Bulgaria se convirtió este jueves en el vigésimo primer miembro de la zona euro, un paso histórico para el país más pobre de la Unión Europea (UE) que llega en un contexto marcado por el entusiasmo de una parte de la sociedad, los temores de otra y una profunda crisis política interna.

Diecinueve años después de su entrada en la UE, Bulgaria abandona oficialmente su moneda nacional, el lev, para adoptar el euro, en una transición que afecta a 6,3 millones de personas.

"El euro no es solo una moneda, es un símbolo de pertenencia", afirmó en un mensaje el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Dimitar Radev, minutos antes de medianoche.

El gobernador afirmó que asumir la moneda única significa que Bulgaria "no está en la periferia, sino en un espacio de normas comunes, confianza y responsabilidad".

"Porque Bulgaria es Europa. Y Europa es Bulgaria", enfatizó.

El cambio se produce con un Gobierno interino, tras la dimisión del Ejecutivo hace tres semanas, sin presupuesto aprobado y con la perspectiva de celebrar las octavas elecciones anticipadas en cinco años a finales de marzo.

Durante todo enero, los búlgaros podrán pagar tanto en levas como en euros, aunque en el cambio se devolverá solamente la nueva moneda.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, los bancos del país balcánico cambiarán billetes y monedas de levas a euros sin comisiones y al tipo de cambio fijo de 1 euro por 1,95583 levas.

Según la Asociación de Bancos de Bulgaria, todas las cuentas se convertirán automáticamente a euros.

Entre las 21.00 horas de anoche y la 01.00 de esta madrugada, los sistemas de tarjetas realizaron el cambio técnico del lev al euro.

Desde el pasado 1 de diciembre, las sucursales bancarias ofrecen kits iniciales con monedas de euro con el diseño nacional búlgaro.

Economistas consultados por EFE coinciden en que la adhesión a la eurozona representa el último paso hacia la integración europea.

“La moneda única reduce los riesgos cambiarios y los costes de transacción, algo que beneficiará a todos los que participan activamente en la economía”, afirmó el economista Stefan Rumenov.

No obstante, Rumenov advirtió que el euro no es una solución mágica.

“Abre puertas y crea oportunidades, pero las reformas estructurales, el aumento de la productividad y la educación son los factores que aportan beneficios reales. El euro es solo una herramienta”, concluyó.

De hecho, el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, trató sin éxito de someter a referendo la entrada en la eurozona, a la que se refirió como "el último hito en la integración de Bulgaria en la UE", en su mensaje de Año Nuevo.

"Estoy convencido de que la eliminación de nuestra moneda nacional debería haberse tomado tras consultar al pueblo, pero los gobernantes no quisieron escuchar a los ciudadanos", enfatizó.

Entre la población, la principal preocupación es que el comercio aproveche el cambio para aumentar los precios de forma encubierta.

La Ley del euro establece el tipo de cambio fijo y tipifica como delito cualquier variación indebida, obligando además a que los redondeos sean siempre a favor del cliente.

Las mayores dificultades, sin embargo, se prevén entre las personas de edad avanzada, especialmente en zonas rurales y remotas.

En el poblado de Darzhava, en Bulgaria central, donde viven unas 60 personas, todas jubiladas, no hay cajero automático ni posibilidad de pagar con tarjeta.

“La gente sufrirá confusiones porque la mayoría jamás ha visto billetes de euros”, explicó el alcalde, Ivan Todorov, en declaraciones telefónicas a EFE.

“Temo confundirlos, porque 20 euros y 20 levas parecen muy parecidos, aunque el valor sea muy distinto”, reconoció Georgi Dimitrov, de 76 años.

“Los precios suben y nuestras pensiones se quedan igual”, lamentó Zlatka Ivanova, de 80 años, mientras Mariana Tsekova, de 63, teme los errores al calcular el cambio.

El primer ministro en funciones, Rosen Zhelyazkov, aseguró a principios de diciembre que la vigilancia de precios no ha detectado hasta ahora encarecimientos especulativos y prometió un control continuo para proteger a los consumidores.

En las semanas previas a la entrada en la eurozona, se formaron colas ante oficinas privadas de cambio de divisas, pese a las pérdidas por tipos menos favorables.

Según explicó a EFE Georgi Stoyanov, propietario de una de estas oficinas en Varna, muchos clientes buscan evitar los bancos para no declarar el origen de sus ahorros en efectivo.

Según los expertos, se trata de personas dispuestas a asumir pérdidas con tal de mantener su dinero fuera del sistema bancario, en un contexto de cambio monetario que mezcla esperanza, desconfianza y viejos hábitos.

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aún así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector, según informa EFE.

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos: 

La peste porcina africana es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes (con miles de positivos cada año) es considerada la principal causa de infección. 

En 2025, se han confirmado 18 focos en granjas porcinas, lo que ha llevado al sacrificio de casi 8.000 animales, con los casos más graves detectados en el norte y el este.

Para cada foco detectado las autoridades polacas implementan un estricto protocolo que incluye el sacrificio y la eliminación de todos los animales de la granja afectada, restricciones al movimiento de ganado y vigilancia de vehículos de transporte y productos en la zona.

En el último año, han aumentado los veterinarios destinados a paliar el problema, que ha provocado más de 5.000 millones de euros en pérdidas en la última década y ha frenado las exportaciones, además de causar el cierre del 80% de las explotaciones porcinas desde 2013 y el aumento del precio local de la carne de porcino.

La PPA llegó a Alemania en 2020, cuando se registró el primer caso en un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo, además, brotes en granjas de cerdos domésticos, con algunos casos aislados en 2024.

En lo que va de año, no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 nuevos casos en jabalíes, según el Instituto Friedrich Loeffler de sanidad animal, que da la "máxima prioridad" a la lucha contra el virus.  

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía. 

Entretanto, las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad y se recomienda a su personal no viajar a zonas afectadas por la peste porcina.

Desde 2022, Italia ha detectado 580 focos (casi siempre de jabalíes), la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte como Emilia-Romagna, Lombardía, Liguria, Toscana o Piamonte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno sigue con atención la evolución del virus y cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA, el veterinario Giovanni Filippini, y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE.

Este programa prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, también con la creación de barreras territoriales; la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos, unos 117.000 desde 2022, según estiman medios especializados.

En este tiempo Italia ha logrado erradicar la PPA en las explotaciones de regiones como la isla de Cerdeña, por donde la enfermedad entró al país en 1978; así como en Basilicata, Calabria (sur) y las inmediaciones de Roma, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a su impacto en el sector ganadero, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 los cerdos eran 7,82 millones, un 14,7% menos respecto a 2023, según la Asociación de Productores de Carnes y Embutidos (Assica).

Por el contrario, la exportación porcina ha crecido: los embutidos vendidos al exterior fueron un 13% más que en 2023 y los animales vivos o su carne fresca o congelada aumentaron un 3%.

Desde 2022, algunos países como China, Japón, México, Perú, Indonesia, Malasia o Uruguay han bloqueado la importación de esta carne italiana, causando un daño estimado en más de 600 millones de euros al sector, según Assica. 

Las autoridades checas han confirmado la "situación favorable de la enfermedad", después de confirmarse el último caso de contagio en agosto pasado en un jabalí salvaje cazado en el norte del país, donde se mantienen medidas de control. Desde entonces, no ha habido más focos de contagio.

En Eslovaquia se confirmó en mayo un foco de contagio en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos ellos fueron sacrificados.

Ante los focos de los países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales del país, donde se seguirán aplicando medidas de bioseguridad en los terrenos de caza, las granjas de cerdos domésticos y el seguimiento de todos los jabalíes muertos y capturados.

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes de peste porcina africana y actualmente hay 47 brotes activos.

Los inspectores han realizado 28.405 controles en explotaciones ganaderas y han impuesto 2.700 sanciones por diversas infracciones de normas sanitarias.

Rumanía sigue siendo un foco de la enfermedad, con un 66% de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Se han detectado casos en 53 explotaciones ganaderas en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Sirmia, donde se han contabilizado 372 jabalíes con la enfermedad.

Las autoridades afirman que Croacia continúa aplicando estrictas medidas de control según la normativa de la UE; solo en pasado septiembre se sacrificaron unos 10.000 cerdos.

Desde la aparición de la enfermedad en 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios han sumado 55.000 animales, el 5% de la cabaña porcina.

Según la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, en 2025 se ha detectado la presencia de la peste porcina en 852 jabalíes, el último a mediados de noviembre, pero no en cerdos de granja.

Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia; y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania.

Casi un tercio del territorio del país ha sido declarado como "zona infectada", mientras que el resto se mantiene como área de riesgo medio o alto.

Hasta el pasado 3 de noviembre se han identificado 409 brotes de peste en jabalíes en Bulgaria.

La semana pasada, el ministro de Agricultura, Rumen Porozhanov, declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada a lo largo de la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados de ese país.

La peste porcina africana está presente en Letonia desde 2014. El brote más reciente de la enfermedad ocurrió a principios de septiembre, afectando a una gran granja porcina y provocando la destrucción de alrededor de 23.000 cerdos.

El miembro de la junta de la Asociación Letona de Productores de Cerdos (LCAA), Dzintra Lejniece, ha explicado que el impacto económico en los criadores de cerdos ha sido "enorme".

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

Horas después de ser descubiertos por los periodistas, el pasado miércoles, los estafadores que operaban desde un call-center de Tiflis (Georgia) borraron todos sus perfiles en las redes sociales, donde habían alardeado de lujosas compras y fastuosas vacaciones.

El centro de llamadas de Tiflis, en el que trabajaban unas 85 personas y que robó 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– a más de 6.100 víctimas de todo el mundo, es una de las redes destapadas en Scam Empire, la investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, basada en una filtración conseguida por la televisión sueca SVT y compartida con otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Apoyándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han identificado dos redes que operaban desde Israel, Europa del Este y Georgia. Sus empleados convencieron a 32.000 personas de 34 países distintos para que hicieran –falsas– “inversiones” por un total de al menos 275 millones de dólares –unos 265 millones de euros–.

En Tiflis, los agentes de los centros de llamadas se autodenominaban abiertamente “estafadores” –o skameri en georgiano– y utilizaban identidades ficticias, documentos falsificados y publicidad engañosa para estafar a las víctimas y sacarles sus ahorros. Pero OCCRP y sus socios en Georgia –Studio Monitori, iFact y GMC– han identificado a algunos de ellos cotejando los mensajes de chat internos de la filtración con sus publicaciones en las redes sociales.

Ahora que sus identidades reales han salido a la luz, varios agentes han tomado medidas para borrar sus huellas digitales, eliminando contenidos de Facebook e Instagram o borrando sus cuentas por completo.

Entre ellas están las hermanas Mariam y Veriko Charchian, de 26 y 22 años, que operaban bajo los alias Mary Roberts y Veronika Nowak. Ambas eran las empleadas de mayor rendimiento del centro de llamadas de Tiflis.

Una de sus víctimas, Marcel Deschamps, trabajador de una fábrica canadiense, fue engañado por Mary Roberts, quien se hizo pasar por experta profesional en criptomonedas y le convenció para que invirtiera grandes sumas en activos digitales falsos, sin permitirle nunca retirar su dinero. Veronika Nowak había identificado previamente a Marcel como un objetivo prometedor. Cuando se dio cuenta de que le habían estafado, Roberts se burló de él, llamándole “puto imbécil” y afirmando que su alias nunca saldría a la luz.

Los perfiles de las hermanas Charchian en las redes sociales sugieren que vivían modestamente hasta hace unos dos años, cuando empezaron a exhibir joyas de lujo, ropa de diseño y un estilo de vida de gran nivel. Sus cuentas fueron borradas hace sólo unos días.

“Llevan una vida de lujo”, recalca Marcel, tras ver en las redes sociales publicaciones de las hermanas viajando por el mundo. “Y no escatiman nada... gracias a mi dinero”.

Algunos de los estafadores de Tiflis aún siguieron captando víctimas el mes pasado. Mary Roberts consiguió 31.000 dólares de víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros de la filtración, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a las preguntas que OCCRP les ha mandado sobre su participación en el centro de llamadas de Tiflis o sobre su rápido enriquecimiento.

