El presidente de la nueva Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, el socialista José Enrique Serrano, se ha estrenado en el cargo invitando a incorporarse a este órgano a los partidos que han decidido quedarse al margen —Unidos Podemos, el PNV y los independentistas de ERC y el PDeCAT—, a la vez que ha hecho un llamamiento a trabajar para lograr acuerdos pero sin pagar "peajes indebidos a nadie".

Nada más ser elegido junto al resto de los miembros de la Mesa, el que fuera jefe de Gabinete de los presidentes socialistas Felipe Gonzáles y José Luis Rodríguez Zapatero, ha dirigido sus primeras palabras al resto de miembros de la comisión y ha convocado una primera reunión para empezar a organizar su tarea la próxima semana, el jueves 23 de noviembre.

Serrano ha hecho hincapié en que esta comisión, creada a instancias del PSOE, ha generado una "importante expectación social y política", lo que, a su juicio, no es "raro", porque su misión es debatir sobre cómo mejorar el Estado autonómico en un momento "en el que ha sido gravemente cuestionado por los poderes públicos de Cataluña".

Tras avisar a los comisionados de que muchos ciudadanos estarán pendientes de sus quehaceres porque esperan que sean capaces de dar respuestas a muchas de sus aspiraciones, Serrano ha marcado las líneas en las que, desde su punto de vista, se debe basar el trabajo de la nueva comisión.

Primero diagnóstico, luego propuestas

Así, ha destacado que su primera tarea será evaluar el funcionamiento y la regulación del Estado autonómico y habrá que hacerlo poniendo en valor sus "indudables éxitos", pero también identificando las "disfunciones" de las que adolece.

Una vez hecho el diagnóstico, la segunda fase de los trabajos consistirá en plantear propuestas para modernizar el sistema y, en el caso de que se llegue a acuerdos para ello, en exigir cambios "en la forma de gobernar, en los procedimientos de adopción de decisiones y en las leyes que regular el Estado autonómico, incluyendo, y con la atención excepcional que requieren, cambios en la propia Constitución.

En este punto, ha dejado claro que esos acuerdos se deben buscar sin pagar "peajes indebidos a nadie". "Tenemos la gran tarea y la gran responsabilidad de alcanzar un resultado que contribuya a proyectar hacia el futuro el éxito que encarna nuestra Constitución para la convivencia pacífica y ordenada", ha dicho.

Según su presidente, la comisión también tiene la responsabilidad de "reafirmar con los hechos" que el Congreso es un "espacio de diálogo abierto", por lo que ha mostrado su deseo de que al final todos los grupos participen en este foro.

En este contexto, ha pedido a todos que sean capaces de, pese a sus diferencias, demostrar que son capaces de "identificar los intereses generales" y de dar respuestas reales a los problemas de convivencia. "Debemos transmitir a todos los ciudadanos, especialmente a los de Cataluña, que la Constitución nos acoge a todos y nos contempla como seres libres e iguales", ha rematado.

Seis meses para hacer propuestas

La nueva Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico tendrá seis meses para hacer propuestas para la reforma del modelo territorial de España, como prólogo para una posterior reforma global de la Constitución de 1978.

La sesión constitutiva ha servido para elegir a la mesa de la nueva comisión, que estará compuesta por diputados del PP y del PSOE, ya que Ciudadanos renunció a ocupar escaños en la mesa presidencial y ni siquiera ha apoyado el reparto acordado por los dos grupos mayoritarios.

Y a los recelos de Ciudadanos, que en su día votó en contra de esta comisión y que teme que sólo sirva para frustrar la prometida reforma constitucional, se suma el boicot de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra (ERC), el PNV y el PDeCAT, que directamente se han negado a inscribir diputados por discrepancias en torno a la crisius con Cataluña.

De momento, cuatro grupos

Así las cosas, la nueva comisión se ha constituido con sólo 27 de los 37 miembros que tienen las demás: 14 del PP, con José Antonio Bermúdxez de Castro y Juan José Matarí como portavoz titular y adjunto; nueve del PSOE, encabezados por la número dos del partido, Adriana Lastra, y el exlehendakari Patxi López; tres de Ciudadanos, con Nacho Prendes como portavoz; y uno de UPN, Iñigo Alli, en representación del Grupo Mixto.

El PP y el PSOE se han repartido los cinco puestos de la Mesa de la Comisión, con mayoría para el Grupo Popular. Junto a Serrano se ha elegido como vicepresidentas a las diputadas del PP Alicia Sánchez Camacho y Susana López Ares, y como secretarios estarán el conservador Jaime de Olano y la socialista Sofía Hernanz.

El PSOE ha propuesto como temas de debate el balance del modelo autonómico, la ordenación de las competencias, el nombre de las Comunidades Autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la financiación autonómica y la autonomía local.

