La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha corregido al juez Santiago Pedraz y ordenado que dicte orden de detención contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Teodoro Obiang e investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

En un auto, de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ordena también a Pedraz dictar órdenes internacionales de detención contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo. La Sección Segunda estima el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra la resolución del juez instructor en la que denegó las órdenes de detención.

Frente a la alegada falta de jurisdicción de España para la investigación de los hechos, los magistrados corrigen al instructor al entender que en el momento en que adoptó su decisión "no existía conflicto alguno de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Añaden que en ninguna de las resoluciones dictadas por Pedraz expone "ningún motivo que justifique de forma razonada" por qué "decide no librar las órdenes de busca y captura" que reclaman las acusaciones, es decir, la Fiscalía, el MLGE3R y familiares de las víctimas. Subrayan además que resulta "evidente" que los querellados están "en situación de rebeldía", al haber desoído los llamamientos de comparecencia del juez instructor para prestar declaración como investigados y "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".

A su juicio, en la investigación hay datos suficientes sobre la posible implicación de los investigados, según las diligencias policiales y los seguimientos sobre ellos. La Sala sostiene que la presencia de los investigados en España "ha quedado constatada, así como la posible relación con la agencia de detectives implicada en los seguimientos realizados a quienes, a la postre, resultaron ser víctimas de los hechos, "graves", además de que se investigan transferencias de importantes cantidades de dinero en entidades bancarias españolas que podrían tener relación.

A partir de todo el material analizado, los magistrados concluyen que existen indicios para acordar tomarles declaración de las personas investigadas, que es lo que inicialmente se acordó por el instructor y que no se ha podido practicar ante la actitud de los investigados de obstaculizar.

Con todo, los magistrados explican que con su auto no resuelven la cuestión relativa a la competencia que finalmente pueda discutirse por las autoridades de Guinea Ecuatorial, sino si en el estado actual del procedimiento es procedente dictar las órdenes de busca y captura que han solicitado las acusaciones pública y privada.

El Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca investiga una trama de blanqueo de la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang, que lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Según publica este domingo La Última Hora, un empresario holandés afincado en Baleares, en Son Gual, está en el centro de esta investigación que intenta aclarar si el hijo menor Gabriel, que además es ministro de Minas e Hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros.

El principal investigado es el empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bos, que es el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, que ha sido detenido e interrogado. En concreto, le habría ayudado a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública que tuvo un coste de 106,6 millones de euros y por la que se habrían pagado cinco millones en comisiones que son los que salen del país africano con escala en Mallorca.

La causa, que está bajo secreto de sumario desde hace más de un año, surge de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y este intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021.

La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En esta investigación periodística ya se apuntó que el testaferro holandés tenía dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

Este consulto holandés tiene una tercera compañía, con sede en Países Bajos, que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V.. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza. Así que casi nadie duda de que el sucesor en la jefatura del Estado será alguno de los hijos del dictador, que ya tiene 78 años. De hecho, hace tiempo que empezaron los movimientos para la sucesión. Una carrera en la que parece existir un claro favorito, su hijo Teodorín Obiang, condenado en Francia en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Pero donde otro de los vástagos del dictador, Gabriel Obiang, mantiene sus aspiraciones sucesorias desde el puesto de ministro de Minas e Hidrocarburos. Un cargo clave en un país que es uno de los principales productores de petróleo del continente y cuya economía tiene una dependencia casi absoluta del crudo.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que los hermanos son “igual de corruptos”, aunque tienen diferentes estilos a la hora de saquear el país, mucho menos ostentoso el de Gabriel Obiang: "Teodorín podría ir directamente al Tesoro para conseguir dinero. Teodorín está allí para gastar su dinero. Gabriel lo invierte". Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta que se independizó en 1968 y el español sigue siendo uno de los idiomas oficiales. 

El hecho de que Guinea Ecuatorial lleve tanto tiempo controlado por la misma familia quizá ayude a explicar por qué Gabriel Obiang se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de esa concesión, la constructora portuguesa Armando Cunha S.A., abonó a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015.

Así consta en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario portugués Expresso y analizados en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y desarrollada en los últimos meses con varios medios de comunicación, entre ellos el periódico guineano Diario Rombe. infoLibre, tras tener acceso y analizar dichos documentos, publica en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Varios de esos documentos han sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y contra un intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang –Donald Frank van der Horn van den Bos–, entre otros. Este último reside en Mallorca y tiene dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el marco de la investigación, el pasado 17 de diciembre, la Policía judicial registró la sede de la empresa Armando Cunha S.A. y varios domicilios particulares, según ha podido saber Expressso.

