El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

El Banco de España ha revisado tres décimas a la baja su previsión de crecimiento económico para 2025, hasta el 2,4 %, y una décima la de 2026, al 1,8 %, debido a la menor aportación del sector exterior por la elevada incertidumbre provocada por el riesgo arancelario, según informa EFE.

Así lo ha indicado este lunes el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde ha adelantado las nuevas proyecciones macroeconómicas incluidas en el informe trimestral de la economía española que la entidad publica este martes.

La inflación media se situaría en el 2,4 % en 2025, una décima por debajo de la anterior estimación, mientras que para 2026 se mantiene la desaceleración ya prevista al 1,7 %.

"No estamos nada seguros de lo que va a pasar con la inflación", ha dicho Escrivá, que ha asegurado que las previsiones de precios están sujetas a mucha incertidumbre, porque podrían subir si se produce una interrupción de suministros como ocurrió en pandemia, aunque cabe pensar que podrían bajar por la caída de la demanda.

La inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) se ha elevado cuatro décimas para 2025, al 2,6 %, mientras que la tasa de paro se mantiene en el 10,5 % y el déficit público se queda en el 2,8 % del PIB.

No obstante, el Banco de España ha elaborado un escenario macroeconómico alternativo más adverso, de escalada prolongada de la guerra arancelaria, en el que el impacto sobre el crecimiento del PIB de 2025 sería de 0,4 puntos, hasta rebajarlo al 2 %, mientras que en 2026 podría llegar a restar 0,7 puntos, lo que dejaría el incremento del PIB en el 1,1 %.

En cuanto a la inflación, en 2025 este escenario adverso restaría tres décimas a la previsión central y la situaría en el 2,1 %, mientras que en 2026 el impacto sería de 0,5 décimas y pasaría a ser del 1,2 %.

De la banca ha dicho que conserva una posición financiera sólida, apoyada en una mayor rentabilidad y eficiencia, y en una mejora en la calidad del crédito. 

Frente a la mejor situación de la banca, ha situado como retos más relevantes la corrección de la deuda pública, la falta de adecuación de las habilidades de los demandantes de empleo a las demandadas por las empresas, la baja productividad y la escasez de vivienda.

El problema vivienda, ha dicho Escrivá, va a seguir agudizándose, por lo que considera prioritario actuar sobre la oferta de manera coordinada entre los tres niveles de la administración para cubrir las crecientes necesidades de vivienda para nuevos hogares. 

Ha recordado las previsiones incluidas en el informe anual de la entidad, según el cual en 2025 se generará un déficit de 150.000 viviendas, adicional al déficit de más de 400.000 viviendas del periodo 2022-2024.

En el ámbito laboral, Escrivá ha puesto el acento en la situación de la incapacidad temporal, las bajas, y que tras los aumentos de estos últimos años han situado a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de ocupados que no han trabajado por incapacidad temporal.

Ha estimado que su coste directo para las empresas habría pasado de unos 2.840 millones de euros en 2019 a unos 4.613 millones de euros en 2024 y que el coste derivado del pago de las prestaciones por incapacidad temporal ha crecido un 78,5 % desde 2019 y se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros.

También ha señalado el problema de "emparejamiento del mercado laboral" con casi un 50 % de empresas que apuntan ya que su actividad está condicionada por la falta de mano de obra, lo que supone 40 puntos más que en 2020 cuando eran alrededor del 10 %.

El hasta ahora director adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, será nombrado secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, un cargo que depende directamente del nuevo ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE su próximo nombramiento, dentro de la conformación del nuevo equipo ministerial de López, quien al igual que él ha dado el salto desde Moncloa.

De hecho, Hernando trabajaba en Presidencia a las órdenes de López como su brazo derecho, ya que el ahora ministro era director de Gabinete de Presidencia hasta que fue llamado por el presidente Pedro Sánchez para sustituir a José Luis Escrivá cuando dejó la cartera para ser gobernador del Banco de España.

Será el Consejo de Ministros de mañana, martes, el que previsiblemente acuerde su designación como secretario de Estado para un puesto en el que releva a María González Veracruz. 

El Banco Central Europeo (BCE) bajó este jueves el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 3,5 %, en el que es su segundo recorte del año y el nivel más bajo desde junio de 2023, al tiempo que redujo levemente las previsiones de crecimiento para los próximos tres ejercicios, informa EFE.

El Consejo de Gobierno, que se ha reunido en Fráncfort (Alemania), recortó en 0,25 puntos la tasa de facilidad de depósito -que remunera el exceso de reservas a un día y es su nuevo tipo de referencia-, hasta el 3,5%.

Las operaciones principales de financiación (OPF) -las inyecciones semanales de crédito- y la facilidad de crédito -la que presta a los bancos a un día- se situarán en el 3,65% y el 3,9%, respectivamente, tras introducir el BCE un ajuste técnico.

Aunque en España el foco se había puesto hasta ahora en el tipo OPF, este ha pedido relevancia en el contexto de superávit de reservas actual, en el que los bancos depositan su exceso de liquidez en el organismo, lo que hace que la rentabilidad que pagan las entidades financieras, es decir, la facilidad de depósito, sea el tipo de referencia para la política monetaria.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, consideró que había sido "perfectamente apropiado moderar la política monetaria" dado el gradual descenso de la inflación y confirmó que la decisión se había tomado por unanimidad.

Según explicó, pese a que la inflación interna sigue siendo "resistente, persistente y no satisface", las presiones sobre los costes laborales se están moderando y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto de los salarios, al tiempo que las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas y la actividad económica es aún contenida.

En cualquier caso, Lagarde evitó comprometerse con una senda de recortes concreta e insistió en que ésta seguirá dependiendo de los datos, decidirán reunión a reunión y mantendrán los tipos "en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario" para alcanzar el objetivo del 2%.

"Qué será, será", se animó Lagarde en español al ser preguntada sobre su próxima reunión en octubre, antes de destacar que solo hay seis semanas hasta que se produzca, lo que es un periodo "relativamente corto".

"Repetimos otra vez que seguiremos dependiendo de los datos y esto está particularmente justificado en vista de la incertidumbre. Decidiremos reunión a reunión y el camino, cuya tendencia es, obviamente, bastante de bajada, no está predeterminado ni en su secuencia, ni en su volumen", afirmó.

Además, advirtió de que, aunque se produzca una posible bajada de la inflación en septiembre, repuntará a finales de año y recordó que no es el único indicador que analiza la institución para tomar sus decisiones.

Junto con la decisión de tipos, el BCE publicó sus previsiones macroeconómicas actualizadas, en las que recortó en una décima, al 0,8%, el crecimiento previsto para la eurozona en 2024, así como para 2025 y 2026, años en los que espera avances del 1,3% y del 1,5%, respectivamente.

En este sentido, Lagarde afirmó que la recuperación sigue enfrentándose "a algunos vientos en contra", pero se consolidará con el tiempo a medida que el aumento de los ingresos reales permita a los hogares consumir más.

Las previsiones de inflación se mantuvieron igual que en junio, en el 2,5 % para 2024, el 2,2% para 2025 y el 1,9% para 2026, lo que supondrá alcanzar en 2026 el objetivo de estabilidad de precios que guía la política de la entidad.

La inflación interanual en la eurozona se redujo cuatro décimas en agosto, hasta el 2,2%, su nivel más bajo desde julio de 2021; mientras que el PIB aumentó un 0,2% en el segundo trimestre de 2024, una décima menos con respecto a los tres primeros meses del año.

La reunión de este jueves también supuso el estreno en Fráncfort del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, después de que tomara posesión de su cargo el pasado 6 de septiembre en plena polémica por su nombramiento.

Un primer encuentro en el que Escrivá hizo "aportaciones muy útiles", en palabras de Lagarde, quien le pidió que tuviera una dimensión europea en un proceso que espera sea "productivo y agradable" para él y para todo el grupo de gobernadores.

"Como otros gobernadores, ha hecho aportaciones muy útiles. Espero que, como cualquier otro, siga no solo dando sus puntos de vistas personales, que pueden estar marcados por la situación española, sino que tenga las dimensiones europeas que tienen otros gobernadores que se sientan a la mesa del consejo", aseguró.

El Consejo de Ministros ha nombrado subgobernadora del Banco de España a Soledad Núñez, que desde 2018 era miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva de la entidad y que llegó a ser directora general del Tesoro y Política Financiera en los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Núñez, nacida en Badajoz en 1957, será la número dos del Banco de España bajo la dirección de José Luis Escrivá y sustituirá en el cargo a Margarita Delgado, cuyo mandato finaliza este miércoles. Además, se ha acordado el nombramiento de Lucía Rodríguez y Jordi Pons como consejeros, con lo que se completan los puestos vacantes.

El Partido Popular había rechazado participar en este nombramiento al entender que de esta forma "blanqueaban" la designación de Escrivá, que anteriormente había ejercido como ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, como nuevo gobernador del Banco de España.

La nueva mano derecha de Escrivá, que ya había sonado para la entidad en otras ocasiones, fue entre 2005 y 2011 directora general del Tesoro y Política Financiera, coincidiendo con los Gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Además, entre 2004 y 2005 ejerció como directora general de Política Económica en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Durante ese tiempo además, en razón de su cargo, se incorporó a los consejos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España y fue vicepresidenta del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea y miembro de distintos foros internacionales.

Soledad Núñez nació el 4 de enero de 1957 en Badajoz. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad y doctora en Economía por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).

