La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

El exsecretario de Estado de Comercio y actual presidente de CESCE, Jaime García-Legaz, se perfila como nuevo presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en sustitución de José Manuel Vargas.

Fuentes sindicales de CESCE informaron a Europa Press de que García-Legaz ultima su marcha de la compañía aseguradora de crédito a la exportación y se prepara para asumir su nuevo cargo a partir del próximo día 15. Por su parte, fuentes oficiales de CESCE, de Fomento y de Enaire eludieron hacer comentarios a la noticia.

A propuesta de Enaire, titular del 51% del capital de Aena, el Consejo de Administración del operador aeroportuario tiene previsto nombrar consejero y seguidamente presidente a García-Legaz en la reunión programada para este viernes.

De este modo, García-Legaz tomará posesión de la presidencia de Aena una vez zanjado el conflicto laboral con los trabajadores de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat, que tuvo en vilo este verano a miles de pasajeros.

Entre los retos que debe afrontar García-Legaz en su mandato se encuentran potenciar la expansión internacional de la compañía aprovechando las oportunidades de negocio que surjan en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

Aena controla el 51% del aeropuerto de Luton (Londres), que es el quinto mayor de Reino Unido, y tiene además presencia en doce aeropuertos de México, dos en Colombia y uno en Jamaica. En el ámbito inmobiliario, también tiene la opción de activar el plan que guardaba José Manuel Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

Con este nombramiento se elimina la incertidumbre que generó la dimisión de Vargas, anunciada públicamente el pasado 26 de septiembre esgrimiendo "motivos personales", después de que el Gobierno haya rechazado en diversas ocasiones avanzar en la privatización de la empresa.

Jaime García-Legaz (Murcia, 1968) es técnico comercial y economista del Estado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta su incorporación a CESCE en noviembre de 2016, fue secretario de Estado de Comercio, presidente del ICEX, presidente de Invest in Spain y presidente de la Fundación CECO.

En su trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos en el sector público como economista del servicio de estudios del Banco de España, subdirector general de deuda pública de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda, asesor económico del presidente del Gobierno, director del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones, director general de Educación y Bienestar del Gabinete del presidente del Gobierno y director general de Estadística de la Comunidad de Madrid. Ha ejercido también como consultor del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de la OCDE.

Más de 25 millones de pasajeros en septiembre

García-Legaz debe intentar poner en valor la masiva afluencia de turistas internacionales a España a través de la red aeroportuaria, que sigue batiendo récords. Los aeropuertos de la red de Aena han registrado el pasado mes de septiembre más de 25 millones de pasajeros, un 8,2% más que en el mismo mes de 2016.

En el primer semestre de este año, Aena obtuvo un beneficio neto de 460,9 millones de euros, un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2016; el beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.054,2 millones de euros (+12,7%) y los ingresos ascendieron 1.732,5 millones de euros, un 8,4%.

El único escollo es en materia salarial. El presidente de Aena es el ejecutivo con el sueldo más bajo entre las empresas cotizadas del Ibex 35, dado su carácter semi-público.

Vargas, artífice de la salida a Bolsa de Aena, fue nombrado en enero de 2012 presidente del gestor aeroportuario a propuesta de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. El gestor de los aeropuertos españoles protagonizó una de las mayores salidas a Bolsa de Europa desde el año 2011. Tras su exitoso estreno en el mercado, la compañía regresó a beneficios en el año 2013.

Vargas siempre fue un firme defensor de la internacionalización de la compañía, primer operador aeroportuario por volumen de pasajeros, y había reclamado un mayor grado de privatización para impulsar aún más la posición estratégica de Aena, que requiere autorización del Gobierno para concurrir a licitaciones fuera de España.