También quiere que los primeros comparecientes en desfilar por la mencionada comisión sean los tres "padres" vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència). Una cita que los socialistas esperan que se produzca este mismo mes o a principios de diciembre.

De entrada, los "padres" de la Constitución

El PSOE quiere que los tres "padres" de la Constitución hagan un diagnóstico del desarrollo del Estado autonómico en estos 40 años de democracia y pongan encima de la mesa posibles mejoras, habida cuenta de que la comisión territorial dará paso después a una subcomisión encargada de la reforma global de la Carta Magna para adaptarla al siglo XXI.

Esta Comisión, cuyos trabajos se prolongarán durante seis meses, es la gran apuesta de los socialistas para intentar desbloquear la crisis en Cataluña. Finalizados sus trabajos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acordado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrir una subcomisión en la Comisión Constitucional para empezar a preparar una reforma constitucional.

El pasado 13 de diciembre, la Mesa y Portavoces de la citada comisión, que de momento sólo integran el PP, el PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, fijó por unanimidad su plan de trabajo para los próximos seis meses y puso ya nombre a los comparecientes que desfilarán este enero, después de que la Mesa del Congreso les habilitase para trabajar ese mes, inhábil a efectos parlamentarios.

El órgano que preside el socialista José Enrique Serrano tiene previsto escuchar este mes los testimonios de una veintena de personas, comenzando con los principales artífices de la Carta Magna de 1978, que comparecerán en sesión matutina y vespertina.

Herrero de Miñón apuesta por reformar el Senado

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, ha apostado por mejorar el estado autonómico diseñado en la Carta Magna pero evitando el federalismo, un concepto que a su juicio es polémico e indeterminado y que sería además costoso. En su exposición ha asegurado que el título VIII de la Constitución, que regula la organización territorial, ha sido superado por la realidad de las comunidades y ha propuesto modificaciones.

Herrero ha inaugurado las comparecencias en la comisión territorial abierta en el Congreso para estudiar el funcionamiento del Estado autonómico. En su exposición, ha empezado por dejar claro que sólo se debe reformar la Constitución si se le encuentran defectos, si se tiene claro qué se debe cambiar y existe un consenso amplio para ello.

A su juicio, existe otro camino, la llamada "mutación constitucional", la aprobación de leyes pactadas por los grandes partidos con las que se interpreta la Carta Magna y se pueden aclarar asuntos imprecisos que requieren una definición. "Por acuerdo de los partidos, que se plasman en normas y prácticas, se pueden hacer importantes mutaciones constitucionales", ha dicho.

Miguel Herrero ha explicado que el título VIII de la Constitución, el que regula la organización territorial autonómica, ha sido superado por la realidad de las comunidades y necesita reformas. Eso sí, ha advertido de que los cambios deben partir de "asumir que puede y debe haber asimetría" entre comunidades, porque es "consustancial" al país, sin que eso signifique desigualdad en los servicios que reciben los ciudadanos.

Ha apostado así por perfeccionar el sistema, pero el sistema autonómico, no uno federal, una vía que ha negado y descartado: el federalismo es un concepto muy polémico, que suscita apoyos incondicionales o rechazos; es además indeterminado, porque tiene muchas variantes y no se tiene claro cuál se adaptaría a España, y a su juicio resultaría más costoso que el sistema de comunidades: todas ellas tenderían a reproducir aún más las estructuras del Estado, con el consiguiente gasto.

Pérez-Llorca critica la regulación de la Educación

El jurista José Pedro Pérez-Llorca, uno de los redactores de la Constitución Española de 1978, ha asegurado que la regulación de la enseñanza es el "gran error" y el "pecado original" de la Carta Magna, porque quedaron lagunas que se deberían completar aunque ha admitido que no se dan las condiciones.

El jurista ha repasado los defectos de diseño autonómico que a su juicio tiene el texto y cuyos efectos se han visto con el paso de los años, como esa regulación de la educación y también de las lenguas, tanto las autonómicas como el castellano.

En concreto, ha afirmado que el problema del Estado autonómico es "rehacer un proyecto común" y ha dicho que ha llegado el momento de pensar en "el autogobierno de España". Para ello, y ante la "amenaza" del independentismo, ha reclamado a los legisladores medidas de integración, como aplicar los artículos de la Constitución que la favorecen y que "nunca" se aplican. Por ejemplo, ha dicho, las diferencias entre estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios económicos o sociales.

Roca ve margen para cambios territoriales sin tocar la Constitución

Miquel Roca, el ponente de los nacionalistas catalanes en la redacción de la Constitución de 1978, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la Carta Magna ofrece "mucho margen" para acordar cambios "trascendentales" en el modelo territorial del país sin necesidad de reformarla, pero dentro de sus límites: "La Constitución tiene que respetarse en su integridad, no hay vías al margen de ella", ha remarcado.

