La Policía Nacional ha bloqueado seis páginas web dedicadas a la difusión ilícita y comercialización de videojuegos y contenido audiovisual como series, películas y partidos de fútbol dirigidas desde Cartagena (Murcia), en una operación en la que han sido detenidas tres personas que blanqueaban en criptomonedas los beneficios de estas suscripciones ilegales.

Según informa este lunes la Dirección General de la Policía Nacional y ha recogido EFE, los arrestos se han practicado en Coria del Río (Sevilla), Móstoles (Madrid) y Cartagena (Murcia), donde residía el principal investigado que dirigía las webs y donde se han intervenido 72.000 euros, criptoactivos y multitud de equipos informáticos de alto rendimiento.

La investigación se inició en 2022 tras recibirse sendas denuncias de dos entidades del sector audiovisual y de entretenimiento, en las que se informaba de una serie de webs que podrían estar comercializando ilícitamente contenido videográfico que podría vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Las indagaciones de los agentes permitieron comprobar la existencia de seis páginas web, dirigidas dese la ciudad murciana de Cartagena, que proporcionaban suscripciones de IPTV (películas, series y fútbol), así como videojuegos a más de 16.000 usuarios que abonaban diferentes tarifas por el servicio ilícito.

La investigación informática y bancaria permitió constatar que el líder de la red, dirigida por una persona desde Cartagena, contaba con un socio en Coria del Río y una ayudante en la localidad madrileña de Móstoles, consiguiendo el entramado ingresar más de 1.100.000 euros de beneficio.

La actividad criminal contra la propiedad intelectual permitía financiar y operar una “granja” de criptomonedas, es decir, un sistema de creación de criptoactivos. Esta actividad les permitía ingresar adicionalmente 6.000 euros mensuales y, al mismo tiempo, blanquear de esta forma los beneficios obtenidos ilícitamente con las plataformas web.

Me pregunto constantemente qué papel tienen (tenemos, me perdonarán la arrogancia) los intelectuales en este mundo completamente loco en el que vivimos. Me asaltan las dudas. Por un lado, Sartre decía que no era capaz de concebir a un intelectual que no fuera de izquierdas. Por otro lado, ese paradigma parece que cae a partir de 1989 y se “descubre” todo lo que dio de “no” el régimen soviético, sus atrocidades. Desde entonces a esta parte las cosas han cambiado mucho, el paradigma “intelectual”, sí, intelectual, dominante, ya no es el mismo, y en un mundo liberal, cuando no neoliberal, de nuevo nos asaltan las dudas sobre cuál es nuestro papel. “Ninguno”, dice Max Estrella en Luces de Bohemia. “La inteligencia ha muerto”. Si Sartre levantara la cabeza ahora diría que ya no se puede ser un intelectual si no se es de derechas.

Hay, pues, varias narrativas sobre lo que es un intelectual en el mundo de hoy. No son exactamente iguales, de alguna manera y hasta cierto punto son contradictorias, pero quizá también complementarias. En una primera narrativa, un intelectual es una persona des-ideologizada, neutra políticamente, que lo único que intenta es, a través de las ideas, que la verdad prospere sobre todas las demás cosas. Esta es la narrativa racional del intelectual. Sin embargo, vemos a muchos intelectuales de este tipo que abrazan sin pudor las redes sociales y se dan a la orgía, al festín, de la provocación y del insulto en el que se han convertido las redes, y además con aparente desenfreno. ¿Tienen doble personalidad los intelectuales? Y hasta triple, podríamos decir. Son como en la Double vie de Veronique, una cosa cuando dan clases en las aulas o están sentados ante su escritorio y otra muy diferente cuando bucean en este tanatorio de la razón que son las redes. ¿Cómo es posible tal ambivalencia? Es muy duro ser siempre la misma persona, podría ser la respuesta. Además, las redes nos permiten desencorsetar el pensamiento racional. Uno puede decir lo que le salga de los cojones, o de los ovarios, en las redes, sin más. Las redes no están sometidas a las tonsuras del pensamiento racional. Y además se puede insultar, cosa que en el Cambridge Yeaarbook of European Legal Studies no puedes hacer. No puedes llamar gilipollas a un compañero en la Cambridge. En las redes sociales, sin embargo, no puedes dejar de hacerlo. Además, si lo haces te van a dar más likes, la gente asume que es lo que tienes que hacer, para eso están las redes. Flipo en colores cuando veo a colegas intelectuales (no es mi caso, a mí la gente apenas me da likes) cuando emiten una frase con sujeto verbo y predicado y además reciben miles de likes, en Twitter, actual X. A lo mejor están en la versión prime de esta red social y ello lo explica todo. Pero a lo mejor no. Ello solo hace que mis dudas aumenten sobre cuál es, en realidad, nuestro papel. ¿Introducir un poco de pensamiento racional en un mundo que parece haber perdido el norte? ¿Comprometernos políticamente de nuevo con las únicas ideas que son superiores moralmente, es decir, las de izquierdas, en un mundo en el que ya casi nadie lo es de verdad? El progresista es el clown del siglo XXI. Sus ideas son espectaculares –aunque nadie pretenda ya llevarlas a cabo, no vaya a ser que funcionen–.

La segunda narrativa es la del intelectual burocrático. No estoy hablando del intelectual del régimen, del intelectual de pago, del intelectual comprado. Mi cinismo no llega a tanto. Ese ya no es necesario que exista. Estoy hablando del intelectual que se ha convertido en un verdadero experto en rellenar casillas. En el intelectual que ha hecho de su trabajo un ejemplo de perfección técnico burocrática. El intelectual al que, si Weber levantara la cabeza, volvería a morirse al ver parte de su obra, al menos parte, completamente cumplida. Al probo funcionario de las obras de Kafka. En El Castillo, de este autor, una pléyade de burócratas se encarga de que el agrimensor, que parece ser la única figura medio racional en esta distopía, nunca llegue a su destino. Pero después del advenimiento de las redes sociales y de la incrustación de la lógica hiper-burocrática de las casillas en el mundo intelectual me asalta la duda: ¿Quiénes son los intelectuales, el agrimensor, o los burócratas que le acechan como lobos? ¿Ambos? ¿Ninguno? En una segunda y hasta en una tercera lectura, parecería como si la insistencia del agrimensor en llegar a su destino y ocupar su puesto de trabajo, aquel para el que fue contratado, fuera una empresa loca, casi quijotesca, en un mundo en el que solamente se entrevé de manera esporádica, casi como si de un relámpago se tratara, su racionalidad, su sentido: no sabemos cuál es, pero el caso es que el mundo del pueblo en el que aterriza el agrimensor tiene sus propias reglas. Sólo sabemos de su existencia, pero su contenido nunca es realmente revelado.

Si mezclamos ambas versiones del intelectual de hoy en día, lo que nos queda es una figura proteica: el peor de todos los mundos posibles, podríamos decir. Se trata del intelectual que es racional por la mañana pero que por la noche se convierte en Nosferatu, al mismo tiempo que en un burócrata comprometido con la única cosa que realmente sabe hacer bien, que es rellenar casillas. Mientras rellene casillas e insulte en las redes todo está bien, ese intelectual que ahoga al otro intelectual, que intenta poner un poco de orden en el ruido circundante, nunca conseguirá irse de madre. El caso es que nadie le ha dicho al intelectual que tiene que ser un Nosferatu burocratizado (rellena casillas como muerde cuellos y succiona sangre): ha sido él mismo el que ha tomado esa determinación. Al final, la pregunta que anima este artículo queda sin respuesta. ¿Tienen todavía algún papel los intelectuales, dónde están? Ni idea. Apuesten ustedes.

____________________

Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha convocado este jueves en Madrid a los estudiantes ganadores del concurso "Si eres original, eres de libro" para premiar los mejores trabajos de investigación con los derechos de autor de Es de libro, un programa educativo que se propone fomentar las buenas prácticas en propiedad intelectual entre alumnos y docentes de toda España. 

Esta XVIII edición ha contado con la participación de casi 200 investigaciones, entre las que el jurado ha escogido las seis mejores en función de su temática, originalidad y respeto por los derechos de propiedad intelectual. Los grupos de alumnos premiados, así como los docentes y directores de sus centros educativos, se han desplazado desde distintas comunidades autónomas —Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid— para asistir al evento en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, donde han recibido sus reconocimientos.