Desde su incorporación como economista en el Banco de España en 1987, ha trabajado en las direcciones generales de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pagos y de Economía y Estadística. De 2015 a 2018, fecha de su nombramiento como consejera del Banco, trabajó como asesora senior en la dirección general de Estabilidad Financiera, Regulación y Supervisión. A lo largo de su trayectoria profesional fue también consejera del Banco Madrid entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 y presidenta del Comité de Riesgos del banco.  Con los nuevos cambios aprobados este martes se completan los puestos vacantes en la entidad, según ha avanzado la ministra Portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El pasado viernes, Escrivá prometió su cargo como gobernador del Banco de España y traspasó su cartera de ministro a Óscar López, que pasa a ser el nuevo titular de Transformación Digital y Función Pública. La toma de posesión de Escrivá como gobernador se produjo en plena polémica por su designación al frente del BdE, que cuenta con el rechazo de la oposición por pasar directamente desde el Ejecutivo a dirigir esa institución. 

Esta toma de posesión aceleró para que Escrivá pueda estar presente en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el próximo 12 de septiembre. 

Escrivá toma el relevo de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró el pasado 10 de junio, y cuyas funciones había asumido hasta ahora la subgobernadora, Margarita Delgado, cuyo mandato concluye el próximo 11 de septiembre.  El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció el nombramiento de Escrivá la pasada semana y apuntó que será gobernador del Banco de España por un mandato de seis años por su "capacidad técnica", "experiencia" y "conocimiento de las instituciones europeas".

El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuya designación por el Gobierno ha sido objeto de polémica y cuenta con el rechazo de la oposición por pasar directamente desde el Ejecutivo a dirigir esa institución, ha traspasado este viernes su cartera tras prometer el cargo, según EFE. Escrivá ha destacado en la intervención durante el acto de traspaso de carteras el trabajo de los funcionarios para que las instituciones públicas y ministerios funcionen. 

En este sentido, Escrivá en una breve intervención ha recordado que él mismo es funcionario del Banco de España, una institución de la que será el próximo gobernador. "Soy funcionario de otra entidad, del Banco de España, y lo que he podido comprobar en estos cinco años y medio trabajando con los funcionarios es realmente lo extraordinarios que son, el sentido de la función pública que tienen", ha dicho Escrivá.  El ya exministro no ha hecho declaraciones ni a la entrada ni a la salida del acto. 

Por su parte, el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha destacado el papel del ministerio para que España lidere la transformación digital en su intervención durante el traspaso de carteras del ministerio. "España, esta vez sí, se está convirtiendo en un referente mundial en transformación digital y ecológica", ha señalado López en el acto de transmisión de cartera del ministerio donde Escrivá le ha entregado la cartera y ha elogiado a su sustituto su trabajo y su "guante de seda" para gestionar equipos. 

El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha prometido este viernes su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. En un acto donde Óscar López también ha prometido su cargo como ministro de Transformación Digital y Función Pública. Poco después ambos han protagonizado el traspaso de cartera en la sede del ministerio. 

La toma de posesión de Escrivá se ha acelerado con el objetivo de que pueda acudir a la próxima reunión que el Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el 12 de septiembre en Fráncfort. 

El nombramiento de Escrivá ha estado envuelto en críticas una vez que la negociación con el PP para renovar la cúpula de la institución, que comenzó hace más de dos meses, acabó sin acuerdo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció su nombramiento esta semana y señaló que Escrivá será gobernador del Banco de España por un mandato de seis años por su "capacidad técnica", "experiencia" y "conocimiento de las instituciones europeas".  El titular de Economía reconoció posteriormente en una entrevista que fue "imposible" alcanzar un acuerdo, ya que el principal partido de la oposición entendía que podía "vetar" y "limitar" la capacidad del presidente de nombrar al gobernador.

Solo en estos días de septiembre hemos vivido la elección a gobernador del Banco de España de José Luis Escrivá y el debate de cómo un perfil brillante puede ser legal pero sin encaje, ni independencia, ni decoro. También un hito histórico, la presidencia inédita de una mujer jueza al frente del CGPJ y el Supremo, Isabel Perelló. Los conservadores boicotearon a otras magistradas y consiguió imponerse en el acuerdo gracias al apoyo estratégico de sus compañeras. Por fin algo de paridad en una cúpula de la Justicia amañada hasta ahora para el acceso de las mujeres. Luego han estado las explicaciones en el Senado de María Jesús Montero sobre la financiación singular catalana. No han aclarado mucho pero han calmado el fuego. Pedro Sánchez ha querido mover ese marco en el discurso del nuevo curso político y ofrecer un fondo de compensación territorial, algo así como ‘dinero para todos’, en un salto de la bilateralidad a la multilateralidad. O como ironizaba uno de los presentes para bajar la temperatura de la polémica, 17 bilateralidades. A esto se ha sumado el cambio de Gobierno, con la salida de Óscar López y la remodelación del Gabinete de Presidencia. En pocos días múltiples asuntos, cada vez más acelerados, que nos llevan de forma vertiginosa a cambiar de pantalla cada vez más rápido. 

Está claro que el pacto ERC-PSC no será un consorcio ni dejará a Cataluña fuera del régimen común. Pero el PSOE es el único que pierde en la indefinición y vacío de explicaciones y Sánchez ha dejado caer algún mensaje de por dónde puede aterrizar. Primero, la condonación de deudas autonómicas, generadas en parte por la propia infrafinanciación de algunas comunidades; compensaciones desde el Estado central y una reforma fiscal. No hay nada concreto, pero un fondo de 20.000 millones para compensar los beneficios catalanes no será suficiente ni para ERC ni para solucionar el encaje financiero territorial. No suena del todo convincente, pero tampoco hay opciones del otro lado.

El Gobierno no puede mantenerse fuerte –ni en pie– sobre la debilidad de la oposición. Erigirse por la incapacidad del PP para unificar mensajes, visión de país o plantear una alternativa a los asuntos de peso. La financiación autonómica es el mejor ejemplo. Alberto Núñez Feijóo no presenta una propuesta con el aval de sus once comunidades autónomas porque no lo tiene. El pacto PSC-ERC solivianta al PSOE a la interna en distintos territorios. Al PP le ocurre lo mismo. Feijóo no puede unir los intereses de Madrid y Andalucía, de Valencia y Extremadura, ni plantear un modelo común que rebaje las tensiones territoriales. Igual que no le dio una salida política al procés, en lo nacional, no tiene una mayoría parlamentaria que ofrecer. Es la “torpeza”, en palabras de Aitor Esteban, de un partido que solo ve enemigos. O pide adelantar elecciones sin saber para qué, ni cómo. 

Ambos, Gobierno y oposición, son dos barcos bajo distintas tormentas. Con uno de ellos intentando hundir al otro. La aceleración natural de Pedro Sánchez, esa capacidad innata para sobrevivir a las hostilidades, lleva a una aceleración poco asumible. Diego Rubio, el recién nombrado jefe de Gabinete de Presidencia, contaba en unas jornadas sobre los retos del futuro cómo en la Europa de hoy tenemos un problema de redistribución de la riqueza y no de abastecimiento. Una metáfora exportable a la financiación autonómica. Hablaba también de la incapacidad del presente para anticipar los escenarios y cómo “tenemos que ser capaces de navegar la incertidumbre”. Siendo cierto, la razón de ser de un gobierno es poner rumbo y dirección. La táctica cada vez más exagerada de movernos rápidamente de un asunto a otro puede tener el efecto contrario al despiste y al olvido. Produce mareo y ganas de bajar a tierra. Para que el curso arranque este otoño, el Ejecutivo necesita dar respuesta a las cuestiones de fondo. Cómo va a remontar la mayoría social parlamentaria. Qué rumbo le va a dar a la legislatura. Y cuál es la razón de su continuidad. 

José Luis Escrivá caerá justo en el centro del Banco de España para ser su gobernador. De nada han servido el rechazo del PP al nombramiento y sus críticas por que un ministro en activo dé ese salto, comprometiendo, a juicio de los populares, la independencia de la institución.

Aunque en la actualidad el Banco Central Europeo (BCE) tiene la potestad en la definición de la política monetaria de la zona euro y facultades en la de tipo de cambio, el Banco de España tiene asignada la supervisión del sistema bancario estatal y la de otros intermediarios financieros que operan en el país. Es una entidad de derecho público que ha de cumplir una serie de funciones, respetando las que emanan de su integración en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que pasan, entre otras cuestiones, por promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y de pago nacionales o supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y los mercados financieros. Junto a ello, pone en circulación la moneda metálica, se ocupa de las reservas de divisas y metales preciosos, elabora y difunde estadísticas y asiste al BCE en la recopilación de información de esa índole; presta los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública; asesora al Gobierno y emite los informes o estudios que estime pertinentes.

El nuevo gobernador deberá dirigir el banco, presidir su Consejo de Gobierno, la Comisión Ejecutiva y representar a la entidad legalmente ante aquellas instituciones y organismos internacionales en los que está prevista su participación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido en el Congreso la “idoneidad” del titular del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para desempeñar el nuevo cargo, destacando su “cualificación técnica”, su “conocimiento de las instituciones europeas” y su “amplia experiencia”, tras pasar por entidades como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). “Con él se creó esta última”, ha enfatizado Cuerpo, como que “ha ejercido puestos de la más alta responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación” de las que se encarga el regulador estatal.

Ahora Escrivá tendrá que armar un plan de acción para superar que él sea el plan de Pedro Sánchez y la incomprensión de muchos. Su antecesor, Pablo Hernández de Cos, tuvo que desenvolverse en un contexto en el que la invasión rusa de Ucrania y sus efectos económicos y geopolíticos se añadieron a los surgidos a raíz de la pandemia, como los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y la crecida generalizada de los precios. En ese escenario, la cooperación entre bancos centrales e instituciones internacionales adquirió una relevancia, que va a seguir teniendo.