Otros empleados del call-center también han borrado su presencia en las redes sociales, entre ellos los agentes Alex Davis, Noah Sharples y Marina Novikova, cuyos nombres reales son Davit Kvachantiradze, Tornike Gogsadze y Anjelika Chkapelia. El director financiero, Nika Basaria –alias Neal Cassidy–, y el empleado del departamento informático Zviad Urushadze –alias Luke Wade– también han desaparecido de las redes sociales.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

Cuando Annika Gustafson y Anthony Adams empezaron a hablar por teléfono, congeniaron de inmediato: “Llámame Tony”. Para él, ella siempre fue “querida”. Le dijo que soñaba con ver la aurora boreal antes de morir y prometió visitarla algún día en Suecia. Annika, una periodista jubilada que vive en el norte del país nórdico, estaba preocupada por el dinero. Necesitaba una cara operación dental y no tenía suficiente para pagarla, así que respondió a un anuncio en Facebook que ofrecía un novedoso plan de inversión en octubre de 2023. Encontró a Anthony al otro lado del teléfono. Él se presentó como asesor financiero con sede en el Reino Unido, al que le encantaba trabajar con inversores “principiantes”. Anthony le explicó que, ayudado por un equipo experto, la ayudaría a invertir su dinero en criptomonedas y acciones. Annika no tardó en confiar en él.

Pero cinco meses más tarde ella había perdido todos sus ahorros, incluso se había endeudado y estaba pensando en suicidarse. Resultó que Anthony Adams no era en absoluto un educado asesor de inversiones británico, sino un estafador profesional con base en un centro de llamadas de Tiflis, la capital de Georgia.

Estafadores como Anthony llevan años operando con relativa impunidad, envalentonados por la facilidad para establecer centros de llamadas en la era de internet y por el hecho de que las fuerzas de seguridad tienen dificultades para perseguir estafas transfronterizas tan complejas. Las estimaciones sobre su prevalencia varían mucho, pero los expertos coinciden en que cada año se pierden cientos de miles de millones de dólares en estafas online como la que sufrió Annika.

“El ordenador portátil, por así decirlo, es ahora la espada más afilada del arsenal de los grupos delictivos”, afirma Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol.

Pero ahora un equipo de periodistas ha podido ver desde dentro cómo funcionan estas estafas, gracias a una filtración sin precedentes de dos grupos de call-centers. Scam Empire es una investigación conjunta de OCCRP, la televisión pública sueca (SVT) y otros 30 medios de comunicación

El enorme archivo, 1,9 terabytes, contiene documentación interna, registros de los flujos de dinero, capturas de pantalla de los ordenadores de los estafadores e incluso más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas, lo que permite a los periodistas escuchar cómo los estafadores se ganaban la confianza de sus víctimas antes de destruirles la vida.

Los documentos filtrados analizados por OCCRP y sus socios procedían de dos organizaciones distintas, una con sede en Georgia y otra con oficinas en Israel y varios países europeos. Aunque los reporteros no encontraron pruebas de que ambas estén controladas por el mismo grupo, operan de forma muy similar, y siempre a escala masiva.

Según los registros financieros mantenidos por los gestores de la organización georgiana, ésta recibió 35,3 millones de dólares –33,5 millones de euros– de más de 6.179 clientes entre mayo de 2022 y febrero de 2025.

La organización israelí-europea registró cifras mucho mayores: recibió 240 millones de dólares dólares –231 millones de euros– de posibles inversores entre enero de 2021 y diciembre de 2024, según registros internos de transacciones. El dinero procedía de más de 26.000 personas de 33 países, la mayoría de de Canadá, España, Australia, Reino Unido y Sudáfrica.

En total, engañaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo para que hicieran inversiones por más de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Pero los periodistas no se limitaron a echar un vistazo a las finanzas de los estafadores, sino que entraron en su mundo. Pudieron ver cómo chateaban entre sí en Telegram y Skype, intercambiando chistes y animándose mutuamente con GIF animados cuando convencían a una víctima para que enviara más dinero. Los chats internos también muestran a los estafadores regodeándose de la angustia de los clientes una vez se dan cuenta de que han sido engañados, momento en el que a menudo pasan a las víctimas a otros agentes, que fingen pertenecer a las fuerzas del orden y a las autoridades fiscales y les engañan para que paguen aún más, supuestamente para liberar sus fondos perdidos.

Los documentos filtrados también revelan que estas estafas despiadadas son facilitadas por todo un ecosistema de proveedores de servicios que hacen posible montar –y escalar– estas operaciones.

Algunos de estos proveedores son empresas legales que los estafadores pueden utilizar fácilmente, como los neobancos online y los servicios de voz sobre IP. Otros parecen dedicarse principalmente a los estafadores, como una empresa que ayuda a las víctimas a eludir los trámites de cumplimiento de las obligaciones bancarias mediante la elaboración de facturas falsas y facilitando a estas organizaciones datos de empresas ficticias y cuentas bancarias listas para recibir fondos. Un próspero sector del marketing online también les ayuda a atrapar a las víctimas con anuncios falsos, recopila sus datos de contacto y los vende a los estafadores.

“Estos centros de atención telefónica están estructurados y organizados de forma extremadamente profesional y se gestionan en consecuencia”, explica Nino Goldbeck, fiscal superior del Estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia. “Bien equipados, buena informática, buenos equipos... a menudo nos hemos quedado realmente asombrados de lo bien que funcionan, de lo bien que se controla y registra todo. En nuestra opinión, la contabilidad en este tipo de empresas es a veces casi mejor que en muchas empresas completamente legales”.

El sector también prospera por su capacidad para eludir a las fuerzas de seguridad cruzando fronteras: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero mediante transferencias internacionales y captar víctimas en países lejanos.

Según un investigador de los Mossos d'Esquadra especializado en redes de inversión fraudulenta, para los grupos delictivos que buscan beneficios puede ser más lucrativo gestionar un locutorio que traficar con drogas, ya que los márgenes son mayores y los riesgos de ser descubiertos mucho menores. “Los beneficios que obtienen sin arriesgar nada son enormes”, resalta el investigador, que no está autorizado a hablar públicamente de su trabajo.

Mientras, al otro lado de la línea telefónica hay personas que se ven empujadas al borde de la ruina financiera. Y a menudo también psicológica.

Los periodistas han hablado con cientos de personas que fueron contactadas desde los call-centers georgiano e israelí-europeo, utilizando los datos de la filtración para localizarlas. Casi todos –166 clientes de la organización israelí-europea y 40 de la georgiana– confirmaron que habían sido estafados. Sus pérdidas totales superaron los 18 millones de dólares, y 65 víctimas dijeron a los periodistas que habían acudido a la policía.

Aunque muchas de estas víctimas perdieron sumas relativamente pequeñas, a algunas les estafaron cantidades de dinero que les cambiaron la vida. Una de ellas fue Annika, que vive de una pensión y confiesa que nunca se recuperará económicamente de su encuentro con Anthony. “Estaba destrozada, absolutamente destrozada”, admitió a OCCRP: “Me sentí estúpida, traicionada y avergonzada. No se lo conté a nadie durante mucho tiempo. No quería seguir viviendo”.

La fuente de la filtración señaló la aparente impunidad de los estafadores como motivación para difundir los documentos en una declaración compartida con la televisión sueca SVT: “Los estafadores pueden operar casi a cara descubierta, sin que nadie los detenga. Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades para investigar delitos transfronterizos. Muchos de los delincuentes utilizan servicios de teléfono móvil, chat y correo electrónico para permanecer en el anonimato y tienen su base en países donde las autoridades se niegan a cooperar”. “Investigar siquiera una de estas estafas supondría un enorme esfuerzo para la policía, y un solo estafador suele cometer varios de estos delitos cada día. Por si fuera poco, miles de estafadores lo hacen a diario. Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”.

Como decenas de otras víctimas con las que ha hablado OCCRP, Annika cayó en la trampa a través de un anuncio que vio mientras navegaba por Facebook. Con formato de noticia, afirmaba que una famosa presentadora de televisión sueca había encontrado una forma de ganar dinero mientras dormía. “Al principio pensé: ‘Esto es un bulo”, declaró a la SVT en una entrevista. “Pero luego vi que era algún periodista serio de Aftonbladet [el principal periódico sueco] el que había comprobado esto... y pensé que sí, ¿por qué no?”. Al fin y al cabo, Annika estaba desesperada por arreglarse los dientes, y no sabía de qué otra forma podía conseguir el dinero. Así que introdujo sus datos de contacto en la página.

Fue una decisión fatídica. Annika había pasado a ser cliente de Golden Currencies, una plataforma de inversión completamente falsa. Aunque Golden Currencies tenía un logotipo, un sitio web y un lema –Consigue más por menos–, los periodistas no pudieron identificar una empresa real detrás de la marca. Pero los reguladores británicos habían emitido una advertencia en noviembre en la que la calificaban de empresa “clon” creada para suplantar a una empresa con licencia.

En realidad, era una empresa de marketing la que estaba detrás del anuncio de Facebook. Cuando rellenó el formulario de contacto, Annika se convirtió en un “cliente potencial” que esta empresa de marketing podía vender a un centro de llamadas fraudulento.

Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire revelan que se trata de una táctica típica: cientos de empresas de marketing facilitan los nombres de personas como Annika a redes de estafadores, que luego les llaman directamente para ofrecerles sus productos. A cambio, las empresas de marketing reciben un pago por cada “cliente potencial” que puedan convertir en “cliente”. La tarifa por una víctima sueca rondaba los 1.350 dólares, la segunda más alta del mundo, según las hojas de cálculo con pagos de marketing halladas en la filtración.

No hay pruebas de que estas empresas fueran conscientes de que estaban prestando servicio a estafadores, pero sí había varias señales de alarma sobre estas organizaciones, incluido el hecho de que las plataformas financieras que se anunciaban carecían en muchos casos de licencia, y algunas habían sido señaladas por reguladores de todo el mundo. Los anuncios utilizaban a menudo avales falsos de famosos y sitios de noticias falsos, como en el caso de Annika. Además, la remuneración por “cliente potencial” era también extremadamente alta para el sector. 

Los registros internos de la red georgiana muestran que el nombre de Annika fue facilitado a los estafadores por una empresa de marketing llamada Oray Ads Limited, que dirigió a cientos de “clientes potenciales” a centros de llamadas.

En el sitio web de Oray Ads figura como propietario Haibin Lin, y la empresa parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro dónde: publica un número de teléfono de Nueva Jersey en su página web e indica un número de Colorado en sus facturas, mientras que su página web y su perfil de LinkedIn dicen que está en Delaware.

Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023, lo que convirtió a Annika en uno de sus primeros éxitos. Al principio, la empresa se centró como público objetivo en ciudadanos suecos y noruegos, antes de enfocarse en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa consiguió entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas georgiano. Ni Oray Ads ni Lin han respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

El nombre de Annika, pues, acabó en la red georgiana, dirigida por una empresa llamada AK Group. Con tres oficinas en Tiflis, la capital del país, estaba formada por jóvenes georgianos políglotas que habían recibido formación intensiva para hacerse pasar por asesores financieros que podían ayudar a sus clientes a enriquecerse rápidamente.

Junto con los demás agentes, Anthony trabajaba probablemente en la oficina más grande de AK Group, en la calle Kavtaradze, una frondosa vía que atraviesa un barrio residencial de construcción soviética en el oeste de Tiflis. Los documentos y comunicaciones internos revelan una vida de oficina que, en muchos aspectos, no desentonaría de la de una empresa normal. El personal del call-center fichaba a la entrada y a la salida del trabajo, disfrutaba de fiestas en la oficina, se sometía a evaluaciones de rendimiento e intercambiaba memes y GIF de famosos de Hollywood en los grupos de chat de la plantilla.

Pero también hay indicios de que ocurría algo mucho más turbio. Los empleados empleaban nombres en clave en sus charlas e incluso en las hojas de cálculo internas. Su oficina carece de señalización en el edificio y fue alquilada en nombre de AK Group por una empresa propiedad de un testaferro, un desplazado interno de la vecina República de Abjasia.

Y cuando los empleados recibían primas, sus recompensas estaban vinculadas a la cantidad de dinero que habían extraído de sus clientes. Una hoja de cálculo interna revela que los empleados con alto rendimiento ganaban más de 20.000 dólares algunos meses, en un país donde el salario medio mensual ronda los 750 dólares. Estos ingresos les permitían un estilo de vida de altos vuelos y, en ocasiones, ostentoso, repleto de joyas con diamantes, lujosas vacaciones, bodas fastuosas, Range Rovers y Porsches.