El abogado ha comparecido en la comisión territorial del Congreso que analiza el desarrollo del Estado autonómico, en una sesión en la que también lo han hecho otros dos padres vivos de la Constitución. Los tres han coincidido en esta misma idea de que cabe avanzar en el Estado autonómico sin cambiar la letra de la Carta Magna.

El exportavoz de CiU ha dicho que es "evidente" que el modelo territorial puede ser mejorado, pero no se necesita para ello reformar la Constitución sino asuntos importantes como la financiación autonómica y la función del Senado, así como cambiar "pequeñas cosas" que pueden tener grandes efectos. El problema del modelo, ha sentenciado, no es competencial, de quién hace qué, sino que tiene otros componentes. "Podríamos operar en el terreno de los gestos, los acentos, la proximidad, de los reconocimientos y de las sensibilidades", ha dicho.

Con respecto al Senado, ha señalado que quizá fue la principal "equivocación" de la Constitución del 78, por falta de experiencia y por cierta "prisa" en terminar los trabajos, ha admitido. Ha apostado por una cámara en la que se encuentren las comunidades autónomas, discutan y tomen decisiones.

El jurista ha defendido la existencia de singularidades y que estas sean respetadas en la Constitución, porque a su juicio es algo consustancial a la democracia. Ha añadido que esto no es defender privilegios, sino precisamente perseguir la igualdad mediante el respeto a las diferencias. "Singularidad e igualdad son las dos caras de la moneda democrática", ha dicho, para insistir en la importancia de los gestos.

Roca ha dicho también que quiere creer que es posible el pacto y el acuerdo para resolver el problema catalán, aunque siempre dentro de los márgenes de la Constitución porque fuera de ella, ha recalcado, el único camino que cabe es intentar reformarla.

Casi todo lo que está pasando tiene relación directa o indirecta con el estallido catalán o encuentra justificación en las ondas desatadas por el mismo, a la espera de comprobar si el 21 de diciembre abre algún nuevo camino que sirva de “reconstituyente” a un Estado que ahora mismo está hecho unos zorros.

Con la actualización del Cupo el Gobierno cumple su compromiso con el PNV en el acuerdo de Presupuestos para 2017, al tiempo que incumple lo que prometió a principios de año a todas las demás comunidades: que antes de 2018 tendría lista la reforma de la financiación autonómica pendiente de revisión desde 2014. Una vez más, Rajoy pone por delante su interés partidista a costa de abrir un nuevo frente en la crisis territorial, y de paso coloca a su principal adversario, Pedro Sánchez, en una mayor debilidad ante sus propias filas. Niquelado (para los intereses del PP).

Lo que internamente le reprochan a Sánchez desde Andalucía, Valencia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares no es tanto el voto a favor del Cupo (con el argumento de que se trata de un compromiso obligado por la Constitución) sino que se apruebe su actualización sin exigir como condición previa lo que precisamente acordó la Ejecutiva federal del PSOE en su reunión del pasado lunes: una reforma urgente de la financiación autonómica que garantice la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a servicios públicos de calidad independientemente de dónde vivan, así como resolver los problemas de déficit excesivo acumulado por comunidades claramente infrafinanciadas (como Valencia o Andalucía, entre otras).

Es verdad que la Constitución reconoce al País Vasco y a Navarra su singularidad como territorios forales, y establece el Cupo y el Concierto (fórmulas procedentes del siglo XIX) como marco que regula sus relaciones financieras con el Estado central. Los gobiernos de esas comunidades recaudan todos los impuestos y pagan al Estado una cantidad por las competencias no transferidas o servicios que realiza el Estado. Esa cantidad debe revisarse cada cinco años, pero durante la última década no ha habido acuerdo sobre la actualización de la misma.

La mayoría de los expertos (incluidos los elegidos este mismo año por PP y PSOE como asesores para la revisión de la financiación autonómica) consideran que el País Vasco y Navarra deberían contribuir a la solidaridad interterritorial, y recuerdan que el mantenimiento de ese marco económico es excepcional en el panorama internacional. Pero nunca hasta ahora se había puesto tan en entredicho desde la política. El estallido catalán ha abierto (también) esa caja de los truenos.

La reforma constitucional pendiente

El principal argumento esgrimido hasta ahora desde el PSOE para justificar su apoyo al Gobierno en la reacción a las decisiones tomadas por los independentistas catalanes es el compromiso de Mariano Rajoy para abordar una reforma constitucional dentro de seis meses, una vez concluidos los trabajos de la citada comisión parlamentaria que analice el funcionamiento del modelo autonómico. Pero hace justo una semana, tras la constitución formal de la comisión, el portavoz del PP ya soltó la primera bofetada: “No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución…” Por si alguien pensara que José Antonio Bermúdez de Castro es un verso suelto, la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha encargado estos días de echar más agua fría a las expectativas de esa posible reforma. El tercer mimbre del 155, Albert Rivera, directamente ha proclamado que la comisión planteada por el PSOE “no tiene ningún futuro”.

