José Couso, veinte años de lucha contra el olvido

Cuentan en la familia Couso que sentarse a ver una película con José era un completo desafío. No había manera de que estuviese en silencio. El joven necesitaba analizar cada detalle de lo que veía en la pantalla. Desde el plano utilizado hasta el encuadre, pasando por la iluminación. Una obsesión por el cine que le llevó a estudiar imagen y sonido. Poco a poco, el muchacho se fue labrando una carrera alrededor de las cámaras. Vivía su profesión, le encantaba. Tanto, que una vez llegó a forzar la repetición de una entrevista con un ministro porque no estaba contento con la colocación de los focos. Pero su trayectoria se vio truncada hace justo veinte años en Bagdad. Couso fue asesinado por las tropas estadounidenses. Y desde entonces, España no ha parado de mirar hacia otro lado.

Era martes, 8 de abril de 2003. Aquella mañana, apenas dos semanas después del inicio de la invasión de Irak, el Ejército de los Estados Unidos se encontraba ya a las puertas de la capital. Y los periodistas eran conscientes de la importancia que esto tenía en el desarrollo de la guerra. Por eso, al amanecer colocaron sus cámaras en los balcones del Hotel Palestina, desde donde tenían una visión magnífica. A lo lejos, al otro lado del río Tigris, los informadores podían ver los carros de combate del 64º Regimiento Blindado, 4º Batallón, de las Fuerzas Armadas estadounidenses. "No tardaron en comenzar a disparar", recuerda al otro lado del teléfono Carlos Hernández, que entonces cubría la invasión para la cadena Antena 3.

Algunos de esos cañonazos se dirigieron contra las sedes de Abu Dhabi TV y Al Yazira, perfectamente marcadas con grandes letreros en los que podía leerse la palabra "Prensa". Un periodista murió y otros dos quedaron heridos. A esa primera oleada siguió eso que se llama calma chicha. "Como no pasaba nada, nos fuimos metiendo en las habitaciones para ir mandando nuestras crónicas o avanzar trabajo", cuenta Hernández. Desde la habitación 1507, el periodista repasaba imágenes con un compañero. De pronto, una potente detonación poco antes del mediodía rompió el silencio. Los carros de combate estadounidenses habían abierto fuego contra el hotel, asesinando a Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y a Couso, que grababa para Telecinco desde la ventana.

Aquella mañana aún "atormenta" a Hernández. El periodista todavía tiene grabado a fuego lo que decía el cámara y reportero gráfico cuando desde los despachos de las redacciones españolas se les presionaba para que abandonaran el país. "Tenemos que quedarnos para contar lo que ocurra", decía. Él era consciente de que sin testigos, el espacio para la impunidad era enorme. Y le daba a su papel en el conflicto armado la importancia que merecía. "Era un gran reportero, con mucha experiencia", recuerda Hernández. Couso no era un loco. Ni tampoco un héroe. Lo único que hacía era su trabajo. Sin correr riesgos, con toda la prudencia que requiere documentar hasta el más mínimo detalle en un escenario de guerra.

Los últimos veinte años han sido un completo infierno para la familia del cámara. "Es como si te arrancasen una parte de ti, algo imposible de olvidar. Recuerdas permanentemente todo: los momentos con él, la última conversación que tuvisteis", cuenta David, hermano del cámara. Una herida que el desinterés del Estado español ha impedido cerrar. Han sido dos décadas de gobiernos de distinto signo tapándose los ojos para no ver un crimen de guerra de manual, de apoyos que luego caían en el olvido, de promesas incumplidas. "Se ha visto cómo para las autoridades españolas pesa más la geopolítica que la defensa de sus propios ciudadanos", resalta el hermano de Couso. Pero a pesar de ello, la familia sigue en la brecha. Luchando sin descanso.

El Ejecutivo de José María Aznar fue el primero en mirar hacia otro lado. "Aun en el caso de que fuera un error de un blindado no es una cuestión para condenar a un país. No tiene entidad, desde el punto de vista del Gobierno, para condenar a un país", se encargó de decir pocos días después de la matanza la entonces titular de Exteriores, Ana Palacio. Cuatro meses después, la misma ministra daba por buena la investigación llevada a cabo por el Ejército estadounidense, la que concluía que se había disparado contra el edificio porque había un observador con prismáticos delatando la posición de las fuerzas americanas. Dio igual que fuera la tercera versión que se daba ya sobre el mismo tema. No había motivo, a ojos del Ejecutivo, para desconfiar.

Un ataque premeditado contra los medios

Si algo definió a aquella invasión fueron, justamente, las mentiras. Y eso es algo que vivieron en sus propias carnes los periodistas que durante aquellas trágicas horas se encontraban en Bagdad. Hernández pone un ejemplo muy ilustrativo. El 9 de abril, un día después del asesinato de Couso, uno de sus compañeros recibe una llamada del jefe diciéndole que el entonces ministro de Defensa le había trasladado que el cuerpo del cámara ya lo tenían los marines estadounidenses. Algo que no cuadraba, en absoluto, a los informadores. Por eso decidieron desplazarse hasta el hospital. Y allí comprobaron que seguían los restos mortales de su compañero. "Un ministro de Defensa irresponsable dando información falsa. Así funcionaba todo", cuenta Hernández.

El paso del tiempo ha terminado demostrando que aquellas versiones dadas por las autoridades estadounidenses eran falsas. Es muy claro, en este sentido, el auto de procesamiento dictado el 4 de octubre de 2011 por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llevó las pesquisas sobre lo sucedido. En él recoge que EEUU sabía perfectamente que el Palestina era el centro de los periodistas. De hecho, fue el Pentágono el que les aconsejó que se trasladaran al mismo, que además se incluía en las listas de objetivos prohibidos que llevaban consigo los propios soldados. Además, el carro de combate que disparó contaba con "elementos de visión" que permitían "apreciar con total claridad" a las personas que se encontraban en el edificio.