Varias fuentes del ámbito financiero coinciden en que el mandato de Hernández de Cos, “caracterizado por el rigor técnico en general y una mayor transparencia”, valió para “recuperar un prestigio” que la institución “había perdido”, sobresaliendo en especial aspectos como “su labor en el Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort”. Aunque también admiten que fue una etapa no exenta de “cierta polémica” por la confrontación con el Gobierno de coalición por las posiciones expresadas desde la institución sobre puntos como las consecuencias de la subida del salario mínimo (SMI), la evolución del mercado de trabajo tras la reforma laboral o los precios de la vivienda, que acarrearon “ciertas acusaciones de sesgo ideológico”, apuntan las fuentes sondeadas. En ese sentido, creen que la llegada de Escrivá puede contribuir a “aportar optimismo, tras una fase de análisis pesimistas del Banco de España, que tal vez no siempre estuvieran justificados desde el punto de vista competencial”.

Desde el ámbito sindical, fuentes de UGT anotan que “la práctica ha demostrado que sus preocupaciones por el SMI, por ejemplo, sus previsiones agoreras fueron erróneas”. Para este sindicato, el de Escrivá es “un nombramiento que encaja”. “El puesto le viene bien porque tiene experiencia dentro del propio Banco de España, del BCE e incluso en la banca privada, porque trabajó en el BBVA”, aseveran. E incrustan a continuación: “El que haya formado parte del Gobierno, probablemente le sirva para que se centre en las importantes funciones que, en un contexto geopolítico mundial complejo, el regulador tiene en cuanto al sistema bancario nacional e internacional, tan necesario para la buena marcha de la economía, y no en otra serie de temas”, deslizan.

Respecto a una de las críticas a la decisión de Sánchez que se repite, que el ministro de Albacete “va a tener que informar sobre su propia reforma de las pensiones, por ejemplo”, desde UGT replican que, “quien realmente tiene que controlarla es la AIReF, no el Banco de España”. “Es lo que pactamos en su momento. Pero, aunque emitiera algún análisis, cuál es el problema”, se preguntan, para recordar: “Ya se recabaron toda clase de informes técnicos y económicos cuando se hizo la reforma, incluso desde los sindicatos, para garantizar que el sistema público que estábamos diseñando era sostenible en el tiempo”. No entienden que si el ya casi ex titular de Transformación Digital y Función Pública “fue lo suficientemente válido para que el PP lo convirtiera en el controlador de las cuentas públicas del Estado”, al ponerlo al frente de la AIREF; no lo sea para ser gobernador. "Y no es una puerta giratoria, es el paso de un cargo público a otro, por lo que no es necesario un periodo de congelación”, concluyen.

No habrá periodo de transición y Escrivá tendrá que afrontar una hilera nada desdeñable de retos. Para arrancar, fuentes de la esfera económica señalan que el Banco de España “sólo tiene auctoritas si tiene credibilidad”, con lo que deberá “esforzarse en garantizar” esta última, “empezando por combatir la desconfianza que su desembarco en la institución ha generado, incluido dentro de ella”. Consideran que juega a su favor, “su trayectoria, que es un experto en datos y que tiene por delante un mandato de seis años”, enumeran.

Desde la órbita financiera aportan que deberá contribuir al desafío que “tienen los bancos centrales: gestionar las señales de cambio de ciclo que hay”. “Subieron tipos -se explican- y ahora hay que bajarlos porque vemos, a nivel europeo en concreto, un crecimiento algo más lento y que la inflación se está controlando. Pero hay que acertar en cuánto y en cuándo se dan los próximos pasos para seguir conteniendo la inflación sin afectar al crecimiento”, avisan. Para lograr un “aterrizaje suave”, en palabras de Cuerpo.  

Y en lo relativo a la misión de “supervisión financiera” que tiene el regulador nacional, “tendrá que estar vigilante porque, si se materializa un escenario de tipos a la baja y menos crecimiento, éste será peor para los bancos en términos de rentabilidad que los años pasados, así es que habrá que ver cómo evoluciona la solvencia financiera y habrá que salvaguardarla”. Aquí el objetivo es “que el dinero le siga llegando a empresas y familias, aunque las entidades financieras ganen menos”, resumen.

El propio ministro de Economía ha expresado que el Banco de España y el BCE deberán abordar “debates” para construir “un sistema financiero y monetario internacional cada vez más integrado, cada vez más justo, y que sea capaz de responder a las necesidades actuales y futuras” como “la promoción de un crecimiento sostenible, en particular en los países más vulnerables". Igualmente habrá que avanzar en “la arquitectura institucional de la moneda única” e incorporar elementos como “la transición verde” a “los paradigmas de política monetaria”. El futuro del euro digital estará, asimismo, sobre la mesa.  

Más allá de lo expuesto, hace meses, el Banco de España se autoimpuso realizar análisis más recurrentes sobre la situación de las cuentas públicas nacionales y cuenta con un Plan Estratégico 2024 con el que pretendía lograr “ser un banco central de referencia, más dinámico y comprometido con la sociedad”. Es “el primer ejercicio de planificación estratégica integral que se aborda en la institución”, proclamó el anterior gobernador. Habrá que ver qué hace con él su sucesor.

“Hernández de Cos ha dejado el listón muy alto. Y eso es bueno. Sería positivo que en la nueva etapa se mantengan algunas de las señas de identidad del anterior mandato: independencia de criterio, lealtad institucional, voz propia e influencia en la toma de decisiones del BCE, la defensa de las posiciones españolas en política económica europea y un tono constructivo en el debate de políticas públicas”, sintetiza un economista.

Se prevé que Escrivá, "muy riguroso", pero con una personalidad "algo explosiva", según quienes lo conocen, se incorpore de forma inmediata al organismo, tras jurar el cargo ante el rey, para que pueda participar en la próxima reunión del Consejo del Banco Central Europeo, programada para el 12 de septiembre y en la que no es descartable que vuelvan a rebajarse los tipos de interés, con lo que su voto será relevante. Antes, le dará el relevo la subgobernadora, Margarita Delgado, cuyo mandato como gobernadora en funciones vence el 11 de septiembre y quien será sustituida, a su vez, durante las siguientes semanas. A partir de ahí, se abrirá otro capítulo en la institución.

El Gobierno ha propuesto al PP el nombre del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró a comienzos del mes de junio, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

La propuesta de Escrivá, adelantada por El País, ha sido rechazada por el PP, lo que ha motivado que se cancelara la comparecencia prevista del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para este mismo jueves en el Congreso, con el fin de dar cuenta del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar la cúpula del Banco de España.

Desde el PP explican que no pueden apoyar la propuesta de Escrivá porque se trata de una persona "con asiento en estos momentos en el Consejo de Ministros". La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo rechaza esta propuesta porque entiende que el hecho de que una persona pase del Gobierno a una entidad de este tipo no es acorde con la "regeneración democrática" y las "garantías de independencia de instituciones, organismos reguladores y autoridades independientes".

Tras conocerse esta propuesta, el propio Cuerpo no ha querido comentar la candidatura presentada por el Gobierno del actual ministro y ha afirmado que "la independencia del Banco de España está asegurada sea quien sea el candidato". "Creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la Ley de Autonomía del Banco de España", ha manifestado el titular del ramo en declaraciones a los medios antes de la inauguración del Foro ICEX este jueves en Madrid.

Asimismo, el ministro ha aprovechado la ocasión para pedir prudencia y mandar "un mensaje de confianza en cuanto a que las personas que sustituyan tanto al exgobernador como a la actual subgobernadora serán, por supuesto, candidatos de la misma solvencia y profesionalidad que han mostrado tanto Pablo Hernández de Cos como Margarita Delgado".

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador.

Escrivá, que en la pasada legislatura fue ministro de Seguridad Social, ha protagonizado algunos desencuentros con el Banco de España y con su gobernador acerca de estudios que ha publicado el organismo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reformas, en algunos casos en sentido contrario a las propuestas por el Ejecutivo.

Como recibir un mazazo. Así percibieron los trabajadores de Vodafone España, ahora propiedad del fondo británico Zegona, la noticia de que tendrían que afrontar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el quinto en poco más de una década. Aunque, tras días de intensas reuniones, los sindicatos han logrado que la compañía reduzca la afectación máxima del despido colectivo de los 1.198 que se plantearon de inicio a los 938 empleados, 260 menos, junto a algún otro compromiso como que al menos 60 de 68 vacantes salgan de la plantilla. La representación laboral de los trabajadores sigue considerando la oferta “insuficiente” e “inaceptable”.

De ahí que hayan puesto en juego otras armas como la protesta. Este martes 9 de julio, alrededor de un millar de personas han llevado a cabo una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital, al entender que “es uno de los que ha autorizado la venta de Vodafone España a Zegona sin una cláusula de garantía de empleo". "Eso nos ha llevado a esta situación porque está claro que el fondo británico viene a hacer una política ultraliberal”, explica a infoLibre Diego Gallart, coordinador de UGT Vodafone. “Durante las sesiones de la mesa -une- se ha demostrado que este ERE no va a resolver los problemas de la compañía. De hecho, lo que se quieren ahorrar en masa salarial, sólo es un 2,6% de lo que pretenden resolver. Vodafone factura unos 4.000 millones y tiene 3.500 de gastos que le llevan a las pérdidas que está presentando. Es decir, es un ERE ideológico porque ese 2,6% vinculado a los trabajadores es prescindible, es el margen de error de cualquier operación y no es necesario”, argumenta.

