Desde hace algunas semanas, varias de las compañías lácteas más grandes del mundo –incluidas, entre otras, Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis– están retirando y bloqueando lotes de fórmula infantil, por el temor a que estén contaminados con una toxina llamada cereulida.

Esta situación ha provocado retiradas masivas de productos y ha suscitado gran preocupación entre los padres. La alerta es global y afecta a más de 60 países en todo el mundo.

Se estima que al menos 29 países europeos están involucrados. España no es una excepción: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido varias notificaciones de retirada preventiva de diversos lotes de leche de fórmula infantil por la posible presencia de cereulida.

La cereulida es una toxina termoestable producida por las bacterias Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis. Resistente al ácido y a las enzimas digestivas, provoca náuseas y vómitos intensos y cíclicos repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. También puede causar dolor abdominal y, a veces, diarrea. Incluso ocasionalmente da lugar a intoxicaciones graves relacionadas con insuficiencias hepáticas agudas.

En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del cuerpo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

De todas formas, la acumulación de cereulida en productos alimenticios es un riesgo significativo porque no se destruye fácilmente mediante métodos de procesamiento o digestión de los alimentos. En algunos casos, incluso puede llegar a ser mortal.

El motivo de la posible contaminación con cereulida ha sido rastreado hasta un ingrediente específico: el aceite de ácido araquidónico o ARA, suministrado a las compañías por un proveedor internacional. El ARA es un ácido graso omega-6 utilizado en la industria alimentaria. Los fabricantes de fórmulas infantiles lo emplean en algunos productos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/127.

Dada la situación, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que emitiera asesoramiento científico urgente para respaldar las decisiones sobre la retirada de productos. Tras una evaluación rápida de los riesgos, la AESA ha establecido un nuevo nivel máximo de ingesta diaria segura para la cereulida.

Bacillus cereus es el principal agente causante del “síndrome del arroz frito” que se produce cuando el arroz hervido se deja a temperatura ambiente durante unas horas. Se estima que Bacillus cereus es responsable del 1,4 % al 12 % de todos los brotes de intoxicación alimentaria en el mundo. La bacteria produce enfermedades gastrointestinales de dos tipos: eméticas y diarreicas. El tipo emético, que a menudo es asociado con la ingesta de pasta y de arroz contaminado, surge por la presencia de la cereulida en los alimentos. En 2008, la muerte súbita de un adulto joven (20 años) fue asociada a una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus.

Todo comenzó el 1 de octubre, cuando el joven enfermó tras ingerir restos de espaguetis con salsa de tomate, preparados cinco días antes y dejados en la cocina a temperatura ambiente. Después de asistir a clase, los calentó en el microondas. Inmediatamente después de comer, salió de casa para realizar actividades deportivas, pero regresó 30 minutos después y sufrió dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosa. Después de medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, a las 11:00, sus padres estaban preocupados porque no se había levantado. Cuando fueron a su habitación, lo encontraron muerto. Los análisis posteriores aislaron cepas eméticas de Bacillus cereus y se encontraron altos niveles de cereulida en los espaguetis.

Cocinar alimentos contaminados a las temperaturas recomendadas elimina las células vegetativas de Bacillus cereus. Sin embargo, las esporas de esta bacteria, que son resistentes al calor, pueden sobrevivir al proceso de cocción y volver a germinar si los alimentos se enfrían lentamente.

Si los alimentos se mantienen durante varias horas a temperaturas inadecuadas antes de servirlos –por encima de 5 °C en el caso de alimentos fríos o por debajo de 57 °C en alimentos calientes– pueden desarrollarse concentraciones peligrosas de bacterias o de toxinas antes del consumo.

El correcto almacenamiento de los alimentos es fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias en el hogar.

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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Los contaminantes eternos, conocidos como PFAS, siguen empleándose cada día en millones de productos de consumo, aumentando su concentración en la naturaleza y engordando la factura de su futura limpieza. La Comisión Europea ha calculado por primera vez el coste de retirar estos elementos de la naturaleza en la Unión Europea y la horquilla va de los 330.000 millones de euros a los 1,7 billones de euros de aquí a 2050, en función de si se legisla a corto plazo para prohibirlos o si se continúan utilizando masivamente. La cifra más alta equivaldría al 9,4% del PIB anual del bloque.

Los PFAS son sustancias químicas sintéticas que contienen enlaces de carbono y flúor que se añaden a todo tipo de materiales para darles características especiales como resistencia al calor, impermeabilidad o dureza. El problema es que cuando estos químicos acaban en ríos, cultivos y acuíferos –o en el polvo de casa–, pueden permanecer allí durante décadas o siglos, contaminando durante generaciones el entorno.

La preocupación por estas sustancias ha crecido drásticamente en la última década y Bruselas valora prohibir de golpe la producción y el consumo de las casi 10.000 variantes de PFAS existentes. En su afán por abordar el problema, la Comisión acaba de calcular el coste de limpiar la naturaleza de estos residuos. El documento estima que en 2024 había en Europa 11.500 lugares contaminados por PFAS y que en 2020 se emitieron 11.600 toneladas de estos químicos al medio ambiente.

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios de aquí a 2050. El más pesimista –la contaminación por PFAS sigue creciendo al ritmo actual– estima que entre 2020 y 2050 su concentración en la naturaleza europea crecerá entre un 150% y un 175%, pasando de afectar del 8% del territorio al 10,5%. Diversos análisis confirman que en la actualidad el 100% de la población europea tiene PFAS en la sangre, pero diez millones de personas pasarían de tener concentraciones medias a elevadas en 2050 si la legislación no se endurece.

El daño económico que supondría ese contexto ascendería a 440.000 millones de euros durante las próximas tres décadas, principalmente por los costes sanitarios de la mortalidad y los tratamientos médicos que acarrearía entre la población, pero no sería el escenario más caro porque se asume que nadie se molestaría en limpiar las aguas continentales de esos tóxicos.

De peor a mejor, el análisis contempla además otros tres escenarios. Uno en el que se cumple actual Directiva de calidad de aguas de consumo humano, otro más optimista en el que se cumple la normativa de Estándares de Calidad Ambiental, y mejor de todos, en el que se prohíbe la producción y consumo de PFAS en la Unión Europea, una medida que se negocia ahora en Bruselas.

El escenario que costaría 1,7 billones de euros de aquí a 2050 es el intermedio, en el que se cumplen los Estándares de Calidad Ambiental, debido a que además de los costes sanitarios derivados de la toxicidad de los químicos, habría que depurar las reservas de agua de boca y las aguas residuales del continente, una operación que dispararía la factura.

La simulación más económica, paradójicamente, sería prohibir en los próximos años el uso total de PFAS en la Unión Europea. El coste de limpiar la naturaleza y el recibo sanitario sería durante las próximas tres décadas sería de apenas 330.000 millones de euros porque habría menos que limpiar y la concentración de ese cóctel en la sangre caería poco a poco hasta cero porque se expulsan por la orina y las heces.

Todos los escenarios calculados por Bruselas solo incluyen el coste sanitario de los cuatro PFAS más comunes en la naturaleza (PFOA, PFOS, PFHxS y PFNA), pero la industria emplea cientos más todos los días en menores cantidades. El PFOA y el PFOS ya están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—pero continúan presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023, la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y el PFNA.

Aunque el coste de limpiar la naturaleza de contaminantes eternos no está desagregado por países, está demostrado que los del sur, entre ellos España, tienen una concentración menor de químicos eternos que los del norte de Europa (Noruega y Suecia) y Europa occidental (Francia y Alemania) por la menor concentración de fábricas que los utilizan. Un estudio de 2023 en adolescentes mostró que en los países del sur tenían de media 0,7 microgramos por litro (µg/L) de sangre de PFOA, frente a 1,12 y 1,13 µg/L en el norte de Europa y Europa occidental, respectivamente. Diferencias similares se encontraron en otros PFAS estudiados.

El principal motivo de la difusión de estas sustancias al medioambiente son los vertidos de aguas residuales industriales, el humo que sale de sus chimeneas y el uso de pesticidas en la agricultura. No obstante, aunque en España no haya concentraciones tan altas de PFAS, están en todas partes. Forman parte de objetos cotidianos como ropa técnica a pesticidas, cosméticos, pinturas, juguetes, extintores o muebles. Pueden encontrarse también en todas las cocinas: en sartenes antiadherentes, en envases de comida rápida o en el papel de horno.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, ha participado en numerosos análisis de PFAS en España, y afirma que se han detectado en diferentes análisis, tanto de agua como de cultivos y peces. Este mismo jueves,  la organización Pesticides Action Network (PAN Europe) ha publicado un análisis de manzanas cultivadas en Europa, entre ellas cinco muestras de España, y tres de ellas contenían PFAS. "No nos consta que haya depósitos de PFAS en España, pero haber tiene que haberlos porque los hemos encontrado en el agua de grifo", señala el experto.

Un factor común a todos los PFAS es que son persistentes o muy persistentes en la naturaleza y no se degradan en siglos, y muchos de ellos son también "tóxicos, bioacumulativos, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción y, por lo tanto, presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente a través de la exposición", según se lee en el informe la Comisión Europea. Los humanos se exponen a ellos a través del agua de grifo y embotellada, los alimentos, el aire, el contacto con productos diarios que los tienen o en el trabajo, en profesiones como la construcción.

El estudio, que revisa toda la literatura científica reciente sobre los PFAS, recoge todas las evidencias de su impacto en la salud. Se relacionan con infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes de la tiroides, problemas hepáticos, bajo recuento de espermatozoides, riesgos maternos/neonatales (hipertensión, disminución del crecimiento fetal, bajo peso al nacer). De manera menos fiable, también se relaciona con la diabetes.

Además, los PFAS tienen un altísimo coste para la naturaleza. Se ha demostrado que afectan a la reproducción, el comportamiento y la salud de todos los seres vivos, incluidos mamíferos, peces y plantas. El problema es que su estudio es extremadamente complejo. Los PFAS están poco explorados y su estudio habitual se basa en análisis de seres vivos individuales en entornos controlados, de manera que es difícil conocer realmente su impacto en ecosistemas reales.

El coste económico de estas sustancias ya había sido aproximado en otros análisis, como un estudio de 2025 de The Forever Pollution Project, un proyecto europeo de monitorización de PFAS, que estimó una factura incluso superior: 95.000 millones de euros al año durante dos décadas, casi dos billones de euros. Otra investigación, publicada en 2024 en la prestigiosa revista Science of The Total Environment calculó que eliminar cada año la misma cantidad de PFAS que se emiten al medioambiente en todo el planeta superaría en coste al PIB global (más de 100 billones de dólares).

El informe de la Comisión, publicado este jueves, también contiene una buena noticia. Las prohibiciones de los últimos 20 años de los PFAS más comunes (PFOA y PFOS) provocaron que entre 2001 y 2007 disminuyera su concertación en sangre en Europa un 23% y un 22%, aunque aumentó la de otros contaminantes ternos que los sustituyeron.

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. Un análisis reciente al que ha accedido infoLibre demuestra este problema en el sector del plátano. El estudio, de 2025, analiza 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

En concreto, el análisis detecta restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.

Investigadores de la Universidad de Sevilla advierten de que la futura mina de Aznalcóllar, que acaba de recibir todos los permisos para su reapertura, ya ha vertido metales pesados al río Guadiamar, cuyas aguas acaban en el Parque Nacional de Doñana. La noticia evidencia que Grupo México y Magtel, las nuevas compañías que explotarán las cortas —un tipo de explotación minera—, han incumplido su compromiso de impacto cero antes incluso de iniciar las obras para reabrir la instalación, como ya advertían los ecologistas y expertos ambientales.

Jesús M. Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, explica que las fuertes lluvias de marzo inundaron las históricas escombreras que rodean la mina original, y arrastraron aguas ácidas con un bajo pH y altos contenidos de metales al cauce del Guadiamar. "Esas aguas llevan muchísimo cobre, zinc, cadmio… que son muy tóxicos. Hemos avisado a la Confederación Hidrográfica y al Seprona, y nadie toma medidas. Y todo esto ocurre con los nuevos dueños", advierte el experto.

Castillo ha adelantado las conclusiones de su análisis a infoLibre, y la semana próxima publicará los resultados en un informe. El ecólogo subraya que este desastre ambiental evidencia que la reapertura de Aznalcóllar está en manos de empresas que no tienen intención de proteger el ecosistema porque esos residuos han alcanzado el corredor verde del Guadiamar, el parque Doñana y posiblemente el Bajo Guadalquivir, tres espacios de la Red Natura, uno de ellos Patrimonio Mundial de la Unesco. 

"La contaminación ha matado peces como la anguila europea, que está más protegida que el lince. Y aquí nadie hace nada. Se celebra la apertura de la mina y se le pone una alfombra roja", dice indignado Castillo.

El análisis ha coincidido con el permiso final de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina casi tres décadas después del accidente que precipitó su cierre, la mayor crisis ambiental de la historia de Andalucía. En abril de 1998 reventó la balsa minera de Aznalcóllar por una negligencia de sus dueños y se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados al Guadiamar. Este río es afluente del Guadalquivir y la principal aportación de agua a Doñana, aunque los lodos solo penetraron brevemente en el parque nacional.

Tras años de reparaciones y millones de euros —que se libró de pagar la entonces dueña de las dos cortas, Boliden— la Junta volvió a sacar a concurso la explotación de la mina en 2015 bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE) y el concurso lo ganó la española Magtel, una adjudicación que está precisamente estos días en la Audiencia de Sevilla por un posible delito de malversación, prevaricación y fraude. La empresa que ejecutará el proyecto será finalmente Minera Los Frailes, propiedad del controvertido Grupo México (97,3%) y de Magtel (2,7%).

Además de la dudosa adjudicación, expertos en medioambiente y organizaciones civiles llevan años tratando de frenar la reapertura de la mina por miedo a que se repita la tragedia. La empresa define el proyecto como "la máxima expresión de sostenibilidad", pero los críticos con el proyecto lo ponen en duda. Isidoro Albarreal, especialista en Minas de Ecologistas en Acción, afirma que Minera Los Frailes ya ha dejado claro que no va a velar por el entorno, pero es que la Junta de Andalucía tampoco lo hará. "La Administración no tiene capacidad para controlar las innumerables condiciones técnicas del proyecto, y todo lo que se incumpla se traducirá en daños para el medioambiente", resume.

Los dueños del proyecto empezarán en los próximos meses los trabajos previos a la explotación, y se espera que la extracción de cobre, zinc y plomo comience en 2028, a un ritmo de 2,7 millones de toneladas al año. La vida de la mina será, por ahora, de 17 años.

El proyecto incluye un vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de lodos, que en teoría deben pasar antes por una depuradora que está por construir. A esto hay que sumar otros 17,3 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que ahora almacena una de las dos cortas mineras que hay en la explotación. Allí se vertieron las aguas contaminadas rescatadas tras el accidente de 1998, y antes de poder excavar la mina —que esta vez será subterránea—, hay que vaciar el agujero.

La empresa no obtuvo permiso para verter estos residuos al Guadiamar, pero sí al Guadalquivir, de manera que se va a construir una tubería de 30 kilómetros para poder desaguar los residuos mineros. La teoría es que el Guadalquivir tiene más caudal y el impacto de los residuos metálicos se diluirá, pero los expertos alertan de que la hidrología es mucho más compleja.