El director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo, ha sido el encargado de abrir el acto con unas palabras de bienvenida: "En un mundo en el que existe una evidente "infoxicación" y con una gran cantidad de fuentes informativas, saber buscar información correcta y distinguir su calidad, utilizarla, aprender de ella y difundir correcta y legalmente un nuevo producto es una de las claves del éxito de las nuevas generaciones, no solo en lo profesional, sino en lo personal". 

También estaba presente la escritora, vicedirectora de la RAE y presidenta de CEDRO, Carme Riera, que ha formado parte del jurado de Es de libro. Riera ha reconocido el esfuerzo de los alumnos: "Vuestros trabajos tratan temas de gran relevancia e interés, como la salud, el medioambiente, la eficiencia energética o cuestiones sociales. (...) Demuestran el fuerte compromiso social que tenéis". La escritora ha recordado también la importancia de respetar y proteger los derechos de propiedad intelectual, haciendo mención a la amenaza del imparable desarrollo de la inteligencia artificial.

Otra de las componentes del jurado, la doctora en Bioquímica y Biología Molecular Ángela Nieto, ha aprovechado su intervención para destacar tres aspectos de las investigaciones ganadoras de la presente edición: el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo y el reconocimiento a la creación de otros autores. 

Por último, han tomado la palabra el representante de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Lafuente, y la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez. Esta última ha trasladado a los docentes su agradecimiento por su implicación en la formación de los jóvenes, labor no lo suficientemente reconocida.

De entre los más de 1.300 participantes y las casi 200 investigaciones que se han presentado al concurso, el jurado ha seleccionado los dos mejores trabajos de cada ciclo de ESO y de Bachiller o Ciclos Formativo de Grado Medio, tanto en la categoría de humanidades como de ciencias.

Las investigaciones premiadas han sido "Estudi sociològic de l'evolució del pentinat a Esparreguera al segle XX a través de fotografíes de l'arxiu municipal" del Institut El Cairat (Esparreguera, Barcelona) en el ámbito de humanidades y "La guerra silenciosa" del Colegio La Concepción (Ontinyent, Valencia) en el área de ciencias.

En esta categoría, los trabajos galardonados han sido "Persépolis: análisis de la novela gráfica como puente de conocimiento y ejemplo de la importancia de la lectura" del Colegio Estudio (Madrid) en humanidades y "El agua que viene" del IES Francisco Rodríguez Marín (Osuna, Sevilla) en ciencias.

Finalmente, han recibido su reconocimiento las investigaciones "Sobrado, un icono de la tranquilidad, marcado por la presencia del Monasterio" del IES Plurilingüe Adormideras (A Coruña) en humanidades y "Sistema de predicción aerodinámica para automóviles basado en redes neuronales convolucionales" del IES Margarita Salas (Majadahonda, Madrid) en ciencas.

Los alumnos y profesores de los trabajos ganadores han recibido una tableta digital, así como cheques regalo para la compra de libros por valor de 60 euros, para los estudiantes, 100 euros, para los profesores, y 300 euros, para los centros escolares.

Realizar una ilustración en unos pocos minutos. Es lo que permiten los avances de algunos programas de inteligencia artificial. Muchos artistas como Estopa, Goyo Giménez o incluso el Ministerio de Infancia han hecho uso de esta tecnología para realizar sus campañas promocionales sin tener en cuenta, en un principio, las consecuencias que pueden ocasionar a los profesionales de las artes gráficas. El dúo de Cornellá publicó hace dos semanas la portada de su nuevo disco, Estopía. Una imagen que trata de imitar el afamado cuadro de El Bosco, El Jardín de las Delicias, pero en este caso no fue pintado por ningún artista. Muchos ilustradores rápidamente criticaron el uso de la IA en la creación de la portada y les reprocharon que “esta tecnología también puede hacer música”. Estopa publicó dos días más tarde un comunicado en defensa del uso de esta herramienta por parte de su diseñador gráfico debido a la “falta de tiempo y presupuesto”. Una portada que, a pesar de las disculpas de los hermanos Muñoz y de las críticas recibidas, no ha sido eliminada.

Todas estas prácticas, que cada vez son más habituales en el diseño gráfico, tienen como principales afectados a los artistas gráficos. Nia Soler, ilustradora y escritora valenciana, explica a infoLibre que “la IA representa un deterioro enorme de las condiciones laborales en el sector y la consecuente precarización del mismo”. Por suerte, Soler asegura que aún no es una tendencia, pero mira al futuro con temor. “Puede fomentar que las empresas e instituciones vean la inteligencia artificial como una forma para prescindir de los profesionales creativos porque resulta más económico. Eso contribuirá a aumentar el desempleo para nosotros”. Gervasio Pérez, un ilustrador vasco afincado en Madrid, critica que “las campañas institucionales generadas por IA ya están quitando encargos a los ilustradores”. Pérez subraya que “los artistas gráficos no estamos en contra de la tecnología, sino del uso ilícito que realizan las grandes empresas, lucrándose a nuestra costa”.

Esta amenaza respecto al empleo y a la continuidad del sector ha provocado que los ilustradores y otros artistas gráficos se hayan unido para exigir la regulación urgente de la inteligencia artificial. Soler, al igual que otros compañeros de España y Latinoamérica, forman parte de Arte es Ética, una alianza de la que forman parte muchos artistas hispanohablantes y sindicatos, como CGT y Solidaridad Obrera, que no son demasiado optimistas y definen la IA como “un clavo más en el ataúd de un sector que está precarizado”. 

Desde el cubismo de Picasso hasta la animación de los estudios Pixar: la inteligencia artificial puede realizar cualquier tipo de ilustración con base en el estilo que decidamos. Sin embargo, hay un factor que no se suele tener en cuenta: se apoya en la recolección de las obras de otros autores sin su permiso. Marta C. Dehesa, abogada y asesora especializada en propiedad intelectual, explica a infoLibre que las empresas que comercializan estas herramientas “se han saltado todos los sistemas de propiedad intelectual”, ya que “el autor es el poseedor de la obra y decide quién puede y cómo se debe usar”. En cambio, las IA han sido desarrolladas a través de las creaciones de una gran cantidad de autores sin su autorización, por lo que Dehesa observa que a nivel jurídico cualquier producto creado por esta tecnología es “ilícito”.

Ante esta amenaza comandada por grandes compañías, la abogada alavesa asegura que “los ilustradores podrían probar ante un juez la existencia del plagio de su estilo por parte de una IA, pero es muy difícil confirmar que las empresas hayan retirado sus obras de la base de datos incluso con una sentencia de por medio”. Esta falta de protección jurídica ante la IA en este y otros muchos ámbitos ha provocado la llegada de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Dehesa considera que “esta ley permitirá a los autores establecer una reserva de los derechos de propiedad intelectual de manera voluntaria frente a estos sistemas”, pero critica que “la ley carga excesivamente la responsabilidad sobre los creadores en vez de exigir a la empresas que sean ellas la que deban pedir las autorizaciones”. Una ley, que a pesar de su urgencia, según Dehesa, no entrará en vigor hasta 2026 y no tendrá carácter retroactivo.

La abogada alavesa asegura que “hubiera sido poco probable que esta norma defendiera la propiedad intelectual” sin la intervención de la alianza principal de ilustradores y artistas gráficos europeos en favor de la regulación de la Inteligencia Artificial, European Guild for Artificial Intelligence Regulation (EGAIR). Una organización que está presente en los 27 estados miembros de la UE y de la que forma parte la alianza Arte es Ética. 

Antes de la formación del nuevo gobierno, el Ministerio de Cultura —en ese momento presidido por Miquel Iceta— ya comenzó a trabajar con las organizaciones españolas que formaban parte de la alianza EGAIR. Fue en una reunión celebrada en septiembre del año pasado en la que destacó la ausencia de los principales sindicatos estatales, CCOO y UGT. No obstante, Félix Iglesias, secretario de Comunicación del sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de CCOO, explica en conversación con infoLibre que “se trató de un despiste del ministerio, del que después se disculparon”. 

