Me siento estafada por mi alcalde. Tanto, que interpuse hace unos días un recurso en el tribunal económico-administrativo de mi municipio tan pronto recibí y pagué los cerca de 200 euros de la liquidación de la nueva tasa de basuras que, según él y sus cálculos, me corresponden.

Hace algo más de un año escribía “Se busca: sensatez hasta en la basura”, donde anticipaba temores que ahora constato y comparto: la nueva tasa de basuras, en la mayoría de los casos, no cumple con las dos premisas que la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dicta que deben guiar su diseño: “Cobertura total de los costes de la prestación del servicio” y “Quien contamina, paga”.

El modelo económico adoptado por las entidades locales para determinar, mediante ordenanza fiscal, el importe de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia y que deben tender hacia el pago por generación tal como establece la Ley, es un despropósito.

Diseñar una ordenanza fiscal de estas características no es tarea fácil, especialmente para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría en España. Las ordenanzas fiscales son las disposiciones aprobadas por el pleno en las que las corporaciones locales establecen la regulación de los tributos de ámbito local, ya sean impuestos (como el IBI), contribuciones especiales (por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos), o tasas como la que nos ocupa.

Son muchos los detalles del diseño de la tasa de basuras que desconocemos porque se nos ocultan, o no están contemplados.

El primero de ellos es que, si reduzco, reutilizo y separo para reciclar como si no hubiera un mañana, o lo contrario, ¿se ha tenido en cuenta mi comportamiento en el cálculo de la tasa que me corresponde pagar? ¿Se tiene en cuenta el comportamiento de las vecinas y vecinos de mi barrio? ¿De los de mi calle? No he visto nada de esto en mi liquidación.

El segundo es que, entendiendo perfectamente que el coste del servicio de recogida y gestión de las basuras es muy considerable (lo conocemos ahora, que es visible), y que debe estar cubierto por unos ingresos suficientes estimados a partir de dicho coste, tengo la sospecha de que esos ingresos pueden no estar incluyendo la contribución económica de quien gestiona la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la que la Ley 7/22 dedica el Título IV.

Sospecho que en el modelo económico que determina el importe de la tasa de basuras nos han endosado a los residentes la parte correspondiente al cumplimiento de la RAP. En otras palabras, sospecho que Ecoembes no está cumpliendo su parte del trato.

Si la RAP no está contemplada en el cálculo de la tasa –no la veo en muchas ordenanzas fiscales–, estamos pagándola los ciudadanos. Dos veces, para más inri. Y es muchísimo dinero. Otra forma de cuestionar el asunto es preguntarse si las corporaciones locales están ingresando de Ecoembes lo que les corresponde por los materiales recuperados de envases a la luz de la nueva normativa.

Creo que hay pocos asuntos más cotidianos y cercanos a la ciudadanía como la basura. Una basura que generamos y de la que debemos todos y todas, consumidores y productores, responsabilizarnos. 

España eligió en su momento que de la RAP de la gestión de determinados residuos se encargaría la propia industria que los produce y coloca en el mercado, y que nosotras compramos. Se llaman Sistemas Integrales de Gestión (SIG) y hay uno para cada tipo de residuo.

El SIG de los envases que nos desbordan lo ejerce desde hace 25 años Ecoembes, autodenominada organización sin ánimo de lucro, de la que son accionistas participantes de la industria que produce productos envasados (en la que predominan las empresas de alimentación, de limpieza, belleza e higiene y de bebidas), y de la que los distribuye y vende (supermercados, grandes superficies). Como lo del lobo cuidando a las gallinas.

¿Cómo podríamos verificar, como ciudadanos atracados por una tasa mal diseñada, que Ecoembes está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner? ¿Nos han endosado la totalidad del coste sin tener en cuenta la contribución que debe hacer Ecoembes por la RAP? ¿Está reflejada esta contribución de la RAP en los ingresos de las corporaciones locales? ¿Forman parte estos ingresos de los cálculos de la tasa de basuras? ¿Estamos pagando dos veces, los ciudadanos, por la RAP?

Echadle una mano a vuestro alcalde o alcaldesa. Preguntadle acerca de los detalles de la tasa de basuras cuyo recibo acabáis o estaréis próximos a recibir y que, como yo, pagaréis. Y luego, si queréis, recurriréis. Sinceramente, creo que no es mala fe; creo que estamos frente a una flagrante captura del regulador por una parte muy interesada y poderosa que se oculta tras la imagen bondadosa de una supuesta ONG que, si en algo es experta, es en practicar green washing de libro. Ecoembes es un polizón que nos sale muy caro a todos y a todas.

_________________

Verónica López Sabater es economista.

El primer secretario del Partido Socialista francés (PS), Olivier Faure, reiteró este viernes su amenaza de tumbar al Gobierno si el primer ministro, Sébastien Lecornu, no propone más impuestos a los multimillonarios y a las grandes empresas, una vez que asume que no saldrá adelante la 'tasa Zucman', según informa EFE.

En una entrevista al canal BFMTV unos minutos antes del inicio de un debate presupuestario clave en la Asamblea Nacional, Faure insistió en que como ni Lecornu tiene mayoría para aprobar los presupuestos ni tampoco la izquierda, "hay que encontrar un compromiso".

Reconoció que esta semana en la Asamblea Nacional "muchas cosas han avanzado" con la aprobación de un aumento de los impuestos a las grandes empresas y un incremento de la fiscalidad a las grandes tecnológicas, pero advirtió que eso no es suficiente y que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá".

Este viernes los diputados discuten en particular una imposición a los grandes patrimonios, una cuestión centrada en la propuesta de la izquierda de la llamada 'tasa Zucman' que prevé un gravamen del 2% sobre el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.

El líder socialista reconoció que esa propuesta no tiene apenas ninguna posibilidad de ser adoptada, pero hizo hincapié en que Lecornu, que va a estar presente en el debate teniendo en cuenta lo que se juega, tiene que presentar alternativas que permitan recaudar una cantidad equivalente y que salga de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

"Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios".

Preguntado sobre el riesgo que han dejado caer algunos grandes empresarios en Francia de que se instalarían en el extranjero si saliera adelante una fiscalidad como la de la 'tasa Zucman', les pidió "un poco más de patriotismo" e hizo notar que las 500 grandes fortunas del país han conseguido duplicar su patrimonio en ocho años.

Los socialistas, que son cruciales para que el Ejecutivo de Lecornu no caiga en una moción de censura, han advertido desde que fue designado primer ministro en septiembre que decidirán su suerte sobre todo en función de los presupuestos, que deben aprobarse de aquí a finales de año.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas las malas prácticas observadas en los festivales de música al aire libre FIB, en Benicasim (Castellón; Monegros Desert Festival en Fraga (Huesca); Puro Latino en sus cinco localizaciones; Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) y Zevra Festival en Cullera (Valencia).

Estas denuncias se suman a las ya presentadas por la organización contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound en Lorca (Murcia). En su conjunto, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes, ha recogido Europa Press.

Concretamente, la OCU alerta de que los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta 'cashless', un medio de pago obligatorio que "limita" el derecho de los asistentes a usar el efectivo, según han informado en un comunicado.

Además, aseguran que en ocasiones los festivales imponen un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución -cinco días en el caso del FIB-, superado el cual se pierde el dinero, lo que supone un "enriquecimiento injusto" del promotor.

Otra de las malas prácticas señaladas se trata del cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival -que puede alcanzar los 25 euros-, lo que afean que puede considerar "una retención ilegal". Además, los festivales también incurren en la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que OCU considera que es "abusiva".

También consideran que es abusivo el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB -donde el vaso alcanza los 2,5 euros-, o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones.

Por ello, OCU ha animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones y urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados.

Aún así, remarca que "lo ideal" sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Salvo en el caso de Asturias, agravan que la legislación autonómica es "permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores".

El turismo, que acusó el zarandeo global del covid más que otros sectores, se ha recuperado con vigor para seguir demostrando con números que es un motor incuestionable de la economía española. Representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y sigue encadenando récords. En 2023, el país recibió más de 84 millones de turistas internacionales. Pero, en paralelo, se suceden polvaredas levantadas a golpe de propuestas como la lanzada por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar por visitar la Plaza de España de la ciudad; o de manifestaciones multitudinarias contra la masificación como las promovidas en Canarias, Baleares o Málaga, en Andalucía. Incluso desde Exceltur, la alianza turística compuesta por más de 30 empresas y cinco patronales del área, reconocen ya que "el turismo de masas y excesos" es un problema que "conlleva un malestar para los ciudadanos".

En ese dibujo de situación, hay territorios que han movido ficha y otros que no. Ocurre algo similar a lo que está pasando en el ámbito de la vivienda. En comunidades como Cataluña o Baleares se ha optado por la aplicación de tasas turísticas y en Euskadi, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha planteado que es "el momento" de abordar el establecimiento de un impuesto a las estancias turísticas "en colaboración" de todas las instituciones y del sector, porque "el que viene a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a mantener Euskadi", según recogió Ep.

Algunos municipios también han tomado la iniciativa. Lo han hecho ciudades como Barcelona, donde el ayuntamiento ha aprobado recientemente subir de los 3,25 euros hasta los 4 la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento; Tarragona, Ibiza, Girona, Menorca o Palma. Y Santiago de Compostela quiere sumarse, con un gravamen que oscilaría entre 1 y 2,5 euros por noche, con la que el Gobierno local prevé recaudar tres millones al año. En un documento armado gracias a un convenio con la Universidad de Santiago (USC) consta que la ciudad soporta una presión turística de 9,4 visitantes por habitante, lo que la sitúa en una situación de “sobreturistificación”. Pero Galicia carece de esta normativa y los expertos en derecho que han elaborado el informe consideran que fórmulas como la aplicada en Venecia, cobrar 5 euros a los turistas por visitarla dentro de un horario, con independencia de si pernoctan allí o no; no tendrían cabida en el ordenamiento jurídico español. Para el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC César García, la figura tributaria correspondiente sería la de “impuesto propio de la comunidad, cedido a los ayuntamientos”, dado que las administraciones locales no pueden crear tributos. Así podrían adherirse los consistorios que lo consideraran y solicitasen ser declarados como municipios de alto impacto turístico o alto impacto turístico estacional. Falta por conocer la postura de la Xunta, la Administración que debería dar luz verde a la propuesta.