Jesús M. Castillo, ecólogo, opina que la Junta se ha querido creer la "historia de ciencia ficción" que ha vendido la minera de que los metales serán arrastrados por el Guadalquivir hasta mar abierto. "Es cierto que la concentración de metales que verterán es baja, pero es la misma historia que ya hemos visto en la mina de Las Cruces (Sevilla). Los metales se pegan a las partículas en suspensión del agua, como la arcilla o la materia orgánica, y se acumulan en el fondo del estuario del Guadalquivir. Después se van liberando, pasan a la red trófica y generan graves problemas de toxicidad". 

Este investigador participó en un análisis publicado en marzo que detectó altas concentraciones de metales pesados en albures, concretamente de zinc, plomo, cromo, manganeso y selenio. El 31% de los peces superan incluso los límites legales de plomo. El origen de la contaminación es la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla, donde se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a convertirse en una mina subterránea de cobre, zinc, plata y plomo.

Un grupo de investigadores demostró esta semana que los vinos europeos contienen altas cantidades de los llamados contaminantes eternos o PFAS, un grupo de sustancias químicas que se empezaron a producir a mediados del siglo XX y que han ganado peso en la última década. Aunque se ha demostrado que son tóxicos para los humanos, aportan tantas propiedades a los productos del día a día que la industria y los gobiernos se resisten a vetarlos. 

En España hay un estudio muy limitado sobre los PFAS porque afortunadamente no ha habido grandes escándalos de contaminación, pero los expertos (las expertas, en este caso) insisten en que están por todas partes, que ningún umbral de consumo es seguro y que hay que reducir la exposición a ellos todo lo posible. infoLibre ha hablado con cuatro científicas españolas que llevan años buscándolos y analizándolos para proteger a la población, y en este artículo contestan a las dudas más habituales.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son compuestos químicos sintéticos que contienen flúor y que nos rodean en nuestro día a día. Descubiertos en 1938 por la empresa química estadounidense DuPont, fueron primero utilizados en el proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares por su extrema resistencia, y a partir de ahí se han creado cientos de sustancias derivadas: hay más de 10.000 PFAS diferentes.

Son imprescindibles para la industria porque aplicados sobre un textil, un plástico, un metal o una madera, convierten estos materiales en ignífugos, antiadherentes, antideslizantes, antimanchas, aportan dureza y evitan la corrosión. Es decir, dan a cualquier material cualidades que se necesitan en todas las industrias, desde la farmacéutica a la aviación, pasando por la alimentación. 

Entre los años 90 y los 2000 se descubrió que los PFAS eran altamente persistentes, bioacumulativos y tóxicos, las tres condiciones que encienden las alarmas entre los reguladores porque suponen un riesgo para la salud durante siglos y a gran escala. Se han hallado restos de estos químicos en personas de todo el planeta.

La respuesta de los expertos es siempre la misma: "Están en todas partes". Su primer uso cotidiano fue en las sartenes de teflón, pero ahora han llegado a cientos de productos que manipulamos a diario. Como los PFAS son resistentes y duran siglos en el medioambiente, se acumulan en la tierra y se filtran a los acuíferos, de manera que terminan en el agua corriente y los alimentos, el mayor riesgo para los humanos.

También están en prendas de ropa técnica, pesticidas, cosméticos, pinturas, tuberías, juguetes, muebles… y hasta en el aire acondicionado. Begoña Jiménez, investigadora de Química Ambiental del Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC), los ha buscado incluso en la Antártida. "Allí trabajamos desde 2014 y los hemos encontrado en sus aguas y en la atmósfera. Si están en el punto más remoto del mundo, aquí los tenemos en varios órdenes de magnitud por encima", señala.

Su equipo también trabajó entre 2013 y 2019 en un análisis de las aguas del Duero, Tajo, Ebro, Cantábrico Oriental y Cataluña, y encontró PFOS y PFOA por encima de los niveles ambientales recomendados de la UE en el 51% de los 116 puntos analizados.

Se ha demostrado ampliamente que los PFAS más antiguos y más utilizados son tóxicos para la salud e, incluso, han sido prohibidos en gran parte del mundo para evitar una crisis sanitaria. El problema es que hay miles de sustancias polifluoroalquiladas y es imposible abarcarlas todas porque analizar su impacto en el organismo es extremadamente complejo: cada una puede afectar de una manera al cuerpo y normalmente se acumulan varias de ellas al mismo tiempo, complicando todavía más el diagnóstico. A esto se suma que son sustancias persistentes y no se degradan dentro del cuerpo, de manera que solo se pueden expulsar por la orina y las heces.

Lara Cioni, investigadora de PFAS y plastificantes en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), explica que "el PFOA y el PFOS son las variantes más estudiadas, pero son dos de miles". "Uno de ellos es cancerígeno y otro está catalogado como posible cancerígeno. También hay evidencias de que dañan el sistema inmunitario y reducen los efectos de las vacunas", señala la experta. También se han relacionado los PFAS con problemas de fertilidad, con daños en los riñones y el hígado, o con alteraciones de tiroides.

Sí, aunque menos que en otros países. En España no ha estallado por ahora ningún gran escándalo por contaminantes de PFAS —a diferencia de países como Italia, Bélgica, Francia o Dinamarca—, pero sí se han encontrado restos de PFAS en ríos de la península y en estudios poblacionales.

Ana Cañas, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA), trabajó en 2009 en el primer estudio en busca de químicos tóxicos en la población adulta española, y en 2017 ese mismo centro realizó otro en adolescentes. El primero arrojó concentraciones de PFOS de entre 6 y 10 microgramos por litro de sangre, con los niveles más altos en Cataluña; mientras que el segundo encontró una media de 5 microgramos por litro de sangre en los adolescentes.

Ambos análisis formaban parte de un estudio más amplio en la Unión Europea, y Cañas explica que España está mucho mejor que otros países. "La buena noticia es que estamos a la cola, tenemos la mitad de residuo que países como Suecia o Noruega", afirma la experta. "En esos estudios también medimos el mercurio… y ahí sí que estamos en el top mundial con Portugal y Japón porque comemos muchísimo pescado", añade.

Realmente es imposible, resumen las investigadoras. El consejo más habitual es buscar la etiqueta 'libre de PFAS' en utensilios de cocina, envoltorios de alimentos o toda clase de objetos que tengan cualidades antimanchas o impermeables como alfombras, ropa o muebles. Pero la realidad es que hoy en día prácticamente ninguna etiqueta lo aclara, salvo en las sartenes.

Dolores Romano, encargada de Químicos de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, por sus siglas en inglés), matiza que en algunos productos, aunque se etiqueten como 'libre de PFOA', han sustituido esa sustancia —hora ilegal— por otra similar menos estudiada, como el PTFE, el que usa, por ejemplo, la marca Tefal en sus sartenes antiadherentes. "Los fabricantes te dicen que su producto es seguro, pero lo que han hecho es utilizar otro PFAS que no tenga un análisis detallado. Los polímeros como el PTFE no tienen riesgos conocidos porque la normativa europea REACH los dejó fuera de la legislación, y no se han estudiado", opina Romano.

La experta también recomienda prestar mucha atención a los envases de la comida, donde son habituales los PFAS. Por ejemplo, el papel antigrasa que envuelve las hamburguesas, las cajas de pizza o el papel de horno.

Los dos más comunes del siglo pasado, el PFOA y el PFOS, están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—, por lo que ya no los verás en ningún producto. Sin embargo, todavía están presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023 la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y ha restringido el uso de otros dos tipos de PFAS.

El problema, coinciden las investigadoras, es que cuando la industria pierde uno de estos productos, diseña un sustituto similar y lo introduce en el mercado sin saber si es también tóxico, porque estudiar su impacto y prohibirlo después puede llevar fácilmente una o dos décadas. Y mientras tanto, los fabricantes han podido vender toneladas de ese producto.

Dolores Romano, experta en legislación europea sobre químicos, explica que Bruselas se prepara ahora para endurecer los permisos sobre los PFAS con una reforma del reglamento REACH, el que legisla sobre los químicos legales en el continente. Sin embargo, el choque de intereses entre la industria, los activistas y la política podría resultar en una legislación descafeinada. 

Para evitar que la industria se salga con la suya, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Noruega presentaron en 2023 una propuesta para prohibir la fabricación y uso de todos los PFAS en Europa a partir de 2026, y la propuesta se está debatiendo en este momento. Paralelamente, explica Romano, se están intentando aprobar pequeños reglamentos para vetarlos en la producción de juguetes y en las espumas de los extintores de incendios.

En España, una ley establece desde 2024 un máximo de concentración de cuatro sustancias PFAS en el agua corriente (PFOA, PFOS, PFNA y PFHxS), y desde 2025 a controlar los niveles de otros 20 tipos más.

Comparado con otros países europeos, España tiene un conocimiento muy limitado de la contaminación por PFAS. Por una parte, porque aquí no ha habido una industria de producción de PFAS a gran escala y no se han desatado escándalos de contaminación masiva, como sí ha ocurrido en fábricas del centro de Europa. Por otra, porque la investigación de los compuestos fluorados y su impacto en la salud es muy limitada en España.

Hay un equipo del CSIC que monitoriza la cuenca del Duero de manera continua en busca de PFAS, y otro equipo del Ciemat estudia la del Tajo, pero no hay análisis continuos de la situación global de estos contaminantes. Sobre la acumulación de PFAS en la población, no ha habido nuevos estudios desde 2017. Ni tampoco hay un organismo que analice sus daños sobre la salud.

No obstante, Ana Cañas, del CNSA, adelanta que preparan con el Ministerio de Sanidad para 2026 el primer estudio de biomonitorización humana para medir contaminantes orgánicos, entre ellos los PFAS, en 4.000 españoles. "Será el primer estudio global en España y vendrá seguido de más ediciones para poder comparar cómo avanza la situación y cómo afectan las legislaciones que entren en el futuro". 

La prueba más clara de la falta de información en España sobre los PFAS está en la mayor base de datos de Europa sobre la ubicación de estos químicos. El PFAS Data Hub, un mapa que recoge todos los puntos conocidos del continente donde se han detectado estas sustancias, apenas tiene registros en la península ibérica. Tiene casi medio millón de coordenadas donde se han recuperado PFAS, y la gran mayoría están en Francia (206.730), Reino Unido (48.909) Alemania (16.582) y Países Bajos (6.447), mientras que solo hay 591 puntos ubicados en España.

En general, las expertas creen que España está más atrasada que otros países del centro y el norte de Europa en el estudio de PFAS, pero no está a la cola de Europa. "Una cosa es que tengamos investigación, que la tenemos, pero necesitamos programas de seguimiento estrictos", apunta Begoña Jiménez. "Y para eso no basta con una financiación concreta, sino que necesitamos partidas presupuestarias continuas del Ministerio de Transición Ecológica y de Sanidad", resume.

Decenas de millones de metros cúbicos de barro inundaron hace tres meses la provincia de València, y cien días después biólogos y geógrafos se apresuran en medir cuáles serán las consecuencias ambientales de la riada. El Parque Natural de la Albufera es de lejos el enclave más dañado porque no tiene capacidad para evacuar el lodo ni los residuos depositados, mientras que los ríos y las ramblas por las que pasó el torrente ya están recuperados —desde el punto de vista ecológico—. En la costa, donde ha acabado gran parte de este barro, los expertos no han detectado por ahora ningún daño ambiental.

La preocupación de vecinos y ecologistas por la Albufera comenzó a los pocos días de la tormenta, tras conocerse que el marjal había quedado colmatado de barro, escombros y todo tipo de basura arrastrada por el agua. Pero todavía hoy la situación sigue sin resolverse. Grupos de voluntarios acuden diariamente a la zona para retirar voluminosos y residuos peligrosos, y alertan de que metales, plásticos y residuos peligrosos están sepultados y si no entra maquinaria para retirarlos, se quedarán ahí para siempre.

“Hemos sacado restos de aceites y gasolinas, medicamentos, metales… Ahora nos preocupan mucho las bolitas de plástico que han llegado desde las naves industriales porque son inabarcables. Estamos hablando de residuos muy peligrosos que llevan meses en una reserva natural donde se cultiva arroz”, alerta Eva Tudela, responsable del proyecto de Acció Ecologista Agró en l'Albufera. La activista revela que han contactado con las fábricas propietarias de esa basura, pero simplemente les ignoran. “Las empresas se han despreocupado. Tenemos residuos donde literalmente aparece el nombre del dueño y su dirección, pero ninguno nos ha respondido”.

Los ecologistas denuncian que la respuesta de la Generalitat Valenciana está completamente desorganizada y son los vecinos los que están haciendo el grueso del trabajo, incluida la retirada de residuos peligrosos, de manera que los voluntarios están expuestos a toda clase de productos tóxicos. Según relata Tudela, ellos recogen los restos del interior de la Albufera y los dejan en un camino para que el personal del parque natural los transporte fuera de la zona. Según publica Las Provincias, los voluntarios ya han retirado más de 59 toneladas de residuos de este humedal, incluido en la lista internacional Ramsar por su valor para la biosfera.

Carles Sanchís, doctor en Geografía y profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), aclara que por ahora la Albufera está resistiendo el golpe de la riada y la contaminación. “Ha habido una acumulación descomunal de sólidos, que no tendrían que estar allí, pero de momento los indicadores de calidad del agua son absolutamente normales y no ha habido impacto en la vegetación y la fauna, afirma Sanchís, que es también coordinador de la Comisión Científica de la Albufera. Que el ecosistema haya aguantado no significa que la situación no sea preocupante, aclara, porque “si los residuos no se retiran podrían aparecer problemas severos de toxicidad” en el agua.

Según explica Sanchís, los desafíos pendientes en el humedal es retirar lo antes posible el barro y los residuos para que el problema no vaya a más. Sobre las tierras agrícolas de la Albufera, conocida por sus cultivos -es el séptimo arrozal más grande de Europa- el geógrafo adelanta que “no tenemos la seguridad de que el cultivo esté garantizado una vez que se retiren” los residuos. Para conocer más a fondo el estado de la tierra y las lagunas, añade que la Generalitat está preparando un equipo para monitorizar durante el resto del año los parámetros ambientales de la zona.

Las ramblas que dispararon su caudal durante la tarde del 29 de octubre tampoco han sufrido daños a largo plazo por la crecida. Por supuesto que las orillas de los cauces han quedado arrasadas y todavía quedan escombros o incluso vehículos abandonados junto a los ríos, pero la calidad del agua y la fauna que vive en ellos ha vuelto a la normalidad.

Sales Tomas, directora de la Fundación Limne, una organización valenciana especializada en la restauración fluvial, confirma que ya han realizado análisis en varios puntos de la cuenca del Júcar, y la calidad del agua es impoluta. “Puede sorprender, pero desde el punto de vista ambiental los ríos están incluso mejor que antes. En realidad es algo esperable porque los cauces se recuperan muy rápido de las riadas y la vegetación está adaptada a estas situaciones”, confirma. La experta en ríos añade que los niveles de oxígeno del agua son muy buenos y eso ha llevado a que los macroinvertebrados hayan colonizado de nuevo los cauces.

La tercera pata del ecosistema acuático de la cuenca es la costa, a donde han llegado millones de toneladas de fango. No solo el que arrastró esa tarde el río, sino también el que se lanzó a las ramblas en las siguientes semanas para limpiar los más de cincuenta municipios afectados. Sin embargo, los especialistas que han trabajado en las playas y el fondo marino de la provincia, confirman que no ha habido daños en la vegetación ni los peces.

José Serra, catedrático de Puertos y Costas de la UPV, afirma que “solo han llegado lodos y cañas que se han depositado en el fondo” y que “no son un problema porque el propio oleaje se los llevará poco a poco mar adentro”, así que no cree que haya motivo de preocupación.