De modo que este jueves, tras esa aprobación del Cupo que tanto ha encabronado a barones y baronesas socialistas, se reúne por primera vez una comisión que se sabe de dónde viene (el estallido catalán) pero no se sabe a dónde conduce. Lo mejor que le ha pasado a la propuesta de Pedro Sánchez ha venido de fuera de la política. Diez catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de distintas universidades y diferentes posiciones ideológicas han presentado esta misma semana un documento consensuado bajo el título Ideas para una reforma de la Constitución. Si Rajoy se tomara la molestia de leerlo (son sólo quince páginas) descubriría que quienes saben de esto mucho más que la plantilla de abogados del Estado capitaneada por la vicepresidenta sí que consideran necesario y urgente “afrontar la reforma de la Constitución” para poner remedio no sólo a la crisis de Cataluña sino a la “seria crisis constitucional en que estamos inmersos”.

Es muy probable que José Enrique Serrano, el diputado socialista que el propio PP deseaba en la presidencia de  la comisión, plantee que los autores del citado documento sean oídos en el Parlamento. Que sean escuchados ya es más difícil, a pesar de que sus planteamientos (inspirados en varios modelos federales) son tan pragmáticos que hasta evitan apellidar la reforma como “federal”, conscientes de la identificación que la derecha española hace de inmediato con la República. Existen otras propuestas de reforma constitucional también sólidamente argumentadas (por ejemplo la de Federalistas de Izquierda).

Todas parten, como es lógico, de un análisis de los errores y defectos del Estado autonómico, así que todas pueden y deben ser atendidas en esta comisión parlamentaria. Pero que no se engañe Sánchez ni pretenda engañar a nadie: la mayoría de quienes forman la comisión no creen en absoluto en ella. Desde el PP y Ciudadanos se dedicarán a devaluar su utilidad porque ya lo han hecho antes de nacer. Quieren pensar desde el PSOE que tras las elecciones del 21-D quizás cambien las cosas, incluso que Unidos Podemos y los grupos nacionalistas se replanteen su ausencia de la comisión que este jueves se estrena. Nada es imposible, pero a la vista del orden del día parlamentario de este jueves, es más visible el entendimiento del PNV con Rajoy que el de Sánchez con Iglesias.

P.D. Finalizada la primera reunión de la Comisión territorial, hemos sabido que el PP, Ciudadanos y UPN han rechazado que las primeras comparecencias se produzcan el 4 de diciembre, como pretendía el PSOE. De modo que, con el argumento de que no deben coincidir sus trabajos con la campaña electoral catalana, la comisión no echará a andar en realidad hasta enero.

El exdiputado socialista José Enrique Serrano se ha reunido este lunes con representantes de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados mientras tenía lugar la cita 'a cuatro' del PSOE con Podemos, IU-Unidad Popular y Compromís.

Según han informado fuentes socialistas, Serrano, que es miembro del equipo negociador del PSOE, ha mantenido una reunión con negociadores del partido de Albert Rivera, con el que los socialistas llevan días hablando sobre las posibilidades de un acuerdo de investidura y gobierno.

Pese a que estaba anunciada su presencia, el que fuera jefe de Gabinete de los expresidentes de Gobierno socialista no ha acudido a las 16.30 horas al encuentro 'a cuatro' al que han asistido el resto del equipo designado por la Ejecutiva federal para entablar negociaciones con otros partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes socialistas han explicado después que Serrano ha seguido trabajando esta tarde en los documentos y negociaciones con el resto de grupos y ha mantenido una reunión con Ciudadanos.

HAN AVISADO A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

El PSOE ha informado a Podemos, IU y Compromís de que, mientras tiene lugar esta cita, continúa este mismo lunes los contactos y negociaciones con el resto de formaciones políticas.

El líder de los socialistas anunciará su programa de investidura ante el pleno del Congreso el próximo día 2 de marzo, pero su intención de consultar cualquier acuerdo a las bases hace que sus plazos sean ya ajustados. Si finalmente hay pacto y, por tanto, votación de los militantes, la Ejecutiva debería reunirse el miércoles para convocarla.

La semana pasada, los socialistas ya apuntaron que esperaban cerrar un acuerdo con Ciudadanos antes de este martes. También ha habido avances con IU y Compromís, mientras que con Podemos no se han sentado a negociar hasta este lunes.