¿Ese sería un camino a replicar en otras partes de España o convendría crear un impuesto estatal, por ejemplo? El catedrático de Economía de la Empresa en la Universitat de les Illes Balears, Aleix Calveras, no apuesta por un gravamen estatal “porque todos los territorios no tienen las mismas necesidades”. “Debería ser a nivel de comunidad, con implicaciones municipales”, comparte. Defiende que no se debe medir la masificación “sólo por el número de turistas”, ya que esto no permite comparaciones “entre destinos con diferentes geografías ni muestra la evolución temporal dentro del mismo” punto. A su juicio, sería mejor recurrir a conceptos como la densidad o la intensidad turística, sin olvidar que, aunque puede analizarse con datos, también es un fenómeno psicológico.

Calveras cree que la saturación turística puede ser nociva a distintos niveles: “Para los residentes, quienes soportan problemas como los atascos en las carreteras, de acceso a la vivienda, etc. De ahí las recientes manifestaciones; y para la experiencia turística en sí. De hecho, la masificación puede dañar a la misma industria, ya que empeora la experiencia de los visitantes, especialmente para los turistas con mayor capacidad de gasto, quienes podrían decidir evitar destinos saturados”, condensa. Se muestra a favor de las tasas, sobre todo teniendo en cuenta que, en materia tributaria, “el IVA de hoteles, restauración, y transporte aéreo doméstico es solamente del 10%, frente al general del 21%, y el combustible de los aviones no está sujeto a impuestos”.

Con todo, avisa de que para que tuvieran impacto en la demanda y sirvieran para descongestionar “tendría que ser una tasa significativa, no pequeña”. Y hay margen, dado que ninguna de las cargas aprobadas en el mapa nacional alcanza “la tarifa máxima de 14,95 euros por persona y noche en estancia en un palacio impuesta en París o a las cifras de Ámsterdam”. “Sorprendentemente, algunas de las críticas a los impuestos turísticos vienen de su posible efecto elitista al dificultar el acceso al destino a determinados segmentos de turistas", asevera, para completar: "Sin embargo, los problemas de desigualdad deben de atacarse mediante políticas de redistribución de rentas, no manteniendo los precios turísticos bajos generando congestión y sus problemas", dice, consciente de que no todas las reacciones a este tema son suaves como un ala.

Sondeado en concreto sobre por qué piensa que la patronal suele posicionarse en contra de esas medidas, anota que “es porque no quieren que se les ponga un impuesto, pero no porque no funcionen. Se oponen probablemente de una forma miope, en contra de sus propios intereses a largo plazo”. De lo que sí advierte el profesor es de que los gravámenes podrían provocar que surja “una oferta ilegal”, como en la esfera de la vivienda. Para impedirlo, “habría que implementar sistemas de inspección turística efectivos” o contemplar cargas impositivas “de difícil evasión” en zonas como los puertos o los aeropuertos.

Por su parte, Alberto Ibáñez, portavoz de Turismo de Sumar se coloca igualmente del lado de que "exista un impuesto turístico de diseño o normativización autonómica, pero de aplicación municipal, que se destine a la desaturación de servicios públicos, así como a la protección medioambiental y la descarbonización del sector”. “Pero es importante también -enlaza-, y más ahora que está habiendo manifestaciones masivas en Andalucía, Baleares, Canarias o en breve en Alicante -la plataforma ciudadana de reciente creación 'Alicante, ¿dónde vas?' ha convocado una protesta el próximo 13 de julio-; dejar claro que la masificación turística no se resuelve sólo poniendo tasas turísticas, tiene que haber otras medidas que desincentiven ese turismo que está colapsando las ciudades”.

Para Ibáñez “es demagógico decir que una tasa turística es clasista, porque nadie deja de viajar por pagar 2 euros la noche, pero sí que pensamos que el debate tiene que ser más amplio. No es una cuestión de impuestos y nada más, tiene que haber otras medidas regulatorias”. Es más, Sumar ha planteado que se restrinja “la llegada de cruceros a las ciudades que están colapsadísimas”. “Es competencia autonómica, pero pensamos que ha llegado el momento de poner límites”, confirma.

Insiste en que “el diseño del impuesto tiene que ser autonómico”, para añadir: “Y ha de ser progresivo, porque no puede pagar lo mismo la persona que va a un camping que la que se queda en un hotel de cinco estrellas; y estar dirigido en fondos finalistas para la protección del medio ambiente o el fortalecimiento de los servicios públicos que se ven mermados por la saturación turística”. En relación a esto último, apostilla: “No es lo mismo una ciudad ultra saturada, que un pueblo del interior, donde no cierre la panadería gracias a que van turistas. La dimensión municipalista de este impuesto es fundamental y las medidas fiscales han de ir acompañadas de medidas restrictivas en zonas del país que ya tienen una saturación insoportable y las hacen inhabitables”, cierra.

Desde Exceltur suelen señalar que crear nuevas tasas turísticas sería un “error” porque no reducen la afluencia de turistas. Si bien, en el Manifiesto Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo que han difundido recientemente se apunta a la idea de consensuar “con gobiernos autonómicos y locales donde inevitablemente se apliquen tasas turísticas”, el que “los ingresos de éstas reviertan exclusivamente”, o en “la mejora de la calidad de vida del residente”, o en acciones que optimicen “la experiencia final de aquellos turistas de mayor valor añadido para cada uno de los destinos”.

La posible implantación de peajes en España a partir de 2024 es un tema que está marcando de forma inesperada la campaña electoral. Durante el cara a cara del 10 de julio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el popular sacó un mapa con las carreteras en las que supuestamente se impondrán sistemas de pago, algo que el socialista negó. También la secretaria general del PP hizo referencia a esta polémica en el debate a siete de RTVE del 13 de julio. 

“El pasado lunes desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa, de que todas las autovías haya que pagarlas a partir del 1 de enero de 2024, es decir, establecer los peajes. Hoy el director general de Tráfico lo ha confesado. ¿Tienen ustedes alguna sorpresa más escondida?”, reprochó Gamarra (min. 28:50). 

Pero la afirmación de la secretaria general del PP plantea varios matices:

Pero ¿Qué pasará entonces con el peaje en las carreteras de España en 2024? ¿Cuál es el compromiso con la Unión Europea?

Aunque Gamarra aseguró que desde el PP “desvelaron” el compromiso de España con la Comisión Europea en relación a los peajes a partir de 2024, es algo que aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como contamos en 2021 en Newtral.es. 

En este plan, el Estado marca una serie de hitos y objetivos a cumplir (aprobados por Bruselas) para poder recibir los fondos europeos Next Generation, entre los que incluye que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras” (p. 129). 

Además, el documento que desarrolla el primer componente del plan, dedicado a la “movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”, recupera el posible peaje en las carreteras de España, pero además añade que “podría implantarse a partir del año 2024” (pág. 22). 

Sin embargo, por el momento no se ha aprobado ninguna regulación que incluya los peajes a partir del 1 de enero de 2024. Así lo señalan a Newtral.es desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La cartera que dirige Raquel Sánchez explica que desde el Estado se van cumpliendo y renegociando hitos. “Ahora vamos a renegociar ese hito que garantice ese mantenimiento necesario de carreteras pero que no sea a través de pago por uso”, exponen.

Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (que no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral), se eliminó la previsión de los posibles peajes en España a partir de 2024. “No se dan las condiciones. Una medida así debe contar con consenso de partidos políticos, administraciones territoriales y el sector afectado”, insisten desde Transportes. 

Esta medida, se planteó “sin una guerra en Ucrania, sin subida de precios, etc., por tanto, se retiró la previsión del proyecto de ley y se está renegociando con la Comisión Europea”. Algunos medios como El Periódico de España ya informaron el pasado enero la decisión del Gobierno de aplazar y no aplicar el peaje en 2024. 

El director de la DGT, Pere Navarro, afirmó en TV3 que el pago por uso volverá a las autovías españolas el próximo año “por imposición de Bruselas”, obviando que se trata de un compromiso autoadquirido por el Ejecutivo. 

No obstante, horas después se retractó y, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Efe, Navarro lamentó “profundamente la confusión”, asegurando que quería referirse a la necesidad de “un gran acuerdo político” entre los distintos partidos. 

También salió a desmentirlo Raquel Sánchez, que negó “categóricamente” que el Gobierno “esté pensando en imponer peajes por el uso de carreteras”. 

“Lo que está claro, lo que es demostrable y que además también ha publicado algún medio, es que el Partido Popular encargó en el año 2018 un informe para proceder a la implantación del pago por uso en el año 2021”, denunció la ministra de Transportes el 14 de julio (min. 0:58). 

Medios como El País o La Voz de Galicia publicaron que en 2018, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, el Ministerio de Fomento encargó un estudio a Ineco en el que se valoraban tres posibles formas de aplicar el pago en las carreteras españolas. 

_______________

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Un total de 273.930 niños nacieron en España en los diez primeros meses de 2022, 5.955 menos que en el mismo periodo del año pasado y 68.680 menos que en los mismos meses de 2016, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

De los datos del INE se desprende que, en los últimos seis años, el número de nacimientos en España ha ido en descenso. Así, entre enero y octubre de 2016, nacieron 342.610 bebés, una cifra que cayó hasta los 326.249 en los mismos meses de 2017; a 309.794 en 2018; 299.944 en 2019; 290.454 en 2020; 279.885 en 2021 y 273.930 en 2022.

Atendiendo a los alumbramientos por cada mes, en octubre de 2022 nacieron 28.262 niños en España, la cifra más baja en un mes de octubre desde el inicio de la serie, en 1941.

Por otro lado, en las 48 primeras semanas de 2022 han fallecido en España 422.657 personas, 13.030 más que en el mismo periodo de 2021, un 3,2% más, y 29.298 menos que en esas mismas semanas de 2020, un 6,5% menos, según la estimación de defunciones semanales del INE.

Que el “el Gobierno ha subido 24 veces los impuestos” desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se ha convertido en un lugar común de los discursos de Alberto Núñez Feijóo, de su equipo y, por extensión, del argumentario que los dirigentes del PP repiten en casi todas sus intervenciones. Algunos añaden una conclusión heredada de Pablo Casado: España vive en un “infierno fiscal”.

La realidad es muy distinta. De las 24 subidas de impuestos que el PP reprocha al Gobierno, apenas 11, prácticamente la mitad no lo son. Para exagerar la presión fiscal ordenada, según ellos, por Pedro Sánchez, el equipo de Feijóo ha incluido en la lista subidas de tasas y de cotizaciones sociales, así como reducciones de exenciones que no significan un incremento de la fiscalidad.

El PP incluye en la lista, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales de 2019, 2020 y 2022. Pero una cosa son los impuestos y otra, muy diferente, las cotizaciones sociales destinadas a la Seguridad Social. Pagar el IRPF o el IVA, por ejemplo, genera recursos al Estado y a las comunidades autónomas para financiar las necesidades colectivas. En ese caso, no existe una contrapartida directa: todo depende de cómo se utilice ese dinero (carreteras, sanidad, educación).