El último desencuentro de Vargas con el Gobierno fue a cuenta de su intento frustrado de lanzar una contraopa sobre Abertis para crear un gigante mundial de concesiones de infraestructuras y garantizar así su españolidad. Fomento desechó la idea y dio al traste con los planes de Vargas de aprovechar esta operación para conseguir una mayoría de participación privada en el capital de Aena.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y en Derecho por la UNED, Vargas desarrolló su anterior etapa profesional antes de colocarse al frente de Aena en el grupo Vocento, al que se incorporó en el año 2000.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda por conflicto colectivo que los sindicatos UGT, CCOO y CGT habían presentado contra la empresa semipública Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) por haber subido las retribuciones a los directivos al tiempo que suspendía el aumento salarial establecido en el convenio colectivo. El Alto Tribunal confirma así otra sentencia de la Audiencia Nacional que también rechazaba las pretensiones sindicales.

Según los jueces, a la plantilla de Cesce, que pertenece en un 50,25% al Estado y el resto a Santander, BBVA, Sabadell y aseguradoras, se le debía aplicar las restricciones salariales impuestas en 2012 a los empleados públicos. De forma que no procedía concederles la subida del 1% que el convenio de seguros establecía para 2014 y 2015, pues habría supuesto un aumento de la masa salarial que los Presupuestos del Estado prohíben.

Por lo que se refiere a los altos directivos, como no superaron el límite establecido en el real decreto que topó las remuneraciones de los altos cargos estatales, 210.000 euros al año, el TS los valida.

El caso es que la sentencia reproduce las retribuciones de cada uno de sus seis altos directivos. Según la memoria de Cesce, en 2012 cobraron un total de 887.028 euros una vez les fue descontada la paga extra de Navidad que se les suprimió ese año a todos los funcionarios. Según la auditoría de cuentas realizada por PricewaterhouseCoopers, las retribuciones se reducen a 817.000 euros. Ese año el Gobierno limitó las retribuciones de los altos funcionarios de las empresas públicas: 105.000 euros como máximo de retribución básica y otra cantidad igual, hasta el tope total de 210.000 euros para el complemento de puesto y la retribución variable. Se trataba de una medida para contener el gasto público y luchar contra el déficit.

Pues bien, ese máximo de 210.000 euros, ni un céntimo menos, es el que percibe el presidente de Cesce, que desde el pasado 23 de noviembre es Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio. Su antecesor en el cargo fue Álvaro Bustamante de la Mora. Se trata del sueldo más elevado de todo el sector público empresarial, el mismo que cobran la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Lagares, y de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), José Luis González Martínez. El sueldo de Mariano Rajoy asciende a 78.996 euros al año. Es decir, García-Legaz, Lagares y González cobran casi tres veces más que el presidente del Gobierno.

Las retribuciones del resto del equipo directivo de Cesce también son generosas. En 2012 pactaron la retribución básica máxima de 105.000 euros para cada uno de ellos, así como complementos de puesto y variables que sumaban hasta los 140.487 euros anuales del director de Servicios Jurídicos y secretario del consejo de administración, Jaime de Miguel Muñoz, y hasta los 168.026 euros de Luis Antonio Ibáñez, director de Operaciones por Cuenta Propia. El resto supera los 156.000 euros anuales. Es decir, sus sueldos igualan y en algunos casos superan los percibidos por los presidentes de RTVE –154.209 euros–, Aena –164.000 euros–, Adif –160.341 euros– o Renfe –158.806 euros–. Además, en 2012 el número de altos directivos aumentó de cinco a seis al ser promocionado a director Jaime de Miguel.

Una subida de sueldo de 21.065 euros

En su demanda, los sindicatos denunciaban que los altos directivos se habían subido los sueldos entre 2011 y 2012 en un importe total de 40.356 euros, de los que sólo 21.065 correspondían a la retribución de la directora de Operaciones por Cuenta del Estado, Beatriz Reguero Naredo. Preguntada al respecto por infoLibre, la directora de Marketing y Comunicación, Isabel Colomina, sólo ha explicado que la empresa no difunde “las razones que avalan las decisiones internas sobre la aplicación individualizada de su política retributiva”. “En este caso”, añade, “esas razones se ajustan al criterio de legalidad y responden a razones objetivas de contenido funcional del puesto de trabajo y desempeño de los empleados”.

