El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de 2025 con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supone 3.546 menos que la oferta récord del año pasado o un descenso del 8,8%, según informa EFE.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral con especial foco en mejorar la atención directa al ciudadano.

De esas plazas, 20.324 son de turno libre y 6.565 de promoción interna y supondrán la creación de 5.400 empleos netos, destaca Función Pública. Para la Policía son 3.139 plazas, para Guardia Civil, 3.713, y para Fuerzas Armadas, 2.847. Por quinto año consecutivo, subrayan, se bate un récord del total de plazas de nuevo ingreso, 27.697, mientras que 8.891 plazas serán de promoción interna.

López ha incidido en la apuesta por lo público y ha comparado las 64.000 plazas convocadas por la anterior Administración del PP, 10.566 al año de media, con las 262.000 aprobadas en estos años de Gobierno de coalición, lo que supone 32.522 plazas al año de media y triplicar las cifras previas. López ha enumerado también que las prioridades de esta oferta pasan por reforzar el Estado del Bienestar, digitalizar la función pública y revertir los recortes de la anterior etapa.

En el desglose, las plazas para la Administración General del Estado para este año suponen un descenso del 14,5% frente a las 31.465 del pasado, una situación que llevó a los sindicatos a rechazar la oferta en las negociaciones mantenidas con el Gobierno.

Tanto CSIF como UGT y CCOO consideran estas cifras insuficientes para paliar el déficit de plantilla existente en la actualidad en la Administración del Estado. Pese al menor número de plazas ofertadas, el Gobierno subraya que se prevé generación de empleo neto, es decir que haya más ingresos que bajas.

Durante tres años consecutivos, destacan, se ha producido una generación de empleo neto, "lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas".

En los últimos años, señalan, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos. Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público, inciden, es la agilización de los procesos selectivos.

Función Pública también detalla que la oferta se enfoca hacia la atención a la ciudadanía, con 8.851 plazas en cuerpos y escalas para reforzar las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones.

Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.

Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10 % de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos.

El Tribunal Supremo ha ratificado, en un auto de unificación de doctrina, que el tiempo en el que un trabajador ha permanecido en ERTE por el covid no computa para generar una nueva prestación de desempleo. En un auto fechado el pasado 11 de febrero, la sala de lo social inadmite un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado contra una sentencia de maro de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, según informa EFE.

Lo que ha aclarado el Supremo es si el tiempo de permanencia en ERTE-covid computa como periodo cotizado a los efectos de futuras prestaciones contributivas de desempleo.

Se trata del caso de un trabajador que estuvo en situación de desempleo y de reducción de jornada por un ERTE-covid en distintos periodos comprendidos entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de marzo de 2022. Extinguido el contrato, cuando el trabajador solicitó la prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) calculó la prestación de esos días sin ocupación efectiva y le reconoció 600 días de prestación, computando 1.971 días cotizados.

El SEPE recurrió la decisión alegando que el periodo en que estuvo el demandante en ERTE no se debe tener en cuenta a efectos del cálculo del periodo de ocupación cotizado. Ahora, el Supremo unifica doctrina basándose en su propia doctrina, ya que en noviembre de 2023 ya declaró que no es posible computar las prestaciones percibidas de desempleo como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo.

Entonces, el Supremo consideró que la normativa especial covid "no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase de desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, al punto de que deba entenderse como cotizado por desempleo y permita lucrar un nuevo periodo de prestación". Además, recuerda el alto tribunal, "debe estarse a la norma general de la ley General de la Seguridad Social".

Los contratos temporales no han dejado de menguar en número desde que se aprobó la reforma laboral, en diciembre de 2021, y entró plenamente en vigor tres meses más tarde. El pasado marzo, según las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su número se ha reducido casi un 40% respecto al mismo mes del año pasado. Pero también está descendiendo, a buen ritmo, el dato de los contratos ultrabreves, los que duran menos de siete días. En los datos acumulados del primer trimestre, han caído un 47,75%, casi a la mitad, en comparación con los firmados en idéntico periodo de 2019, antes de la pandemia. Entonces el SEPE registó 1,33 millones de contratos de menos de siete días; hoy son 694.069.

En ambos años, la Semana Santa cayó en abril, por lo que el efecto arrastre en el empleo de la hostelería y el turismo se produjo ya en el mes anterior.

Ese porcentaje supera en mucho el recorte que ha sufrido la contratación en general, un 29,9%: al firmarse menos temporales y más indefinidos, el abultado volumen de contratos que las oficinas de empleo registraban cada mes antes de la reforma laboral –podían superar los dos millones en verano– ha caído de forma drástica. En el primer trimestre de 2019 se suscribieron 5,14 millones, mientras que este año se quedaron en 3,6 millones.

Los contratos de menor duración, que en los años de mayor debilidad del empleo llegaron a representar el 26% de los que se firmaban, sufren una penalización pensada para desincentivar su uso por las empresas. Que, además, no ha dejado de aumentar. Hasta 2019 consistía en un recargo del 36% en la cotización por contingencias comunes para los contratos de menos de siete días, que entonces creció hasta el 40% para los que duraran menos de cinco días. La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 convirtió el porcentaje en un recargo fijo de 26 euros que se amplió a todos los contratos de menos de 30 días. Esa cantidad se ha elevado desde entonces al mismo ritmo que la base mínima de cotización, que se utiliza en la fórmula diseñada para calcular el recargo –la base mínima del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social–. Así, pasó a ser de 27,53 euros en 2022 y este año asciende ya a 29,74 euros.

La penalización y las restricciones al uso de los contratos temporales contenidas en la reforma han conseguido que los de menos de siete días representen ahora el 19,27% de los registrados por el SEPE de enero a marzo, 6,6 puntos menos que en 2019. Aun así, siguen siendo el grupo de mayor volumen de la estadística. Todos los contratos temporales han reducido su participación porcentual comparada con la prepandemia, excepto los que duran entre siete y 15 días y los que llegan al año. Aunque la diferencia de volúmenes no es muy significativa: 1,3 puntos y apenas ocho décimas, respectivamente. Los de menos de un mes de duración, por los que las empresas deben pagar el citado recargo en las cotizaciones sociales, sumaban casi dos millones –1,91 millones– en el acumulado del primer trimestre de 2019; ahora son 1,1 millones.

Por el contrario, los indefinidos, que sólo suponían el 10,3% de los contratos firmados antes de la pandemia, ascienden ahora al 45,52%. Han pasado de 529.866 a 1,64 millones.