Ganar todo ese dinero requiere un flujo de trabajo organizado. Como muchas empresas de ventas, la organización georgiana se dividía en equipos de “conversión” y “retención”. El equipo de “conversión” estaba formado por recién contratados. Tras recibir lotes de clientes potenciales de una empresa de marketing afiliado, su trabajo consistía en llamarlos uno a uno, medir su interés y nivel de conocimientos y pasarlos rápidamente a un agente con más experiencia si se mostraban dispuestos a hacer una pequeña inversión inicial. Tenían instrucciones de presentarlo como una oportunidad. “[Vender] al superior, presentándolo como una figura de autoridad”, reza un manual de instrucciones hallado en la filtración.

En realidad la encerrona era mucho más seria. Los vendedores más cualificados forman parte del equipo de “retención”, cuyo trabajo consiste en extraer el máximo dinero posible de sus clientes. Divididos en secciones –o mesas– según los idiomas, los agentes del call-center utilizan nombres falsos que coinciden con el país al que tienen que llamar: en el centro georgiano los agentes que llamaban a España tenían nombres como Esteban Fernández, mientras que la mesa rusa estaba dirigida por Kseniya Koen y la mesa inglesa empleaba a Mary Roberts.

Junto con los seudónimos, se daban a sí mismos títulos impresionantes –normalmente “asesores financieros”–, así como perfiles detallados y documentos de identidad falsos que podían enviar a los clientes que dudaban de su legalidad. Algunas de las agentes enviaban a los clientes varones fotografías de una hermosa mujer de ojos verdes, que decían ser ellas cuando, en realidad, las imágenes procedían de la cuenta en las redes sociales de una mujer ucraniana.

Después de enviar sus datos, Annika recibió primero una rápida llamada telefónica de un hombre que hablaba mal inglés –los registros internos muestran que era un agente de conversión que utilizaba el alias Lucas Hoffman–. Él la convenció de que hiciera un pequeño pago inicial de unos 250 dólares para unirse a Golden Currencies y le prometió que la pondría en contacto con un colega en Londres para que la orientara. “No tardó muchos minutos y llamó éste”, recuerda Annika. Era Anthony Adams.

Las grabaciones de las llamadas de Anthony a Annika revelan que tenía un discurso fluido y pulido, y un hábil manejo de su historia como “asesor financiero senior”, aunque su inglés tenía tanto acento que ella le preguntó si realmente era del Reino Unido. ¿La respuesta de Anthony? Había nacido en la ciudad francesa de Toulouse.

En realidad, el hombre que se escondía tras ese seudónimo escribe y habla en georgiano fluido con sus colegas, según muestran los documentos filtrados. En el escritorio de su ordenador, los periodistas encontraron la copia de un pasaporte británico claramente manipulado, con una imagen generada por inteligencia artificial disponible en internet.

En esa primera llamada con Annika, Anthony le preguntó qué haría con la ganancia inesperada que seguramente conseguiría con su inversión, una táctica que los estafadores aprenden en su entrenamiento. “Me encanta que mis clientes estén motivados”, le dijo, sugiriendo que podría comprarse un coche nuevo o irse de vacaciones. Annika contestó que, después de arreglarse los dientes, soñaba con dar sus beneficios a los sin techo. Anthony la felicitó efusivamente y le dijo que era una mujer encantadora. También tenía buenas noticias para ella: ya había obtenido un “beneficio” de 19 dólares.

Pero la cara dulce del estafador desaparecía en las charlas internas con sus colegas e incluso en algunas conversaciones con clientes cuando no cooperaban. En un caso, hizo una broma telefónica a un hombre que se había dado cuenta de la estafa, diciéndole que era un repartidor que llevaba un juguete sexual a su mujer.

“Familia llena de gilipollas”, escribió Anthony en una nota en la aplicación que empleaba para gestionar las relaciones con los clientes, que los estafadores utilizaban para hacer el seguimiento de sus posibles víctimas. En otra ocasión, dejó toda una serie de improperios para denigrar a un objetivo: “Es una puta de mierda […] Dice que no quiere llamadas todos los meses […] cree que voy a operar por ella como un esclavo […] Dice que tiene un plan de inversión para todo el año y no está dispuesta a invertir más […] Dice que invertirá a mediados del año que viene […] Necesita comprar una nueva propiedad como dijo […] Espero que todas sus propiedades se quemen […] Puta imbécil”.

Durante los meses que Annika estuvo en contacto con Anthony, su salud era precaria y él la acosaba con un contacto incesante, a veces llamando varias veces al día. Las grabaciones de las docenas de llamadas que le hizo dan la impresión de ser una mujer cautivada por su persistencia y confianza, que llegó a creer que la estaba ayudando. Al principio de su relación, Annika había permitido que Anthony la guiara en el proceso de descarga de un programa informático de acceso remoto llamado AnyDesk.

Aunque AnyDesk tiene muchos usos legales, los estafadores de los call-centers suelen usarlo para acceder a grandes cantidades de información personal de los ordenadores de sus víctimas. En miles de capturas de pantalla de los ordenadores de los estafadores revisadas por OCCRP, es habitual ver AnyDesk abierto en un lado de la pantalla. Los reporteros incluso vieron a los estafadores chateando con sus víctimas mientras observaban a través de AnyDesk cómo éstas tecleaban sus respuestas, creando una inquietante imagen especular.

AnyDesk ha asegurado a OCCRP que está “trabajando sin descanso para impedir” el uso de su software por parte de estafadores y que colabora estrechamente con las fuerzas de seguridad para luchar contra los call-centers fraudulentos. “Incluso tenemos un mensaje de advertencia para las primeras conexiones desde cuentas sospechosas en las que el usuario final tiene que teclear: ‘He leído esto’», detalla un portavoz de AnyDesk, Matthew Caldwell. “Desgraciadamente”, advierte, “una gran parte de estos ataques se basan en la ingeniería social, que permite a la víctima eludir las contramedidas automáticas que hemos implantado”.

Después de que Annika instalara AnyDesk, Anthony comenzó a guiarla aún más de cerca, explicándole con minucioso detalle dónde debía hacer clic en la plataforma de negociación de la marca Golden Currency para asegurar sus ganancias: “Quiero que muevas el ratón hacia la derecha”, le indicaba en una llamada telefónica. “Bien, hacia abajo ahora mismo. Ve abajo. Abajo. Ve abajo. Para, no, no tanto”. Finalmente, le indicó que pulsara un botón rojo de “cerrar”: “¿Ves 30 dólares? Ese es nuestro beneficio por hoy. ... Enhorabuena. Así que hemos cerrado las posiciones y hemos obtenido este beneficio”.

Tras estas “ganancias” iniciales, llegó el momento de empezar a “invertir” de verdad. A mediados de enero de 2023, Anthony llamó con la noticia de una fantástica oferta VIP: tenía información privilegiada sobre la empresa de vehículos eléctricos Tesla y, si Annika le enviaba sólo 2.500 dólares, él podría ayudarla a hacer una inversión “sin riesgo” en la firma de Elon Musk.

“Uf”, contestó ella al oír la cantidad, que superaba con creces los 650 dólares de que disponía. Pero él le prometió que recuperaría su inversión, y más, en sólo tres días. Ella accedió a enviar el dinero. Los registros internos del centro de llamadas confirman que ella realizó ese pago.

Tres días más tarde, Anthony llamó con grandes noticias. “Vamos a comprobar nuestra plataforma”, la invitó, observando a través de AnyDesk cómo se dirigía al sitio web de Golden Currencies. “Muy bien, aquí estamos”, anunció. “¿Ves ahí abajo? 6.288 dólares. Así que hemos conseguido un beneficio increíble. Hemos hecho aproximadamente 2.700 dólares en una operación con Tesla. Es algo increíble”. 

En realidad, ni un centavo de Annika se había invertido en Tesla. Incluso si lo hubiera hecho, ella no podría haber duplicado su dinero en acciones de Tesla, ya que el precio de las acciones de la compañía estaba cayendo en enero de 2024.

A partir de ese momento, la historia se aceleró. Inmediatamente después de su exitosa operación con Tesla, Anthony le propuso otra: una inversión mucho mayor en Bitcoin. Annika no tenía ni de lejos el dinero suficiente para permitirse lo que él le proponía, así que Anthony le sugirió que pidiera un préstamo. Los registros de sus llamadas desvelan cómo entró en la página web de su banco y rellenó una solicitud de préstamo en su nombre. Cuando eso no salió adelante, la ayudó a solicitar varios préstamos más, hasta que finalmente un prestamista sueco accedió a darle el equivalente a unos 9.000 euros. Entonces llegó el momento de enviar el dinero al estafador.

Annika no recuerda con exactitud cómo realizó los pagos a Anthony, pero los registros internos del centro de llamadas muestran que llegaron a través de intercambios de criptodivisas. Esta es una característica típica de los casos examinados por los periodistas en ambas organizaciones. Indicaban a las víctimas que convirtieran los fondos en criptomoneda y los enviaran a monederos, o que abrieran cuentas en neobancos de internet o en proveedores de servicios de pago online como Wise para agilizar sus transacciones.

En respuesta a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP, Wise explica que sus procesos de verificación, monitoreo de transacciones y desactivación de cuentas le “ayudan a prevenir, detectar y detener posibles casos de delitos financieros y abuso” de sus servicios.

A partir de ahí, el dinero se esfumaba a través de una serie de empresas fantasma registradas en distintas jurisdicciones, a menudo creadas y propiedad de testaferros para disimular su titularidad real. OCCRP ha descubierto que el dinero de las víctimas se movía a través de empresas que, sobre el papel, pertenecían a una modelo de moda y a un vendedor de perfumes, entre otros. Algunas víctimas fueron incluso utilizadas como mulas: sin saberlo, enviaban dinero a otras víctimas a las que los estafadores intentaban engatusar con pequeños ingresos.

Para enviarle su segundo pago, mayor, por la supuesta inversión en Bitcoin, Anthony guió a Annika para abrir una cuenta en Wise, un importante neobanco. Pero su intento de transferencia fue bloqueado.

Neobancos como Revolut o proveedores de servicios de dinero electrónico como Wise no están tan estrictamente regulados como los bancos comerciales. “Como usted sabe, señor, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en las criptomonedas, ¿verdad?”, explicaba un estafador a una víctima potencial. “Así que, por eso, señor, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”, le aconsejaba.

En otro caso, un trabajador del centro de llamadas preguntó a una víctima potencial si había utilizado alguna vez Revolut o Wise, y le aclaró que los bancos digitales y online les “ayudan... a evitar algún mal rato”.

Un tercer estafador sugirió a una víctima potencial que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar las transferencias a la plataforma de pago digital Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en el papel... ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o un familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar allí y tiene un reembolso muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”.

Una víctima lituana, que pidió el anonimato, dijo haber perdido 380.000 dólares a manos de los estafadores a través de transferencias realizadas desde Revolut. A veces, las operaciones fallaban al principio, pero se procesaban cuando lo intentaba de nuevo al día siguiente, recuerda. “Me preguntaron por el origen de mis fondos, pero nunca me preguntaron adónde enviaba el dinero”, indicó a los periodistas.

Los periodistas no han encontrado pruebas de que Wise o Revolut fueran conscientes de que estos estafadores estaban utilizando sus servicios. En respuesta a las preguntas de OCCRP, Revolut asegura que cuenta con “un sofisticado conjunto de sistemas de detección de delitos financieros, incluyendo la debida diligencia del cliente y el seguimiento de las transacciones”, así como “un historial probado de descubrimiento de casos de delitos financieros”.

Wirex, en cambio, no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Tras renunciar a esa posibilidad, Anthony instó a Annika transferir el dinero de su banco a un oscuro intercambio de criptodivisas, Cratos. Su perfil en X, que sólo tiene un seguidor, asegura que tiene su sede en Estonia, pero su sitio web dice que está operado por una empresa canadiense autorizada, Blue Whale Tech.