Hernández tiene perfectamente claro qué fue lo que pasó aquella mañana de 2003: "Un ataque premeditado contra la prensa". Exactamente lo mismo que concluyó Pedraz a medida que avanzó en el caso. "Se confirma indiciariamente, incluso por reducción al absurdo, que una de las misiones de la 3ª División era la de evitar que los medios de comunicación pudieran informar de lo que iba a acontecer en el conflicto", recogía en aquel mismo auto, con el que decretaba el procesamiento del sargento Thomas Gibson, del capitán Philip Wolford y del teniente coronel Philip de Camp. Y, de hecho, lo consiguieron, porque no consta que existan imágenes de Bagdad en las horas siguientes al ataque, momento en el que los americanos tomaron la ciudad.

Maniobras contra la investigación judicial

Pero aquella causa judicial, iniciada a raíz de la querella interpuesta por la familia, estuvo repleta de obstáculos. El interés por que se investigara el asunto era nulo. Y eso quedó claro desde el primer momento. Hernández recuerda la primera vez que prestó declaración en la Audiencia Nacional con otros compañeros corresponsales que habían estado aquella mañana de abril en Bagdad. "Ni siquiera vino el fiscal", señala. De hecho, aquello fue algo que indignó profundamente a Jon Sistiaga, compañero de Couso en Telecinco. "Demuestra que no tiene interés en investigar la muerte de un ciudadano español", dijo el periodista en sede judicial en octubre de 2003.

La causa avanzó durante años a trompicones. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivaba al considerar que era un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado". El Supremo, reabría. Y cada paso que intentaba dar el magistrado Pedraz ordenando la detención de los militares estadounidenses era recurrido por parte del Ministerio Público. "Se torpedeaba constantemente", recuerda el hermano del cámara. Por aquel entonces, el Gobierno estaba en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, de un PSOE que había sido especialmente duro en relación con este tema. "Pero realmente lo que estaba haciendo era maniobrar en la retaguardia, con una actitud vasalla ante potencias extranjeras", sostiene David Couso.

Todos estos movimientos entre bambalinas vieron la luz en noviembre de 2010 con las filtraciones de WikiLeaks. Aquellos cables recogían, por ejemplo, una reunión del entonces embajador estadounidense Eduardo Aguirre con el que era fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". Un encuentro en el que, según el informe, Conde-Pumpido aseguró que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención que acababan de ser dictadas por Pedraz. De hecho, solo unos meses después el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, avisaba a la legación de que se había opuesto al procesamiento de los militares.

Las comunicaciones, del mismo modo, también hacían referencia al Ejecutivo español, entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Así, un cable dirigido por el embajador norteamericano a su entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara" las decisiones del juez. No era, sin embargo, la única vez que se mencionaba algo similar. "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", se recogía en otro telegrama confidencial que llevaba el siguiente título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

Cambiar la ley para enterrar todo

Poco a poco la investigación fue avanzando. Hasta que, directamente, el Ejecutivo de Rajoy decidió que había llegado el momento de cortar las alas al juez instructor. Para ello, impulsó un cambio legislativo valiéndose de su mayoría absoluta. Si la Ley del Poder Judicial permitía entonces a la jurisdicción española conocer de hechos cometidos por extranjeros relativos a delitos de genocidio y lesa humanidad, a partir de la reforma solo se podían perseguir cuando ese ciudadano extranjero residiese habitualmente en España o se encontrase en nuestro país. Y a Pedraz no le quedó más remedio que cerrar el caso. "La nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español", se encargó de dejar por escrito el magistrado en su auto de cierre de sumario.

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"Es de una gravedad tremenda. No se puede lanzar el mensaje de que asesinar a periodistas sale gratis", apunta Hernández. Coincide plenamente la familia Couso, que lleva dos décadas batallando sin descanso para intentar que el asesinato del cámara, y con él todos aquellos que puedan producirse sobre ciudadanos españoles, no queden impunes. El caso se encuentra ahora sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Los Couso hemos sido más patriotas que todos los Gobiernos. Hemos defendido nosotros la libertad de expresión e información en este país y los derechos humanos más que cualquier otro Ejecutivo al que se le ha podido llenar la boca hablando sobre estas cuestiones", asevera David Couso.

En el acuerdo que permitió la formación del actual Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos pactaron modificar los cambios legislativos impulsados durante el mandato de Rajoy relativos a la justicia universal. Pero a día de hoy no ha habido un solo movimiento en dicha dirección. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia en las últimas horas para saber si tiene previsión de impulsar un cambio legislativo en este sentido, pero a cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta. El departamento que dirige Pilar Llop tampoco ha aclarado por qué motivo, como denuncia la familia, ha hecho oídos sordos a las peticiones de reunión formuladas en los últimos meses por parte de los Couso Permuy.

El asesinato del cámara de Telecinco a manos del Ejército estadounidense durante la invasión Irak sigue siendo, veinte años después, algo que el Estado español prefiere seguir manteniendo en el olvido. Una muestra sangrante, dice Hernández, de la "peor imagen de servilismo" a la gran potencia occidental. Un ejemplo perfecto de la existencia de víctimas de segunda. Un abandono que quedó claramente reflejado en aquella sentencia de la Audiencia Nacional, luego confirmada por el Supremo, en la que se obligó al Estado a indemnizar a la familia Couso: "La Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha".