El 31 de diciembre de 2014 se celebró la segunda edición de la Grossa de Cap d'Any, el sorteo navideño de Loteries de Catalunya. El premio gordo, que se conoce como la Grossa, fue para el número 91614. En aquel entonces se premiaba con 100.000 euros a quienes tuvieran un boleto (agraciado) —que costaban cinco euros—. Pero Loteries de Catalunya, empresa pública perteneciente a la Generalitat, no tuvo que pagar a nadie. No se había vendido ninguna participación del 91614 y el premio quedó desierto.

Se puede pensar que algo similar no podría ocurrir con el Gordo de la Lotería de Navidad, pero sí es posible. De hecho, sucedió en 1931 y aún hoy cada año entra algún número al bombo del Sorteo Extraordinario de Navidad del que no se ha vendido ningún décimo. Así lo ha podido comprobar infoLibre tras conseguir a través de la ley de transparencia los datos de venta número a número de los últimos cinco sorteos.

El año pasado fue el 99731. En 2023, el 99093; y en 2022, el 43131. En 2021 fueron dos los números de los que ningún ciudadano llevaba una participación, el 44009 y el 86781; y en 2020 —con un descenso de ventas del 11% debido a la pandemia— pasó lo propio con 29 números distintos.

infoLibre revela así por primera vez los datos de venta número a número del Sorteo del Gordo de Navidad al obtenerlos tras múltiples solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En total, son 34 los números que algún año entre 2020 y 2024 han entrado al bombo de SELAE sin que se hubiera vendido ningún décimo de los mismos. A su vez, en cada sorteo hay algo más de 16.000 números de los que se vende el 100% de participaciones disponibles —con la excepción de 2020, cuando fueron solo 8.095—.

En los últimos cinco sorteos ha habido 3.039 números de los que año tras año se han comprado todos los décimos. Algo más del 3% del total de 100.000 que entran al bombo. Casi una tercera parte —994— de esos repetidores como más vendidos acaban en 13, la terminación favorita de los españoles, a mucha distancia del resto. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el 00013, el 57713 o el 98713.

En cambio, de las 34 ocasiones en las que entraba al bombo un número del que no se había vendido ningún décimo, ninguno acababa en 13. Tampoco ninguno de esos ha repetido como invendido en años distintos. Además, 18 de esos números eran superiores al 85000. Los números más altos se compran menos por lo general. En ello influye que hasta el año 2004 el Sorteo de Navidad se jugaba únicamente con décimos que iban desde el número 00000 al 65999. En 2005 se eleva el máximo hasta el 84999 y ya en 2011, hasta el actual 99999.

La preferencia por los números más antiguos se puede ver en los datos de venta obtenidos por infoLibre, que no se habían publicado nunca hasta ahora. Año tras año los décimos más escogidos son los que van del 10000 al 59999, especialmente los que van del 10000 al 19999 y del 20000 al 29999. Eso sí, los números más bajos del sorteo —del 00000 al 09999— son los menos comprados, con un porcentaje inferior incluso a los más altos —del 90000 al 99999—.

Las mayores ventas las registraron el año pasado los números entre el 10000 y el 19999, ya que se compraron el 93,65% de esos décimos. En cuanto a terminaciones, teniendo en cuenta únicamente el número final, también hay una tendencia clara. Los décimos que acaban en 7 y en 5 son los más vendidos, seguidos de los terminados en 3. Pero si se tienen en cuenta las dos últimas cifras, la terminación en 13 pasa por delante de cualquier otra. Por contra, los décimos acabados en 1 y en 0 son los que menos se compran.

En el sorteo del año pasado se dio salida al 95,18% de los décimos de números acabados en 7 y al 95,07% de los acabados en 5. En cambio, solo se vendieron el 86,25% de los acabados en 1 y el 87,26% de los acabados en 0. Aunque, precisamente el número premiado con el Gordo de Navidad fue uno acabado en 0: el 72480, del que solo se habían vendido el 54,40% de los décimos —1.050 de los 1.930 disponibles en 2024—. En 2021 y en 2023, en cambio, el 72480 sí se vendió al completo.

Para el Sorteo de Navidad que se celebrará este lunes 22 de diciembre de 2025 aún no se puede saber cuántos décimos se han vendido de ese número o de cualquier otro. Eso sí, la venta total puede batir un nuevo récord. Este año SELAE permite poner en el mercado 1.980 décimos de cada número —entre los tradicionales preimpresos y los que se venden por terminal en los puntos de venta o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado—. 

La cifra supone un nuevo máximo histórico. Los 1.980 décimos por número superan a los 1.950 que se podían vender en 2004 y entre 2008 y 2010. Aunque en aquellos años entraban menos números al bombo, así que la posibilidad de venta total para SELAE y las administraciones de lotería era menor a la de hoy en día.

En 2004 solo entraban 66.000 números al bombo y los 1.950 décimos por número se convertían en un total de 128,7 millones de décimos a la venta. Entre 2008 y 2010 eran 85.000 los números distintos, así que el total de décimos disponibles era de 165,75 millones. Ahora, con los 100.000 números del 00000 al 99999, la posibilidad de venta en 2025 alcanza ya los 198 millones de décimos.

Aun así, no se compran todos los décimos disponibles. El año pasado salieron a oferta 193 millones de décimos. Se vendió el 90,82%: 175,28 millones. Una cifra récord. De hecho, en los últimos años el total de ventas no ha parado de crecer. Más si se tiene en cuenta la caída que se dio en 2020 debido a la pandemia, que hizo que ese año solo se vendieran tres de cada cuatro décimos disponibles.

A pesar de ello, como ya se ha explicado, 8.095 números se vendieron al 100%. La cifra el año pasado fue mucho más alta: 16.839. Además, hay números que siempre se venden al completo; o casi. En total, existen 9.279 números de los que en los últimos cinco sorteos siempre se ha comprado más del 95% de décimos disponibles.

Entre esos números que siempre se venden al completo, o casi, hay 999 acabados en 13. De todos los que tienen esa terminación, el único que falta es el 69113, del que solo se vendieron el 88,90% de los décimos disponibles en 2020, aunque desde entonces también se ha vendido siempre al completo. 

Ninguna otra finalización gusta tanto como el 13. Entre 2021 y 2024 se han vendido todos los décimos de los números acabados en la supuesta cifra de la mala suerte. Las siguientes terminaciones en la lista de favoritas son el 15, el 17 y el 69, que en los últimos cinco sorteos han vendido el 96,73% de sus décimos disponibles, el 95,34% y el 95,07% respectivamente. Esto sitúa estas cuatro finalizaciones por encima incluso de las simplemente acabadas en 7 y en 5, las dos más vendidas al tener en cuenta una única cifra, como ya se ha explicado.

Por contra, las terminaciones de dos números que menos se venden son el 00, el 99, el 66, el 01 y el 44. Algunas finalizaciones, al igual que otros números concretos, son menos queridas por los españoles. De hecho, ha habido incluso siete números que han vendido menos de un 20% de sus décimos disponibles en el conjunto de los últimos cinco sorteos navideños. Son el 09991, el 33341, el 33351, el 49991, el 55561, el 99942 y el 99951.

Aunque, como determina la estadística, todos los números tienen la misma probabilidad de ser cantados por los niños de San Ildefonso en el Sorteo de Navidad, acaben en la terminación que acaben y se hayan vendido más o menos décimos. Como pasó con la Grossa, un número tiene las mismas opciones de ser premiado incluso si no se ha vendido ni una sola participación del mismo.

El índice de precios de consumo (IPC) repuntó hasta el 3,1% interanual en octubre, una décima más que en el mes de septiembre y la tasa más alta desde junio de 2024, por el encarecimiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos también aumentó una décima, hasta el 2,4%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,5%, una décima más que en el mes anterior.

La aceleración del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a una mayor subida de los precios de la electricidad respecto a octubre de 2024.

Entre los grupos con influencia negativa, cuya tasa anual se situó en el 0,1%, medio punto inferior al del mes anterior, por el mayor abaratamiento de los paquetes turísticos.

La inflación encadena cinco meses consecutivos al alza, desde mayo (2%), a excepción de agosto, que se mantuvo estable en el 2,7%, y se mantiene lejos del mínimo de septiembre de 2024 (1,5%).

De los componentes de la cesta de la compra, los huevos son el elemento que más subió en octubre en tasa interanual, un 22,5%, seguidos del café (19,4%), de la carne de vacuno (17,8%), del chocolate (16,1%) y del cacao y chocolate en polvo (12,7%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,1%; de la carne de ovino y caprino, un 7,7%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,2%; de la mantequilla, un 7,1%, y de los frutos secos, un 7%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 41,6% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 53,7% y en tasa mensual ha subido por primera vez desde octubre de 2024, un 2,7%.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 13,5%; las patatas, un 3,4%; la pizza y la quiche, un 2,6%; y el yogur, un 1,8%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (26,8%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (18,7%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los paquetes turísticos nacionales, un 6,4%; los equipos audiovisuales, un 6%; y los ordenadores personales, un 4,9%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,7% respecto a septiembre. Lo que más subió fue el transporte de pasajeros por tren (12,3%) y la fruta (12%) y lo que más bajó, los paquetes turísticos nacionales, un 10,9%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fue el del vestido y calzado, por la subida de los precios al comienzo de la temporada; el de alimentos y bebidas alcohólicas, por el encarecimiento de frutas, carne, leche, queso, huevos y aceites y grasas; y el de vivienda, por la subida de la electricidad y, en menor medida, del gas.

Por contra, el grupo que más tiró a la baja fue el del ocio y cultura, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre: las más elevadas en Baleares y Madrid, en ambos casos del 3,6%, y las más bajas, en Murcia (2,2%) y Canarias (2,5%).

En octubre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, dos décimas más que la registrada en el mes anterior, y la variación mensual aumentó un 0,5%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el dato de octubre está en línea con el de septiembre y se explica, principalmente, por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren, compensadas en parte por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

En un comunicado remitido este viernes, destaca que los alimentos se mantienen relativamente estables.

Se sabe cuántas son cada año, si fueron más hombres o más mujeres, qué edad tenían, dónde vivían y por qué causa fallecieron. Las estadísticas que publica el INE dibujan periódicamente un mapa detallado de cómo es la mortalidad en nuestro país. Paralelamente, y con un poquito más de retraso, el Ministerio de Sanidad elabora un informe que analiza los patrones de las defunciones que ha habido en todo el periodo de un año. Se ve si aumentan, si descienden. Y también se dan algunas pistas de por qué lo hacen. El último se publicó este mes de diciembre y concluyó que en 2022 se incrementó el número de muertes, sobre todo, por dos factores: por el calor y por la epidemia de gripe. Fueron los mayores de 85 años los principales perjudicados. Ahora bien, ¿cuántos de ellos vivían en residencias? Ahí las estadísticas no dan respuesta. Ninguna. El dato, simplemente, no existe.

Pero volvamos al primero. Hace dos años, los fallecimientos de mayores de 85 años supusieron el 48,6% del total, según se desprende del documento de Sanidad. Fueron prácticamente la mitad. Avancemos ahora un año. Y hagámoslo con las cifras del INE, que da la posibilidad de ampliar la horquilla y ver las defunciones de los ancianos de más de 80. Ahí la cosa cambia y el porcentaje se eleva mucho más. En concreto, hasta el 61%. La cifra es elevada, pero no por ello sorprendente o negativa. "Que los fallecimientos que hay en España se concentren en las personas más mayores significa que algo estaremos haciendo bien", señala Hicham Achebak, investigador postdoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Ahora bien, eso es una mera lectura preliminar. Tras ella llega la pregunta: ¿Puede reducirse esa mortalidad? ¿Hasta qué punto? Ahí ya no sirve sólo con saber quién muere y de qué, sino dónde y cómo lo hacen.

Eso es más complicado. Se desconoce cuántos mayores de 80 años viven en geriátricos, a pesar de que la población de esta edad supone el 77,8% de los residentes en estos centros. No se empadronan cuando ingresan. Y el DNI, a partir de los 70, es permanente. Es decir, que no hace falta renovarlo ni tampoco actualizarlo. De este modo, los certificados de defunción difícilmente reflejan en algún momento la dirección de una residencia. Ahí está el primer fallo. Es imposible saber, en síntesis, cuántos residentes fallecen.