Durante la jornada, varios representantes sindicales han conseguido “sentarse” con el titular del ministerio, José Luis Escrivá. “Le hemos solicitado su ayuda para que intervenga e influya en la dirección de la compañía, especialmente en Zegona que es el que está poniendo palos en la rueda a la negociación de este ERE”, resume Gallart. Y concluye: “Esperamos que de verdad lo haga, y a ver si la situación en mesa cambia”.

De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anotado que le habían trasladado “la necesidad de que el Gobierno sea más ofensivo a la hora de cambiar las condiciones en las que Vodafone ha planteado el ERE”. “Puede hacer cosas, este es un sector estratégico donde los nuevos inversores acceden en unas determinadas condiciones y luego no pueden hacer un expediente de regulación de empleo que afecta a prácticamente a 1.000 personas de cualquier manera”. Ha dejado claro que su sindicato continuará con las movilizaciones, mientras confían en que se pueda “abrir una vía para mover la posición, porque hasta ahora no se ha dado una negociación”. “Estas empresas están acostumbradas a hacer un planteamiento, no mover su posición, dejar que transcurran los periodos de consulta de los ERE, ejecutar y en todo caso que los trabajadores luego vayan a la Justicia ordinaria”, ha sintetizado. Un “esquema” que, a su entender, “no puede ser”. “El Gobierno se tiene que hacer valer frente a un ERE” con unas condiciones que “pasan por encima de los derechos y la dignidad de la plantilla”, ha sostenido.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien ha definido el proceso negociador del ERE de “comedia”, ha lanzado un mensaje rotundo: "No sólo vamos a movilizarnos, vamos a intentar que este atropello no se produzca", ha proclamado. En ese sentido, ha instado al Gobierno a “regular el sector” de la telefonía y ha advertido de que la ciudadanía "está absolutamente desprotegida ante las multinacionales, por lo que le tienen que dar una bofetada inmensa a Vodafone, ya que no se puede jugar con la vida de las personas". Desde UGT buscan que el Gobierno "abandere un cambio regulatorio que permita detener la destrucción de empleo y la merma de inversiones a la que está conduciendo una regulación basada únicamente en una competencia feroz en precios". Desde ambos sindicatos reclaman “una negociación seria” y que el Ejecutivo “presione” a Zegona.

Antes, Sordo ya había abogado por una cierta ruptura de reglas al exhortar al Ejecutivo a dificultar el despido colectivo para impedir que fondos de inversión vengan al país con el único objetivo de sacar réditos "inmediatos y especulativos", como está pasado, a su juicio, con Zegona. "Vienen a España porque está chupado despedir", aseguró en una reciente entrevista en RTVE, en la que afirmó que “no es de recibo cómo está actuando la empresa” en este caso y avisó del problema que puede suponer para el Estado que compañías situadas en sectores estratégicos comiencen a despedir trabajadores para dar una mayor retribución a los accionistas o facilitar un alza del precio de la acción en actividades que son puramente especulativas.

Pero, ¿se puede hacer algo para frenar el despido colectivo en el marco legislativo actual? El líder de CCOO no dijo cómo se podrían poner trabas a los ERE masivos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, echa la vista atrás para mirar hacia adelante. "Hasta el 2012 –recuerda–, cuando se producía un despido colectivo, un ERE, se trataba de un trámite administrativo. Es decir, resolvía la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la comunidad, si sólo afectaba a una autonomía; o el Ministerio de Trabajo, si alcanzaba a más de una comunidad". Encadena que, "cuando se producía uno que podía afectar a la economía de una zona o a los niveles de empleo, por ejemplo, además de las razones económicas, organizativas, técnicas o productivas que siguen vigentes, se necesitaba que la Administración pública, que el Estado, autorizara ese despido colectivo, una vez finalizado el correspondiente expediente administrativo con la intervención de la Inspección de Trabajo y de todos los interesados en una decisión de trascendencia social y económica". 

Ese paso ya no existe y el movimiento sindical aspira a "recuperar, al menos en parte, la vieja autorización administrativa que se derogó en la reforma laboral" del PP. ¿La causa? "Que aquellas decisiones de naturaleza económico-laboral-social que puedan afectar mucho a una comarca, provincia o incluso a todo el Estado, además de los trámites normales tengan ese otro control", sintetiza Luján. A su entender, "el Estado debe pedir garantías cuando concede determinados beneficios y ayudas, si no, desgraciadamente, como ha desaparecido esa autorización que evaluaba el impacto social y económico de la medida, se puede hacer poco. No parece que tenga mucho sentido, sobre todo si encima la propia aportación del Estado ha podido ser fuente de los beneficios empresariales, que no se tenga ningún tipo de supervisión o de verificación previa para destruir de manera masiva puestos de trabajo".

Insiste en que sería "necesaria" esa herramienta que permitiera vigilar el impacto y la adecuación a la legislación por la autoridad laboral, "añadido a la existencia de las causas" que pueda argumentar la empresa "en extinciones de contratos de trabajo" múltiples. "Si empresas como la actual Vodafone no tienen ningún tipo de freno para hacer lo que quieran, porque la legislación del 2012 lo eliminó, se dan situaciones injustas que pueden afectar a la economía nacional", alerta, para apostar por que se legisle para reestablecerlo, más si cabe en sectores estratégicos.

Tiene claro que de los polvos aquella reforma de 2012, "que se hizo en 50 días de espaldas a los sindicatos, sin negociación y sin dialogo social de ningún tipo pese a que se tocaron aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores", estos lodos. "Una de las cosas que derogaron en función del sacrosanto liberalismo fue la autorización administrativa, con lo que ahora, si la empresa decide despedir, lo hace. Se ejecuta el despido, se va a juicio y se estima que no había razones y que no está justificado la destrucción de tanto empleo, le pagarán 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades, porque la empresa no tenía causa para despedir. Y ya puede ser un fondo o estar en cualquiera de los paraísos fiscales", abrocha Luján.

Junto al encuentro con Escrivá de este martes, los sindicatos han anunciado otra reunión para este jueves 11 de julio, esta vez con el Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz, al que también pretenden implicar en el rastreo de soluciones. Fuentes de ese departamento hacen notar que han "reforzado la vigilancia de los ERE" y han puesto el foco "en la causalidad de estos expedientes". "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que elaborar un informe sobre cada ERE que se presenta, para determinar si se ajusta o no a las razones que alega y, además, desde el 13 de julio de 2023, la empresa debe avisar a la parte social con seis meses de antelación" a su formulación, arguyen.

Si bien, no descartan más avances. Matizan que plantean, asimismo, que, "a través de la próxima Ley de Industria se ponga coto a prácticas, especialmente en el caso de compañías que reciben ayudas públicas, como las deslocalizaciones y las ventas de empresas que ponen en peligro la viabilidad de estos proyectos y la garantía de la protección de los derechos de las personas trabajadoras".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha comparado el sistema de verificación edad para acceder a contenidos para adultos incluido en la app Cartera Digital con "aceptar las cookies" de las páginas web y ha pedido a los adultos aceptar la "pequeña actuación" que es un clic para poder tener eficacia en algo "extraordinariamente preocupante", según informa Europa Press.

"¿Cuántas veces cuando entramos nosotros en una página web nos piden que aceptemos o no las 'cookies'? Pues es un poco eso. Estamos acostumbrados a dar pequeñas clics en un momento determinado, pequeñas actuaciones en nuestra navegación por Internet y aquí simplemente estamos pidiendo algo de ese tenor. A cambio, igual podemos ser muy eficaces en algo que es extraordinariamente preocupante y que tenemos que evitar", ha concluido.

Antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial, el ministro ha señalado que no le sorprende el apoyo mostrado el jueves por los obispos españoles a la medida y ha atribuido a la "ignorancia" las oposiciones al mismo.

"Casi nadie debería discutir lo que estamos haciendo. Con los datos que vamos recogiendo se constata que los efectos de esta exposición, que tienen niños en una edad media de 11 años a pornografía, está afectando seriamente en su salud mental, en sus comportamientos. Estamos viendo un aumento extraordinario de agresiones sexuales realizadas por menores, se han doblado en 5 años. Estos son datos muy impactantes y muy preocupantes ante los cuales no me sorprende que haya muchas adhesiones", ha agregado.

No obstante, ha precisado que puede "entender" la preocupación por el anonimato y la protección de la identidad de los adultos, siendo un factor que está "totalmente asimilado con la solución".

"Es un pequeño esfuerzo para los adultos y frente a ese pequeño esfuerzo, que además hemos planteado de una forma muy amigable, abordamos un tema que no puede estar sin en las manos sin hacer nada. Entre las especificaciones técnicas, que nos las han pedido las plataformas y los distintos operadores que tienen que ver con el acceso a esta información, vamos a seguir trabajando con ellos para ver exactamente cómo se puede ir afrontando. Lo único que está haciendo España es adelantarnos a algo que estará vigente en Europa en el 2027", ha concluido.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.146 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. "Con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha recogido Europa Press.

De esta manera, del total de las plazas ofertadas en 2024, 27.360 se destina al turno libre y 12.786 a la promoción interna, lo que supone el "cuarto récord consecutivo". Además, la OEP de este año en la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera "la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas", según Función Pública.

Otros aspectos de la oferta es que contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna en la AGE, impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye 2.520 plazas de turno libre en la Administración de Justicia.

El real decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, Aesia, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados, según informan desde Función Pública.

Por su parte, Escrivá ha confirmado que se han reservado 3.147 plazas para el turno de discapacidad, de las que 629 de son para personas con discapacidad intelectual, un grupo que "siendo de los más vulnerables, (son con los que) es más difícil trabajar en la empleabilidad".

"Las personas con discapacidad intelectual pueden tener acceso al mercado de trabajo y pueden hacer tareas y las pueden hacer muy bien", ha recalcado el titular de Función Pública.