EL PACTO PREVIO

La investigación periodística ha podido identificar a tres personas clave entre los colaboradores de Gabriel Obiang: el intermediario Donald Frank van der Horn van den Bos en España, el abogado NJ Ayuk en Guinea Ecuatorial, y el empresario Nicolaos Neocleous en Chipre.

El primero que entró en escena en la operación con Armando Cunha S.A. fue el holandés afincado en España. Casi un año antes de recibir la adjudicación de un organismo público controlado por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Donald Frank van der Horn van den Bos empezó a negociar con la constructora portuguesa sobre cómo se haría el reparto del dinero.

El intermediario era aparentemente una persona muy organizada. Después de una reunión en Lisboa –los días 18 y 19 de febrero de 2009–, elaboró un informe de cuatro páginas sobre lo hablado en el encuentro y se lo envió a Filipe Rego, presidente de Armando Cunha S.A. En el encabezamiento colocó el logotipo de Gabangare, una empresa registrada en Chipre, vinculada a Gabriel Obiang y clave en el entramado como veremos más adelante. En el memorando ya se diseña la estructura societaria que es necesario montar, incluida una compañía a medias entre la constructora portuguesa y Gabangare, con sede también en Chipre. Este país es uno de los cinco de la Unión Europea que ONG como Oxfam consideran paraísos fiscales. Además, el documento detalla los proyectos que se asignarían a Armando Cunha S.A. en el país africano, entre los que figura la obra que llegó a costar 106,6 millones de euros.

Un segundo memorando fue elaborado, el 17 de abril de 2009, por algún directivo de la constructora portuguesa –no está firmado– y enviado a Donald Frank van der Horn van den Bos. El documento se titula "Reunión de temas que requieren aclaración" y el objetivo es, precisamente, concretar al máximo diversas cuestiones de la operativa que preocupaban a Armando Cunha S.A.

Existe un tercer memorando, más corto que los otros dos y sin fecha, que hace referencia a una reunión en Madrid en la que se trataron aspectos sobre la empresa en el país africano en cuyo accionariado participarían ambas partes.

Los tres documentos fueron entregados a Expresso por una fuente que prefiere no ser identificada y fueron compartidos con el consorcio OCRRP y otros medios de comunicación, entre ellos infoLibre.

La adjudicación se produciría finalmente en enero de 2010, pero una de las empresas de la trama ligada a Gabriel Obiang –la guineoecuatoriana Arcangel S.A.– empezó meses antes a facturar gastos a las constructora lusa, por ejemplo en concepto de alquiler de unas oficinas en el país africano. La operación estaba en marcha.

Gabriel Obiang, a su llegada a la reunión extraordinaria de la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en marzo de 2020.

LA ADJUDICACIÓN

Empresa mediana y poco conocida en Portugal, Armando Cunha S.A. no tuvo proyecto alguno en Guinea Ecuatorial hasta que se le adjudicó el contrato público para la construcción de un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). Dicha concesión se produjo el 21 de enero de 2010 y el contrato fue firmado directamente por el ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE –organismo que está bajo la tutela de su ministerio–, y por el director de la empresa portuguesa, Filipe Rego.

El contrato establecía que el 25% del importe inicial de la adjudicación –que ascendía a 57,5 millones de euros– se pagaría por adelantado en una cuenta de Armando Cunha S.A. en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde.

Esa cantidad se incrementaría en mayo de 2012 hasta los 106,6 millones de euros, en un nuevo acuerdo firmado también por el ministro Gabriel Obiang. Se trata de un documento de sólo dos páginas que prácticamente duplicó las obras a realizar en el futuro centro de formación de ITNHGE. Para entender la importancia de esta cantidad en Guinea Ecuatorial quizá sirva la siguiente comparación: el presupuesto total para educación en 2020 en el país africano apenas superó los 91 millones de euros.

En los cinco años posteriores a la adjudicación, saldrían de esa cuenta bancaria en Cabo Verde más de diez millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de la compañía Gabangare o bien a través del presunto testaferro del mandatario Donald Frank van der Horn van den Bos. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

“Estos fondos, independientemente de la descripción en las facturas, no son más que el pago de comisiones / ‘sobornos’ por la mediación y adjudicación del ITNHGE”, se indica literalmente en la querella presentada en Portugal.

Contrato de adjudicación a ACSA, firmado por Gabriel Obiang.

LAS SOCIEDADES EN ESPAÑA DE LA TRAMA

Donald Frank van der Horn van den Bos es un consultor fiscal, de 60 años, que tiene su residencia en la isla de Mallorca y cuenta con excelentes conexiones en Guinea Ecuatorial.

A dicho intermediario holandés están directamente vinculadas tres empresas que recibieron dinero de la constructora portuguesa. Dos de ellas tienen su sede en España y la otra en Países Bajos.

Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

La tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V. y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

DE GUINEA ECUATORIAL A BELICE PASANDO POR CHIPRE

La otra parte de la trama societaria tiene como eje a una compañía chipriota denominada Gabangare. El nombre de esta compañía coincide curiosamente con las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Pero las coincidencias no terminan ahí. Antes de que naciera la hija pequeña, Arelis, resulta que la compañía se llamaba Gabang. El diablo está a veces en los pequeños detalles.

Pero para llegar a Gabangare es necesario seguir el hilo societario que empieza en Guinea Ecuatorial.

Cinco meses después de la adjudicación de la obra, Gabriel Obiang apareció directamente asociado a Armando Cunha S.A. El 27 de mayo de 2010, el ministro asumió la representación de una empresa guineoecuatoriana, el Grupo Molsa, en una Junta General donde una filial 100% propiedad de esa compañía cambió su denominación: hasta ese momento se llamaba Construcción GE y pasó a funcionar como ACSA. En dicha Junta General se nombró director general de la flamante ACSA a António Belo, empleado de la portuguesa Armando Cunha S.A. El acta de la Junta general fue inscrita el 23 de julio de 2010 en el Registro Mercantil de Malabo, la capital del país africano.

El Grupo Molsa es la empresa matriz que utiliza Gabriel Obiang para controlar varios negocios privados en el país. Por su parte, ACSA es el acrónimo que Armando Cunha S.A. usó para sus filiales en Marruecos, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

En resumen: el ministro Gabriel Obiang, como representante del Grupo Molsa, nombró para el cargo de administrador general de una de sus filiales –ACSA– a un empleado de la constructora portuguesa a la que cuatro meses antes le había adjudicado una obra de 57,5 millones de euros (que terminarían convirtiéndose en 106,6 millones).

Escritura donde Gabriel Obiang actúa en nombre de Grupo Molsa y de su filial ACSA.

Esa actuación mercantil suponía materializar una de las cuestiones que figuraba en los memorandos barajados antes de la adjudicación: la existencia de una sociedad en Guinea Ecuatorial donde ambas partes –la gente de Gabriel Obiang y la constructora lusa– estarían representados.

El paso siguiente era enmascarar la identidad de sus propietarios. Y, de nuevo, el propio ministro de Minas e Hidrocarburos aparece firmando el documento clave. El 30 de diciembre de 2010, Gabriel Obiang firmó una escritura en su calidad de representante del Grupo Molsa por la que se traspasaba la totalidad de su capital: el 65% lo asumió una empresa registrada en Chipre, Burilda Consultancy Limited, y el 35% restante pasó a ser del ciudadano guineoecuatoriano Genaro Obunu, socio de Centurion Law Group, un bufete de abogados muy cercano a Gabriel Obiang.

El presidente de Centurion, NJ Ayuk, es un amigo personal del ministro. Gabriel Obiang y su mujer asistieron a la boda de Ayuk celebrada en 2016 en Marbella, evento al que también fue como invitado Donald Frank van der Horn van den Bos. Tres años después, el ministro acudió a la presentación de un libro de Ayuk.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que el bufete de Ayuk es conocido por aumentar las posibilidades de sus clientes de obtener contratos públicos relacionados con el petróleo en Guinea Ecuatorial. "Puedes ir con otros [bufetes] y puedes intentarlo si quieres, pero es probable que te quedes por debajo de otras empresas menos capaces pero que iban de la mano de Centurion. Así es como lo hacen", explicó Oló Fernandes al consorcio OCCRP.

Volvamos al accionariado de ACSA. La parte mayoritaria –65%– pasó a estar controlada en Chipre por Burilda Consultancy Ltd, cuyo capital estaba a su vez repartido a partes iguales entre dos sociedades chipriotas: Armando Cunha Cyprus Limited y Gabangare Holdings Limited. La primera era una filial de la constructora portuguesa, que asumió su control en octubre de 2010, justo un par de meses antes de que se pusiera en marcha la compraventa de acciones para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de ACSA. La segunda, por su parte, es la empresa clave en el holding ligado a Gabriel Obiang.

Gabangare y dos de sus filiales también con sede en Chipre –Immense Consultancy Ltd y la mencionada Burilda Consultancy Ltd– facturaron en conjunto 5.044.000 euros a la portuguesa Armando Cunha S.A. Una cantidad, por cierto, prácticamente idéntica a la recibida por las tres sociedades del intermediario holandés.

Hay una séptima compañía a la que pagó la constructora lusa: Arcángel. Al contrario que las otras seis, tiene su sede en Guinea Ecuatorial. En los memorandos se indicaba que se encargaría de la parte administrativa y logística en el país africano. En esto, por tanto, también se diferencia de las demás ya que es la única que no cobró por supuestos servicios de “consultoría”. La cantidad facturada, de acuerdo con la querella, ascendió a 181.494 euros.