A continuación, la instruyó cuidadosamente sobre qué decir si se cuestionaba esta transacción: “Si te preguntan si alguien te ayudó a registrarte en Wise, diles que no. Diles que no, que lo hiciste tú sola, ¿vale? Y existe la posibilidad de que también mencionen AnyDesk, por ejemplo, ¿vale? O cualquier aplicación para compartir pantalla. Diles que no usas nada de eso, ¿vale? Lo has hecho todo tú sola. Y que simplemente estás moviendo el dinero a tu cuenta personal, ¿de acuerdo? ... Así que, si empiezan a hacerte muchas preguntas, no tengas miedo de ser un poco dura, ¿de acuerdo? El dinero no es del banco. El dinero es tuyo, ¿de acuerdo, Annika? Si te preguntan algo. Así que ya sabes toda la historia, ¿verdad?... Incluso si te lo dicen, ha habido casos, para ser honesto, en los que algunos de los bancos dijeron a mis clientes que es una cripto, es una estafa, perderás el dinero, y bla, bla, bla, sólo para amenazarlos, ¿de acuerdo? Porque no les gusta cuando sacas el dinero del banco. Así que no tengas miedo de eso”.

Pero no le pusieron pegas a la transacción. Cratos aparece en documentos internos como la fuente de más de 350.000 dólares enviados por al menos 41 clientes del call-center georgiano, incluida Annika.

En respuesta a las preguntas de OCCRP, Cratos se presenta como “una plataforma de intercambio de cripto que proporciona a sus clientes servicios de intercambio como fiat [el dólar, el euro, el yen] a cripto o cripto a fiat”. “No se nos informa de adónde va el cripto o el fiat después de la transacción... No tratamos con ningún centro de llamadas o clientes empresariales, ya que nuestros clientes son 100% clientes individuales”, sostiene. Cuando los periodistas intentaron enviar a la empresa un nuevo correo con más preguntas un día después, su cuenta de correo electrónico había sido desactivada.

Los registros de transferencias bancarias filtrados muestran que Blue Whale Tech recibió más de 386.000 libras –465.826 euros– y 206.000 euros de más de 20 víctimas, incluidas las del Reino Unido, España e Irlanda, durante un periodo de siete meses hasta abril del año pasado. Los estafados enviaron dinero a la cuenta de Blue Whale en un banco del Reino Unido y a empresas de procesamiento de pagos electrónicos en el Reino Unido y España. Algunos de ellos firmaron impresos con la marca Cratos, donde declaraban que sus transferencias fiat se depositarían como bitcoin en sus cuentas de criptomoneda en el exchange [plataforma de intercambio].

Una víctima residente en el Reino Unido, que envió unas 30.000 libras a Blue Whale y perdió unos 77.000 euros en total, lo explicó a OCCRP: “Se trataba sin duda de una estafa [...] Lo denuncié a la policía, pero como la empresa estaba fuera del Reino Unido no pudieron hacer nada”.

Poco después de la gran inversión de Annika, la ventanilla se cerró. Arruinada, pidió a Anthony que retirara 74.000 euros que creía haber ganado gracias a sus consejos de inversión. Pero Annika recibió entonces una notificación que parecía oficial donde se decía que la transacción había sido señalada por posible blanqueo de dinero. Anthony le explicó que, para recuperar los fondos, tendría que hacer otro gran pago a una “cartera fría” –que no está conectada a internet–. Era un dinero que no tenía.

“Estoy pensando en suicidarme”, le confesó Annika a Anthony cuando le dijo que la transferencia había sido bloqueada. “Vale, tienes que mantener la calma un momento, por favor. El suicidio no va a devolverte el dinero ni va a hacer que te sientas mejor”, le contestó Anthony, antes de animarla a pedir más prestado a quien pudiera –familiares, amigos, vecinos o colegas– para no “perder” su supuesta inversión. “Estoy a punto de llorar y tengo miedo”, le imploró Annika. “¿Asustada de qué?”, le preguntó él. “Tengo miedo de haber perdido todo mi dinero y de deber todavía 100.000 [coronas suecas, unos 8.495 euros] que me han prestado”, respondió ella.

OCCRP y sus socios se han puesto en contacto con cientos de personas como Annika que figuraban como “clientes” en las bases de datos de los centros de llamadas. Muchas contaban historias desgarradoras: habían sido llevados a sus límites mentales y financieros por estafadores implacables que no aceptaban un no por respuesta. 

Las víctimas contaron cómo vaciaron sus cuentas de ahorro, pidieron préstamos bancarios y a amigos y familiares. Las grabaciones filtradas revelan el desprecio absoluto de los estafadores por sus víctimas presas del pánico, a veces sometiéndolas a horribles abusos verbales o burlándose de ellas por haber caído en la estafa. En las llamadas, muchas víctimas que expresaron desesperación o pensamientos suicidas fueron presionadas aún más.

Después de que una estafadora instara a un danés a pedir dinero prestado a su hermano, éste le dijo que ya no quería vivir. “Lo he perdido todo. Voy a hacer una estupidez, pero no puedo más. Lo he perdido todo”, escribió en un mensaje de Telegram, en el que le enviaba la fotografía de una soga. Ella le llamó inmediatamente y empezó a reprocharle que era un “pesimista” y que él mismo se había buscado la desgracia. “Esto ya es demasiado drama”, le espetó. “Son cosas que pasan, eso no significa que tengas que suicidarte”. 

¿Quién está orquestando realmente estas estafas? Tanto la red georgiana como la israelí-europea destapadas en Scam Empire se ocultan tras muchas capas de mentiras. Los empleados de los centros de llamadas utilizan seudónimos incluso en sus comunicaciones internas, recurren a empresas interpuestas para pagar sus facturas y alquileres, y crean documentación falsa para justificar los flujos de dinero.

Tras meses de examinar sus comunicaciones internas, los periodistas consiguieron establecer que la organización georgiana que se llevó el dinero de Annika la dirige Akaki Kevkhishvili. Sobre el papel no tiene ninguna relación con AK Group, la empresa que gestiona el centro de llamadas, pero sus empleados se refieren a él con frecuencia como su jefe. Las conversaciones internas revelan también que es Kevkhishvili quien decide los salarios de los trabajadores y si serán ascendidos.

También es él quien mueve el dinero de las cuentas de AK Group, según las hojas de cálculo financieras internas, que revelan que retiró más de 130.000 dólares de febrero a mayo de 2024. Además, tiene un servicio de seguridad privada pagado por la empresa, según muestran sus cuentas.

No está claro si Kevkhishvili, de 33 años, es el jefe último o si recibe órdenes de alguien que opera entre bastidores. Aunque posee acciones en empresas de muebles y frutos secos, fueron adquiridas recientemente, y no tiene antecedentes de riqueza o actividad empresarial.

Una mujer que parece ser su amiga íntima, Meri Shotadze, es la propietaria oficial de AK Group en el registro mercantil georgiano. Los chats filtrados muestran que Shotadze también ayuda a gestionar los agentes del call-center. Ninguno de los dos ha respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Los documentos de la organización israelí-europea confirman que es mucho mayor y más difusa, pero también muy organizada. Las hojas de cálculo de los costes de personal enumeran a los empleados de Israel, Bulgaria, Chipre y Ucrania, que desempeñan una amplia variedad de funciones: recursos humanos, marketing, compliance, control de calidad e informática, además de los teleoperadores. Las hojas de salarios de agosto de 2023, que recogen los ingresos de todas las unidades de la red, cifran en 480 el número de empleados.

Los cargos directivos, incluido un director de tecnología llamado Mark, y que gana unos 20.000 dólares al mes, figuran en los datos como radicados en Israel, y las pruebas sugieren que la red ha gestionado una oficina en un reluciente rascacielos llamado Sapir Tower en la ciudad de Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv. Pero no está claro quién es el propietario de esta red, quién se beneficia en última instancia, o si siquiera tiene un nombre oficial.

Como muchas víctimas, al principio Annika no denunció sus pérdidas a la policía sueca, se refugió en su caparazón. “No he tenido fuerzas”, admite. Los expertos explican a OCCRP que este tipo de infradeclaración es sólo uno de los retos que plantea la investigación y persecución de las estafas de inversiones.

Además, los estafadores saben cambiar sus métodos. “Se adaptan, crean nuevos métodos, buscan nuevos canales para encontrar a sus futuras víctimas”, destaca Audrius Valeika, subdirector del Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania. “Los delincuentes se adaptan a las medidas aplicadas por las fuerzas del orden, por los organismos de lucha contra el blanqueo de capitales, el sistema bancario y las entidades financieras. Cuando se dan cuenta de que un método que utilizan ya no les reporta beneficios instantáneos, lo sustituyen muy rápidamente”.

Un detective finlandés también indica que muchos estafadores han recurrido a trucos psicológicos del tipo utilizado para atrapar a Annika precisamente porque otros métodos se han vuelto más difíciles. “Los fraudes de phishing puro, en los que se pueden robar las credenciales de una persona, se han reducido gracias a medidas técnicas”, precisa Sakari Tuominen, superintendente de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos del país báltico. “Pero luego está el delito de fraude mediante ingeniería social, en el que una persona establece primero una relación de confianza y, por supuesto, ninguna herramienta técnica o inhibición ayuda [en ese caso]”.

Annika se sentía impotente ante su situación hasta que los periodistas de SVT se pusieron en contacto con ella para entrevistarla. “Han conseguido que mi vida vuelva a merecer la pena”, aseguró sobre su inclusión en el reportaje: “Porque me siento reivindicada. Y sobre todo, la advertencia va dirigida a todos los suecos para que tengan cuidado”.

Incluso acompañó a los periodistas a Georgia, donde ella y otra víctima de estafa consultaron con abogados locales y presentaron una denuncia formal contra Anthony y AK Group ante la Fiscalía georgiana, que esta semana ha comunicado a OCCRP que investigarán el call-center, aunque no han llegado a decir que hayan abierto una investigación.

Annika también fue con un equpo de SVT a las oficinas de Tiflis donde trabaja Anthony. El equipo de periodistas fue expulsado por un guardia de seguridad, pero Annika dejó una carta para su verdugo. Antes del viaje, OCCRP le preguntó qué iba a poner en la carta: “Me gustaría preguntarle: ‘¿Qué crees que pasará cuando mueras?’. No soy una persona religiosa y no creo en el infierno, pero me gustaría preguntarle... ‘¿Crees que puedes morir en paz y tener la seguridad de que tendrás una hermosa vida después de la muerte?’. Porque no creo que le importe si le digo que ahora soy una persona pobre. Pero creo que haciendo esa pregunta en concreto, quizá le haga despertar”.

1. ¿Qué es la investigación Scam Empire y qué revela?

Scam Empire, el Imperio del Fraude, es una investigación realizada por el consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación de varios países. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han destapado dos grupos de call-centers, con sede en Israel y Europa del Este, el primero, y Georgia, el segundo, cuyos empleados han convencido al menos a 32.000 personas de todo el mundo para hacer “inversiones” por un total de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Estas operaciones tienen todas las características de una estafa masiva: los teleoperadores utilizan identidades falsas, documentación falsificada y publicidad engañosa; impiden sistemáticamente a los inversores retirar su dinero y casi todos los productos de inversión que ofrecen carecen de licencia y han sido objeto de advertencias oficiales por parte de las autoridades financieras.

Los datos de la filtración ofrecen una visión inédita del funcionamiento interno de una perversa industria del ciberfraude que, según la Policía, cuesta a los ciudadanos cientos de miles de millones de dólares al año.

Los documentos obtenidos, que incluyen más de 20.000 horas de llamadas telefónicas y decenas de miles de capturas de pantalla, muestran cómo los empleados de los centros de llamadas emplean sofisticadas tecnologías comerciales para convencer a sus víctimas de que están a punto de hacer realidad sus sueños financieros. Pero cuando los inversores intentan retirar sus beneficios, los estafadores suelen inventar pretextos para explicar por qué no pueden enviar el dinero, y luego intentan engañarlos para que envíen más.

Aunque los métodos de los estafadores son rudimentarios, su trabajo está muy organizado y funciona a escala comercial desde sus propias oficinas. Utilizan programas informáticos de gestión de clientes, colaboran con profesionales de marketing externos e imparten cursos de formación de varios días de duración al personal de atención al cliente, que además cuenta con el apoyo de departamentos de recursos humanos, control de calidad e informática.

Estas estafas son muy lucrativas. Los estafadores –cuyos esfuerzos se registran en rankings y celebran sus éxitos con gifs animados- son recompensados con lujosas fiestas, salarios generosos y primas por rendimiento.

Mientras, al otro lado del teléfono, hay vidas arruinadas. Algunas víctimas llegan a pensar en el suicidio; muchas acaban con una deuda asfixiante, traumatizadas e incapaces de confiar en extraños. Y la inmensa mayoría no obtiene justicia, ya que es muy difícil encontrar, desenmascarar y procesar a los estafadores.