El gabinete de Iceta trasladó su apoyo a los profesionales y el compromiso de trabajar para la regulación de la IA. Con el cambio de legislatura, los sindicatos esperan celebrar pronto nuevas reuniones con el nuevo ministro, Ernest Urtasun, que en reiteradas ocasiones se ha mostrado a favor de proteger a los artistas frente a esta herramienta. “Debemos ser las instituciones públicas quienes trabajemos, las Instituciones europeas, para que la IA no sea un mecanismo de desposesión del propio trabajo y de los derechos de los trabajadores”, manifestó el ministro a finales de enero en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Los agentes del sector reclamaron en esa primera reunión con Iceta que el Gobierno podía implementar algunas regulaciones para evitar las vulneraciones que estaban ocurriendo. Sobre todo, insistieron en la responsabilidad de las instituciones respecto a la normalización de la IA en las subvenciones, concursos y premios, según un miembro del sindicato CGT, una de las organizaciones que estuvo presente en dicho encuentro. 

Sin embargo, CGT asegura que “este compromiso no ha sido comunicado al resto de ministerios”. Esta afirmación gira en torno a la polémica generada por la campaña del departamento de Infancia relacionada con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la que utilizó imágenes generadas a través de inteligencia artificial. Unos dibujos que eliminó unas horas después tras el gran número de críticas recibidas. “Este debate merece una profunda reflexión y el sector, una disculpa”, aseguró el ministerio en su perfil de la red social X. 

Los concursos son otro de los ámbitos en los que la IA está generando una mayor controversia y las administraciones locales están siendo acusadas de no poner todos sus esfuerzos por detenerla. Los portavoces de CGT y CCOO denuncian que las administraciones “no tratan de controlar o prohibir la participación” de aquellos proyectos que se realizan con dicha tecnología. A raíz de esto, en las últimas semanas varios ilustradores —Sergio Iborra, Rubén Lucas García o Ángel Ligero, entre otros— conocidos por sus repetidas victorias en estos concursos, han sido acusados de utilizar la IA debido a la estética y similitud de sus carteles. Ángel Ligero admitió su uso tras proclamarse vencedor del cartel del Carnaval de Badajoz de 2024.

Esta situación ha llevado al Ministerio de Cultura a promover la inclusión de una cláusula en los Premios Nacionales para que no resulten ganadoras las obras creadas “íntegra y exclusivamente” por inteligencia artificial. Así queda recogido en la guía de buenas prácticas relativas al uso de la IA que el gabinete de Ernest Urtasun incluirá en sus propios procedimientos y que se centran también en otros dos ámbitos: la contratación de servicios y actividades creativas y las subvenciones.

Ante los problemas generados por esta tecnología, la disparidad de opiniones de las grandes organizaciones es otro de los problemas que afecta al sector. Iglesias remarca en varias ocasiones que CCOO considera que “la IA puede ser un problema, pero también una oportunidad”, pero “se deben poner esfuerzos en legislar para que no afecte a los trabajadores”. El otro sindicato con mayor presencia, UGT, también aboga por la legislación de la IA en distintos sectores (ilustración, diseño gráfico, periodismo, cine…). 

A pesar de sus reivindicaciones, ninguno de ellos forma parte del manifiesto europeo EGAIR e incluso a UGT se le ha acusado de utilizar esta herramienta en dos ocasiones para sus campañas de redes sociales. Esto contrasta con la postura de otros sindicatos como CGT y Solidaridad Obrera que inciden en que “el uso de la IA supone el robo y la destrucción del trabajo de los ilustradores”.

El Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos.

Tal y como ha explicado el ministro, ha recogido Europa Press, el objetivo es reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual "de manera eficaz, mejorando la estructura actual".

Para la administración, en los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado "una constante expansión" provocada por varias razones. Por una parte, Internet se ha convertido en el principal canal de comunicación pública y reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos.

Además, los nuevos desarrollos de la tecnología digital, como la inteligencia artificial o las obras digitales intangibles basadas en blockchain (NFT) están adquiriendo una importancia cada vez más significativa en las Industrias Culturales y Creativas, debido a su creciente aplicación a la creación musical, pictórica e, incluso, a la escritura.

Asimismo, contempla que a la digitalización y transformación de los usos de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor se unen nuevas formas de vulneración de estos. Por ejemplo, están aflorando nuevas estrategias de piratería aprovechando la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes sociales.

"Como consecuencia de todo ello, el Estado ha ido sumando nuevas competencias y de gran calado a las ya existentes, como un mayor ámbito de supervisión y control de las entidades de gestión y de los nuevos operadores de gestión independientes", ha explicado.

También la atribución de las funciones de autoridad nacional en el ámbito de las obras huérfanas o nuevas funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento de bloqueo directo de las web piratas.

"Por otro lado, la actividad normativa europea e internacional también se ha multiplicado y España necesita tener una mayor y mejor presencia en los foros multilaterales de decisión en materia de propiedad intelectual", ha añadido.

La propiedad intelectual constituye un pilar fundamental de las Industrias Culturales y Creativas, las cuales aportan un 3,4% del PIB, según la Cuenta Satélite de la Cultura.

Google News vuelve este miércoles 22 de junio a España, de forma que las publicaciones españolas estarán de nuevo incluidas en el buscador, tras casi ocho años de ausencia como consecuencia de la antigua Ley de Propiedad Intelectual, que contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares, quien ha destacado que el regreso del servicio coincide con el 20 aniversario mundial de Google News, y "gracias a una Ley de Derechos de Autor actualizada que permite a los medios de comunicación españoles, grandes y pequeños, tomar sus propias decisiones sobre cómo se puede descubrir y monetizar su contenido".

Google News España cerró en la madrugada del martes 16 de diciembre de 2014 y las publicaciones españolas dejaron de estar incluidas en el buscador, debido a la Ley de Propiedad Intelectual, que contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos. España se convertía así en el primer país del mundo en el que cerraba este servicio.

Sin embargo, en noviembre de 2021, Google confirmó la reapertura en España de su servicio, una decisión adoptada a raíz del nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno español, que transpone la Directiva europea sobre Derechos de Autor. La decisión de la tecnológica llegaba tras la transposición de la normativa europea de derechos de autor, que permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

En una publicación en el Blog Oficial de Google España, recogida por Europa Press, Fuencisla Clemares ha explicado ahora que, a través de un sitio web y una aplicación específica, pronto disponible en Android e iOS, Google News "ayuda a los lectores a encontrar noticias de fuentes fidedignas, desde los sitios web de noticias más grandes del mundo hasta las publicaciones pequeñas, locales y especializadas".

"Y al identificar y organizar los enlaces a las historias de una amplia gama de fuentes de noticias —una herramienta clave en la lucha contra la desinformación— estamos ayudando a los lectores a descubrir más fácilmente el panorama general de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso incluye encontrar más historias locales de sus comunidades, entender los temas de las noticias de última hora del día a nivel nacional y mundial, y ver qué historias han sido verificadas por organizaciones independientes", ha comentado.

En este sentido, Fuencisla Clemares ha señalado que hacer que sea más fácil para los lectores encontrar las noticias que buscan "no solo beneficia a los lectores, sino que también ayuda a los editores". Así, ha recalcado que Google News dirige a los lectores a los sitios web de los editores cuando hacen clic en los enlaces, "lo que ayuda a dirigir el tráfico a su contenido, donde pueden mostrar anuncios e incentivar a los lectores a suscribirse".

"La investigación mostró que el consumo de noticias en España cayó cuando tuvimos que cerrar Google News en 2014, y esto condujo a una reducción del 10% en el tráfico a los sitios web de los editores españoles, con el mayor impacto en editores más pequeños", ha argumentado la directiva de Google.

Por otro lado y aparte de reabrir Google News en España, ha anunciado que tienen intención de trabajar con los editores en busca de acuerdos, para poner en servicio en el país Google News Showcase "a la mayor brevedad".

Google News Showcase, según ha comentado, es un programa de productos bajo licencia, que "aporta una nueva experiencia y paga a los editores para que generen contenidos especialmente cuidados, destinados a los paneles de historias de Google News y Discover". Del mismo modo, ha informado de que continuará invirtiendo en productos, programas y financiación a través del programa Google News Initiative (GNI).