No ocurre en todos los países. Como explica la doctora en epidemiología por la Universidad de California, María Victoria Zunzunegui, otros países de nuestro entorno como Francia y Reino Unido, que sí analizan estos datos, establecen que entre un 22% y un 25% de las defunciones anuales ocurren entre mayores residentes de geriátricos. Si trasladáramos ese porcentaje a nuestro país, continúa, habría alrededor de 100.000 ancianos de residencias fallecidos cada año. En el propio centro o en el hospital. "Pero no lo sabemos con exactatitud", lamenta.

Lo denunció ella misma en un artículo publicado en la revista Gaceta sanitaria en 2022 en el que criticaba esta "situación anómala". "No es posible conocer el número de muertes de las personas que viven en residencias dado el bajo porcentaje de defunciones ocurridas en las residencias con un certificado de defunción en el que figura la residencia como domicilio habitual. Tampoco es posible saber cuántas personas procedentes de una residencia fallecen en el hospital después de su ingreso", señalaba en el documento.

El epidemiólogo Fernando García López lo firmó con ella —y también junto a Vicente Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento— y reclama soluciones. "Debería modificarse el formulario con el que se rellenan las defunciones y que se concrete también si la persona estaba o no institucionalizada", señala. Si no, dice Achebak, otra opción es que el empadronamiento en el centro sociosanitario sea una condición sine qua non para ser ingresado. Fórmulas hay, aseguran todos las voces expertas consultadas.

La advertencia no radica en ningún caso en un mero deseo de conocimiento. A él se suma la necesidad de responder a la pregunta que se formula Achebak: ¿hay mortalidad evitable? ¿Cuánta y cómo puede actuarse sobre ella? García López es muy claro. "Todo aquello que no se mide no existe. Por eso si no medimos los fallecidos en las residencias es imposible que veamos la magnitud de este dato", señala. Y que detectemos posibles o potenciales problemas.

Volvamos a lo que sí sabemos. El incremento de la mortalidad del año 2022, según Sanidad, se debió fundamentalmente a la ola de gripe y al calor. Ese año hubo 9.799 defunciones por neumonía e influenza. De ellas, el 63,5% ocurrieron en mayores de 85 años. En cuanto a lo segundo, continúa el documento, se sabe que "las olas de calor empeoran el pronóstico de muchos pacientes que presentan enfermedades crónicas, sobre todo en personas mayores". Por eso se puede concluir que "las olas de calor ocurridas durante el verano contribuyeron al aumento de las tasas de mortalidad por otras causas de muerte" como, por ejemplo, Alzheimer, diabetes mellitus y septicemia. En concreto, el número de defunciones por estas causas subió respectivamente un 28%, un 24% y otro 28% entre 2021 y 2022.

Los datos del INE también llegan a conclusiones similares. A lo largo de todo 2023 hubo 11.880 fallecimientos por neumonía e influenza, de las cuales el 76% se concentró en ancianos mayores de 80 años. En el mismo periodo murieron 79.887 personas de esas edad por problemas circulatorios. Y 10.215 por enfermedades infecciosas. Y 11.131 por Alzheimer. Destaca esas causas Zunzunegui y no por casualidad, sino porque el calor, señala, también empeora esas dolencias. En términos relativos, las circulatorias supusieron el 30% de todas las muertes de mayores, las infecciosas el 3,8% y el Alzheimer el 4,2%. No puede decirse no obstante, completa la experta, que todas ellas sean o evitables o prevenibles, pero tampoco lo contrario. Porque faltan datos.

Si los hubiese podría actuarse sobre ese porcentaje que sí es evitable o prevenible. Por ejemplo, si en los meses de julio y agosto se detecta un pico de fallecimientos en residencias por enfermedades circulatorias, o entre diciembre y enero otro por neumonía o influenza, podría deducirse que no hay una adecuada climatización de los centros. Así lo señala Achebak. "Tener esos datos podría revelar que no hay una infraestructura física adecuada o que en periodo vacacional la cantidad de personal disponible en esos centros no es el suficiente", explica. Dicho de otro modo: los datos de mortalidad, de existir, no sólo revelarían cuántas muertes hay, cuándo y por qué, sino cómo es la calidad de vida en estos centros. Tanto públicos como privados.

¿Hay muchas muertes por infecciones? ¿Hay otras tantas por caídas? Tener respuesta daría margen para la actuación. "La opacidad" por el contrario, "impide que haya rendición de cuentas", sentencia Zunzunegui.

En tiempos de sequía, como la que afecta actualmente a buena parte de España, las actualizaciones semanales de las reservas hídricas se convierten en parte habitual de las noticias. En lugar de especificarlas en términos absolutos, a menudo se expresan como porcentaje de la capacidad de los embalses en cuestión, informando por ejemplo de que en el conjunto nacional están al 60% de su capacidad, un dato más fácilmente interpretable para el gran público que miles de hectómetros cúbicos.

Para reflejar la evolución temporal, sujeta a una marcada estacionalidad, se suele comparar con los registros de la semana anterior o de hace un año, o bien con la media de los últimos 5 o 10 años en esta misma semana del año. Pero estas comparativas se comunican frecuentemente de forma incorrecta en los telediarios y otros medios, minimizando la magnitud real de las variaciones de las reservas. Se debe a una confusión muy extendida, con las reservas hídricas proporcionando un ejemplo muy gráfico para abordarla, pero que se da igualmente en otros ámbitos, con implicaciones en la interpretación de probabilidades y riesgos, y con ello en la adecuada toma de decisiones como veremos después.

Supongamos que el agua en un embalse aumenta de 300 a 330 hectómetros cúbicos a lo largo de una semana. Evidentemente estamos ante un incremento de 30 hectómetros cúbicos en términos absolutos, que en términos relativos se traduce en un incremento de un 10%, sin margen de confusión: un incremento porcentual siempre se refiere a una diferencia relativa, que expresa el incremento (30 hectómetros cúbicos) como porcentaje del valor inicial (300 hectómetros cúbicos). La confusión aparece si en esta comparativa también las propias reservas de agua están expresadas como porcentajes, relativos a la capacidad del embalse, ya que entonces se mezclan porcentajes referidos a bases diferentes.

Pongamos que la capacidad es de 1.000 hectómetros cúbicos (lo que situaría nuestro ficticio embalse entre los más grandes del país, que entre todas sus presas suma unos 56.000 hectómetros cúbicos de capacidad). Siendo así, el embalse habría pasado del 30% al 33% de su capacidad. El mencionado error tan común consiste en tomar la diferencia absoluta entre ambos porcentajes para afirmar que el agua embalsada ha aumentado un 3%, lejos de la variación real que como vimos es del 10%. Lo que sucede es que este 3% no se refiere a la cantidad inicial de agua (300 hectómetros cúbicos) como se supone cuando se habla de un incremento de un 3%, sino a la capacidad del embalse (1.000 hectómetros cúbicos), cosa que hay que especificar expresamente, hablando de un incremento equivalente al 3% de la capacidad, o bien de 3 puntos porcentuales.

El punto porcentual (abreviado a veces como “punto”) es la unidad para la diferencia absoluta entre dos porcentajes, un término creado precisamente para evitar confusiones con las diferencias relativas de un tanto por ciento. (Su centésima parte se conoce también como “punto básico”, sobre todo en el sector financiero, de modo que una subida de los tipos de interés del 1,25 al 1,50% sería de 25 puntos básicos). Siempre debe quedar claro a qué se refieren los puntos porcentuales (la capacidad en este caso), especificando por ejemplo que el embalse está al 33% de su capacidad, 3 puntos más que la semana anterior. Como no puede ser de otra forma, todo ello es coherente con el incremento (relativo) del 10%, ya que los 3 puntos de incremento son el 10% de los 30 puntos de reserva inicial. 

Como en este ejemplo se miden diferencias entre dos porcentajes que se refieren a una misma cantidad (la capacidad del embalse), cada punto porcentual equivale a la centésima parte de esa cantidad (10 hectómetros cúbicos). Pero esa interpretación tan gráfica del punto porcentual no aplica para diferencias entre porcentajes que se refieren a cantidades diferentes.

El siguiente mapa muestra el agua embalsada en las cuencas hidrográficas de la España peninsular con respecto a su capacidad, de modo que cada porcentaje tiene una referencia diferente, que va desde los 21 hectómetros cúbicos de capacidad de las cuencas internas vascas, hasta los más de 11.000 de la del Tajo. Eso no es impedimento para tomar diferencias entre estos porcentajes, pero no serán proporcionales a las diferencias de agua embalsada, pudiendo ser incluso de signo opuesto. Por mucho que la cuenca del Guadalquivir se sitúa habitualmente muchos puntos porcentuales por debajo de la vecina cuenca de Tinto, Odiel y Piedras, salvo catástrofe colosal siempre tendrá mucha más agua en el conjunto de sus embalses, cuya capacidad es 35 veces mayor.

Volviendo a las diferencias expresadas en términos relativos, una de sus características es que, incluso siendo modestos en términos absolutos, darán lugar a porcentajes muy grandes si la cantidad de referencia es muy pequeña. El mismo aporte neto de 30 hectómetros cúbicos, que en nuestro ejemplo inicial equivalía a un incremento del 10% del agua embalsada, supondría un incremento del 300% si el embalse tuviera solo 10 hectómetros cúbicos de agua.

Por eso, antes de dejarse impresionar por un porcentaje elevado, ante la duda conviene comprobar a qué se corresponde en términos absolutos (y desconfiar si no se facilita esta información). Puede ser fundamental para la toma adecuada de decisiones, como en el siguiente (ficticio) ejemplo de un contexto completamente diferente.

Si un medicamento reduce en un 25% el riesgo de morir de una determinada enfermedad supone una eficacia notable, ¿en qué se traduce? ¿Todos deberíamos tomar este fármaco? Para conocer el impacto real se necesitan más datos del ensayo clínico correspondiente, para saber cómo de grande es este riesgo que se reduciría en un 25%. Supongamos que durante un periodo de seguimiento de 10 años el 0,3% de los que tomaron el medicamento falleció por la enfermedad, frente a un 0,4% entre los que en lugar de él recibieron un placebo. Se trata por tanto de una reducción absoluta del riesgo (de morir de la enfermedad a lo largo de 10 años) en 0,1 puntos porcentuales, del 0,4% al 0,3%, que puesto en relación con el riesgo de partida del 0,4%, da la reducción relativa del riesgo de un 25%, mencionada inicialmente.

Otra vez estamos ante una diferencia entre porcentajes expresada en términos absolutos y relativos, y si tal como vimos da lugar a confusiones con algo tan gráfico como el nivel de agua en los embalses, mucho más lo hará tratándose de un concepto tan abstracto como el riesgo. La que suele aparecer en las noticias, es la reducción relativa, ya que un 25% suena más impactante (y será más beneficioso para la promoción del fármaco) que 0,1 puntos porcentuales.

Pero sobre todo para riesgos relativamente bajos, como en este caso, puede dar una impresión exagerada. Y es que la que realmente nos permite cuantificar el beneficio global es la menos espectacular reducción absoluta: los 0,1 puntos porcentuales indican que por cada 1.000 personas que toman el medicamento durante 10 años, se evitará de media 1 fallecimiento por la enfermedad, ya que habrá 3 en lugar de los 4 que se darían sin el fármaco.

Este fallecimiento evitado hay que sopesarlo con los daños que cabe esperar entre todas estas 1.000 personas a lo largo de 10 años por los efectos adversos del medicamento, que igualmente tienen que evaluarse en el ensayo clínico. Si la balanza es negativa, siendo el remedio peor que la enfermedad como se suele decir, no implica el fracaso del fármaco.

Solo significa que no es indicado para la población general, pero sí podría serlo para determinados perfiles de riesgo donde una reducción relativa del 25% se traduce en una reducción absoluta mucho mayor que esos 0,1 puntos porcentuales, que entonces sí podría pesar más que los riesgos de los efectos adversos.

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Ansgar Seyfferth es director para España de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science Services, profesor de estadística y de gestión y visualización de datos, y colaborador de la Fundación Alternativas.