Quedan menos de tres meses para las elecciones generales. Apenas once semanas para la votación en la que el secretario general y candidato a la Moncloa del PSOE, Pedro Sánchez, se juega su futuro político más inmediato. Y en torno al líder de los socialistas, enfrascado ya en la precampaña, la confección del programa electoral y el diseño de la reforma constitucional que el partido presentará como su solución a los problemas de encaje territorial –léase Cataluña–, está ya bien definido su grupo más próximo, el de los hombres y mujeres de la máxima influencia.

Algunos de ellos son cargos de la quinta de Sánchez (Madrid, 1972). Otros, en cambio, tienen más trayectoria dentro del partido y han vivido parte de su vida política junto a los anteriores presidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero con independencia de su origen o trayectoria y más allá de las estructuras formales del partido, fuentes del PSOE explican a infoLibre que se trata de las personas a las que Sánchez escucha sin dudar, aquellas que cuentan con su máxima confianza y de las que se rodea en los momentos en los que hay que tomar decisiones complicadas.

Si el PSOE logra su objetivo y gana en las urnas el 20 de diciembre, o si consigue gobernar durante los próximos cuatro años, nadie en el partido duda de que varios de los integrantes de este núcleo duro se convertirán en ministros. Jordi Sevilla, Rodolfo Ares, Meritxell Batet, José Enrique Serrano, Antonio Hernando, Patxi López, María González Veracruz, Óscar López y Luz Rodríguez, seis hombres y tres mujeres, forman este grupo según las fuentes consultadas, que no hacen referencia al actual secretario de Organización, César Luena

1. Jordi Sevilla

Jordi Sevilla (Valencia, 1956) es el hombre clave en Economía, relatan fuentes del partido. Es la persona que aconseja a Sánchez –licenciado en Económicas y Empresariales– en las decisiones en esta materia y, si el próximo Ejecutivo es socialista, se convertirá en "el máximo responsable" del área económica del Gobierno, sea en calidad de vicepresidente o como ministro, según las fuentes consultadas. Si por contra el PSOE no recupera el poder, optará por regresar a la empresa privada y no quedarse durante cuatro años en la oposición.

Su experiencia es, probablemente, el mejor aval de Sevilla. Entre 1991 y 1993 fue jefe del Gabinete de Pedro Solbes –entonces ministro de Agricultura– y, cuando éste recaló en el Ministerio de Economía y Hacienda, Sevilla lo acompañó a su nuevo destino y se convirtió en el director de su Gabinete (1993-1996). Fue secretario de Política Económica del PSOE de Almunia, portavoz de Economía en el Congreso en la legislatura previa a la victoria de Zapatero y uno de los responsables de redactar el programa con el que los socialistas recuperaron el poder en 2004.

Ministro de Administraciones públicas durante el primer mandato de Zapatero, Elena Salgado lo sustituyó a mediadios de 2007. En 2008 repitió como diputado y sonó como candidato para dirigir el PSPV-PSOE o incluso como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, pero aquello no fraguó. Meses después, en tras el verano de 2009, renunció a su acta de parlamentario y emprendió el camino a la empresa privada. El 22 de junio, Sánchez, que siempre mantuvo el contacto con él, anunció que lo fichaba para coordinar el área económica del programa, en colaboración con la Ejecutiva Federal.

2. Rodolfo Ares

Otro de los pesos pesados en el grupo de influencia de Sánchez tiene también amplia experiencia. Rodolfo Ares (Ourense, 1954) siempre estuvo vinculado al socialismo vasco desde finales de los años 80. Hombre de confianza por su capacidad de planificación y estrategia, fue la persona en la que Alfredo Pérez Rubalcaba confió plenamente para conducir el proceso de paz en Euskadi, y sobre sus hombros recayó la responsabilidad de reunirse con miembros de Batasuna durante el alto el fuego de la banda terrorista ETA en 2006.

Tras su paso por la Consejería de Interior del Gobierno vasco (2009-2012) fue el encargado de coordinar la siguiente campaña del PSE. Ahora Sánchez le confía una de las dos grandes áreas del Comité Electoral del PSOE: el capítulo de Programación, donde se deciden las estrategias electorales, las grandes líneas de los mensajes que se lanzarán para pedir el voto. El grupo también tiene entre sus responsabilidades trazar la agenda y el calendario de las semanas previas a las generales del 20 de diciembre.

3. Meritxell Batet

Batet fue anunciada este miércoles como la número dos del PSOE por Madrid al Congreso de los Diputados. Nacida en Barcelona, casada con el secretario de Estado de Cultura y diputado del PP José María Lassalle, y diputada como independiente por el PSC en esta legislatura –aunque después se afilió al partido–, es una de las personas de máxima influencia en el entorno de Pedro Sánchez que comparte generación con el secretario general –a ambos los separa apenas un año de edad–.