Con motivo del vigésimo aniversario de Google News, se han abierto oficialmente las solicitudes para Global News Equity Fund. Los periodistas independientes y las pequeñas y medianas organizaciones de noticias que producen noticias originales para las minorías y las audiencias subrepresentadas pueden solicitar hasta el 21 de julio para obtener financiación para apoyar y ampliar sus operaciones de noticias.

"Confiamos en que el regreso de Google News a España sirva para que mucha más gente encuentre las noticias que busca, de fuentes diversas y fiables de todos los tamaños, de dentro y de fuera de España, y brinde aún más apoyo para los periodistas y editores que trabajan sin descanso para contarnos la actualidad", ha concluido.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al líder de Más País, Íñigo Errejón, a indemnizar a un fotógrafo con 300 euros por usar sin permiso una fotografía que éste captó en un acto de Podemos durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014.

La Sección 28 de la Audiencia de Madrid, especializada en lo mercantil, ha revocado la sentencia dictada en enero de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil número 3, que absolvió a Errejón de haber vulnerado los derechos de propiedad intelectual exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública del fotógrafo, que le reclamó 1.815 euros --300 euros por cada una de las veces que considera que fue usada la imagen-- por daños y prejuicios.

La sentencia de la Audiencia Provincial, recogida por Europa Press, considera que Errejón sí que vulneró tal derecho al obtener sin permiso una fotografía en la que él aparecía participando en un mitin de la formación morada para utilizarla como imagen de identificación en los perfiles personal y privado de Twitter y Facebook.

No obstante, el tribunal no comparte el importe de la indemnización solicitada al constatar que el demandado sólo ha empleado en dos ocasiones la foto, en concreto, para ponerla como imagen de presentación en Facebook y Twitter. El resto de usos corresponden a "utilizaciones institucionales" por parte del partido político en su web y en diversos carteles de publicidad para eventos, señala la sentencia, por lo que no se puede atribuir a la responsabilidad de Errejón.

En cuanto a la cuantía por uso, los magistrados no creen que la cantidad de 300 euros por cada uso de la foto sea "un precio ajustado a mercado", por lo que, tras analizar las tarifas públicas, entienden que el precio debe ser de 150 euros por cada utilización.

Foto de la web del autor

La Sección 28 estima el recurso que interpuesto el fotógrafo contra la sentencia del juzgado de primera instancia al considerar que sí existen pruebas que demuestran que la fotografía que usó Errejón, siendo aún miembro de Podemos, procedía de la página web del autor, aceptando el argumento de la defensa que alegaba que se podía haber obtenido de otro sitio.

"Es difícil pensar que nadie que no sea el autor de las mismas pueda disponer de una colección tan completa de la secuencia de acciones realizada por el señor Errejón en ese momento y lugar", dicen los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia. Añaden que esta prueba permite, "por inferencia lógica", concluir que el recurrente fue quien captó esas imágenes.

La resolución --que no es firme-- subraya también que el fotógrafo no pierde los derechos patrimonial de exclusiva aunque se puedan acceder a las imágenes en algún sitio de Internet. "De manera que el que desee extraer esa imagen o servirse de ella tiene que tener presente que debe respetar los derechos de exclusiva que incumben al fotógrafo", apostilla. Por ello, los magistrados ven "inadmisible" que Errejón considerara que "como pudo acceder a la imagen fotográfica por medio de los buscadores de Internet, que no hacen otra cosa que bucear en páginas web, ya tenía derecho a hacerse con ella y usarla como le conviniera".

El sindicato Comisiones Obreras reclama una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incluya el reconocimiento de los periodistas como autores individuales, también de sus derechos morales, para acabar con la "anomalía" de la legislación española, que considera que el trabajo de los informadores pertenecen a obras colectivas, frente al resto de los países europeos.

"El no reconocimiento de los periodistas como autores en el ámbito de la propiedad intelectual es una anomalía estrictamente española", ha asegurado el abogado Ángel García Castillejo, que ha participado en la elaboración de un informe sobre las diferencias del marco jurídico español en propiedad, un documento presentado este martes en Madrid que la Agrupación de Periodistas de CCOO enviará a todos los grupos parlamentarios para promover este cambio legislativo.

García Castillejo considera que la transposición de la nueva directiva europea sobre propiedad intelectual es una "ventana de oportunidad" para homologar los derechos de los periodistas españoles al resto de Europa. Esta directiva, que pretende uniformar las legislaciones nacionales de los países de la Unión Europea, defiende además que se debe remunerar a los periodistas por estos "derechos económicos".

En la presentación de informe ha participado el danés Mogens Bilcher Bjerreagârg, presidente de la Federación Europea de Periodistas, que ha explicado como en su país, sólo en el sector audiovisual, se reparten anualmente siete millones de euros entre los periodistas por lo que han generado económicamente sus trabajos.

"Los periodistas tienen derecho a recibir una remuneración por su trabajo y el uso secundario que se le da a esas informaciones", ha añadido aludiendo a la multiplicación de los usos de los trabajos periodísticos en el mundo digital.

La vicepresidenta de la Federación Europea de Periodistas y secretaria de Institucional de CCOO, Marta Barcenilla, ha defendido que el reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas también le interesa a los medios de comunicación.

"Ser responsables de nuestros derechos de autor y recuperar nuestros derechos morales nos harían más responsables de informar con veracidad y calidad, y es una oportunidad económica para salvaguardar la supervivencia del modelo que tenemos", ha argumentado.

El sindicato ya ha mantenido reuniones con representantes del PSOE y Partido Popular en el Congreso que han recibido "bastante bien", según Barcenilla, esta propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y ahora comenzarán también a buscar el apoyo de las patronales de los medios de comunicación.

"Hay que trabajar juntos, editores y periodistas, porque podemos conseguir unos ingresos que ayuden a estabilizar al sector y recuperar los derechos morales arrebatados", ha defendido la representante de CCOO en rueda de prensa.

La asamblea general de la SGAEha aprobado por mayoría cualificada la nueva propuesta de estatutos en una sesión extraordinaria celebrada este jueves en Madrid.

En total, los nuevos estatutos han recibido el respaldo de un total de 22.070 socios, lo que supone un apoyo del 85,19 por ciento, mientras que un total de 3.323 han votado en contra (12,38%) y 514 se han abstenido, con un total de 25.907 votos. De esta forma, los socios de la SGAE dan luz verde a unos estatutos necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado mes de marzo.

Este es uno de los puntos del día de esta reunión, en la que también se someterá a votación la ratificación de los artículos 173, 190, 191 y 229 del Reglamento de la SGAE; la aprobación de la transmisión de los bienes inmuebles, propiedad de la entidad: Oviedo y Fuenlabrada; la aprobación de la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto; el examen y aprobación del Plan de viabilidad de la Fundación SGAE; y la aprobación de la cesión de activos y pasivos de los inmuebles de Sevilla y Madrid.

Tal y como han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, la aprobación de una modificación estatutaria que hiciera que los Estatutos de la entidad cumplan las previsiones legales "sin duda haría al Ministerio revisar las actuaciones que pueden ser imprescindibles para ese reencauzamiento de la situación".

No obstante, el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes precisa que, para ello, tras ser aprobada por la Asamblea, la modificación estatuaria ha de ser "analizada y aprobada" por el Ministerio. En concreto, la SGAE dispone de un mes para presentarlos ante el Ministerio, y este tiene tres meses para confirmar que se ajusta.

"Toda aquella modificación que se considere que no es acorde con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual será denegada por el Ministerio y ello deberá de ser corregido por la SGAE mediante un nuevo procedimiento de modificación estatutaria.Hoy por hoy sólo puede decirse que no se ha producido ningún hecho que haga abandonar la decisión de intervenir la entidad", advierten desde Cultura.

Tercera votación desde la nueva LPI

Esta no ha sido la primera vez que los socios de la SGAE someten a votación nuevos estatutos. En diciembre del año 2018, no se alcanzó la mayoría necesaria para adaptarlos a la normativa europea, tal y como reclamaba el Ministerio de Cultura y Deporte encabezado por José Guirao. Ya con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada, en junio de 2019 volvió a someterse a una votación que siguió sin conseguir la mayoría necesaria.