Durante la rueda de prensa, Escrivá ha reconocido que la oferta de empleo público mantiene este año la tasa de reposición, pero que se está trabajando para que el próximo año no forme parte de la OEP, tal y como se comprometió el Gobierno hace unos meses. De esta manera, ha afirmado que la Oferta de Empleo Público de este año no ha podido configurarse con toda la flexibilidad que le hubiera gustado, ya que este 2024 es un año de "transición".

"Todavía este año de transición hemos tenido que funcionar con instrumentos no suficientemente flexible que nos empujan a un foco excesivamente en el corto plazo y a una estructura de recursos humanos que todavía tiene demasiada inercia y que, por tanto, no abunda en lo que debe ser el elemento central del nuevo modelo que es poner el centro a los trabajadores públicos", ha detallado.

No obstante, ha asegurado que durante este año se están desarrollando todas las herramientas para que en 2025 se consiga una oferta de empleo público que también será "muy grande" pero, además, flexible.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo a esta oferta de empleo público porque mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos. En concreto, considera que supone un freno a la renovación de las plantillas, ya que reduce en un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado. Además, el sindicato cree que debe valorarse que "en los próximos ocho años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla".

Ante esta situación, CSIF ha reclamado "desde ya" iniciar la negociación en la parte que afecta a las administraciones públicas, aprovechando que Hacienda ha pedido a los ministerios que hagan sus cuentas para el próximo ejercicio para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2025 por la cual.

Por otro lado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con "cerca de 50.000 plazas sin cubrir", y destaca que el Ministerio de Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado "por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse". El sindicato cree que la oferta de empleo presentada este martes tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha avanzado que prevé que a finales del verano esté lista la primera versión de Cartera Digital Beta, la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.

Según ha señalado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, se tratará de una credencial "totalmente anónima" que garantizará "de forma fehaciente" que uno es mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra, 'K', que le identificará como mayor de edad.

En esta primera versión es la Secretaría General de Administración Digital la que está proveyendo esta credencial. Para garantizar que la persona es mayor de edad, lo que hace el organismo es leer directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultar los registros administrativos que tiene a su disposición.

Así, el usuario se descargará la app y solicitará que emita la credencial de que es mayor de edad y la aplicación autenticará al usuario mediante DNI electrónico, certificados cualificados o las claves concertadas del sistema Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve móvil o Cl@ve permanente). A partir de los datos recabados en esta autenticación, se realizará una verificación de la edad del ciudadano para finalmente emitir la credencial de mayoría de edad como un lote de 30 credenciales, un número configurable que se irá modificando según necesidades del sistema. Estas credenciales tendrán una caducidad de 30 días y desde Transformación Digital han determinado que como máximo se use tres veces la misma credencial en cada plataforma.

Una vez la tenga en su móvil, podrá entrar en una página de contenido para adultos, donde la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el móvil nuestra credencial de mayoría de edad.

El sistema incorpora una doble autenticación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos. Además, se ha diseñado una arquitectura de gobernanza basada en listas blancas de confianza que permite que los actores del sistema se identifiquen como tales. Así, habrá una lista blanca de plataformas para adultos gestionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, otra lista blanca de apps de verificación gestionada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y una última de emisores de credenciales gestionada por la Secretaría General de Administración Digital.

En un primer momento los sujetos obligados a verificar la mayoría de edad serían las plataformas de intercambio de vídeos establecidas en España, pero Cabanillas ha recalcado que desde el ministerio son "mucho más ambiciosos". En este sentido, ha pedido la colaboración del resto del sector de la industria y ha recalcado la utilidad de este sistema para aplicaciones de mensajería y tiendas virtuales, entre otros.

Por esta parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionará, con la colaboración de otros actores, un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad antes de presentar sus contenidos.

Tal y como ha explicado Cabanillas, esta es "una primera aproximación a la cartera digital española" y está enmarcado en el estándar eIDAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde en octubre de 2027. Para desarrollarla, en el seno de Transformación Digital ha trabajado desde marzo de 2024 en Transformación Digital un grupo con profesionales de varios ministerios e instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros.

Por su parte, Escrivá ha subrayado que la puesta en marcha del sistema de acreditaciones de mayoría de edad forma parte del "más que necesario" gran acuerdo de país que el Gobierno está impulsando para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

"Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad es decir hay que hacer más cosas, podemos oír que incluso puede haber formas de circunvalar esta solución. A pesar de eso, pensamos que es probablemente la medida más necesaria y más eficaz en este momento para empezar a abordar de una forma decisiva lo que es el acceso de los menores a contenidos inadecuados", ha reconocido Escrivá.

Al margen de la credencial de mayoría de edad, la Cartera Digital beta será capaz de solicitar, almacenar y presentar el padrón, la ausencia de antecedentes por delitos sexuales y las titulaciones universitarias y no universitarias.

La implementación de la inteligencia artificial en la administración pública no va a ser sencilla. Y aplicar las normas que garanticen la transparencia de su funcionamiento tampoco, como demuestra la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha desestimado el recurso presentado por la Fundación Civio que solicitaba acceso al código fuente de BOSCO, el programa que decide sobre las ayudas para pagar la factura de la luz. 

Civio, una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana para fortalecer la democracia y la rendición de cuentas en España, había demostrado que el programa tenía fallos que negaban el descuento a personas con derecho a él. 

La paradoja es que el discurso oficial del Ministerio de Transformación Digital, encargado de hacer realidad la Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno, aprobada hace poco más de un mes, defiende todo lo contrario. Y reconoce que solamente la transparencia garantizará la correcta utilización de esta tecnología en la administración.

“La transparencia y responsabilidad se garantizan mediante el acceso a información sobre los datos utilizados, los algoritmos aplicados, y una documentación clara y comprensible”, señalan a infoLibre fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá. “De este modo, los ciudadanos pueden conocer la información sobre los sistemas de IA que se utilizan en la administración pública, incluyendo sus objetivos, funcionamiento y resultados. Como en otros procesos administrativos, el establecimiento de mecanismos independientes para auditar y revisar los sistemas de IA se podrá poner en marcha”. El propio ministro, en la presentación de la nueva Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia) en A Coruña, destacó el papel “transparente y humanista”.

El Gobierno, sin embargo, ha negado a Civio acceso al código fuente del algoritmo que decide las ayudas para pagar la factura de la luz. Y lo ha hecho a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que inicialmente apoyó la negativa de acceso, ha cambiado de postura. 

Lo cual no ha impedido a la Audiencia negar esta información con el argumento de que facilitar el acceso al código fuente comprometería la propiedad intelectual, la protección de datos personales y la seguridad de los sistemas informáticos de la Administración.

La Fundación Civio sostiene que tiene derecho a entender cómo funciona una aplicación que toma decisiones automáticas sin intervención humana. Y subraya que la Unión Europea defiende que los desarrollos de las administraciones públicas deberían optar por el software libre. Sin embargo, la sentencia alega que revelar el código aumentaría las vulnerabilidades de la aplicación y que no es exigible a la Administración desarrollar todas sus aplicaciones con fuentes abiertas.

Este fallo judicial es el capítulo más reciente de una lucha que comenzó en 2018, cuando Civio pidió acceso al código fuente de BOSCO para verificar su correcto funcionamiento. El Gobierno, en cambio, sí liberó el código de la aplicación Radar Covid durante la pandemia, argumentando que era un ejercicio de transparencia. 

Para mitigar los riesgos de sesgo y discriminación en los sistemas de IA utilizados por la Administración, el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo evaluaciones de sesgo o toxicidad, para analizar los posibles elementos discriminatorios en los sistemas de IA antes de su implementación, a utilizar datos diversos y representativos para las fases de entrenamiento y a diseñar “algoritmos de IA y procesos de monitorización que sean robustos al sesgo y promuevan la equidad”. Además de incorporar “medidas de carácter regulatorio”.

Una de las claves será cómo se garantizará la privacidad y la seguridad de los datos personales cuando se utilizan sistemas de IA en la administración pública. En este campo, el ministerio promete implementar medidas técnicas y organizativas que protejan los datos personales frente a accesos no autorizados, alteraciones o destrucción, por un lado, y mediante procesos específicos de pseudonimización y anonimización para proteger la identidad de los ciudadanos. Y asegura que pondrá en marcha “procesos de registro y auditoría” en el acceso a datos personales para permitir la trazabilidad y la detección de “actividades sospechosas”.

Cuando se les pregunta qué mecanismos de verificación y evaluación se utilizarán para asegurar la fiabilidad y precisión de los sistemas de IA en la toma de decisiones gubernamentales, los responsables del ministerio de Transformación Digital apuntan a “una combinación entre revisiones de expertos y procesos automatizados”. Por ejemplo, “en auditorías regulares de los algoritmos utilizados para identificar sesgos, errores y problemas de privacidad, además de la implementación de políticas que exijan que los sistemas de IA sean transparentes en sus procesos de toma de decisiones y que proporcionen explicaciones comprensibles para los usuarios”.

 En el Gobierno no ocultan que entre sus mayores preocupaciones en relación con la manipulación o el uso malintencionado de la IA en el ámbito de la política y la gobernanza está “la creación y difusión de información falsa, o el uso de la IA para hacer más compleja la solución a ciberataques”.

Por delante quedan al menos dos años clave para saber qué da de sí la inteligencia artificial en la Administración y a qué se enfrentan los ciudadanos en materia de transparencia. El calendario de desarrollo de la Estrategia de IA 2024 prevé el desarrollo de una familia de modelos fundacionales que se pondrán a disposición del público a lo largo de 2024 y 2025. “Una vez estén desarrollados estos modelos, el objetivo es diseñar aplicaciones de IA especializadas y centradas en ayudar en tareas que actualmente realizan los funcionarios públicos, lo que liberaría parte de su tiempo, o en la personalización y adaptación concreta a las demandas de los ciudadanos”, explican fuentes del ministerio.