Las cotizaciones, en cambio, son aportaciones periódicas a una entidad de previsión social con el fin de asegurar una serie de contingencias futuras. En España la entidad en cuestión es la Seguridad Social, de la que depende que cobremos desde una baja laboral al seguro de desempleo o la pensión. A diferencia de los impuestos, existe una contraprestación directa, que dependerá de que cumplamos la condición para recibirla (estar en el paro, de baja o jubilados).

La subida de la base mínima de la cotización a la Seguridad Social es, además, una consecuencia directa de la subida del salario mínimo. De ese modo se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo suelo salarial y así mejoran también los ingresos del sistema.

El PP también incluye entre los impuestos del “infierno fiscal” creado por Pedro Sanchez la subida de tasas en 2021 y 2022. Pero las tasas tampoco son impuestos. Son tributos que se imponen al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades a los que están indisolublemente vinculados. Por ejemplo, una tasa por la recogida de basuras. Su sentido es financiar un servicio o uso concreto prestado por la administración pública.

La lista que maneja el equipo de Núñez Feijóo rreoge también la reducción de las exenciones de los planes de pensiones privados llevada a cabo en el IRPF en 2021 y 2022. Aquí lo que hizo el Gobierno no fue aumentar el IRPF sino rebajar una exención por determinadas aportaciones a sistemas privados de previsión social siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), derivadas de su creencia de que los incentivos actuales a estos planes de previsión social complementaria no cumplen con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación y que se puede calificar como un beneficio fiscal regresivo, pues se concentra en los contribuyentes de rentas más altas.

El PP cuenta también como subida, en su caracterización del “infierno fiscal” español, varias modificaciones legales. En primer lugar, la de la Ley del Impuesto de Sociedades destinada a reducir del 100 al 95% (apenas cinco puntos porcentuales menos) la exención de dividendos y plusvalías de las compañías participadas. Pero, de nuevo, esta reforma, llevada a cabo en 2021, reduce exenciones, no crea nuevos impuestos. Y afecta a las empresas que tiene filiales y cobran dividendos u obtienen plusvalías por operaciones relacionadas con ellas, lo que está lejos de afectar a los ciudadanos de a pie.

La segunda es la nueva Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre de 2021, y que el PP considera una subida fiscal porque incluye un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afecta a todos los impuestos patrimoniales. La aplicación de esta reforma, en el año 2022, incrementa, según el PP, las bases de cotización de los inmuebles obligados a tributar por los impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, que en realidad están bonificados casi hasta desaparecer en varias comunidades autónomas.

Lo que hace la nueva ley es modificar la base imponible de ambos impuestos, sustituyendo el llamado valor real por el valor de mercado. De esta manera, siempre que exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincidirá con el valor de mercado. Cuando se trate de bienes inmuebles, la nueva norma introduce en estos impuestos el valor de referencia previsto en el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, que se determina según el valor de todas las compraventas inmobiliarias efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario público.

La lista del PP incluye otras trece subidas de impuestos que sí son reales. Veamos cuáles son y cómo afectan a los ciudadanos.

En primer lugar, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, al que los medios apodaron como tasa Google. Grava a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Es decir: compañías, en su mayoría tecnológicas extranjeras, que ganaban dinero con datos de clientes españoles pero que no tributaban por ello.

Los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido han pactado con Estados Unidos mantener sus respectivos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Eso ocurrirá el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.

A partir de 2024 se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales estadounidenses afectadas por los impuestos digitales nacionales son superiores a los que hubieran tenido que pagar al amparo del pilar 1. En caso de que fuera así, España y el resto de países europeos tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades.

El segundo impuesto nuevo creado por el Gobierno de Sánchez es el de Transacciones Financieras, apodado a su vez como tasa Tobin, en referencia al economista que lideró la propuesta de gravar el tráfico internacional y de usar lo recaudado para financiar servicios públicos. Están obligados a pagar este impuesto quienes adquieran acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, siempre que tales sociedades tengan acciones admitidas a negociación en un mercado regulado y un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El Gobierno también subió en 2021 el IRPF, pero no para todo el mundo. Sólo para las rentas más altas. En concreto, aumentó en 2 puntos porcentuales la escala de gravamen general para las rentas superiores a 300.000 euros en la base imponible general y fijó en el 24,5% el tipo marginal aplicable a la escala de gravamen de la parte de la tarifa estatal (las comunidades autónomas tienen libertad para subir o bajar su parte de la tarifa).

Al mismo tiempo, elevó tres puntos el tipo marginal de gravamen aplicable sobre los rendimientos del ahorro hasta situarlo en el 26%. Pero no para todos: solo para las pocas rentas superiores a 200.000 euros.

La quinta subida de impuestos que el PP reprocha al Gobierno es la que elevó en 2021 el último tramo de la tarifa del Impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5%. Un ajuste que afectó a muy pocos. En concreto, a los patrimonios con bases liquidables por encima de los 10,7 millones de euros (descontado el mínimo exento de 700.000 euros). Y sólo en las comunidades que no han bonificado este impuesto, porque Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia tienen sus propias escalas y minimos exentos. Madrid, por ejemplo, bonifica sin condiciones el 100% de la cuota resultante. Por tanto en Madrid no se paga impuesto de patrimonio. Aunque su valor sea de 100 millones de euros.

Otra de las subidas fiscales con las que, según el PP, el Ejecutivo ha golpeado a los españoles, es el tipo mínimo del 15% fijado en el Impuesto de Sociedades. Una decisión que afecta únicamente a las grandes compañías: el 1% del tejido empresarial, que sin embargo supone el 60% de la recaudación. Existe además un consenso internacional sobre un tipo mínimo de sociedades de al menos el 15% a las grandes multinacionales en cuyos detalles trabajan la OCDE y el G-20.

El Gobierno de coalición, acusa el PP, también ha subido el Impuesto sobre las Primas de Seguros (del 6% al 8%). Lo que no dice es que este impuesto estaba congelado desde 1998 (23 años) y que sigue siendo un tipo inferior al existente en otros países europeos. En Alemania esta tasa se ubica en el 19%, en el Reino Unido en el 12,5% o en Italia que se establece entre el 12,5% y el 21,5%.

Y la subida del tipo de gravamen de las Socimi, una antigua reivindicación de la izquierda, que acusa a estas sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria de ser herramientas de especulación. La reforma del Gobierno ha hecho que las Socimi hayan pasado de tributar un 0% a un 15%.

Se trata de sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento que siempre, hasta ahora, han tenido un trato fiscal privilegiado. Según el PP, deberían conservarlo.

El “infierno fiscal” que el equipo de Feijóo asegura que existe en España por culpa de Pedro Sánchez incluye también nuevos impuestos que gravan productos perjudicales para la salud o para el medio ambiente. El primero de ellos, la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, busca reducir el consumo de azúcar y favorecer en la población “hábitos más saludables”. 

El consumo en exceso de bebidas azucaradas se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer de endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares, entre otros. Una reducción en el consumo de bebidas azucaradas del 15,4%, según un estudio del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), significaría, sólo en Cataluña, un ahorro de 63,32 millones para el sistema sanitario derivado de la mejora de salud de la población de más de 20 años a lo largo de su vida.

En este capítulo está también la subida del impuesto de matriculación, que el PP cifra en un 20%. Tuvo lugar el 1 de enero de 2022 y es consecuencia directa de la actualización del tributo para que paguen más los vehículos que más contaminan y se beneficien los que menos ensucian el aire que respiramos. 

El equipo de Feijóo también denuncia que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obligue a tributar por el depósito de residuos y por la utilización de plásticos de un solo uso, dos gravámenes con los que el Gobierno y el Congreso, que es quien en última instancia aprueba estas medidas, tratan de desincentivar la generación de desechos y la producción de materiales extremadamente contaminantes.

Los reproches del PP también incluyen la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados para desincentivar su uso. Un tributo que grava los gases fluorados, utilizados en equipos de refrigeración y altamente contaminantes y que es una bandera europea. Los gases fluorados y las SAO (sustancias que agotan la capa de ozono) son gases artificiales de efecto invernadero sumamente potentes —a menudo miles de veces más que el dióxido de carbono (CO₂)— que al liberarse a la atmósfera contribuyen al calentamiento global. Las SAO dañan la capa de ozono que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones solares ultravioleta.

A estos impuestos Feijóo suma ya los que prepara el Gobierno para este año y que gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y energéticas y a los bancos.

De lo que no habla el PP cuando critica la política fiscal del Ejecutivo de coalición es de los impuestos que sí ha bajado, todos ellos vinculados a la pandemia y a la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania.

El IVA de la electricidad ha bajado al tipo reducido del 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al tipo mínimo del 0,5%. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica ha sido suspendido: gravaba con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercutía en el precio de dicho mercado y en la factura final. 

Son medidas que permiten reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen.

El tipo del 10% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos). Y el gravamen del 10% incluye a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficia a 612.000 hogares, según cálculos del Gobierno.

Sigue además en vigor el tipo superreducido de IVA 4% para las mascarillas quirúrgicas y el tipo 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la covid adquirido por centros sanitarios y entidades sociales.

El Gobierno, por último, también ha reducido el 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas en la tributación por módulos del IRPF con motivo de la sequía. Unos 900.000 agricultores y ganaderos que tributan por el régimen de módulos pueden acogerse a esta reducción.

Todo ello en un país, España, que según datos de Eurostat sigue teniendo una presión fiscal (entendida como volumen de recaudación en proporción al PIB) por debajo del 40%: 4,3 puntos menos que la media de los países de la zona euro y 3,8 menos que la media de la Unión Europea. 

España es uno de los nueve países de la Unión Europea que aún no ha creado un Registro de Titularidades Reales tal y como le obliga a poner en marcha la directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales. Ese registro público y centralizado debe reunir los datos de los beneficiarios últimos o propietarios reales de todas las empresas, asociaciones, fundaciones y fideicomisos, así como de las entidades sin personalidad jurídica –comunidades de bienes, sociedades civiles– que no declaren quién es su auténtico dueño en el Registro Mercantil o en cualquier otro. Se trata de un mecanismo básico de transparencia para impedir que se utilicen medios jurídicos y financieros para fines delictivos. El acceso a esa información no sólo por las autoridades de los distintos países, sino también por las propias empresas, los ciudadanos y los medios de comunicación es una manera de prevenir, detectar y perseguir todo tipo de conductas ilícitas.