Actualmente es secretaria de Estudios y Programas del PSOE, y en noviembre de 2014 fue nombrada coordinadora del programa electoral de los socialistas. En el partido valoran su cualificación y creen que, por su formación –es licenciada en Derecho e imparte clases de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra– puede ser una pieza importante a la hora de hacer "pedagogía" en torno a las modificaciones a la Constitución que propondrán los socialistas de cara a las generales del 20 de diciembre.

4. José Enrique Serrano

Incombustible, muy respetado en el partido, especialmente por cargos como Meritxell Batet –quien le profesa cierta admiración–, José Enrique Serrano (Madrid, 1949) es el prototipo del 'jefe de fontanería' del partido. Fue uno de los hombres clave para conectar al PSOE de la vieja guardia con la etapa de Zapatero y nuevamente para hacer lo propio en la transición entre el propio Zapatero y Rubalcaba. Diputado por Madrid en la actual legislatura Serrano es, en palabras de los dirigentes socialistas, el "hilo del PSOE histórico desde la época de Felipe González".

José Enrique Serrano, licenciado en Derecho y durante años profesor en la Complutense, fue el último director de Gabinete de Felipe González (1995-1996) y acompañó desde ese mismo cargo a Rodríguez Zapatero durante todo su mandato (2004-2011). En varios de los Gobiernos del primero de ellos fue, además, secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno, y también colaboró con Joaquín Almunia entre los años 1997 y 2000. 

5. Antonio Hernando

El actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados es otra de las personas de máxima confianza e influencia en el círculo próximo a Pedro Sánchez, con quien le une una amistad que dura ya años. Hernando (Madrid, 1967) trabajó en el sindicato UGT, donde fue asesor en materia de inmigración y responsable del programa de centros para inmigrantes y refugiados. Corría entonces la década de los 90.

No fue hasta 2000 cuando obtuvo su primer cargo en el PSOE. Primero como asesor de la Secretaría de Políticas Sociales y Migratorias –su ámbito de especialidad tras licenciarse en Derecho–, después como coordinador del programa electoral en materia de inmigración para las generales de 2004 y en política interior para los comicios de 2008. En las generales de 2011 fue vicecoordinador del programa completo. Diputado desde 2004, Sánchez le confió el cargo de portavoz del grupo tras ser elegido en primarias, en julio de 2014.

6. Patxi López

El exlehendakari Patxi López (Portugalete, Bizkaia, 1959) fue nombrado secretario de Relaciones Políticas de la Ejecutiva Federal del PSOE en 2012, cuando perdió el poder en Euskadi, y dos años más tarde se convirtió en el responsable del área de Acción Política, Ciudadanía y Libertades. En las elecciones del próximo 20 de diciembre será además cabeza de lista por Bizkaia, un puesto del que desplazó a Eduardo Madina –provocando que el que fuera máximo rival de Sánchez en las primarias tuviera que ser encajado en la lista por Madrid, tras rechazar ser número uno por Araba–.

López desarrolló la mayor parte de su carrera en Euskadi. Ingresó en las Juventudes Socialistas en 1975 y dos años más tarde ingresó en el PSE. Tras un breve paso por el Congreso de los Diputados (1987-1989) entró en el Parlamento Vasco y fue nombrado sucesivamente secretario de Organización, secretario Institucional y, finalmente, secretario general y candidato a la Lehendakaritza. En las generales de 2008 obtuvo los mejores resultados de los socialistas en Euskadi y en 2009 fue elegido lehendakari, cargo en el que se mantuvo una legislatura con el apoyo de PP y UPyD.

7. María González Veracruz

Aunque en el seno del partido González Veracruz (Murcia, 1979), Óscar López y Luz Rodríguez no tienen tanto recorrido como algunos de los cargos con los que comparten esta lista, son igualmente personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez. González Veracruz es una de las más influyentes en materia de estrategia en redes sociales y movilización en el entorno del candidato a la Moncloa del PSOE, y un valor en alza desde la llegada de Sánchez a la Secretaría General, cuando ella se convirtió en secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red de la nueva Ejecutiva Federal.

Diputada desde las pasadas elecciones generales, comenzó su trayectoria como afiliada a Juventudes Socialistas y como secretaria general de la organización juvenil del PSOE murciano en 2003. Cinco años después, ya en la Ejecutiva Federal, fue nombrada secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías y, en 2012, se convirtió en la secretaria de Participación, Redes e Innovación.

8. Óscar López

Al igual que en el caso de Hernando, Pedro Sánchez y Óscar López (Madrid, 1973) están unidos por una larga amistad. De hecho, Hernando, Sánchez y López, hoy por hoy portavoz del partido en el Senado, formaban un grupo donde el actual secretario general no ocupó los puestos más destacados entre ellos hasta su ascenso a la Secretaría General. López se afilió al PSOE en 1996 y su primer destino fue el Parlamento Europeo, donde ejerció de asesor del Grupo Socialista entre 1997 y 2000. 

