Una asociación abre una petición para pedir el indulto a Álvaro García Ortiz
La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha lanzado una recogida de firmas para pedir el indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de la plataforma Change.org. La campaña, bajo el nombre Indulto para Álvaro García Ortiz: una necesidad democrática, expone que se trata de "un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional".
Según la asociación, la condena del Tribunal Supremo contra García Ortiz "ha generado inquietud social, división institucional y dudas profundas sobre el respeto de derechos fundamentales, y por tanto, sobre la justicia y equidad del resultado".
La petición, que por el momento cuenta con alrededor de 1.500 firmas verificadas, ha sido respaldada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió García Ortiz. "La UPF defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros", afirma en su cuenta de X.
AEDIDH fundamenta la necesidad del indulto en dos hechos "innegables y reconocidos por observadores jurídicos, organizaciones internacionales y buena parte de la ciudadanía". Uno de ellos es el voto particular de dos magistradas del Supremo -Ana Ferrer y Susana Polo-, que refleja "una profunda división interna" y en el que se afirma que la condena "vulneraba el principio constitucional de presunción de inocencia".
El otro hecho que señala esta asociación es que el fallo se emitiera antes de que la sentencia estuviera redactada, lo que "ha puesto en riesgo la confianza institucional". Según AEDIDH, esta situación "ha generado preocupación dentro y fuera de España sobre los estándares de garantía, la apariencia de imparcialidad y la seguridad jurídica".
Los impulsores de esta campaña por el indulto señalan que la medida no es un privilegio, sino que se trata de "una necesidad democrática". "Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional", añade.
El cuestionamiento del Supremo por su condena al fiscal general parte en dos la carrera judicial
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García Ortiz fue condenado por el Supremo por un delito de revelación de datos reservados. El caso judicial surge a raíz de la supuesta filtración de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Posteriormente, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió a varios medios el bulo de que el pacto procedía del Ministerio Público. A consecuencia de esto, la Fiscalía General del Estado publicó una nota oficial desmintiendo estas informaciones, lo que desencadenó que González Amador presentase una denuncia contra la Fiscalía.
La sentencia impone la inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general, además del pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización a González Amador por valor de 10.000 euros. Este mismo miércoles, el Supremo ha comunicado la ejecución de la sentencia.