Presumir de sus controvertidas rebajas fiscales se ha convertido en una seña de identidad de la Comunidad de Madrid. A menudo, sobre todo en época electoral, nos llegan afirmaciones sobre lo que se ahorra “cada madrileño” gracias a ellas. Recientemente un titular lo cifró en 557 euros anuales, y en octubre la presidenta de la Comunidad lo elevó a 6.700 euros durante todos los años de su gobierno. Al margen de la veracidad de los números concretos –y de lo caro que el supuesto ahorro puede salir si implica la degradación de servicios públicos tan esenciales como la sanidad– es obvio que ese tipo de afirmaciones son falsas. Lo que se ahorra “cada madrileño” depende, y mucho, de los impuestos que paga, que a su vez dependen de sus circunstancias económicas. Se omite que en todo caso se trata de lo que de media se ahorra cada (contribuyente) madrileño. Y esto no es una matización quisquillosa, porque estamos ante un caso de manual donde la media aritmética se desvía mucho de la realidad de la mayoría de la población, de modo que no es representativa. Y aquí lo es menos aún, al mezclarse diferentes tipos de impuestos, algunos de los cuales solo afectan a una pequeña minoría de contribuyentes.

Antes de repasarlo más detenidamente, conviene aclarar algunas propiedades de la media aritmética, para ver en qué circunstancias hay que tener una especial cautela en su interpretación. Suelo comentar en mis clases una anécdota de Avinyonet del Penedès, un pueblo agrícola de unos 1.700 habitantes en la provincia de Barcelona, cuya renta bruta media se disparó en 2017 hasta casi 58 mil euros, la segunda mayor de todos los municipios españoles mayores de 1.000 habitantes aquel año, más que duplicando los valores de 2016 y de 2018. Aplicando la lógica de los citados titulares, habría que concluir que cada vecino ingresó más del doble en 2017, pero estaríamos muy equivocados. Recuérdese que la media es lo que tocaría a cada declarante si la renta agregada de todos ellos se repartiera a partes iguales. Pues debido al empadronamiento temporal en el municipio de una persona extremadamente rica, nieto del fundador de la empresa Danone, esa renta agregada se disparó lo suficiente para subir la media de una manera que ya poco tenía que ver con la realidad de la mayoría de los declarantes. 

Compárese esto con el impacto que tendría el empadronamiento de una persona gigante en la altura media de los habitantes del pueblo. Ni tratándose de la persona más alta del mundo podría alterar notablemente la media, porque todas las estaturas son del mismo orden de magnitud. Se trata de una variable mucho más acotada, físicamente restringida, lo que da una mayor robustez a su media. La gran volatilidad de la media observada en el ejemplo anterior, con un gran desvío causado por un solo valor extremo, es una característica propia de las variables cuya magnitud puede variar enormemente, y que el ensayista y estadístico Nassim Taleb llama escalables. La renta, el patrimonio, los impuestos que uno paga o el tamaño poblacional de los municipios son algunos ejemplos.

Las variables de este tipo suelen caracterizarse además por una marcada asimetría, muy relevante para la interpretación de la media. Se observa en el siguiente gráfico de la distribución salarial española de 2020, que indica cómo de frecuente fue cada salario aquel año. Muestra una concentración de la mayoría de los asalariados en la parte de la izquierda, en salarios relativamente modestos. Hacia la izquierda la curva decae de forma brusca, ya que los salarios están acotados por abajo, dado que no pueden ser negativos. No lo están en cambio hacia arriba, dada la escalabilidad, lo que da lugar a una prolongadísima cola hacia la derecha (que sería más pronunciada aún si se consideraran también otros tipos de ingresos, no salariales). Pero la representación gráfica hay que cortarla en un determinado punto, cosa que aquí se hace en 100.000 euros, y el repunte final refleja la frecuencia acumulada de todos los salarios superiores a esa cantidad.

Si lo dibujáramos sobre cartón y recortáramos el área entre el eje horizontal y la curva, la media sería el punto de equilibrio en el eje donde podríamos balancear el área recortada, es decir, el centro de gravedad de la distribución. Debido a la ley de la palanca, la larga cola de la derecha, correspondiente a esa pequeña minoría de valores extremadamente altos, desvía este punto notablemente hacia la derecha, alejándolo de la mayoría, situada en el lado de la izquierda. Por ello la media deja la mayor parte del área debajo de la curva a su izquierda, lo cual quiere decir que la mayoría de los asalariados gana menos que el salario medio. Por tanto, la media es superior al valor más central de la distribución, denominado mediana, que divide el área debajo de la curva en dos partes iguales, con la mitad de los asalariados ganando menos y la mitad ganando más. Y más aún se aleja del salario más frecuente, denominado moda, para el que la curva alcanza su máximo. (En cambio, en una distribución simétrica, con una forma parecida a la campana de Gauss, estas tres medidas de tendencia central serían idénticas, situadas todas en el eje de simetría de la curva.)

Volviendo a las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, aquí este efecto es todavía más pronunciado, debido a un peso mayor aún de los valores extremos, y acentuado además por una trampa. Los supuestos 6.700 euros de ahorro de cada madrileño durante el mandato de Díaz Ayuso son el resultado de dividir los más de 23.000 millones de euros que según datos facilitados por la Comunidad se dejaron de ingresar entre 2019 y 2022, entre los aproximadamente 3,5 millones de declarantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en la región en 2020. Pero según los propios datos de la Comunidad, menos de la sexta parte de ese importe se debe a rebajas del IRPF. El grueso se lo llevan las bonificaciones de los impuestos sobre el patrimonio, y sobre sucesiones y donaciones. Veamos el ejemplo del impuesto sobre el patrimonio de 2020, en el que 18.225 habitantes ricos de la región se ahorraron unos 992 millones de euros en total, más de 54.400 euros de media cada uno, solo en 2020, mientras para los demás el ahorro fue obviamente 0, ya que a la inmensa mayoría ese impuesto no le afecta. No obstante, a efectos del relato, esos 992 millones de euros se dividen igualmente entre los 3,5 millones de declarantes de IRPF para sumar un ahorro de unos 280 euros de “cada madrileño”. Con este razonamiento podríamos contabilizar la masa salarial de 242 millones de euros anuales de la plantilla de fútbol del Real Madrid como un ingreso de unos 70 euros anuales de cada declarante madrileño. 

Pero aun limitándonos a las rebajas del IRPF –que según las estimaciones de la Comunidad ascienden a 1.177 millones de euros en 2022, lo que (con el número de declarantes de 2020) da una rebaja media de unos 334 euros anuales por declarante– otra vez más estamos ante el mismo patrón: la mayoría se ahorra bastante menos que esa media, mientras que una pequeña minoría se ahorra muchísimo más, como puede comprobarse con la calculadora IRPF de la Comunidad. Lo haremos con el ejemplo de un contribuyente de 40 años con dos hijos (menores de 25 pero mayores de 3 años), en declaración individual. Con unos ingresos brutos anuales de 1 millón de euros, se beneficiaría de una rebaja anual de más de 33.000 euros, multiplicando casi por 100 la rebaja media de 334 euros. En cambio, ganando el salario medio madrileño de 2020, que no llega a 29.000 euros, su rebaja ya se sitúa notablemente por debajo de la media, en unos 250 euros. Pero tal como vimos, la mayoría de los asalariados gana menos que el salario medio. Con el salario mediano, de unos 23.200 euros, el ahorro anual se queda en unos 150 euros. Y con el salario más frecuente (a nivel nacional, ya que para la moda no hay datos publicados por Comunidades Autónomas), de algo menos de 18.500 euros, el ahorro ya ni llega a 73 euros, poco más de 6 euros mensuales. La calculadora, que también compara con la carga fiscal en las demás Comunidades Autónomas, revela que este último perfil de contribuyente paga de hecho más en Madrid que en algunas otras Comunidades, entre ellas la Valenciana, tachada a veces de “infierno fiscal”, ya que es donde más tributan las rentas más altas.

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Ansgar Seyfferth es director para España de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science Services, profesor de estadística y de visualización de datos, y colaborador de la Fundación Alternativas

Fue a la luz de las cifras de crecimiento económico tras la pandemia cuando la vicepresidenta Nadia Calviño puso en duda la exactitud del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida. “El PIB es un indicador muy importante, pero tiene dos carencias principales: por una parte, no refleja adecuadamente factores clave de progreso económico, por ejemplo, sobre el medioambiente, la digitalización y la cohesión social. Por otra, tiene cierto retraso por su carácter trimestral”, explicó en septiembre de 2021 en una entrevista en El País. Por eso, reveló, suele recurrir a un cuadro de “indicadores complementarios en el ámbito verde y digital, y a un indicador de actividad diario, que incorpora toda la estadística relevante”.

La vicepresidenta se refería al Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que desde entonces elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con carácter experimental. Para construirlo se basa en nueve dimensiones que incluyen un total de 55 indicadores: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio, seguridad, gobernanza y derechos básicos, medio ambiente y esperanza general de la vida. Los indicadores, a su vez, se obtienen a partir de encuestas. Así, se consideran desde las dificultades para llegar a fin de mes y la salud autopercibida hasta el nivel de formación, la satisfacción con el trabajo, la tasa de paro de larga duración, la satisfacción con el tiempo disponible o la confianza en el sistema político y el acceso a zonas verdes.

Todos ellos, indicadores muy alejados de los puramente económicos utilizados para medir la riqueza de un país. El IMCV no es más que el penúltimo intento de elaborar una nueva forma de medir el progreso social o el bienestar que vaya más allá del PIB. Las iniciativas se suceden desde los años 90, conscientes tanto los académicos como los gestores públicos de las limitaciones del PIB. “No considera el valor de la mayor parte de las actividades productivas o de ocio que se desarrollan en los hogares, no refleja las desigualdades económicas y no tiene en cuenta las externalidades negativas asociadas al crecimiento económico cuando este implica una utilización de bienes naturales que son limitados”, resumen Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel Jiménez en Más allá del PIB. El valor de la producción doméstica y el ocio en España, un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El PIB, en efecto, sólo mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos para el mercado, pero no el de los que se producen fuera de él. No mide la eficacia del sistema educativo y sanitario de un país, ni resta los daños al medio ambiente o los niveles de desigualdad. El progreso social, la sostenibilidad y la calidad de vida están excluidos de la cifra con que se identifica internacionalmente la potencia económica de cada nación. En definitiva, no sirve para calcular el grado de bienestar. De hecho, ya lo advirtió el economista y premio Nobel Simon Kuznets, que lo creó en 1934 para medir el impacto de la Gran Depresión: “El bienestar de una nación difícilmente puede deducirse de la medida de la renta nacional”.

Pero las posibles alternativas no han encontrado aún el consenso que sí ha reunido el PIB como herramienta para medir y comparar la producción de mercado de los países. Los obstáculos metodológicos, reconocen Pérez García y Uriel Jiménez, impiden encontrar no ya un sustituto sino siquiera un complemento o corrector fiable. ¿Cómo se cuantifica la satisfacción de los ciudadanos con su vivienda o con sus relaciones personales, dos de los indicadores que mide el IMCV español, por ejemplo?

El más reconocido de los instrumentos alternativos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una iniciativa de Naciones Unidas que se apoya en el trabajo de otro Nobel, Amartya Sen. Creado en 1990, añade la esperanza de vida, los años de educación obligatoria, el número de alumnos matriculados y la tasa de alfabetización al PIB per cápita, para obtener un indicador sintético. Después se corrigió incluyendo la desigualdad en salud, educación e ingresos –IDH ajustado por desigualdad--.

Para hacerse una idea del cambio que resulta de medir un país según el indicador que se elija, basta con señalar que España se sitúa en el puesto 14 del mundo por su PIB, pero baja al puesto 27 si se mide su IDH –por debajo de Emiratos Árabes Unidos– y al 36 si se calcula el IDH ajustado por desigualdad. El país con el mayor PIB es Estados Unidos, pero el líder en IDH es Suiza y en el IDH ajustado es Islandia.

“Que el aumento del PIB equivale a progreso ya no se lo cree nadie”, asegura a infoLibre Rafael Cejudo Córdoba, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Córdoba y director de su Cátedra de Participación Ciudadana, “por eso hacen falta nuevas herramientas, no sólo medidas monetarias y no sólo para los países sino también para las empresas, que ya van más allá de sus cuentas de resultados y deben ocuparse del impacto medioambiental y social de su gestión”. Rafael Cejudo defiende el enfoque de las capacidades: “Lo importante no es el dinero, sino qué son capaces de hacer los ciudadanos con el dinero”, describe.

