Bruselas quiere acabar con los controles regulares a los pesticidas y pone en peligro a los agricultores

La Comisión Europea lleva meses inmersa en una carrera por desregular cada uno de los sectores estratégicos de los 27 países, con más de una decena de proyectos ómnibus en marcha para defensa, tecnología, medioambiente, finanzas… Este martes era el turno de la agricultura, con la presentación de un paquete enfocado en ahorrar costes y agilizar permisos para pesticidas que abre la puerta al empleo no supervisado de químicos tóxicos e incluso cancerígenos. Los daños los sufrirán primero los agricultores que los manipulan, aunque estos químicos se detectan a menudo en los alimentos que llegan a los hogares.

Los expertos advierten de que se trata del cambio más importante en la política de pesticidas desde 2009. La propuesta más sonada es que aquellos productos que ya están autorizados no tengan que someterse a revisiones periódicas, sino que su empleo quede blindado indefinidamente. Hasta ahora, un fertilizante autorizado en el campo debe ser reevaluado cada 10 o 15 años aprovechando los avances científicos, una medida que ha permitido sacar del mercado productos muy peligrosos para la salud, pero la Comisión entiende que esto supone un bache para la industria química y un gasto desproporcionado en investigación.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuo en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y la Comisión, un proceso que puede demorarse meses.

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Kistiñe García, especialista en tóxicos de Ecologistas en Acción, subraya el papel indispensable que juegan ahora los controles rutinarios sobre pesticidas y alerta del peligro de desmontar esta normativa. "Gracias a las comprobaciones obligatorias se han eliminado 162 sustancias dañinas, diez de ellas cancerígenas y diez disruptores endocrinos. Por ejemplo, una revisión de 2019 sacó de la lista al clorpirifós, el insecticida con mayor presencia en los vegetales españoles, porque causaba daños en el cerebro infantil", afirma García.

PAN Europe, una ONG especializada en pesticidas, calcula que el agujero legal que prepara Bruselas dejaría libre de exámenes al 90% de las sustancias activas que en este momento utiliza la agricultura, aunque la Comisión sí va a mantener el sistema actual de reevaluación para una serie de pesticidas peligrosos. Del gran bloque que va a ser desregulado, no todas las sustancias son potencialmente peligrosas. Una porción son biocidas naturales (como feromonas o microorganismos) que tienen un impacto menor en la naturaleza.

En una versión anterior de la propuesta, que se filtró el mes pasado, Bruselas daba vía libre a todos los pesticidas, pero la presión que han ejercido en las últimas semanas el mundo científico y las organizaciones civiles ha obligado a mantener una mínima red de seguridad. El 10% de las sustancias que seguirán estando sometidas a revisión son las llamadas sustancias candidatas a sustitución, aquellas que tienen evidencias de toxicidad, pero no tantas como para ser prohibidas inmediatamente. En su caso se revisan cada siete años por su elevado riesgo.

También se mantendrán los controles regulares actuales sobre sustancias específicas "cuando existan razones científicas para ello", según el texto de Bruselas, y sobre las que hayan suscitado incertidumbres sobre sus daños en el examen anterior, aunque estas excepciones tendrán que concretarse en las negociaciones futuras.

Angeliki Lysimachou, directora de Ciencia y Política en PAN Europe, explica a infoLibre que el sector de los pesticidas no se puede desregular porque es extremadamente común que con el tiempo se detecten riesgos sanitarios en productos hasta ahora aceptados. "Los pesticidas sintéticos se diseñan específicamente para dañar a los organismos vivos. Los avances científicos nos permiten averiguar si no solo atacan a los organismos objetivo, sino también a humanos y otros seres vivos", aclara.

El glisofato, el polémico y más común herbicida del mundo, es uno de los productos que en principio podrían beneficiarse del nuevo agujero legal porque a finales de 2023 recibió una extensión de uso de 10 años, aunque la controversia que rodea a este producto podría forzar a Bruselas a introducirlo en la lista negra de los que se sometan a examen.

El glisofato se utiliza para matar pastizales o evitar que crezcan hierbajos en los márgenes de las carreteras, entre muchos otros usos. Estudios independientes lo han relacionado con desarrollo de cáncer, daños cerebrales, alteración endocrina e impacto sobre insectos y anfibios, pero el estudio que realizó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no encontró "ningún aspecto extremadamente preocupante que impida renovar la autorización", ni relación con el desarrollo de cáncer ni con la disrupción endocrina.

"No sabemos qué pasará con el glisofato, pero es que creemos que ni la Comisión lo sabe", añade Lysimachou. "Han corrido tanto en hacer la normativa que ni ellos tienen claro a lo que se refieren", añade. La Comisión anunció en octubre que iba a elaborar un paquete ómnibus de alimentos y piensos, y en solo dos meses han elaborado la propuesta para reformar una ley que tiene 16 años.  

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La industria agrícola europea lleva años quejándose de las trabas burocráticas que suponen estos exámenes porque obligan al sector a buscar alternativas a esos productos tóxicos y a gastar millones de euros en investigación y estudios sanitarios. La Comisión calcula que esta nueva legislación, si entra en vigor, ahorrará "más de 428 millones anuales para las empresas de la UE y 661 millones anuales para las administraciones nacionales". Cada evaluación de una única sustancia supone revisar cientos de estudios, y una vez que es aprobado en la UE, cada estado miembro debe llevar a cabo su propia evaluación y autorización en un proceso que puede demorarse hasta una década.

Precisamente este último punto también está a punto de cambiar, según el texto publicado por la Comisión Europea. Hasta ahora, cada país debe realizar por su cuenta un análisis "independiente y objetivo" de cada sustancia para que se pueda usar en sus fronteras, por mucho que tenga el visto bueno de Bruselas, pero la nueva propuesta aclara que ahora tendrán que basarse en el estudio científico previo de la EFSA, no en sus propios análisis. Otro cambio sustancial es que hasta ahora, cuando una sustancia se prohíbe por su toxicidad, el sector químico tiene seis meses para retirarla del mercado, pero el nuevo documento sugiere que se pueda vender durante los siguientes 12 meses.

Expertos y activistas denuncian que la idea original de la reforma era facilitar la entrada de nuevos biocidas en la Unión Europea para que los agricultores tengan más opciones para combatir las plagas y no recurran a la respuesta química, pero la Comisión ha aprovechado para acelerar la aprobación de sustancias sintéticas. "La industria se quejaba de que no podía poner biocidas en el mercado, pero lo que se ha hecho es facilitar que todos puedan comercializarse, también los químicos", se queja Lysimachou.