En enero, el Instituto Español de Oceanografía también recogió muestras de agua y tierra en la costa valenciana para analizar si hay restos tóxicos que puedan amenazar el ecosistema, pero todavía no se han presentado los resultados. Víctor León, responsable científico de la campaña, relata a infoLibre que han tomado muestras junto a la playa, pero también de hasta 300 metros de profundidad, y que a simple vista no han visto nada anómalo, solo una capa reciente de entre 1 y 3 centímetros que correspondería a los lodos de la dana.

“Probablemente lo que encontremos en los análisis será una mezcla de residuos agrícolas (pesticidas o fertilizantes), urbanos (combustibles) e industriales (químicos o metales pesados). Pero como el lecho ya estaba compuesto fundamentalmente por fangos, el impacto en el medioambiente será probablemente bajo”, opina. De todas formas, hasta que no publiquen los resultados no pueden bajar la guardia. León participó en 2018 en el análisis de los lodos que arrastró una riada hasta el Mar Menor, y detectaron meses después restos de DDT, un plaguicida tóxico prohibido en la Unión Europea que todavía se acumulaba en los cultivos de la zona.

Los compuestos orgánicos fluorados, más conocidos como PFAS, nos rodean. Están en el agua, la ropa, la comida, los cosméticos o el aire acondicionado. Pero en España son prácticamente desconocidos, como reconocen los expertos. Son sustancias químicas llamadas eternas porque sobreviven siglos en el medioambiente, de manera que se acumulan de forma exponencial a nuestro alrededor en embalses, cultivos o incluso en el polvo de casa. El problema es que hay miles de PFAS diferentes y la exposición a muchos de ellos provoca cánceres, infertilidad y otros problemas de salud.

En los últimos cinco años, ha crecido en Europa una fuerte oposición contra los compuestos fluorados después que se hayan destapado numerosos escándalos de vertidos industriales al medioambiente. En Bélgica, Francia, Suecia o Italia hay una gran concienciación social para exigir su prohibición, y sobre todo, para que las administraciones estudien en qué zonas de la geografía se encuentran y evitar así que la población se exponga. Pero en España apenas se sabe dónde están, en qué concentraciones y cuál es el peligro real que suponen.

La prueba más clara de la falta de información en España sobre los PFAS está en la mayor base de datos de Europa sobre la ubicación de estos químicos. El PFAS Data Hub, un mapa que recoge todos los puntos conocidos del continente donde se han detectado estas sustancias, apenas tiene registros en la península ibérica. No porque esté más limpia que otras regiones, sino porque apenas se han elaborado muestreos.

Esta base de datos tiene casi medio millón de coordenadas donde se han recuperado PFAS, y la gran mayoría están en Francia (206.730), Reino Unido (48.909) Alemania (16.582) y Países Bajos (6.447), mientras que solo hay 591 puntos ubicados en España. Es cierto que este registro está coordinado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), de manera que es lógico que tengan más información sobre su propio país, pero también es cierto que en España no hay prácticamente documentación de los PFAS en comparación con los países del entorno.

"En España hay pruebas de que todos los ciudadanos tenemos restos de PFAS en la sangre, pero no hay un análisis profundo de cuál es nuestra exposición diaria a estas sustancias", señala Dolores Romano, experta en Químicos de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB). "Hay estudios puntuales que confirman que hay restos de PFAS por todo el país, pero el interés académico por los compuestos fluorados no ha saltado a las administraciones. El día que los busquemos, como ha hecho Francia, probablemente nos encontremos en una situación similar".

La web Datadista, especializada en periodismo de datos, publicó hace dos años un recopilatorio de los seis estudios que se han realizado en España en busca de PFAS en el agua entre 2016 y 2023. Entre todos ellos se han identificado 400 puntos con presencia positiva de químicos fluorados. Eso no quiere decir que solo estén presentes allí, sino que demuestran que están repartidos por toda la geografía. Uno de los principales análisis en España lo realizó un equipo de científicos del Instituto de Química Orgánica (IQOG-CSIC) con registros de calidad del agua entre 2013 y 2021 en el Tajo, el Ebro y el Duero, y el 51% de las muestras tenían concentraciones superiores a los estándares de calidad ambiental de la Unión Europea.

Koldo Hernández, coordinador del área de Tóxicos de Ecologistas en Acción, exige a las administraciones españolas que se tomen en serio la medición de los PFAS en la naturaleza. Un estudio europeo en el que ha participado esta ONG y que se publicará en febrero, ha analizado las entrañas de peces en todo el continente en busca de contaminantes químicos, y Hernández adelanta que en España "las concentraciones de PFAS son muy altas, casi las más altas de Europa".

La directiva europea de aguas de 2020 estableció una veintena de compuestos orgánicos fluorados que los estados deben controlar en sus aguas para que no superen umbrales máximos de contaminación, pero Hernández cree no todos los ayuntamientos están monitorizándolos. En todo caso, por ahora no hay un límite máximo de concentración de PFAS en el agua corriente. La normativa española sobre calidad del agua obliga a que todos los operadores municipales de aguas no superen los 0,10 microgramos por litro (µg/L) en un cóctel de 20 PFAS diferentes a partir de enero de 2026.

En países vecinos, la presión de la población afectada y las manifestaciones han forzado a los políticos a implicarse. Por ejemplo, en Bélgica descubrieron en 2018 que el complejo químico de 3M en Zwijndrecht, junto a Amberes, había contaminado gravemente las tierras agrícolas y el agua de la región con sustancias PFAS, pese a que había abandonado la producción de estos químicos en 2002. Vecinos de la zona llegaron a superar en 500 veces la concentración en sangre recomendada.

En España solo se conoce una fábrica de compuestos fluorados, la de Arkema en Alonsotegi (Vizcaya), pero cerró en 2016 tras la crisis económica. El problema, explica Dolores Romano, es que tras la clausura no se estudió la zona para comprobar la posible contaminación de las tierras. De todas formas, los expertos insisten en que no hace falta que se fabriquen químicos en una región para que el suelo esté contaminado, porque todas las fábricas los emplean en mayor o menor medida en su cadena de producción.

"Nosotros no los producimos, pero eso da igual, las usamos a diario en todas partes, es imposible no usarlos", resume Koldo Hernández. De hecho, en los análisis del CSIC y las conferencias hidrográficas se han detectado restos de PFAS en todas las comunidades autónomas.

Los escándalos europeos con estos productos provocaron que enero de 2023 se formase una coalición de países (Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Países Bajos) para pedir a la Comisión Europea una prohibición integral de la producción y el uso de compuestos orgánicos fluorados. Como las políticas sobre químicos son extremadamente exhaustivas, la demanda todavía está siendo estudiada por la Agencia Química Europea (ECHA), aunque la decisión final estará en manos de la Comisión Europea. La ECHA comunicó el pasado noviembre que sigue estudiando el caso, pero que su idea es dejar fuera de la prohibición a los PFAS empleados en fábricas de baterías y electrolizadores porque son industrias clave para el continente.

Los PFAS son un grupo de más de 10.000 compuestos químicos que son usados a diario en todas las industrias imaginables. La clave es que aportan al resto de materiales propiedades antiadherentes, impermeabilizantes y resistencias al calor, entre otras. Se llaman PFAS porque son sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, es decir, compuestas por enlaces de flúor y carbono. Estas cadenas son químicamente muy, muy resistentes, y son muy atractivas para la fabricación de textiles, metales, pinturas, embalajes de comida, y miles de otros productos. Pero esta resistencia también provoca que si se vierten al medioambiente resisten durante cientos de años y es muy fácil que terminen llegando a los seres vivos o contaminando cultivos. Como también se disuelven en agua, se concentran en grandes cantidades en embalses, ríos y aguas subterráneas, de manera que a menudo se detectan en el agua corriente de los hogares.

"Los PFAS están en todos los sitios, da igual donde busques", resume Dolores Romano, ingeniera agrícola de formación. "Como aportan impermeabilidad los podemos encontrar en chubasqueros. También aportan resistencia a la grasa, y forman parte de utensilios de cocina o en textil. Otro uso muy importante es en los líquidos refrigerantes del aire acondicionado". Uno de los lugares más conocidos donde se encuentran son las sartenes de teflón, aunque en los últimos años han surgido sustitutos antiadherentes y algunas sartenes llevan sellos anti-PFAS. Marcas como Gore-Tex (ropa impermeable), McDonald's o Ikea están en proceso de abandonarlos.

Organismos multilaterales ven "cada vez más probable" que en los próximos cinco años se alcance un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados" por encima de los niveles preindustriales y que incluso "temporalmente" se supere este umbral, que es el objetivo marcado por la comunidad internacional en el Acuerdo del Clima de París, por lo que advierte de que el cumplimiento de este compromiso está "muy lejos", según recoge Europa Press.

Así lo advierte en su tercer informe Unidos por la Ciencia 2021 que coordina la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y en el que participan el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Proyecto Carbono Global, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la Oficina Meteorológica del Reino Unido. En este trabajo, presentan los últimos datos y resultados científicos sobre cambio climático y advierten de que las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera siguen en "niveles sin precedentes" que "condenan al planeta a un peligroso calentamiento futuro".

Además, concluye que el coronavirus no retrasó el "avance implacable" del cambio climático, que no hay "indicios" de que se esté produciendo un crecimiento "más ecológico", ya que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentan otra vez rápidamente después de la disminución pasajera a consecuencia de la desaceleración económica por la pandemia y, "no se acercan en absoluto a las metas de reducción". En sus conclusiones, destaca que el aumento de las temperaturas global está provocando fenómenos meteorológicos "extremos" y "devastadores" en todo el planeta cuyos efectos son "cada vez más graves". Entre ellos, por ejemplo, señala que se han perdido "miles de millones de horas de trabajo solo a causa del calor" puesto que la temperatura media mundial de los últimos cinco años fue una de las más altas "jamás registrada".

En definitiva, afirma que la escala de los cambios experimentados recientemente en el sistema climático en su conjunto "no tiene precedentes en muchos cientos, e incluso miles, de años" y que incluso si se adoptan medidas ambiciosas para reducir las emisiones de GEI el nivel del mar "seguirá aumentando" y constituirá una amenaza para las islas de baja altitud y las poblaciones costeras de todo el mundo.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha manifestado que este año es "decisivo" en la acción climática y considera que el informe supone una "constatación alarmante" de la lejanía del rumbo previsto y denuncia que los países están aún "muy retrasados con respecto a la consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París".

Por su parte, el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, ha lamentado que durante la pandemia se ha escuchado que hay que reconstruir para mejorar y trazar un camino más sostenible y evitar los peores efectos del cambio climático, pero este informe señala que "hasta el momento en 2021" no se está avanzando "en la dirección correcta".

La aportación de la OMM al documento concluye que las concentraciones de los principales GEI –dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O)– siguieron aumentando en 2020 y durante el primer semestre de 2021.

Aunque no descarta que la disminución general de las emisiones que se registró en 2020 haya limitado el incremento anual de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero de larga duración; sin embargo, afirma que este efecto fue demasiado pequeño. Asimismo, añade que la reducción del CH4 atmosférico a corto plazo podría contribuir a la consecución de las metas establecidas en el Acuerdo de París, pero eso no disminuye la necesidad de "reducir de forma pronunciada, rápida y sostenida las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero".

Así, precisa que la temperatura media global entre 2017-2021 está "entre las más cálidas jamás registradas" y equivale a entre 1,06ºC y 1,26ºC por encima de los niveles preindustriales (1850-1900). En cuanto al valor estival medio y el valor máximo invernal medio de la extensión de los hielos marinos del Ártico, añade que fueron inferiores a la media a largo plazo para el periodo 1981-2010. Y en septiembre de 2020 esa extensión alcanzó el segundo valor más bajo del que se tiene constancia.

En cuanto a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de efectos devastadores, la OMM recuerda el calor extremo excepcional en América del Norte y las crecidas en Europa Occidental fueron señales inequívocas del cambio climático causado por las actividades humanas.

Covid-19: un parón momentáneo

En total, según el Proyecto Carbono Global, las emisiones mundiales de CO2 de origen fósil (carbón, petróleo, gas y cemento) alcanzaron un nivel máximo de 36,64 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2) en 2019, seguido de un extraordinario descenso de 1,98 GtCO2 (5,6 %) en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Pero algunas estimaciones preliminares observan que de enero a julio de 2021 las emisiones mundiales en los sectores de la energía eléctrica y la industria ya se encontraban en el mismo nivel o en un nivel superior al observado durante el mismo período en 2019, antes de la pandemia, mientras que las emisiones procedentes del transporte por carretera registraron una reducción de alrededor del 5 por ciento.

Por su parte, el PNUMA denuncia que cinco años después del Acuerdo de París "no se ha avanzado" en los objetivos de emisiones mundiales, ya que estas deben ser de 15 gigatoneladdas de CO2 equivalente más bajas de lo que representan las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) incondicionales vigentes para cumplir el objetivo de 2 °C, y 32 GtCO2e más bajas para alcanzar el objetivo de 1,5 °C. En la misma línea, el Boletín sobre el Clima media anual a decenal de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, PMIC, OMM, ve probable que cada uno de los próximos cinco años la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere, por lo menos, en 1 °C los niveles preindustriales, y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,9 y 1,8 °C.

De hecho, calcula que hay un 40% de probabilidades de que la temperatura media mundial en uno de los próximos cinco años sea, por lo menos, 1,5 °C más alta que en los niveles preindustriales; sin embargo, es muy poco probable (alrededor del 10% de probabilidad) que la temperatura media de los cinco años correspondientes al período 2021-2025 esté 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. El análisis incluye también aspectos destacados del Sexto Informe de Evaluación del IPCC que no deja dudas sobre la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, los océanos y la tierra. Refleja así que la escala de los cambios experimentados en el sistema climático y el estado actual de "numerosos aspectos" del sistema climático "no tienen precedentes en muchos cientos, e incluso miles, de años".

Entre los datos del IPCC figura que entre 1900 y 2018 el nivel medio del mar a nivel mundial creció 20 centímetros y que lo hace a un ritmo acelerado de 3,7 + 0,5 metros por año de 2006 a 2018. Esto supone que incluso aunque se reduzcan las emisiones para mantener el aumento de temperatura muy por debajo de 2 °C, el nivel medio del mar a escala mundial probablemente aumentaría entre 0,3 metros y 0,6 metros de aquí a 2100, y podría aumentar entre 0,3 metros y 3,1 metros de aquí a 2300.

En definitiva, para Guterres el informe "no da lugar a dudas" de que el tiempo se está "agotando" de modo que para que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 que se celebrará en Glasgow, "todos los países deben comprometerse a alcanzar las cero emisiones netas, a más tardar, en 2050".

Italia llevaba décadas exportando basura a países de Europa del Este. Aunque podría hacerlo de forma legal, no es lo que le interesa a la mafia: el beneficio es mucho menor. Sus países favoritos como receptores de residuos son Bulgaria y Rumanía. Por cuatro buenas razones. La primera, que ambos pertenecen a la UE, por lo que las formalidades aduaneras se reducen al mínimo para los cargamentos que también proceden de estados comunitarios. También son países corruptos en los que se puede comprar casi todo por el precio adecuado. Además, el nivel de control aplicado por las autoridades es bastante limitado. Finalmente, eliminar los desechos en Bulgaria y Rumanía es mucho más barato que en Italia.

Así que muchas empresas italianas trabajan con otras rumanas y búlgaras. Y algunas de ellas están relacionadas con los Accarino, una familia que lleva décadas involucrada en el contrabando de residuos, como demuestra la investigación desarrollada por la revista italiana Espressoy los socios en Rumanía y Bulgaria (RCJI/TBS) del consorcio European Investigative Collaborations (EIC), cuyo medio colaborador en España es infoLibre.