Una buena foto del cambio que se está produciendo en el mercado laboral se obtiene fijándose en los sectores de actividad. Donde más contratos ultrabreves se firman es en la hostelería. Antes de la pandemia, entre enero y marzo de 2019, fueron 400.937, que equivalían al 46,3% de los que se registraron en ese sector: casi la mitad no duraban ni una semana. Este año, en cambio, la hostelería ha suscrito 138.728 se siete días o menos, el 26,4% de su volumen de contratación en el trimestre. La caída ha sido del 65,4%, un descenso tan pronunciado que supera en casi 18 puntos el descenso general. Al mismo tiempo, la hostelería, que sólo hizo 89.093 contratos indefinidos en el primer trimestre de 2019 –menos que el comercio, que firmó 94.934– ha suscrito 279.228 de enero a marzo de este año –casi 80.000 más que el comercio–. Los ha triplicado.

También han rebajado su volumen de contratos muy breves las actividades profesionales y científicas, un 61,6%, y las actividades administrativas, un 58,8%, que han pasado de registrar 149.246 de menos de siete días a sólo 61.468. Sólo un sector de actividad ha aumentado respecto a 2019 su número de contratos de menos de una semana: el agrupado bajo la rúbrica de información y comunicaciones –desde informática hasta televisión, cine, radio o editoriales–, donde se ha firmado un 18% más.

En cualquier caso, la industria es el segundo sector que más contratos ultrabreves firmaba antes de la pandemia y sigue firmando después. Aunque muchos menos que la hostelería, 165.700 en el primer trimestre de 2019, los ha reducido casi en la media, un 48,5%. También la sanidad acumulaba un buen volumen de contratos por debajo de los siete días de duración, 100.183, que se han quedado ahora en 59.258, un 40,8%.

Por el lado de los contratos indefinidos, la agricultura los ha multiplicado nada menos que por 11 desde 2019: ha pasado de firmar sólo 22.143 hace cuatro años a 244.886 ahora. La construcción los ha multiplicado casi por cinco, las administraciones públicas por 4,6; la educación, por cuatro. La sanidad, el comercio y los transportes los han más que duplicado.

Finalmente, la estadística constata otro cambio. Los hombres firman más contratos que las mujeres; por tanto, también firman más contratos temporales. Antes de la pandemia era mayor el número de contratos suscritos por hombres no importaba cuál fuera su duración. Pero este año ya son más mujeres que hombres quienes tienen contratos de entre tres y 12 meses. 

Cuando los datos les favorecen, el PP presume de buena gestión. Cuando esos mismos datos avalan la política del Gobierno, los ponen en duda. Las últimas cifras de paro reflejan que hay 33.512 trabajadores menos registrados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la segunda mayor bajada en un mes de noviembre de los últimos 10 años, si se exceptúa el de 2021. La cifra total de parados, 2,88 millones, también es la menor en un noviembre desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. 

“Hemos podido comprobar, ya se empieza a saber la verdad, que hay doble contabilidad en el paro registrado”, aseguró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusó de fraude al Gobierno en un mitin celebrado este jueves en Albacete. ¿El motivo? Que “los fijos discontinuos que trabajan dos días al mes no figuran en las listas de paro”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, insistió en la misma idea este viernes. Pedro Sánchez, dijo, “oculta los verdaderos” datos de paro a través de los fijos discontinuos y por eso el PP presentará una iniciativa en el Congreso para desagregar estos contratos del cómputo general de empleo. 

La iniciativa propone crear un nuevo concepto, el “paro efectivo“, para sustituir al de “paro registrado”, en vigor desde hace casi 40 años. Por “paro efectivo” los de Feijóo entienden la suma de los parados y de los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo.

La realidad es muy distinta. El Gobierno no está maquillando nada porque ni siquiera ha tocado la manera en que se contabilizan los empleos, que es la misma desde el año 1985, también para los fijos discontinuos. Lo que el PP llama “maquillaje” y describe como una “manipulación” interesada de las cifras es en realidad un cambio en la manera en que los empresarios están contratando como consecuencia de la reforma laboral aprobada a comienzos de año. En vez de ofrecer los contratos temporales que con el modelo anterior, aprobado por el PP en la época de Mariano Rajoy sin pacto alguno con sindicatos y empresarios —el actual sí fue objeto de consenso en el diálogo social—, eran de un días o incluso horas, las empresas están optando por acogerse a la modalidad de contratos fijos discontinuos, que siempre ha existido. Antes había muchos contratos temporales y ahora han crecido mucho los fijos discontinuos.

Las personas con un contrato indefinido fijo discontinuo tienen activa una relación laboral con su empleador, como las que están en ERTE, por ejemplo, y por eso no se les registra como desempleadas. Son trabajadores indefinidos que desempeñan actividades intermitentes porque la naturaleza de su empleo no es permanente como ocurre, por ejemplo, en determinadas actividades agrícolas o vinculadas al sector de la hostelería. Cuando tienen actividad aparecen en las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social como trabajadores ocupados, pero cuando carecen de ella dejan de contabilizarse como afiliados.

Es verdad que en esa situación no constan como parados, pero tampoco se contabilizaban así cuando gobernaba el PP. La razón es que los parados son personas sin empleo en búsqueda activa de trabajo, algo incompatible con ser fijo discontinuo, porque en esa situación se tiene un trabajo que, por su propia naturaleza, no se desempeña de manera continuada. En el SEPE constan como demandantes no ocupados, una categoría que siempre ha existido en la normativa laboral española y que no ha creado ahora el Gobierno. Eso sin contar con que durante los periodos de inactividad estos trabajadores pueden desempeñar otro empleo.

Lo explicaron este viernes, de nuevo, los líderes sindicales. El contrato fijo discontinuo “se computa igual ahora que hace cinco o diez años”; lo que está pasando es que se está produciendo “un trasvase de la vieja contratación temporal al fijo-discontinuo”, señaló Unai Sordo (CCOO). Algo que, subrayó, “es bueno, porque da más certezas a los trabajadores (...). Lo que no puede evitar el Estatuto de los Trabajadores es que tengamos una economía excesivamente dependiente de la estacionalidad. Esto no es culpa del modelo de contratación, sino de nuestro modelo productivo”. Los datos, añadió Pepe Álvarez (UGT), “son tan fiables como antes de la reforma laboral”. “Los fijos discontinuos son la manera de estabilizar el empleo de los trabajadores de temporada”, explicó.

