"Mostró a altos cargos actuando como lacayos de EEUU": recuerdos de WikiLeaks desde España

La familia Couso tuvo desde el principio la sensación de que algo raro se movía alrededor de la causa abierta por el asesinato del cámara. No había victoria, por mínima que fuese, que no fuera seguida de una zancadilla al proceso. Y eso, repetido una y otra vez, hizo que entre los familiares del reportero gráfico anidase una duda permanente sobre las altas esferas políticas y judiciales españolas. El problema es que entonces eran solo eso, meras sospechas. Y lo fueron hasta que WikiLeaks soltó los papeles del Departamento de Estado. La revelación de todos aquellos documentos lo cambió todo. La familia pudo comprobar que no estaba loca, que Estados Unidos maniobraba para frenar casos como el de José Couso. Por eso, están "enormemente agradecidos" a la organización y a Julian Assange. Un activista que ahora se encuentra a solo un paso de ser extraditado a suelo norteamericano.

Cuando se produjo la filtración masiva, los Couso llevaban ya siete años dando la batalla en los tribunales para que se depurasen responsabilidades sobre el asesinato del cámara. Un camino repleto de éxitos y fracasos. Por aquel entonces, el caso ya se había cerrado y reabierto, en este caso por orden del Supremo, en dos ocasiones. Y el Ministerio Público no estaba por la labor de que el asunto continuase vivo. De ahí, el rechazo mostrado por el fiscal a las órdenes de detención internacional dictadas por el magistrado Santiago Pedraz y las peticiones de archivo de la causa. Una postura contra la que cargaron con dureza desde la familia del cámara: "Exigimos al fiscal general del Estado que se ponga a trabajar ya, a investigar lo que pasó, y que no se dedique más, ni él ni el Gobierno español, a tratar de torpedear una investigación judicial".

Aquellas palabras fueron pronunciadas por el hermano del reportero solo tres meses antes de que Pedraz se viese obligado a pedir explicaciones a Interpol por su negativa a poner en situación de búsqueda y captura a los tres militares procesados por la muerte del cámara –sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp–. Y resonaron con más fuerza si cabe a finales de aquel año 2010, cuando WikiLeaks filtró más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados desde la Administración central estadounidense hacia sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. En total, más de 10.000 comunicaciones hacían referencia a España y 3.600 eran de la embajada estadounidense en Madrid.

Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fue el intento de EEUU para frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de Couso. Los documentos recogían, por ejemplo, una reunión en enero de 2007 del embajador Eduardo Aguirre con el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". Un encuentro en el que, según el informe, Conde-Pumpido aseguró que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención que acababan de ser dictadas por Pedraz. De hecho, solo unos meses después el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, avisaba a la legación que se había opuesto al procesamiento de los militares.

Ayudando "entre bastidores"

Las comunicaciones, del mismo modo, también hacían referencia al Ejecutivo español, entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Así, un cable dirigido por el embajador norteamericano a su entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara" las decisiones del juez. No era, sin embargo, la única vez que se mencionaba algo similar. "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", se recogía en otro telegrama confidencial que llevaba el siguiente título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

David Couso, hermano del cámara, recuerda a la perfección todas esas informaciones. Una cascada de comunicaciones que les dejaron con una sensación "agridulce". "Por un lado, pudimos ver que no estábamos locos, que existían papeles que confirmaban esa traición y torpedeo sistemático a la causa. Pero, al mismo tiempo, mostraba cómo altos cargos habían actuado como lacayos, reconociendo órdenes de una potencia extranjera", afirma en conversación telefónica con infoLibre. De hecho, al conocerse todos estos documentos la familia del reportero gráfico decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía. Consideraban que el contenido de los papeles podía indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo". Pero no llegó a ningún lado. "Se quedó en nada. ¿Cómo iban a investigar los que maniobraron?", dice el hermano del reportero gráfico.

Tras la filtración, el Ministerio Público trató de defenderse. Así, una semana después de que viesen la luz los papeles del Departamento de Estado el fiscal general hizo llegar una nota a todos los fiscales jefes en la que resaltaba que la actuación por parte de los miembros del Ministerio Público había sido "irreprochable" y "absolutamente ajustada a derecho", al tiempo que mostraba su confianza en que "el rigor técnico" y la "acreditada profesionalidad" evitarían "cualquier menoscabo del interés general o de los derechos y garantías de los ciudadanos". No obstante, mostraba su preocupación por el "perjuicio" que causaba a la institución la difusión "fragmentaria y tratada de modo preordenado a su explotación mediática" de todos estos cables "relacionados con determinados procedimientos judiciales".

De los vuelos de la CIA a Guantánamo

Porque aquellos documentos secretos no solo ponían en evidencia los movimientos de Estados Unidos en relación con el caso Couso. También destapaban movimientos y contactos en relación con otras dos causas judiciales más. Una de ellas era la relativa a los famosos vuelos secretos de la CIA, en la que se investigaba el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como punto de tránsito clandestino de sospechosos capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos. En junio de 2006, el Consejo de Europa difundió un demoledor informe en el que acusaba a una docena de gobiernos europeos –entre ellos el español– de permitir el uso de sus aeródromos para estas prácticas. Pocas horas después, la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador Aguirre y, según los cables, le trasladó que España no tenía "reparos a los vuelos de inteligencia".

