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El escándalo del patrimonio real

Zarzuela no comunicó a Anticorrupción la existencia de fondos ocultos del rey emérito en un paraíso fiscal

El comunicado con que el jefe del Estado anunció el domingo que había renunciado a la herencia de su padre y le había retirado su asignación oficial ha dejado al descubierto un hecho inesperado en medio de la feroz crisis abierta por el estado de alarma ante el coronavirus. Y ese hecho es que, según la Zarzuela, la carta a través de la cual un bufete británico informó hace un año a Felipe VI de que tras la muerte de su padre sería el beneficiario de un fondo opaco en Panamá –paraíso fiscal– llegó a Madrid en marzo de 2019. Para entonces, y a raíz de los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la Fiscalía Anticorrupción ya llevaba tres meses investigando en secreto el supuesto pago de mordidas por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca. Y en esos audios la antigua amiga íntima de Juan Carlos I señalaba al rey emérito como receptor de parte del dinero. Pero ni en marzo de 2019 ni en ningún momento de los doce meses posteriores Anticorrupción fue alertada sobre la carta inglesa, remitida precisamente por el bufete contratado por Corinna. La Fiscalía se enteró de su existencia tras el comunicado oficial de este domingo, según ha confirmado infoLibre en fuentes oficiales.

La Casa del Rey asegura en su comunicado que puso en manos de Juan Carlos I y de "las autoridades competentes" sendas copias de la misiva del bufete británico Kobre&Kim. ¿Pero cuáles son esas "autoridades competentes", máxime en caso de un relato trazado en un momento en que podía comprometer penalmente no al actual jefe del Estado –cuya inviolabilidad garantiza la Constitución y cuyo interlocutor es el Gobierno– sino al anterior monarca reinante? No se sabe.

El comunicado no aclara en ningún momento el origen de los fondos que a fecha de marzo de 2019 pudieran seguir depositados en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, aquella para la que, sin su autorización previa ni su conocimiento –así lo asegura el comunicado oficial– el actual rey había sido nombrado beneficiario heredero de su padre. Esa fundación es una de las dos –la otra, Fundación Zagatka, se localiza en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal por la UE hasta octubre de 2018– vinculadas a los 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey emérito habría recibido como regalo de Arabia Saudí.

Ni la Casa del Rey ni el Ejecutivo central han accedido a responder ni a la pregunta sobre quiénes son las "autoridades competentes" receptoras de la carta del bufete. Tampoco a las restantes preguntas que por la mañana hizo llegar este periódico a sus respectivos departamentos de comunicación. Pero lo que infoLibre sí ha podido confirmar es que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción no supo nada de aquella misiva hasta que el comunicado de la Casa del Rey vio la luz el domingo al anochecer. Es decir, un día después de que el diario británico The Telegraph desvelase la historia y cuando el país entero se encontraba en pleno shock ante el escenario abierto por el avance del Covid-19 y la paralización de lo que hasta hoy era vida normal. 

¿Y tributó aquel dinero en España?

Tampoco el despacho que ahora representa al rey emérito aceptó despejar distintas incógnitas. Entre ellas figura la eventual tributación de fondos y la comunicación a Hacienda sobre la cuenta suiza abierta en oficinas panameñas del banco Mirabaud. ¿Incluyó en el IRPF el rey emérito las rentas emanadas de aquel depósito del Mirabaud? ¿Presentó ante Hacienda el modelo 720, que informa de los bienes del contribuyente localizados en el extranjero? De momento, no se sabe. 

Que el hipotético futuro penal de Juan Carlos I cobra ahora mayores opciones de convertirse en una realidad se desprende incluso del propio texto difundido por la Casa del Rey. Porque el monarca emérito anuncia en ese comunicado que ya ha designado abogado. Y que será este –el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco– quien, "en el ejercicio del derecho a la defensa" canalice la divulgación de las informaciones que puedan afectarle.

¿Se refiere el padre del actual jefe del Estado al "derecho a la defensa" en la causa que desde el verano de 2018 investiga en Suiza la Fiscalía del cantón suizo de Ginebra y que es la que ha destapado la existencia de la fundación panameña Lucum, a la que se refiere la carta del bufete Kobre&Kim? ¿Se refiere, en cambio, a una posible causa susceptible de ser abierta en el Tribunal Supremo si, con los datos que la justicia helvética curse a España opta Anticorrupción por presentar una querella?

La Fiscalía se niega a revelar el contenido de las investigaciones sobre el AVE a la Meca que abrió en diciembre de 2018. Pero lo que las fuentes jurídicas consultadas sí corroboraron antes incluso de aquella fecha es que llamar a declarar como investigado a Juan Carlos de Borbón es perfectamente posible con la ley en la mano: nadie puede remover ni un papel de ningún posible delito cometido mientras ejercía la Jefatura del Estado pero sí puede rebuscar en el lote completo llegado el caso si lo que está en juego es, por ejemplo, un acto de blanqueo de capitales –afloramiento de fondos de origen ilegal– perpetrado después de su abdicación, en junio de 2014.

En espera de cómo evolucionen los acontecimientos, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha instado a la Agencia Tributaria a ordenar el inicio de una investigación tributaria a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Gestha reclama que se haga "con la misma determinación" que el Rey Felipe VI ha mostrado con su padre.

Días antes de que The Telegraph publicase la información que detonó la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, el diario suizo Tribuna de Ginebra había desvelado que en un banco local se localizaba una cuenta con 100 millones de dólares y abierta a nombre de una empresa panameña cuyo único beneficiario es Juan Carlos I. El diario informaba de cómo el dinero fue desembolsado en 2008 por el anterior rey de Arabia Saudí en lo que se considera un «regalo tan suntuoso y secreto» que la Fiscalía suiza está investigando por la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero. Y se señala que en 2012, la suma que quedaba en la cuenta fue transferida a la ex amante de Juan Carlos, Corinna Zu-Sayn Wittgientein (ahora conocida como Corinna Larsen). ¿Queda algún dinero en esa cuenta o en alguna otra que pudiera estar conectada a la panameña Fundación Lucum o a la Zagatka de Liechtenstein? De momento, es otra incógnita.

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