Entonces regresó a España y fue nombrado coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral, bajo las órdenes de José Blanco –dirigente con quien siempre mantuvo una buena relación–. En las dos legislaturas de Zapatero ocupó un escaño como diputado por Segovia y en 2011 fue el candidato al partido a la Presidencia de Castilla y León, elecciones en las que el PP logró la mayoría absoluta. En 2012 se convirtió en el secretario de Organización del PSOE, puesto en el que le sucedió César Luena tras la llegada de Sánchez a la Secretaría General.

9. Luz Rodríguez

Número 4 en las listas a las generales de diciembre por Madrid, no hay dudas en el PSOE de que Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) será ministra si los socialistas recuperan el poder. Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ya fue consejera de Empleo de Castilla-La Mancha y secretaria de Estado de Empleo en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2011).

Fuentes del PSOE explican que es una de las personas que más tranquilidad dan al secretario general. Pedro Sánchez, añaden, confía plenamente en Rodríguez en todo lo relacionado con su especialidad, el Empleo y la Seguridad Social. Además de tener un puesto en la Ejecutiva federal del partido, forma parte del grupo de expertos que colaboran en la confección del programa electoral de cara a las decisivas elecciones de diciembre.

El PSOE cambia de voto. En 24 horas. El miércoles rechazó, con el PP, una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que prohibía a los militantes de los partidos ser magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Ahora, está dispuesto a subsanar su error. La próxima semana dejará "claro" en el pleno del Congreso que no respalda, "ni ha respaldado", que aquellos que tengan carné puedan entrar en el tribunal de garantías, e introducirá una enmienda en el Senado en ese sentido. Un gesto que no tendrá efectos prácticos, ya que previsiblemente el PP, que cuenta con mayoría absolutísima en las dos Cámaras, la tumbará. 

Ese es el plan que van a desplegar los socialistas, según confirmaron fuentes de la dirección del grupo en el Congreso a infoLibre. No se trata de "rectificar", sostienen, porque "la posición del partido siempre ha estado clara", sino de remarcar que no comparten la postura del PP y de dejarlo por escrito. 

El lío le ha venido al PSOE por lo que ocurrió el miércoles por la tarde en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que se debatió una proposición de ley que había pactado con el PP para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía o reformas de los mismos. ERC introdujo una enmienda [aquí en PDF] con la que pretendía reforzar la incompatibilidad de los miembros del TC. Actualmente, estos no pueden compaginar ese puesto con "el desempeño de funciones directivas" en los partidos o sindicatos, pero los republicanos piden ir más allá. "Los magistrados del Tribunal Constitucional no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos", redactó. Una respuesta, lógicamente, a la polémica que estalló hace justo dos años, cuando trascendió que el actual presidente del tribunal de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, había sido militante del PP y a la vez miembro del TC. Escándalo por el que el propio PSOE pidió explicaciones. 

UPyD apoya a ERC

"El caso del actual presidente del TC clama al cielo, porque es una vergüenza que un militante del PP presida el TC, lo cual ya denota lo corrupto que es este órgano en sus funciones. Creo que el hecho de que un militante del PP presida esta alta institución deja por el suelo la imparcialidad que se le debería suponer", defendió el diputado republicano Joan Tardà en la sesión del miércoles. En realidad, y según confirmaron fuentes del Alto Tribunal a este diario, Pérez de los Cobos sí mantuvo su carné después de acceder al TC –en enero de 2011–, pero se dio de baja antes de convertirse en presidente –en junio de 2013–, porque entendía que con ese cargo representaba a toda la institución. Lo que no precisan en su equipo es la fecha exacta en la que perdió su afiliación al partido del Gobierno. 

Ninguno de los portavoces de los demás grupos –PNV, Izquierda Plural, Convergència y Amaiur– se refirió explícitamente a la enmienda de ERC, salvo Rosa Díez, para anunciar su voto a favor de la propuesta de Tardà. "Ya sé que la independencia no se arregla teniendo carné o no, pero es un paso y también es un mensaje", aseguró la todavía líder de UPyD.

El PP, a través de su diputada Pilar Cortés, protestó por el tenor de las modificaciones planteadas por otros grupos, porque no se ceñían a la cuestión central de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el recurso previo. Porque ERC también planteaba, por ejemplo, cuestiones relativas a la renovación de los magistrados o a la capacidad de nominación de las comunidades autónomas. 