En octubre del año pasado, Mario Accarino fue detenido en Italia por la Policía Antimafia junto con otros sospechosos de haber montado una gran red de tráfico ilegal de basuras. Según los carabinieri del grupo de protección del medio ambiente de Milán, la banda de traficantes desmantelada había acumulado más de 24.000 toneladas de desechos en vertederos ilegales repartidos por todo el norte de Italia, algunos en los alrededores de Milán, otros entre Varese y Como, algunos más en el Piamonte y cerca de Verona. Entre los 16 detenidos por orden de la Dirección Antimafia del Distrito se encontraba también Antonio Foti, que ya ha cumplido una condena por sus relaciones con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, y que, junto con sus hijos Giuditta y Luciano, lleva años invirtiendo en el negocio de la basura. Un testigo citado en el sumario judicial declaró que Tecnobeton, una empresa propiedad de Foti, envía los residuos a Bulgaria. “Están triturando [basura] a toda máquina. Su ruta siempre es hacia Bulgaria”, explicaba por teléfono un camionero que fue interceptado por la policía. Otra pista que lleva a los Balcanes es la de Mario Accarino quien, junto con su hija Laura y su sobrino Francesco, también acabó en la red de los carabinieri.

Mario Accarino, de 61 años, controla la empresa búlgara Acar Eco, de la que también es accionista Avni Kadir Musein. Su hermano Kadir Avni Kadir fue detenido en 2012 por tráfico de cocaína a Italia. En la investigación policial el turco figura sin embargo bajo el nombre de Krassimir Zlatanski, con el que se inscribió en el Registro civil búlgaro en 2008. Contactado por teléfono por EIC, Zlatanski/Kadir confirma que conoce a Accarino y explica que la empresa Acar Eco, en parte propiedad de su hermana, tiene como objeto social la importación de chatarra desde Italia, pero que actualmente está inactiva. A pesar de los problemas judiciales del pasado, Zlatanski no ha cortado los lazos con Italia. Una pequeña empresa comercial en Milán está registrada a su nombre. “Pero no tengo nada que ver con los negocios de Accarino”, protesta. Junto a su hermano Salvatore, fugitivo quizá en el norte de África, Mario Accarino colecciona detenciones y condenas por delitos medioambientales. En 2019, a los dos traficantes de residuos se les confiscó un patrimonio millonario que incluía 27 propiedades y 28 cuentas corrientes y cajas de seguridad en Italia y Suiza.

La red italiana de los Bobokov

Pero, por muy ricos que sean, los Accarino no pueden compararse con los hermanos Atanas y Plamen Bobokov, dos de los empresarios más ricos de Bulgaria, que acumulan un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. Los Bobokov también han acabado acusados de tráfico ilegal de residuos y su historia, como la de los Accarino, se desarrolla al menos en parte entre Italia y los Balcanes. El caso hizo sensación en Sofía, ya que los dos empresarios se habían forjado una reputación de intocables por sus múltiples relaciones en el mundo de la política. Todo se derrumbó a finales de mayo del año pasado, cuando la pareja acabó en la cárcel acusada de haber desechado ilegalmente al menos 7.000 toneladas de materiales de diversa índole, incluidas sustancias tóxicas, en varios lugares del país balcánico. La historia, de nuevo, conduce al norte de Italia.

En efecto, hace tres años, el grupo Monbat, controlado por los hermanos Bobokov, se hizo con la italiana Piombifera, con sede en La Spezia y planta en Macrobio, cerca de Brescia. La empresa recicla baterías agotadas extrayendo el plomo que luego transporta a la planta búlgara de Monbat para reutilizarlo como materia prima. Los magistrados de Sofía sospechan que los empresarios investigados también han ocultado residuos procedentes de Italia en vertederos ilegales. “No sabemos nada al respecto”, contesta sin embargo Paolo Pofferi, director general de la Piombifera italiana, que ya en 2019 devolvió a la empresa emisora un cargamento irregular que procedía de Eslovenia.

En cualquier caso, el nombre de Pofferi no es nuevo. Hace unos 30 años, el empresario originario de La Spezia, nacido en 1947, fundó una fábrica de todoterrenos en Nusco que tuvo una vida muy corta: cerró sus puertas a los tres años. Pofferi, abrumado por una serie de quiebras, acabó en el centro de una de las numerosas investigaciones abiertas sobre el despilfarro de dinero público que se utilizó para reconstruir la ciudad de Irpinia, en el sur de Italia, tras el terremoto que sufrió en 1980. También fue acusado de enterrar en Nusco residuos contaminantes de las empresas que poseía en el norte. “Un proceso muy largo, pero al final fui absuelto”, explica el socio italiano de los Bobokov, que dirige la Piombifera italiana junto al empresario Giovanni Grazzini, recién nombrado comisario de Forza Italia en la ciudad de La Spezia. Incluso Grazzini dice desconocer los problemas judiciales de los jefes del grupo Monbat.

En Bulgaria, sin embargo, las relaciones con la empresa italiana siguen más de actualidad que nunca. El asunto puede llegar al juzgado esta misma primavera, después de que tres acusados ya se hayan declarado culpables y estén pactando con la fiscalía una reducción de condena.

Documentos falsificados

“Llévense sus basuras”. Fue la orden de las autoridades búlgaras que en febrero de 2020 rechazaron 3.700 toneladas de residuos transportadas en 147 contenedores hasta Varna, una ciudad búlgara en el mar Negro, y que fueron devueltos a Salerno, de donde habían salido meses antes. Dentice Pantaleone, la empresa de la ciudad italiana de Avellino que los envió a Bulgaria, tendrá que hacerse cargo de la eliminación de esas basuras procedentes de la planta de Giugliano, que se había convertido en todo un símbolo de la catastrófica gestión medioambiental en la región de Nápoles. Según la versión oficial de los búlgaros, replicada por la contraparte italiana, la carga no se correspondía con la declarada en los documentos que la acompañaban.

El Gobierno de Sofía también suspendió la licencia de la incineradora que debía eliminar los residuos, parte de un cargamento cuatro veces mayor, unos 600 contenedores en total. La basura estaba destinada a una central eléctrica de carbón controlada por el magnate energético búlgaro Hristo Kovachki. Las 3.700 toneladas de residuos rechazadas por Bulgaria tendrán que ser eliminadas en Italia, lo que ya constituye un paso adelante respecto a lo ocurrido en 2015. En el verano de hace seis años, un barco que salió de Piombino y se dirigió a Varna arrojó al mar frente a la costa de Follonica 65 toneladas de residuos plásticos. Los contenedores siguen allí, una bomba ecológica que pone en riesgo las aguas protegidas del santuario de cetáceos.

Los intermediarios de Accarino en Rumanía

Mario Accarino también estuvo presente en Rumanía, como accionista de una empresa de servicios funerarios a principios de 2000. Sin embargo, sólo conservó sus acciones durante tres años y luego se retiró. Algunos de sus antiguos socios están relacionados con una empresaria rumana, Georgeta Trifa, implicada en el contrabando de residuos procedentes de Italia y eliminados ilegalmente en Rumanía. Las conexiones de Trifa con ciudadanos italianos son numerosos. Por ejemplo, era socia de Giuseppe Marinaro, Emilio Antonaci y Luigi Cataldo en una empresa rumana llamada Aeron Service SRL. Otros tres ciudadanos italianos eran sus socios en otra empresa rumana, Eurofier SRL: Francesco Maccarrone, Marco Nicola Domizio y Pier Paolo Cavallari. Domizio y Cavallari fueron procesados y condenados en Italia por tráfico ilegal de residuos y un informe del Senado italiano vinculó a ambos con el clan Accarino. En otra empresa rumana, Ikosro SRL, los socios de Trifa eran tres ciudadanos italianos –Giuseppe Antonio Marraffa, Gianni Monna y Antonio Caserta–, todos ellos procesados y dos de ellos condenados en Italia por contrabando de residuos.

En Rumanía, Georgeta Trifa está siendo investigada en estos momentos por contrabando de residuos. Dos comunidades rurales, Ineu y Vadu Criș, en el condado rumano de Bihor, al oeste del país, se sorprendieron a finales de 2019 al descubrir que una enorme cantidad de residuos habían sido depositados en una antigua granja oculta bajo muros levantados con pacas de paja. Más tarde, en febrero de 2020, la Guardia de Medio Ambiente calculó que suman 830 toneladas de residuos, entre plásticos, caucho y textiles. Según la respuesta facilitada a EIC por el Gobierno, los residuos se transportaron hasta Rumanía desde tres regiones italianas: Toscana, Lombardía y Emilia Romagna. Sin embargo, los documentos del envío indicaban como destino final de una parte de los residuos Chișinău, la capital de la República de Moldavia, vecina de Rumanía por el este, mientras que el resto de los residuos deberían haber sido reciclados por dos empresas rumanas con sede en Timișoara, otra ciudad rumana.

Sin embargo, lo más probable es que todos los documentos del cargamento estuvieran destinados a permitir que los residuos pasaran por la aduana y no fueran el resultado de un contrato real firmado por el importador. “No hay ninguna relación comercial entre nuestra empresa y las empresas que usted ha mencionado [las responsables de los residuos depositados ilegalmente], responde el director general de una de esas dos empresas con sede en Timișoara, Pro Air Clean Ecologic SA. La otra empresa que, según los documentos del traslado de residuos, debía reciclar los residuos es Geocycle Romania SRL, propiedad de la cementera suiza Holcim. La compañía no ha respondido a las preguntas de EIC ni, según la Guardia de Medio Ambiente, se ha puesto en contacto con ella para reciclar los residuos importados desde Italia. Los residuos para quemar como combustible en las plantas de cemento son muy lucrativos en Rumanía y empresas como Geocycle Romania SRL y Pro Air Clean Ecologic SA son bien conocidas por enviar grandes cantidades de residuos a estas instalaciones. Así que, en principio, no resultaba sospechosa la presencia de esas dos compañías en relación con los residuos de Ineu y Vadu Criș, salvo que los desechos no acabaron en las cementeras, sino escondidas tras pacas de paja en el campo rumano.

Los residuos tienen que ser devueltos a Italia

Dos empresas rumanas se encargaron del transporte: Intrarom Service SRL y Gaz & Oil Gross Group SRL. La primera es propiedad al 100% de Georgeta Trifa, que ya se dedicaba al comercio ilegal de residuos en 2016, cuando, según informan los medios de comunicación italianos, Intrarom Service SRL pidió permiso para sacar 6.000 toneladas de residuos por mar del puerto de Pozzuoli, autorización que fue denegada por el alcalde Vincenzo Figlioglia por falta de datos sobre el destino de los residuos. La segunda, Gaz & Oil Gross Group SRL, es propiedad de dos socios: la mayoría de las acciones pertenecen a Georgeta Trifa (65%) y el resto al moldavo Adrian Grossu, un personaje muy turbio implicado en algunos negocios de contratación pública en la República de Moldavia. La empresa fue creada en 2017 por Grossu y otros dos moldavos, pero éstos dos vendieron sus acciones a Georgeta Trifa en 2018, justo un año antes de que la empresa organizara el traslado de residuos desde Italia a Rumanía.

A pesar del largo historial de Trifa en el traslado de residuos sospechosos, la mujer logró mantenerse al margen de las investigaciones en Rumanía hasta el hallazgo de la Guardia de Medio Ambiente en febrero de 2020. Tras intervenir la Fiscalía, Trifa está siendo investigada por varios delitos. Su caso, sin embargo, aún no ha llegado a los tribunales. Intrarom Service SRL debe pagar una multa de más de 12.000 euros y devolver los residuos a Italia, pero es bastante improbable que la empresa lo haga, ya que acaba de declararse en quiebra. El motivo: otra empresa denunció que Intrarom Service SRL no había pagado una deuda de más de 10.000 euros por servicios de transporte.

Una de las consecuencias más visibles del problema que tiene España con la gestión de sus residuos es la de sus vertederos. El de Zaldibar (Bizkaia, Euskadi) se derrumbó el pasado 6 de febrero y dos de sus trabajadores continúan desaparecidos. La tragedia ha puesto en el foco de la actualidad a muchas de las gigantescas montañas de basura que pueblan el país, y a cuyos impactos ambientales se han sumado los laborales y humanos. "La operación principal que estamos haciendo en España es verter. Somos expertos en vertidos", resume, con ironía pero también con tristeza, el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció el pasado martes que faltó "control" en Zaldibar: pero, sin que sirva para su descarga, no es el único lugar donde los residuos se abandonan a su suerte.

España acumula 12 millones de toneladas de residuos en los vertederos cada año, una cifra que lo convierte en el país europeo que más volumen de desechos vierte en valores absolutos. De los residuos urbanos, mayoritariamente generados por los ciudadanos en sus casas, el 52% va a uno de estos espacios. Y eso como mínimo, ya que otros muchos materiales en apariencia se reciclan, convirtiéndose en materia prima secundaria, pero tienen tan baja calidad que acaban en vertederos de otros países, como Malasia, exportando así el problema ambiental. "La producción industrial tiene un lado oscuro, sobre la que preferimos no mirar: produce tal cantidad de residuos que luego no sabemos qué hacer con ellos", resumió este martes en La Cafetera el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde. Decenas de estos puntos son vertederos ilegales, que España debe clausurar cuanto antes y cuya existencia provoca periódicamente amenazas de multa de la Unión Europea. Pero los legales, como el de Zaldibar, tampoco están exentos de problemas.

Uno de los fallos de "control" a los que se refería Urkullu es que el vertedero de Zaldibar es mucho más grande de lo que debería ser a estas alturas, lo que podría tener relación con el derrumbe, a expensas de lo que diga la investigación. La instalación "tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unos 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba vertiendo entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente", explicó este miércoles Ecologistas en Acción.

Desde la empresa que gestiona el espacio, Verter Reciclying 2000, se asegura que no hay relación entre los residuos que almacenaba el vertedero y el derrumbe. En el momento del accidente, explican, "la capacidad del vertedero aún no estaba colmatada, por lo que mantenía la actividad regular de recepción de residuos, cumpliendo rigurosamente con los procedimientos de control tanto de su recepción como de las condiciones de vertido". Añaden que "el incremento del ritmo de vertido de los últimos dos años se debe al incremento de la actividad industrial y económica en el País Vasco que traen como consecuencia mayor generación de residuos no peligrosos, unido a la escasez de vertido de algunos vertederos que depositan el mismo tipo de residuos que Verter y que están llegando al final de su vida útil".

Pese a que la vida útil de la instalación y su capacidad ya indicaban con claridad cuántos residuos nuevos debía albergar el vertedero anualmente, Arribas reclama que la autorización ambiental que el Gobierno vasco concedió al basurero en 2007 debía haber incluido un límite específico de desechos por año. "No ha habido controles ni expediente sancionador", explica el responsable de Residuos de la organización, que explica que esta falta de inspecciones es habitual en muchos de los vertederos de España, que acogen muchos más desechos de los que podrían permitirse. "Las instalaciones se colmatan rápidamente, mucho antes de lo que se había previsto. Muchas comunidades no tienen vertederos suficientes y lo que sobra se lleva a otros lugares, por lo que se traslada el problema", asegura.