España ha incumplido el plazo, enero de 2020, para crear el registro. Con fecha del 27 de abril de este año, el Gobierno aprobó un real decreto-ley donde se daba seis meses para brindar acceso al público al registro, por lo que debería estar funcionando antes de que acabe este año. Para ello hace falta que antes se apruebe el reglamento que detalle aspectos fundamentales del funcionamiento de este mecanismo. No obstante, por las características que se describen en el real decreto-ley, el registro adolecerá de algunos de los defectos que la ONG Transparency International considera que limitan el acceso tanto de otros gobiernos como del público en general a la información sobre quién es el dueño real de muchas sociedades, a veces sociedades pantalla de las que sólo se conocen los administradores, a veces sociedades intermedias en un larga cadena de control.

Por ejemplo, los datos –nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los titulares reales– estarán accesibles de forma gratuita para las autoridades: Fiscalía, Poder Judicial, policía y Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, Sepblac (Comisión de Prevención del Blanqueo), la Agencia Tributaria–. Pero los ciudadanos tendrán que pagar una tasa si quieren obtener esa información. Además, previamente tendrán que identificarse, acreditar en condición de qué quieren esos datos e incluso demostrar que tienen “un interés legítimo” en conocerlos si lo que solicitan es información sobre fideicomisos tipo trust –donde una persona transmite bienes a otra, el administrador, para que los gestione en beneficio de terceros; precisamente una figura utilizada con frecuencia para ocultar patrimonio, por ejemplo–.

Pero el acceso a los datos tampoco es automático e ilimitado. Puede ser denegado si los responsables del registro –el Ministerio de Justicia– consideran que proporcionar determinada información puede exponer al propietario de una sociedad a un “riesgo desproporcionado” o bien a un riesgo de “fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, u otros de análoga gravedad”. También se podrá denegar el acceso si el titular real es un menor de edad o persona con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, explica el real decreto-ley.

Sólo Dinamarca y Letonia

Igual que España, Finlandia, Rumanía, Chipre, República Checa y Grecia han incumplido el plazo fijado por la directiva comunitaria. Chipre no lo tendrá listo hasta fin de año, la República Checa se ha comprometido para ponerlo en marcha este mismo verano, Grecia aún no sabe cuándo lo creará y Finlandia tiene el registro operativo, pero no permite a los ciudadanos conocer ni siquiera el nombre de los propietarios reales de las empresas inscritas.

Además, Hungría, Italia y Lituania carecen aún de cualquier tipo de registro ni están en proceso de constituir uno. Sólo Dinamarca y Letonia poseen registros públicos, gratuitos y con acceso total a los datos en formato electrónico y abierto.

En el caso de Alemania, en cambio, su registro central sólo incluye datos de las empresas que no aparecen en otros registros mercantiles. Como éstos no están integrados, “resulta imposible verificar si sociedades que deberían haber aportado información sobre sus dueños reales efectivamente lo han hecho”, advierte Transparency International, que ha examinado las características de los registros europeos. Y parece que los gobiernos son más que renuentes a proporcionar a los ciudadanos de forma sencilla, ágil y exhaustiva información sobre quién está detrás de sociedades, fundaciones y negocios.

Todo tipo de barreras

Así, es habitual que se requiera un documento digital de identificación o registro onlineonline, como en Austria, Bélgica, Croacia, Alemania, Irlanda, Holanda, Portugal y Suecia. En Luxemburgo, por el contrario, un ciudadano puede acceder incluso como “usuario anónimo”. Pero  su registro tiene un defecto crítico: no permite buscar por el nombre de una persona física, sólo por el de la compañía o por el número de identificación de la sociedad. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística. El periódico francés Le Monde y la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pusieron en marcha OpenLux para superar esa dificultad.

Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma onlineonline de dicho Registro. Hay documentos corporativos y estados financieros de las 260.000 empresas que se han registrado en Luxemburgo desde 1955, de las que algo más de 124.000 estaban operativas en 2020. Los datos incluyen la identidad de 117.424 beneficiarios últimos (o administradores, cuando los dueños no pueden ser identificados). De ellos, 1.558 son españoles o tienen alguna vinculación con España (son residentes en este país u ocupan cargos en sociedades españolas). El periódico francés compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta, y luego los compartieron con una docena de medios internacionales. En el proyecto OpenLux están algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo, como el propio Le Monde o el alemán Süddeutsche Zeitung. De esta forma, los periodistas de esos medios pudieron hacer búsquedas por el nombre de personas físicas.

En España, OCCRP facilitó a infoLibre el acceso a la base de datos. Tras varios meses de investigación, este periódico inicia ahora la publicación de una serie de reportajes basados en la información de OpenLux.

Un segundo problema del registro luxemburgués es que la base de datos está incompleta. En buena medida ello se debe a que sólo existe la obligación de identificar a una persona física como beneficiario último cuando controla al menos el 25% de la empresa. Si nadie llega a ese umbral, en el Registro de Titularidades Reales figuran los administradores de la compañía, algo que es un agujero evidente puesto que no siempre coinciden éstos con los beneficiarios últimos.

En otros países, además, el acceso a los registros está restringido a los ciudadanos nacionales o a de algunos Estados miembros. Es lo que ocurre en Bélgica –donde los extranjeros sólo pueden pedir información si tienen un NIF belga–, Croacia, Portugal y Suecia.

Aunque la restricción más clara es la de exigir una tasa para descargar documentos, obtener extractos o conseguir datos históricos sobre la propiedad de una empresa. En Austria, Bélgica, Estonia, Alemania, Irlanda, Malta y Holanda hay que pagar. Los precios oscilan entre el euro por archivo de Estonia y los cinco euros de Malta. Pero alcanza los 27 euros en Suecia si lo que se pide es un certificado de titularidad real. También habrá que pagar en España para acceder al registro cuando éste se ponga en marcha, pero la tasa no se desvelará hasta que se apruebe el reglamento que desarrolle el real decreto-ley de abril.

Según destaca Transparency International, sólo en cinco países es posible buscar en sus registros por el nombre de la empresa y por el nombre del titular real: Bulgaria, Dinamarca, Francia, Malta y Suecia. En Austria y Suecia, sin embargo, hay que aportar el nombre exacto de la empresa. En Bulgaria, sólo se puede hacer búsquedas en cirílico. En Polonia, sólo introduciendo el NIF de la empresa. En Malta, Suecia y Polonia, sólo con el DNI del titular real. En Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Irlanda y Holanda, entre otros, únicamente se pueden hacer búsquedas con el nombre de la empresa. En Portugal, además, hay que “motivar” cada solicitud de información.

Los datos que se pueden obtener sobre una sociedad son los básicos: nombre del titular real, fecha de nacimiento, país de residencia y nacionalidad, así como naturaleza y extensión del interés del titular en la empresa. Pero en Eslovaquia no se puede saber cuál es la relación de ese titular real con la empresa: si la propiedad es directa o indirecta, a través de acciones, si hay derecho a voto o a beneficios o cuál es la distribución de los activos. En Eslovenia no se informa con cifras concretas, sino con rangos [del 25% al 30% del capital, por ejemplo] y no se proporciona la fecha de nacimiento ni la nacionalidad del propietario último.

Transparencia contra la opacidad fiscal

El pasado 27 de mayo, Transparency International envió una carta al comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, donde le instaba a impulsar desde el G7, del que forma parte y que se reunió la semana pasada en Londres, a mejorar la transparencia sobre titularidades reales. “Sólo será posible avanzar en el combate contra los abusos de las empresas anónimas si la información sobre sus propietarios reales está disponible fácil y oportunamente en todas las jurisdicciones, y si las autoridades pueden usar esa información y cruzar los datos con fines de investigación”. La organización reconoce la resistencia de algunos “centros financieros claves” a este ejercicio de transparencia, pero subraya que, una vez que Canadá ha anunciado su intención de abrir su propio registro público, sólo queda Japón como el único miembro del G7 que no planea abrir un registro público de este tipo.

La obligación de las multinacionales de publicar informes sobre los beneficios que obtienen en todos los países donde desarrollan sus negocios, recién aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, el anuncio de un tipo mínimo mundial para el impuesto de sociedades, así como la tributación por los ganancias en los países donde las grandes compañías generan sus ventas, y, finalmente, la publicación de quiénes están detrás de muchos de los instrumentos legales que se utilizan para eludir el pago de impuestos pueden dar un vuelco a un panorama fiscal donde, hasta ahora, ganaban los paraísos offshore, por opacos, y la ingeniería tributaria creativa, aprovechando los agujeros del sistema.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, comenzará el próximo 22 de febrero de 2021 y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, según el calendario del contribuyuente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria y recogido por Europa Press.

De esta forma, el día 22 de febrero se liquidará el impuesto correspondiente a enero y así sucesivamente todos lo meses del año hasta finalizar el ejercicio, dado que su liquidación será mensual.

A su vez, la liquidación del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, comenzará el próximo 30 de abril sobre el periodo correspondiente al primer trimestre del año, ya que el pago de este tributo será trimestral. El segundo trimestre se liquidará el 2 de agosto y el tercer trimestre, el 2 de noviembre, con lo que para el cuarto trimestre habrá que esperar ya a los primeros meses de 2022.

Ambos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, aportarán a las arcas públicas, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, unos 1.800 millones de euros.

En concreto, con la tasa Tobin el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la Tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

Respecto a la tasaGoogle, el Gobierno asegura que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia, que suspendió la aplicación del tributo en aras a la negociación de una figura internacional, pero que ya ha anunciado que va a reimplantar ante la falta de acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa Googletasa Googleen el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

Resulta que nadie discute que el turismo es una industria importante entre nosotros (14,9% del PIB estatal, año 2017). El turista, el señor turista, no hace falta decirlo, es la figura y objetivo deseado y buscado, el actor que lo promueve todo. Y, ¿con la tradicional oferta de territorio, playa, sol, paisaje, es decir, oferta de los recursos naturales, tendremos suficiente, será bastante para atraer al turista? ¿O deberíamos ofrecer algo más? Quien ha de decirlo es el turista, o las preferencias del turista, que, resulta, ya no se conforma con la oferta tradicional; ahora, además, demanda un plus de gestión, de calidad, de especialización o singularidad, lo que se traduce necesariamente para nosotros, ¡atención!, en un «plus de inversión».

Por tanto, pues, hemos de ganar en cualificación y singularización; en otras palabras, tenemos que invertir (o mejorar la dirección de la inversión), porque estamos en un mundo o en una realidad cambiante, que exige adaptación, que exige estar o ponerse constantemente al día. Y seguramente saldrá ganando la atención y seguridad del turista, su confort e higiene, en definitiva, su satisfacción y posibilidad de retorno o que hable bien.

