La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron este martes a Juan Manuel Vidal Padín, alias El Burro, considerado uno de los mayores capos gallegos de la droga. Las fuerzas de seguridad llevaban tres décadas tras sus pasos, pero no habían conseguido pillarlo. Las cosas empezaron a cambiar en noviembre de 2019, cuando se incautaron en la playa de O Foxo (Pontevedra) del primer narcosubmarino transoceánico de Europa. Bautizado como Che, su rastro llevó hasta una organización colombiana que había transportado más de tres toneladas de cocaína hasta la ciudad de Leticia, en la entrada del río Solimões. De allí, en lanchas rápidas, se hizo llegar la mercancía a la zona de Santarém, más allá de Manaos, ya en Brasil, en plena Amazonia, donde se cargó en el narcosubmarino que cruzó el Atlántico rumbo a Galicia. Detrás de ese alijo, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia situaron entonces a Juan Manuel Vidal Padín. Así lo revelaron los Narco Files, la investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con el apoyo de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas), que publicaron en España infoLibre y Narcodiario en noviembre de 2023.

De hecho, la DEA solicitó en 2021 a Colombia que interceptara las comunicaciones de El Burro, sobre el que habían puesto el ojo los policías del país sudamericano. Un año antes, las autoridades de Bogotá ya habían empezado a investigar las empresas que Vidal Padín, con un pie en ese país desde hacía años, utilizaba para sus negocios ilícitos junto con un socio colombiano y familiares de ambos. Habían montado, aseguraban los investigadores colombianos, “una organización orientada al tráfico de estupefacientes, valiéndose de semisumergibles, partiendo de Colombia, cruzado el Atlántico, hasta llegar a España”.

En marzo de 2023, fue hallado otro semisumergible, el Poseidón, de 23 metros de eslora, medio hundido cerca de Vilaxoán, en la Ría de Arousa, y abandonado por sus tripulantes tras descargar casi cinco toneladas de cocaína. La policía española enseguida lo relacionó con Juan Manuel Vidal Padín. El martes, los agentes lo detuvieron junto a otras cuatro personas. También registraron sus empresas Invermar, una firma náutica, y Hermanos Vidal Padín, dedicada al comercio al por mayor de pesca y marisco, según informaron Faro de Vigo y La Voz de Galicia. En sus naves, la policía encontró una narcolancha con cuatro motores y otra a medio construir.

infoLibre trató de contactar con Vidal Padín a través de varias de sus empresas, sin éxito.

La operación se ha desarrollado sólo unos días después de otra en la que se registraron una docena de viviendas y locales de Noia y Bertamiráns (A Coruña), Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo (Pontevedra). Se decomisaron dos planeadoras más, así como moldes para construirlas. Hubo cinco detenidos en un primer momento. El operativo se vincula con la aparición de dos narcolanchas abandonadas en las playas de Espiñeiredo y O Rial, en el municipio coruñés de Ribeira, en febrero de 2023, sólo unos días antes de que fuera hallado el Poseidón al otro lado de la ría. Del cerco policial escaparon, no obstante, dos lugartenientes de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico capo gallego: José Manuel F. y Francisco Javier P. R.

Sito Miñanco se encuentra en la cárcel a la espera de juicio en la Audiencia Nacional junto con el resto de su organización, que, en teoría, fue desmantelada en la Operación Mito en 2018. Entonces, el capo gallego fue detenido en Algeciras y acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. El fiscal pide para él 29 años de cárcel. Miñanco tiene ahora 69. De ellos, ha pasado entre rejas casi una tercera parte: fue condenado en 1993 a 20 años de prisión por un delito contra la salud pública, en 2004 por el mismo delito a 16 años y 10 meses y en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a tres años y nueve meses de cárcel.

Estas últimas detenciones revelan que el narco gallego sigue vivo, con capos ahora más discretos que los históricos Miñanco –su vida ficcionada fue un éxito de audiencia con la serie Fariña– o el explosivo Laureano Oubiña –que ha escrito sus memorias, pero sin mucho tirón editorial–. Como en el caso de El Burro, han cambiado de operativa y de ruta, y no dudan en cruzar el Atlántico para traer la cocaína siguiendo el curso del Amazonas.

Construyen submarinos –el Che se encuentra expuesto en la Escuela de la Policía Nacional en Ávila–, pero también sus propias narcolanchas, que no son sólo un preciado medio de transporte en Barbate (Cádiz). Hay que recordar que fueron los narcos gallegos los primeros que presumían de su pericia para navegar por las rías de noche y sin luces esquivando las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Queda por ver si la detención de algunos de sus hombres en Bilbao y Gijón estos como resultado de estas últimas operaciones no es un indicio de que los narcos gallegos han decidido extender su campo de acción más al norte, primero a las Rías Altas y luego al Cantábrico.