2. ¿Cuántas estafas ha destapado Scam Empire? ¿Están conectadas entre sí?

Scam Empire pone al descubierto dos call-centers distintos:

● AK Group tenía al menos tres oficinas en Tiflis, la capital de Georgia, y empleaba a unas 85 personas, incluido el personal administrativo, en abril de 2024.

● La segunda organización es mucho mayor y más difusa. Se divide en tres amplias unidades de negocio con sus propias estructuras de gestión, y ha tenido al menos siete oficinas en Israel, Bulgaria, Ucrania, España y Chipre, que empleaban al menos a 480 personas en agosto de 2023. Estas divisiones mantenían una base de datos financiera conjunta y registraban los pagos de los inversores de manera centralizada. Estos call-centers parecen trabajar bajo la dirección de un equipo de gestión ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. Los documentos de la filtración no revelan si detrás de esta organización hay una o varias personas.

Aunque completamente independientes, estas dos organizaciones parecen estar llevando a cabo esencialmente la misma estafa, utilizando materiales de formación, guiones y contratos con proveedores similares. Incluso emplean los mismos proveedores de servicios, incluidos servicios de voz sobre IP (VoIP), soluciones de alojamiento en la nube, empresas de marketing de afiliación y procesadores de pagos.

3. ¿Qué hay en la filtración y cómo surgió la investigación?

Scam Empire se basa en dos series de documentos internos obtenidos de los centros de llamadas: unos 1,14 terabytes del centro de llamadas de Georgia y 765 gigabytes de la organización israelí-europea.

Los documentos consisten principalmente en archivos informáticos internos –y en el caso de la organización georgiana, unas 20.000 capturas de pantalla y más de 20.000 horas de llamadas de audio– y fueron compartidos con periodistas de la televisión pública sueca (SVT) por una fuente anónima.

El tamaño y la extensión geográfica de la filtración pusieron en evidencia que, para llevar a cabo una investigación periodística adecuada sería necesario que unieran sus fuerzas medios de comunicación de múltiples países. Por eso SVT se asoció con OCCRP para organizar Scam Empire, un esfuerzo de colaboración que incluye a otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas han pasado más de seis meses estudiando minuciosamente los documentos filtrados para reconstruir cómo funcionan estas organizaciones, contactando y entrevistando a las víctimas, identificando a los estafadores, investigando casos judiciales, hablando con expertos y funcionarios policiales y rastreando, en la medida de lo posible, los enormes flujos de dinero empleados.

4. ¿Quién filtró la información y por qué?

Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima cuya motivación, explicó a los periodistas, fue el deseo de acabar con la impunidad de los estafadores.

“Los estafadores pueden operar casi abiertamente, sin que nadie les detenga”, escribe la fuente. “Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades que entraña la investigación de delitos transfronterizos... Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”, explica.

“Al entregar el material a los medios de comunicación”, añade, “espero/esperamos que este asunto reciba suficiente atención para que las autoridades tomen medidas contra estos delincuentes. Este problema no es imposible de resolver. Sólo hace falta que a todos nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

5. ¿Cuál es la magnitud de estas operaciones? ¿Cuánto dinero ganan los estafadores?

El alcance de la filtración es limitado, por lo que resulta imposible calcular la magnitud total de estas operaciones. Aun así, las sumas son impresionantes.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2025, la organización georgiana recibió 35,3 millones de dólares –33,7 millones de euros– de más de 6.000 personas a través de cuatro secciones lingüísticas: alemán, inglés, español y ruso.

En la organización israelí-europea, los periodistas contabilizaron más de 240 millones de dólares –231,2 millones de euros– enviados por casi 27.000 personas de más de 30 países entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Los expertos advierten de que es difícil calcular el tamaño global de la industria de la estafa online debido a la infranotificación y a la disparidad a la hora de definir el delito. Pero se dice que rivaliza en magnitud con el tráfico ilegal de drogas. Según Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol, las estafas online generan unos 500.000 millones de dólares al año.

6. ¿Qué venden exactamente estos centros de llamadas? ¿Podrían ser verdaderas plataformas de inversión? ¿Qué pruebas hay de que son estafas?

Los call-centers ofrecían a sus víctimas la oportunidad de operar en decenas de plataformas de inversión. Estas plataformas –cada una con su propio logotipo, sitio web y material publicitario– pretendían ser brókers expertos que permitían incluso a principiantes invertir en criptomonedas, acciones de empresas como Tesla u otros productos financieros de moda. Los periodistas identificaron 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea y siete por el grupo georgiano.

Es imposible afirmar con rotundidad qué ocurrió con cada uno de las decenas de miles de clientes que aparecen en los documentos de los centros de llamadas como adheridos a estas plataformas. Pero todo indica que ambas organizaciones fueron diseñadas para estafar a un gran número de personas.

Las estadísticas hablan por sí solas: los periodistas contactaron con más de 200 personas que figuran en los documentos como inversores. Casi todos –166 clientes de la red israelí-europea y 40 de la georgiana– afirmaron que han sido estafados. Sus pérdidas totales confirmadas superaron los 18 millones de dólares –17,3 millones de euros–, y 65 víctimas informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Pero quizá la prueba más contundente del fraude proceda de un conjunto de más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas por agentes del AK Group georgiano. En ellas queda al descubierto el engaño y la crueldad que ejercían sobre sus víctimas, en algunos casos burlándose abiertamente de ellas por haber sido estafadas.

Las capturas de pantalla y los archivos informáticos completan el cuadro, mostrando a los teleoperadores del centro de llamadas georgiano mientras usan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por instituciones financieras legítimas y crear documentos fraudulentos. También muestran los chats de los agentes telefónicos, en los que se refieren abiertamente a sí mismos como estafadores y se burlan de sus víctimas.

Una colección más pequeña de cientos de llamadas telefónicas grabadas de la red israelí-europea ofrece una imagen más limitada, pero aún vívida, de las manifestaciones, a menudo fantásticas, de los teleoperadores. En una conversación, uno de ellos le dice a un inversor potencial reticente que su plataforma le haría ganar dinero automáticamente mediante un “sistema basado en Inteligencia Artificial”.  “Opera por ti de forma automática. En realidad, no necesitas entender cómo funciona todo, porque ése es el trabajo del sistema”, explica el agente. “Una vez que el tren esté en la estación”, continúa, “simplemente súbete a él y luego, básicamente, disfruta del viaje. Créeme, vas a ganar mucho dinero”.

Los periodistas también detectaron otras señales de alarma. La gran mayoría de las plataformas no exhibían ninguna licencia que les permitiera ofrecer productos financieros, y muchas decían tener su sede en Suiza, país en el que, según los datos internos disponibles, los call-centers no tienen empleados.

De las 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea, 62 recibieron al menos una advertencia oficial de un regulador, y muchas han sido señaladas más de una vez.

Por último, ambas redes parecen haber echado el cierre cuando los periodistas se han puesto en contacto con ellas. Sus empleados no querían hablar y estaban protegidos por guardias de seguridad. En Georgia y Bulgaria, oficinas enteras parecieron vaciarse después de que los reporteros establecieran contacto con ellas.

7. ¿Alguna de las plataformas puede ser legal?

Hay una categoría de marcas que merece una mención especial. Cuatro de ellas –VPTrade, Finxocap, Finbok y SkyMT– eran explotadas por empresas que sí tenían licencias oficiales en Sudáfrica. Los documentos internos a los que ha tenido acceso Scam Empire muestran que, de los 240 millones de dólares ingresados por la red israelí-europea, 18,5 millones, es decir, algo más del 7%, procedían de estas marcas con licencia.

Los documentos también muestran que, en el caso de estas marcas, los clientes pudieron retirar un mayor porcentaje del dinero recibido: alrededor del 10%, frente al 2% de las marcas no reguladas.

Los periodistas hablaron con varios clientes de Finbok que no se consideraban estafados, aunque pensaban que habían sido mal asesorados e inducidos a invertir cantidades que no podían permitirse. Algunos recibieron reembolsos sustanciales, aunque inferiores al valor de su inversión total. A menudo el reembolso fue fruto de un acuerdo alcanzado tras quejarse directamente a la marca o denunciar a la policía. Y estas transacciones iban acompañadas internamente de una factura a los clientes por “trabajos de marketing” que se correspondía con la suma exacta que habían retirado, aunque ninguno de los clientes había visto semejante trabajo.

Otros clientes de las plataformas sudafricanas autorizadas aseguraron a los periodistas que creían haber sido estafados, y cuatro afirmaron que recordaban haber visto avales falsos de famosos antes de que se pusieran en contacto con ellos. Tres denunciaron sus pérdidas a la policía.

Un documento hallado en la filtración muestra que Finbok está siendo investigada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica por prometer “elevados rendimientos poco realistas”, anunciar prestaciones inexistentes y “acosar” y “manipular” a los inversores.

FINBOK/VECTOR FINANCIAL SERVICES ROR.

Otra de las marcas sudafricanas, SkyMT, ha sido despojada de su licencia La investigación sobre su empresa matriz, Lehumo Securities, había comenzado antes de que fuera adquirida por la red israelí-europea. Fue rebautizada como SkyMT, que también fue objeto de una advertencia reglamentaria oficial].

LEHUMO ROR

Las tres empresas que están detrás de las cuatro marcas sudafricanas con licencia son propiedad de quienes parecen testaferros: una modelo rumana y un ciudadano búlgaro que dijo a los periodistas que no tenía constancia de que su nombre figurara en ningún documento sudafricano.

8. ¿Quién está detrás de estos centros de llamadas?

Los empleados de los call-centers toman amplias medidas para ocultar sus identidades, utilizando seudónimos incluso en sus comunicaciones internas.

En el caso de la red georgiana, los reporteros pudieron identificar a muchos de los estafadores a partir de las pistas que facilitaban en sus conversaciones de chat, cotejándolas con publicaciones en redes sociales y otra información disponible públicamente.

Sobre el papel, la empresa propietaria de esta red, AK Group, pertenece una mujer de 36 años llamada Meri Shotadze. En la práctica, según las comunicaciones internas, parece ser la segunda al mando. El hombre al que se refiere como su jefe tiene 33 años y se llama Akaki Kevkhishvili. Aunque parece disfrutar de un estilo de vida relativamente lujoso, con la reciente adquisición de un Range Rover de 100.000 dólares, no está claro si hay alguien más detrás de la organización. Ni Shotadze ni Kevkhishvili respondieron a las peticiones de comentarios que les ha enviado OCCRP.

AK Group alquila sus oficinas a través de otras dos empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: una es un desplazado interno de la República de Abjasia, la otra es la suegra de Kevkhishvili.

También se desconoce quién está detrás de la organización israelí-europea, que abarca tres unidades de negocio, docenas de entidades corporativas y un número cambiante de oficinas. Hasta abril de 2024, alquiló espacio en la Torre Sapir, un reluciente rascacielos de oficinas en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, que parece ser la sede israelí de la red. Aunque la filtración revela los nombres de muchos de los directivos de la organización, los fundadores o sus principales beneficiarios siguen siendo desconocidos.

9. ¿Cómo efectúan las víctimas los pagos a estos estafadores? ¿Por qué sus bancos no se lo impiden?

Los bancos comerciales no se lo ponen fácil a sus clientes cuando quieren transferir grandes sumas de dinero a países extranjeros porque les han prometido obtener unos rendimientos demasiado buenos para ser ciertos. Pero los estafadores han desarrollado métodos muy creativos para sortear estos obstáculos.

Muchas víctimas hacen sus pagos utilizando criptomonedas. A otras las convencen para que abran nuevas cuentas en instituciones financieras sujetas a regulaciones menos estrictas, como los neobancos digitales. Para asegurarse de que las transferencias de las víctimas no se bloquean, los estafadores les enseñan cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, pueden indicarles que lo que pagan son entradas para el teatro.

Los estafadores inducen a las víctimas a enviar su dinero a una empresa que forma parte de una red de compañías que se extiende por varios países, lo que hace casi imposible su rastreo. A veces contratan a proveedores de servicios especializados que les proporcionan sociedades pantalla y facilitan las transacciones para eludir los controles bancarios. También utilizan facturas falsas para justificar las transacciones.