Llegados aquí, todos sabemos y vemos que la realización de esa actividad económica turística conlleva una ocupación espacial del territorio, se produce sobre un territorio. Un territorio que, se supone, está ordenado o debería estar ordenado para la mejor consecución de dichos fines. El territorio, de ser la original y genuina atracción del turismo, pasa a convertirse en la localización del hecho turístico, en el escenario, por lo que requiere una gestión, un desarrollo, un mantenimiento, que nos lleve a su buen estado de salud (esto se llama desarrollo sostenible), que evite y aparte impactos y consecuencias desfavorables, dañinos para la optimización y persistencia del hecho turístico, en definitiva, dañinos para la persistencia y continuidad de la actividad económica que representa la principal manera de vivir en muchas comarcas. Y todo esto se debe pagar, se debe financiar. Y preguntamos: ¿se debe pagar sólo por los habitantes de los lugares receptores de visitantes? ¿Lo tenemos que pagar todos con nuestros impuestos o también deben pagarlo los visitantes consumidores de ese territorio? La lógica dice que quien hace uso de algo, también debe ser corresponsable en su mantenimiento y tratamiento. Y eso, en este caso, se llama «tasa turística». Tasa que se destina a mantenimiento y a infraestructuras, a fomento y promoción del turismo, a los ayuntamientos y mancomunidades de todo tipo.

Dentro de nuestro Estado, en Baleares y en Cataluña ya se aplica. En el marco de la Unión Europea la tienen implantada 14 Estados: Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Francia, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Eslovenia. Y algunos otros más como Suiza, Serbia, Montenegro, EEUU (en Nueva York, 3,5 dólares noche). Incluso Marruecos o Túnez, competidores nuestros en el sur del Mediterráneo, también la aplican. Con lo cual se demuestra que la tasa no es una medida disuasoria del turismo, sino coadyuvante de la excelencia para el turismo.

En realidad, cuando se dice «venga y disfrute de nuestro sol», falta decir que las papeleras, las depuradoras, los policías, o la luz de las farolas... el turista también los debe pagar (aunque sea simbólicamente). ______________

Jesús Moncho es socio de infoLibre

Netflix ha aumentado de nuevo su precio a los españoles que ya suman una subida del 30% en dos años. Netflix, HBO, Sky o Amazon Prime, entre otras, son las nuevas empresas audiovisuales que desplazan en gran medida el consumo de televisión tradicional. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez quiere que este tipo de plataformas destinen parte de sus ingresos a financiar Radio Televisión Española (RTVE) y quiere "ponerse al día con la normativa europea" y "adaptar el sistema de tasas a la nueva era digital", según publica El Confidencial.

La normativa europea a la que se refieren es una directiva de la Comisión Europea sobre telecomunicaciones que conlleva, entre otras cuestiones, la ampliación del concepto de “operadores de servicios de telecomunicaciones”. Tras esta modificación comunitaria deben cambiar algunas cuestiones legales de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Con la modificación propuesta lo que pretende el gobierno es "actualizar y modernizar el marco regulatorio audiovisual vigente en la UE, buscando establecer una regulación del audiovisual más acorde con la era digital, caracterizada por la rápida evolución tecnológica, la aparición de nuevos modelos de negocio y los cambios en las pautas de visionado y de consumo de productos audiovisuales", según ha anunciado el Ministerio de Economía y Empresa. 

Se va a realizar una consulta pública con veinticinco preguntas dirigidas a los distintos agentes implicados para que hagan sus aportaciones a la normativa. En estas veinticinco interrogaciones el ministerio de Nadia Calviño hay hasta diecisiete en las que preguntan posible problemas de la normativa vigente como "considera que el marco vigente asegura la existencia de un servicio adecuado por parte de los prestadores públicos" y preguntan además si las prestaciones actuales se consideran "suficientes y coherentes con la situación actual del sector". 

Lo que pretende el Ejecutivo en funciones, explica el digital, es que las nuevas plataformas aporten una parte de sus ingresos a financiar la televisión publica como ya lo hacen Mediaset y Atresmedia, quienes aportan un 3% de sus ingresos brutos, junto con otras plataformas audiovisuales que son Movistar, Vodafone y Orange, cuya aportación es del 0,9%.  En la nueva legislación se propone que las empresas emergentes y cada vez más presentes en el mercado, como Netflix y HBO, se sumen a esta normativa con una aportación de entre 0,85 y el 1,35 a RTVE. 

La investigación en las universidades públicas es una de las grandes damnificadas de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe La Universidad española en cifras2014-2015 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que detalla que los fondos públicos para investigación en las universidades se han reducido un 21% entre 2008 y 2014 al pasar de 1.113 millones de euros a 876 (-237 millones de euros). 

Los rectores ponen de manifiesto, además, que los sistemas universitarios con mayor capacidad investigadora son los que presentan mayores "retrocesos" en su financiación. El documento destaca especialmente el caso de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que han perdido un 43% de los fondos –tanto públicos como privados– que recibían para investigación en el periodo analizado, así como las de Andalucía (-37%), Cataluña (-16%) y la Comunitat Valenciana (-15%). 

El informe destaca que aunque todas las fuentes han visto disminuir su caudal financiero en estos años, las aportaciones procedentes del sector privado han mostrado mayores descensos, hasta del 47% acumulado entre 2008 y 2014 –de 359 millones de euros a 191– sin que puedan observarse, además, cambios de tendencia en 2014. 

No obstante, los autores del documento sí son algo más optimistas respecto a la reactivación de la inversión por parte del sector público, del que destaca que ha sido "más moderado" en sus recortes que el privado. Así, destaca el aumento del 22% en los fondos públicos para investigar registrados entre 2013 y 2014, período en el que la cuantía pasó de 720 millones de euros a 876. 

Caída de la inversión 

En paralelo a estos datos, el documento también alerta de que la inversión de las universidades públicas sigue sin tocar fondo. En este sentido, pone de manifiesto que las cifras de los presupuestos de gastos liquidados por los campus en 2014 marcan un nuevo mínimo en la caída que viene produciéndose desde el inicio de la crisis económica. Y es que los campus públicos funcionaron ese año con 929 millones de euros menos que en 2008, lo que supone un descenso de los gastos liquidados del 41%. 

El 75% de este recorte lo sufrió la inversión material destinada a la construcción y reparación de edificios y a la adquisición de equipamientos, que perdió 694 millones de euros en ese período; y el restante 25% la inversión inmaterial que registra, fundamentalmente, los gastos directos de la actividad investigadora universitaria. Esta partida perdió en seis años 235 millones de euros. 

Los recursos humanos de las universidades públicas se han visto igualmente afectados por esta caída de la financiación. De hecho, en el período analizado se han destruido más de 7.500 empleos (entre ellos 3.486 profesores e investigadores). Los autores consideran que esta es una "grave pérdida", especialmente porque no ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia. 

No obstante, pese al recorte en medios, la producción científica ha crecido un 54% entre  2008 y 2014, un hecho que los autores del informe atribuyen a la "capacidad" y "determinación" de las universidades por mantener los proyectos y programas de investigación con cargo a los recursos propios generados por los remanentes de la actividad de I+D+i, que en lugar de convertirse en gastos de estructura o destinarse a incentivos para el personal investigador se han dedicado a mantener la actividad investigadora. 

Modelo de becas 

El informe de la CRUE constata también que España se sigue manteniendo entre los cuatro países con el nivel de precios públicos universitarios más altos de la Unión Europea, sólo superada por Reino Unido, Irlanda y Holanda. Una circunstancia que va aparejada a un sistema de becas que los autores definen como "muy insuficiente". De hecho, alertan de que la reforma de las becas que impulsó en 2012 el exministro José Ignacio Wert ha dejado sin beca a 40.000 universitarios y ha reducido las cuantías medias. 

El Gobierno del PP dio en 2012 un vuelco radical al sistema de ayudas al estudio. En un polémico reglamento añadió criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a la ayuda general. E introdujo un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable que se otorga en función del número de demandantes y del presupuesto.

La consecuencia es que este sistema permite que un mismo estudiante con una renta similar e idénticas notas pueda cobrar cantidades distintas de un curso al siguiente en función del presupuesto disponible. Las partidas anuales destinadas a las becas sufrieron un tijeretazo de treinta millones en 2012 –pasaron de 1.168 millones a 1.138 (-2,6%)– y desde ahí han ido subiendo de forma progresiva hasta los 1.416,5 millones actuales. 

Además, los datos aportados por los rectores evidencian las consecuencias que ha tenido este cambio de modelo en el sistema de ayudas en la igualdad de oportunidades. Así, el informe pone de manifiesto cómo han ganado peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%. 

Desde entonces, en primera matrícula, el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100% a partir de la cuarta matrícula. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado de las matrículas tanto de los grados como de los másteres. 

De hecho, el precio de los grados se ha incrementado en todas las autonomías [ver la tabla completa, aquí] salvo en Castilla-La Mancha, donde tras un aumento del 42% en el curso posterior al tasazo, los precios volvieron en el curso 2013-2014 a niveles de 2011-2012; y Asturias y Galicia, donde se ha mantenido congelado todos estos años. Además de los citados aumentos de Castilla y León, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana también han sido significativas las subidas en Baleares (+15%) o Murcia (+14%). 

Aunque de forma menos relevante también han aumentado los precios públicos de los estudios de grado en Aragón (+9%), Cantabria (+7%), Navarra y País Vasco (+5%), Extremadura y La Rioja (+4%), y Andalucía (+3%). Estos datos explican que, a pesar de las bajadas o congelaciones que algunas comunidades han llevado a cabo especialmente desde el curso 2014-2015, las matrículas continúen lastradas por las subidas de años anteriores. 

La consolidación del tasazo 

Por ejemplo, Madrid es la única comunidad que ha anunciado que bajará (un 5%) los precios este curso. Sin embargo, estudiar a una universidad madrileña seguirá costando un 42% más que hace cinco cursos. El precio medio del crédito era de 18,26 euros en el curso 2011-2012, llegó a subir hasta los 30,33 euros en el 2013-2014 y en el que está a punto de comenzar será de 25,94 euros. El precio total es el resultado de multiplicar el total de créditos matriculados por el importe de cada crédito. 

Más ejemplos. El Gobierno de Castilla y León lleva tres años presumiendo de la congelación de las tasas académicas. Sin embargo, matricularse este curso de un grado en las universidades públicas castellanoleonesas costará un 81% más caro que hace un lustro. En el curso 2011-2012 el precio medio del crédito alcanzaba los 12,90 euros, mientras que ahora llega hasta los 23,34 euros. En Cataluña, en el mismo período, ha pasado de costar 20,11 euros a 33,52.

El caso de Canarias es particular. Aunque en el período analizado el precio medio del crédito en los estudios de grado ha aumentado un 42% –era de 10,71 euros en el curso 2011-2012 y actualmente alcanza los 15,21 euros– esta comunidad sigue siendo la quinta autonomía más barata para estudiar por detrás de Extremadura, Cantabria, Andalucía y Galicia. 