Aunque, en el caso de Vidal Padín, lo cierto es que no ha dejado de estar en el radar de la policía, los jueces, los medios de comunicación y hasta de Hacienda desde los años 90. Incluso ha estado a punto de ser llevado ante los tribunales en varias ocasiones. Y fue denunciado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal en 2012. Porque tan importante como su actividad delictiva ha sido la empresarial. Es dueño de un buen número de sociedades, la mayoría dedicadas a la náutica. Pero no solo eso. De hecho, fueron unas conversaciones de El Burro grabadas por el SVA las que pusieron a la Policía sobre la pista de Jorge Dorribo, el empresario lucense que incriminó al exministro de Transportes José Blanco en la que luego se conoció como Operación Campeón.

La instrucción de la causa, un fraude de subvenciones y cohecho a cambio de comisiones, se prolongó durante seis años, pero se cerró con penas menores para la decena de procesados. El caso contra el ministro socialista había sido archivado por el Tribunal Supremo antes, en 2013. Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, aseguró que se había reunido con José Blanco en una gasolinera de Lugo y que había pagado 200.000 euros a un primo del ministro para acelerar gestiones en los ministerios de Hacienda y Sanidad.

En esa causa, sin embargo, no apareció Juan Manuel Vidal Padín, pese que Dorribo le había ofrecido ayuda para solicitar subvenciones al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Tanto un exdirector como un subdirector de ese organismo dependiente de la Xunta de Galicia fueron condenados a seis meses de multa y un año de suspensión de empleo público. Además, Dorribo había comprado dos yates a través de El Burro y los había puesto a nombre de su esposa, pero eran utilizados por el presunto narco para su ocio.

Vidal Padín consiguió desarrollar sus negocios a la vista de todos durante años, pese a la perenne sospecha que le rodeaba. Pero han sido los submarinos, precisamente su operativa más osada, los que finalmente ha hecho posible reunir pruebas suficientes a ambos lados del Atlántico para detenerlo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al principal acusado de la Operación Campeón, el empresario lucense Jorge Dorribo, a cinco años y 11 meses de prisión, como había acordado con Fiscalía, que en un principio pedía 19 años, ha informado Europa Press.

Dorribo aceptó también multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

El fallo, hecho público por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recogido por Europa Press, fija, además, para Javier Rodríguez —de la empresa Proitec—, el único acusado que no llegó a acuerdo con el Ministerio Público, una pena de cuatro y nueve meses de prisión como cómplice de un delito de fraude de subvenciones intentado y otro de fraude de subvenciones de fondos europeos consumado. Sin embargo, tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos delitos, establece, además, el pago de una multa de 2.572.000 euros. Lo hace después de que fuese el único de los 13 acusados por esta operación —que investigó supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel— que no llegó a un acuerdo.

En ese momento, y antes de la celebración del juicio, su abogado José Luis Fiuza, insistió en la inocencia de su cliente. También planteó la nulidad del proceso.

Otros acusados

Para los demás acusados, la Audiencia recoge las condiciones de su acuerdo con Fiscalía. Así, otros que llegaron a acuerdos fueron el socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel —se pedían más de diez—y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

También el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien aceptó ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Por su parte, para los ex altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Contra la exdirectora de financiación del Igape Cristina Quintela se retiró la acusación. Otro de los socios de Dorribo, Carlos Monjero (Proitec) ha sido condenado a diez meses de prisión. El resto de los acusados que han llegado a acuerdos aceptaron meses de prisión inferiores a un año, recogidas ahora en el fallo.

Investigación de 2011

La Operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense.

Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.

Doce de los trece acusados en la Operación Campeón,que investiga supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, han llegado a acuerdo con la Fiscalía tras finalizar la vista previa, celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Lugo, a la apertura de juicio oral.

Entre ellos se encuentra el principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, que ha aceptado cinco años y 11 meses de prisión —inicialmente se pedían hasta 19 años—, así como multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Solo un acusado no ha llegado a pacto, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, quien pedirá la nulidad de la causa. Su abogado, José Luis Fiuza, en declaraciones a los medios de comunicación finalizada la vista, recogidas por Europa Press, ha insistido en la inocencia de su cliente, quien busca "defender su honestidad".

