaña #YellowRibbons4Assange apoyada por Stella Assange, la esposa del fundador de WikiLeaks, en 2022 en Twitter). 

Había cientos de cintas, pero también cientos de personas delante del tribunal. La mayor concentración que jamás he visto hasta ahora, dijo Stella Assange al subir a una tarima el martes por la mañana. Enfundada en un abrigo verde esmeralda, Stella pidió a la gente que "siga mostrando su apoyo. Estén ahí por Julian, por nosotros y por ustedes mismos, hasta que sea libre". 

La esposa del fundador de WikiLeaks está visiblemente debilitada. Estuvo enferma a principios de año, hasta el punto de que faltó a una de sus visitas a la prisión de Belmarsh, pero asegura que "se encuentra mejor". Ahora no es el momento de bajar el ritmo, porque "lo que le ha pasado a Navalny le puede pasar a Julian", en referencia al opositor ruso asesinado en prisión. Katya, una joven rusa que vive en Inglaterra desde hace quince años, también hace la misma analogía: el Reino Unido, dice, "señala a Rusia diciendo: 'Mirad lo que hacen a los que dicen la verdad, les persiguen y son víctimas de las mentiras del gobierno'. Pero en realidad, aquí estamos haciendo lo mismo". 

Detrás de una pancarta de varios metros de largo con el nombre y el rostro del fundador de WikiLeaks, Katya sostiene un cartel en el que se lee: "La verdad no es un delito, es nuestro derecho". 

Para los partidarios de Julian Assange y su equipo de abogados, la línea de defensa es clara: Assange es un periodista y un editor. Hizo su trabajo publicando documentos que le envió Chelsea Manning, que a su vez fue sometida a un consejo de guerra y encarcelada por ser una denunciante. Luego, el presidente Obama conmutaría su pena en 2017. 

"Si es extraditado, Julian Assange será el primer periodista acusado en virtud de la Ley de Espionaje", ha declarado Fiona O'Brien, directora en el Reino Unido de Reporteros sin Fronteras. “Esta ley no permite invocar el interés público como justificación", ha alegado ante el tribunal. “Pero publicar información, a veces información filtrada, es la esencia del trabajo de los periodistas, por lo que esto sería muy preocupante para la libertad de prensa y para el derecho de los ciudadanos a la información". 

Dentro de la sala, los abogados de Julian Assange tomaron la palabra el primer día de la vista. Ante una sala repleta, hasta el punto de que la mayoría de los medios de comunicación tuvieron que conformarse con una conexión de vídeo o incluso de audio, el abogado de Assange, Ed Fitzgerald, tuvo primero que excusar a su cliente, que estaba demasiado enfermo para asistir a la vista. Sin embargo, como señaló la juez Victoria Sharp, había solicitado y obtenido el derecho a estar presente. 

Unos días antes, Stella Assange había declarado ante un grupo de periodistas que su marido quería estar allí para "consultar a sus abogados y hacerles preguntas". La última vez que se le permitió asistir a una de esas vistas fue el 6 de enero de 2021. Desde entonces, añade, "uno de los grandes absurdos de este caso es que haya tenido que seguir los procedimientos como espectador". 

La salud de Julian Assange preocupa a sus partidarios. “Llevamos mucho tiempo preocupados por el deterioro de su salud", dice Gina, una mujer de Normandía vestida con un chaleco amarillo que ha venido a Londres para estos dos días. “Físicamente, lo ha pasado mal. Psicológicamente, cada vez está peor.” 

En enero de 2021, un juez británico bloqueó la extradición de Assange por el riesgo de suicidio y Estados Unidos recurrió con éxito esa decisión. Stella Assange sigue convencida de que si es extraditado, "morirá". “No os creáis las garantías que ha dado Estados Unidos de que le tratarán bien", advirtió a los periodistas la semana anterior. “Si le envían allí, le meterán en un agujero y no le volveremos a ver". 