 La adopción de IA en el sector público mejorará la “eficiencia y productividad”, pero habrá que “abordar e implementar estrategias en la identificación de impactos y en la puesta en marcha de planes de recualificación con el fin de que programas integrados de innovación en el sector público puedan aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece la IA”. ¿Costará puestos de trabajo en la función pública? El departamento de Escrivá no despeja esta duda, pero sí afirma que “la apuesta por utilizar la IA en las tareas más repetitivas permitirá focalizar la atención de los empleados públicos y aportar más valor”en “áreas específicas” como “la personalización en la atención ciudadana”.

¿En qué se materializará la inteligencia artificial en la Administración? El Gobierno cita, en respuesta a infoLibre, hasta seis áreas en las que será visible en los próximos años: la automatización de tareas repetitivas y manuales, liberando tiempo que puede centrarse en tareas de mayor valor añadido, la optimización de procesos administrativos, como la gestión de solicitudes y la tramitación de expedientes, y la mejora de servicios y accesibilidad, por ejemplo, sistemas de traducción o canales alternativos de atención y comunicación más efectiva.

También será posible, prometen, ofrecer “mayor transparencia, mediante la visualización o la creación de sistemas de seguimiento del gasto público”, así como poner a disposición de los ciudadanos “información de mayor calidad aprovechando las posibilidades de la IA generativa apoyando la gestión del conocimiento del personal de atención a la ciudadanía”, además de mejorar “la estructuración y anonimización de los datos, facilitando los procesos de puesta a disposición de datos abiertos”.

 Mientras el ministerio se pone en marcha, el marco regulatorio para la IA en el sector público sigue en desarrollo y evolución. “Existen diferentes iniciativas a nivel nacional, europeo e internacional, con el objetivo de establecer normas y principios para un uso responsable de la IA en el ámbito público”, explican.

Eso incluye la creación y puesta en marcha de la Aesia y el desarrollo del Reglamento de Inteligencia Artificial, que establece un marco legal para la IA en la Unión Europea, incluyendo requisitos de riesgo para diferentes tipos de sistemas de IA y mecanismos de cumplimiento, para cuya aplicación hay dos años de moratoria. 

Todo, sin embargo, está a expensas de los acontecimientos y del desarrollo de una tecnología que no ha hecho más que empezar. “Como en cualquier regulación, la que corresponde con la IA está abierta a modificaciones y evaluaciones periódicas para identificar posibles lagunas o necesidades de ajuste”, precisa el ministerio.

Ha vuelto a pasar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha marcado de nuevo el camino que se ha de seguir con el personal interino de la administración pública que encadenan contratos temporales: deben convertirse en indefinidos para castigar y prevenir abusos laborales. Lo ha hecho en una sentencia que responde a la petición de tres trabajadoras de la Generalitat de Cataluña, cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera, que alegaron que su labor no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino a tareas ordinarias, duraderas y permanentes, por lo que solicitaron que su contrato temporal de larga duración se transformara en indefinido.

El TJUE se alinea ahora con las interinas y señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos de duración determinada en indefinidos puede ser una medida adecuada de prevención y reparación de abuso. Si bien, en el fallo se recuerda que corresponde a los juzgados nacionales garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley.

Javier Araúz, el abogado que se ha ocupado de este proceso en representación de los interinos del sector público, asegura a infoLibre que la sentencia "afecta a alrededor de 1,2 trabajadores temporales" en el conjunto del país, "que, en el fondo, son más de cinco millones de ciudadanos, contando familiares". De ellos, unas 900.000 son mujeres de edad avanzada”, muchas mayores de 50 años, “a las que les va la vida estabilizarse en el sector público porque no van a poder acceder a un mercado que no existe para ellas, después de hasta 35 años de aguantar la precariedad laboral, con la angustia que ello conlleva”, afea.

A juicio del letrado, la resolución del tribunal europeo evidencia que "las autoridades administrativas y judiciales españolas no están a la altura". "Es, en primer lugar, un varapalo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -sostiene-, al estimar que lo que ésta entiende como aplicación de la directiva, que es dejar al abusado en régimen de abuso hasta que se proveyera su plaza por un funcionario de carrera, es contrario a la directiva comunitaria". Y apostilla: "Pero también deja en mal lugar al Gobierno de España, que se había inventado la Ley 20/2021, con una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, para quienes no superen los procesos de estabilización de esa norma. El fallo les indica que no, que esto tampoco cumple con la normativa comunitaria ni con el objetivo de la directiva, que es acabar con la precariedad en el sector público".

Para Araúz, el cumplimiento de la sentencia del TJUE exigiría “paralizar inmediatamente los procesos de estabilización convocados al amparo de la Ley 20/2021”, transformar “en fijos o de carrera a los empleados públicos temporales víctimas de un abuso que hayan accedido a través de un proceso selectivo sujeto al principio de igualdad, capacidad y libre concurrencia, pues esta estabilización no es contraria a las normas nacionales”; y “sujetar al resto del personal temporal víctima de un abuso a las mismas causas de cese o de despido que rigen para los funcionarios fijos o de carrera”. “La sentencia también nos da la solución para cumplir la normativa comunitaria y para que España de una vez se acerque a Europa y se aleje de África y haya trabajadores que dejen de vivir angustiados”, lanza. Cree que, "si no fuera por Europa", el país todavía estaría "en el siglo XIX o XX en estas materias". "Me da mucha pena que nuestros políticos y nuestros tribunales no sean capaces de reconocer derechos que son de puro sentido común y vienen impuestos por la Unión Europea", mantiene.

Desde la órbita de los interinos recuerdan que "éste no es un problema nuevo" y ya hubo un fallo previo del tribunal europeo de este mismo año en el que "se dejó claro que ni una indemnización al cese o extinción de los contratos ni las sanciones que puedan imponerse a las autoridades administrativas responsables de estos abusos, ni los procesos de oposición o estabilización son medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la directiva". "Se indicó que la forma de hacerlo es convertir en fijos a los empleados públicos víctimas de un abuso", concluyen.

Del lado del Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha anotado que en España se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la administración pública y que el Ejecutivo "tiene una ley" con la que se "anticiparon" al problema de la temporalidad, que, en su opinión, está dando "resultados extraordinarios", según ha recogido Ep. Antes de participar en el municipio gaditano de San Fernando en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales, el ministro Escrivá se ha referido al pronunciamiento del TJUE y ha señalado que se está pendiente de conocer la opinión de éste sobre "casos previos al 2021" y que este asunto "atañe fundamentalmente a los tribunales" y a cómo dichos órganos "tienen que resolver esos conflictos".

Con todo, ha insistido en que desde el Gobierno tienen el objetivo de llegar "a un número determinado de regularizaciones", en concreto a las 300.000 estabilizaciones a final de año y que por el momento se ha alcanzando "el 75%", por lo que alcanzarán su propósito "ampliamente". "No tengo ninguna duda", ha proclamado.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que en España se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la Administración Pública española y que el Gobierno "ya tiene una ley" con la que se "anticiparon" al problema de la temporalidad que está dando "resultados extraordinarios".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en San Fernando (Cádiz) en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales, según recoge Europa Press, el ministro Escrivá se ha referido al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el derecho español no disuade del abuso de interinos y tras solicitar un cambio en la regulación española. Sobre esto, el ministro ha dicho que se está pendiente de conocer la opinión de este tribunal sobre "casos previos al 2021", argumentando que "atañe fundamentalmente a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos".

"Más allá de estos casos históricos, creo que lo más importante es mirar hacia adelante a todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, para que lo mismo que ha ocurrido en el ámbito del sector privado, donde hemos hecho una reversión extraordinaria con la reforma laboral de la temporalidad, se consolide en el sector público de forma análoga", ha manifestado el ministro.

De esta manera, ha apuntado a que desde el Gobierno de España tienen el objetivo de llegar "a un número determinado de regularizaciones", en concreto a las 300.000 estabilizaciones a final de año, señalando que ya se ha alcanzando "el 75%" por lo que "lo vamos a cumplir este año ampliamente, no tengo ninguna duda".

También ha comentado la importancia de que "estructuralmente no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido durante estos años" y que para ello se están tomando medidas con las que contar con "un marco estable" de trabajadores y funcionarios públicos.

En ese sentido, ha nombrado la eliminación de la tasa de reposición, un instrumento que ha sido "particularmente pernicioso a la hora de generar esas bolsas de temporalidad en el pasado", y que las administraciones públicas puedan planificar "a medio plazo" los recursos humanos que necesitan, "con una buena definición de sus funciones", algo que como ha dicho, se está haciendo ya en la Administración General del Estado. "Planificarse a medio plazo evitará problemas después de respuestas a corto plazo", ha apostillado.

Por último, Escrivá ha apuntado a la reducción "decisiva" del tiempo que se tarda en acceder a la Función Pública, algo en lo que están "completamente comprometidos en hacerlo rápidamente", poniendo como ejemplo de ello el llamado "MIR tecnológico". "Tenemos muy buena experiencia con el acceso de los médicos en España, hagámoslo con otras profesiones", ha animado el ministro, asegurando que en todos los ámbitos de los funcionarios que se dedican a la tecnología en la Administración General del Estado "queremos hacer algo similar".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 12 de marzo un grupo de trabajo interministerial para que, antes de que termine este año, la verificación de la edad en el acceso a contenidos pornográficos en Internet sea de obligado cumplimiento para las plataformas residentes en España. Este nuevo grupo se une al constituido por el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, de Sumar, que tiene como objetivo un Pacto de Estado sobre menores y móviles, y que está dirigido por Ana Caballero, portavoz de la Asociación Europea de Transición Digital.