Hasta el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, defendió esta modalidad de contratación porque da “flexibilidad” a las empresas y una cierta “estabilidad” a los trabajadores. “Si se quita este contrato, tendríamos un problema real de paro en España”, subrayó. 

El PP lo sabe, pero aun así, insiste en sembrar dudas sobre la buena evolución de las cifras de empleo en España. Lleva haciéndolo desde que se aprobó la reforma laboral y el paro comenzó a descender. Primero poniendo el énfasis en el empleo público, que según Feijóo ha crecido demasiado, y después cuestionando los contratos fijos discontinuos. 

La paradoja es que el PP presume en sus comunidades de esos datos que Gamarra denuncia como “absolutamente distorsionados", “Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España”, presumió en Twitter la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El descenso del desempleo en Andalucía es “el segundo mayor” que se registra en toda la estadística comparable de este mes “y el mejor dato en siete años, solo superado en noviembre de 2015”, destacó en una nota la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía, Victoria Martín-Lomeña. La suya, se jactó, es la segunda comunidad donde más baja el paro, tras la Comunitat Valenciana, y absorbe el 33% de la bajada nacional del desempleo. “Uno de cada tres parados menos en el mes lo aporta Andalucía, que reduce el paro a mayor ritmo que España”, alardeó.

Galicia cerró noviembre con la cifra de paro más baja de toda la serie histórica, destacó la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana. “Galicia continúa en la senda del descenso del paro”, dijo, con datos “coherentes”, ya que el desempleo baja y las afiliaciones crecen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió al paso de tanta incongruencia. La catalogación de las personas con contrato fijo discontinuo en el SEPE está definida en una Orden Ministerial de marzo de 1985 que ha cumplido 37 años. La reforma laboral no afectó a esta normativa, que se aplica desde hace casi cuatro décadas, incluyendo 14 años de gobiernos del Partido Popular. 

Están haciendo “trumpismo” económico, acusó. “Un dirigente debe valorar las cosas que se están haciendo en su país de manera positiva. Pido a la derecha de nuestro país que esté a la altura de las circunstancias”. Ningún Gobierno, tampoco los del PP, “ha movido una coma de cómo se computa” un contrato. “Que el señor Feijóo lo desconozca, habiendo gobernado el PP en España 14 años, me parece muy grave”, porque además quien computa los datos son los servicios de empleo de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) solo se encarga de recopilarlos.

“¿Nos quiere decir que cuando gobernaban [José María] Aznar y [Mariano] Rajoy se estaban maquillando los datos? (...) ¿Nos está diciendo que [Alfonso] Rueda, [presidente de la Xunta de Galicia], [Isabel Díaz] Ayuso, [presidenta de la Comunidad de Madrid] o [Juan Manuel] Moreno Bonilla, [presidente de Andalucía] están maquillando los datos?”, preguntó Díaz.

En cualquier caso, no es la primera vez que Feijóo pone en duda los datos del paro en función de sus intereses. Ahora lo hace para decir que en realidad hay más desempleo que el que reflejan las estadísticas oficiales, pero antes, cuando gobernaba Mariano Rajoy, lo hacía para afirmar que en realidad era menos. En 2014, cinco años después de utilizar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) contra el Gobierno bipartito del socialista Emilio Pérez Touriño, Feijóo puso en duda la fiabilidad de este indicador porque no dejaba en buen lugar su gestión en Galicia. “El conjunto de estos datos necesita un estudio”, alegaba cuestionando el método que se utiliza para medir y comparar el paro en toda la Unión Europea. “Lo que es evidente es que las personas demandantes de empleo no se obtienen de una encuesta” sino “de los registros del paro”.

Es “sorprendente”, decía, que la EPA detecte miles de personas “que dicen que están ocupadas y no afiliadas a la Seguridad Social”. Cuando los periodistas le interpelaron para que aclarase si estaba sugiriendo que se trataba de empleos de la economía informal, respondió: “Pregúntenle a los que hicieron la EPA”.

Entonces Feijóo cuestionaba incluso que parte de la población sin trabajo quisiera obtenerlo. “Es difícil encontrar un empleo si no muestras interés en conseguirlo anotándote en la oficina de empleo”, aseguraba Feijóo.

Una desautorización a la EPA y una apuesta por el rigor de las cifras del SEPE que están en las antípodas de lo que hace ahora el PP: cuestionar el paro registrado y asegurar que la estadística fiable es la de la Encuesta de Población Activa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo, la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares debe equipararse a la de servicio activo, con el fin de evitar que la carrera profesional de las personas que usen un permiso de este tipo se vea afectada negativamente por el ejercicio de dicho derecho, según informa Europa Press. 

El tribunal fija como doctrina que las previsiones del art. 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria imponiendo una valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que se otorga a la situación de servicio activo.

En su sentencia, la Sala reconoce el derecho de una mujer, funcionaria en la Administración Local, a que se le compute como servicio activo los meses que estuvo en excedencia por cuidado de hijos en la relación de méritos de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional de 2015.

Así, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló la resolución administrativa por la que se publicó la citada relación de méritos generales pero solo en la parte referida a los méritos de esta trabajadora.

La sentencia recurrida entendió que el tiempo de permanencia de la recurrente en la citada situación de excedencia debía entenderse como asimilada a la situación de activo, y desplegar los efectos oportunos en la valoración de los méritos generales, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Ley 10/2010 de Ordenación de la función pública valenciana.

Decisión contra la abogacía del Estado

Una conclusión que comparte el Tribunal Supremo, que en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, indica que todos los preceptos considerados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideran que debe valorarse el tiempo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares atendiendo a una variada denominación de la carrera profesional (promoción profesional, carrera, provisión de puestos de trabajo), lo que viene a equiparar la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares con la de servicio activo.

La Sala afirma que todas esas normas tienen otro punto en común, son posteriores a la Orden de 10 de agosto de 1994 que fija las normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Ello significa, según la sentencia, que dada su fecha de redacción, al fijar las normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a los referidos funcionarios, aquella norma de 1994 no tuvo en cuenta el objetivo de la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres fijado como política de la Unión Europea en sus Directivas 76/207/CEE y 2002/73/CE, antecedentes de la Ley Orgánica 3/2007, cuyos artículos deben integrarse con el precitado artículo 57.