Pero más allá de la cantidad, el tipo de residuos que se vierte en los basureros también supone un problema y un peligro. En el caso de Zaldibar, y una vez parece descartado que el espacio acogiera otro tipo de residuos tóxicos para los que no tenía permiso, las miradas se han dirigido al amianto. Este vertedero acogía restos de construcción con este material cancerígeno, del cual la aspiración de unas pocas fibras puede llevar a una grave enfermedad pulmonar. Las tareas de rescate de los trabajadores desaparecidos, de hecho, tuvieron que posponerse unas horas debido a que al principio nadie parecía saber que el amianto estaba presente entre la basura y los rescatistas no llevaban los equipos de protección adecuados.

Zaldibar tenía permiso para almacenar amianto. Pero la empresa, según la legislación vigente, tiene la obligación de recluir estos restos "en una celda especial y estanca separada del resto de los residuos", explica Arribas. La compañía, Verter Recycling 2000, defiende que el amianto "llegaba inertizado en fibrocemento que se vertía encapsulado en plástico, se descargaba por medios mecánicos y se depositaba en lugares específicos para tener conocimiento y control de su ubicación", aunque los sucesos de las primeras horas del rescate contradicen esta versión. En otros lugares de la geografía española la situación es más grave: se almacenan residuos peligrosos sin que los espacios estén mínimamente acondicionados para ello.

El caso más flagrante se destapó en el vertedero de Chiloeches (Guadalajara) en 2018. La Guardia Civil desveló una trama para abandonar allí miles de toneladas de residuos peligrosos sin descontaminar, pese a que los responsables fingían que eran llevados a una planta para limpiarlos. Se puso así durante años en riesgo la salud del medio natural y de los trabajadores. El basurero, de hecho, ardió en 2016, expulsando a la atmósfera químicos que no debían estar allí. Pero al margen de este episodio, la práctica, denuncian los ecologistas, es habitual: existen empresas pirata que ofrecen gestionar residuos peligrosos a muy bajo precio, muy inferior al habitual, y para poder mantener ese mínimo coste dejan los desechos en vertederos no autorizados para ellopirata. Camuflan la carga ocultándola en el camión debajo de residuos sí permitidos. "El control muchas veces es ocular" –miran por encima la carga de los camiones– por lo que pasan sin mayor problema, explica Arribas.

Aunque no se trata de una infracción tan evidente, en muchas ocasiones materia orgánica se deposita en vertederos no preparados para ello. Tanto los que almacenan esta clase de desechos como los especializados en materia peligrosa deben cumplir una serie de requisitos para evitar en la medida de lo posible el impacto ambiental: por ejemplo, para que los tóxicos procedentes de la putrefacción de la basura no lleguen al entorno natural inmediato o a los acuíferos del subsuelo. Sin un correcto tratamiento, además, la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero, es mucho mayor. Las llamadas escombreras, vertederos que almacenan residuos inertes y no orgánicos, también reciben restos de pintura, yeso o de electrodomésticos que contaminan el aire y las aguas. La Comisión Europea cifró en 2017 en 338 el número de estos espacios en todo el territorio nacional.

Tanto los vertederos ilegales como los legales que cometen irregularidades suponen en España un serio problema paisajístico, medioambiental y de salud pública: en algunos casos se puede hablar de delitos de fraude perpetrados por cárteles de la basura. En el caso de Zaldibar, se ha producido un accidente por esclarecer que puede cobrarse dos vidas humanas.

La solución: cambiar el modelo

La responsable de residuos de Amigos de la Tierra, Marian Lorenzo, tiene claro cuál es la solución, además del obvio aumento de los controles y las inspecciones en los vertederos: cambiar el modelo. "El sistema de España es finalista: está dirigido a verter y a incinerar cuando lo que nos están diciendo las directivas europeas es que primero hay que reducir, luego reutilizar y después reciclar", explica. "Los vertederos no son capaces de absorberlo todo y nos están generando problemas medioambientales y sociales de primer nivel". Para ello, explica un recetario en buena parte compartido por la mayoría de organizaciones ecologistas del país. En primer lugar, luchar contra la obsolescencia programada: los productos que salen al mercado con fecha de caducidad adelantada a propósito para obligar al consumidor a adquirir nuevos cuando se rompen o estropean. "Hay que apoyar además a todas las empresas de economía social que recuperan materiales, que apuestan por la reutilización y la segunda mano...", añade. 

La recogida selectiva en los municipios, añade la activista, tiene un largo camino por recorrer: empezando por la materia orgánica, que en la inmensa mayoría de núcleos poblacionales no se separa. Para los plásticos de un solo uso y los envases, muchos de los cuales estarán prohibidos en la Unión Europea a partir de 2021, Amigos de la Tierra, así como Greenpeace y Ecologistas en Acción, defienden el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), contrario al Sistema Integrado de Gestión (SiG) que representa Ecoembes, mediante el cual los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. "Hace falta también una reforma fiscal", añade Lorenzo, ya que muchos Ayuntamientos no cobran por la tasa de basuras y les sale más barato depositar todos los residuos en un vertedero que apostar por una recogida ambiental y socialmente sostenible. Hay alternativas que ya están funcionando en municipios españoles: recogida puerta a puerta, pago de tasas en función de los residuos que se generan o contenedores cerrados que impiden que los desechos se mezclen.

Todo ello, consideran las organizaciones, ayudaría a llegar al objetivo que la UE reserva a España para 2035: que solo el 10% de los residuos urbanos acaben en vertedero. El Gobierno ya prepara una ley de residuos que intentará aplacar el problema del país con la gestión de residuos, lleno de puntos negros donde se han producido o pueden producirse accidentes como el de Zaldibar y con unas tasas muy inferiores a lo que exige la normativa comunitaria.

A quien no conozca Huelva, la capital de la provincia andaluza homónima, la imagen puede sorprenderle. No hace falta una visita: basta con asomarse a Google Maps o a cualquier otro programa de cartografía. Al lado de la ciudad, una enorme extensión de un material blanco cuyas dimensiones no palidecen comparadas a las de la propia urbe. Se trata de balsas de fosfoyeso, un residuo procedente de la generación de fertilizantes, que ocupan, aproximadamente, unas 1.200 hectáreas en las diversas marismas que forma –o formaba– el río Tinto a su paso por la localidad.

El material almacenado supera las 70 millones de toneladas en montañas que alcanzan los 25 metros de alto. "Es un desastre de primera magnitud", califica Rafael Gavilán, de la Mesa de la Ría, organización convertida en formación política que lleva desde 2002 denunciando la situación. Pero el debate no es de principios de siglo: se remonta a 1967, año en el que Franco decide convertir a Huelva en una potencia industrial y concede los terrenos para ser usados como vertedero. La concesión caducó en 2003, y hasta 2010 no se dejaron de depositar residuos allí.

El próximo 6 de noviembre, la Mesa de la Ría de Huelva, compuesta por organizaciones y asociaciones de distinta condición –pero con un único objetivo– ha convocado una manifestación que se prevé multitudinaria. "Contamos, después de tantos años, con todo el respaldo social", asegura Gavilán, el único concejal de la formación en el pleno del Ayuntamiento. La reacción social ha despertado por el reciente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que califica los terrenos –y otros muchos– como radioactivos, aunque sin peligro aparente para la salud. La mesa, sin embargo, asegura que la movilización ya estaba pensada: se cumple el 15 aniversario de la primera gran marcha en contra de las balsas de fosfoyesos. Los avances, desde entonces, han sido discretos.

Para entender el conflicto en su totalidad hay que volver a tirar de mapa. La ciudad de Huelva, una de las más antiguas de Europa occidental, está flanqueada por dos ríos, el Odiel y el Tinto. El primero deja a su paso el paraje natural, reserva de la Biosfera, de las marismas del Odiel: como todo humedal, un auténtico santuario de la biodiversidad. El Tinto, además de arrastrar metales y contaminación de las extintas y luego reabiertas minas, forma marismas como las del Pinar, las del Rincón y la de Mendaña: aquí, sin embargo, no hay espacio para ningún ecosistema. Millones de toneladas de fosfoyeso ocupan su lugar. Los residuos vienen del llamado polo químico, ubicado en la punta de la península entre las rías: un conjunto de industrias entre las que se encuentra Fertiberia, que produce fertilizantes y es la responsable del material depositado en la orilla del río.

Vista aérea de la ciudad de Huelva, con las balsas de fosfoyesos al sureste.

Fertiberia está obligada desde hace años a restaurar el ecosistema, bajo mandato de la Ley de Costas. Concretamente, desde 2003, año en el que caduca la concesión y el Ministerio de Medio Ambiente de la época insta a Fertiberia a dejar de verter fosfoyesos. El Gobierno tomó esa decisión ante, rezaba la orden, los "incumplimientos" de la empresa. La concesión limitaba las acumulaciones a montículos de unos metros de altura, no de 35: y prohibía subcontratar el espacio, algo que hizo, sirviendo de vertedero incluso para los residuos del accidente de Acerinox en Cádiz, contaminados del elemento radioactivo cesio-137. La compañía recurrió la decisión, y la determinación del Ejecutivo fue ratificada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo.

Desde 2010, en base a la sentencia de la Audiencia Nacional, Fertiberia tiene prohibido verter más fosfoyeso a las marismas del Tinto. Pero también le impuso la obligación de llevar a cabo la "regeneración ambiental" de la zona y presentar un plan cuyo aval ascendió hasta los 65 millones de euros: ratificado tras otro recurso desestimado de la empresa. Le ha ido bastante mal a la compañía de fertilizantes en los tribunales: en su primera acción judicial, a raíz de la decisión de 2003, argumentaba que los terrenos donde se encontraban las balsas no podían ser considerados dignos de protección porque, gracias a sus residuos, ya no eran marismas. "La alteración de las condiciones geofísicas del terreno perteneciente al dominio público marítimo terrestre, debido a la acción del hombre, concretamente la desecación de la marisma, es una cuestión ajena a la concesión y al recurrente concesionario pues, reiteramos, no adquiere derecho alguno derivado de dicha circunstancia", alegó la Audiencia.

El plan presentado por Fertiberia para la "regeneración ambiental" de la zona (concretamente de 700 de las 1200 hectáreas de balsas, las afectadas por la sentencia) consiste, en resumidas cuentas, en echar tierra por encima de la acumulación de fosfoyesos y plantar árboles. "La expresión 'regeneración ambiental' es ambigua", lamenta Gavilán, que pone un ejemplo para mostrar el rechazo de la Mesa de la Ría a las intenciones de la empresa: "Es como si edifico un chalet en una zona prohibida, me retiran el permiso y dejo allí los escombros". El Gobierno de Rajoy, con Tejerina (exdirigente de Fertiberia) como ministra de Medio Ambiente, consideró "idóneo" el proyecto. Sin embargo, en la actualidad, la restauración planeada requiere del visto bueno en primer lugar del Ejecutivo de Sánchez, y en segundo lugar, y como último recurso para los opositores, de la autorización de la Junta de Andalucía.

Los motivos del rechazo

¿A qué se debe el rechazo de organizaciones e instituciones a las balsas de fosfoyesos de Huelva? Los argumentos son medioambientales y de salud pública. En primer lugar, por la recuperación de lo que en algún momento fueron marismas, de incalculable valor ecológico. Hay, entre los onubenses, un recuerdo lejano de la zona como accesible y disfrutable para el baño: y un deseo de ver la zona parecerse, aunque sea mínimamente, a lo que son las marismas del río vecino, el Odiel. Y en segundo lugar, por el peligro intrínseco a los fosfoyesos.

"Los fosfoyesos son un enorme reactor químico en el que interactúan diversos residuos industriales como ácidos débiles arsenicales, los fosfoyesos negros, la ilmenita inacatada, las cenizas de pirita, los yesos rojos de Tioxide, el material contaminado con el isotopo radioactivo Cesio-137, etcétera… para los que nunca hubo autorización para su vertido", afirma la Mesa de la Ría. "El arsénico, considerado agente de cáncer, entra en contacto con el agua de la ría mediante filtraciones y contamina la cadena trófica", explica Rafael Gavilán.

No es nueva la búsqueda de relación entre el cáncer y las balsas de fosfoyesos. Según recogía El País el año pasado, muchos habitantes de las casas cercanas al depósito de residuos están convencidas de que sus dolencias y las de sus amigos, vecinos y familiares son responsabilidad de Fertiberia. Huelva es una de las provincias con mayor incidencia del cáncer del país: sin embargo, es complejo demostrar una vinculación causa-consecuencia, puesto que este conjunto de enfermedades se ven influenciadas por otros factores más vinculados con el nivel socioeconómico, los hábitos de vida o la contaminación atmosférica.

Lo que sí está demostrado es que, mediante un proceso llamado lixiviación, la ría queda intoxicada por las balsas, que se construyeron en la orilla del estuario sin ninguna barrera impermeable. Fue la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Universidad de Huelva, junto al CSIC, en un estudio publicado en mayo de 2018. Hay otros peligros, vinculados a los posibles fenómenos meteorológicos extremos que puede sufrir la zona (y que aumentarán en intensidad y frecuencia por el cambio climático): los riesgos de inundaciones, subida de nivel del mar, grandes temporales o –incluso– tsunamis provocados por terremotos.

La Comisión de Expertos nombrada por el Ayuntamiento de la ciudad andaluza asegura en su informe que, además de que los montículos de más de 30 metros sufren fallas estructurales y riesgos de colapso, el vertedero industrial es mucho más sensible a los tsunamis que lo que reconocía el informe encargado por Fertiberia para su plan de cubrir con tierra los fosfoyesos. Los expertos tachan el documento presentado por la empresa de "lleno de imprecisiones", especialmente en el capítulo destinado a los fenómenos extremos. El documento viene a demostrar que, pese a no contener pólvora, las balsas son un auténtico polvorín.

La defensa de las empresas

Las empresas del polo químico de Huelva están organizadas para defender sus intereses bajo el paraguas de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). Su gerente, Rafael Romero, escribió en 2005 un libro titulado Fosfoyesos de Huelva: ni son residuos, ni son radioactivos. Ahora contesta a las preguntas de infoLibre. Sobre el proyecto de restauración de Fertiberia, asegura: "Es el que la Audiencia Nacional ha elegido como idóneo. En las alegaciones se han presentado otras propuestas y la Audiencia se ha decantado por este que Fertiberia se ha limitado a desarrollar y plasmar para su ejecución siguiendo sus instrucciones".

Niega que los fosfoyesos sean un residuo, sino un "subproducto" a emplear "donde sea rentable". Relativiza las filtraciones a la ría, asegurando que no suponen más de un 1% "del aporte del Tinto y Odiel en el peor de los casos posibles indicados en esos estudios" y afirma, además, que el proyecto de la compañía pretende reducirlas al 0%. Defiende que las marismas estaban degradadas antes de la llegada del polo químico a la ciudad, ya que "a finales del siglo XIX se trataron con pirita, cenizas y aceites para eliminar el paludismo, que era endémico", como asegura. Echa la culpa a la minería de la zona: "Todos los suelos afectados por las aguas del Tinto y Odiel en sus orillas tienen un alto contenido de metales procedentes del drenaje ácido Minero durante miles de años y que continúa por las minas abandonadas, es una característica de los lodos y orillas de estos ríos", afirma.

Con respecto a los diversos varapalos que ha recibido Fertiberia en sede judicial, Romero los achaca a una falta de "entendimiento" entre diversas administraciones, y asegura que para establecer un régimen de circuito cerrado en el que se consiguiera el "vertido cero", intención de la empresa en los 90, había que ampliar el límite de la concesión, creando montañas de decenas de metros en la zona.