El grupo de trabajo aprobado este martes por el Consejo de Ministros está liderado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y en el que están también el Ministerio de la Juventud y la Infancia y el Ministerio del Interior, así como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados y la Fábrica Española de Moneda y Timbre.

Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la Agencia Española de Protección de Datos es la que tiene que garantizar la privacidad de los usuarios; la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados, que tendrá que dar la certificación final de la tecnología de verificación; y la Fábrica Española de Moneda y Timbre, que va a ser el emisor de las credenciales verificables.

La tecnología que, según prevé Escrivá, se va a imponer para verificar la edad en Internet es la que se está desarrollando a nivel europeo, la Cartera Digital Europea, que regula el reglamento de identidad digital. "España está liderando todos los trabajos técnicos que acompañan el desarrollo de esta regulación", ha asegurado.

Cuando esté disponible, la Cartera Digital Europea va a permitir, según ha señalado el ministro, que se pueda demostrar la identidad en Internet y que los ciudadanos tengan documentos electrónicos. "Pensamos que esta tecnología pueda estar disponible este año en España para la verificación de la edad. Para ir más deprisa y ser pioneros hemos creado hoy un grupo de trabajo interministerial", ha dicho.

El Gobierno ha creado este grupo de trabajo ante la "extraordinaria alarma social" por los efectos de la pornografía y los usos inadecuados que afectan a los menores cuando operan en Internet. En este contexto, Escrivá ha recordado que el presidente Pedro Sánchez "está liderando una estrategia nacional muy ambiciosa y muy extensa para la protección de los menores y su acceso a contenidos inapropiados en Internet".

"Uno de los elementos centrales en esta estrategia es que tengamos una tecnología que nos permita verificar la edad en el acceso a estos contenidos", ha precisado el ministro, quien ha defendido que esta tecnología debe asegurar la privacidad y el anonimato al declarar la edad en Internet y que la autenticidad "esté realmente garantizada".

Escrivá cree que esta tecnología podría estar disponible durante este año en España para la verificación de la edad, "un elemento central en la protección de los menores". "Está previsto que a nivel europeo estas tecnologías sea de obligado cumplimiento a partir del año 2026, pero podemos ir más deprisa", ha puntualizado.

El Gobierno creará una empresa pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que movilizará 20.000 millones de euros e integraría la participación del 10% que prevé tomar a través de SEPI en Telefónica, según ha informado Europa Press.

Así lo ha anunciado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ha visitado el Pabellón de España del Mobile World Congress (MWC) en Fira de Barcelona Gran Via.

Escrivá ha dicho que presentará el proyecto de creación de la SETT por trámite de urgencia en el Consejo de Ministros de la próxima semana para que pueda entrar en funcionamiento en dos o tres meses, y, preguntado por si ese gran ecosistema digital integraría a Telefónica, ha respondido: "Tiene sentido encajarla".

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima el contrato de intermediación bursátil para proceder a la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la adquisición de hasta un 10% de las acciones de la compañía, un proceso en el que se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras.

El ministro ha enmarcado la creación del SETT, una suerte de 'SEPI digital', en la necesidad de adaptarse a "una revolución industrial en toda regla" que impactará en sectores hasta ahora aislados de la tecnología, lo que obliga, en sus palabras, a que España tenga capacidad de decisión.

La nueva sociedad pública tendrá como objetivo lograr una soberanía tecnológica estratégica, el impulso del crecimiento y la productividad, la transformación del sector público, el análisis de tendencias y la colaboración público-privada.

La SETT reunirá bajo su dirección iniciativas ya existentes como el PERTE Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica, el fondo NextTech, con 4.000 millones de euros para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica o el fondo del Hub Audiovisual, con 1.700 millones de euros para las empresas de este sector.

"La suma de esos tres ámbitos supone la movilización inicial de 20.000 millones de euros, que se va materializar en inversiones en todos estos ámbitos. Eso requiere equipos especializados y como país debemos tener una presencia muy potente", ha asegurado Escrivá.

Según el máximo responsable del Gobierno en el ámbito digital, el SETT supone "un paso más en el ambicioso proceso de transformación tecnológica que está protagonizando España", lo que permitirá crear sinergias entre las distintas iniciativas en los ámbitos tecnológicos de vanguardia, actuar como interlocutor único con los agentes nacionales e internacionales, públicos y privados, y aprovechar mejor las ventajas competitivas del país.

En concreto, el Gobierno confía en que la creación de la SETT permitirá reforzar la soberanía tecnológica estratégica en un momento de gran competencia internacional en áreas como el diseño de chips, los nuevos materiales o la inversión en tecnologías con mayor capacidad de impulso y tracción sobre el resto de la economía.

También acelerará la adopción de las tecnologías con mayor potencial para la mejora de la productividad y el impulso del crecimiento a medio y largo plazo; propiciará la transformación del sector público, incorporando talento tecnológico especializado; mejorará las capacidades de análisis de tendencias en un sector en el que la velocidad de cambio es cada vez más intensa, y fomentará la colaboración-público privada, impulsando y consolidando el ecosistema digital español mediante el diálogo estratégico, según detalla el Ministerio de Transformación Digital en un comunicado.

La nueva 'SEPI Digital' se encargará del fomento y la ejecución de inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, en particular las telecomunicaciones, los semiconductores, la digitalización o el sector audiovisual.

Para ello identificará los sectores y proyectos estratégicos, desarrollará capacidades analíticas y financieras para la inversión en empresas innovadoras tecnológicamente y evaluará la viabilidad tecnológica y económico-financiero de los proyectos.

Asimismo, agrupará las participaciones del Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización para buscar sinergias con el objetivo de impulsar la transformación tecnológica.

Apoyará además a empresas con actividad en España, "cualquiera que sea su tamaño y titularidad del capital", que se comprometan a llevar a cabo proyectos tecnológicos del ámbito digital y de sectores emergentes relacionados con la digitalización, mediante la concesión de créditos, la toma de acciones u otras participaciones minoritarias representativas del capital social o la concesión de subvenciones, entre otras formas de apoyo.

La SETT integrará la actual Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) para dar un impulso al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip) a través los procesos de participación y puesta en valor de la industria española de semiconductores en los diferentes programas europeos e internacionales, en particular en el ámbito del diseño, el desarrollo de competencias, las líneas piloto o la fabricación, especialmente la coordinación de las acciones relativas a la Chips Act de la Unión Europea.

También prestará servicios empresariales, de consultoría, de asistencia técnica o de construcción y gestión de infraestructuras relacionadas con la industria de semiconductores.

Para ello, dispondrá de un equipo especializado en operaciones de inversión, capitalizando y consolidando proyectos "verdaderamente transformadores" en el ámbito tecnológico, y, en particular, en venture capital, orientado a fomentar la inversión en empresas startups o scaleups con un componente sustantivo de innovación tecnológica con alta capacidad de tracción para el resto de la economía.

La empresa atraerá inversores y conocimiento tecnológico en colaboración público-privada para generar capacidades industriales en sectores estratégicos y actuará con medidas financieras y de promoción relacionadas con las actuaciones previstas en el sector audiovisual, con el objetivo preferente de "convertir a España en un polo de atracción de la producción industrial de contenidos y en la mejora de la competitividad de toda esta industria cultural".

Pedro Sánchez va a afrontar uno de los cambios ministeriales más difíciles desde que llegó al Palacio de La Moncloa en junio de 2018. El Ministerio de Economía es una de las columnas fundamentales del Gobierno y necesita a una persona que conjugue una serie de factores indispensables para tener la cartera: conocimiento técnico, un nombre que se relacione bien con los mercados pero que cale entre las filas socialistas y capacidad de negociación en Bruselas.

Nadia Calviño ganó los apoyos necesarios el pasado jueves para ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se enfrentará en una semanas a la transición (primero el consejo de gobernadores de la entidad se tiene que reunir este miércoles y luego se fijará una fecha formal del traspaso). El presidente del Gobierno no se quiere apresurar y, según ha confesado él mismo, se va a dar un tiempo hasta anunciar el nombre que ocupará el Ministerio.

Esto le va a llevar a tener que reajustar el Gobierno que apenas lleva unas semanas andando y no se descarta que incluso se pueda llegar a tocar la propia estructura (Calviño ejerce también la función de vicepresidenta primera). Cuando Sánchez anunció en la escalinata de La Moncloa el Ejecutivo de coalición, apareció un nombre como gran favorito a relevar a Calviño si lograba el BEI: José Luis Escrivá.

Las pistas era evidentes para muchos dentro del Gobierno y en las filas del PSOE al asumir un nuevo ministerio de Transición Digital que había sido hasta el momento competencia de Economía. Además, es un hombre que se ha movido en la alta empresa y su experiencia había sido exitosa con la UE al haber logrado pactar el nuevo sistema de pensiones. Su entorno dio por hecho que estaba llamado a ocupar Economía en el futuro.

Pero ahora ese salto es descartado precisamente en el entorno de Escrivá. Fuentes del Gobierno apuntan que el ministro puede aguantar en ese Ministerio una temporada más, pero puede tener en el futuro otros destinos antes de agotar la legislatura. Una de las plazas puede ser la de gobernador del Banco de España. Su actual titular, Pablo Hernández de Cos, accedió al cargo en junio de 2018, tras ser previamente designado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este puesto tiene una duración de seis años, por lo que toca renovarse ya el año que viene.