Las rutas que sigue el dinero son tan complicadas que suele ser imposible determinar cuál ha sido su destino final. En una de las tramas rastreadas por los periodistas, los fondos de las víctimas se enviaban a un grupo de empresas registradas en España y el Reino Unido, que se los repartían antes de dirigirlos a un segundo nivel de empresas, la mayoría en el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Hungría.

El dinero fluyó después a otras empresas, disfrazadas de consultorías, en Chipre y Macedonia del Norte, antes de que se perdiera su rastro.

10. ¿Cuál es la historia de este tipo de estafa?

La industria moderna de las estafas de inversión en internet tiene sus raíces a mediados y finales de la década de 2000, cuando figuras del crimen organizado –principalmente israelíes, rusas y georgianas– se dieron cuenta de que podían aprovecharse del mercado Forex, una forma de intercambio de divisas legal, pero de alto riesgo, normalmente reservado a inversores expertos. Con el auge de la internet de alta velocidad, algunos operadores empezaron a ofrecer al público el mercado minorista de Forex, vendiéndolo como una oportunidad para que la gente corriente obtuviera beneficios.

Los medios de comunicación israelíes, especialmente Times of Israel, han informado ampliamente sobre esta industria, ya que Israel se convirtió en el epicentro de estas estafas, sobre todo en la década de 2010, gracias al auge en el país del marketing de afiliación y de las apuestas online.

Algunas empresas operaban legalmente, pero se aprovechaban de inversores inexpertos, mientras que otras manipulaban descaradamente sus plataformas para asegurarse de que las víctimas siempre salieran perdiendo. Con el tiempo, estos operadores empezaron a ofrecer opciones binarias [aquellas cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto], CFD –contratos por diferencia, un derivado financiero– y, finalmente, estafas basadas en criptomonedas, todas ellas con el mismo esquema: ofrecer un producto financiero supuestamente complejo que, en realidad, no era más que una simulación diseñada para robar el dinero de las víctimas.

Israel prohibió finalmente el comercio de opciones binarias en 2017. Pero la prohibición no desmanteló el sector, sino que simplemente lo obligó a deslocalizarse. Muchos estafadores trasladaron sus operaciones a Europa del Este, estableciendo nuevos centros de llamadas en países como Ucrania, Bulgaria, Georgia y Albania.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas estafas siguen evolucionando. El sector prospera gracias a su capacidad para cruzar fronteras con poco esfuerzo: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero utilizando una maraña de transacciones internacionales y captar víctimas en países lejanos. Plataformas como Google y Facebook también han desempeñado un papel involuntario en el éxito del sector, beneficiándose de los anuncios que canalizan a las víctimas hacia estas estafas. Con las investigaciones policiales fragmentadas por países, la lucha contra el fraude en las inversiones online sigue siendo ardua: por cada red que se desmantela, parece surgir otra.

11. ¿Qué puede hacer para evitar ser estafado?

Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de años de trabajo. Reconocerlas es clave para mantenerse a salvo.

La mayoría de las víctimas son atraídas por anuncios en internet que aparecen en los lugares habituales, como Google, Facebook o YouTube. Estos anuncios promocionan productos de inversión complejos y utilizan muchos términos high-tech de moda. Cualquier referencia a la “computación cuántica”, la “inteligencia artificial”, el bitcoin o las criptomonedas –o cualquier insinuación de que estas tecnologías le harán rico– debe ponerle en guardia. Sospeche de inmediato.

Algunas víctimas también son captadas por bulos que promocionan estos mismos productos, a menudo citando el respaldo de un famoso. Compruebe siempre si el famoso ha hablado realmente del producto en sus redes sociales reales. Y si la noticia enlaza con una página para suscribirse al producto anunciado, es una señal de alarma. Compruebe siempre la fuente antes de involucrarse.

Una vez que se haya inscrito, recibirá una llamada de un agente instándole a realizar una “inversión” inicial de unos pocos cientos de euros. Los teleoperadores suelen hacer hincapié en la facilidad de uso de la plataforma de inversión, explicando que su producto –que, de nuevo, probablemente utiliza alguna tecnología avanzada de trading– está pensado para principiantes. Prometen enormes beneficios y pueden intentar aprovecharse de sus preocupaciones o sueños financieros. Tenga cuidado con las ofertas “exclusivas” con límite de tiempo, ya que las empresas de inversión legales no le meten prisa a la hora de tomar decisiones. Si alguien le pregunta por su situación financiera o le presiona para que actúe con rapidez, es una señal de alarma. ¿La mejor respuesta? Ponga fin a todo contacto y denuncie la estafa.

Otra señal de alarma es si su “agente” empieza a ser demasiado creativo sobre cómo enviarle dinero. En concreto, puede desviarle de su banco habitual, enseñarle cómo convencer a su entidad para que aprueben las transacciones, empujarle a abrir nuevas cuentas bancarias online o transferir sus fondos a criptomonedas. Una vez que haya invertido, los estafadores no se detendrán ahí. Inventarán razones para justificar que usted no puede retirar sus fondos, le presionarán para que invierta más o le dirán que se necesitan depósitos adicionales para recuperar lo que ya ha ingresado.

Una vez que se haya dado cuenta del fraude, algunos estafadores se pondrán en contacto con usted haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, ofreciéndole ayuda para localizar su dinero, pero utilizando tácticas de intimidación para mantenerle en el engaño. Los verdaderos representantes de los organismos públicos no exigen dinero por teléfono.

Tenga en cuenta que éste es sólo un patrón. Aunque las técnicas aquí descritas han atrapado a decenas de miles de personas, hay muchas otras estafas en el mundo.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

Bulgaria y Rumanía forman parte de manera oficial a partir de este domingo del espacio aéreo y marítimo de la zona de libre circulación europea Schengen, según ha informado Europa Press.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado este domingo a ambos países por el "gran éxito" que representa esta unión por mar y aire, si bien la entrada por tierra todavía no es posible debido al veto de Austria, temerosa de un incremento sustancial de solicitantes de asilo que puedan llegar por carretera. Von der Leyen, no obstante, ha acogido con "satisfacción el levantamiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas interiores", en una incorporación parcial que beneficiará a "millones de ciudadanos de la UE en toda Europa".

En diciembre de 2022, última vez en que se intentó un acuerdo a Veintisiete sobre este asunto, el veto de Austria y Países Bajos frustró la entrada de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen, algo que la Comisión Europea reclamaba desde hace una década porque defendía que cumplían todos los criterios previstos para la adhesión. Entonces sí se permitió la entrada de Croacia, último socio en sumarse al club comunitario, por lo que Rumanía y Bulgaria eran los únicos países de la UE que no forman parte, de alguna forma, del espacio sin fronteras.

"Día histórico para Rumanía y los rumanos!", ha proclamado el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, en su cuenta de X. "Agradecido a la Comisión Europea, al Parlamento y al Grupo Socialdemócrata la tenacidad que han exhibido, y mantengo mi esperanza en que el Consejo Europeo extienda pronto su decisión a las fronteras terrestres", ha indicado.

Por la parte búlgara, el primer ministro del país, Nikolai Denkov participará en la solemne conmemoración de la entrada de Bulgaria en el espacio Schengen por vía aérea en una ceremonia que tendrá lugar el lubes en el Aeropuerto de Sofía.

Mejorar sus "competencias lingüísticas", probar algo "algo nuevo” y conocer los "problemas sociales actuales” o cómo "trabajan las organizaciones de la sociedad civil en Europa” son algunos de los motivos por los que Omar Benaamari Hedioued (1999) ha decidido realizar un voluntariado en el extranjero este verano. Graduado en Relaciones Internacionales y finalizando el Máster en Periodismo Internacional, sus estudios han condicionado, y mucho, la decisión de lanzarse a esta labor: "Necesitaba una experiencia internacional y la mejor forma de hacerlo es el voluntariado". 

Un voluntariado es la expresión práctica de la solidaridad y la participación social ciudadana. Por ello, algunas de las actividades que está realizando Omar en Blagoevgrad, ciudad que se encuentra a una hora de la capital búlgara, Sofía, se centran en la "implicación con la comunidad local organizando actividades semanales -workshops, deportes, noches culturales…- y contribuyendo en la creación de espacios donde los jóvenes puedan expresarse libremente y conocer distintos puntos de vista”, según explica a infoLibre. 

La elección de Bulgaria no es casual. "Escogí esta oportunidad porque ya había visitado el país hace unos años con unos amigos y me gustó", admite, al tiempo que señala que se trata de un país barato, por lo que con "algunos ahorros se puede disfrutar de la experiencia y conocer nuevos lugares”. Durante su relación con Bulgaria, además, ha ido siendo cada vez más consciente de los problemas sociales a los que tiene que hacer frente el país.

"Bulgaria es un caso particular, es uno de los países donde más está disminuyendo la población, y se debe sobre todo a la migración. Los búlgaros se están yendo del país porque no hay futuro. Por eso es importante la implicación con la comunidad local. También es una forma de transmitir los valores europeos", señala.

Por este motivo, decidió realizar una entrevista a través del European Youth Portal, y fue seleccionado por la organización Active Bulgarian Society (ABS). Esta entidad está focalizada en fomentar las actitudes proactivas hacia la inclusión social y los problemas que afectan a las sociedades locales. Por ello, uno de los objetivos centrales de la organización, así como de los intereses personales de Omar, es transmitir información básica sobre los programas europeos creando espacios de ocio y lugares donde los jóvenes puedan crecer tanto personal como profesionalmente.

"Ayudo en la promoción en redes sociales de oportunidades de intercambios entre jóvenes y cursos subvencionados para la juventud búlgara. Por eso es importante la implicación con la comunidad local, y es una forma de transmitir los valores europeos”, plantea el joven. De esta forma lo que se pretende es evitar el éxodo de la juventud búlgara por falta de oportunidades laborales y profesionales: "Algunas de mis tareas consisten en promocionar diferentes oportunidades para jóvenes búlgaros interesados en experiencias Erasmus. Esto lo realizamos tanto online publicando oportunidades en Facebook e Instagram, como offline desplazándonos a escuelas", detalla.

Además, Omar hace especial hincapié en que el voluntariado europeo es una “idea estupenda” para fomentar y promover la forma de vida del viejo continente y “fortalecer los puentes que unen a los ciudadanos europeos”. A esto se le suma que la mayoría de las oportunidades están financiadas: "Se cubre el alojamiento y se provee una suma de dinero para comidas y otras necesidades. Pero las oportunidades de voluntariado extraeuropeo son algo más complicadas. En este último caso creo que no es aconsejable realizarlo, salvo algunas excepciones. Hay muchas oportunidades en países en desarrollo, y en muchas es el voluntario el que paga y no al revés".

Y aún prosigue: "El voluntario no puede sustituir la labor que debería estar realizando un trabajador a jornada completa. Para mi, esa es la regla básica del voluntariado. Otro de los factores clave a la hora de decidir aventurarse en un voluntariado es la formación del voluntario, y el impacto que podría tener en la comunidad local. No es lo mismo irse de voluntario para un puesto de médico en la República Centroafricana habiendo ejercido durante 30 años como médico, que irse cuando todavía ni te has sacado la carrera. Tanto para el voluntario como para la organización donde se realizará el voluntariado, se debe tener claro que un voluntariado no es un trabajo ni tampoco unas prácticas".

“No estoy muy seguro de si nos necesitan realmente, pero lo que sí es cierto, es que la labor de las organizaciones de la sociedad civil es esencial para impulsar un cambio de mentalidad”, remata para terminar, volviendo a su propia experiencia personal. Así las cosas, poniendo el foco en las organizaciones internacionales, en la sociedad civil, comunidad local y en la juventud búlgara, tanto Omar Benaamari Hedioued como la organización Active Bulgarian Society (ABS) pretenden ofrecer un cambio de perspectiva y mentalidad, procurando alejar ese sempiterno sentimiento, siempre tan inherente a cada nueva generación de jóvenes, de que "no hay futuro". Con pequeños grandes gestos como el de Omar y una pequeña parte de su preciado tiempo, por supuesto que puede haberlo. 

Miles de personas han salido este domingo a las calles de múltiples capitales europeas para pedir a Rusia que suspenda la invasión de Ucrania siguiendo la iniciativa de la ciudadanía rusa contraria a la operación ordenada por el presidente del país, Vladimir Putin, según informa Europa Press.