Y luego estaba el caso Guantánamo, que se inició a partir de una querella de la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra varios asesores de la Administración Bush por la detención ilegal y tortura de personas internadas en el centro ubicado en Cuba. En este asunto, los funcionarios estadounidenses se centraron en el fiscal Zaragoza. Según el relato que hizo la propia embajada, el representante del Ministerio Público les trasladó que la querella estaba "bien documentada" y que no tendría "otra opción más que abrir el caso".

No obstante, puso sobre la mesa una alternativa. Según recogen los documentos, deslizó que si el Gobierno de EEUU abriese una investigación España no podría reclamar la jurisdicción universal. "Exploraremos con más detalle esta opción con Zaragoza (formato, timing, cuánta información necesitamos) aunque dejando claro que aún no se ha tomado una decisión", apuntaba la embajada en un cable confidencial.

El asunto, por aquel entonces, estaba en manos del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, siempre según la versión que los americanos dejaron en sus comunicaciones, tenía intención de que fuera otro juez, el que estaba llevando los vuelos secretos de la CIA, quien se hiciera cargo del caso. Zaragoza esperaba que Garzón acabase abandonando el asunto. Pero si no lo hacía, según la embajada, tenía "una estrategia para retorcer el brazo" al magistrado, que consistía en airear que el juez no había investigado nada al respecto cuando había tenido datos para hacerlo. "Garzón no hizo nada cuando los presos volvieron a España y le contaron los malos tratos que habían sufrido", recogía aquel cable.

Falta una "defensa" como la de antes

Ahora, doce años después, el fundador de aquella organización que arrojó luz sobre todos estos documentos secretos está a un paso de ser enviado a territorio estadounidense., y Baltasar Garzón es uno de sus principales abogados. El Gobierno de Reino Unido dio luz verde la pasada semana a la extradición de Assange, a quien las autoridades norteamericanas le acusan de más de una docena de delitos diferentes, una decisión que aún puede recurrir. "Estamos en deuda con esta persona y así se lo estamos pagando. Es grave que no defendamos a los informadores. De esta manera, lo que estamos haciendo es legitimar que el mundo pueda ser controlado por los poderosos", sostiene David Couso, quien echa en falta un mayor movimiento político, una "defensa" como antes se hacía del activista australiano. "No está de moda", se lamenta. (Garzón, por su parte, publica hoy en estas mismas páginas un artículo titulado El silencio condena a Julian Assange).

Las filtraciones de WikiLeaks tuvieron una gran repercusión a nivel mundial. Principalmente, porque de ellas bebieron los grandes medios internacionales, entre los que destacaban The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde o El País. Algunos de ellos, sin embargo, ni siquiera se han pronunciado ahora sobre la extradición. En el caso del rotativo estadounidense, el último artículo de opinión del equipo editorial en el que se hace referencia a Assange es del pasado mes de diciembre. En él deja claro que no es equiparable el caso del activista con el de todos aquellos periodistas que son encarcelados por líderes autoritarios que solo buscan mantener un "incuestionable poder". Pero también que, a pesar de los métodos a veces "turbios" de WikiLeaks, su caso podría sentar "peligrosos precedentes" que podría interferir con la "prensa libre".

El País tampoco ha lanzado ningún editorial tras el acuerdo de extradición de Assange, igual que no lo hizo cuando el Supremo británico dio vía libre al envío del activista a suelo estadounidense. Sí que lo hizo, sin embargo, tras su detención. "Merece un procedimiento justo, donde tenga la oportunidad de defender sus tesis y bajo ningún concepto puede ser sometido a un proceso secreto, relacionado con la seguridad nacional de EE UU. Si Suecia reabre la causa por abusos, el acusado tiene el derecho a comparecer primero ante el tribunal que originó esta situación. Otra decisión daría crédito a la tesis de Assange de que todo se trata de una argucia legal de EE UU para lograr castigar sus revelaciones".

Quien sí se apresuró a pronunciarse tras la última decisión del Ejecutivo de Boris Johnson fue The Guardian. En un duro editorial, el periódico británico resaltó que la decisión tomada "debería preocupar a cualquiera que se preocupe por el periodismo y la democracia": "Esta acción potencialmente abre la puerta para que periodistas de cualquier parte del mundo sean extraditados a los EEUU por exponer información considerada clasificada por Washington". El diario también señaló que Assange ya había "sufrido lo suficiente" y criticó que lleve tres años en una prisión de alta seguridad sin ser condenado. "La señora Patel –ministra del Interior– ha asestado un golpe a la libertad de prensa y contra el público, que tiene derecho a saber qué hacen sus gobiernos en su nombre", culminaba The Guardian, al tiempo que exigía a la Administración Biden que retirase contra Assange unos cargos que "nunca deberían haberse presentado".