Reunión con el Gobierno

La Mesa de la Ría tuvo una primera entrevista con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a principios de octubre. La sensación de la organización, afirma Gavilán, es que el Gobierno entrante no era demasiado consciente del conflicto social y el problema medioambiental. Sin embargo, el Ejecutivo les ha citado a otra reunión el próximo 5 de noviembre, en la víspera de la manifestación: ahí los activistas sí que esperan buenas noticias. O, al menos, el avistamiento de una solución para un problema que lleva décadas varado. Del Gobierno depende dar el visto bueno a la "capita de tierra" (como la Mesa de la Ría afirma irónicamente) que Fertiberia pretende poner sobre las balsas, o, por el contrario, rechazar el proyecto y exigir una restauración completa y mejor.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha comunicado este jueves a Equo el resultado de sus diligencias de investigación sobre la proliferación de incendios en plantas de reciclaje en los últimos años en España. Por un lado, el Ministerio Público no advierte “que exista coincidencia ni relación entre propietarios, titulares o gestores de las plantas que han sufrido estos siniestros (…). No consta que obedezcan a una actuación organizada o coordinada”. Sin embargo, la Fiscalía sí ha considerado conveniente tomar una serie de medidas para intentar atajar una situación que el partido verde considera, como mínimo, sospechosa. Y paradigmática, a su juicio, de las carencias del modelo de reciclaje en España.

El informe de la Guardia Civil, solicitado por la Fiscalía, cifra en 262 los incidentes de este tipo en España desde 2012 a 2017. “Es una auténtica burrada”, lo califica el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde. Según la denuncia del partido verde, las plantas que ardieron en 2017 fueron 53, “un incremento importante respecto a la cifra de 2016 que fue de 32, y 5 veces más respecto a 2012”. Equo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público en diciembre de 2017. Por entonces, la formación ya aseguraba que era muy difícil que fuera una casualidad. No solo por el incremento: también por el extraordinario número de incendios, sin compararlos año a año.

La propia Fiscalía reconoce que se trata de un número “desmedido” de incendios en plantas, instalaciones o depósitos de residuos, y no se descarta que los hechos “encajen en un tipo penal” debido a las consecuencias medioambientales y para la salud de los fuegos. Por ello, el Ministerio Público exigirá que “todos los sucesos de estas características den lugar de modo indefectible a actuaciones de carácter policial y a la elaboración de un atestado”. Hasta ahora, la mayoría de los incidentes se han cerrado atribuyendo el origen de las llamas a un descuido o un accidente. Posteriormente, los fiscales de Medio Ambiente de todo el país deberán pedir a los agentes dichos atestados, para comprobar que las averiguaciones se han realizado correctamente.

Pese a que no se ha podido descubrir, por el momento, ninguna trama, Equo considera que la comunicación de la Fiscalía trae muy buenas noticias: se van a empezar a investigar sucesos sospechosos que, hasta ahora, no se investigaban. Aún falta para que exista una verdad judicial sobre el tema. Pero López de Uralde apunta a algunas circunstancias que alimentan la certeza del partido de que no se trata de una casualidad, además del número excesivo.

“Está claro que hay un cuello de botella”, afirma el diputado. La materia prima secundaria que se genera tras el proceso de reciclado de algunos plásticos es de baja calidad, por lo que no se le encuentra salida. Otros plásticos, directamente, no pueden reciclarse, por entrar en el contenedor demasiado contaminados o contener materiales incompatibles. Los residuos, por tanto, se van acumulando, lo que convierte en peligrosos e inflamables los lugares donde se acumulan.

A ello se le suma la decisión de China de dejar de importar materia prima secundaria a principios de 2018, lo que agrava la acumulación. Hasta entonces, todo el material que salía del proceso de reciclaje se vendía directamente a empresas del gigante asiático, pero se cerró el grifo. Sin embargo, los datos de 2017 no están influenciados por esa circunstancia.

López de Uralde apunta a los llamados “gestores piratas” de residuos como posibles responsables de la ola de incendios. Cobran por la recepción de la basura y de los materiales a reciclar y, al prender fuego o desprenderse de lo acumulado, se evitan el gasto de gestionarlo correctamente. “Y eso sin contar el dinero que pueden recibir si tienen contratado algún seguro”, apunta el diputado. Es parecido a lo que pasó en el incendio de 2016 de la planta de Chiloeches, en Guadalajara. El juez determinó que una “mafia” de empresarios y políticos había montado una trama para recibir residuos tóxicos cobrando por su gestión y dejarlos en vertederos de residuos no tóxicos, una opción mucho más barata que la legal y adecuada.

El coportavoz de Equo celebra que las nuevas normativas que vendrán en los próximos meses de la Unión Europea prohibirán el uso de determinados plásticos imposibles de reciclar, camino a la tan deseada economía circular. Otras voces llaman a la prohibición de los plásticos de un solo uso como medida drástica, pero eficaz, para evitar la acumulación de residuos. Sean cual sean las decisiones a tomar, todo apunta a que el modelo futuro debe basarse en consumir menos y no en reciclar más: al menos con un sistema que, en ciertos aspectos, demuestra su ineficiencia.

Entidades ecologistas, del sector de la agricultura y vecinales se han unido en la campaña Quiero un marrón, lanzada este miércoles, para reivindicar el aún poco conocido cuarto contenedor de reciclaje, además del verde –vidrio–, el amarillo –envases y plástico– y el azul –papel–: el marrón, de materia orgánica. Dan cuatro razones de peso: sin el reciclaje, mayoritariamente para hacer compost que aprovecharía el campo, los restos de comida se desperdician; pasan a alimentar vertederos contaminantes y desagradables; si no nos ponemos las pilas las multas que llegarán de Bruselas serán millonarias y, además; el reciclaje –y la gestión de los residuos y del consumo, en general– son una fantástica herramienta para luchar contra el cambio climático. Los motivos son muchos para avanzar, pero uno en concreto se impone por la urgencia. En 2016, según Eurostat, España alcanzó una tasa del 29% de reciclaje de residuos urbanos (aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas), una cifra estancada desde hace años y que está muy lejos del 50% de reciclaje de estos residuos que la Unión Europea impone para 2020.

"Ante estos problemas, te proponemos una acción tan sencilla como importante: separar la materia orgánica en tu cubo marrón. Con ella se podrá elaborar un compost de calidad que hará que pueda germinar y desarrollarse una agricultura sin tóxicos, ecológica y sostenible", afirma la nota de prensa que han distribuido. Las organizaciones que han sacado adelante la campaña (entre otras, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) inciden en otra cifra. El 40% de lo que tiramos al contenedor gris normal es materia orgánica, aseguran, por lo que estamos desaprovechando una oportunidad de oro para aumentar nuestros registros de cara a Bruselas y avanzar hacia el objetivo de la economía circular: un sistema de consumo donde no se produce ningún tipo de residuo.

Los beneficios de incluir la materia orgánica en los procesos del reciclaje son muchos y evidentes. Madrid, de hecho, ya ha probado a instalar contenedores marrones, siguiendo los pasos de Barcelona, que apostó por el quinto contenedor en 2009. Numerosos ayuntamientos se han sumado a la iniciativa, con muy buenos resultados, como los de Argentona (Barcelona), Pamplona o Alhendín, en Granada, uno de los pocos del sur. Pero Quique Villalobos, portavoz de la FRAVM, también reconoce impedimentos y dificultades. Es más fácil este reciclaje en municipios pequeños, rurales, donde la conexión con el campo es más sencilla y sin intermediarios, para aprovechar el compost resultante. La segunda vida de la materia orgánica puede no resultar de interés para los agricultores a gran escala, dado el bajo nivel de calidad de la materia prima secundaria resultante. Para ello, Villalobos propone "utilizarlo, en las grandes ciudades, en el mantenimiento de zonas verdes" e implantar el sistema de recogida puerta a puerta en vez de los clásicos contenedores.

Este sistema, en líneas generales, consiste en que el Ayuntamiento reparte a los ciudadanos cubos especiales para verter la basura (que, en el caso de la materia orgánica, favorecen el compostaje) y anuncia días para recoger cada tipo de desecho, que los usuarios dejan en el portal en las fechas señaladas. Barcelona anunció en febrero que lo intentaría, pero… ¿no es complicado implantarlo en grandes urbes? "No tiene por qué. Al fin y al cabo, los distritos son como pequeñas ciudades", aventura Villalobos. "Los números demuestran que este tipo de sistema es más eficaz, porque hay una mayor implicación" que resulta en un número muy inferior de impropios en la basura. Aunque reconoce que "no hay un sistema mágico", el portavoz vecinal defiende que aún se pueden dar pasos de gigante para, por lo menos, intentar acercarnos a las metas europeas.

"Enfocamos la campaña a la ciudadanía, para que la gente no vea como un marrón" dividir en un compartimento más la gestión de los residuos domésticos, afirma Alodia Pérez, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra, que apunta a un dato que ayuda a entender por qué no solo los ecologistas están implicados en este objetivo: "De imponerse multas desde Bruselas, la cuantía se trasladaría a la Comunidad o a los Ayuntamientos, según quién sea el responsable de la gestión", advierte. Pérez insiste en la necesidad de concienciar e informar a la ciudadanía de, en primer lugar, la necesidad de los contenedores marrones, y en segundo lugar, una vez instalados, de su correcto uso, en caso de que se opte por el sistema tradicional en España. 

Las normas y las sanciones de la UE

Las posibles sanciones, a día de hoy, parecen inevitables. Varias son las normas de la Unión Europea que ponen límites a España en su generación de basura. La primera es la Directiva 2008/98/CE, que establece la ya citada meta, vinculante y obligatoria, del 50% de reciclaje de los residuos domésticos. Pero hay más. El Consejo, la Comisión y el Parlamento acaban de llegar a un acuerdo para sacar adelante un paquete legislativo sobre economía circular que sube el número al 55% para 2025 y, además, establece dos medidas que prácticamente instan a España a establecer cuanto antes el contenedor marrón. Los Estados miembro no pueden dejar en el vertedero ningún residuo que sea reciclable a partir de 2030 y para 2025 deben garantizar la recogida separada de restos de comida. Ya no hablamos de una medida recomendada por grupos ecologistas, sino de una directriz inequívoca de Europa.

El tema de los vertederos, legislado por las instituciones europeas, es especialmente sangrante en España. El país ya ha sufrido dos condenas por parte del Tribunal de Justicia de la UE por sus vertederos incontrolados. La última, en marzo de 2017, por culpa de 61 espacios de este tipo, muy peligrosos y muy dañinos. El TJUE señaló que los 61 no cumplían la directiva europea sobre tratamiento de residuos y que España no había aplicado medidas coercitivas para cerrarlos, desmantelarlos o, al menos, restaurarlos. Dada la situación de estos puntos negros, los objetivos de Bruselas parecen, por ahora, inalcanzables, si sumamos además el último revés para la gestión de los residuos en España. La decisión de China de dejar de aceptar la materia prima secundaria (procedente del proceso de reciclaje) genera un superávit de plástico, papel o vidrio recién salido de la planta de tratamiento que, advierten los ecologistas, podría acabar en otro vertedero, lo que disminuiría una tasa ya de por sí pobre.

La gestión de las basuras depende de regiones y municipios, por lo que es difícil elaborar un mapa de cuántos países de Europa (y del mundo) reciclan ya la materia orgánica, pero hay varios ejemplos de referencia y países que han unificado sus criterios. Suecia, con una tasa de reciclaje de residuos urbanos de casi el 50% en 2016, lo hace, así como Reino Unido y Alemania, líder europeo en reciclaje según Eurostat. En Milán se ha establecido el sistema puerta a puerta, incluyendo los desperdicios de comida.puerta a puerta Pero más allá de los ejemplos, se impone la realidad de que todos los países de la Unión Europea tendrán que hacerlo, porque la legislación europea, desde este martes, se ha puesto aún más exigente.

La gestión del plástico y los residuos que deja por el camino no es solo cuestión de reciclaje: es cuestión de consumo. Esta semana el Congreso –con la oposición del PP– aprobó pedir la prohibición en 2020 de los plásticos de un solo uso: es decir, tenedores, pajitas, vasos, recipientes… que tiramos, con suerte, al contenedor amarillo tras utilizarlos. El Gobierno de la Comunitat Valenciana ha dado también el paso y ha incluido las cápsulas de café, sorprendentemente contaminantes, a la lista de proscritos, tras la iniciativa que demostró Baleares a principios de año. La determinación de la cámara nacional es, sin embargo, a través de una proposición no de ley que no obliga a nada y que no detalla qué utensilios se prohibirían. En todo caso, los últimos movimientos, incluida la futura prohibición de las bolsas de plástico, indica que empieza a aparecer en el debate público cuánto consumimos de este material, tan útil como dañino, y no solo cuánto reciclamos.

España es el cuarto país de plástico de la Unión Europea en demanda de plástico, solo por detrás de Alemania, Italia y Francia, cifra Plastics Europe, que apunta que la mayoría se utiliza para el embalaje y la conservación de alimentos. La producción global de plásticos, como asegura Equo, se ha disparado en los últimos 50 años, y en especial en las últimas décadas. Entre 2002-2013 aumentó un 50% y se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más en comparación a niveles de 1980. Como es tristemente conocido por la mayor parte de la sociedad, un plástico abandonado tarda muchísimo en degradarse. Permanece, contamina y resulta un incordio, en el mejor de los casos, para la fauna y la flora del entorno natural.

Los cubiertos de plástico, el objetivo de la proposición no de ley, tardan 400 años en desaparecer y los vasos entre 65 y 75. Según un informe de Greenpeace, cada año se vierten 8 millones de toneladas de residuos plásticos al mar, formando las famosas islas de plástico. No son montículos de envases flotando a la deriva, como puede parecer. Son zonas del océano donde la concentración de residuos es extremadamente alta. Su impacto ambiental tiene que ver, como todo, con el cambio climático: el tratamiento, la producción y la gestión de un material tan extremadamente común en cualquier sociedad industrializada contamina.

Otro de los productos que está en la picota es la bolsa de plástico común, que se reparte en cualquier comercio para transportar cómodamente los productos que se compran. Se trata de un objeto fácilmente sustituible, muy prescindible y cuya distribución gratuita tendrá fecha de caducidad en España muy pronto, como paso previo a su prohibición. El Real Decreto que obligará a tiendas, supermercados y todo tipo de establecimientos a cobrar por estas bolsas se está retrasando, ya que aún necesita el dictamen del Consejo de Estado y el pronunciamiento de la Comisión Europea –al tratarse de la trasposición de una directiva europea–. Estaba previsto que la norma saliera a la luz a principios de año, y posteriormente se dio otra fecha, el 1 de marzo, que tampoco se ha cumplido. Así que no, no es obligatorio, por el momento, pagar por ellas, a pesar de lo que comuniquen muchos comercios que no se enteraron del retraso. El Ministerio de Medio Ambiente afirmó a Europa Press que se prevé la publicación en el BOE para el segundo semestre de 2018.

La norma excluirá en principio tanto a las bolsas más gruesas, que se reutilizan más y que no vuelan con facilidad, llegando a entornos naturales, como a las biodegradables, es decir, las producidas con material compostable. Su cobro no será demasiado impactante, aunque sí lo será su prohibición. Sorprende la determinación del Gobierno en contra del lobby de la industria del plástico, representado por varias asociaciones que se unieron hace unos días en la campaña #NoCulpesAlPlástico para defender lo evidente, dada su posición: que la prohibición del material no es positiva. Emitieron un comunicado explicando los diversos usos del plástico en todo tipo de sectores y asegurando que el reciclaje es la única vía ante el problema ambiental que generan.