En 2012 también fueron despedidos dos miembros del consejo de administración de Cesce, a los que se indemnizó con un total de 287.000 euros. Uno de ellos es Enrique Braquehais Conesa, el antecesor de Jaime de Miguel como director de Servicios Jurídicos y secretario del consejo. Según fuentes de la empresa, Braquehais presentó una demanda judicial contra Cesce por su destitución. La directora de comunicación no ha querido explicar cuál fue el resultado de esa acción judicial, sólo revela que la empresa ya no tiene ningún litigio abierto.

En 2013 y 2014, el montante total percibido por los seis altos directivos de Cesce fue de 941.000 y 939.000 euros, respectivamente, según los informes anuales que la propia empresa tiene colgados en su página web. En 2015, al haber recuperado parte de la paga extraordinaria deducida en 2012, el importe se elevó a 965.000 euros: el presidente cobró 5.280 euros por este concepto y el resto de sus máximos directivos, un total de 27.400 euros.

Destituidos tres directivos

La llegada de García-Legaz a Cesce no ha sido del todo pacífica. El pasado mes de junio, sólo unos días antes de las segundas elecciones y con el Gobierno en funciones, intentó añadir un nuevo cargo, secretario general, al organigrama. La maniobra fue frenada, en principio, por los accionistas privados de la empresa. En ese puesto de nueva creación García-Legaz pretendía colocar a Juan Carlos Alfonso Rubio, entonces secretario general del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Desde que Álvaro Bustamante de la Mora dimitió como presidente de Cesce el pasado mes de enero, era García-Legaz quien, en representación del Estado, encabezaba el consejo de administración.

Pero la oposición frontal de bancos y aseguradoras no duró mucho. En pleno agosto consiguió que el consejo aprobara la creación de la secretaría general y el nombramiento de Alfonso Rubio. Y, tres meses después, el propio García-Legaz aterrizaba en Cesce como presidente. El intento de privatizar la empresa ya había quedado aparcado en mayo de 2015.

García-Legaz no ha tardado en mover el organigrama. El pasado día 7 el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicaba el cese de Jaime de Miguel como secretario del consejo de administración y su sustitución por Juan Carlos Alfonso Rubio. Cinco días más tarde aparecía en el mismo boletín la revocación de poderes de Luis Antonio Ibáñez y Beatriz Reguero, los dos directores de Operaciones. También ha cesado María del Mar Sebastián Merino, que se sentaba en el consejo en representación del Ministerio de Economía. En su lugar ha entrado la abogada del Estado del mismo ministerio Luisa Camy Gavilanes. También ha sido nombrado consejero Fernando Salazar Palma, subdirector general de Fomento Financiero de la Internacionalización.

Beneficios de 30,9 millones, dividendos de 30,6

Cesce, con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, asegura el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. En 2015 obtuvo unos beneficios de 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Los sindicatos alegaban en su demanda que estos beneficios y el reparto de dividendos entre los bancos y aseguradoras accionistas excluían a Cesce de las restricciones salariales impuestas por los Presupuestos del Estado, de los que, además, destacaban, la empresa no percibe aportaciones. El Supremo rechaza el argumento. “Tenemos lo peor de la empresa pública y lo peor de la privada”, protestan fuentes sindicales. Pese a que a la plantilla se le aplica el convenio colectivo del sector asegurador, no se ha beneficiado de los aumentos salariales que éste incluye, pero sí ha sufrido los recortes retributivos impuestos a los empleados públicos. No sólo la supresión de la paga extra de Navidad, sino también la rebaja de la masa salarial: de 20,92 millones en 2013 a 20,06 millones en 2015. Las retribuciones de los altos directivos no están incluidos en esa masa salarial.

Privatización frustrada

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la privatización de Cesce en noviembre de 2012. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador se abrió con decisión: el Gobierno contrató una tasadora, Gesvalt; un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentó una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Pero la privatización se frenó en seco en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha logrado crear una secretaría general en la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) y colocar en el puesto a una persona de su confianza, Juan Carlos Alfonso Rubio, hasta ahora secretario general en el Instituto de Comercio Exterior (ÍCEX). Alfonso tomó posesión de su nuevo cargo este mismo lunes. 

Cesce es una sociedad semipública que asegura el riesgo soberano de España. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante. 