Además, explica que son de superior rango, naturaleza de ley, incluyendo una de naturaleza orgánica, al desarrollar derechos fundamentales, artículo 81 de la Constitución española, como es la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007, de 22 de marzo.

Por ello, afirma que tiene razón la Sala de instancia cuando arguye que la Orden de 10 de agosto de 1994, debe interpretarse en el contexto legislativo vigente que responde a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3.1 C. Civil).

Casi la mitad de las trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores en 2017, según un informe basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difundido este viernes por CC.OO.

El sindicato recuerda que los de formación, que articulan la llamada formación dual del sistema laboral, se dirigen "en teoría" a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo.

No obstante, denuncia que en la práctica se utilizan como un contrato "barato" principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio. De hecho, las empresas clasificadas en la actividad de comercio al por menor y los servicios de comidas y bebidas realizan el 35% de las contrataciones.

CC.OO. advierte en su informe de que el contrato para la formación ha ido sufriendo en los últimos años una "progresiva precarización". "El Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación dual, eliminó casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación", alega el sindicato.

Al respecto, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CC.OO., Lola Santillana, ha denunciado que hoy en día un licenciado puede ser contratado durante una año para "aprender"' a ser camarero y luego ser contratado en la misma empresa para "aprender" a ser dependiente y más tarde para "aprender" a ser empleado de limpieza. "El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero", alerta.

En este sentido, CC.OO. subraya que, por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos online y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. "Esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral", expone Santillana.

Según el sindicato, los contratos en prácticas y para la formación obedecen a distintos patrones. Los primeros, dirigidos a jóvenes con titulación superior, se realizan en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina algo inferior a la masculina. Y los segundos se celebran sobre todo en pymes o micropymes del comercio y la hostelería.

Anima a denunciar las situaciones de fraude

CC.OO. argumenta que la evolución de estos contratos entre los años 2007 y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012, hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales, que se concentraban en el sector de la construcción y las personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años sin titulación académica.

En la segunda etapa, de 2013 a 2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo de 174.000 en 2015. En su mayoría se realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo el 14%) como el nivel académico de los contratados.

Por último, en 2016 y 2017, estos contratos descienden por debajo de los 50.000 porque, según destaca CC.OO., el Gobierno suprimió la financiación de la formación a distancia tradicional y la no acreditable.

"Tras las quejas de CC.OO. y las denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre el carácter fraudulento de este tipo de contrataciones, el Gobierno endureció ligeramente los requisitos, pero sigue sin proporcionar datos sobre los contenidos de los cursos, las academias privadas que gestionan tan abultados recursos económicos, el número de abandonos o las características de su inserción laboral, si es que se insertan", denuncia Santillana.

CC.OO. considera que para abordar "seriamente" la formación dual, sea del sistema laboral o del educativo, la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales, y las empresas deben contar con tutores cualificados.

"No basta con llamar a algo formación dual para que lo sea, pero denominar formación dual del sistema laboral a los contratos para la formación, ha permitido al Gobierno inflar las estadísticas que presenta en foros internacionales", concluye la responsable de Empleo CC.OO, que ve urgente modificar el marco normativo para garantizar que estos contratos cumplen su objetivo de formación. En caso de no ser así, el sindicato pide que se denuncien las situaciones de fraude.

La Administración General del Estado ha convocado este lunes los procesos selectivos para cubrir un total de 4.725 plazas en cuerpos generales del Estado, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017. Esta convocatoria supone un incremento del 65% sobre las 2.867 plazas ofertadas en la anterior.

El Gobierno afirma que además del "importante incremento" en el número de plazas convocadas, en esta Oferta de Empleo Público destaca la convocatoria de 800 plazas por el sistema de ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, plazas que desde 1992 no se habían vuelto a convocar por el turno libre.

Del total de las plazas convocadas, se reservan 376 para su cobertura por personas con discapacidad, lo que representa un incremento del 50,4% sobre las plazas del año anterior.

A partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en los distintos procesos selectivos. El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) estima que se presentarán más de 100.000 solicitudes.

La convocatoria incluye 630 plazas (430, de ingreso libre y 200, de promoción interna) para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; 2.100 plazas (800, de ingreso libre y 1.300, de promoción interna) para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y 1.200 plazas (400, de ingreso libre y 800, de promoción interna) para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Por otra parte, se convocan 340 plazas (200, de ingreso libre y 140, de promoción interna) para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, así como 455 plazas (350, de ingreso libre y 105, de promoción interna) para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

Asturias es la comunidad autónoma que menos tarda en reconocer prestaciones a los desempleados, con un plazo medio de 0,35 días entre la fecha de solicitud y la fecha de resolución, según datos del Ministerio de Empleo correspondientes al mes de junio recogidos por Europa Press.

En el extremo contrario, La Rioja es la región que más tiempo tarda en reconocer prestaciones a los parados, con 2,91 días de media, a pesar de ser la comunidad autónoma donde menos solicitudes se registraron en junio (3.548).

Tras La Rioja se sitúa Madrid, con un plazo medio de reconocimiento de prestaciones de 2,16 días. Les siguen Andalucía (1,63 días) y Canarias (1,31 días). Todas estas regiones, más Ceuta (2,21 días) superan el plazo medio nacional, que en junio alcanzó 1,22 días.

Cerca del promedio nacional, pero ya por debajo, se sitúan Murcia (1,16 días), Baleares (1,10 días), Extremadura (1,09 días) y Navarra (1,07 días).

Algo más lejos aparecen Galicia (0,91 días de media para el reconocimiento de prestaciones), Cantabria (0,85 días), Aragón (0,84 días), Castilla y León (0,77 días) y Cataluña y Comunidad Valenciana (0,72 días en ambos casos).

Cierran la tabla, como regiones más rápidas a la hora de reconocer prestaciones a sus desempleados, Castilla-La Mancha (0,68 días); País Vasco (0,66 días); Melilla (0,37 días) y Asturias (0,35 días).

Andalucía, comunidad con más solicitudes

Según los datos de Empleo, Andalucía fue la comunidad que más solicitudes de prestaciones recibió en junio, con un total de 171.160 expedientes entre prestaciones contributivas, subsidios, renta activa de inserción (RAI), programa para la activación en el empleo (PAE) y subsidio para eventuales agrarios.