Pérez García y Uriel Jiménez han calculado el consumo ampliado de los hogares, donde incorporan actividades que no son de mercado y, por tanto, no cuentan en el PIB: el ocio y el trabajo doméstico. Siguiendo las metodologías internacionalmente aceptadas, cifraron en 2,1 billones de euros ese “consumo ampliado” para 2017 y en 2,5 billones para 2022. Es decir, el doble que el PIB español. Para llegar a ese número han calculado que la producción doméstica ascendía en 2017 a 680.162 millones. El valor del ocio es mayor: 859.066 millones de euros. También incluyen el gasto en consumo de las administraciones públicas y las instituciones sin fines de lucro para los hogares. El resto es la parte del consumo que sí contabiliza el PIB. Y resulta que el valor del consumo ampliado casi triplica el del consumo medido por la Contabilidad Nacional.

“Hemos calculado cuánto supondría el valor de la producción doméstica, el valor del tiempo que le dedican las personas si pudiéramos comprarlo en el mercado, si esa producción la contratáramos”, explica Francisco Pérez García. Consideraron que el valor de cada hora trabajada en el hogar equivale al salario que debería pagarse si se contratara en el mercado a trabajadores domésticos, 8,33 euros en 2017. Por tanto, el valor del trabajo doméstico no remunerado en España ascendió ese año a 481.667 millones de euros. Para ponerle precio al tiempo de ocio aplicaron un salario igual de 8,33 euros para jubilados y parados y otro más elevado, de 12,24 euros, para trabajadores y estudiantes.

Basándose en estas cuentas y analizando su evolución desde 2000, los autores del informe concluyen que durante la crisis de 2008 a 2013 y durante la pandemia, cuando el PIB cayó, los españoles dedicaron más tiempo a tareas productivas dentro del hogar y al ocio, por lo que el valor generado por ambas actividades no incluidas en la Contabilidad Nacional “amortiguó” el desplome económico. Es decir, el impacto en el bienestar fue paliado en parte por el mayor trabajo doméstico y tiempo dedicado al ocio.

Otra iniciativa para ir más allá del PIB fue la que acometieron Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi por encargo del presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008 para medir el bienestar y el progreso social con instrumentos más fiables que el PIB. El informe resultante no propuso un nuevo indicador, pero sí hacía 12 recomendaciones a los institutos de estadística: cinco relativas al bienestar, cinco a la calidad de vida y dos al medioambiente y su sostenibilidad.

En 2009 la OCDE y la Comisión Europea también publicaron sus propios proyectos: Better Life, que incluye indicadores sobre esperanza de vida, nivel educativo y medio ambiente, pero no sobre desigualdad, y GDP and Beyond, para complementar al PIB.

Mientras, algunos países ya han empezado aplicar nuevos modelos. Es el caso de Nueva Zelanda, donde desde 2018 se utiliza el Living Standard Framewok (LSF), o Marco de Estándares de Vida, para mejorar el asesoramiento del Tesoro, evaluando los beneficios de las políticas públicas y sus costes fiscales. Se basa en el modelo de la OCDE e introduce indicadores sobre gobernanza, identidad cultural, medio ambiente, salud, vivienda, ingresos y consumo, empleos, uso del tiempo, seguridad, conexiones sociales e incluso bienestar subjetivo. También incluye los riesgos para mantener el bienestar y la resiliencia para responder a esos riesgos, explican Estefanía Peña y Brenda Nistor en un informe del Observatori del Deute en la Globalització. El LSF se usó para elaborar el Presupuesto del Bienestar de 2019 –25.600 millones de dólares en cuatro años–, para establecer prioridades presupuestarias y para analizar los costes y beneficios sociales del Tesoro.

En los estados de Maryland y Vermont, en EEUU, se aplica el Índice de Progreso Genuino, desarrollado por otro Nobel, Herman Daly, y por el filósofo y ecologista John Cobb. Tiene en cuenta los datos de consumo del PIB, pero los ajusta con la distribución de la renta y la inversión en infraestructuras públicas, añade el trabajo doméstico y el voluntariado, además de beneficios ambientales –tierras agrícolas y bosques–. Después elimina costes sociales como la delincuencia y la desintegración familiar, así como costes ambientales –cambio climático, agotamiento de la capa de ozono–.

En Islandia el Gobierno propuso en 2019 un sistema de 39 indicadores que cubren desde la salud y la educación hasta la calidad del aire, el reciclaje, la vivienda, la seguridad, el empleo o la conciliación laboral.

Ninguno de estos indicadores alternativos al PIB ha tenido el éxito necesario para convertirse en herramienta universal. Ni de los economistas ni de los gobiernos y organismos institucionales. Francisco Pérez cree estos “ejercicios de cuantificación” son positivos siempre que permitan saber cómo están construidos. También aplaude que el INE se haya puesto a trabajar de forma experimental con el nuevo IMCV, pero al mismo tiempo pide una mejora en las estadísticas españolas de uso del tiempo, que se basan en encuestas y son “costosas”. Dice que el Gobierno vasco las hace con más regularidad que el INE. Así será posible que estos nuevos índices sirvan para evaluar las políticas públicas e incluso para elaborar presupuestos. “Dependerá también de esas políticas”, matiza, pero les adivina un gran potencial en materia de medio ambiente, por ejemplo. Aunque con timidez, “los índices alternativos van entrando en el marco de referencia de los gobiernos y de los especialistas”, asegura.

“Al PIB no hay que quitarle ningún valor, es un instrumento fundamental”, concluye el director del IVIE, “pero eso no quiere decir que el mundo se acabe ahí”.

El número de nacimientos cayó un 1,2% en España en el año 2021 hasta los 337.380, 3.935 menos que en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que precisa que se trata de un nuevo mínimo desde el comienzo de la serie histórica, en 1941, hace 81 años, según informa Europa Press. En los últimos años se observa una tendencia descendiente en el número de nacimientos. Así, desde 2008, cuando se alcanzaron los 519.779, la cifra ha caído paulatinamente, con una pequeña subida un año.

En concreto, se registraron 494.997 nacimentos en 2009; 486.575 en 2010; 471.999 en 2011; 454.648 en 2012; 425.715 en 2013; 427.595 en 2014; 420.290 en 2015; 410.583 en 2016; 393.181 en 2017; 372.777 en 2018; 360.617 en 2019; 341.315 en 2020; y 337.380 en 2021.

Por otro lado, el número de defunciones disminuyó un 8,7% en 2021 respecto al año anterior. Fallecieron 450.744 personas, 43.032 menos que en 2020, el primer año de la pandemia, cuando se registró el máximo desde el inicio de la serie, en 1941.

De esta forma, España tuvo un saldo vegetativo negativo de 113.364 personas en 2021, aunque esta diferencia entre nacimientos y defunciones descendió en 39.097 personas con respecto al año anterior, cuando se fijó el saldo más negativo desde que existen datos con 152.461 personas.

Al mismo tiempo, durante el año 2021 se celebraron 24.957 matrimonios católicos, 15.293 más (+158,2%) que en 2020, cuando se registró el mínimo de la serie, con menos de 10.000.

Si bien, descartando el año 2020, en el que se aplazaron muchas bodas debido a la pandemia, se observa un descenso en el número de matrimonios por la Iglesia en los últimos años. Así, frente a las 152.067 que se celebraron en el año 2001, en 2011 fueron 62.977 y volvieron a caer a casi la mitad en 2019, con 34.615.

Atendiendo al porcentaje con respecto al total, los matrimonios católicos representaron el 17% de todas las bodas entre contrayentes de diferente sexo en 2021, mientras que en 2011 representaban casi el 40%, y en 2001, el 73%.

La primera víctima política del IPC desbocado ha sido el mensajero: el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó este lunes su dimisión “por motivos personales”, pero su renuncia se produce después de meses de debate sobre la fiabilidad de los datos de inflación y PIB que elabora el organismo. Un IPC en niveles desconocidos desde hace 40 años que excluye los recibos de luz del mercado libre y un crecimiento económico que, tal como lo mide la Contabilidad Nacional, no refleja las boyantes cifras de empleo y de recaudación fiscal, suscitaron las críticas de algunos ministros y han terminado por llevarse por delante al responsable de esos cálculos, que fue nombrado por este mismo Gobierno en 2018.

“Ver cómo se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es, sin duda alguna, un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España”, reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dimisión de Rodríguez Poo. También la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha censurado el “ataque a la independencia” del INE que supone el cese de su presidente porque algunas estadísticas relevantes, dice, no estén “en sintonía con las previsiones del Gobierno”. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido”, ha terciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Ejecutivo, por su parte, ha enmarcado la renuncia del catedrático de Econometría en una reforma para “reforzar y modernizar el sistema estadístico nacional”, con la aprobación de un nuevo estatuto para el INE y la modificación de la Ley de la Función Estadística Pública. El actual estatuto data de 2001 y la ley, de 1989.

Lo que el Ejecutivo no detalla es que esa modificación de la norma se incluyó casi de tapadillo como una disposición final en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el Senado el pasado día 21. Esa actualización de la Ley de la Función Estadística Pública debería haber incluido el acceso del INE a los registros tributarios, uno de los objetivos de Juan Manuel Rodríguez Poo, así como establecer en seis años el mandato de los presidentes del organismo, homologándole con el resto de sus pares europeos y poniéndole a salvo de los cambios de gobierno –como ya ocurre con el gobernador del Banco de España o el presidente de la AIReF, por ejemplo–. Sin embargo, según explican a infoLibre fuentes estadísticas, ambas cuestiones, impulsadas por el ya expresidente del INE, se “cayeron” del proyecto final por el rechazo de los ministerios de Hacienda –la primera– y de Economía –la segunda–. En la ley recién aprobada, no se modifican los límites de acceso a los datos tributarios ya existentes.

Precisamente una de las críticas que se han hecho a los cálculos del INE se refiere al uso de encuestas, en lugar de datos reales. Ahora el Gobierno quiere incorporar “nuevas fuentes de información” para mejorar la calidad de las estadísticas del INE y habla de “registros administrativos” y “big data”. Cuando a principios de este año Caixabank publicó un par de estudios sobre la subida del recibo de la luz en 2021 y concluyó que el INE había sobreestimado en casi un punto el IPC de ese año por haber excluido de la medición los precios del mercado libre, el organismo no sólo defendió su metodología, sino que, además, aseguró que le había sido imposible conseguir la información sobre esos precios de las principales empresas eléctricas, pese a haber mantenido “diversas reuniones” con ellas. La vicepresidenta Nadia Calviño también reprendió a las compañías del sector por su renuencia a entregar los datos. Aun así, el INE insistía en que su índice es “absolutamente correcto” y “goza de todas las garantías nacionales e internacionales de precisión y fiabilidad”.

Las mismas fuentes defienden la gestión llevada a cabo por Juan Manuel Rodríguez Poo, que es catedrático de Econometría. Alaban que haya creado una tercera dirección general en el INE, de Planificación Estadística y Procesos, y que haya conseguido recursos adicionales para un organismo que ha perdido más de 1.000 trabajadores en la última década. Los estadísticos están muy solicitados en el sector privado, donde se pagan sueldos más elevados, y los que trabajan en el sector público prefieren la Agencia Tributaria o la AIReF, donde las retribuciones son también mejores que el INE. Después de años sin oposiciones, por las políticas de recorte del gasto público impuestas por la crisis, a las primeras que se convocaron para estadísticos casi no acudían candidatos, aseguran las fuentes.

Al mismo tiempo, reconocen que Rodríguez Poo ha cometido errores, principalmente no haber sido lo bastante “ágil” para corregir los desacoples en los cálculos del IPC y el PIB. Le achacan un exceso de lentitud y de rigor para adaptar los cálculos a una situación de emergencia como fue la pandemia, que produjo cambios “abruptos y extraordinarios”.

“No creo que haya errores deliberados [en los cálculos del INE], lo que vemos es un desacople entre el PIB y las cifras de empleo a las que no encontramos explicación, pero que puede tener muchas causas”, apunta José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según precisa, la pandemia está detrás de esos datos anómalos, que aún no se atreve a atribuir a, por ejemplo, la economía sumergida, que no se contabiliza en el PIB.

Además, según las fuentes estadísticas consultadas, el INE hace una interpretación “demasiado estricta” del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y contabiliza “a un ritmo más lento que el resto de la UE” la construcción de inmuebles. El INE estaba en proceso de cambiar este criterio, pero no iba a hacerlo hasta septiembre, por lo que “pecó de inflexible”, resaltan. Tampoco ha modificado los índices de variación estacional en el PIB que se utilizan para suavizar ciertos datos y que estos dos últimos años de vuelco brusco en la economía han pesado de más. Es otro cambio que estaba en marcha antes de la renuncia de Rodríguez Poo, pero que no se ha hecho realidad aún. España ha superado los 20 millones de ocupados, contados como cotizantes a la Seguridad Social, la mayor cifra de su historia y superando, por tanto, los datos de antes de la pandemia. También registra récords de recaudación fiscal sin haber subido los impuestos. Sin embargo, esos números no se reflejan en la contabilidad nacional y el crecimiento del PIB. El INE acaba de revisar a la baja –del 0,3% al 0,2%– el crecimiento de la economía española en el primer trimestre.