El pasado mes de junio, a tan solo cinco días de las elecciones, García-Legaz se encontró con la oposición frontal de los accionistas privados a la propuesta de crear el nuevo cargo y de que Alfonso Rubio se situara a la cabeza. Según las fuentes consultadas, García-Legaz llegó a amenazar a los accionistas privados con nombrar dos consejeros independientes restándolos de los que ahora tienen Santander y BBVA, en aplicación de la ley que autorizó privatizar Cesce, aprobada por el Congreso en abril de 2014.

García-Legaz les había propuesto crear una secretaría general “para reforzar el control jurídico de la compañía”, según explicó el Ministerio de Economía. El departamento que dirige Luis de Guindos precisó que se trata de una “figura que tienen todas las compañías aseguradoras y bancos”. Sin embargo, los accionistas privados objetaron que crear una secretaría requería antes un estudio de las condiciones económicas, según relataron fuentes presentes en la anterior reunión. Hay que recordar que el sueldo del presidente de Cesce es, junto con el del presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año. Desde la dimisión de Álvaro Bustamante de la Mora como presidente de Cesce el pasado mes de enero, es García-Legaz quien, en representación del Estado, encabeza el consejo de administración.

Este nombramiento fue criticado desde el sindicato CGT Cesce, que trasladó a infoLibre que "sirve como cabeza de puente para que, si el PP forma Gobierno, García-Legaz se asegure el puesto de presidente", según informó Antonio O'Connor, representante sindical de la organización. "La presencia de alguien afín como Alfonso Rubio facilita el camino para García-Legaz", afirmó.

Intento fallido de privatización

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la privatización de Cesce en noviembre de 2012. En un primer momento, este proceso se desarrolló con decisión: el Gobierno contrató una tasadora, Gesvalt; un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentó una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce.

Los accionistas privados de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), la sociedad semipública que asegura el riesgo soberano de España, frenaron el pasado martes el intento del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de crear un secretaría general en la empresa y de situar en ella al actual secretario general del ÍCEX, Juan Carlos Alfonso Rubio.

Desde que Álvaro Bustamante de la Mora dimitió como presidente de Cesce el pasado mes de enero, es García-Legaz quien, en representación del Estado, encabeza el consejo de administración. El pasado martes se encontró con la oposición frontal de los accionistas privados a su propuesta, realizada a sólo cinco días de las elecciones. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

El enfrentamiento fue duro, según las fuentes consultadas por infoLibre. A la cabeza de la oposición se situó el representante del Santander, Mariano Olmeda, secundado por los vocales del BBVA, Álvaro Aresti, y de España SA Compañía Nacional de Seguros, Joaquín Rizo.

García-Legaz les había propuesto crear una secretaría general “para reforzar el control jurídico de la compañía”, según explica el Ministerio de Economía. El departamento que dirige Luis de Guindos precisa que se trata de una “figura que tienen todas las compañías aseguradoras y bancos”. E intenta quitar hierro a la batalla en el consejo asegurando que “los contenciosos son relativamente habituales” en las compañías del sector.

En cualquier caso, los accionistas privados objetaron que crear una secretaría requería antes un estudio de las condiciones económicas, relatan fuentes presentes en la reunión. Hay que recordar que el sueldo del presidente de Cesce es, junto con el del presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año. El representante de la aseguradora, además, reprochó al secretario de Estado la inminencia de las elecciones del domingo para desechar la idea. Mientras se encuentran en funciones, los gobiernos no pueden nombrar ni destituir altos cargos.

Subdirector general de Regulación del Juego

Para el puesto, además, García-Legaz propuso un nombre: Juan Carlos Alfonso Rubio, que ocupa el mismo cargo, secretario general en el Instituto de Comercio Exterior (ÍCEX) y antes fue subdirector general de Regulación del Juego. Según las fuentes consultadas, García-Legaz llegó a amenazar a los accionistas privados con nombrar dos consejeros independientes restándolos de los que ahora tienen Santander y BBVA, en aplicación de la ley que autorizó privatizar Cesce, aprobada por el Congreso en abril de 2014.

La votación de la propuesta en el consejo terminó en empate, a falta del voto de calidad del presidente, cuyo puesto no se ha cubierto desde la dimisión de Bustamante de la Mora. De forma que la decisión quedó aplazada hasta el próximo consejo de administración, que se reunirá el 26 de julio; es decir, después de las elecciones.