Le siguen Comunidad Valenciana, con 66.629 peticiones; Cataluña (65.923); Madrid (54.823); Canarias (31.499); Murcia (30.695); Galicia (29.294); Castilla-La Mancha (24.473); País Vasco (23.003); Castilla y León (21.895); Extremadura (21.674); Aragón (13.352) y Asturias (9.828).

Las comunidades que menos solicitudes de prestaciones recibieron en junio fueron Navarra (8.913); Baleares (8.244); Cantabria (7.129) y La Rioja (3.548). En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se registraron 922 y 899 peticiones de prestaciones.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha instado a recurrir a sistemas informáticos abiertos en las oficinas de la Administración General del Estado por ser más baratos y por implicar menor dependencia para futuros contratos, ya que así se evitaría la "dependencia o cautividad tecnológica" que el tribunal detecta en este tipo de contrataciones, que obligan a adjudicaciones posteriores con el mismo proveedor.

Para Álvarez Miranda, éste debe ser uno de los objetivos de la Administración para "eliminar en la medida de lo posible dependencias respecto a los fabricantes y aprovechar la oferta de un mercado más competitivo", ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

"Hay veces que no hay más remedio pero, siempre que sea posible, la opción de atenerse a sistemas de estándares abiertos es siempre buena", ha dicho tras su exposición del informe de fiscalización de la contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social entre 2006 y 2009.

El hecho de que haya pasado tanto tiempo respecto a los hechos analizados, e incluso el momento en el que se hizo público el informe, ha sido comentado por varios grupos, llegando a reconocer Álvarez de Miranda que varias de las recomendaciones emitidas ya habían sido tomadas en cuenta por la Administración.

No así las referidas a este tipo de contratos de equipos y programas informáticos, donde a juicio del organismo fiscalizador, existe un "elevado grado de concentración en un reducido número de empresas".

En el caso de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, únicamente ocho empresas obtuvieron más del 50% del gasto contratado en las adjudicaciones entre 2006 y 2009, representando el 43,33% de los contratos suscritos a través de adjudicaciones de procedimiento negociado.

Contratación de personal al margen de la ley laboral

El "exceso" de adjudicaciones en procedimiento negociado es una constante en la contratación pública, al menos de los recursos informáticos, pues según señala el Tribunal, entre 2011 y 2012 "la práctica totalidad de los contratos" en mantenimiento de equipos y programas también se llevaron a cabo a través de esta práctica.

En los contratos informáticos el Tribunal también cuestiona los de consultoría y asistencia y de servicios, celebrados como consecuencia de la "insuficiencia" de personal propio cualificado en la Gerencia de Informática. Informa Europa Press.

Casi la mitad del total adjudicado entre 2006 y 2009 –226 millones de euros de 531,5 millones– se destinó a servicios de carácter informático, todo ello "al margen de la legislación laboral y de la función pública", lo que puede tener como riesgo "la posible cesión ilegal de trabajadores" y que, a través de sentencias judiciales, podrían convertirles en personal laboral de la Administración.

Restringir la contratación menor y promover la igualdad

Durante su intervención para dar cuenta a distintos informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha señalado también el "significativo" peso de la contratación menor en la Administración. En 2010 supuso el 10% del importe global adjudicado –36,5 millones en 20.270 contratos–, en un proceso de "escasas garantías de publicidad y concurrencia", sentencia el tribunal.

"Hay mucha contratación menor que podría haberse tratado de forma conjunta, y así poder acceder a condiciones más ventajosas de adjudicación y mejoras en la prestación de los servicios", ha dicho, llamando a "restringir" esta utilización "incluso en los casos en los que no constituye un fraccionamiento indebido".

Asimismo, otro de los elementos cuestionados en contratación es el de las previsiones de cumplimiento de la Ley de Igualdad, por lo que ve conveniente que la Administración analice la posibilidad de aplicar las previsiones legales para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

17 contratos menores superaron el máximo legal

Los problemas en la contratación menor se acentúan, según ha observado el Tribunal, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), donde ha detectado que trece contratos entre 2014 y 2015 superaron la cuantía máxima para poder acogerse a esta modalidad.

En varios expedientes existen indicios de fraccionamiento, por tener el mismo objeto o relación y la misma compañía contratada. Casos similares se produjeron en la Seguridad Social (otros dos) y en la Tesorería General (dos más).

Por último, el Tribunal de Cuentas ha recomendado tomar medidas de control informático de carácter interno para evitar los errores detectados entre los datos comunicados, así como de los propios expedientes de contratación para garantizar el cumplimiento del procedimiento establecido.

Asimismo, Álvarez de Miranda ha lamentado "incumplimientos" en la remisión de documentos, pues algunos de estos no fueron enviados de oficio para que el organismo pudiera fiscalizar su actividad o bien se remitieron al tribunal incompletos.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 831,8 euros, lo que supone un descenso de 37,3 euros (-4,3%) sobre el mismo mes del año 2014.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en enero los 815,4 euros, con un descenso de 13,9 euros sobre el mismo mes de 2014 (-1,7%). Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha publicado este martes las cifras del gasto en desempleo de enero de 2015 y los datos de paro de febrero.

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en enero a 727.255, lo que representa un descenso del 23,5% respecto a igual mes de 2014. De acuerdo con los datos del Ministerio, en el primer mes del año se tramitaron en total 711.103 altas, un 23,1% menos que en enero de 2014. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 2 días, ligeramente inferior a la de enero de 2014.

La cobertura a los parados baja al 56,5%

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de enero ascendieron a 2.416.786, un 13,8% menos que en el mismo mes de 2014. La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 56,49%, frente al 61,39% de un año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 8%.

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en enero pasado a 236.451, cifra que representa un descenso del 17,2% respecto al mismo mes de 2014. 

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios de países extracomunitarios (-20,4%) que entre los procedentes de la UE (-12,4%). Los beneficiarios extranjeros suponen el 34,05% del total de demandantes de empleo no nacionales. El gasto del antiguo Inem en las prestaciones percibidas por los extranjeros alcanzó en enero los 159,2 millones de euros, un 19,6% menos. En relación con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 8,1%.

CCOO y UGT advirtieron este viernes de que el Gobierno está "desmantelando" los servicios públicos de empleo al recortar su presupuesto y confiar a las agencias privadas de colocación un servicio, el de ayudar a la inserción laboral, que debe ser público. Las organizaciones sindicales señalaron que la colaboración público-privada puede ser positiva, "siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia para financiar a las entidades privadas", informa Europa Pres.