Escrivá precisamente inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Esta sería una salida para Escrivá, aunque también en el horizonte hay otro puesto en el que puede encajar el ministro de Transformación Digital: la vicepresidencia del Banco Central Europeo que hoy ostenta el español Luis de Guindos. Pero esa batalla va más allá en el tiempo, ya que su cargo tiene como fecha de caducidad el 1 de junio de 2026.

En el equipo económico del presidente tiene especial relevancia María Jesús Montero como titular de Hacienda y Función Pública. Ha sido uno de los puntales de la negociación de la investidura y ha ganado más peso al ser nombrada también vicepresidenta cuarta. Pero ella misma se ha autodescartado en la carrera por Economía. Según confesó en una entrevista en El País, cree que “habría que incorporar a alguien al equipo”. “Mi aportación ha venido por el lado de Hacienda: Nadia Calviño tiene otras características”.

“Creo que lo relevante es encontrar un perfil que tenga credenciales e interlocución con Bruselas, con garantías para sustituir a Nadia Calviño sin que se resienta nuestra credibilidad en las instituciones”, indicó la titular de Hacienda. Lo que sí creen diversas fuentes socialistas es que Montero sí podría estar implicada en la remodelación pero de otra manera: quedarse con Hacienda pero subir hasta el escalafón primero en las vicepresidencias, pues no se contempla que Yolanda Díaz, de Sumar, ascienda a este puesto. El presidente siempre ha optado por tener a alguien de su partido como ‘número dos’, y más en una situación en la que él también viaja mucho y necesita un lugarteniente en el Gobierno durante esos desplazamientos

Por lo tanto, gana enteros la posibilidad de que Sánchez apueste por un fichaje fuera del Consejo de Ministros para hacerse con las riendas de Economía. Él mismo dejaba esa puerta abierta durante una entrevista en Espejo Público la semana pasada: “Tanto dentro como fuera del Gobierno hay potentes economistas”.

Entre muchos socialistas está en mente el nombre de David Vegara, actualmente en el Banco Sabadell y ex secretario de Estado de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero bajo las órdenes de Pedro Solbes. Además, puede ser clave que sería un puesto especialmente relevante para la influencia del PSC, que en el nuevo Gobierno ha perdido un ministerio pese haber sido el puntal en las urnas para que Sánchez aguantara. En estos momentos, los socialistas catalanes sólo tienen el departamento de Industria con Jordi Hereu al frente.

Otro de los nombres que circula entre cargos del PSOE es el de Manuel de la Rocha, el sherpa económico de Pedro Sánchez que integra su círculo de confianza. Es el hombre que susurra al presidente en sus viajes internacionales y un apoyo en este área de que cogió las riendas del PSOE. Su nombre siempre circula entre los periodistas cuando Sánchez tiene que hacer un cambio.

También en el PSOE, según varios cargos consultados, se espera que sea una figura potente en el cargo en un momento en el que muchos creen que Yolanda Díaz tratará de ganar influencia en las luchas económicas al salir fuera Nadia Calviño, que ha sido hasta el momento su gran rival interna en la toma de decisiones. Además, varias fuentes socialistas también señalan que Economía será vital políticamente en un momento en el que Europa en su conjunto se asoma a la recesión.

Calviño señaló este lunes, durante un viaje a Londres para reunirse con inversores, que "sea quien sea" su sustituto dará "continuidad" a la política económica desarrollada en los últimos cinco años y medio y "estabilidad a España". "Será el presidente el que decida. Yo lo que quiero dejar es un mensaje de tranquilidad, porque durante estos cinco años y medio (...) hemos trabajado intensamente y alineados con una política económica de responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales que funciona para España y que es la que va a seguir en la próxima legislatura. Esa era la agenda de política económica del programa del PSOE”, concluyó la todavía vicepresidenta primera.

La llegada de 13.000 migrantes a España desde el pasado mes de agosto, la mayoría de ellos desde el continente africano a Canarias, ha provocado una crisis migratoria en las islas por la falta de infraestructuras. El aumento de llegadas ha eclosionado en estas últimas semanas pero comenzó ya en primavera, cuando la estabilidad en Senegal, de donde provienen muchos de estos migrantes, empezó a resquebrajarse. Las protestas en el país subsahariano y la persecución de los opositores al gobierno provocó que, a los que se iban en busca de oportunidades laborales, se les sumaran aquellos que huían de la violencia y la represión. 

El reparto de estos migrantes por diferentes enclaves de la Península a petición del Gobierno canario, formado por una coalición de nacionalistas y PP, ha provocado un choque entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, y el resto de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, que se quejan de la falta de información sobre los enclaves elegidos. Los conservadores, con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, acusan al Ejecutivo de tratar a los migrantes "como fardos" y de "actuar con nocturnidad" para "quitárselos de encima": "Luego no sé si irán por las calles, si ambularán, no sabemos qué van a hacer con ellos", ha subrayado la madrileña.

Escrivá, por su parte, ha lamentado que el PP se deje arrastrar a posiciones "xenófobas" por culpa de Vox, después que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, haya calificado de "invasión migratoria" el traslado a Medina del Campo (Valladolid) de 183 migrantes y de que el diputado del PP y exportavoz parlamentario, Rafael Hernando, haya llegado afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez colabora con el tráfico de personas. "Eso es xenofobia, es falso, España es un país que lleva gestionando crisis, con una solvencia y naturalidad notable, somos referencia internacional, y esta es igual que todas, lo estamos haciendo con mucha tranquilidad, y tenemos ya mucha experiencia", afirmó este jueves el ministro del ramo.

Desde Migraciones explican que en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la Península, aunque "no todos vienen de Canarias" e inciden en que el reparto no se realiza "por cuotas" entre las autonomías, sino "en función de la existencia de espacios apropiados según su situación de vulnerabilidad y luego disponibilidad y necesidad". Estas mismas fuentes recuerdan que la competencia es exclusivamente estatal —a diferencia de lo que ocurre con los menores extranjeros no acompañados, de cuya gestión depende el Ministerio de Derechos Sociales en consonancia con las comunidades autónomas— por lo que las quejas de las comunidades autónomas no proceden.

"Las comunidades autónomas no tienen por qué participar en el proceso de decisión porque la atención a los migrantes es competencia exclusiva del estado y todo se hace en nuestros recursos, pagados por el ministerio y atendidos por las ONG con las que concertamos, como Cruz Roja, o Accem", explican a infoLibre fuentes del departamento de Escrivà. Aun así, subrayan "siempre se informa a las autoridades locales y autonómicas", a veces con semanas de margen y otras solo con días según la urgencia del traslado. "Si se abre un recurso hoy y mañana se mandan migrantes, se les avisa hoy, con un día de antelación, por ejemplo. Es obviamente una situación excepcional, como sucedió con Ucrania".

Es más que evidente que a estos migrantes no se les trata con la política de brazos abiertos con las que se recibió a los ucranianos. Y eso se nota en la reacción de las formaciones de la derecha. Aunque las situaciones límite de las que huyen la mayoría de los ciudadanos subsaharianos sean igual de complicadas o peores y a pesar de que son bastantes menos —unos 30.000 en lo que va de año— que los que llegaron a España escapando de la guerra con Rusia —177.000—. De hecho, España es uno de los países que más refugiados ucranianos ha acogido. Fuentes del departamento de Escrivá inciden en que cuando se realizó el traslado de ciudadanos del Este a España no se produjo ninguna queja por parte de las autonomías del PP.

Desde el ministerio explican a este periódico que el hecho de no detallar los enclaves a los que han trasladado a estos migrantes de debe a que no les quieren situar "bajo el ojo público y mediático" por su situación vulnerabilidad. Una recomendación que realizan organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, sí que ha trascendido el acuerdo con el Ministerio de Defensa para habilitar dos cuarteles militares en desuso ubicados en Madrid. "Hay otras instalaciones en la recámara, pero hasta que no las activemos no lo diremos puesto que, en función del desarrollo de las llegadas a Canarias, igual ni siquiera es necesario activarlas", sintetizan.

Escrivá ha calificado la situación como especialmente grave teniendo en cuenta el conflicto entre Israel y Hamás que, según el ministro, está siendo explotado para infundir discursos de odio. El ministro ha mostrado su preocupación por el aumento de los contenidos racistas en las redes sociales a raíz del recrudecimiento del conflicto en Gaza. "El oportunismo es todavía más deleznable estas semanas", ha lamentado.

Mauritania y Senegal han aumentado este año el control a las mafias de inmigración ilegal, con una mayor presión policial en las playas y aguas nacionales. Han interceptado en el último año más de un millar de cayucos y los migrantes han buscando rutas alternativas con las que no ser descubiertos. El Hierro, que hasta ahora era un destino accidental, se ha convertido en una de esas rutas. Se trata de la isla más occidental de todo el archipiélago. Ir a ella implica entrar mucho antes en océano abierto, por lo que las barcas tienen menor posibilidad de ser interceptadas, pero a su vez aumenta el riesgo de acabar arrastrado por las corrientes marinas.

En lo que va de año, el número de migrantes llegados a Canarias en patera o cayuco ha aumentado un 79,4% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 23.537 personas interceptadas, lo que supone 10.415 más que hace un año según datos del Ministerio del Interior a fecha de 15 de octubre. En concreto, las entradas por vía marítima han crecido un 54,7%, pasando de 23.154 entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2022 a 35.812 entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2023, 12.658 más.

Ante la situación de desborde en las islas, la pasada semana la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó la situación de emergencia. Se trata de un trámite administrativo que permite al Ejecutivo agilizar los procedimientos para realizar el traslado a la Península y que está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público que permite actuar de manera inmediata ante ''acontecimientos sobrevenidos''. Este mecanismo también se utilizó durante la llegada de desplazados ucranianos a España.