Privatización frustrada

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la privatización de Cesce en noviembre de 2012. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador se desarrolló con decisión: el Gobierno contrató una tasadora, Gesvalt; un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentó una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce.

Un total de 889 empresas españolas se han asentado en Andorra desde julio de 2012 para aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el Principado. De hecho, el 60% de las solicitudes que el Gobierno andorrano ha recibido desde entonces proceden de España. En esa fecha el país pirenaico aprobó una ley de apertura de todos sus sectores económicos a la inversión extranjera que, además, simplificó los procedimientos para crear empresas. Poco antes ya había empezado Andorra a adecuar sus leyes tributarias a los estándares internacionales. También ha firmado acuerdos para intercambiar información fiscal con una veintena de países. Así ha conseguido salir de la lista internacional de paraísos fiscales.

Lo que no quiere decir que haya renunciado a los bajos impuestos. En Andorra el impuesto de sociedades es sólo del 10%, y para las sociedades que exploten intangibles –marcas y patentes, por ejemplo–, se dediquen al comercio internacional o sean holdings –gestión financiera de un grupo– se queda en un 2%. En España, el tipo general del impuesto de sociedades es del 28%.

Como resultado, un total de 126 millones de euros en proyectos españoles se prepararon durante los últimos tres años para huir al Principado. No todos han sido autorizados por el Gobierno andorrano y finalmente se han materializado en sociedades constituidas y debidamente formalizadas 63,4 millones, el 60%.

A tenor de las cifras, el interés español por el país pirenaico crece a buen ritmo. En 2013 se presentaron proyectos españoles por importe de casi 16 millones de euros. Un año después, la cifra se multiplicó casi por cinco, alcanzando los 75 millones de euros. De 2015, el Gobierno andorrano sólo facilita cifras de los dos primeros trimestres. En esos seis meses, el valor de las inversiones españolas que pidieron autorización asciende a 21,3 millones de euros; es decir, más que en todo 2013. La media de empresas españolas interesadas es de 70 al trimestre.

En cualquier caso, habrá que esperar aún a ver el efecto llamada que un tercer elemento –sumado a la apertura y a la baja fiscalidad– puede tener en la huida de empresas españolas al Pirineo. El pasado enero Mariano Rajoy firmó en Andorra un convenio para evitar la doble imposición. Ya ha sido aprobado por las Cortes, pero aún está pendiente de los últimos trámites diplomáticos para que entre en vigor. Puede tardar aún unos tres meses, según explica Imma Jiménez, directora general de la agencia pública de promoción económica Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI).

El Principado también ha firmado otro acuerdo con Francia, en vigor desde el pasado mes de julio; con Portugal, todavía pendiente de ratificación; Liechtenstein y Luxemburgo. Está negociando igualmente con Austria, Bélgica, Polonia, Suiza e incluso Australia. Con este tipo de convenios se pretende dar “garantía jurídica” a las inversiones, evitando que las empresas paguen impuestos dos veces. Para sus críticos, en cambio, se trata de una forma de cambiar la evasión por la “elusión fiscal” que, a diferencia de la primera, no supone delito alguno.

IRPF del 10%, IVA del 4,5%

El Gobierno andorrano ya ha organizado al menos dos actos en Madrid para atraer inversiones españolas, el último el pasado septiembre. Participaron la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Ambos invitaron a los empresarios españoles a invertir en Andorra por su nuevo marco legal, “coherente y sensato”. Los atractivos fiscales pirenaicos no se limitan al impuesto de sociedades. El IRPF, creado en 2014, tiene un tipo general del 10% e incluye deducciones y bonificaciones. También se aplica el IGI (Impuesto General Indirecto), el equivalente al IVA, que es del 4,5%. Igualmente hay un tipo superreducido del 0%, uno reducido del 1%, uno especial del 2,5% y uno incrementado del 9,5% para servicios bancarios y financieros. En España, el tipo general es del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%.