CCOO y UGT creen que la "privatización" de los servicios de inserción e intermediación de los servicios públicos de empleo es arriesgada, pues "el afán de lucro, que es consustancial a las entidades privadas, puede convertir a las personas desempleadas en mera mercancía". Los sindicatos critican que mientras se incrementan los recursos para financiar las agencias de colocación, la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los servicios públicos de empleo se reduce casi el 50%.

Asimismo, han recordado que el Gobierno "prescindió" de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban las oficinas de empleo para ayudar a la inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. "Estamos asistiendo al desmantelamiento de los SPE (...) El Estado debería ser garante de los objetivos generales de las políticas de empleo y no un activo colaborador de la intervención privada, especialmente comprometida con la creciente precarización del mercado de trabajo", precisan.

UGT y CCOO han mostrado su su preocupación por la capacidad de las comunidades autónomas para suscribir sus propios convenios con las entidades privadas de colocación. Aunque por regla general se establece que el contrato tiene que ser de al menos seis meses a tiempo completo o de ocho meses si es fijo discontinuo, si el contrato fuese a tiempo parcial las regiones podrían establecer minoraciones proporcionales al tiempo de trabajo, subrayan las centrales.

Asimismo, denuncian que las comunidades también pueden decidir la inclusión de un pago por cada parado derivado a las agencias de colocación, aunque no logren su inserción. "Nos tememos que los colectivos que deriven los servicios públicos a las agencias de colocación puedan ser prioritariamente personas en paro que estén cobrando algún tipo de prestación", avisan.

80 agencias privadas optarán a los contratos con el SEPE 

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cerró hace unos días la lista de las 80 agencias privadas de colación (de las más de 200 que se ofrecieron) que optarán a contratos para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en la inserción de parados en el mercado laboral. El Ejecutivo ha previsto que los contratos que se firmen alcancen un gasto para las administraciones de 200 millones de euros en un horizonte de vigencia de dos años, prorrogables hasta otros dos.

Las agencias privadas de colocación obtendrán entre 300 y 3.000 euros por cada desempleado al que faciliten un empleo. Las cuantías variarán dependiendo de la edad y del tiempo que lleve el desempleado fuera del mercado laboral, desde los tres a seis meses, hasta más de años.

Un edificio público de Morón de la Frontera (Sevilla) que acoge instalaciones como la escuela municipal de música o una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), ha sufrido diversos destrozos a cuenta de la actuación de al menos dos infantes de marina de Estados Unidos, según ha informado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Escalante.

Manuel Escalante ha explicado que en torno a las 02,00 horas de la madrugada del pasado sábado, los servicios de urgencia recibieron varias llamadas de vecinos del municipio que alertaban de "ruidos y gritos" en el mencionado edificio público. Movilizadas dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Policía Nacional, los agentes accedieron al interior del inmueble y en el patio del mismo localizaron a un joven estadounidense, de 22 años de edad, que se quejaba de las lesiones sufridas al caer desde el tejado del inmueble.

Se trata, según el concejal, de un marine de las tropas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Morón de la Frontera, ubicada no obstante en el término municipal de Arahal y cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Del testimonio del joven, según ha precisado Manuel Escalante, se desprende que este joven, acompañado al menos de otro marine, habría "arrancado" los equipos de aire acondicionado instalados en la parte trasera del edificio para apilarlos en la pared y acceder así al tejado del inmueble. En el tejado, la actuación de los jóvenes se habría traducido en "destrozos" en las cubiertas y las cornisas y la caída final del joven, evacuado al hospital Virgen de Valme, en Sevilla capital, al sufrir lesiones en la cabeza y las vértebras.

"No se sabe el porqué de todo esto", ha lamentado el concejal de Seguridad Ciudadana de Morón, quien explica que el Ayuntamiento está cuantificando aún el valor de los desperfectos causados y la Policía Nacional se ha hecho cargo del asunto.

El suceso acontece en un momento especialmente sensible en Morón de la Frontera, dado que mientras la plantilla española de la base aérea ha sufrido 185 despidos en los últimos años, Estados Unidos amplió el año pasado su contingente con el despliegue de 500 marines y ocho aviones en la base de Morón y ahora ha acordado con el Gobierno de España un nuevo incremento de su presencia militar hasta sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves de transporte, repostaje y apoyo. Los trabajadores españoles, en ese sentido, critican la paulatina sustitución por personal estadounidense.

El último mes del año 2013 ha cerrado con datos de coyuntura en general positivos. Apuntan a que la economía española, tras seis años de desplome en los que la Seguridad Social ha perdido más de tres millones de cotizantes, ha tocado fondo. Si tocar fondo es buena o mala noticia, es opinable. Tanto como suponer que llegar al fondo equivale a iniciar la recuperación. Por comparación, tras los brutales ajustes de empleo y salarios de los últimos años, 2014 puede ser un año mejor. Salvo imprevistos.

Diciembre, efectivamente, acabó con datos esperanzadores en paro, afiliación a la Seguridad Social, prima de riesgo y evolución de la Bolsa, entre otros apartados, pero la perspectiva es más sombría si se analiza el conjunto del año.

Evolución del Empleo

El paro registrado solo cuenta los desempleados que se apuntan a los servicios públicos de empleo. Es menos fiable, por lo tanto, que la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre, el paro registrado disminuyó en 107.570 personas y en todo el año en 147.385. Son buenos datos. Los mejores desde el inicio de la crisis. Pero hay que ponerlos en relación con los datos de afiliación a la Seguridad Social para saber si se crea o se sigue destruyendo empleo.

En diciembre, la afiliación a la Seguridad Social subió. Fueron 64.000 nuevas incorporaciones (hasta 16.357.640 afiliados), lo que convierte al mes pasado en el mejor de la serie histórica. Pero el dato del conjunto del año, con una caída de 85.041 ocupados (-0,52%) ayuda a contener la euforia. Se sigue destruyendo empleo, aunque a menor ritmo que en el pasado. En lo peor de la crisis se destruyó empleo a ritmos del 5%. Pero no cabe dar alas al optimismo.

Si la comparación 2012-2013 se hace en términos de afiliación media, el dato muestra un poco mejor la realidad: se destruyeron 560.170 empleos. La realidad del paro registrado en 2013: la economía  no crea empleo neto y reduce las estadísticas porque disminuye la población activa. Muchos desempleados emigran y otros, con la prestación agotada, no se inscriben en los servicios públcios.