Constituida en 2006, Gabangare Holdings es oficialmente propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc. Y ahí se pierde ya cualquier rastro sobre sus dueños, porque el Registro Mercantil del país centroamericano es uno de los más opacos del mundo.

Sin embargo, las conexiones entre Gabangare y Gabriel Obiang son diversas. Ya hemos visto dos. Que la denominación de la compañía responde a las iniciales del nombres de los tres hijos del ministro. Y que el propio Gabriel Obiang actuó como representante del Grupo Molsa en la venta del 65% del capital de ACSA a una filial de Gabangare.

Hay un tercer vínculo. En 2012, Gabangare tenía una docena de filiales. Entre ellas figuraban Punto Azul, una compañía que trabajaba como operador aéreo en Guinea hasta que dejó de operar en 2017, y Punto Verde, una empresa de producción y distribución agrícola. Ambas aparecen, a su vez, en la página web de Grupo Molsa como parte de este conglomerado. Y este último es el grupo en cuyo nombre actuó Gabriel Obiang, tal y como se recoge en los documentos que se reproducen en esta información.

Como administrador de Gabangare en Chipre aparece Nikolas Nucleous, de 45 años y tercer hombre clave en la trama societaria, junto a Donald Frank van der Horn van den Bos y NJ Ayuk.

LAS VERSIONES OFICIALES

Neocleous no respondió a las preguntas que se le plantearon por escrito desde el consorcio OCCRP. Sin embargo, en una entrevista telefónica previa mantenida en noviembre, negó que Gabriel Obiang fuese el dueño de Gabangare. “El propietario de la compañía es el señor Donald Frank [van der Horn van den Bos]”, aseguró.

Tanto Gabriel Obiang como el intermediario holandés, contactados en las últimas semanas por el OCCRP para que ofrecieran su versión sobre los hechos descubiertos durante la investigación periodística, evitaron responder a las cuestiones planteadas.

Tampoco quisieron ofrecer su versión ni Filipe Rego ni António Belo. En cuanto a la constructora lusa Armando Cunha S.A., respondió al Expresso a través de un abogado, Miguel Matías. "Actualmente hay un conflicto en los tribunales con un accionista y él ha amenazado con hacer denuncias penales sobre la actividad de Armando Cunha S.A. en el extranjero, que hasta ahora se ha entendido como un mero ejercicio de defensa en el mencionado proceso judicial", indicó el abogado. "Por tanto, no se hará ninguna declaración al existir asuntos judiciales pendientes, pero lo que sí se puede asegurar es que todas las actividades de la empresa se han llevado a cabo de manera regular y legal y que sus cuentas han sido repetidamente aprobadas y auditadas por una entidad externa", añadió.

El abogado de la empresa destacó que, "en relación con las amenazas que ha hecho el mencionado accionista, al tratarse de acusaciones falsas y que atentan contra el buen nombre de la persona jurídica que representamos, serán el objeto de una actuación penal".

El bufete Centurion y su presidente, NJ Ayuk, tampoco quisieron responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, dos días después de ser contactado por el OCCRP a finales de noviembre, en la web de Centursion se publicó un comunicado anunciando su intención de presentar una querella por presunta “extorsión” contra el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, el Diario Rombe y el impulsor de dicho medio de comunicación, Delfín Mocache.

La referencia a Villarejo se explica porque el origen de la investigación contra el ahora expolicía encarcelado está en el denominado informe King, por el que cobró cinco millones de euros para investigar la supuesta fortuna oculta de Gabriel Obiang y buscar desprestigiarle.

En dicho informe, de 29 páginas de extensión, se mencionan diversas sociedades presuntamente relacionadas con Gabriel Obiang, pero entre ellas no está ninguna de las que aparecen relacionadas con la adjudicación a la constructora portuguesa Armando Cunha S.A.

El periodista guineoecuatoriano sostiene que es “falso”que haya trabajado con Villarejo y niega tajantemente que haya “extorsionado” a nadie en su país. Diario Rombe, una web que se elabora desde España, es en realidad el principal medio crítico con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial, país donde una ferrea censura impide que exista libertad de información.

En la página web de la Cámara Africana de la Energía, que preside precisamente NJ Ayuk, también se acusó falsamente al periodista de contratar al OCCRP en un intento por influir en medios de comunicación europeos. OCCRP, por su parte, rechaza esas afirmaciones y defiende la investigación periodística que se apoya en pruebas documentales inéditas.

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* La versión española de esta investigación periodística internacional, que publica infoLibre, fue editada y supervisada por Manuel Rico.