Los requisitos para establecer en Andorra una empresa de los tres tipos que permiten pagar sólo un 2% por el impuesto de sociedades son, además, mínimos. Únicamente se exige un empleado a media jornada y un local de 20 metros cuadrados. A las sociedades de gestión e inversión financiera se les requiere adicionalmente un capital social mínimo de 250.000 euros. Están exentas de impuestos sobre sus dividendos y plusvalías.

Un paro del 3%, el 21% del PIB gracias a sus bancos

Con un PIB de 2.525,5 millones de euros en 2014, Andorra goza de una renta per cápita de 35.786 euros, muy por encima de los 22.500 euros de la española. El salario medio es de 2.053 euros al mes y el salario mínimo, de 962 euros. Muy superiores, por tanto, a los españoles: 1.891 euros brutos el primero y 648,6 euros el segundo. Andorra sólo tiene en paro al 3% de sus 70.000 habitantes.

El 21% de su PIB procede del sector financiero. Pero el objetivo del Gobierno andorrano son sus cambios legales y tributarios es diversificar su economía, tocada por la crisis mundial y arrastrada por la recesión que ha dejado tiritando España, su principal socio comercial. A España exporta el 57% de sus bienes y de ella importa el 61%. Pues bien, Andorra no quiere depender exclusivamente de sus bancos, ni del turismo ni del comercio. Y busca inversiones en nuevos sectores. Para eso ha creado cinco clústers –grupos de empresas– pensados para atraer hasta el Pirineo al turismo sanitario de lujo, compañías de nuevas tecnologías –pretende convertirse en un “país laboratorio”–, nuevos proyectos educativos, e-health –nuevas tecnologías al servicio de la salud– y empresas de cosmética y belleza. El 40% de las cerca de 400 empresas que se han integrado en los clústers son extranjeras, apunta la responsable de la agencia de promoción económica andorrana.

El rey empieza gira internacional este domingo. Y lo hace acompañado por ministros –cuatro: José Manuel García-Margallo (Exteriores), Pedro Morenés (Defensa), Ana Pastor (Fomento) y José Manuel Soria (Industria)–, secretarios de Estado –dos: Jaime García-Legaz (Comercio) y Rafael Catalá (Infraestructuras)– y empresarios –con nombres aún por desvelar–. ¿El objetivo? Hacer negocios. Primera parada, Emiratos Árabes Unidos.

No será la única escala de la tournée del monarca, que en los próximos meses visitará además Kuwait, Omán, Bahrein, Arabia Saudí y Catar. Todos ellos, subraya la Casa del Rey, "países que destacan por el dinamismo de sus economías", estados con los que el Gobierno "desea reforzar la cooperación" y ejecutivos con los que se quieren estrechar lazos políticos, económicos, de seguridad, de defensa y culturales.

Pero, ¿cuál es la situación de estos países más allá de lo meramente económico? ¿Y su grado de respeto hacia los derechos humanos? Esta es la opinión de los expertos sobre la situación que se vive en los lugares que visitará el rey durante los próximos tres meses y su visión sobre las relaciones bilaterales que mantienen con España.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos es una dictadura frecuentemente denunciada por ONG internacionales en relación con abusos de derechos fundamentales, en la que se aplica la pena de muerte y donde el poder se traspasa de forma hereditaria y están prohibidos los partidos políticos. El presidente actual es el jeque Jalifa bin Zayed al Nahayan, que sucedió a su padre Zayed bin Sultan al Nahyan, fallecido en noviembre de 2004.

En su último informe, Amnistía Internacional (AI) denunció un incremento de las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. Según denuncia la ONG, se intensificaron las medidas represivas contra la disidencia pacífica y el Ejecutivo recluyó, sin cargos ni juicio alguno, a unos 90 activistas, algunos de los cuales fueron golpeados, despojados de la nacionalidad, o condenados a multas o penas de prisión.

Kuwait

Kuwait es un pequeño emirato –su población no llega a tres millones de habitantes– en el que las organizaciones internacionales también denuncian situaciones de abusos de derechos y vulneración de libertades. Durante 2013, AI denunció una campaña de represión de las libertades de expresión y renuión y una permanente discriminación contra las mujeres.