La fragilidad de la coyuntura aconseja ser muy prudente. Un ejemplo. En diciembre, la positiva evolución de la afiliación a la Seguridad Social descansó en la excepcional ocupación del sector agrario. Las afiliaciones al régimen especial agrario crecieron de un mes a otro un 7,35: 53.880 nuevos afiliados. El economista José Carlos Díez, en su blog, daba la clave: la producción de aceituna ha sido histórica en cantidad y eso ha obligado a contratar más gente que en años anteriores.

Si el número de contrataciones es importante, también lo es su calidad. Son pocos los expertos que, en este sentido, defienden la bondad de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. La reforma, que facilitó los despidos, rebajó indemnizaciones y animó la contratación temporal y a tiempo parcial, ha propiciado la rotación en el empleo y la precariedad. Lo ilustra un porcentaje: la contratación indefinida disminuyó en 2013 un 18%.Antonio González (Economistas Frente a la Crisis) resume las perspectivas:

"Es posible que en 2014 se cree empleo neto, aunque sea con un crecimiento escaso (la previsión oficial es del 0,7%) porque el ajuste de los últimos años ha sido muy intenso y las empresas recompondrán en parte sus plantillas. Pero será escaso si no cambia el patrón y el crecimiento no pasa a estar basado en la inversión y en el consumo en lugar de solo en las exportación".

Será difícil. Porque para que la inversión se anime hace falta que se anime el crédito y la espita de la banca, pediente de exámenes y recién salida del rescate, sigue cerrada. Tampoco el Gobierno parece querer abandonar la estrategia de la devaluación salarial que empobrece a amplias capas de la población. Y con salarios de miseria, el consumo se resiente.

Prima de riesgo

El año que comienza, con elecciones a la vista (25 de mayo, elecciones europeas), ha visto caer la prima de riesgo de los 200 puntos básicos. Traducción: el bono a 10 años renta por debajo del 4% (3,932%), lo que no sucedía desde mayo del año 2011.

Sin duda es un dato positivo. Juan Ignacio Crespo, economista, considera que el dato se alinea con el resto de indicadores que muestran cómo, salvo imprevistos, 2014 será por comparación un buen año. Pero

¿a qué se debe esa buena evolución de la prima de riesgo? Crespo alude a tres factores al menos: la voluntad expresada por el Banco Central Europeo (BCE) de apoyo al euro, las medidas adoptadas por los sucesivos Gobiernos para asegurar el pago de la deuda y el exceso de liquidez mundial que dirige el dinero hacia donde se atisban mayores rentabilidades.

Inflación

2013 cerró con una inflación del 0,2%. En diciembre los precios sólo subieron una décima y en octubre, por primera vez en cuatro  años, los precios cayeron. por primera vez en cuatro  años, Aunque el argumentario del PP recoge que "la contención de precios" es uno de los elementos que garantizan "que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo", la evolución de los precios revela una economía mortecina, sin apenas pulso.

Es cierto que este año las ventas minoristas se han recuperado un 3% con respecto a diciembre de 2012. Pero siguen un 5% por debajo de las de diciembre de hace tan solo dos años. Sin consumo, la recuperación, el crecimiento y la creación de empleo serán más difíciles.

Un balón de oxígeno

En 2014, la economía española dispone de un balón de oxígeno importante. El objetivo de déficit comprometido es del 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB).objetivo de déficit Eso quiere decir que si se cumple el objetivo de 2013 (6,5%), el ejuste sólo deberá ser del 0,7% del PIB, terreno llano tras el brutal hachazo de más de 50.000 millones  propinado en apenas tres años a la economía para reducir el défcit desde 11,6% al 6,5%.

"Por comparación -sostiene Crespo- 2014 puede ser un buen ejercicio". Pero no hay que bajar la guardia. El compromiso asumido en la UE exige reducir el déficit al 2,8% en 2016. Es un "slalom" brutal. "Supone un ajuste de 30.000 millones en apenas dos años por la vía de incrementar ingresos y recortar gastos" sostiene el economista. Tan brutal que, en su opinión "no se puede descartar una recaída en la recesión".

Desconfianza

En general, los ciudadanos comparten los recelos de los economistas. Lo dicen las encuestas. La confianza del consumidor bajó 1,3 puntos en diciembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 71 puntos, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado  por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El descenso del indicador contrasta con el incremento en siete puntos que se registró en noviembre y es consecuencia tanto de la peor valoración que hacen los consumidores sobre la situación actual como de sus expectativas.

El número de parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo Inem, bajó en 2.475 desempleados en noviembre, un 0,05% respecto a octubre, siendo éste el primer descenso que se registra en este mes desde 1996, cuando se inicia la serie histórica.

La nota negativa la aportan los datos de la Seguridad Social, que registró en noviembre un descenso medio de 66.829 afiliados respecto a octubre, un 0,41% menos, con lo que el total de ocupados se situó en 16.293.543 cotizantes al finalizar el mes, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recoge Europa Press. 

Con esta disminución en el número de desempleados registrados, con la que se frenan las subidas de los últimos dos meses, el número de parados baja hasta los 4.808.908 desempleados. En términos interanuales, el paro descendió en noviembre en 98.909 personas, un 2,02%. El ministerio ha resaltado además que entre enero y noviembre se ha reducido el desempleo en 38.723 personas, mientras que en el mismo periodo de 2012 se acumulaba un repunte de 485.458 parados.

En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron en el antiguo Inem un total de 1.241.479 contratos, un 7,8% más que en igual mes de 2012. Del total de contratos efectuados en el undécimo mes del año, 94.014 eran indefinidos, cifra equivalente al 7,5% del total y un 6,1% inferior a la de noviembre de 2012.

Noviembre es un mes en el que habitualmente sube el desempleo y dentro de la serie histórica no había ningún descenso hasta la fecha. En igual mes de 2012, el paro subió en 74.296 personas.

Además, el departamento que dirige Fátima Báñez subraya que, en términos desestacionalizados, el paro bajó en noviembre en 40.885 personas, el mayor recorte registrado en un mes de noviembre y el segundo más elevado en cualquier mes dentro de la serie histórica. Desde el año 2006 no se producía un descenso consecutivo del desempleo en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Baja en construcción y en industria 

Según los datos de Empleo, el paro subió en noviembre entre las mujeres y bajó entre los hombres. Así, el desempleo masculino se redujo en 3.535 personas (-0,15%), frente a un repunte del paro femenino de 1.060 mujeres (+0,04%), situándose el total de mujeres en paro en 2.479.700 y el de varones, en 2.329.208.