En lo que coinciden las fuentes consultadas, la oposición y los estadísticos es en el daño que el cese de su presidente puede infligir a la reputación del INE. Es la primera vez que el máximo responsable de este organismo, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, tal y como reza su estatuto, es destituido sin que medie un cambio de gobierno. Además, subrayan las fuentes estadísticas, saltándose el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. De acuerdo con su punto 1.8, las razones por las que se puede poner fin a su cargo “no pueden ser razones que comprometan la independencia profesional o científica”. Y ésa es precisamente la imagen que puede darse ahora con la salida de Rodríguez Poo. Su sustituto, según se ha publicado, será el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, que dimitió la semana pasada y es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. La crisis de reputación puede tener incluso proyección internacional, teniendo en cuenta que el expresidente del INE también era desde el pasado enero el presidente del Partnership Group del Sistema Estadístico Europeo, que atiende con estadísticas las decisiones del Consejo de la UE.

Conde-Ruiz dice que, como economista, su misión es interpretar los datos, y que no los pone en duda. Otros economistas, preguntados por infoLibre, sí creen que en el cálculo del IPC faltan los precios de la vivienda en propiedad, que por el contrario se incluyen en el deflactor del consumo privado de la Contabilidad Nacional. O también el coste del dinero. Al mismo tiempo recuerdan la divergencia entre la cifra de ocupados que proporciona la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social: unos 400.000 trabajadores que pueden situarse en la economía sumergida.

Habría que recordar igualmente que las controversias sobre los datos no son nuevas. En 2002 saltó el cambio de la definición de parado en la EPA: de bastar con estar registrado en una oficina de desempleo a exigirse, además, la búsqueda activa de empleo. Entonces el enfrentamiento fue con los sindicatos. Once años después, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó la cifra de parados de la EPA descalificándola como una mera encuesta “que no es la realidad". En 2013, en lo peor de la crisis financiera, España rozaba los seis millones de desempleados y Rosell creía que el dato estaba hinchado. Consideraba más fiable y “solvente” la cifra de parados registrados en las oficinas del SEPE, que era un millón inferior. Sin embargo, Eurostat utiliza la EPA, y no el paro registrado, para medir el paro en toda la UE. Los sindicatos le afearon entonces no sólo que negara la existencia de millones de parados, sino también que creara una “fuerte inestabilidad y desprestigio” sobre el INE.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en agosto en relación al mes anterior IPCy situó su tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas por encima de la de julio, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Con el dato de agosto, el IPC interanual encadena su octava tasa positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017. Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidadprecios de la electricidad, mayor este mes que en agosto del año pasado.

En tasa mensual, el IPC vuelve a tasas positivas al subir un 0,4% en agosto, tras caer un 0,8% en julio después de sumar cuatro meses consecutivos de ascensos.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en agosto una décima hasta el 0,7%, con lo que se sitúa más de dos puntos y medio por debajo de la del IPC general.

En el octavo mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas más que la registrada el mes anterior. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA subió un 0,4% en tasa mensual. El INE publicará los datos definitivos del IPC de agosto el próximo 14 de septiembre.

2008 fue el último año del espejismo de crecimiento permanente abierto durante el boom del ladrillo. El gasto de las familias tocó aquel año su techo histórico, con más de medio billón de euros. Concretamente, 542.287,05 millones. Luego empezó la caída. El suelo estaba en 2013, el año más crudo de la recesión, cuando el gasto de los hogares españoles bajó de los 500.000 millones hasta situarse en 494.475,24 millones. Desde entonces, el rebote ha permitido a la cifra crecer año a año. Hasta que, en 2018, diez años después por primera vez se han superado las cifras precrisis.

El pasado año se batió el récord histórico de gasto familiar, con 556.432,59 millones de euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estudio más fiable para observar el detalle de las economías domésticas en España. No obstante, diez años después del arranque de la crisis, los alteraciones socioeconómicas provocadas por la misma, así como los cambios culturales y tecnológicos, han dejado huella en el reparto de ese presupuesto familiar, más dedicado que antes a la atención de lo imprescindible.

Los números del gasto familiar ponen a la sociedad española ante el espejo. Y el reflejo muestra economías más atadas que antes de la crisis a las necesidades básicas.

La referencia la da el crecimiento global del gasto familiar, que ha pasado entre 2008 y 2018 de 542.287,05 a 556.432,59 millones, una subida del 2,6%. Esto supone de media 29.871,28 euros por hogar y 12.018,94 euros por persona, un 0,59% y un 1,04% más que en 2008.

  SUBIDAS

Vivienda

Llama la atención, por comparación con la subida media, la fuerza del incremento de los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas, una partida contabilizada conjuntamente por el INE que ha alcanzado su máximo: 171.015,99 millones, lo que supone un crecimiento del 15,75% con respecto a 2008. Este apartado suponía antes de la crisis un 27,24% del gasto familiar; ahora, un 30,73%. Ha sido y es con diferencia el bocado más grande del presupuesto familiar, por delante de los alimentos. El gasto por persona se acerca ya a los 4.000 euros al año.

Dentro de estos gastos, un ascenso especialmente notable es el del dinero dedicado a alquiler de vivienda, que ha pasado de 13.228,24 a 19.217,67 millones, un 45,27% más, alcanzando el récord de la serie histórica. El gasto en electricidad y gas sube un 43,96% (hasta acercarse a los 22.000 millones) y el de agua y otros servicios relacionados con la vivienda un 32,81% (hasta superar los 15.000 millones). Los seguros de vivienda baten máximo histórico, con 3.755,18 millones, un 32,83% más que en 2008.

Sanidad y educación

Los gastos en sanidad y educación también suben por encima de la media. En el caso de la sanidad, el global asciende de 17.229,1 a 18.808,81 millones, un 9,16% más. Se trata del máximo histórico [ver aquí una información en detalle sobre el incremento del gasto familiar en sanidad]. Las familias gastan ya más de 1.000 euros al año en salud. El presupuesto supone por primera vez en la historia más de 400 euros por persona.

En cuanto a la enseñanza, ha pasado de suponer 5.584,04 millones en 2008 a 8.581,08 millones en 2018, un incremento del 53,67%. El incremento afecta especialmente a la enseñanza secundaria (+101,86%) y superior (+56,07%).

Seguros, restaurantes, móviles

Hoy las familias gastan más en seguros que antes de la crisis. Un 16,07% más, concretamente: de 16.691,33 millones en 2008 a 19.373,68 en 2018, máximo de la serie, iniciada en 2006. Son más de 1.000 euros por familia al año.

También sube levemente (2,87%) el gasto en restaurantes y hoteles: de 53.370, 5 a 54.906,11 millones entre 2008 y 2018. El peso que supone para las economías domésticas sigue siendo similar, pasando del 9,84% al 9,87%.

Fruto del vertiginoso acelerón tecnológico de los últimos diez años, hay partidas que suben espectacularmente. La telefonía móvil consumió en 2018 1.778,23 millones, su máximo histórico, un 505,7% más que en 2008.

También crece el gasto en bebidas alcohólicas, que nunca estuvo tan alto: 3.660,31 millones, casi un 18% más que en 2008.

  BAJADAS

Alimentos

Todo esto en cuanto el capítulo de las subidas. Pero, ¿qué partidas de gasto bajan desde 2018, a pesar del alza de los precios? Hay varias. Una de ellas afecta al segundo bloque de gasto más importante, el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Aunque el gasto total sube levemente desde 2008 (+0,7, lo que supone un retroceso si se descuenta la inflación) hasta situarse en 78,670,81 millones, el gasto medio por hogar cae un 7,72%.

Gastamos globalmente menos en carne (-5,61%), aunque más en pescado y marisco (+0,38%) y en frutas (+18,3%).

El tabaco cae a poco más de 6.000 millones, cuando hace diez años estaba por encima de los 7.300 (ha caído 18,32 puntos).

Transporte, ropa, vehículos

Cae también el gasto dedicado al transporte, la tercera mayor partida de gasto en las familias españolas (12,69% del total). Pasa de 74.124,25 a 70.602,79 millones, un 4,75% menos. El gasto en este apartado bajó después de 2008 a de los 4.000 euros por familia y nunca recuperó los niveles precrisis.

También a la baja va el gasto en vestidos y calzado, que pierde un 17,8% y se queda en 27.254,29 millones. Es una bajada notable. Llegó a estar en casi 2.000 euros por hogar al año y ahora está por debajo de 1.500.

La compra de vehículos pasa de 26.735,01 a 22.135,45 millones entre 2008 y 2018, perdiendo un 17,2%.

Ocio, cultura, libros, prensa, tabaco

Caen también los gastos en ocio y cultura: 30.608,24 millones en 2018, un 17,77% menos que diez años atrás. Hay caídas llamativas, elocuentes del cambio en las pautas de ocio. Por ejemplo, el gasto por hogar en cine, teatro y espectáculos ha pasado de 111,75 a 87,24 euros (-21,93%).

Muy relacionadas con los cambios tecnológicos están las caídas del gasto en libros (1.869,46 millones, un 27,56% menos que en 2008) y prensa (650,71 millones, un 66% menos que hace diez años).

La cifra de nacimientos en España es la más baja en 20 años, según han señalado a Europa Press fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) al dar a conocer los datos provisionales del Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2018, publicados este 19 de junio.

Así, el año pasado se produjeron 369.302 nacimientos en España según estos datos provisionales, frente a los 365.193 de 1998, la cifra más baja de la serie hasta la fecha. Desde ese año, la cifra ha ido aumentado progresivamente y alcanzó el máximo en 2008, con 519.779, para volver a bajar el año pasado. De este modo, se ha producido un descenso del 6,1% respecto al año anterior (23.879 nacimientos menos) y de un 40,7% respecto a la última década.

De los 369.302 nacimientos que tuvieron lugar en España, 76.184 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 20,6% del total (frente al 19,3% en 2017). La tasa bruta de natalidad se situó en 7,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes, cinco décimas menos que la registrada en 2017. Este descenso se debe, en parte, a la disminución del número de hijos por mujer, pero también a la reducción en el número de mujeres en edad de ser madres.

Además, en cuanto al indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) en 2018 se situó en 1,25, con un descenso de seis centésimas respecto al valor registrado en 2017, lo que supone el valor más bajo desde el año 2002. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo seis centésimas entre las madres españolas (hasta 1,19) y ocho centésimas entre las extranjeras (hasta 1,63).

Asimismo, la edad media de las mujeres que fueron madres se elevó a 32,2 años en 2018, frente a los 32,1 del año anterior. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos está acompañada de un retraso en la edad de maternidad. Otro indicador del retraso en la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 63,1% en 10 años.

En términos relativos, mientras que en 2008 el 4,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2018 ese porcentaje se elevó hasta el 9,7%. Por nacionalidad, las madres españolas tuvieron sus hijos a una edad media tres años superior a la de las extranjeras. En 2018 la edad media a la maternidad de las españolas aumentó hasta 32,7 años, lo que implica que por primera vez ser superan los 31 años de media a la hora de tener el primer hijo, han señalado desde el INE. En el caso de las extranjeras subió dos décimas, hasta 29,9 años.

El número de nacimientos disminuyó el año pasado en todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto en Melilla, donde aumentó un 0,6%. Mientras, Galicia (-10,3%), La Rioja (-9,2%) y Extremadura (-8,1%) registraron los mayores descensos.

Saldo vegetativo negativo record desde 1941

Por otro lado, durante 2018 fallecieron en España un total de 426.053 personas, un 0,4% más que en 2017. La tasa bruta de mortalidad fue de 9,1 defunciones por cada 1.000 habitantes, similar a la del año anterior. En cualquier caso, se trata de otra cifra récord, como han detallado fuentes del INE.