Ciudades como Helsinki o Frankfurt se han convertido en el escenario de estos gestos de paz mientras activistas rusos han organizado peticiones de recogidas de firmas por Internet para saltarse la prohibición contra las concentraciones en su país, que de momento se han saldado con unos 3.000 detenidos.

Por ejemplo, más de 300 trabajadores de la salud de Rusia han firmado una petición contra la guerra mientras que la petición lanzada por el activista Lev Ponomarev ha recabado ya más de 770.000 firmas. También un colectivo de organizaciones humanitarias rusas han publicado una carta abierta a Putin en la que le piden el fin de la guerra, "una catástrofe humanitaria que solo lleva al dolor y el sufrimiento".

Incluso miembros del Partido Comunista ruso como Mijail Matviv, que votó por la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y uno de los precedentes inmediatos de la invasión, han lamentado que "se ha usado un voto para la paz con el objetivo de desencadenar una guerra". "Creo que este conflicto tiene que terminar ya. Mi voto fue depositado para convertir a Rusia en un escudo, no para estos bombardeos", ha añadido.

Las manifestaciones en Europa han comenzado en Bulgaria, donde unas 200 personas con banderas ucranianas se reunieron el sábado frente a la oficina presidencial en el centro de la capital, Sofía, para protestar contra la invasión. También se llevaron a cabo eventos similares en las ciudades del Mar Negro de Varna y Burgas.

En Alemania, miles de personas también protestaron en Frankfurt, donde muchos portaron banderas ucranianas azules y amarillas en una muestra de solidaridad con el país de Europa del Este. La manifestación fue organizada por Los Verdes bajo el lema "Solidaridad con Ucrania - Paz en Europa del Este" y contó con la participación el cónsul general ucraniano Vadim Kostiuk, residente en Frankfurt.

Las protestas se han repetido en ciudades como Múnich, Stuttgart, Leipzig y Dusseldorf hubo protestas multitudinarias. Este próximo domingo, Berlín se convertirá en el lugar designado para que los alemanes expresen su oposición al conflicto.

Una de las manifestaciones más destacadas ha sido la que ha tenido lugar en la capital de Finlandia, Helsinki, donde unas 10.000 personas han pedido a la vecina Rusia que suspenda la operación.

Italia llevaba décadas exportando basura a países de Europa del Este. Aunque podría hacerlo de forma legal, no es lo que le interesa a la mafia: el beneficio es mucho menor. Sus países favoritos como receptores de residuos son Bulgaria y Rumanía. Por cuatro buenas razones. La primera, que ambos pertenecen a la UE, por lo que las formalidades aduaneras se reducen al mínimo para los cargamentos que también proceden de estados comunitarios. También son países corruptos en los que se puede comprar casi todo por el precio adecuado. Además, el nivel de control aplicado por las autoridades es bastante limitado. Finalmente, eliminar los desechos en Bulgaria y Rumanía es mucho más barato que en Italia.

Así que muchas empresas italianas trabajan con otras rumanas y búlgaras. Y algunas de ellas están relacionadas con los Accarino, una familia que lleva décadas involucrada en el contrabando de residuos, como demuestra la investigación desarrollada por la revista italiana Espressoy los socios en Rumanía y Bulgaria (RCJI/TBS) del consorcio European Investigative Collaborations (EIC), cuyo medio colaborador en España es infoLibre.

En octubre del año pasado, Mario Accarino fue detenido en Italia por la Policía Antimafia junto con otros sospechosos de haber montado una gran red de tráfico ilegal de basuras. Según los carabinieri del grupo de protección del medio ambiente de Milán, la banda de traficantes desmantelada había acumulado más de 24.000 toneladas de desechos en vertederos ilegales repartidos por todo el norte de Italia, algunos en los alrededores de Milán, otros entre Varese y Como, algunos más en el Piamonte y cerca de Verona. Entre los 16 detenidos por orden de la Dirección Antimafia del Distrito se encontraba también Antonio Foti, que ya ha cumplido una condena por sus relaciones con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, y que, junto con sus hijos Giuditta y Luciano, lleva años invirtiendo en el negocio de la basura. Un testigo citado en el sumario judicial declaró que Tecnobeton, una empresa propiedad de Foti, envía los residuos a Bulgaria. “Están triturando [basura] a toda máquina. Su ruta siempre es hacia Bulgaria”, explicaba por teléfono un camionero que fue interceptado por la policía. Otra pista que lleva a los Balcanes es la de Mario Accarino quien, junto con su hija Laura y su sobrino Francesco, también acabó en la red de los carabinieri.

Mario Accarino, de 61 años, controla la empresa búlgara Acar Eco, de la que también es accionista Avni Kadir Musein. Su hermano Kadir Avni Kadir fue detenido en 2012 por tráfico de cocaína a Italia. En la investigación policial el turco figura sin embargo bajo el nombre de Krassimir Zlatanski, con el que se inscribió en el Registro civil búlgaro en 2008. Contactado por teléfono por EIC, Zlatanski/Kadir confirma que conoce a Accarino y explica que la empresa Acar Eco, en parte propiedad de su hermana, tiene como objeto social la importación de chatarra desde Italia, pero que actualmente está inactiva. A pesar de los problemas judiciales del pasado, Zlatanski no ha cortado los lazos con Italia. Una pequeña empresa comercial en Milán está registrada a su nombre. “Pero no tengo nada que ver con los negocios de Accarino”, protesta. Junto a su hermano Salvatore, fugitivo quizá en el norte de África, Mario Accarino colecciona detenciones y condenas por delitos medioambientales. En 2019, a los dos traficantes de residuos se les confiscó un patrimonio millonario que incluía 27 propiedades y 28 cuentas corrientes y cajas de seguridad en Italia y Suiza.

La red italiana de los Bobokov

Pero, por muy ricos que sean, los Accarino no pueden compararse con los hermanos Atanas y Plamen Bobokov, dos de los empresarios más ricos de Bulgaria, que acumulan un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. Los Bobokov también han acabado acusados de tráfico ilegal de residuos y su historia, como la de los Accarino, se desarrolla al menos en parte entre Italia y los Balcanes. El caso hizo sensación en Sofía, ya que los dos empresarios se habían forjado una reputación de intocables por sus múltiples relaciones en el mundo de la política. Todo se derrumbó a finales de mayo del año pasado, cuando la pareja acabó en la cárcel acusada de haber desechado ilegalmente al menos 7.000 toneladas de materiales de diversa índole, incluidas sustancias tóxicas, en varios lugares del país balcánico. La historia, de nuevo, conduce al norte de Italia.

En efecto, hace tres años, el grupo Monbat, controlado por los hermanos Bobokov, se hizo con la italiana Piombifera, con sede en La Spezia y planta en Macrobio, cerca de Brescia. La empresa recicla baterías agotadas extrayendo el plomo que luego transporta a la planta búlgara de Monbat para reutilizarlo como materia prima. Los magistrados de Sofía sospechan que los empresarios investigados también han ocultado residuos procedentes de Italia en vertederos ilegales. “No sabemos nada al respecto”, contesta sin embargo Paolo Pofferi, director general de la Piombifera italiana, que ya en 2019 devolvió a la empresa emisora un cargamento irregular que procedía de Eslovenia.

En cualquier caso, el nombre de Pofferi no es nuevo. Hace unos 30 años, el empresario originario de La Spezia, nacido en 1947, fundó una fábrica de todoterrenos en Nusco que tuvo una vida muy corta: cerró sus puertas a los tres años. Pofferi, abrumado por una serie de quiebras, acabó en el centro de una de las numerosas investigaciones abiertas sobre el despilfarro de dinero público que se utilizó para reconstruir la ciudad de Irpinia, en el sur de Italia, tras el terremoto que sufrió en 1980. También fue acusado de enterrar en Nusco residuos contaminantes de las empresas que poseía en el norte. “Un proceso muy largo, pero al final fui absuelto”, explica el socio italiano de los Bobokov, que dirige la Piombifera italiana junto al empresario Giovanni Grazzini, recién nombrado comisario de Forza Italia en la ciudad de La Spezia. Incluso Grazzini dice desconocer los problemas judiciales de los jefes del grupo Monbat.

En Bulgaria, sin embargo, las relaciones con la empresa italiana siguen más de actualidad que nunca. El asunto puede llegar al juzgado esta misma primavera, después de que tres acusados ya se hayan declarado culpables y estén pactando con la fiscalía una reducción de condena.

Documentos falsificados

“Llévense sus basuras”. Fue la orden de las autoridades búlgaras que en febrero de 2020 rechazaron 3.700 toneladas de residuos transportadas en 147 contenedores hasta Varna, una ciudad búlgara en el mar Negro, y que fueron devueltos a Salerno, de donde habían salido meses antes. Dentice Pantaleone, la empresa de la ciudad italiana de Avellino que los envió a Bulgaria, tendrá que hacerse cargo de la eliminación de esas basuras procedentes de la planta de Giugliano, que se había convertido en todo un símbolo de la catastrófica gestión medioambiental en la región de Nápoles. Según la versión oficial de los búlgaros, replicada por la contraparte italiana, la carga no se correspondía con la declarada en los documentos que la acompañaban.

El Gobierno de Sofía también suspendió la licencia de la incineradora que debía eliminar los residuos, parte de un cargamento cuatro veces mayor, unos 600 contenedores en total. La basura estaba destinada a una central eléctrica de carbón controlada por el magnate energético búlgaro Hristo Kovachki. Las 3.700 toneladas de residuos rechazadas por Bulgaria tendrán que ser eliminadas en Italia, lo que ya constituye un paso adelante respecto a lo ocurrido en 2015. En el verano de hace seis años, un barco que salió de Piombino y se dirigió a Varna arrojó al mar frente a la costa de Follonica 65 toneladas de residuos plásticos. Los contenedores siguen allí, una bomba ecológica que pone en riesgo las aguas protegidas del santuario de cetáceos.

Los intermediarios de Accarino en Rumanía

Mario Accarino también estuvo presente en Rumanía, como accionista de una empresa de servicios funerarios a principios de 2000. Sin embargo, sólo conservó sus acciones durante tres años y luego se retiró. Algunos de sus antiguos socios están relacionados con una empresaria rumana, Georgeta Trifa, implicada en el contrabando de residuos procedentes de Italia y eliminados ilegalmente en Rumanía. Las conexiones de Trifa con ciudadanos italianos son numerosos. Por ejemplo, era socia de Giuseppe Marinaro, Emilio Antonaci y Luigi Cataldo en una empresa rumana llamada Aeron Service SRL. Otros tres ciudadanos italianos eran sus socios en otra empresa rumana, Eurofier SRL: Francesco Maccarrone, Marco Nicola Domizio y Pier Paolo Cavallari. Domizio y Cavallari fueron procesados y condenados en Italia por tráfico ilegal de residuos y un informe del Senado italiano vinculó a ambos con el clan Accarino. En otra empresa rumana, Ikosro SRL, los socios de Trifa eran tres ciudadanos italianos –Giuseppe Antonio Marraffa, Gianni Monna y Antonio Caserta–, todos ellos procesados y dos de ellos condenados en Italia por contrabando de residuos.

En Rumanía, Georgeta Trifa está siendo investigada en estos momentos por contrabando de residuos. Dos comunidades rurales, Ineu y Vadu Criș, en el condado rumano de Bihor, al oeste del país, se sorprendieron a finales de 2019 al descubrir que una enorme cantidad de residuos habían sido depositados en una antigua granja oculta bajo muros levantados con pacas de paja. Más tarde, en febrero de 2020, la Guardia de Medio Ambiente calculó que suman 830 toneladas de residuos, entre plásticos, caucho y textiles. Según la respuesta facilitada a EIC por el Gobierno, los residuos se transportaron hasta Rumanía desde tres regiones italianas: Toscana, Lombardía y Emilia Romagna. Sin embargo, los documentos del envío indicaban como destino final de una parte de los residuos Chișinău, la capital de la República de Moldavia, vecina de Rumanía por el este, mientras que el resto de los residuos deberían haber sido reciclados por dos empresas rumanas con sede en Timișoara, otra ciudad rumana.