La asamblea celebrada este jueves estaba prevista para el pasado mes de octubre, pero finalmente fue atrasada tras un requerimiento de Cultura relacionado con la salida de autores de la entidad.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", informa Europa Press.

Según informa el organismo, se ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Además, añade que también se ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales.

De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos conductas ilícitas: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.

También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio porque están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.

A ello, hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

Por su parte, la editorial Santillana, sancionada con más de nueve millones de euros, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la millonaria sanción de la CNMC que la editorial "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales". En un comunicado, expone que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales".

La asociación ANELE también ha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".

Sanción de 2,95 millones de euros a la SGAE por abuso de dominio

Asimismo, Competencia ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales, según ha informado este viernes en un comunicado. Por un lado, la CNMC sanciona a la SGAE por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios" para decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos.

Asimismo, Competencia multa a la entidad de derechos de autor por su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical, en el sector del hospedaje y en el de restauración. Según señala la CNMC, al no existir dicho desglose, el usuario no podía conocer los costes reales ni comparar con otras ofertas de competidores de la SGAE.

Esta investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. Por todo ello, la CNMC insta a la SGAE a abstenerse de realizar conductas semejantes e impone una sanción de 2,9 millones de euros, tal y como establece la resolución contra la que no cabe recurso por la vía administrativa, pero sí recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

La UE revisará este mismo mes la lista de paraísos fiscales que creó en 2017. Tras pasar por cinco revisiones en su corto año de vida, la lista puede dejar fuera a nueve de los paraísos fiscales más agresivos del planeta, además de al paraíso más antiguo del mundo, Suiza, y a otros dos países que ni siquiera aparecieron en su primera redacción, Estados Unidos y Singapur. Es la advertencia que lanza Oxfam Intermón. La ONG ha hecho su propia revisión de la lista utilizando los mismos criterios con los que Bruselas la elaboró.

En realidad, son dos listas, una negra, integrada por los países que no cumplen los criterios de transparencia, fiscalidad justa y adopción de las medidas de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles –conocidas como BESP–, y otra gris, que incluye a los territorios que se comprometen a hacer reformas para adaptarse a los requisitos anteriores. Tras las sucesivas revisiones acometidas durante el año pasado, en la lista negra sólo quedaron cinco pequeños países: Samoa, Samoa Americana, Guam, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes Estadounidenses. Oxfam concluye tras su análisis que ese registro deberían integrarlo 18 países más, entre ellos Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Omán. En la gris tendrían que estar países europeos como Albania, Serbia, Montenegro y Bosnia, además de Australia, Canadá, Sudáfrica y la citada Suiza. Los nueve que Oxfam avanza que se escaparán son Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Isla de MannIslas Vírgenes Británicas y Panamá.

La ONG critica los estándares y el funcionamiento de la lista de la Unión Europea, subrayando que tanto su legitimidad como su eficacia y credibilidad se encuentran en entredicho. “Pretendía ser un instrumento potente para poner fin a la evasión y la elusión fiscal fuera de la UE”, explica en el informe Vía libre. Cómo la UE está a punto de dar carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo, “pero se ha convertido en un complejo proceso de evaluación centrado en la cooperación fiscal entre países”. Oxfam teme que la lista de la UE repita el fracaso de la que en 2000 elaboró la OCDE, que empezó con 35 paraísos fiscales y terminó con sólo cinco. “Tras la revisión de marzo, la lista negra de la UE será inconsistente, la lista gris será tibia y, debido a los endebles compromisos que exige y a sus criterios desajustados, muy probablemente se dará carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo”, resume.

Además, el índice excluye a los países comunitarios, porque se asume de partida que cumplen los criterios. Sin embargo, Oxfam lo niega. De hecho, la ONG recuerda que incluso el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Mostovici, tachó en enero de 2018 de “agujeros negros fiscales” a “algunos países europeos”, que no dudó en citar. “Obviamente, en muchos países de la UE se produce una optimización fiscal agresiva… ustedes saben que los flujos fiscales se mueven hacia países como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre”.

El 80% de los beneficios europeos en paraísos fiscales comunitarios

De los 600.000 millones de dólares de beneficios que las empresas desviaron en 2015 a paraísos fiscales, el 30% acabaron en países europeos con normas tributarias laxas y opacas. Según el análisis de Oxfam, cinco socios comunitarios incumplen el criterio sobre fiscalidad justa de la UE –aplican, por tanto, prácticas fiscales nocivas, facilitan la creación de estructuras offshore y firman acuerdos para atraer beneficios que no corresponden a su actividad económica real–. Son Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Chipre LuxemburgoIrlanday Malta.

Pero la ONG ha identificado hasta 18 países europeos con prácticas potencialmente nocivas, entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido o Bélgica. También ha evaluado una serie de indicadores que revelan si los beneficios que atrae cada Estado se corresponden o no con la actividad económica real de ese territorio. Por ejemplo, el peso que tienen en la economía de un país los ingresos pasivos, como cánones o royalties y los intereses por préstamos entre filiales de un mismo grupo multinacional. También el volumen de inversión extranjera directa entrante, que se relaciona con la existencia de estructuras extraterritoriales.

Y resulta que Irlanda paga en royalties un 23% de su PIB y Luxemburgo un 8,4%. Oxfam considera que si se paga o recibe más de un 2,5% del PIB por este concepto, existe un “claro traslado artificial de beneficios”. Lo mismo ocurre con los intereses intra-grupo: Luxemburgo paga un 114% y recibe otro 86% de su PIB. En dividendos intra-grupo, Malta paga una cantidad equivalente al 76% de su PIB –Oxfam pone el umbral en el 5% del PIB–. En inversión extranjera directa, si se supera el 250% del PIB, el país puede considerarse un paraíso fiscal. Pues bien, Luxemburgo registra un volumen entrante que equivale al 8.275% de su PIB y un volumen saliente del 9.518%; Malta, del 1.639% y 669%, respectivamente; Chipre, del 1.018% y el 974%; Países Bajos, del 615% y el 748%, e Irlanda, del 436% y el 426%.

Los cálculos de Oxfam sitúan en 210.000 millones de dólares los beneficios trasladados en 2015 a Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos desde otros países europeos. El 80% de lo que ganaron las compañías con sede comunitaria ese año terminaron en paraísos fiscales dentro de la propia Unión. De forma que entre Francia, España, Italia y Alemania dejaron de recaudar ese año unos 35.100 millones de dólares. Sólo desde España se desviaron a paraísos fiscales 14.000 millones de dólares en 2015, lo que se tradujo en una pérdida de recaudación para las arcas públicas de 3.500 millones. Según destaca Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, pese a que en los últimos años las empresas del ÍBEX 35 han reducido el número de sus filiales en paraísos fiscales, siguen siendo un volumen importante, unas 900, repartidas entre Delaware (Estados Unidos), Luxemburgo, Holanda e Irlanda.

Y no sólo Bruselas no está a la altura, censura el informe, sino que tampoco lo están los Estados miembros. Los gobiernos nacionales –Irlanda, Países Bajos– no aplican con la firmeza deseable las normas comunitarias sobre las empresas controladas por capital extranjero, mientras se estanca la presentación de los denominados informes país por país –donde las empresas detallan cuánto y dónde tributan–, que ha bloqueado Alemania.

Software, marcas y patentes, el nuevo oro fiscal

Es más, los países de la UE incluso están adoptando nuevas prácticas fiscales que Oxfam considera cuestionables. “No sólo se ha intensificado la competencia fiscal entre ellos, sino que su naturaleza ha cambiado”, subraya el informe. Para empezar, el tipo medio del impuesto de sociedades ha caído desde el 35,2% en 1997 hasta el 21,9% en 2018. Mientras, se ha desatado una auténtica “carrera a la baja” en la tributación de activos intangibles como el software, las marcas y las patentes. De tal modo que la UE puede terminar convirtiéndose en un nuevo paraíso fiscal para la propiedad intelectual.

A fin de promover la innovación, los países han aprobado incentivos a la I+D y la propiedad intelectual que, sin embargo, no han generado la innovación deseada, critica Oxfam. Estos incentivos incluyen créditos fiscales y superdeducciones a la I+D, así como las patent boxes, un régimen fiscal especial creado por Francia hace 18 años que rebaja el gravamen sobre los ingresos generados por patentes que otros ingresos comerciales. De este modo, 17 de los 28 Estados miembros ya cuenta con deducciones por patent box o similares. Uno de ellos, España.

