Un vacío legal convierte a Portugal en lanzadera de narcolanchas hacia España

Bestias marinas que superan los doce metros de eslora. Con capacidad para transportar varias toneladas de droga. Y un despliegue de potencia que les permite alcanzar sobre el agua los sesenta nudos –lo que equivale a más de 100 kilómetros por hora–. Así son las gomas a las que, día tras día, tienen que enfrentarse las Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona sur peninsular. Son embarcaciones prohibidas desde hace años en nuestro país. Pero eso no ha impedido que sigan campando a sus anchas por el Estrecho de Gibraltar. Hasta ahí llegan, en muchos casos, procedentes de Portugal. Allí, la legislación sobre este tipo de planeadoras es más laxa. Por eso, muchas organizaciones han trasladado a territorio luso el lucrativo negocio de la producción de narcolanchas.

Sólo en 2022, según la última memoria de la Fiscalía Antidroga, Vigilancia Aduanera avistó por todo el litoral andaluz 548 embarcaciones de alta velocidad. De ellas, 102 se sabe que iban cargadas con sustancias estupefacientes. Y 138, con petacas de gasolina. El resto, o estaban vacías o no se tienen datos sobre el contenido de las mismas. La mayor parte de avistamientos se produjeron en la zona de Cádiz a Huelva y en el Estrecho. Desde que en julio de 2018 se pusiera en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, las Fuerzas de Seguridad han intervenido en distintas operaciones, según los datos del Ministerio del Interior, 1.421 medios de transporte marítimos en el que es uno de los puntos calientes del narcotráfico en el sur peninsular.

El Gobierno trató de de atajar el problema de las narcolanchas hace un lustro. Lo hizo con una modificación normativa con la que se pasó a considerar género prohibido este tipo de embarcaciones. Desde entonces, la fabricación, importación, exportación o circulación de las mismas, salvo que se cumplan con determinados requisitos legales, puede ser constitutiva de un delito de contrabando, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años. Una nueva legislación que, de hecho, ya ha sido aplicada por el Supremo. Ocurrió en noviembre de 2021, cuando el Alto Tribunal confirmó que se metiese este tipo delictivo, además de delito contra la salud pública, a dos personas que tenían una planeadora de más de mil caballos con la que transportaban sustancias estupefacientes.

Los puntos calientes de construcción de estas gomas se encontraban entonces en suelo gallego y andaluz. Pero la modificación legal obligó a las organizaciones dedicadas a estas labores a repensar la estrategia. "Entonces, decidieron hacer en Galicia una parte y luego finalizar las embarcaciones en Portugal, donde se colocaban los motores y se dejaban listas para salir", explica en conversación con infoLibre Víctor Méndez, periodista especializado en narcotráfico que participó en la investigación NarcoFiles: el nuevo orden criminal y director del documental La guerra del hachís (Movistar+, 2024). La operación Endurance, llevada a cabo por la Guardia Civil en coordinación con la Policia Judiciaria lusa, puso de relieve esta conexión gallego-portuguesa. Como también lo hizo unos meses antes otro operativo a ambos lados de a raia.

Una legislación más blanda

"Ahora se fabrican en Portugal para el Estrecho y todo el país", apunta Méndez. El Estado vecino se ha convertido, sostiene el periodista, en una "lanzadera" de narcolanchas: "Las que se construyen allí, muchas veces bajo la supervisión de organizaciones gallegas, son las que luego aparecen en todos los lugares". El pasado mes de abril, la Guarda Nacional Republicana localizó en un almacén de Vila Nova de Cerveira, un municipio luso a orillas del Miño, ocho semirrígidas de alta velocidad e identificó a tres personas de nacionalidad española. En los últimos años, las autoridades portuguesas también han desmantelado fábricas clandestinas similares en Faro. En aquella operación, fueron detenidos cuatro españoles en relación con la construcción y transporte de dichas motoras.

El interés por el país vecino se explica, en parte, por su legislación. A diferencia de España, Portugal no cuenta con leyes tan severas en relación con estas narcolanchas. Allí, estas embarcaciones no están consideradas material prohibido. Ya lo apuntaba la Fiscalía Antidroga en la parte relativa a Huelva de su último informe: "En Portugal no hay una persecución penal hermana con la española en cuanto a este tipo de embarcaciones, lo que ha llevado a nuestros delincuentes a comprar y trasladar a este país las mismas, atracándolas en puertos lusos, sobre todo del Algarve". O en la centrada en Galicia, donde se mencionaba la necesidad de homogeneizar los ordenamientos de modo que se impida la estrategia de las organizaciones de "deslocalizar" su actividad a la región norte lusa.

"Mientras que en Portugal tienen que acreditar que esas embarcaciones se van a usar para el tráfico de drogas, en España solo la mera tenencia ya es suficiente", explica Méndez al otro lado del teléfono. Hace justo un año, la ministra de Justicia lusa, Catarina Sarmento, abrió la puerta a retocar la legislación portuguesa para restringir la utilización de este tipo de lanchas, a imagen y semejanza de España. "Me parece que es un tema en el que se debería trabajar. Estamos viendo cuáles son las posibilidades, desde el punto de vista legal, para limitar el uso de estas embarcaciones", apuntó. A fecha de hoy, a las fuentes jurídicas españolas consultadas no les consta un cambio significativo en esta materia.

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Una vez que las narcolanchas están listas, se envían a diferentes puntos de la geografía, fundamentalmente al sur, como el Campo de Gibraltar. "Se las llevan o por mar o por tierra, con camiones cerrados de cruzan la península en distintas direcciones", explica el periodista experto en narcotráfico. De hecho, una de las últimas investigaciones centradas en este negocio puso de manifiesto la utilización de modo sostenido de una empresa de transporte para, sostiene la Fiscalía Especial Antidroga, "posibilitar la importación, comercio, tenencia y circulación" de estas embarcaciones de alta velocidad. Una macrooperación en la que se llegaron a intervenir gomas y motores de gran cilindrada hasta en una nave ubicada en la provincia de Toledo.

El de la construcción de narcolanchas es un negocio jugoso. Méndez explica que el precio de una de estas embarcaciones puede rondar los 200.000 euros ya montada –solo cada uno de los motores que porta puede estar rondando los 30.000 euros–. "Hablamos de una potente, con 3 motores de 300 caballos y unos doce metros de eslora, el molde clásico", apunta el periodista. Una inversión que, no obstante, se recupera pronto. En la actualidad, y debido a la sobreproducción en origen, un kilogramo de cocaína puede estar rondando los 18.000 euros. Si esto se traslada, por ejemplo, a los 400 kilos de polvo blanco que fueron incautados en noviembre en una narcolancha en la zona gaditana del río Palmones, estamos hablando de 7,2 millones de euros a bordo de aquella goma.

Las fuentes fiscales consultadas, sin embargo, recuerdan que estas embarcaciones no son el único problema que existe en la lucha contra el narcotráfico. También ponen el foco en los petaqueros, aquellos que se dedican a almacenar y transportar grandes cantidades de gasolina. Obviamente, ese combustible suele ser usado para dar de beber a este tipo de embarcaciones de alta velocidad. Sin embargo, en muchos casos es difícil probar esa colaboración ante la dificultad en la mayoría de los casos de vincularlo a alguna operación u organización de narcotraficantes. De ahí que Antidroga lleve ya un tiempo pidiendo al legislador que tipifique esta conducta como delictiva. Como se hizo en 2021 en Gibraltar, donde la posesión de más de 20 litros de gasolina sin licencia se considera delito.