En relación a este asunto, en su memoria anual publicada recientemente [ver en PDF, aquí], el Consejo Económico y Social (CES) constata que la "aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las universidades al coste efectivo de los mismos" ha producido que España "se aleje del modelo de precios más moderados en las titulaciones de grado (menos de 1.000 euros)", que sí mantienen países como Francia, Bélgica o Austria. 

Sistema de precio muy desigual

La norma ideada por el exministro Wert también contribuyó a consolidar un sistema de precios que ya era dispar, pues cada comunidad fijó su reparto de la carga económica. De hecho, actualmente, los precios llegan hasta a triplicarse en una autonomía respecto a otra por realizar programas que, en principio, son similares. [ver la tabla completa del precio medio por crédito en cada comunidad, aquí]

Cataluña (33,52 euros de media el crédito), Madrid (25,94 euros) y Castilla y León (23,34 euros) –que también están entre las comunidades que han registrado mayores subidas en los últimos años– son también en las que más caro saldrá matricularse este curso en estudios de grado. Por el contrario, Galicia (11,89 euros), Andalucía (12,62 euros) o Cantabria (13,50 euros) volverán a ser las autonomías con precios más bajos. 

En su memoria, el CES también constata la "considerable heterogeneidad" en los precios de las diferentes comunidades autónomas. Y advierte de que estas diferencias "aumentan el riesgo de que se acentúen las desigualdades en los datos de educación terciaria, ya que la capacidad económica de las familias de los estudiantes puede ser decisiva a la hora de solicitar una plaza en una determinada universidad". 

En este sentido, el organismo en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno señala que los precios públicos "deben relacionarse con la política de becas y ayudas al estudio, para conocer de manera adecuada el coste que conllevan los estudios universitarios". 

Interminables colas rodeaban este miércoles la sede central del Registro Civil, en la madrileña calle Montera. No es de extrañar, pues es el último día en el que aquellos ciudadanos procedentes de otros países que cumplan los requisitos y así lo deseen, podrán adquirir la nacionalidad española de forma gratuita.

Días interminables de colas, frío y tensión. Todo por culpa de la ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración y Justicia y del Registro Civil que entra en vigor este jueves y que introduce más trabas –examen de lengua española y cultura general– y un enorme coste –en total, importe medio de 336 euros– para lograr ser español.

La cuenta empieza con el gasto de compulsar documentos oficiales: 30 euros. Seguidamente, las tasas de tramitación, 100 euros. 121 euros cuesta la matrícula en el Instituto Cervantes, imprescidible para realizar la prueba de idioma. Y por último, 85 euros a cambio de examinarse sobre conocimientos del país. En total, un precio de 336 euros que solamente los 200 primeros ciudadanos congregados este miércoles ante la sede del Registro Civil han logrado esquivar.

Aunque con tasas o sin ellas, todos tiene un mismo objetivo: la nacionalidad por residencia. Para lograrla se exige la estancia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, excepto para refugiados (cinco años) y los nacionales de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas sefardíes (dos años). Lo que un día fue un trámite, a partir de este jueves se convierte en un dolor de cabeza.

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, avanzó este lunes en la primera comisión ordinaria del área que la tasa turística podría ser incluida en el presupuesto de 2016 aunque es algo que "todavía no está decidido".

"Es una de las tasas que está dentro de las posibles que se puede incluir en los presupuestos de 2016 pero estamos en la fase inicial", señaló Mato, que destacó que primero habría que estudiar tanto su legalidad como su operatividad.

Por otro lado, la semana pasada, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunciaba que "no va a haber moratoria turística", a diferencia de Barcelona, donde su regidora, Ana Colau, ha suspendido la concesión de licencias turísticas, y añadió que su intención no pasa por "ahogar" la iniciativa privada de los apartamentos turísticos sino buscar compatibilizarlos con la solidaridad que se desprende de los impuestos.

En un desayuno informativo, Carmena aseguró que no sólo "no va a haber moratoria para el turismo" sino que, al contrario, quiere "relanzarlo", como se desprende del grupo de trabajo ya constituido entre el Ayuntamiento y CEIM.

Las reacciones a la propuesta del equipo de gobierno de Madrid no se hicieron esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó que está "absolutamente en contra" de la tasa turística. "Es un anuncio muy negativo que se concreta en penalizar el turismo", afirmó preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo de Carmena introduzca una tasa turística en los próximos presupuestos municipales. "Pediría a Carmena que reflexione y se replantee el establecimiento de esta tasa porque va a causar un perjuicio verdaderamente irreparable en el turismo madrileño y hay que potenciarlo porque crea muchísimo empleo", dijo Cifuentes.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió de que "se puede perjudicar a mucha gente" con medidas como la nueva tasa turística y pidió "prudencia extrema" a los gobiernos locales y autonómicos la hora de adoptar este tipo de decisiones.

"No voy a criticar las decisiones de unos y de otros, pero pediría prudencia extrema en este asunto", manifestó el presidente antes de indicar que "ahora las cosas van muy bien" en el sector del turismo, que representa el 11 por ciento del PIB español y ocupa a más de dos millones de trabajadores.

Mientras, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid se mostró "a favor" de la creación de la tasa "no como un medio para recaudar sino como un medio para potenciar el turismo" y que los visitantes a la capital puedan así contribuir "a mejorar las infraestructuras turísticas de las que gozan". Así lo manifestó el edil socialista Ransés Pérez Boga en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. El concejal aseguró que para que esos ingresos se "vuelquen" en el turismo, es conveniente que tanto los representantes de los hosteleros como todos los grupos municipales "influyan" tanto en el diseño de la tasa como en el reparto de los fondos correspondientes.

La lucha contra la subida de las tasas en las universidades públicas ha sido uno de los principales caballos de batalla de la comunidad educativa durante la legislatura que llega a su fin. El ya exministro de Educación José Ignacio Wert abanderó en 2012 un real decreto que supuso una revolución en el sistema de precios públicos que se conocía hasta la fecha, pues daba a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100% a partir de la cuarta matrícula. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. 

Esta reforma, según recalcaron rectores, estudiantes y sindicatos, se aprobó de forma unilateral ignorando la cultura del diálogo y consenso con los diferentes agentes intervinientes en el devenir universitario. Y supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado en el precio de los estudios superiores, especialmente en los másteres, que vino acompañado también de un recorte en la cuantía de las becas del 14% respecto a 2008. 

No obstante, como cada comunidad fijó su reparto de la carga económica, esta nueva norma consolidó también un sistema de precios que ya era dispar y que puede hasta triplicar el coste en una autonomía respecto a otra. De hecho, Asturias y Galicia fueron las dos únicas comunidades que, a pesar de este decreto, han mantenido en estos años precios iguales a los del curso 2011-2012 en los estudio de grado (antigua licenciatura), aunque ambas sí aumentaron los precios de los posgrados. 

Con las elecciones en el horizonte han sido varias las autonomías que, en los últimos meses, se han apresurado a recalcar, casi como un logro, que mantienen para el curso que viene las tasas universitarias. Sin embargo, mantenerlas supone, en la práctica, consolidar el tasazo de 2012. Este es el caso de Aragón, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Cataluña y País Vasco. En todas ellas ya se han publicado las órdenes que regulan los precios, así que los nuevos gobiernos que están formándose en las dos primeras tendrían que derogarlos y aprobar otros nuevos si los quieren modificar, algo que parece complicado teniendo en cuenta que el período de matriculación no se puede demorar demasiado. Y también el de Madrid, que, aunque ha publicado el decreto, la voluntad expresada por sus dirigentes sí es la de mantenerlos.

En Andalucía, Baleares, la Comunitat Valenciana y Navarra el asunto de las tasas universitarias fue un tema central en las negociaciones de investidura. Aunque acercar los precios a los de 2011, antes del tasazo, parece la voluntad de sus actuales dirigentes, la realidad es que estos descensos todavía no se han plasmado en documento oficial alguno. Caso aparte es también el de Castilla-La Mancha, que tras aplicar una fuerte subida en 2012, recuperó en 2013 los precios de dos años antes y los ha mantenido, e incluso bajado ligeramente, desde entonces. 

01. Las autonomías que congelan las tasas

Aragón. El Gobierno de Aragón en funciones publicó el pasado 11 de junio el decreto por el que fija la congelación de los precios de los estudios universitarios para el próximo curso. Las tasas llevaban una década incrementándose año a año en esta comunidad. De hecho, de media, el precio del crédito en los estudios de grado se incrementó un 9,5% entre 2011 y 2014. Aunque más espectacular ha sido el aumento en los posgrados, que vieron aumentar el precio medio por crédito en un 86,6% en el mismo período al pasar de 25,08 a 46,80 euros. 

A pesar de que estudiantes y sindicatos venían reclamando una bajada, parece que finalmente tendrán que conformarse con la congelación. El nuevo Ejecutivo de Javier Lambán (PSOE) podría hacer una modificación de urgencia, pero, por el momento, este no se ha planteado como uno de los asuntos más prioritarios en materia educativa. 

Extremadura. Los precios de la Universidad de Extremadura tampoco bajarán el próximo curso. En el último Consejo de Gobierno del conservador José Antonio Monago como presidente se aprobó el decreto que mantiene las tarifas vigentes los dos últimos cursos "en cumplimiento de los objetivos del programa de desigualdades en el acceso a la educación", argumentó el Ejecutivo regional. Sin embargo, entre el curso 2011-2012 y el 2014-2015, los precios de los estudios de grado se dispararon un 4,4% y los de posgrado un 51,9%. Esa subida se mantiene. 

Canarias. Estudiar una carrera o máster en Canarias costará el próximo curso lo mismo que el que acaba de finalizar. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este viernes el proyecto de decreto por el que se fijan los precios públicos manteniendo congeladas las tasas universitarias. Sin embargo, esta congelación supone en la práctica afianzar una subida del 42,1% en los grados respecto al curso 2011-2012 y del 17,6% en los másteres. El Ejecutivo canario subió de forma espectacular el precio de los estudios de posgrados en el curso 2012-2013 –el precio medio por crédito pasó de 26,42 euros a 71,53– pero los bajó el siguiente. El curso pasado la tarifa media fue de 31,06 euros por crédito.

Castilla y León. El pasado 29 de abril el Boletín Oficial de Castilla y León recogió el decreto por el que el Gobierno del ahora reelegido Juan Vicente Herrera (PP) congelaba las tasas universitarias para el próximo curso. En 2011, esta autonomía era la quinta con tasas más bajas, pero con el tasazo de 2012 entró en el grupo de las que tienen precios más altos sólo por debajo de Cataluña y Madrid. Esa subida –del 80,9% en el caso de los grados y del 58,9% en el de los másteres– se consolida ahora. 