Dos ejemplos. Si una multinacional adjudica su propiedad intelectual a una empresa holandesa, disfruta de un tipo impositivo efectivo casi nulo, resalta el informe. A Irlanda, entre 2014 y 2017 se transfirieron activos intangibles por importe de 300.000 millones de dólares, gracias a sus extraordinarias ventajas fiscales, con tipos de sólo el 2,5%. Según cifras de la propia autoridad fiscal irlandesa, Dublín dejó de ingresar 4.460 millones de euros sólo en 2016 por culpa de las exenciones de hasta el 100% sobre la propiedad intelectual.

Pero no sólo hay países de la UE que deben ser considerados auténticos paraísos fiscales, sino que, además, los tres mayores, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda son también “economías conducto” (pass-through economies), que en conjunto albergan más del 85% de las inversiones mundiales en sus empresas instrumentales sin actividad real. Junto a estas tres naciones europeas, Oxfam cita a Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán y Singapur. “Y ninguna de ellas aparecerán en las listas negra o gris de la UE en 2019”, lamenta el informe.

Ni un buen diseño ni sanciones efectivas

Oxfam también es muy crítica con la UE por cómo ha elaborado la lista, con una definición “anticuada” –de 1997– de lo que considera prácticas fiscales nocivas. Bruselas las circunscribe al trato preferente que los países conceden a los beneficios obtenidos en el extranjero frente a las conseguidas por sus empresas nacionales. Y reprocha a la Unión Europea que no considerara el tipo nulo o casi nulo en el impuesto de sociedades como un criterio para decidir qué país es un paraíso fiscal. Igualmente censura las reformas que exige a los territorios para salir de sus listas por “inapropiadas”, “mal encaminadas”, “muy débiles”, “ambiguas” e “insuficientes”.

Porque para responder a los requerimientos europeos, esos paraísos fiscales están extendiendo a las empresas locales las rebajas fiscales que hasta ahora sólo concedían a las compañías extranjeras. Lo han hecho, por ejemplo, Hong Kong y Barbados. Las consecuencias, teme Oxfam, serán una aceleración de la competencia fiscal internacional y, en esos países, recortes del gasto público o el traslado de la carga fiscal a los contribuyentes locales. Además, cree que no se debe presionar igual a países en vías de desarrollo como Namibia y Mongolia, que a otros ricos, sin al mismo tiempo ayudarles a movilizar sus recursos nacionales para fortalecer su capacidad tributaria.

Finalmente, la ONG advierte de que sin un sistema de sanciones no se conseguirá efecto disuasorio alguno. La UE, recuerda, estudia imponer tres tipos de penalizaciones: elevar las retenciones en fuente, aplicar nuevas normas a las empresas controladas por capital extranjero y eliminar los costes deducibles. Pero, de momento, la única sanción que se ha impuesto, aclara Susana Ruiz, es prohibir a las empresas que utilicen paraísos fiscales el acceso a fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado, este martes, por unanimidad la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas contra la piratería, como el cierre de webs sin necesidad de autorización judicial, o iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos y poner freno a prácticas como las de La Rueda, informa Europa Press.

El texto, que pasará ahora al Senado, incluye la modificación pactada por PP, PSOE y Ciudadanos, en el artículo 195 de la norma, que establece que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Este cambio supone dejar el cierre de estas páginas en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión Sinde por la ministra Angeles González Sinde del Gobierno socialista de Zapatero. Es decir, dependerá de un órgano ejecutivo y no de uno judicial. Unidos Podemos ha votado en contra de esta enmienda.

El PP, el PSOE y Ciudadanos también han pactado, en este caso con Unidos Podemos, una decena de enmiendas que se han incluido en el texto en fase de ponencia. Las más destacadas son las que se refieren a la negociación de tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual –radios y televisiones– y entidades de gestión –SGAE, AIE o AGEDI– ya que se añade una regulación en caso de desacuerdo entre ambas partes.

En estos casos, dice la nueva ley, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el 100% de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50%. "Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiera al derecho exclusivo que pudiera ocurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo", apunta la redacción.

Cambios en los estatutos de las entidades de gestión

Las entidades de gestión también se han visto afectadas en esta reforma. En concreto, se han cambiado sus estatutos y sus órganos de control interno. En este último caso, se determina que aquellas que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, estarán obligadas a nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.

En cuanto a los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros, si ello constriñe la democracia interna o altera de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general. Además, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.

Del mismo modo, son estas entidades quienes protagonizan la medida acordada por las formaciones en el Congreso para frenar prácticas como La Rueda, la trama integrada por varios socios de la SGAE que registraba de forma fraudulenta modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

En la reforma, se determina que las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación. En concreto, se establece que no se superará en ningún caso el 20% del total recaudado por un caso intensivo, cuando la radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa.

Unidos Podemos, contrario al cierre de webs

Todos los grupos que han intervenido en el debate de este martes han destacado la actitud de diálogo y consenso que se ha vivido en los meses de trabajo de esta reforma. El portavoz de Cultura del PP, Emilio del Río, ha señalado que el objetivo de que todos los partidos estén "razonablemente satisfechos" con el texto, se ha conseguido.

Su homólogo socialista, José Andrés Torres-Mora, también ha celebrado la importancia del parlamentarismo y de la democracia en negociaciones de este tipo, mientras que la portavoz de Ciudadanos, también presidenta de la comisión, Marta Rivera de la Cruz, ha celebrado que España mantenga una legislación garantista en esta materia, pero que se hayan agilizado las actuaciones contra los reincidentes.

Unidos Podemos ha valorado la mayoría de los puntos incluidos en esta nueva ley, aunque ha alertado de la necesidad de una reforma integral en esta materia, "que no incurra en la presunción de culpabilidad" asociada a las novedades tecnológicas, según ha explicado su portavoz de Cultura Eduardo Maura. El 'morado' muestra así su disconformidad con el cambio realizado en el artículo 195 sobre el cierre de webs.

También ha destacado una de las enmiendas presentadas por su grupo, que finalmente no ha sido incluida en el texto al no contar con el apoyo mayoritario, en la que se pide derogar el artículo 71 por el que las cesiones de edición musical se ceden en un 50% durante la vida del autor y 80 años después de su muerte.

Finalmente, el portavoz de ERC en esta comisión, Xavier Eritja, ha señalado que se trata de un texto que avanza hacia un nuevo modelo, aunque ha cuestionado la capacidad del país para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, entre otros.

El PSOE, junto con PP y Ciudadanos, ha registrado en el Congreso una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual en la que se propone que el cierre de páginas web que hayan incumplido de forma reiterada esta norma no requiera de una autorización judicial. El apoyo de las formaciones lideradas por Pablo Casado y Albert Rivera a esta iniciativa garantizan que pueda salir adelante en la Cámara, informa Europa Press.

El texto que proponen las tres formaciones indica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Esta medida supondría dejar en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión SINDE, el cierre de estas páginas. Es decir, de un órgano ejecutivo y no de uno judicial.

Esta medida ha recibido las críticas por parte de Unidos Podemos. Su portavoz de Cultura, Eduardo Maura, ha asegurado que su grupo parlamentario no votará a favor de estos cambios en el artículo 195, un texto que, según ha explicado, es "ya de por sí muy delicado" y cuya redacción "no era clara" ya en la anterior normativa. Maura advierte que este artículo "tiene consecuencias importantes en materia de multas y sanciones".

"Defendemos el primado de la vía judicial para resolver los conflictos que de hecho se dan y que la justicia tenga más recursos en la materia. Así podrá fallar antes y con más garantías", ha explicado el diputado.

Precisamente, un exdiputado del grupo confederal en la anterior legislatura, David Bravo, ha iniciado una campaña de protesta a través de Twitter. A través de varios mensajes ha explicado que esta propuesta de eliminar el control judicial para cerrar webs se frenó en 2011 porque "era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas". Para Bravo la decisión tomada ahora por PSOE, PP y Ciudadanos se puede deber a que ahora creen que la ciudadanía tiene "las tragaderas mucho más anchas". "No se equivocan", ha apuntado.