De este modo, el juicio oral se tendrá que celebrar igualmente el próximo 24 de octubre —a falta de la resolución previa de la nulidad pedida por Javier Rodríguez—, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.

La Operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense que dirigía el principal procesado. Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.

Acuerdos de penas

Así, entre los que han llegado a acuerdo está el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel —se pedían más de diez— y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

También se encuentra el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien acepta ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Por su parte, para los exaltos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la exdirectora de financiación del Igape Cristina Quintela se ha retirado la acusación.

Otro de los socios de Dorribo, Carlos Monjero (Proitec) ha sido condenado a diez meses de prisión. El resto de los acusados que han llegado a acuerdos aceptan meses de prisión inferiores a un año.

"Todos los acusados han obtenido la respuesta adecuada"

El fiscal del caso, Roberto Brezme, ha destacado —en declaraciones posteriores a la vista a los periodistas— que "lo importante es la respuesta penal que tiene cada uno de los acusados", de forma que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada".

Además ha concretado que la fiscalía ha tratado de "condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado".

Esto ha implicado "consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima", en este caso el Igape, dependiente de la Xunta de Galicia, ya que se trata de "fondos públicos sustraídos".

Defensa de Javier Rodríguez

Por su parte, el abogado Luis Fuiza alega que la tramitación de los delitos que se le imputan a Javier Rodríguez "no ha sido la correcta, pues esta tendría que haberse llevado a cabo por la Ley de Tribunal de Juzgado". Así, sostiene que han existido diferentes nulidades y cuestiona la actuación de Vigilancia Aduanera, que intervino las conversaciones telefónicas de las que se desprenden los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Fiuza aseguró en la vista que "las acusaciones se basan en estas conversaciones, que no denotan ningún delito, por lo que es imposible acreditarlos". A esto añade que la investigación vulnera la Constitución y que no se dan ninguno de los "tres requisitos" del delito de tráfico de influencias —que existan un particular y un funcionario público, y que se ejerza influencia sobre este último—. En lo tocante al presunto delito de blanqueo de capitales, Fiuza insiste en que tiene el "convencimiento de que Vigilancia Aduanera es consciente de que no existe".

En esta línea, el abogado ha afirmado que "falta motivación en el acto de acusación", y que su cliente "se limitaba a recibir información sobre una posible asociación con empresarios catalanes en esas conversaciones". Asimismo, ha criticado que en los delitos que se le imputan "no hay conexión", mientras que la causa ha sido "tramitada de forma anacrónica".

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Supremo, el pasado 19 de abril recibieron la referida exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, en la que se aludía a un posible delito contra la administración pública y otro por tráfico de influencias contra José Manuel Barreiro.

El escrito fue remitido a la Fiscalía para que informara al respecto, y el magistrado de la sala segunda del Supremo Manuel Marchena es el responsable de decidir si la causa se admite a trámite y se procede a nombrar un instructor.

El periódico La Voz de Galicia publica este miércoles que la exposición razonada elevada al Supremo parte de una serie de acusaciones que el empresario lucense Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón, habría realizado en la institución judicial contra José Manuel Barreiro.

Según el referido periódico, Dorribo ha acusado al dirigente del PP de haber facilitado a una empresa participada por un primo suyo el pliego de condiciones del concurso de adjudicación del párking del nuevo hospital de Lugo antes de que fuera público.

Precisamente, las acusaciones de Dorribo en la operación Campeón han provocado diversas imputaciones de políticos, como la del exministro de Fomento José Blanco. A raíz de sus imputaciones en este caso presentaron sus dimisiones los diputados del PP Pablo Cobián y del BNG Fernando Blanco, que había sido conselleiro de Industria con el bipartito.

 Fruto de sus "reflexiones" sobre su inocencia, verá pronto la luz un libro, tal y como ha confirmado el propio Blanco. La noticia, claro, ha dado pie a un sinfín de bromas.

Como él mismo decía esta mañana, llevaba sin comparecer en rueda de prensa desde finales de 2011. Hoy José Blanco volvió a responder en rueda de prensa, pero no para anunciar su salida del Congreso. Lo hizo para asegurar que sólo renunciará a su escaño y dimitirá si el Tribunal Supremo, que estudia el caso Campeón, cierra la instrucción y decide abrir juicio oral. caso CampeónHasta entonces, seguirá sentándose en la Cámara baja.

El PSOE comunicó al mediodía que Blanco iba a comparecer en el Parlamento para responder a la petición de la Fiscalía a la Sala de lo Penal del TS de que pida el suplicatorio al Congreso para proceder contra el exministro de Fomento por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que está imputado. La solicitud se conoció este martes. Se preguntó a la portavoz parlamentaria socialista qué iba a pasar, pero Soraya Rodríguez derivó todas las explicaciones a su compañero de filas.