Al otro lado se encuentra la Asociación Española de Basuras Marinas (Aebam), que en el periodo de consulta pública del decreto realizó alegaciones que consideran que la medida es positiva, pero no suficiente. "Las medidas del Real Decreto, pese a tener un efecto potencial sustancial en el consumo de bolsas de plástico de un solo uso, no tiene suficientemente en cuenta el efecto en medio marino", afirman. Las bolsas compostables, afirman, tienen un comportamiento similar a las convencionales en el agua: se fragmentan en microplásticos y pueden ser ingeridos por el pescado y el marisco que luego consumimos.

Pero lo más interesante del discurso de la Aebam es la parte que habla de una "oportunidad perdida" con el Real Decreto. La asociación defiende que el dinero que se recaude de las bolsas lo recaude el Estado en vez de los negocios y se reinvierta en medidas y planes medioambientales. Que no sea una carga, sino una tasa, al hilo de una fiscalidad verde tan en boga últimamente. "Con el enfoque actual del Real Decreto, según datos de 2014, se estima una ganancia para los comercios de más de 650 millones de euros. Ese dinero podría servir a emprender acciones de mitigación, limpieza y seguimiento sobre basuras marinas", afirma. Estíbaliz López-Samaniego, responsable de Proyectos de Aebam, afirma que en la organización son "relativamente optimistas" con respecto a que el Ejecutivo se haga eco de sus propuestas y advierte que las bolsas compostables, más allá de su impacto, generarán dudas si no se informa adecuadamente, ya que deben tirarse al contenedor de basura orgánica y nunca al amarillo gestionado por Ecoembes.

Economía circular vs reducción de consumo

Las dos medidas que están sobre la mesa reflejan dos posturas clásicas en el mundo del ecologismo cuando se abordan temas de consumo y reciclaje. Las grandes empresas, las instituciones y muchas asociaciones apuestan de manera decidida por la economía circular como súmmum del reciclaje. El concepto se refiere a un estado ideal de un sistema de consumo en el que absolutamente todo lo que se consume se recicla y se convierte en otro producto, creando así un circuito cerrado. Otras organizaciones, como la decrecentista Amigos de la Tierra, no le dan la espalda al reciclaje pero creen que no basta, y que una reducción del consumo –y por extensión, del plástico– es el camino para afrontar los retos medioambientales. Máxime cuando España está en un serio problema derivado de una decisión de China de no aceptar la materia prima secundaria que generamos tras el proceso de reciclaje, creando un superávit que corre el riesgo de convertirse en basura.

La ONG ha publicado esta semana un informe en el que rebate uno de los principales argumentos que utilizan los defensores del embalaje de los alimentos con plástico, una práctica tan común como absurda en ocasiones: que así se conservan mejor y, por lo tanto, se evita el desperdicio de dichos alimentos al retrasar su fecha de caducidad. El informe señala que tanto los residuos de envases como los alimentarios han aumentado de forma alarmante en la última década, por lo que no hay una correlación evidente. "Es poco razonable justificar el incremento de un flujo de residuos, envases de plástico, a cambio de la reducción de otro, alimentos, más aún cuando esa reducción no se produce", afirma. La organización propone, en definitiva, estudios detallados que identifiquen claramente qué clase de residuos son los que acaban en playas, ríos y bosques e incluir más tipos en la estrategia europea, endureciendo las directivas. Aún queda mucho para que el plástico se vea seriamente amenazado en la cadena de consumo española, y más cuando hablamos de proposiciones no de ley, pero el camino está abierto y esta vez, apunta a repensar de verdad nuestro modo de vida.

Este viernes arranca la primera jornada de paros parciales convocada por el sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro, que tendrá lugar de 9 a 15 horas y con unos servicios mínimos fijados del 58 por ciento sobre la circulación habitual de trenes en esa franja.

El colectivo ha convocado estas movilizaciones, con paros previstos también para el 13 y 15 de marzo, en protesta por la falta de medidas de seguridad de cara a los trabajadores ante la presencia de amianto en trenes y estaciones.

Esta jornada coincide además con la comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid del consejero delegado del suburbano, Borja Carabante, para explicar precisamente la gestión que ha desplegado la compañía en relación a la presencia y eliminación de este material tras su prohibición, al ser potencialmente cancerígeno.

Por ello, el colectivo ha convocado una manifestación a las puertas de la Asamblea en la que solicitará la dimisión del consejero delegado y que sea sustituido "por alguien más competente".

A su vez, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal a raíz del acta de Inspección de Trabajo que proponía una sanción de 191.000 euros a Metro al entender que no tomó suficientes medidas de seguridad, después de que se reconociera la enfermedad profesional a un empleado de mantenimiento que contrajo cáncer por exposición a dicho material.

Por otro lado, la compañía remitió una circular a los empleados de Metro para informar de que más de 90 vagones de trenes de la serie 2000, de los más antiguos, tenían un disruptor que contenía amianto y remarcaba a los empleados la prohibición de manipularlo.

Desde el sindicato aseguran que tanto Borja Carabante como sus antecesores "han ocultado durante años información a todos los trabajadores sobre la crisis del amianto". Asimismo, asegura que el consejero delegado de Metro tachó las pasadas huelgas de "cabezonería" por parte de los maquinistas que pedían "un estudio de seguridad e higiene que analizase las condiciones laborales".

Las líneas más afectadas serán las de la periferia donde tan sólo circularán entre 2 y 5 trenes, mientras que las líneas de más afluencia tendrán entre 12 y 28 trenes, estima el sindicato.

A su vez, el sindicato de Maquinistas ha planteado al consejero delegado de Metro que está dispuesto a desconvocar los paros si firmaba un documento en el que se hace responsable de que, en la actualidad, los usuarios y trabajadores de Metro no están expuestos a amianto.

El partido ecologista Equo ha presentado este martes en la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre los "excesivos" y "numerosos incendios que se están produciendo en las plantas de gestión de residuos" de manera "generalizada" y "alarmante".

El partido considera que estos sucesos no pueden ser "casos aislados" y que, a pesar de que se han quintuplicado en los últimos cinco años, "nadie se hace responsable".

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha solicitado que el Ministerio Público investigue el notable aumento de incendios en plantas de reciclaje y de residuos por si pudiera haber detrás alguna causa común motivada por algún interés oculto, por ejemplo de tipo económico.

El partido ecologista se refiere a casos como los incendios de Seseña, Arganda, Alcorcón o Córdoba, entre otros.

Así, López de Uralde ha destacado a Europa Press que "hemos pasado de diez incendios por año" en el 2012 a "más de 50 casos en lo que va del 2017".

El portavoz insiste en que "la Fiscalía investigue si pudiera haber algún interés ilegal" porque "un aumento tan espectacular de casos de incendios en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos" no puede ser casual.

A su juicio, tras este progresivo aumento "tiene que haber una causa común" que pudiera pasar por la búsqueda del beneficio económico para hacer tratamiento de los residuos y por eso insta a la Fiscalía a investigarlo, al tiempo que acusa al Gobierno de "no ofrecer una explicación" y de eludir "cualquier responsabilidad" que adjudica a las comunidades autónomas según la respuesta ofrecida por el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de Equo.

La denuncia facilitada a Europa Press se basa en la "sorprendente" evolución ascendente del número de fuegos de este tipo. En concreto, apunta que en 2012 hubo diez siniestros de este tipo; en 2013 a 17; 12 en 2014; 18 en 2015; 32 en 2016 y 53 en lo que va de 2017.

Al mismo tiempo, el escrito al Ministerio Público recuerda que estos incendios que se producen en todo el territorio provocan emisiones contaminantes altamente tóxicas que pueden afectar a las poblaciones colindantes e inciden negativamente en la salud de sus habitantes así como en el medio ambiente.

En su opinión, este tipo de plantas deberían ser objeto de un sistema de control y vigilancia del que carecen en la actualidad y advierte de que detrás de algunos de estos fuegos podría esconderse un interés económico para deshacerse de los residuos "por la vía rápida sin darles el tratamiento adecuado".

En definitiva, solicita al Ministerio Fiscal que abra diligencias para esclarecer estos hechos y que ordene las investigaciones oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la "posible alarma social creada".

La enésima reprimenda de la Unión Europea llegó este miércoles, y es sobre residuos: un tema sobre el que las instituciones comunitarias están acostumbradas a aleccionar y que España acostumbra a ignorar. Las recomendaciones y exhortaciones de la Comisión Europea y las sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre nuestra gestión de los vertederos ilegales, descontrolados y sin regular se han sucedido durante los últimos años. La última, otra carta de la Comisión Europea, pone el foco sobre los vertederos de residuos inertes: es decir, los que –en teoría– no contienen materia orgánica, y que conocemos como escombreras: restos de obras, en su mayor parte. La Comisión Europea cifra estas acumulaciones ilegales y dañinas en “al menos” 338 por todo el territorio nacional, y exige medidas inmediatas ya que “estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente”. Recuerda el organismo europeo que “la primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas”.

En esta ocasión la Comisión Europea ha decidido centrarse en las escombreras. Ladrillo, pintura, madera, yeso, hormigón o electrodomésticos que, en vez de llevarse a un centro de tratamiento legal y adecuado, se trasladan a instalaciones que no cumplen con la regulación o, directamente, se tiran en cualquier lado. El problema no solo alcanza al peligro de contaminación por incendio, como comprobamos en Seseña: causa un impacto paisajístico evidente, las sustancias químicas como el barniz o la pintura se filtran al suelo, dejan yerma la tierra y contaminan las aguas, los gases de los electrodomésticos se escapan a la atmósfera.

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por esta práctica, con más de una docena de puntos donde se acumulan residuos sin control. “Cuando se hacen obras pequeñas, hay que pagar a una empresa que se las lleve a un punto autorizado. Para ahorrar costes, se tiran a cualquier sitio. Eso si hablamos de obras pequeñas. Si hablamos de grandes obras, existe un mercado negro paralelo”, explica la portavoz de Ecologistas Madrid María Ángeles Nieto.

  "Existe un mercado negro paralelo" de vertido de residuos en grandes obras, denuncian ecologistas

Explica la activista que en la Comunidad de Madrid existen empresas pirata que recogen residuos y los depositan en lugares no autorizados, evidentemente sin ningún tipo de control. pirata Funcionan porque cobran un precio mucho menor que el que cobran las compañías que descargan la basura en los vertederos legales y con todo en regla. “La Comunidad de Madrid está haciendo muy poquito, prácticamente nada”, insiste Nieto. En España, el Gobierno central establece las directrices básicas (el plan Pemar) y las Comunidades Autónomas son las encargadas de ejecutar el plan. “Para conceder una licencia de obra, la Administración tiene que exigir el contrato con una empresa que gestione los residuos. Muchas veces no lo pide en obras pequeñas, y en obras grandes no se hace seguimiento”, argumenta Nieto. Apunta también a que el Ayuntamiento (que gestiona los puntos limpios y los Residuos Sólidos Urbanos, RSU) y la Comunidad no trabajan en conjunto, por lo que es difícil mantener la lucha.

Más allá de los residuos inertes, la existencia de vertederos ilegales de todo tipo ha sido motivo de continuas reprimendas comunitarias. Dos sentencias del tribunal de Justicia de la Unión Europea, una en febrero de 2016 y otra en marzo de 2017, condenan a España por el mantenimiento de 61 de estos espacios. La pena no conlleva multa, ya que ese proceso es más largo y complejo, aunque está en marcha. El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado en ambos casos que el retraso en cerrar o regularizar ese vertedero se debe a que las contingencias de la crisis económica lo impedían –un argumento rechazado por el TJUE– y limita la cifra a 38. “El plazo para esta regularización se abrió cuando se creó la Directiva Marco en 1999. Se sobrepasó en muchos casos”, explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Explica el activista que los vertederos de residuos urbanos, donde se almacena materia orgánica, tienen que contar con una capa de impermeabilización para que la degradación de los desechos no afecte al entorno. Esa como principal medida de protección básica que no se cumple. Otros vertederos de residuos inertes, al no estar regularizados, permiten la entrada de esta materia cuando la infraestructura no está preparada para recibirlos. Todo vale porque no hay control.

“Hay pocos funcionarios. Ni hacen el control los propietarios de las instalaciones, ni las administraciones. Muchas veces el control se reduce a una báscula, y los camiones que llegan esconden materia orgánica bajo una capa de muebles y restos de obra”, señala Arribas. Entre los puntos de acumulación de basura improvisados, los vertederos de residuos orgánicos que no cumplen la regulación y las escombreras que aceptan residuos orgánicos, el cerco de la Unión Europea se estrecha y no hay noticias de una respuesta a corto plazo de España ante este problema medioambiental.

Soluciones

Los ecologistas, más allá de pedir una evidente mejora del control, la persecución y las sanciones a las prácticas ilegales y dañinas por parte de las Administraciones, en especial de las Comunidades Autónomas, apuntan que las plantas de tratamiento de residuos sólidos son “vertederos encubiertos” donde la tasa de reciclaje es demasiado baja y que, por tanto, la basura que acumulamos crece por encima de nuestras posibilidades. La Directiva Marco de Residuos para 2020 nos pone un objetivo del 50% de reciclado de los residuos que se generan en casa, los llamados “domiciliarios”. Estamos en el 33%. Una de nuestras grandes herramientas para alcanzar esas metas, ahora mismo muy lejos, son dichas plantas, donde se hace un separado del material que depositamos en el contenedor gris. Ecologistas en Acción mantiene que estas instalaciones recuperan un 5% del material para su reuso, y el resto se va al vertedero. “El sistema es absolutamente ineficiente, por mucho que mejoremos la tecnología. Las máquinas tienen problemas para identificar los materiales si tienen estampados, si vienen manchados de materia orgánica o si los objetos son muy pequeños. Y del material que se logra reciclar, ni las empresas lo quieren, porque lo generado es muy poca calidad”, explica Arribas.

Para su organización, el cambio pasa por una recogida selectiva de materia orgánica. Ya sea puerta a puerta o con contenedores solo de restos de comida y bebida (no como los grises actuales), tanto abiertos (de uso libre) o cerrados, en los que el usuario debe adquirir una tarjeta magnética para usarlos. Ecologistas en Acción apuesta por esta segunda opción: “Al tener que hacer el trámite, adquieres un compromiso”, afirma Arribas. Los restos de alimentos en el contenedor gris provocan que baje la tasa de reciclaje en las plantas de tratamiento, por lo que su salida del sistema de gestión facilitaría el proceso. Ya hay iniciativas al respecto: los últimos, el Ayuntamiento de Dènia, en la Comunidad Valenciana. 

Arribas, además, opina que el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que el consumidor paga por el envase al hacer la compra y el dinero de más se le devuelve al devolver el brick o la latabrick, reduciría bruscamente el número de desechos en los vertederos, o tirados por las ciudades, o en la naturaleza. Pero el sistema actual mayoritario en España, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos, encabezado por Ecoembes en el mundo de los envases y el contenedor amarillo, no venderá barato el monopolio. La sanción económica llegará pronto de Bruselas y, entre la desidia de las administraciones y un modelo ineficiente, como denuncian los activistas, la basura se acumula.

La Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Coruña han presentando un nuevo estudio en el que alertan de que el triclosán, el compuesto antimicrobiano "más común", presente en los cosméticos de uso diario como enjuagues bucales, pastas de dientes, desodorantes y jabones, está apareciendo en los ecosistemas acuáticos, donde "ejercen efectos tóxicos sobre los organismos" como las algas, según han informado este lunes 17 de julio las instituciones académicas.