Un "jalón" en la política cultural del Gobierno. Así definía Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura, Educación y Deporte, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Consejo de Ministros del 13 de abril. Pero, aunque el Ejecutivo la considere un hito, los expertos consultados por este periódico consideran que los cambios en la normativa son "insuficientes" en lo relativo a la transparencia, y que no provocarán "grandes cambios" en el panorama de gestión de los derechos de autor, aunque permitan la entrada de nuevos competidores.

Y todos subrayan algo que el dirigente del PP obviaba: el nuevo texto no nacía de una iniciativa del Gobierno, sino que transponía dos directivas europeas. A una de ellas llegaba además con notable retraso: firmada en 2014, la normativa debía implantarse antes de abril de 2016. Por ello, la Comisión Europea llegó a pedir el pasado diciembre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impusiera una sanción económica a España a razón de 123.928,64 euros diarios. Los otros tres países para los que Europa solicitaba penas económicas —todas de menor cuantía— eran Bulgaria, Rumanía y Luxembugo. 

Una "importante medida", para el ministro, de las incluidas en la nueva versión de la ley tiene que ver con  la transparencia de las sociedades de gestión de derechos. La normativa introduce un órgano de control interno que deberá ejercer labores de fiscalización de la entidad, que deberá estar integrado por socios que no participen ya en otros órganos de gobierno. Esta decisión venía a paliar, según Méndez de Vigo, las "dudas" que había suscitado "el funcionamiento de algunas entidades" en cuanto a "su transparencia y tratamiento de los ingresos". Era una clara referencia a la SGAE, afectada primero por el caso Saga —presunto fraude por el que la Fiscalía pide siete años de cárcel para el expresidente de la entidad— y, más recientemente, por la llamada "rueda de las televisiones" —una supuesta trama que pudo defraudar, según investiga la Audiencia Nacional, hasta 100 millones de euros—. 

"Hay que recordar que esta es una provisión incluida en la directiva, no es una medida española", dice Antonio Fernández, director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), que representa a las entidades de gestión de derechos Agedi, AIE, Aisge, Cedro, DAMA y Egeda (la SGAE no forma parte de ella "desde hace unos meses", pero Fernández, sin dar más detalles, asegura que "no tardará en volver").No duda, sin embargo, en celebrar la inclusión de la medida en la normativa española: "Es un instrumento lógico y legítimo para que pueda haber una mayor información disponible para los socios. Es positivo y razonable". Su posición choca con la de José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE, que criticaba tras la publicación del Real Decreto que la "preocupación" del Ministerio por "la transparencia" solo es "para controlar a los autores".

Una normativa para la SGAE

Fuentes de distintas entidades de derechos señalan que la SGAE es justamente la más afectada por este punto de la normativa, y la única para la que supondrá una modificación significativa de su actividad diaria. Jokin Erkoreka, coordinador general de la entidad de gestión de derechos vasca EKKI, asegura que esta normativa apenas supone cambios en su organización: "Aquí no existe el voto ponderado [como en la SGAE, donde quienes más recaudan tienen más poder de decisión] y la participación es directa. Ese sistema ha servido siempre de control, y seguro que hay voluntarios para formar parte del nuevo órgano. Nos parece una buena noticia, en cualquier caso". Este es también el caso de DAMA (que representa los derechos de los autores audiovisuales), en el que se sigue el sistema de un socio, un voto. 

El único punto en el que el Real decreto va un paso más allá de la directiva europea es aquel que impone que las entidades que facturen más de 100 millones de euros al año —la SGAE— deberán incluir en este órgano de control al menos a un miembro independiente, ajeno a la entidad. Además, el órgano de control tendrá unas competencias más extensas, que incluyen la aplicación del sistema de reparto o la ejecución de la recaudación y el reparto de derechos. Y estas entidades tendrán un plazo máximo de tres meses —y no de un año, como las demás— para introducir en sus estatutos las modificaciones necesarias. "Nos hemos acostumbrado a que la Ley de Propiedad Intelectual se modifique siempre con respecto a la SGAE", reflexiona Erkoreka, "Es normal, por su volumen, y porque el legislador al final tiene que limitar ese Ministerio paralelo que le ha ido saliendo". 

Pero esta normativa "es insuficiente". Al menos, en opinión de David García Aristegui, coautor de SGAE: el monopolio en decadencia junto a Ainara LeGardon y miembro del sindicato CNT, en Gráficas, sección de Música. En su opinión, hay otros ámbitos en los que la SGAE hace gala de una falta de transparencia que el Real Decreto no resuelve. "La SGAE", continúa, "es muy rauda en recaudar pero es mucho más lenta en identificar y repartir". La entidad llegó a tener más de 100 millones de euros pendientes de identificar: había recaudado un dinero que no sabía a quién pertenecía. El derecho a reclamar el pago expira a los cinco años, y cuando esto ocurre el dinero se queda en la organización. "Si esto es así, ¿la entidad va a hacer algún tipo de esfuerzo por identificar ese pendiente de pago en tiempo y forma? No", apunta Aristegui. También coincide con él Erkoreka en la necesidad de primar el llamado cobro por uso efectivo. La SGAE cobra por el acceso a todo su catálogo, se haya usado o no, pero entidades como la vasca ingresan solo por las obras que han sido utilizadas, lo que impide que se genere este volumen pendiente de identificar. 

La normativa obliga también a hacer público el sistema de reparto, cosa que prevé ya la ley española. Pero, a juicio de Aristegui, el sistema de la SGAE resulta especialmente opaco: "Antón Reixa [presidente de la organización hasta 2013] nos contaba que le pusieron un Power Point para explicarle cómo funcionaba el reparto y a la decimosexta vez empezó a pillarlo. 'Lo que es justo tiene que ser comprensible', decía, y yo estoy de acuerdo". Otra práctica de la entidad muy criticada es que los contratos firmados con plataformas como Youtube o Spotify no son públicos ni accesibles para los socios. 

La nueva competencia

Otro de los aspectos más novedosos de la directiva europea, aplicada a través del Real decreto, es la regulación de los llamados "operadores de gestión independiente". Estos son empresas con ánimo de lucro y no gestionadas por los creadores —a diferencia de las entidades de gestión, que no tienen ánimo de lucro y son asociativas—, que pueden gestionar parte de los derechos de un autor. Así, entidades como Unison, que ya planea su expansión en España, competirán con otras entidades, en este caso la SGAE, por la obra de un artista. "Son pasos", dice Aristegui, "para que se vaya atenuando el monopolio de las entidades de gestión", que hasta ahora reinaban casi en solitario según el ámbito creativo: el audiovisual, la música, la edición... Erkoreka también ve en esto algo positivo: "En un marco de libre competencia, las entidades van a tender hacia el cobro por uso efectivo". Es decir, tendrán que identificar aquello que se ha escuchado, en el caso de la música, para asegurarse de que no están cobrando por el catálogo de la competencia. 

Hay derechos, sin embargo, que seguirán siendo administrados únicamente por las sociedades de gestión. Son los llamados "derechos de gestión colectiva obligatoria", como el canon digital o los ingresos por alquiler y préstamo. Estos tendrán que ser gestionados exclusivamente por las entidades de gestión. "Si es una liberalización solo de parte de los derechos, no se puede hablar de liberalización completa", explica Antonio Fernández, de Adepi, que señala que estas organizaciones están obligadas también a desarrollar programas para socios con pocos recursos o de promoción de la creación. "Es una liberalización muy sui generissui generis", secunda Aristegui, "porque sigue habiendo un monopolio en buena parte de la administración de derechos".

Para Fernández Sastrón, presidente de la SGAE, este cambio supone subastar "la cultura española al mejor postor". El representante de Adepi señala, sin embargo, que la aplicación de la normativa en otros países del entorno "no ha producido una revolución": "La experiencia tampoco ha sido como para tirar cohetes, y en cualquier caso la actividad de estas nuevas empresas no se puede comparar con la de las entidades de gestión". ¿Temen que la entrada de los operadores ponga el sector patas arriba? "No se esperan grandes cambios", despacha, "aunque la voluntad es liberalizar". 