El número de defunciones aumentó en 10 comunidades. Los mayores incrementos se dieron en Canarias (5,7%), La Rioja (5,1%) y en la ciudad autónoma de Melilla (3,6%). Mientras, la esperanza de vida aumentó una décima en 2018, hasta situarse en los 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,5 años y en las mujeres se situó en 85,9 años. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2018 esperaría vivir, de media, 19,2 años más si es hombre y 23,1 más si es mujer. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil se redujo hasta 2,59 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2018. La esperanza de vida al nacimiento alcanzó los valores más altos en Comunidad de Madrid (84,8 años), Comunidad Foral de Navarra (84,2) y Castilla y León (83,9). Por el contrario, los valores más bajos se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (80,5 años) y Ceuta (80,8) y en Andalucía (81,9).

Como resultado del aumento en el número de defunciones y de la disminución en el número de nacimientos, el crecimiento vegetativo de la población residente en España (es decir, la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país), fue negativo en 56.262 personas en el año 2018, una cifra récord desde 1941, cuando empezaron los registros, como ha puntualizado el INE.

El saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue positivo en 2018 en Comunidad de Madrid (10.904 personas), Región de Murcia (3.448), Illes Balears (1.946) y las ciudades autónomas de Melilla (838) y Ceuta (445). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se dieron en Galicia (-15.854 personas), Castilla y León (-14.199) y Principado de Asturias (-7.503).

Caen casi un 6% los matrimonios

Asimismo, durante 2018 se registraron 163.430 matrimonios, un 5,9% menos que en 2017. La tasa bruta de nupcialidad disminuyó dos décimas, hasta 3,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

En el 17,2% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era extranjero. Por su parte, un 2,9% del total de matrimonios registrados en 2018 correspondieron a parejas del mismo sexo (4.726 matrimonios).

En cuanto a la edad media, se mantiene la tendencia creciente en 2018: en los hombres alcanzó los 38,1 años y en las mujeres se situó en 35,3 años. Desde que en 2009 el número de matrimonios civiles superase a los eclesiásticos, el porcentaje que suponen estos últimos ha ido decreciendo y en el año 2018 hubo 37.859, el 23,2% del total. Por su parte, los matrimonios celebrados por otros ritos supusieron el 0,6% del total.

Los datos del año 2018 son provisionales y se publicarán como definitivos en diciembre de 2019, según añade el INE.

El suicidio se ha convertido en 2017 en la primera causa de muerte externa en España con más de 3.500 casos, un 3,1% más que el año anterior, y sigue con números al alza. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los fallecimientos por causas no naturales han aumentado con respecto al 2016 un 1,1%, hasta los 15.837 fallecimientos por causas externas (169 fallecidos más).

Los mismos datos reflejan que las muertes totales en nuestro país han aumentado un 3,4% en 2017, 242.523 defunciones, 13.912 más que en 2016, nuevamente las enfermedades del sistema circulatorio se mantienen como la primera causa natural de muerte (263,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes), seguida de los tumores (243,4) y de las enfermedades del sistema respiratorio (110,9).

Asimismo, según los últimos datos publicados por el INE publicados este martes, fallecieron 214.236 hombres (un 2,5% más que en 2016) y 210.287 mujeres (un 4,3% más). Del total de fallecidos, el 96,3% de las defunciones se debieron a causas naturales, 408.686 personas, un 3,5% más que en 2016.

Por detrás se situaron el ahogamiento, sumersión y sofocación (con 3.116 muertes y un aumento del 14,1%) y las caídas accidentales (con 3.057 y un incremento del 1,3%). Los siguen los accidentes de tráfico, causa por la que fallecieron 1.943 personas, lo que supuso un 2,8% más que en 2016. Entre las personas que murieron por accidente de tráfico 406 fueron peatones (de ellos, el 51,7% tenían 70 o más años). Por sexo, fallecieron por estas causas 9.923 hombres (un 1,2% más que en 2016) y 5.914 mujeres (un 0,9% más). En cuanto a las causas, en los hombres fueron el suicidio (con 2.718 fallecidos), la

s caídas accidentales (1.603) y los accidentes de tráfico (1.507). Y en las mujeres las caídas accidentales (1.454 fallecidas), el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.450) y los suicidios (961).

Dentro de las causas naturales, siendo las enfermedades circulatorias las que más fallecimientos producen, las isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho, etc) volvieron a ocupar el primer lugar en número de defunciones con un incremento del 0,8% respecto al año anterior; seguidas de las cerebrovasculares, que descendieron un 0,7%. Por sexo, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte en los hombres, causando un 0,3% más de muertes que en 2016; mientras que entre las mujeres fueron las enfermedades cerebrovasculares (con una disminución del 1,2%).

El número de nacimientos registrados en España en 2017 es el más bajo desde 1999, mientras que el de defunciones es el más alto desde 1976. De hecho, España registra más defunciones que nacimientos por tercer año consecutivo, informa Europa Press.

Además, tiene un saldo vegetativo negativo (nacimientos respecto a defunciones de la población residente, descontando a los no residentes) de 31.245 personas, algo que ocurre por segunda vez en la última década pero de forma mucho más pronunciada. La primera vez fue en 2015, aunque la diferencia fue mucho menor, de 1.976 muertes más.

En total, contando con la población residente y no residente, el número de nacimientos disminuyó en 2017 un 4,5% respecto al año 2016, mientras que el de defunciones aumentó un 3,2%, según datos provisionales del INE.

Así, durante 2017 nacieron en España 391.930 niños, con un descenso del 4,5% respecto al año anterior (18.653 nacimientos menos). Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños (lo que supuso el máximo en 30 años), el número de nacimientos se ha reducido un 24,6%.

Además, la tasa bruta de natalidad se situó en 8,4 nacimientos por cada mil habitantes, cuatro décimas menos que la registrada en 2016.

El número de mujeres entre 15 y 49 años (en edad de ser madres) se redujo hasta 10,57 millones en 2017. Se mantiene así la tendencia a la baja iniciada en 2009 y que se debe a que ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera mitad de los 90. El indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se situó en 1,31 en 2017, con un descenso de tres centésimas respecto al valor registrado en 2016.

De los 391.930 nacimientos que tuvieron lugar en España, 75.564 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 19,3% del total (18,5% en 2016).

El número medio de hijos por mujer se redujo tres centésimas entre las madres españolas, hasta 1,25, y dos centésimas entre las madres extranjeras, hasta 1,70.

Edad media maternidad: 32,6 años

En términos medios, las madres españolas tuvieron sus hijos tres años más tarde que las extranjeras. La edad media a la maternidad de las españolas volvió a retrasarse una décima, hasta situarse en 32,6 años. Por su parte, la de las extranjeras también subió una décima, hasta alcanzar los 29,7 años.

Mientras, durante 2017 fallecieron en España 423.643 personas, lo que supuso un 3,2% más que en el año anterior. La tasa bruta de mortalidad se situó en 9,1 defunciones por cada mil habitantes, frente a 8,8 del año 2016. La tasa de mortalidad infantil fue de 2,75 defunciones por cada mil nacidos vivos. Esta tasa se mantiene por debajo del umbral del 3,0 por mil desde 2013.

La esperanza de vida al nacimiento en 2017 se mantuvo en 83,1 años (mismo valor que en 2016). Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,4 años y en las mujeres se situó en 85,7 años. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2017 esperaría vivir, de media, 19,1 años más si es hombre y 23,0 más si es mujer.

2,2% matrimonios menos

Por otro lado, un total de 171.454 parejas contrajeron matrimonio en 2017, lo que supuso un 2,2% menos que en el año anterior. La tasa bruta de nupcialidad disminuyó una décima, hasta 3,6 matrimonios por cada mil habitantes.

La edad media al matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los 37,8 años para los hombres y los 35,0 años para las mujeres. En el 17,0% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era extranjero. Este porcentaje fue del 15,3% en 2016.

Por su parte, un 2,7% del total de matrimonios registrados en 2017 correspondieron a parejas del mismo sexo (4.606 matrimonios).

Definir infinito atendiendo al DLE es coincidir con lo dicho en el párrafo previo, es decir, (1. adj.) que no tiene ni puede tener fin o término, o también, (2. adj.) muy numeroso o enorme. Pero ¿tiene alguna implicación gestionar en la vida cotidiana un adjetivo como este? ¿Qué puede suponer moverse en un universo infinito?

Lo abstracto, como este y otros términos, puede confundir si tratamos de hacerlo concreto. A mí, cuando se aplica el concepto de infinito a la vida real (la habitual o cotidiana) siempre me viene a la cabeza un bien conocido teorema, en matemática, llamado del mono infinito. Es bueno recordar ahora que en esta disciplina del saber humano cuando se habla de teorema se está considerando una afirmación que es demostrable y no sujeta a interpretaciones una vez aceptado el sistema axiomático en el que se basa la afirmación. Es decir, que no tengo otra alternativa que la de exponer la demostración de lo que a continuación afirmo si lo que pretendo es que el lector me crea inequívocamente. Por fortuna, dicha demostración no supone tener otros conocimientos que los básicos de una rama de la matemática llamada la teoría de la probabilidad.

En primer lugar, dejemos las cosas claras. Infinito desde otra perspectiva que la del DLE es un concepto que se aplica al tamaño de un conjunto de objetos (matemáticos o no). Todo el mundo aprecia que el tamaño del conjunto A = {a, b, c, d} es mayor que el de X = {x, y} o el de A = {b, c, d}, sencillamente porque, empleando algún tecnicismo,  card (A) = 4, card (X) = 2 y card (A1) = 3, donde card es la abreviación de número de elementos del conjunto. Es también cierto que mucha gente en algún momento de su vida se ha enfrentado a una paradoja cuando ha pensado en los números naturales (que sirven para contar) ℕ = {1, 2, 3, 4, …} y en un subconjunto de ellos, el de los números naturales pares 2ℕ = {2, 4, 6, 8, …}. Paradoja en el sentido de que contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, con el anterior conjunto A y un subconjunto suyo como A1 resulta que los tamaños de los conjuntos ℕ y 2ℕ son el mismo, es decir, infinito. De aquí que, matemáticamente, se diga que un conjunto es infinito (tiene tamaño infinito) cuando alguno de sus subconjuntos es también de tamaño infinito.

El teorema del mono infinito afirma que un mono que pulsa al azar las teclas de un teclado durante una cantidad de tiempo infinito será capaz de teclear cualquier texto; por ejemplo, El Quijote de Miguel de Cervantes. Es evidente que en nuestra creencia de vivir en un sofisticado mundo dicha afirmación es sorprendente (o quizás no por ser precisamente dicho mundo sofisticado), incluso diría que constituye un sacrilegio cuando consideramos nuestra sagrada inteligencia. Sin embargo, como podremos ver fácilmente, no es más que una consecuencia de aplicar el concepto de infinito a una situación física como la de disponer de un mono, un teclado y pulsaciones sobre éste en un sin fin de ocasiones.

Parece que fue E. Borel (1913) uno de los primeros matemáticos en enunciar el teorema. Su demostración supone aceptar el sistema axiomático de Kolmogorov sobre el que se basa la teoría de la probabilidad. Así, recordemos que al lanzar una moneda no trucada y observar el resultado, se puede estar interesado en el suceso S = ‘salir cara’ cuya probabilidad es 0.5, P(S) = 0.5, sin más que considerar el cociente de casos favorables (1, cara) entre casos posibles (2, cara y cruz). También, se recordará fácilmente que si lanzamos, por ejemplo, tres veces la moneda no trucada, y de manera independiente (el resultado de un lanzamiento no influye en el resultado del siguiente lanzamiento), al preguntarse por la probabilidad de que se obtengan 3 caras lo que hacemos es multiplicar las probabilidades de cada suceso individual, es decir, P

(S1 ∩ S2 ∩ S3) = 0.5, en donde Sj salir cara en el j-ésimo lanzamiento, j = 1, 2, 3. Finalmente, debe recordarse que la probabilidad de un suceso V y la de su complemento Vc (esto es, que no se observe el suceso V) se relacionan fácilmente pues P(V) = 1 – P(Vc) en dicho sistema de Kolmogorov. De aquí que en el caso del lanzamiento de la moneda resulta que Sc = ‘salir cruz (o no salir cara)’ resulta que tiene probabilidad P(Sc) = 0.5 = 1 – P(S).