Julian Assange está en peligro, según su esposa. Sus abogados subrayan los riesgos para la seguridad de su cliente, pero también apuntan a amenazas externas. "Existe un riesgo real de que la CIA y otras agencias emprendan acciones extrajudiciales contra él", afirman. Stella Assange y sus abogados afirman que los servicios secretos americanos, con la aprobación de Mike Pompeo, exjefe de la CIA y secretario de Estado con Donald Trump, pretendían secuestrar, o incluso asesinar, al fundador de WikiLeaks. 

Estas acusaciones son actualmente objeto de un procedimiento en España, debido a que una empresa de seguridad implicada es española. Otro de los abogados de Assange, Mark Summers, volvió a hablar por la tarde de "este increíble proyecto". 

Mientras tanto, durante la pausa de la comida, Stella Assange volvió a la tarima para dirigirse una vez más a los partidarios de su marido, que ambientaron la explanada con músicos, coreando "Siempre apoyaremos a Julian Assange." 

Cuando se reanudó la vista, los abogados desplegaron más argumentos para convencer al tribunal de que Julian Assange tiene derecho a recurrir su extradición. El fundador de WikiLeaks "está siendo procesado por un delito político", afirmó Ed Fitzgerald. Porque el tratado bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido estipula que un sospechoso no puede ser extraditado por un delito de naturaleza política, alegó. "Es un abuso procesal solicitar la extradición por razones políticas", concluye el abogado. 

Al final de la primera jornada de la vista, Stella Assange compareció por tercera vez ante los seguidores para rogarles que volvieran al día siguiente, cuando le toque intervenir a Estados Unidos. El mensaje fue escuchado, porque el miércoles por la mañana, a pesar de la lluvia, seguían allí las mismas personas. 

Con capuchas o con un paraguas en una mano y una pancarta en la otra, el ambiente era menos festivo. Una bandera palestina ondeaba entre las pancartas de Julian Assange con los ojos vendados. “Es un hombre totalmente inocente", afirma Patrick, que ha viajado desde Irlanda para asistir a las vistas. “Los verdaderos criminales son los que apoyan el genocidio en Palestina". Para él, querer "extraditar a un ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos" es una prueba más del "imperialismo americano". 

Dentro de la sala, Claire Dobbin, representante de Estados Unidos, tomó la palabra. Julian Assange estaba "muy fuera del ámbito del periodismo o del periodismo responsable", dijo. Habló de "maniobras de hacker" e insistió en uno de los principales argumentos de Washington: las revelaciones de WikiLeaks habían puesto en peligro la vida de informadores y espías internacionales. 

"Tras la publicación de los cables desaparecieron varias personas [...]. Otras fueron detenidas después de que se revelaran sus nombres", afirma la abogada, pero añade que no se pudo "establecer ningún vínculo con la difusión de los documentos". Claire Dobbin quiso pasar "rápidamente" a abordar la cuestión del tratado bilateral mencionado la víspera, que excluye toda posibilidad de extradición por opiniones políticas. 

Según ella, la “Ley británica de Extradición” , que incorpora el tratado bilateral al corpus legislativo británico y regula las solicitudes de extradición presentadas al y por el Reino Unido, "reformó en gran medida" el tratado en 2003. La referencia a la excepción de las opiniones políticas fue entonces "omitida", argumenta, concluyendo que "La extradición no está prohibida por delitos políticos". 

Cuando, al final de la jornada, uno de los abogados de Assange, Ed Fitzgerald, volvió a tomar la palabra, fue sobre todo para señalar la contradicción entre la ley británica y el tratado bilateral: "No podemos ignorar el tratado [...], es la base de la solicitud de extradición." 

Los dos jueces se retiraron a considerar la decisión que tiene en vilo a los partidarios de Assange, convencidos de que una decisión rápida podría perjudicar al fundador de WikiLeaks. Pero también temen que el caso se alargue durante meses, lo que sería perjudicial para la salud del australiano de 52 años. Al final, los jueces volvieron a decir que no tomarían una decisión hasta al menos el 4 de marzo, a la espera de recibir ciertos documentos. 

Los partidarios de Assange abandonaron luego el tribunal para marchar hacia el 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro. Una forma de mostrar que creen que la solución no vendrá necesariamente del tribunal, sino quizás de la voluntad política, tanto en Londres como en Washington.

Traducción de Miguel López