Hay otros aspectos de las directivas europeas, como el que establece que el autor debe poder romper su contrato con un preaviso máximo de seis meses —con la SGAE podía alargarse, hasta ahora, hasta más allá del año— o el que facilita la adaptación de obras para invidentes, aplaudidos por casi todos. Pero los actores críticos temen que esta reforma cancele la posibilidad de desarrollar una nueva normativa, más profunda, a corto plazo. "Tenemos que seguir el sistema de cerca y reformarlo, también en las normas de rango menor", lanza el representante de Adepi. No será, quizás, en esta legislatura. 

Manuel Marvizón, miembro de la Junta directiva de la SGAE, afirmó este miércoles 21 de junio que los autores que habrían participado en una trama de falsos arreglos musicales para emitirlos en programas televisivos de la franja nocturna ganaban hasta "ocho veces más" que músicos como "Alejandro Sanz".

Tal y como ha señalado Marvizón en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, los autores ganaban "cuatro, seis u ocho veces más" por la música que había detrás de lo que denominaban "las brujas", los programas en los que se lee el tarot y en los que aparecían de fondo "músicos con gafas que tocaban algo casi inaudible".

Según ha explicado, el fraude consistía en la connivencia que existía entre editoriales de televisión y compositores que realizaban en piezas de dominio público, es decir libres de pago, "adaptaciones o recreaciones como si fueran obras nuevas".

Según ha explicado, para entender esto hay dos figuras importantes: las editoriales, unas empresas que se crean para proteger la música propia de las cadenas, algo "totalmente lícito" que tienen un retorno; y las ventanas nocturnas que sirven en general para "promocionar a músicos en una vía alternativa".

"El problema es el fraude que se hace por todo esto, por medio de un sistema de acaparamiento solo se pone música de una serie de autores", ha señalado. Además, ha agregado que las editoriales de televisión y autores inmersos, según el auto, estaban "cobrando dinero que no deberían cobrar y que debería revertir en el resto de autores que sí lo han hecho bien", algo que, según se comenta, se cifra en "cien millones de euros".

Marvizón ha precisado que "la casa no tiene nada que ver" y ha insistido en que la SGAE lleva luchando desde 2011 contra las malas prácticas y el uso fraudulento de los sistemas de reparto. De hecho, ha reconocido que la SGAE ha recurrido a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para intentar resolver este tema que estaba "lastrando" a la entidad.

Asimismo, ha señalado que es bueno para la asociación que la Unidad de Delincuencia Especializada haya destapado la trama "que venía de la etapa anterior" en la que están implicados varios trabajadores de la institución que generaban derechos de autor de forma paralela.

Un tribunal de Polonia ha autorizado este miércoles la extradición a Estados Unidos del propietario de la página web Kickass Torrents, un portal de búsqueda de archivos investigado por violaciones masivas de los derechos de propiedad intelectual.

La Justicia estadounidense acusó a Artem Vaulin en julio de 2016 de distribuir de forma ilegal películas, videojuegos, discos y otros contenidos a través del formato torrent. El contenido compartido estaría valorado en más de 1.000 millones de dólares, según ha informado Europa Press.

Para el Tribunal de Distrito de Varsovia, "es legalmente admisible la entrega del ciudadano ucraniano Artem V. a las autoridades judiciales de Estados Unidos".

El abogado de Vaulin, Ira Rothken, ha confirmado a Reuters que recurrirán alegando que la difusión de los archivos no representa ninguna infracción. "Creemos que la petición de extradición carece de base", ha añadido.

Si el recurso es rechazado, correspondería al ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, dar el visto bueno definitivo. Ziobro se posicionó a favor del traslado a Estados Unidos del cineasta Roman Polanski por una condena por abusos sexuales en 1977, aunque en ese caso fueron los tribunales quienes bloquearon la extradición.

Rosa Berganza, catedrática de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, es una de las candidatas para regir la universidad. Según el periódico La Razón, Berganza ha centrado su campaña en denunciar la "situación vergonzante" que atraviesa la universidad a raíz de las denuncias por supuesto plagio vertidas contra el rector saliente, Fernando Suárez. La información publicada por el diario La Razón alude que el programa de la candidata copió 130 párrafos de forma parcial o total  del presentado por el rival de Suárez en el 2013, David Ríos.

La aspirante a rectora ha salido al paso de las acusaciones con un comunicado que recoge Europa Press y ha justificado que su programa tenga textos similares al que presentó Ríos porque éste le cedió sus ideas para que las utilizara.

Además, expone que ninguno de los programas que se han puesto a su disposición tienen Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) ni derechos de autor, y que han sido cedidos "libremente y por escrito" a su candidatura, una práctica que es "habitual a la hora de elaborar los programas electorales de todo tipo" (como en el caso de los partidos políticos).

La catedrática de Comunicación Política de la URJC detalla que, de esas aportaciones, ha extraído las partes "con las que estaba de acuerdo y que son de urgente aplicación". Según el diario El País, Berganza asegura que la situación "no es comparable" con los plagios de Suárez, porque su programa electoral "no es un libro, no tiene copyright ni afán de lucro. No es un trabajo científico ni una publicación".

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes durante el pleno del Senado que el Gobierno no tomará medidas contra el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, por comprar un disco pirata en un top manta.

"Ni una mínima medida pensamos adoptar sobre el puesto de trabajo que ocupa el delegado del Gobierno vasco porque ya ha dado las explicaciones oportunas y suficientes", ha contestado el ministro a la pregunta del senador del PNV, Victoriano Gallastegi.

El senador ha instado al Gobierno a explicar qué medidas iba a adoptar el Ejecutivo después de que se aparecieran publicadas en prensa unas imágenes de Urquijo en las que se le ve comprando un disco compacto pirata en el top manta.

Según ha expuesto el senador, el delegado habría cometido una "compra ilegal" que desentona del "comportamiento ejemplar" que debe demostrar un alto cargo. "Cabe reflexionar sobre la situación de los manteros, víctimas de mafias, con estas compras se perpetúa su existencia y se puede entender que al consumirlo un alto cargo también lo está legitimando", ha apuntado.

Gallastegui ha afirmado no conocer las explicaciones de Urquijo a las que ha hecho alusión al ministro y también ha aprovechado durante su intervención en el Senado para instar al Ejecutivo a eliminar la figura de delegado del Gobierno, porque, a su juicio, "no aporta nada positivo ni para Euskadi ni para España".

Por su parte, el ministro ha insistido en que el Gobierno no tomará medidas en contra de Urquijo porque en las fotos publicadas por la prensa, "no se le ve comprando nada". Es más, ha dicho que lo destacable de las imágenes no es que esté delante de un top manta, sino que ilustran "un tiempo nuevo" en el que "se puede andar con libertad" por zonas de Bilbao "después de tantos años de terror".

"Usted se ha quedado con la anécdota", ha dicho, al tiempo que ha criticado que con su pregunta "haya llegado al extremo de pedir no sólo que se cese al delegado, sino que desaparezca su figura".

"Comprendo que busque un pretexto, pero ha escogido mal y mezcla que una niña haya podido tener un desliz, con que un padre pague las consecuencias y encima desaparezca", ha añadido, y ha asegurado que eso es "torcer los hechos y engañar a la sociedad".

Suárez lo ha avanzado este martes después de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha confirmado que no dimitirá al entender que no ha incurrido en plagio. Tan solo dos miembros de los 50 que componían la reunión han pedido la dimisión del rector.

La CRUE Universidades Españolas ha decidido que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Fernando Suárez Bilbao, abandone como vocal en el comité permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), después de haber sido acusado de supuestos plagios, han informado a Europa Press fuentes próximas a la institución.

Suárez era hasta ahora uno de los cuatro vocales del Comité Permanente de la CRUE, "el órgano que gestiona y representa los intereses de la institución de acuerdo con las directrices de la Asamblea General", tal y como lo define la propia conferencia de rectores.

Este comité está formado por el presidente de la conferencia de rectores, cargo que ostenta ahora el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz; dos vicepresidentes, un vicepresidente ejecutivo, cuatro vocales y la secretaría general.

En un encuentro este jueves, el propio presidente de la CRUE le ha pedido a Suárez que renuncie al puesto que ocupa en este órgano permanente con el fin de que la polémica no salpique a la institución, y el rector de la URJC ha accedido a ello.