Supongamos ahora que nuestro teclado tiene 65 teclas. Si las teclas se pulsan al azar e independientemente, P(Ti) = 1 /65, i = 1, …, 65, siendo el suceso Ti = ‘pulsar la tecla Ti’. Supongamos además que se desea calcular la probabilidad P(E) de ‘escribir infinito’ (E); resulta que dicha probabilidad es P(E) = (1/65) al constar dicha palabra de 8 letras todas igualmente probables de ser tecleadas de forma independiente y al azar. Puede comprobarse que (1/65) ≌ 1/318 644 812 890 625, es decir, que el mono tiene 1 posibilidad entre 318 trillones aproximadamente de escribir infinito cuando teclea palabras o conjuntos de 8 letras, un número pequeñísimo pero no 0.

Es claro que podemos pensar en el suceso complementario Ec = ‘no escribir infinito (cuando se teclean conjuntos de 8 letras)’ cuya probabilidad es, como se ha visto, P(Ec) = 1- P(E) = 1-(1/65), ciertamente un número próximo a 1. En otras palabras, que el mono, cuando se dispone a teclear por primera vez, el hecho de que no escriba infinito sucederá casi el 100% de las veces.

Recordemos, no obstante, que el mono puede probar a teclear infinito un número de veces sin fininfinito. Siempre considerando que se teclea de forma independiente y al azar, la probabilidad de no teclear infinito una segunda vez es siempre,

P(Ec) = 1- P(E) = 1-(1/65),

y la de no haber tecleado infinito la primera y la segunda vez (siendo los dos ensayos independientes),

P(Ec) P(Ec) = [P(Ec)] = [1-(1/65)].

De esta forma la probabilidad de no haber tecleado infinito en n (n > 1) veces independientes entre sí, es,

[P(Ec)] = [1-(1/65)]n.

Puede comprobarse que con n = 1 000 000, la anterior probabilidad, es decir la probabilidad de que el mono no escriba infinito en 1 000 000 de ensayos es aproximadamente 0,9999, casi el 100% de las veces. Cuando n = 10 000 000 000, dicha probabilidad de no escribir infinito es 0.53 aproximadamente, y si n = 100 000 000 000, entonces la probabilidad es 0,0017 siempre aproximadamente. En otras palabras, al ir haciéndose el número de veces n cada vez mayor (n → ∞), resulta que la probabilidad de no haber escrito infinito se aproxima a 0. Claramente, entonces, la probabilidad de haberlo escrito en alguna ocasión se aproxima a 1, al 100%.

No resulta difícil considerar que en vez de una palabra concreta como infinito se pueda pensar en una palabra cualquiera de 8 letrasinfinito, de más de 8, o de menos de 8 letras, así como tampoco es complicado imaginar la demostración de que en lugar de una sola palabra tratemos un conjunto de tamaño cualesquiera de palabras.

Que sucedan este tipo de cosas en universos en donde el concepto de infinito se traduce a la vida cotidiana (real) puede ser positivo, sin duda. Por ejemplo, como cura de humildad para la especie humana es un buen principio. De otra parte, es claro que, de momento, no se ha podido observar un mono perpetuándose en el tiempo sin límite alguno y pulsando sin parar un teclado. Esto, a su vez, podría ser un indicio de que los universos infinitos mejor es dejarlos reposar en el terreno de lo abstracto, si bien con evidente sentido en el terreno de la formalización matemática en distintos fenómenos físicos, incluidos los biológicos. Por cierto, en realidad el simio de cuya existencia aún no se tiene noticia, es una metáfora para señalar un dispositivo con la capacidad de pulsar al azar e independientemente las teclas de un teclado.

La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el -0,7% de su renta disponible en el tercer trimestre del año, 2,2 puntos por debajo de la del mismo periodo de 2016 y por primera vez en la serie histórica negativa en un tercer trimestre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los hogares aumentaron su renta disponible un 1,3% interanual en el tercer trimestre, hasta 165.387 millones de euros, pero su gasto en consumo se situó por encima de esta cantidad, en 166.138 millones de euros, un 3,5% más, de forma que su ahorro fue negativo, informa Europa Press.

Éste se situó, en concreto, en -1.166 millones de euros, frente a los 2.389 millones de euros del tercer trimestre de 2016.

A ello se une que los hogares invirtieron entre julio y septiembre 11.107 millones de euros, un 11,2% más. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el sector presentó una necesidad de financiación de -12.887 millones de euros en el tercer trimestre, en contraste con los -7.988 millones de euros estimados para el mismo periodo de 2016.

El INE ha informado además de que la tasa de ahorro de los hogares en los últimos cuatro trimestres alcanzó el 6,1%, cinco décimas menos que en el trimestre anterior.

En el tercer trimestre, la economía española registró una capacidad de financiación de 8.623 millones de euros, el 3% del PIB trimestral, frente a la capacidad de financiación de 8.191 millones de euros del mismo periodo de 2016 (3% del PIB trimestral).

El suministro de agua, la recogida de basuras y el transporte fueron los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos, según el estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una encuesta efectuada por Ipsos. Por contra, suspendieron el cuidado de parques y jardines y los servicios de limpieza de las calles, según informó Europa Press.

En general, un 61% de los españoles se mostró satisfecho con los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y sólo el 22% declaró insatisfacción. También hubo un 16% que manifestó no estar preocupado por estos servicios y el 1% restante no upo o nocontestó.

Por servicios, tras el suministro de agua, elogiado por un 61%, los servicios mejor valorados fueron el transporte público, con el 59% de aceptación; la recogida de basuras y residuos, con el 57%; el cuidado de parques, jardines y espacios públicos con el 49% de aceptación y, en último lugar, los servicios de limpieza viaria, que recibieron un nivel de satisfacción de apenas el 44%. Es más, un 30% tiene la percepción de que la limpieza viaria empeoró en los últimos dos años.

Baleares, andaluces y murcianos, los más descontentos

Por comunidades, los vascos con un 83% y navarros con un 82%, fueron los ciudadanos que mejor valoraron sus servicios públicos municipales situándose muy por encima de la media española de un 61% de satisfacción. Las comunidades más descontentas con sus servicios fueron las Islas Baleares con un 43%, Murcia y Andalucía con un 53% de satisfacción.

Respecto al suministro de agua, el servicio mejor valorado por los españoles con un 61% de satisfacción, un 19% de los encuestados señalaron que mejoró en los dos últimos años frente a sólo un 6% que opinó que empeoró. Lo mejor valorado del servicio con un 81% de aceptación, es la calidad general del servicio (ausencia de cortes, presión). Le siguió la calidad de agua suministrada, con el 71%, y el alcantarillado, con un 58% de satisfacción.

En el transporte público, que obtuvo una media de satisfacción del 59%, los aspectos más valorados fueron el estado y la limpieza de los vehículos, con un 74% de satisfacción; el acceso a los barrios, con un 63% y la comodidad, con un 61%. La relación calidad-precio recibió un 34% de insatisfacción por parte de los ciudadanos españoles.

La recogida de basuras y residuos, que contó con la aprobación del 57% de encuestados, experimentó una mejora de la percepción en los dos últimos años según el 32%, frente al 18% que opinó que empeoró. Lo más valorado fue la frecuencia de la recogida, con el 78% de aceptación; le siguió el servicio de contenedores de recogida selectiva, con el 68% de aceptación general, aunque este dato varía mucho en función de las ciudades.

La conservación de espacios públicos y la limpieza viaria fueron los servicios peor valorados, con índices de satisfacción del 49% y 44% respectivamente. Se da la circunstancia de que son los servicios que acostumbran a prestar de forma directa los propios ayuntamientos.

Mala conservación de zonas verdes

En el caso de la conservación de espacios públicos (parques y jardines) los ciudadanos apreciaron la calidad de las instalaciones en un 57%; un 36% no aprobó el cuidado que se hace de las zonas verdes, un 38% se quejó de la falta de personal y un 35% de la poca frecuencia en el mantenimiento.

En cuanto a la limpieza viaria, fue el único servicio en el que las opiniones negativas (45%) superan a las positivas (44%). La presencia de excrementos de animales fue el aspecto que más molesta a los ciudadanos con un 63% de insatisfacción, seguido de la limpieza de aceras con un 48% de opiniones negativas y un 43% de la poca frecuencia con las que se realizan las labores de limpieza de vías.

El Barómetro OSUR es la primera encuesta de carácter anual centrada en medir los índices de satisfacción y la evolución de la valoración ciudadana, en su rol de contribuyentes y usuarios, de los servicios públicos municipales en nuestro país.

La muestra de alta representatividad y fiabilidad nacional, autonómica y local contempla residentes en las 30 ciudades más pobladas del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alcalá de Henares, Alicante, Badalona, Bilbao, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Elche, Gijón, Granada, L'Hospitalet, Jerez de la Frontera, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo y Vitoria) correspondientes a 13 comunidades autónomas, con 5.262 encuestados de 18 a 79 años en el mes de julio de este año.

Un total de 32 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año, según la última actualización del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a fecha 24 de julio. Esta cifra supone cinco muertas más que hace un año.

En la última década, los años con más víctimas mortales fueron 2008 (76), 2010 (73) y 2007 (71). No obstante, si se atiende a esta fecha del año, 2007 registraba hasta el 24 de julio un total de 45 víctimas mortales; 2011, 36; 2010, 42; y 2008, 35. El año 2017 por estas fechas se sitúa a niveles de 2012 y 2013, que acabaron con 52 y 54 víctimas mortales, respectivamente. El año pasado se cerró con un total de 44 víctimas mortales.

Según informa Europa Press, la última actualización se corresponde con la víctima registrada en Valencia de fecha 16 de julio, considerada hasta ahora como caso en investigación. La víctima tenía un hijo menor de edad. Además, se mantienen en investigación dos casos en Redondela (Pontevedra) y Mogán (Las Palmas).

Además, un total de 16 menores han quedado huérfanos por violencia de género. Este año han sido asesinados también un total de seis menores a causa de la violencia de género.

Del total de mujeres fallecidas, un 81,2 por ciento no había presentado denuncia contra su agresor, frente a un 18,8 por ciento que sí denunciaron. De esta últimas, un 12 por ciento tenían medidas de protección en vigor. En un 6,3 por ciento de estos casos esas medidas se quebrantaron y en todos los casos fue con consentimiento de la víctima.

Un 65,5 por ciento de las víctimas eran españolas; un 34,4 por ciento tenía entre 31 y 40 años; un 25 por ciento, entre 41 y 50; y un 18,8 por ciento, entre 21 y 30 años. En un 62,5 por ciento de los casos la víctima convivía con su agresor y en un 65,2 por ciento de los casos todavía eran pareja.

En lo que va de año, Madrid es la comunidad autónoma que registra mayor número de víctimas, con un total de siete; seguida de Andalucía, con 6; Castilla-La Mancha, con 5; Cataluña y Comunidad Valenciana, con 4 cada una; Canarias, con 2; y Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra, con una cada una.

Respecto al agresor, un 65,2 por ciento son españoles; un 31 por ciento tiene entre 31 y 40 años; un 25 por ciento, entre 41 y 50 años; y un 18 por ciento, entre 41 y 50 años. Un 25 por ciento intentó suicidarse y un 18 por ciento consumó el suicidio.

Uno de cada seis euros del gasto sanitario público dedicado a las tres grandes partidas asistenciales (hospitales, atención medicalizada y residencial y atención ambulatoria) se destina a conciertos con establecimientos sanitarios de titularidad privada. Es decir, a pagar a empresas para que se encarguen de prestar esos servicios incluidos en la cartera del sistema público de salud. En cifras absolutas son 10.647 millones de euros de un total de 57.013, el 18,7%. Así lo recoge el informe Sistema de Cuentas de Salud correspondiente al ejercicio de 2015 [consultar, aquí] hecho público recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Por tipo de servicio, el propio documento de Sanidad destaca que "más de la mitad" del gasto sanitario público dedicado a financiar la asistencia prestada en establecimientos de atención medicalizada y residencial (residencias asistidas para la tercera edad, centros de salud mental y adicciones...) corresponde a conciertos. De los 4.352 millones de dinero público invertidos en este concepto, 2.311 los gestionaron empresas privadas. En porcentaje es el 53,1%. 

La cooperación con la sanidad privada también es significativa en el ámbito de los proveedores de atención ambulatoria, entre los que se encuentran los centros de salud, los consultorios odontológicos y de otros profesionales sanitarios, los laboratorios médicos y de diagnóstico o la atención domiciliaria. Así, de los 12.655 millones de euros destinados a esta área asistencial en 2015, se dedicaron a conciertos un total de 3.695 millones de euros. El porcentaje alcanza el 29,2% del total.