Cataluña. Aunque se implementó una escala de precios en función de la renta familiar, a partir del curso 2012-2013 el 70% de los universitarios sufrieron una fuerte subida de las tasas. El 30% restante, según los cálculos de la Generalitat, eran los que tenían bonificada la matrícula o recibían beca del ministerio. Ese curso, por ejemplo, para los estudiantes de familias de cuatro miembros con renta conjunta de más de 45.000 euros, las matrículas subieron un 66,7%, lo que se traducía entre 600 y 950 euros más al año, según la carrera. En el curso siguiente, el 2013-2014, volvieron a subir, en este caso un 2,2% de media, los precios de las segundas y sucesivas matrículas (cuando se repite una asignatura), así como de los másteres. Sí se mantuvo congelado el de la primera matrícula. En el curso que acaba de finalizar los precios públicos universitarios se mantuvieron sin variaciones igual que los estarán el que viene. No obstante, no se revierte el aumento del curso 2012-2013. Y las catalanas son las universidades públicas más caras. 

Madrid. "Se lo puedo asegurar, las tasas no se van a subir". Así lo aseguró en su primera rueda de prensa como presidenta madrileña Cristina Cifuentes (PP) al ser preguntada por el precio de la matrícula universitaria. Aseguró que en los próximos días decidirá si hay remanente en el actual presupuesto que permita ya abaratar los precios, como se comprometió en su programa electoral. Sin embargo, aunque finalmente haya reducción, se da por hecho que no habrá una vuelta a los precios de antes del tasazo. Estudiar una carrera en alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se ha encarecido, de media, un 66,1% entre 2011 y 2014 y un máster un 121%. Las madrileñas son las segundas universidades públicas más caras del país, sólo por detrás de las catalanas. 

País Vasco. Tampoco habrá descenso en la matrícula universitaria en Euskadi. No obstante, hay que tener en cuenta que esta ha sido una de las autonomías que menos subió las tasas en el período más duro de la crisis. El precio medio por crédito en los estudios de grado el curso que viene será de 16,88 euros, un 4,9% más caro que en 2011; mientras que en los másteres será de 31,74 euros, un 8,6% más que hace cuatro años. 

02. Las comunidades que están negociando

Andalucía. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, anunció el pasado 29 de junio que iba a proponer al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) volver a precios públicos de 2011 para "garantizar la igualdad de oportunidades en la universidad pública". Finalmente, el borrador del decreto mantiene en el mínimo de la horquilla de precios que marca el ministerio –el 15% del coste total de los estudios– en el caso de los grados y se reduce un 15,5% el precio de las primeras matrículas de los másteres. En Andalucía, el aumento más significativo de los últimos años ha tenido lugar en estudios de máster, que se han encarecido un 23,4% al pasar, de media, los créditos de costar 28,60 euros en el curso 2011-2012 a 35,30 euros en el 2014-2015. En las carreras, la tarifa por crédito aumentó un 3,4%. 

Baleares. El acuerdo de PSIB, Podemos y Més apunta a que se mantendrán los precios de los másteres públicos y de los estudios de grado en la franja baja de la normativa estatal sobre tasas universitarias, pero todavía no se ha concretado cómo quedarán las tarifas. El precio del crédito en los grados subió un 14,68% entre 2011 y 2014, mientras que en los posgrados la subida fue del 12,7% en el mismo período.

Comunitat Valenciana. Tras la fuerte subida de 2012, las tasas universitarias en esta comunidad han estado congeladas en los dos últimos cursos, lo que ha supuesto una consolidación de la subida del 34,7%, de media, por crédito en el caso de los grados y del 93,9% en los posgrados. Entre las diez exigencias de Podemos para apoyar la investidura del socialista Ximo Puig estaba reducir las tasas universitarias. Sin embargo, esta cuestión no aparece reflejada en el acuerdo programático para la Generalitat suscrito por PSOE, Compromís y Podemos.

Navarra. En esta comunidad, el principio de acuerdo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E establece una "rebaja de las tasas universitarias", si bien esta propuesta todavía está por plasmarse en un texto normativo. En Navarra, el precio del crédito en los grados subió un 5,4% entre 2011 y 2014, mientras que en los posgrados la subida fue del 68,6% en el mismo período.

03. Algunos casos excepcionales 

Asturias y Galicia. Estas son las únicas autonomías que en los años más duros de la crisis –y a pesar del decreto del ministerio– optaron por congelar el precio de los estudios de grado sin subirlos ni un euro. Y así se mantendrá el próximo curso. En Asturias el precio medio del crédito en los grados es de 17,13 euros y en Galicia de 11,89, el más bajo de todo el país. Sí ha habido en los últimos cursos aumentos en ambas autonomías en el precio de los posgrados, en los que los créditos aumentaron, de media, un 29,9% en Asturias y un 5,8% en Galicia. 

Castilla-La Mancha. Esta comunidad congelará las tasas el próximo curso, aunque su caso es particular porque es la única en la que los precios han bajado entre 2011 y 2014. En el curso 2012-2013, el Gobierno de María Dolores de Cospedal llevó al extremo el decreto de precios mínimos de Wert. Aumentó un 41,9% el precio de los grados y un 63,7% el de los posgrados. El curso siguiente, ante la alarma provocada entre la comunidad universitaria, los llevó a precios ligeramente inferiores a los de antes del tasazo y así se han mantenido desde entonces. 

Este diario no pudo verificar la información relativa a qué ocurrirá con las tasas universitarias en Cantabria, La Rioja Murcia, donde todavía no se han publicado las órdenes de precio que las regulan. 

Más de 77.000 estudiantes han abandonado la universidad pública o han renunciado a matricularse desde el curso 2011/2012 por la subida de los precios de las tasas, según denuncia Comisiones Obreras en un informe recogido por Europa Press que alerta de que está "mermando" la población universitaria en los centros públicos en España.

Según explica, con datos del Ministerio de Educación, en el curso 2011-2012 se matricularon 1,37 millones de alumnos en las universidades públicas alcanzando el nivel más alto de la década y desde entonces la cifra ha ido reduciéndose: 1,34 millones en el curso 2012-2013 y 1,32 millones en el 2013-2014.

Comisiones Obreras incide en que el Ministerio de Educación "se escuda en la reducción de la población de entre 18 y 24 años para justificar la caída en picado de las matriculaciones", obviando que esa misma disminución poblacional "no impidió que en los años previos al tasazo el estudiantado de las universidades públicas creciera año tras año".

Además, destacan que en los centros privados el número de estudiantes "ha seguido creciendo" en el mismo periodo, pasando de 201.262 en el curso 2011-2012 a 214.512 en el periodo 2013-2014, conforme el balance provisional del informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español que elabora el ministerio, por lo que concluyen que es un problema de la pública y un problema de tasas.

"Si el Gobierno del PP no hubiera castigado al estudiantado con el tasazo universitario, que en algunas comunidades disparó más del doble el precio de las matrículas, y con una durísima política de becas y ayudas, el alumnado habría seguido creciendo como consecuencia de las escasas perspectivas laborales que se mantienen hasta la actualidad, tal y como ocurrió hasta el curso 2011-2012", afirma el sindicato.

Duración de estudios

En la misma línea, dice que el cambio en la duración de los estudios tampoco justificaría la disminución, porque "al analizar la evolución del alumnado por comunidades autónomas, se comprueba el exagerado aumento de jóvenes matriculados en universidades privadas, sobre todo en los estudios de máster y en universidades no presenciales, cuyo ejemplo paradigmático es la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), que desde el curso 2009-2010 ha crecido casi un 900%".

"A paridad de poder adquisitivo, España es el sexto país europeo donde los precios máximos de los estudios de grado son más caros, según el informe", recuerda el sindicato, que exige a los gobiernos autonómicos que aprueben "rebajas significativas en los precios de las matriculas del próximo curso que nos permitan alcanzar umbrales como los de Alemania, Francia y otros Estados referentes en temas educativos"

La Plataforma Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) Ya, de la que forman parte varias organizaciones sociales, ha registrado este jueves en el Congreso el más de un millón de firmas que se han recogido en toda Europa en favor de la implantación de una tasa sobre la compraventa de acciones y bonos o sus productos derivados que supondría la recaudación de unos 35.000 millones de euros en Europa, 5.000 en España.

La entrega de las firmas, que se ha llevado a cabo también en diferentes ministerios y Parlamentos de toda Europa, ha estado apadrinada por diputados de varios partidos de la oposición: Federico Buyolo (PSOE), Ricardo Sixto (IU-ICV-CHA), Toni Picó (CiU), Isabel Sánchez Robles (PNV) y Jon Iñarritu (Amaiur).

Los promotores de esta iniciativa reclaman que el próximo 19 de junio, en la reunión que tienen previsto celebrar los ministros de Economía y Finanzas de la UE, se alcance el "acuerdo más ambicioso posible" para gravar las transacciones financieras.

"Es fundamental que el acuerdo se alcance ya, para que la aplicación del impuesto sea lo más inmediata posible. El retraso en la adopción del acuerdo responde a la presión del sector financiero que trata de conseguir un debilitamiento de las propuestas", ha advertido María Villanueva, responsable de fiscalidad y desarrollo de Oxfam Intermón, organización miembro de La Alianza Española por la Tasa Robin Hood.

En esta línea, ha pedido a los líderes europeos que "no cedan a las presiones del sector financiero y que se atrevan a dar un paso histórico".

El impuesto, que en un acuerdo ideal –propuesto por la Comisión Europea– debería consistir en la aplicación de un tipo mínimo del 0.1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0.01% sobre los productos derivados, supondría unos ingresos muy importantes. Así, se estima que, de aplicarse en estos términos, Europa se recaudarían unos 35.000 millones de euros (5.000 en España) entre los 11 países que acordaron implementar una tasa sobre las transacciones financieras.

Villanueva ha explicado que el éxito de las negociaciones de estas semanas debería permitir la aplicación de un impuesto que asegurara el cumplimiento de dos objetivos: "La máxima recaudación de esta tasa y cierto control de los movimientos financieros más especulativos".

Por su parte, Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, también miembro de La Alianza Española por la Tasa Robin Hood, ha recordado que el pasado mes de diciembre el presidente español, Mariano Rajoy, y el francés Francois Hollande se comprometieron a destinar parte de los fondos al desarrollo global y la lucha contra el cambio climático.

"Es necesario que ese compromiso se haga realidad y ver que el 50% de los fondos se destinan a la lucha contra la pobreza en España y el 50% restante a la lucha contra la pobreza en el mundo y el cambio climático", sostiene López.