Por su parte, Human Rights Watch asegura que el Gobierno local mira hacia otro lado cuando sus ciudadanos aportan financiamiento para "grupos extremistas responsables de reiteradas atrocidades" relacionadas con el conflicto armado y la matanza indiscriminada de civiles en Siria.

"Las autoridades restringieron aún más las libertades de reunión y de expresión, entre otras medidas, procesando a algunos usuarios de las redes sociales", añade AI, que además constata que se impusieron 9 condenas a muerte, aunque no se constató ninguna ejecución. Un año antes, la Asamblea Nacional aprobó la pena de muerte a todos aquellos musulmanes que insulten a Alá, al Corán, a los profetas y a quienes mancillen el honor de Mahoma.

Omán

Año y medio de cárcel por insultar al sultán en Internet. Es la pena máxima que recibieron más de 30 activistas de derechos humanos y detractores del Gobierno en Omán durante 2013, de acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, que subraya la existencia de presos de conciencia en el pequeño sultanato, que cuenta con una población de tres millones de habitantes. 

En Omán, donde están completamente prohibidos los partidos políticos, la ONG también alerta sobre la discriminación contra mujeres y niñas, especialmente en lo relativo a su subordinación a los hombres, a su condición jurídica y a cuestiones relacionadas con el empleo. Además, aunque no hay constancia de condenas a muerte, el país votó en la ONU contra el establecmiento de una moratoria sobre la pena capital.

Bahrein

Entre los países que visitará el rey en los próximos meses, la situación de Bahrein, otro pequeño país que soporta una dictadura desde hace más de cuatro décadas, es una de las más preocupantes a ojos de las organizaciones internacionales. Durante 2013, Amnistía constató la existencia de decenas de presos recluidos por "oponerse al Gobierno", así como la encarcelación de activistas por los derechos humanos.

"Se infligieron torturas y malos tratos a detenidos", añade la organización, que también alerta sobre la pervivencia de la pena a muerte y acerca del clima de impunidad generalizado en el país para con los abusos policiales: al menos 20 personas murieron por el uso de gas lacrimógeno, y al menos cuatro más fallecieron –dos de ellas menores de edad– por disparos o impactos de los antidisturbios.

Finalmente, en el último informe anual de AI se señala que entre octubre y diciembre se prohibieron todas las concentraciones, reuniones y protestas bajo el pretexto de que eran una forma de "expresar oposición al Gobierno", lo que podría provocar disturbios, actos de violencia y destrucción. El Ministerio del Interior amenazó con procesar a todo aquel que se saltara la prohibición. 

Arabia Saudí

Amnistía Internacional señala que "al menos cinco personas fueron condenadas a recibir entre 1.000 y 2.500 latigazos" y que "al menos 79 presos fueron ejecutados, en su mayoría en público", incluso por cuestiones no violentas, como las relacionadas con drogas. "La tortura y los malos tratos seguían siendo prácticas comunes, que habitualmente quedaban impunes", agrega la organización.

Por su parte, Human Rights Watch asegura que Arabia Saudí habría proporcionado armas y financiación a grupos extremistas, "responsables de reiteradas atrocidades" relacionadas con la matanza de civiles sirios. Esa misma organización alerta de las brutales restricciones a los derechos de las mujeres en el país, que necesitan la autorización de un hombre para casarse, viajar, aceptar un trabajo o acudir a la universidad.

Catar

Durante 2013 al menos seis personas esperaban en Catar a ser ejecutadas por crímenes cometidos en 1996 y a los que fueron condenados cinco años después. Los casos de tortura, abusos policiales y restricciones de libertades también fueron frecuentes, apunta Amnistía. En la actualidad las autoridades tramitan una ley que impondrá la censura previa a todas las publicaciones del país.

Al igual que en el caso de Arabia Saudí, Human Rights Watch acusa a las autoridades de Catar de aportar medios económicos y materiales a grupos extremistas involucrados en la muerte masiva de civiles sirios. La discriminación contra las mujeres es otra de las denuncias frecuentes en Catar, pues la legislación las discrimina en materias como el divorcio. Además, varias organizaciones alertan de la ausencia de medidas contra la violencia de género.