Blanco compareció puntual, a las 13.30 horas. Traía por escrito su intervención. Primero subrayó que si el juez instructor decidía hacer caso a la Fiscalía y pedir el suplicatorio, él requeriría al Congreso que diese su visto bueno. Insistió en que era una decisión esperada. Es más, "lo sorprendente", dijo, es que tras su "declaración voluntaria" ante el Supremo y habiéndose sucedido las investigaciones durante más de un año –el caso estalló en la prensa poco antes de las generales de 2011–, no se hubiera solicitado el suplicatorio con anterioridad.

El otrora todopoderoso número dos del PSOE recalcó que "desde el primer momento" en que tuvo conocimiento de las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra él, centró "todos" sus esfuerzos en "colaborar con la Justicia y esclarecer las falsedades". Así, resumió, se dirigió primero al Juzgado de Lugo, que entonces estaba tramitando la causa, y después al Supremo, que la retomó al ser Blanco aforado.

Sólo reclamó "información"

La Fiscalía, en su auto de 28 folios, descartó la existencia de indicios de cohecho del que le acusó Dorribo, en relación con un presunto pago de 200.000 euros al exministro en una gasolinera de Luigo a cambio de mediar ante el Ministerio de Sanidad.

Pero el Ministerio público sí ve indicios de tráfico de influencias y de prevaricación. El fiscal Manuel Jesús Dolz alude a la relación de amistad de Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco. La investigación se centró en saber si intercedió en la concesión de autorizaciones para la instalación de una nave industrial de Transportes Azkar en unos terrenos cercanos al aeropuerto de El Prat (Barcelona), en Sant Boi de Llobregat.

El exministro recordó que siempre dijo que era amigo de Orozco. Y que sólo solicitó "información" acerca del expediente "atrasado" de la nave industrial, del que dependían "400 puestos de trabajo". "No influí, ni condicioné ni presioné" a "nadie", alegó. En su rueda de prensa, sostuvo que no habló con el regidor de Sant Boi, ni sabía "quién era", pese a que consideraba en todo caso "normal" que como ministro de Fomento se "interesara" por una licencia, más aún cuando el Ayuntamiento de El Prat sí la había concedido. Para apuntalar su argumento, Blanco reseñó que el Consistorio de Sant Boi trasladó al Supremo que se han practicado sucesivas inspecciones a la nave –la última en mayo de 2012–, y se ajustaban a la ley.

El exvicesecretario general del PSOE denunció el procedimiento judicial abierto contra él, pues se han realizado informes "al margen de la autorización del juez instructor", José Ramón Soriano, que "retuercen la verdad para generar dudas y sospechas" sobre su conducta. Su defensa, de hecho, ha recurrido varios pasos, que aún están pendientes de resolución por el instructor o por la Sala de lo Penal.

"No hay auto que dé por concluida la instrucción y no hay comunicación del juez aceptando la petición del fiscal [de pedir el suplicatorio del Congreso]. Y sigue habiendo recursos que hemos planteado y lo lógico es que se resuelvan. Si concluida la instrucción –declaró solemne–, el juez decide la apertura de juicio oral, haré lo que debo hacer: presentaría mi dimisión, mi renuncia como diputado".

Como colofón, reiteró su "confianza" en la Justicia y en que esta dejará "meridianamente claro" que las acusaciones de Dorribo son "total y rotundamente falsas". De hecho, se congratuló de que la Fiscalía no aprecie indicios de cohecho por el episodio de la gasolinera.

Reflexión sobre la presunción de inocencia

Rodríguez sí había anticipado que Blanco había conversado con el presidente del Grupo Socialista y líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro lo reafirmó. Pero habló con él, dijo, no para preguntarle qué hacer, sino para trasladarle su "decisión" de no dimitir por ahora y pedir el suplicatorio. Decisión que también comunicó a la dirección del partido en Galicia, ya que él es diputado por Lugo desde 1996.

Añadió Blanco que en estos meses en los que ha estado en segunda línea y en el punto de mira por el caso Campeón ha podido "reflexionar" acerca de la presunción de inocencia y de los "excesos" que pudo cometer cuando era número dos del PSOE, cuando pedía la asunción inmediata de responsabilidades políticas a cargos del PP en cuanto se producía una imputación judicial. "Lo he reflexionado bastante y algún día lo haré por escrito en un libro en el que estoy trabajando", concluyó.