Un solo objeto

El socialista José Enrique Serrano –fontanero de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y hombre de confianza también de Pedro Sánchez, que lo acaba de incluir en su comisión de expertos para la reforma constitucional– lamentó que en la reunión previa de la ponencia (el lunes 6 de julio) no acudieran los portavoces de los grupos minoritarios, por lo que no pudo negociarse ninguna enmienda. 

Resultado: enmienda rechazada por PP y PSOE, apoyada por ERC, UPyD, Izquierda Plural, PNV y Amaiur y con la abstención de Convergència. 

Los socialistas se quejan del comportamiento de ERC, porque "siempre se aprovechan las reuniones de ponencia" para negociar enmiendas, de modo que si hubiera ido Tardà a la convocatoria del lunes, "se habría podido discutir". "Hay ocasiones en las que los grupos pequeños no podemos ir, simplemente porque no llegamos al coincidir varias ponencias y comisiones, pero cuando hay algo importante, sí hablamos por teléfono antes si hay interés en negociar", responde por su parte Tardà. 

Pero no esa la única razón por la que el PSOE votó con el PP. "Claro que tenemos algunas cosas en la cabeza respecto al TC que querríamos cambiar. Pero nosotros llevamos planteando este asunto del recurso previo formalmente desde hace dos años, desde la Declaración de Granada, y el PP no había dicho nada hasta ahora. Cuando nos dijeron que activaban la tramitación, podíamos entrar o no entrar. Y es verdad que la proposición de ley tiene un solo objeto, y se llama así de hecho, que es recuperar con el recurso previo. Y la mayor parte de las enmiendas que planteaban los grupos no tenían que ver con esto", cuenta un diputado socialista que conoce al detalle la negociación. 

"Mimar" al TC

Además, había otra "dificultad técnica": los socialistas suelen recordar al Gobierno, en línea con lo requerido por el TC, que las enmiendas han de ser congruentes con el contenido de las leyes, de modo que entendían que la cuestión de las incompatibilidades de los magistrados no acababa de encajar. 

Otra razón: de la lectura de la enmienda de ERC "hay quien interpreta que no se puede nombrar magistrado del TC a quien haya sido militante", cosa con la que el PSOE no está de acuerdo. Rechaza que un miembro del Alto Tribunal tenga carné, pero no ve mal que lo tenga antes de acceder a su plaza. "Afiliarse a un partido es un derecho fundamental que no estigmatiza a nadie. Hay dudas por tanto del alcance de la modificación planteada por los republicanos".

Último argumento: el PSOE era consciente, según afirman quienes han estado sumergidos en el diálogo con el Gobierno, de que el PP se podía echar atrás con la incorporación del recurso previo si Ferraz planteaba por propia iniciativa cuestiones ajenas al asunto central de la reforma. En el ánimo del PSOE está, además, su voluntad de no "introducir más bronca en torno al TC, porque hay que mimarlo, ya que está muy tocado, y es una institución clave en el Estado". Y no pretendía sacrificar el pacto sobre el recurso previo, cuando el PP había "asumido buena parte" de la redacción planteada por los de Pedro Sánchez.

UPyD apuntala esta versión. "A mí me dijeron que no querían reabrir el texto acordado con el PP –señala Díez–. Creían que iba a pasar desapercibido. Pero al pedir yo votación separada de las enmiendas de ERC se descubrió el asunto". 

Defensa de la posición en la tribuna

Los socialistas consideran que la posición del partido era diáfana desde un principio. Porque así la expresaron cuando estalló la polémica: pidieron explicaciones a Pérez de los Cobos por haber "ocultado" su militancia en el PP cuando las Cortes examinaron su idoneidad y reclamaron su comparecencia, que los conservadores vetaron. El TC justificó la afiliación de su presidente y, en su respuesta a las recusaciones presentadas por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, consideró que la obligación de "imparcialidad" que la ley impone a los magistrados no equivale a neutralidad. 

El próximo jueves, 16 de julio, el pleno del Congreso debatirá de nuevo la enmienda de ERC, porque ha decidido mantenerla viva. Serrano reiterará la posición del PSOE contraria a que los militantes de un partido puedan estar en el TC, pero no votará a favor del texto de los republicanos porque cree que hay que afinar la redacción. El Reglamento de la Cámara baja permite a transaccionar enmiendas en el mismo pleno, pero sólo pueden votarse si están de acuerdo todos los grupos. Con que uno se oponga, ya no se puede tramitar el texto alternativo. Y el PSOE tiene serias dudas de que el PP vaya a consentir la introducción de una transaccional. 

Así las cosas, esperará al Senado. Entonces, según asegura la dirección, sí presentará su propia enmienda, que los conservadores, según anticipa, rechazará y, en consecuencia, no saldrá aprobada. Pero al trasladar el debate en la Cámara alta se garantiza también que la exposición mediática sea menor. Y también la bronca en torno al TC, que quiere evitar.