Por sectores, el paro bajó en noviembre en la construcción, donde se redujo en 11.932 personas (-1,8%), y en la industria, donde cayó en 4.306 personas (-0,8%), mientras que subió en el resto de sectores. El mayor repunte lo protagonizaron los servicios, donde el paro creció en 8.484 desempleados (+0,3%), seguido de la agricultura, que registró 4.390 desempleados más (+2,1%), y el colectivo sin empleo anterior, que sumó 889 parados (+0,2%).

En total, el ministerio que dirige Fátima Báñez ha presupuestado el coste en dos millones y medio de euros. Las partidas desglosadas incluyen 250.000 euros para el "diseño, realización y producción de los elementos creativos de la campaña"; 2,2 millones para la "planificación y compra de medios y tiempos en diversos medios y soportes de comunicación" y otros 30.000 euros para la "realización del informe post test sobre la campaña", es decir, el informe de valoración posterior. 

Según puede leerse en los pliegos de condiciones, el Ejecutivo considera que "se requiere una adecuada comunicación a la sociedad que ponga en valor las medidas realizadas para luchar contra el desempleo". Pues, según puede leerse en este documento, el Gobierno cree que "as medidas adoptadas alcanzarán un mayor grado de efectividad cuanto mayor sea la percepción y el conocimiento que la sociedad tiene de ellas y de la motivación que las sustenta". 

De hecho, entre los objetivos de la campaña está "comunicar las diferentes herramientas que se están poniendo a disposición de empresas y trabajadores para facilitar el crecimiento económico, la atracción de la inversión, y la mejora de la competitividad de las empresas para potenciar el impulso de la actividad económica y la creación de empleo". Y entre los mensajes que el Gobierno pretende trasladar está destacar que "se han impulsado una serie de medidas, en un contexto de grandes reformas para impulsar la actividad económica y la creación de empleo" y que con estas medidas "se pretenden conseguir facilidades para la contratación estable y de calidad, en especial de los más jóvenes, y con ello ayudar a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social". 

El Estado pagará a las agencias privadas de colocación de 300 a 3.000 euros por cada parado a las que éstas encuentren trabajo. El acuerdo marco que establece las bases del nuevo modelo de colaboración de las agencias con los Servicios Públicos de Empleo, tanto el estatal como los autonómicos, está aún en fase de redacción, pero muy avanzado. Debería estar listo antes del verano para que el nuevo sistema comience a funcionar en octubre. El último borrador fija una escala de compensación según el éxito que la agencia privada tenga con el desempleado. Así, por conseguir un contrato de seis meses a uno mayor de 45 años que lleve más de dos años sin trabajo, el Estado pagará 3.000 euros. Por conseguir empleo a uno menor de 29 años, sólo 300.

Según fuentes conocedoras del texto, el modelo copia el sistema británico. El Estado pagará un fijo por cada parado y una parte variable adicional en función del tipo de empleo o contrato que se le proporciona. El Ejecutivo ya ha explicado que pagará a las agencias privadas en función de sus resultados, según “las características del desempleado y de la duración del empleo facilitado”. Por ejemplo, si en el periodo de un año ha estado trabajando un determinado número de meses.

Las agencias privadas se encargarán de conseguir empleo a los grupos de trabajadores que les proporcionen los servicios de empleo autonómicos: “Mujeres mayores de 45 años”, “jóvenes con estudios básicos”. Entonces serán objeto de un plan “casi diario de búsqueda de empleo”, que incluirá formación y orientación laboral. Fuentes de Asempleo, la patronal de las agencias privadas de empleo –antiguas ETT–, creen que, una vez en el circuito del empleo temporal, los sucesivos contratos de corta duración –15 días, un mes, tres meses– se transformarán en una “colococación permanente”.

ETT y subcontratas

Eso sí, según consta en el borrador, el Gobierno pretende mantener separados el negocio tradicional de las Empresas de Trabajo Temporal y de las agencias privadas de colocación. Una posibilidad que rechaza su patronal, porque supone “prescindir de la potencia de las ETT en contratación temporal”. Esa "potencia", según destacan, se traduce en los 1,5 millones de contratos que firman cada año, el 16%, según destacan, y en que intermedian en el 12% de las ofertas de trabajo, frente a sólo un 3% de los servicios públicos de empleo. Desde la reforma laboral, a las ETT les basta una “declaración responsable” para conseguir la autorización que las convierte en agencias de colocación. Hasta el momento hay unas 700 autorizadas en toda España, según el listado del Sistema Nacional de Empleo.

El modelo que está diseñando el Ministerio de Empleo permitirá, en principio, la subcontratación de la intermediación laboral. Otro punto que tampoco satisface a las agencias privadas. “Puede ocurrir que la intermediación laboral termine en manos de operadores no profesionales”, empresas de formación, por ejemplo, explican las fuentes de Asempleo. “Es un riesgo y un error”, apuntan, “porque el responsable último de la cadena es el Servicio Público de Empleo”. Asempleo agrupa a las 42 mayores ETT, que suman una red de 700 oficinas en toda España.

Sin dinero para los servicios públicos

El recurso a las empresas privadas se produce mientras el Ejecutivo “debilita las plantillas de los servicios públicos de empleo”, se queja UGT. En dos años, recuerda, Empleo ha despedido a 1.500 orientadores y 1.500 promotores de empleo. El presupuesto destinado a las políticas activas de empleo –formación– se ha recortado un 34,6% este año, tras sufrir otra rebaja del 21% en 2012. En España hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50.

La responsable de Empleo de CCOO, Paloma López, califica de “despropósito” que no haya dinero para potenciar unos servicios públicos de empleo “bajo mínimos en recursos materiales y humanos” y sí para las agencias privadas de colocación. Más aún cuando se les va a pagar “sólo por conseguir seis meses de trabajo, incluso con varios contratos”, a cada desempleado.

López tampoco ve con buenos ojos que, tal como apareció en algún borrador del acuerdo marco, se permita a las agencias privadas de empleo iniciar el procedimiento sancionador contra los parados que incumplan sus obligaciones formativas o de búsqueda activa de trabajo.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, pone el foco en el hecho de que “sin actividad económica” previa no habrá empleos que ofrecer por mucho que se les pague a las agencias privadas de colocación.