El enfrentamiento entre Google y los editores por el pago de una tasa, impuesta por el Gobierno, no parece tener fácil solución. La compañía anunció este jueves que el próximo 16 de diciembre eliminará su servicio de agregador de noticias, Google News, y los editores han respondido con una nota que pide "a las autoridades españolas y comunitarias" que intervengan ante la decisión de Google, aunque no aclaran qué tipo de intervención desean. Google "no aceptará" ningún tipo de negociación con los editores de los medios para "fijar un precio simbólico por el acceso a estos a través de Google News", según declaró Anais Pérez, jefa de prensa de Google en España, a infoLibre. "No es cuestión de que sea simbólico o no, es que va en contra de los principios de la compañía", destacó Anais Pérez. 

La portavoz también apunta que la decisión de cierre en España ya está tomada, y que no es "reversible para el día 16", aunque recuerdan que siguen estando abiertos al debate y la negociación. Estas conversaciones tienen una línea roja: el derecho de irrenunciabilidad, que elimina la posibilidad de renunciar a los ingresos procedentes de las visitas a través de Google News. 

Este aspecto, recogido en el artículo 32 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, es el que más ha chirriado al gigante de Internet. Tanto, que es el principal motivo de la desaparición de Google News en España, ya que consideran que esta regulación "no facilita la libertad de información". 

Asimismo, la jefa de prensa señala que "es la primera vez que se toma esta decisión" en el mundo, ya que el cierre de Google News no tiene precedentes aunque, recuerda, ha habido polémicas en algunos países. Por ejemplo, Alemania, donde "la irrenunciabilidad no es obligatoria", sino que queda a la libre elección de cada medio, o Francia, que no llegó a aprobar la ley y, tras un periodo de negociaciones, llegó a un acuerdo con la multinacional para que la compañía pague anualmente 60 millones de euros para un fondo de "ayuda a la transición digital". 

Sobre la llegada a un acuerdo similar en España, Anais Pérez no lo descarta, pero reitera que "la posición del Gobierno no ha variado", por lo que "no se pueden hacer valoraciones sobre acuerdos hipotéticos cuando no hay ninguna propuesta"

Wert cree que "Google se ha adelantado"

De este modo, el gigante de Internet responde al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que este jueves consideró que, con el cierre del agregador de noticias, "Google se ha adelantado", debido a que la compensación económica a los editores por parte de los agregadores todavía no ha sido negociada entre las partes. Además, precisó que, pese a la entrada en vigor en enero de 2015, hay aspectos de la norma, como el mencionado, que para su aplicación práctica "están pendientes de desarrollo reglamentario".

Preguntado por el perjuicio que la decisión de Google puede generar a medios de comunicación más pequeños, Wert recomendó que, quien considere que la retirada del servicio no supone una ventaja para él, bien porque no quisiera obtener compensación o bien porque piensa que una previsible reducción de tráfico le es perjudicial, siempre puede negociar con el agregador.

En cualquier caso, esta negociación imposibilita, según establece la propia ley, renunciar al derecho a cobrar. Lo que sí permite es que las asociaciones de medios de prensa, principalmente AEDE, y los agregadores puedan negociar los términos de esta compensación, pero siempre con una remuneración mínima. El ministro, que aseguró que el "único propósito" de esta disposición es "proteger a los medios" –"los beneficiarios de esa compensación"–, insistió en que los usuarios no tendrán que pagar nada por la utilización de estos servicios, ni se van a ver privados de la información.

Además, Wert recordó que en el ámbito de la Unión Europea, elnuevo comisario competente acaba de afirmar, refiriéndose a Google, que en la medida en que haya una utilización por parte de Google de un material sujeto a propiedad intelectual en el ámbito comunitario este deberá pagar una compensación equitativa.

En esa misma dirección, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte emitió un comunicado con valoraciones similares en el que considera que el anuncio de Google "responde a una decisión empresarial" e insiste en la necesidad de una negociación entre las partes. Asimismo, subraya que la Ley de Propiedad Intelectual "en nada obstaculiza la libertad de información". 

AEDE pide la intervención de las autoridades

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) respondió al cierre de Google News con una nota de prensa en la que piden la "intervención de las autoridades españolas y comunitarias", así como de las autoridades de la competencia, "para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas", debido a la situación de "dominio" de Google en el mercado, ya que controla "casi la totalidad de las búsquedas" y "constituye una auténtica puerta de acceso a Internet". Eso sí, en el comunicado no concreta en qué debe consistir esta intervención.

AEDE deja la puerta abierta a negociar con Google acuerdos "beneficiosos para ambas partes en distintos ámbitos", dentro de la Ley de Propiedad Intetelectual. Por ello, esperan que esta "situación pueda encauzarse". 

No obstante, fuentes de AEDE confirmaron a infoLibre que, durante la reunión previa a la redacción de esta nota informativa, se valoró como "insuficiente" y "floja" la reacción del Gobierno ante el cierre de Google News, ya que "no es una decisión cualquiera" porque "afecta en gran medida al mercado, dada su situación de monopolio". Asimismo, admiten que no saben calcular "el daño que pueda producir" la desaparición de este agregador de noticias.

Según estas mismas fuentes, los editores creen que la reacción del gigante estadounidense es fruto de las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el III Foro de Comunicación de Veracruz, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, donde defendió firmemente la Ley de Propiedad Intelectual. El presidente de Global Partnertships de Google, Daniel Alegre, que estuvo presente en este acto, fue el encargado de comunicar a AEDE la decisión de la compañía de cerrar Google News.

En su respuesta, tal y como informaron a este periódico fuentes de la patronal de los editores, reiteraron su disposición a negociar, pero también recuerdan algunos de sus principios, como el valor de los contenidos y la información. En esta dirección, subrayan que este monopolio "no respeta los derechos de autor". También apuntan a que Google, aunque no directamente, sí recibe dinero gracias al agregador de noticias. Por ejemplo, mediante la publicidad en otros medios.

El próximo 16 de diciembre España tendrá el dudoso honor de convertirse en el primer país en el que cierra Google News. La decisión, según informó la compañía californiana este jueves, es fruto de la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que impone tasas a los agregadores de contenidos, como es el caso de esta herramienta.

Google News, presente en más de 70 países y editado en 35 idiomas, dirige cada mes cerca de 1.000 millones de visitas a diversos medios de comunicación en todo el mundo, según las cifras ofrecidas por la empresa a infoLibre.Esta oferta de Google surgió cuando, tras el 11 de septiembre, uno de los ingenieros de la empresa, Krishna Bharat, advirtió que al buscar "World Trade Center" apenas aparecía información sobre los atentados. Esta traba encontró una rápida solución: el nacimiento de Google News

"Dado que Google News es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web)", explican en el comunicado, con las exigencias de la ley "resulta sencillamente insostenible" mantener el servicio. Por ello, debido al carácter gratuito y sin publicidad de esta web, Google asegura que no perderá dinero con el cierre.

No obstante, el cierre de Google News no afectará al buscador, ya que este no se ve alcanzado por la Ley de Propiedad Intelectual debido a que la nueva regulación solo implica a los agregadores de noticias, y no a otras herramientas de búsqueda de información. Así, las noticias de los medios de comunicación españoles seguirán disponibles en el buscador de Google, donde a partir de ahora sería más complicado buscarlas. Además, desde la compañía recuerdan que estos medios siempre han tenido la última decisión sobre "qué indexar y qué no" en el buscador.

A partir del martes 16, según explicó una portavoz de la compañía a este periódico, cuando un usuario entre en Google Newsse le redirigirá, automáticamente, a un centro de ayuda en el que se le explicará el porqué del cierre. Además, podrá acceder a cualquiera de las otras ediciones de Google News en otros países, donde tampoco aparecerán los medios de comunicación españoles.

El director de Berman Comunicación (BC), Gerardo Neistat, apunta –en declaraciones recogidas por Europa Press– que el efecto de este cierre "será devastador para el sector de la comunicación y las relaciones públicas, ya que implica un retroceso de casi 20 años en el modelo de negocios, que ahora debe volver a métodos predigitales".

Por ello, Neistat apunta que esto "afectará en primer lugar a los profesionales de la comunicación, gabinetes de prensa, autónomos, PYMEs y agencias de comunicación" que "se han visto beneficiados por la indexación de Google News, que les ha otorgado popularidad y visibilidad", por lo que sentencia: "El cierre de Google News equivale a un cierre parcial de internet". 

¿Qué dicen los medios internacionales sobre el cierre?

No obstante, España no es el primer país que legisla sobre el pago de los agregadores de noticias los editores por enlazar sus contenidos. Alemania aprobó en 2013 una ley por la que se reconoce que los editores del país debían recibir, si lo desean, una compensación por aparecer en Google News.

El diario británico The Guardian ha comparado el caso de España con el de Alemania, al tiempo que ha anotado que en el país germano "en octubre, los editores llegaron a un acuerdo con la compañía después de que el tráfico a sus webs se desplomara". El grupo editorial Axel Springer, incluso, llegó a solicitar a Google su vuelta al servicio de noticias.

Google también ha tenido problemas en Francia donde, también en 2013, la compañía de Mountain View y el gremio de editores llegaron a un acuerdo para evitar el cobro de un canon por el que el gigante de Internet creó un fondo de 60 millones de euros para apoyar proyectos digitales de editores. La noticia del cierre del servicio no ha pasado inadvertida en el país galo.

"El cierre de Google News en España no es en realidad ninguna sorpresa", han escrito en Le Monde. El diario francés han recordado que durante el tiempo que se estuvo debatiendo la ahora Ley de Propiedad Intelectual, Google ya amenazó con cerrar el servicio si se aprobaba. Además, han señalado que la compañía "destacó que sus páginas ayudaban a los editores a aumentar su audiencia".

Il Corriere della Sera ha calificado la decisión de "terremoto online". Se trata de un "movimiento sin precedentes" destinado a "crear un antes y un después", que para el diario italiano "intensificará el brazo de hierro" del Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la compañía de Mountain View, actualmente investigada en Europa por competencia desleal. En concreto, entienden que es "una reacción directa a la nueva ley sobre derechos de autor" e, incluso se han atrevido a lanzar una pregunta: "¿Cuál será el próximo país?".

"Los editores mantienen una reacción amor-odio con Google", han señalado en The Wall Street Journal. Para el medio estadounidense, Google News reporta audiencia a las webs de los periódicos y de otras organizaciones, quienes pueden "ganar dinero vendiendo anuncios". "La ley española es el último punto de tensión para Google en Europa donde afronta las críticas sobre el pago de impuestos y las prácticas de tratamiento de datos", añade.