El estudio señala que la "incapacidad" de las plantas de tratamiento de aguas residuales de eliminar este componente "completamente" está contribuyendo a esta situación, en la que las algas son las "principales afectadas"; en esta línea, los investigadores advierten de que "incluso pequeños cambios en las poblaciones de algas, pueden tener un gran impacto en el equilibrio de todo el ecosistema".

Según los resultados de la investigación, que ha sido publicado en Aquatic Toxicology, el triclosán "induce cambios significativos" en los organismos, como la "sobreproducción de especies reactivas de oxígeno", lo que produce estrés oxidativo, pérdida de la integridad de membrana citoplasmática, reducción de la actividad metabólica, acidificación, despolarización de la membrana mitocondrial y, finalmente, muerte celular.

Los resultados también muestran que la fotosíntesis, "actividad esencial en el mantenimiento de la biosfera", tal y como destacan en el informe, resulta "muy afectada" por los efectos de este desinfectante.

Según los científicos, las algas son organismos "fundamentales" en las redes tróficas de los ecosistemas acuáticos y, aunque el impacto del triclosán en ellas "ya había sido descrito, se desconocían los mecanismos de dicha toxicidad".

"Conocerlos es un paso fundamental para entender cómo los cosméticos que usamos a diario afectan a los ecosistemas", han concluido los expertos.

Algunas sombras descienden por una montaña de residuos, la espalda encorvada por el peso de enormes bolsas llenas de botellas de plástico. Para dar de comer a sus dos hijos y a su marido discapacitado, Valbona trabaja todas las noches en el vertedero de Sharra, perdido en las colinas detrás de los edificios nuevos de la periferia de la capital albanesa, Tirana. “Gano siete euros diarios”, explica esta joven, agotada por el cansancio y que oculta el rostro tras una improvisada máscara con la que se protege de las emanaciones de gas.

En teoría, está prohibido rebuscar en la basura, sin embargo, las autoridades hacen la vista gorda. Junto a las miles de personas que revuelven en los contenedores, en la calle, estos recolectores de residuos son los únicos que efectúan, en Albania, una recogida selectiva. Gracias a ellos funciona el puñado de plantas de reciclaje de cartón, de metal o de plástico existentes en el país. Muchos son gitanos, pero también hay migrantes interiores y residentes en las montañas, en las zonas más desfavorecidas del norte, que llegan atraídos por las luces de la capital.

En agosto de 2016, uno de ellos, Ardit Gjoklaj de 17 años, murió aplastado por un bulldozer en el vertedero de Sharra. Después de esto, los recolectores, y los que viven en los barracones improvisados instalados en los alrededores, temen que las autoridades los echen por la mala fama que supuso la noticia. “Todo el mundo, incluidos los medios de comunicación, en manos de oligarcas, quiere evitar que se sepa que hay menores que trabajan entre esta inmundicia”, cuenta Artan Rama, periodista de investigación que realizó un documental sobre este basurero antes de ser despedido, de la noche a la mañana, de Vizion Plus, la televisión privada en la que llevaba 15 años trabajando (el documental puede verse aquí).

El periodista asegura que los propietarios de la cadena, con intereses en el sector de la construcción, después fueron “recompensados”: recibieron importantes contratos de obra pública. Así es cómo confluyen los negocios, los medios de comunicación y la política en la Albania actual, país que a menudo se considera un candidato “modelo” para formar parte de la UE.

“Mira, aquí es donde duermo”, sonríe Nuredin, de unos 50 años y veterano en el mundo del reciclaje de residuos, apostado frente a un colchón raído situado sobre un banco de madera. “Vendemos el plástico a intermediarios, que luego lo revenden a las fábricas de reciclaje”. El pequeño barracón de tablones y cartones que construyó apenas está protegido de la lluvia por un techo destartalado y la pequeña estufa no permite combatir el frío del invierno. En un rincón, un reloj roto, algunos libros y baratijas de metal que posiblemente le hagan ganar algunos lekë. Cuando amaina el viento, un hedor pestilente invade la estancia. “Cuando llegamos, en los años 90, el vertedero ya existía, pero no era tan grande. En aquella época, no había tanto plástico y no se producían tantos residuos”, cuenta una residente en la zona.

La recogida selectiva se introdujo tímidamente en el centro de Tirana hace algunos años, pero la basura depositada en los contenedores verdes o amarillos termina toda, junta, en el basurero de Sharra... En el país todavía no funciona ninguna incineradora de residuos y numerosas ciudades de provincia sólo disponen de vertederos ilegales, mientras que se sigue exportando a Albania el material electrónico usado como baterías, pilas o restos de la construcción. La mayoría procede de Italia, donde el tratamiento de residuos a menudo está bajo control de las redes mafiosas.

El escándalo vuelve a ser noticia en la prensa italiana. El pasado 2 de marzo, el diario Roma publicaba una investigación según la cual sólo durante el año 2016, cerca de 30.000 toneladas de residuos pudieron haber desaparecido en Albaniadesaparecido. Se trata sobre todo, supuestamente, de residuos urbanos procedentes de las ciudades de Nápoles y Bari, equivalentes a unos 1.300 contenedores con una capacidad unitaria de 22 toneladas y que habían sido embarcados en el puerto calabrés de Gioia Tauro y con destino Durrës, en Albania.

El cargamento debía ser traslado después en un camión hasta el vertedero de Drisla, cerca de Skopje, en Macedonia, cuya concesión tiene desde hace cuatro años una firma italiana, la empresa FCL Ambiente, que se presenta como una filial de una compañía de financiación de obras públicas, Finanziaria Centro Lazio. Según sus respectivas páginas web, las actividades de FLC Ambiente se limitan a la explotación del basurero de Skopje, mientras que las de su casa matriz son más vagas [1].

El problema es que estos residuos jamás cruzaron la frontera de Macedonia, por lo que desaparecieron en Albania. De hecho, el Gobierno de Macedonia se negó en dos ocasiones en 2016 a dejar pasar cargamentos de residuos. Sin embargo, esto no es óbice para que la empresa FCL Ambiente proponga sus servicios a cada vez más municipios italianos, facturando por la recogida de residuos entre 80 y 160 euros por tonelada. Los beneficios son enormes, inmediatos, y la desaparición de los residuos en Albania, o en los países vecinos, no parece suponer grandes problemas.

En realidad, la gestión de los residuos y su posible importación lleva envenenando la vida política albanesa desde el último cuarto de siglo. Tras la caída del régimen comunista en 1991, los gobiernos que se han sucedido, tanto de derechas como de izquierdas, se han ido pasando la patata caliente con la promesa de poner fin a la importación de residuos o, al menos, regularla. En 2003 se aprobó la primera ley, que dotaba al Estado de un mayor control. Sin embargo, en la práctica no se ha visto ningún resultado.

“En realidad, nadie lo controla”

Al año siguiente, el gobierno socialista de Fatos Nano y el empresario italiano Manlio Cerroni alcanzaban un acuerdo. Cerroni proyectaba construir una incineradora en Kashar, a las afueras de Tirana, y tratar allí los residuos procedentes de la otra orilla del Adriático a través del puerto de Durrës, el mayor de Albania. Sin embargo, este proyecto pronto chocó con la oposición de la población, preocupada por el precedente que supondría. “Las fronteras son extremadamente porosas, nadie controla realmente lo que entra en territorio albanés”, explica Kozara Kati, una figura destacada de la sociedad civil albanesa y cofundadora de la Asociación contra la Importación de Residuos (AKIP).

Al acceder al poder en 2005, el primer ministro conservador Sali Berisha anuló rápidamente este controvertido acuerdo. Pero, seis años después, en 2011, impulsaba una nueva normativa sobre “la gestión integrada de los desechos”, teóricamente destinada a ser el marco legal de la recogida y reciclaje de residuos. Un artículo abría la veda a la importación de residuos, llegando a incluir un listado de 50 tipos de productos autorizados. Mientras en el Parlamento se estaba debatiendo el texto, las autoridades italianas se incautaron en el puerto de Bari de una carga de 69 neveras y 92 lavadoras, consideradas como contrabando. “No vamos a importar materias primas nocivas, radioactivas o no reciclables”, juraba y perjuraba el ministro de Medio Ambiente de Albania, Taulant Bino.

Por aquel entonces, la Italia de Silvio Berlusconi tenía una relación muy cercana con su pequeño vecino albanés. Entre los proyectos de la década de los años 2000, finalmente abandonados, Italia incluso llegó a plantearse la construcción de centrales nucleares en Albania ¡con las que cubrir sus propias necesidades energéticas! En realidad, el contrabando de residuos entre ambos países no es nuevo; la Albania estalinista de Enver Hoxha, prácticamente cerrada al resto del mundo, ya importaba desperdicios extranjeros en los 70 y 80, que se encargaban de tratar los numerosos efectivos del Ejército.

En 2011, el proyecto de ley de Sali Berisha suscitó una movilización sin precedentes de la sociedad civil. La asociación AKIP recogió 64.000 firmas para pedir un referéndum sobre la importación de residuos y, finalmente, el presidente Bamir Topi se negó a firmar los decretos de aplicación de esta ley. A fin de cuentas, el año siguiente, el gobierno aprobó vía decreto una lista más reducida de materias importables. A día de hoy, teóricamente, sólo se permiten ciertas categorías específicas de “materias primas procedentes del reciclaje” destinadas a sufrir una nueva vida: papel y cartón, madera, metales y plásticos.

Después de ganar las elecciones legislativas de junio de 2013, el Partido Socialista de Edi Rama se comprometió a acabar definitivamente con la importación de residuos, pero esto no impidió, a partir del otoño siguiente, que se reciclaran unas mil toneladas de armas químicas sirias como le solicitaba Estados Unidos. Una vez más, la movilización popular hizo que el Gobierno cediese. Después, la cuestión de los residuos cayó en el olvido durante tres años, hasta que tres diputados de la mayoría en el Gobierno propusieron, a finales de junio de 2016, una nueva ley sobre el sistema de recogida de residuos.

Eduard Shalsi, uno de los tres parlamentarios promotores del texto, justificó su aprobación por las “obligaciones europeas” de Albania. Desde junio de 2014, el pequeño país tiene el estatus oficial de candidato a la integración europea y, según él, en el momento en que los socialistas llegaron al poder, no existía “ninguna política pública de residuos”. De hecho, esta ley, tiene como objetivo hacer que la ley albanesa cumpla con las normas medioambientales europeas, aunque contiene también un artículo que abre una vía a la importación de desechos. “Hay que entender que únicamente se trata de residuos reciclables”, insiste Eduard Shalsi.

El argumento no ha convencido a casi nadie en Albania, sobre todo porque el texto fue presentado en el Parlamento en pleno verano, en un momento en que los debates estaban centrados en la espinosa reforma judicial. A lo largo de septiembre de 2016, miles de personas salieron a la calle. El 1 de octubre, una semana después de someter a votación la ley, más de 5.000 personas se manifestaron en Tirana, “un récord para una protesta organizada por la sociedad civil”, se felicita Kati Kozara.

Cada vez que están en el Gobierno, tanto la derecha como la izquierda argumentan lo mismo a la hora de justificar la necesidad de importar residuos: el reciclaje sigue siendo un negocio incipiente en Albania y es el sector industrial el que necesita una ley. “Mi fábrica solo funciona al 30% de su capacidad, tengo que comprar papel en el extranjero para poder producir cartón en Albania, lo que conlleva mayores costes que si yo mismo reciclase los residuos”, asegura Bardhyl Balteza, portavoz de las empresas del sector y propietario de la fábrica Edipack, la única en Albania que fabrica cartón reciclado y envases.

Omnipresente en los medios de comunicación, este empresario es categórico: los recolectores del país no recogen bastante papel usado para poder rentabilizar sus inversiones. Las instalaciones de Edipack ocupan las ruinas del antiguo complejo químico de ciclo combinado de Porto Romano, en las afueras de Durrës, a pocos kilómetros del puerto. En el patio de la fábrica, algunos camiones entregan papel ya reciclado procedente de Alemania y de Austria, mientras que otros se preparan para embarcar el cartón de Edipack con destino a Serbia y Montenegro.

Fuertes intereses políticos y mafiosos

En los talleres, 120 obreros se afanan alrededor de las viejas máquinas. Ninguno lleva puestos ni guantes ni cascos, a pesar del ruido ensordecedor. Bardhyl Balteza se dirige al mercado regional, pero asegura que si no se aprueba la nueva ley sobre residuos intentará deslocalizará su empresa a Kosovo o Macedonia, donde no hay ninguna industria dedicada al reciclaje.

El peso en la economía albanesa de las pocas empresas del sector sigue siendo limitado, sin embargo, el Gobierno puede que apueste por ellas para tratar de reactivar una economía moribunda. En el Parlamento, el ministro de Medio Ambiente Lefter Koka adujo que la industria del reciclaje es un sector con futuro ya que el país sigue siendo uno de los más pobre en Europa. Claro que, según las cifras oficiales, Albania apenas pueden tratar su propia basura: en la actualidad recicla menos del 20%.

Según los ecologistas, la postura de la industria del reciclaje es una mera cortina de humo destinada a ocultar oscuros intereses políticos y mafiosos. En el punto de mira está, por ejemplo, Eco Tirana. Esta empresa encargada de la recogida de basuras nació del acuerdo conjunto alcanzado por el Ayuntamiento de Tirana y por la ciudad de Verona, pocos días antes de que se debatiese la ley en el Parlamento.

En Albania, se están construyendo dos incineradoras y varios vertederos. En las montañas del sureste del país, las obras de la de Maliq avanzan rápidamente. Financiada por la agencia alemana de desarrollo GTZ, las instalaciones, que deben cumplir con las normas medioambientales más estrictas, parecen particularmente sobredimensionadas, sobre todo habida cuenta de que se trata de una región muy poco poblada. “En Maliq se cruzan las principales carreteras del país y la frontera griega está muy cerca. ¿Qué desechos recibirá este vertedero?”, se pregunta Brizida Gjikondi, activista ecologista oriunda de esta zona. Y añade: “Si Europa realmente quiere que Albania se convierta en su vertedero, esta Europa ya no nos interesa”.

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[1] Los datos están disponibles en italiano y en inglés.italianoinglés

  Traducción: Alba Precedo

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha acusado a España de incumplir sus obligaciones para asegurar un tratamiento de residuos "sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente" en un total de 61 vertederos incontrolados e ilegales en varias regiones del país, informa Europa Press.

En su sentencia, el TUE considera que estos vertederos han funcionado "durante un largo periodo" de manera "incontrolada e ilegal", así como que los residuos vertidos "no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente" y en particular "sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora".

El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar "vertederos ilegales". Bruselas dio un nuevo paso en este procedimiento de infracción en 2014, cuando volvió a instar a las autoridades españolas a actuar para atajar el "significativo número de vertederos incontrolados" que seguían en funcionamiento.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario denunció a España en 2015 ante la justicia europea por su "deficiente gestión" de residuos en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y argumentó que no había tomado medidas para "cerrar, sellar y restaurar ecológicamente 61 vertederos ilegales".

España se defendió alegando que ha impulsado el "complejo" proceso para cumplir con las normas europeas y resaltó el "inmenso esfuerzo adicional" realizado en un periodo de "graves dificultades económicas y presupuestarias". Aún así, las autoridades nacionales expusieron la habilitación de líneas de financiación específicas para el acondicionamiento de los vertederos.

En la sentencia de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo ha determinado que España incumple sus obligaciones para asegurar que los residuos son tratados como establecen las reglas comunitarias.

Además, el TUE afirma que España no ha demostrado que los incumplimientos cesaran antes de expirar el ultimátum de Bruselas de 2014 y recuerda que un Estado miembro "no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos" que establece la legislación europea.