Más limitada es la colaboración con la sanidad privada en el ámbito hospitalario. Según este documento, durante 2015 el conjunto de las administraciones públicas (principalmente las comunidades autónomas, que tienen la competencia en materia de sanidad) dedicaron 4.641 del total de 40.006 millones de euros invertidos en este concepto a conciertos (derivaciones de consultas, operaciones...). En este caso, el porcentaje es del 11,6% del total.

Menos inversión que en 2011

Durante 2015 se invirtieron un total de 71.036 millones de euros de dinero público en el conjunto de la sanidad, incluyendo además de las tres principales partidas asistenciales citadas, el dinero invertido en farmacia, en programas de salud pública, en formación del personal sanitario o en investigación y desarrollo en el ámbito de la salud. Esta estadística del Ministerio de Sanidad –que sigue la misma metodología que la OCDE y Eurostat– refleja un aumento del gasto sanitario público respecto al año anterior, 2014, cuando se destinaron 66.799 millones de euros de dinero público a sanidad (+6,3%).

Sin embargo, no se puede obviar que la sanidad pública es uno de los servicios básicos que más afectado se ha visto por los tijeretazos de la crisis económica. Y aunque las últimas cifras oficiales sí constatan una cierta recuperación, la inversión sigue manteniéndose por debajo de la registrada antes de los grandes recortes. De hecho, en 2011 se la inversión de todas las administraciones públicas en sanidad alcanzó los 73.261 millones de euros, 2.225 más que en 2015. 

Lo que prácticamente sí se ha recuperado en el período analizado es el volumen de gasto destinado a contratar con el sector privado, que pasó de 10.698 millones de euros en 2011 a 10.647 en 2015. Es decir, apenas 51 millones de euros menos. En porcentaje supone una reducción del 0,5%, por tanto, inferior a la registrada en el conjunto de la inversión pública en sanidad. En consecuencia, los recortes en sanidad también han afectado a la colaboración con el sector privado, si bien de una manera más leve.

Crece el gasto privado

Por otro lado, el informe Sistema de Cuentas de Salud también pone de manifiesto cómo mientras el gasto sanitario público sí ha acusado un cierto desgaste en los últimos años –2.225 millones de euros menos en 2015 respecto a 2011, un descenso del 3%–, el gasto sanitario privado (lo que invierten familias o empresas) sigue creciendo. Los datos oficiales evidencian que ha pasado de 25.930 millones de euros en 2011 a 28.937 en 2015. El aumento es, por tanto, del 11,6%. En números absolutos son 3.007 millones de euros.

El total del gasto sanitario alcanzó en 2015 el 9,3% del producto interior bruto (PIB): un 6,6% financiado con recursos públicos y un 2,7% con recursos privados. En relación a 2011 la inversión del sector público creció dos décimas y la privada tres en términos de PIB. 

Además, las familias fueron quienes soportaron el mayor peso en la financiación sanitaria privada. Así, el consumo final en sanidad de los hogares (medicinas, seguros privados, dentistas...) ascendió en 2015 a 23.887 millones de euros. Es decir, hicieron frente al 82,54% del total del gasto privado. Estas cifras concuerdan con hechos como que el médico haya sido el único ramo del sector de los seguros que ha crecido durante todos los años de la crisis.

Por otro lado, el auge de la sanidad privada se refleja también en el terreno que ha ido arañando al sector público. En 2011, el gasto privado representaba el 26,1% del gasto total en sanidad y las estadísticas reflejan cómo año tras año ha ido subiendo, hasta situarse en el 28,9% en 2015. Sí es cierto que ese ejercicio se produjo un descenso de un punto respecto a 2014, cuando representó el 30%. Por el contrario, en el mismo período, el peso del gasto público descendió 2,8 puntos al pasar del 73,9% al 71,1%.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en junio en 98.317 desempleados respecto al mes anterior (-2,8%), registrando su quinto mejor registro dentro de la serie histórica, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El volumen total de parados alcanzó a finales de junio la cifra de 3.362.811 desempleados, su nivel más bajo desde enero de 2009.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de junio ha sido mayoritariamente descendente, con recortes en 21 meses y sólo un aumento, el de junio de 2008, cuando el desempleo subió en 36.849 personas.

Según precisa Europa Press, el de junio de este año ha sido el quinto mayor descenso en este mes dentro de la serie, sólo superado por los de junio de 2016 (-124.349 desempleados), de 2014 (-122.684 parados), de 2013 (-127.248 desempleados) y 2012 (-98.853 parados).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en junio en 21.668 personas. En el último año el paro experimentó un descenso de 404.243 desempleados, el mayor recorte interanual en un mes de junio de toda la serie, a un ritmo anual de descenso del 10,7%.

El paro bajó en junio en todos los sectores, salvo en la agricultura, donde subió en 7.249 personas (+4,5%). El mayor descenso del desempleo lo registraron los servicios, con 75.101 parados menos (-3,2%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-10.249 parados, -3,3%); la construcción (-10.168 desempleados, -3,09%), y la industria (-10.048 parados, -3,2%).

El desempleo disminuyó en junio en todas las comunidades autónomas, lideradas por Cataluña (-18.102 parados), Andalucía (-10.324 desempleados) y Galicia (-9.973).

Récord de contratos

El número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 2.089.520, la cifra más alta de la serie histórica en cualquier mes y un 8,8% superior a la del mismo mes de 2016.

En junio de 2017 se han registrado 166.462 contratos de carácter indefinido, el 7,97% del total, con un incremento del 12,2% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Afiliación a la Seguridad Social

La Seguridad Social ganó en junio una media de 87.692 afiliados (+0,5%), su segundo mejor dato en este mes desde 2006, sólo superado por la ganancia de cotizantes de junio del año pasado (+98.432 ocupados), según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De este modo, al finalizar el mes pasado, el total de ocupados se situó en 18.433.107 cotizantes, hasta niveles de 2008, según informa Europa Press.

En junio de este año el Régimen General ganó 77.094 afiliados, un 0,5% más que en mayo, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 9.324 nuevos cotizantes (+0,3%), el del Mar registró 1.284 altas (+1,9%) y el del Carbón perdió 10 ocupados (-0,3%).

En el último año, la Seguridad Social acumula un repunte de 672.835 afiliados, casi un 3,8% más, las mejores cifras tanto en términos absolutos como relativos registradas desde 2006.

Sin el componente estacional, la afiliación aumentó en junio en más de 53.000 personas, con lo que ya acumula 43 meses en positivo. Empleo ha resaltado que se han recuperado casi 2,3 millones de empleos de los destruidos durante la crisis, el equivalente al 68,2%.

Prestaciones por desempleo

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.355,7 millones de euros el pasado mes de mayo, un 8,4% menos que en igual mes de 2016.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 792,8 euros, lo que supone un aumento de 7,6 euros (1%) sobre el mismo mes del año 2016.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en mayo de este año los 804,6 euros, con un aumento de 2,3 euros sobre el mismo mes del año anterior.

El número de solicitudes de prestaciones ascendió el pasado mayo a 608.570, lo que representa un descenso del 4,3% respecto a igual mes de 2016.

De acuerdo con los datos del Ministerio, en el quinto mes del año pasado se tramitaron en total 579.975 altas, un 1,9% menos que en mayo de 2016. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 1,2 días, cifra inferior a la del mismo mes del año anterior (1,4 días).

Cobertura a parados

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de mayo ascendieron a 1.759.517, un 9,1% menos que en el mismo mes de 2016.

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó a cierre de mayo en el 54%, cifra superior a la de mayo de 2016 (52,9%), pero inferior a la de marzo de este año (54,9%).

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en mayo pasado a 160.779, cifra que representa un descenso del 9% respecto al mismo mes de 2016.

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios de países extracomunitarios (-10,5%) que entre los procedentes de la UE (-6,8%). Los beneficiarios extranjeros suponen el 30,7% del total de demandantes de empleo no nacionales.

El gasto del antiguo Inem en las prestaciones percibidas por los extranjeros alcanzó en mayo los 108,2 millones de euros, un 5,9% menos. En relación con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 8%.

El sueldo anual más habitual rondó los 16.500 euros en 2015, la misma cifra que un año antes, según la Encuesta Anual de Estructural Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a ese año.

Por su parte, el salario bruto medio anual por trabajador subió un 1,1% en 2015, hasta situarse en 23.106,30 euros. No obstante, el INE precisa que el salario más frecuente fue de 16.500 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. Esta diferencia se ha incrementado ligeramente con respecto al año 2014, cuando el salario más frecuente rondaba los 16.490,49 euros, según ha destacado Europa Press.

El organismo estadístico explica esta diferencia entre el salario medio y el más habitual en que hay pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyen notablemente en el salario medio. El INE hace, pues, una división entre los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior para obtener el salario mediano, que en 2015 se situó en 19.466,49 euros.

Los trabajadores con contrato determinado ganaron una media de 16.422,5 euros anuales en 2015, un 4,7% más que en 2014, frente a los 24.561,81 euros de los contratos indefinidos (-0,7%). En comparación con los datos de 2014, la brecha salarial entre temporales e indefinidos se situó en el 33,1%.

Las mujeres cobran un 22,8% menos

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres han aumentado ligeramente respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.992,76 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,1% de esta cuantía, con 20.051,58 euros, un 22,8% menos que la de los hombres. En 2014, la brecha entre ambos sexos era del 76%.

El INE ha destacado que esta diferencia salarial se matiza si se consideran situaciones similares (tipo de contrato, jornada, ocupación). También ha dejado claro que la desigualdad también queda patente si se analiza la proporción de trabajadores con ganancia baja (asalariados cuya ganancia hora está por debajo de los dos tercios de la ganancia mediana), que fue del 16,7% en 2015. Entre estos trabajadores, el 65,5% eran mujeres.

En 2015 el número de mujeres que tuvo unos ingresos salariales menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue del 18,2%, frente al 7,4% de los hombres. En los salarios más altos, el 9,8% de los hombres presentó unos salarios cinco veces superiores al SMI, frente al 5% de las mujeres.

Además, la ganancia por hora a tiempo completo aumentó un 1,1% para hombres y un 1,8% para mujeres. A tiempo parcial, el aumento fue del 4,3% en el caso de los hombres y del 0,2% en el caso de las mujeres.

Sube el salario en tiempo parcial y completo

También es destacable la diferencia entre la ganancia media anual de los trabajadores a tiempo completo (27.039,01 euros) con la de los contratados a tiempo parcial (10.065,18 euros), aunque esta brecha se explica por la diferencia de horas trabajadas. El salario medio de los contratados a tiempo completo subió un 0,3% respecto a 2014 y el de los contratados a tiempo parcial aumentó un 2,8%.

Las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan una media de 25.045,91 euros al año, mientras que los hombres obtienen unas ganancias de 28.509,14 euros. En el caso del tiempo parcial, las mujeres ganan 9.851,64 euros, mientras que la ganancia de los hombres es de 10.538,84 euros.

Las actividades económicas con mayor remuneración anual en 2015 fueron el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (51.919,72 euros), actividades financieras y de seguros (41.547,07 euros), información y comunicaciones (33.046,23) e industrias extractivas (32.494,07 euros).

En cambio, los asalariados de hostelería (13.977,06 euros), actividades administrativas y servicios auxiliares (15.948,63 euros) y otros servicios (16.003,97 euros) obtuvieron la remuneración más baja.

Los directores y gerentes presentaron en 2015 un salario anual de 51.645,86 euros, mientras que los trabajadores no cualificados en servicios (excepto transporte) tuvieron un sueldo anual del 12.700 euros.

Los jóvenes cobran menos de 10.000€ al año

Por edades, el sueldo medio anual en 2015 para los trabajadores de 20 a 24 años alcanzó los 7.526,91 euros, frente a los 27.457,14 euros de los trabajadores de entre 55 y 59 años.

Por nacionalidad, el sueldo medio anual de los trabajadores con nacionalidad española fue el más alto en 2015, con 23.543,48 euros. Todos los grupos con nacionalidad distinta a la española presentaron un sueldo inferior al salario medio, siendo el más bajo el de América Latina (14.339,43 euros) y el del grupo designado como 'Resto del Mundo' (14.045,79 euros).

Por comunidades autónomas, País Vasco (25.571,13 euros anuales por trabajador), Madrid (26.448,04 euros) y Navarra (24.863.98 euros) registraron los salarios más elevados en 2015, mientras que Extremadura (19.564,49 euros), Canarias (19.856,61 euros) y Galicia (20.624,55 euros) registraron los salarios inferiores a la media.