Sin embargo, lo más probable es que todos los documentos del cargamento estuvieran destinados a permitir que los residuos pasaran por la aduana y no fueran el resultado de un contrato real firmado por el importador. “No hay ninguna relación comercial entre nuestra empresa y las empresas que usted ha mencionado [las responsables de los residuos depositados ilegalmente], responde el director general de una de esas dos empresas con sede en Timișoara, Pro Air Clean Ecologic SA. La otra empresa que, según los documentos del traslado de residuos, debía reciclar los residuos es Geocycle Romania SRL, propiedad de la cementera suiza Holcim. La compañía no ha respondido a las preguntas de EIC ni, según la Guardia de Medio Ambiente, se ha puesto en contacto con ella para reciclar los residuos importados desde Italia. Los residuos para quemar como combustible en las plantas de cemento son muy lucrativos en Rumanía y empresas como Geocycle Romania SRL y Pro Air Clean Ecologic SA son bien conocidas por enviar grandes cantidades de residuos a estas instalaciones. Así que, en principio, no resultaba sospechosa la presencia de esas dos compañías en relación con los residuos de Ineu y Vadu Criș, salvo que los desechos no acabaron en las cementeras, sino escondidas tras pacas de paja en el campo rumano.

Los residuos tienen que ser devueltos a Italia

Dos empresas rumanas se encargaron del transporte: Intrarom Service SRL y Gaz & Oil Gross Group SRL. La primera es propiedad al 100% de Georgeta Trifa, que ya se dedicaba al comercio ilegal de residuos en 2016, cuando, según informan los medios de comunicación italianos, Intrarom Service SRL pidió permiso para sacar 6.000 toneladas de residuos por mar del puerto de Pozzuoli, autorización que fue denegada por el alcalde Vincenzo Figlioglia por falta de datos sobre el destino de los residuos. La segunda, Gaz & Oil Gross Group SRL, es propiedad de dos socios: la mayoría de las acciones pertenecen a Georgeta Trifa (65%) y el resto al moldavo Adrian Grossu, un personaje muy turbio implicado en algunos negocios de contratación pública en la República de Moldavia. La empresa fue creada en 2017 por Grossu y otros dos moldavos, pero éstos dos vendieron sus acciones a Georgeta Trifa en 2018, justo un año antes de que la empresa organizara el traslado de residuos desde Italia a Rumanía.

A pesar del largo historial de Trifa en el traslado de residuos sospechosos, la mujer logró mantenerse al margen de las investigaciones en Rumanía hasta el hallazgo de la Guardia de Medio Ambiente en febrero de 2020. Tras intervenir la Fiscalía, Trifa está siendo investigada por varios delitos. Su caso, sin embargo, aún no ha llegado a los tribunales. Intrarom Service SRL debe pagar una multa de más de 12.000 euros y devolver los residuos a Italia, pero es bastante improbable que la empresa lo haga, ya que acaba de declararse en quiebra. El motivo: otra empresa denunció que Intrarom Service SRL no había pagado una deuda de más de 10.000 euros por servicios de transporte.

Las autoridades de Bulgaria han anunciado este martes la imputación de un hombre por la violación y asesinato en 2018 de la periodista de investigación Viktoria Marinova en la localidad de Ruse.

La Fiscalía de Ruse ha detallado que los cargos han sido presentados contra Severin Krasimirov, de 20 años, según ha confirmado la portavoz de la oficina, Rumiana Arnaudova, tal y como ha recogido la agencia búlgara de noticias BTA.

"El caso es puramente criminal", ha agregado, rechazando así las afirmaciones en torno al posible asesinato de Marinova por motivos políticos, según la agencia alemana de noticias DPA.

Marinova, de 30 años, fue violada y asesinada mientras investigaba un presunto caso de corrupción relacionado con fondos de la Unión Europea, si bien por ahora las autoridades no han vinculado directamente el crimen a la labor de la periodista.

Marinova fue la tercera periodista de investigación asesinada en la Unión Europea en menos de un año, después de la maltesa Daphne Caruana y del eslovaco Jan Kuciak. Bulgaria ocupa el último puesto dentro del bloque en el informe sobre libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El ciudadano búlgaro detenido el martes en Alemania en relación con la muerte de la periodista Viktoria Marinova ha sido imputado por la violación y asesinato de la reportera, según han informado este miércoles las autoridades búlgaras y recoge Europa Press.

El detenido es un joven de 21 años, identificado como Severin Krasimirov y natural de Ruse, la localidad donde se produjo el crimen el sábado, quien huyó hacia Alemania el domingo junto a un amigo y fue detenido por la Policía alemana por indicaciones de la Policía búlgara.

Así ha trascendido de la rueda de prensa conjunta ofrecida a primera hora de este miércoles por el primer ministro del país, Boiko Borisov, el ministro del Interior, Mladen Tsatsarov, y la fiscal general, Sotir Tsatsarov, según informan los medios locales.

El presunto asesino, que era conocido por la Policía búlgara, ha sido identificado gracias a muestras de ADN halladas en el lugar de los hechos y habría actuado de forma espontánea, lo que descartaría el móvil político en el caso. Ahora, las autoridades búlgaras están a la espera de que Alemania proceda a su entrega.

Marinova, de 30 años y que presentaba un programa en una televisión local, fue violada y estrangulada el sábado en un parque de Ruse. Su asesinato generó una ola de indignación en Bulgaria y fuera del país, ya que la periodista estaba investigando un presunto caso de corrupción relacionado con fondos de la Unión Europea.

Es la tercera periodista de investigación asesinada en la Unión Europea en menos de un año, después de la maltesa Daphne Caruana y del eslovaco Jan Kuciak. Bulgaria ocupa el último puesto dentro del bloque en el informe sobre libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La periodista búlgara Victoria Marinova, de 30 años de edad, ha sido hallada violada y asesinada este sábado en la ciudad de Ruse mientras investigaba un presunto caso de corrupción relacionado con fondos de la Unión Europea.

Según la Policía, de momento no hay pruebas que demuestren que el asesinato de Marinova, productora de la emisora TVN, esté relacionado con su trabajo, pero grupos anticorrupción y miembros del Parlamento Europeo pidieron una investigación completa sobre la muerte. "Sorprendido por el horrible asesinato de la periodista de investigación Victoria Marinova en #Bulgaria. Urge llamar a una investigación completa y exhaustiva. Los responsables deben rendir cuentas ", ha tuiteado el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la libertad de los medios de comunicación, Harlem Désir.

La eurodiputada liberal Sophie in 't Veld ha recordado que la muerte de Marinova es el tercer asesinato de un periodista en la UE en un año. La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia fue asesinada por un coche bomba en octubre de 2017, mientras que el reportero eslovaco Ján Kuciak fue asesinado en febrero. La investigación de Marinova y su equipo se centraba en proyectos de infraestructura financiados por la UE y administrados por autoridades locales. Según sus pesquisas, entre un 30 y un 40% de los fondos recibidos por un grupo de empresas se perdió por corrupción y sobornos, informa el portal Politico.

La UE ofrece su ayuda y el CPJ condena el asesinato

La comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, ha asegurado que vigilará la investigación del asesinato de Marinova y ha ofrecido la ayuda de las agencias europeas. "Consternada por el brutal asesinato de Victoria Marinova, una joven periodista búlgara. Seguiré de cerca la investigación y ofreceré ayuda a las agencias de la UE, si es necesario. Espero acciones urgentes para llevar a los responsables ante la justicia y para aclarar si el ataque estaba vinculado a su trabajo", ha declarado.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también se ha declarado "conmocionado por el brutal asesinato" de Marinova, en palabras del representante de la organización en la UE, Tom Gibson. "Las autoridades búlgaras deben emplear todos los esfuerzos y recursos para llevar a cabo una investigación exhaustiva y llevar a los responsables ante la justicia". La Fiscalía de Ruse y la policía local han declarado este domingo en una conferencia de prensa que analizarían "todas las versiones" del asesinato.

La última emisión de Marinova fue una entrevista con el periodista rumano Attila Biro, del portal de investigación Rise Project, y su homólogo búlgaro, Dimitar Stoyanov, del portal de noticias Bivol, quienes investigaron las denuncias. Estos dos reporteros fueron detenidos por la Policía búlgara en septiembre, ha recordado el CPJ.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha desistido de vender Foro de Formación y Ediciones, una de sus empresas de formación, a la sociedad luxemburguesa Hispakol. Pese a que ambas partes firmaron un contrato privado el pasado mes de marzo por un precio de 6,55 millones de euros, seis meses después Hispakol no ha efectuado el correspondiente ingreso, pese a las sucesivas ampliaciones de plazo que se le fueron concediendo. La última concluyó el pasado 30 de septiembre. El socio único de Hispakol, Diego González Alonso, posee también una aseguradora, Olympic Insurance Company, con sede en Chipre y una filial en Bulgaria, a la que las autoridades de ambos países prohibieron operar el pasado mes de agosto, puesto que carece de capital. Olympic ha dejado sin seguro a 210.000 personas en Bulgaria y Chipre, y el escándalo subsiguiente ha forzado la dimisión de la vicepresidenta de la CNMV búlgara, mientras que la Fiscalía de ese país ha abierto una investigación.

Además, González Alonso es el dueño de una agencia de intermediación financiera, New York Securities Bank Funds Management (NYSB), al que la CNMV prohibió operar en España en 2015 por tratarse de un chiringuito financierochiringuito. En los dos últimos años compró en España dos empresas, Aerlyper y Ambartel, que se encuentran en liquidación.

González Alonso aparece en España como consejero delegado de Conforland, un grupo que se dedica desde los seguros y la formación hasta la minería, las tasaciones, la moda, la prevención de blanqueo de capitales y el turismo sostenible, todo ello en países como Chipre, Bulgaria, Letonia, República Dominicana, Brasil y Chile. Así figura al menos en su página web, que en la mayoría de sus secciones sólo incluye textos falsos en latín o castellano repetidos una y otra vez. Preguntado por infoLibre, un portavoz de Hispakol no ha querido explicar cuáles son en estos momentos sus negocios en España y en el resto del mundo. “Nada que decir”, se ha limitado a contestar.

Otras ofertas, pero de colaboración

En los seis meses que han transcurrido desde que FeSP-UGT anunció a la plantilla la venta de Foro de Formación, la situación económica de esta empresa, creada en 1989 con el nombre de Dos Puntos Imagen y Sonido SL, se ha ido deteriorando. Empezó a eludir el pago de las nóminas en julio. Desde entonces, los trabajadores han cobrado sólo media paga de ese mes. La de septiembre aún no la han percibido, pero el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, asegura que se hará efectiva este martes. También se les anunció primero un ERE temporal y luego un ERE con despidos a razón de 20 días por año trabajado como indemnización. Finalmente, cuatro personas han aceptado bajas pactadas y han abandonado la empresa. Lacuerda dice que ya no habrá ni ERE ni ERE temporal. También han sido apartados de sus responsabilidadesAlejandro de Prado, gerente de Foro de Formación, e Isabel Calleja, gerente de la Fundación para la Innovación y la Tecnología (Fuitec), a la que se trasladó hace años parte de la plantilla de la anterior.

“Damos por terminada esa operación”, resume Lacuerda. “Pero si [Hispakol] sigue mostrando interés y aparece con el dinero, no hay problema, siempre que llegue a tiempo”, matiza, porque el sindicato tiene otras ofertas. “Hay bastante interés”, asegura, “nos presentan modelos de colaboración que nos pueden venir bastante bien”. Lacuerda no quiere desvelar quién está detrás de esas ofertas, pero sí explica que se trata de “alternativas” a una posible venta, pese a que ésta era su opción preferida.

A partir de ahora, sus esfuerzos se centran en “reflotar Foro de Formación” haciendo frente a sus “responsabilidades” y teniendo en cuenta que “la carga de trabajo ha pegado un gran bajón”, en alusión a la parálisis que sufre la formación para el empleo desde 2015.

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Hispakol niega que la operación se haya “descartado”, pero reconoce que la sociedad ya no tiene “posición de exclusividad en la compra y UGT puede vender a otros optantes”. Hispakol achaca el incumplimiento del plazo firmado en marzo a “un retraso de dos meses causado por gestiones internas de Foro de Formación para acometer los compromisos de venta”, que a su vez derivó en una demora en la financiación. “Y sumado al verano, la llegada de los fondos se retrasó”, justifica el portavoz. FSeP-UGT, por su parte, atribuye la falta de pago exclusivamente a las dificultades que ha sufrido la sociedad de González Alonso para que un fondo de EEUU les prestara el dinero. Hispakol indica que el préstamo ya está “aprobado y en proceso de abono”. También desliga estos problemas de la quiebra de la aseguradora Olympic en Chipre y Bulgaria. Un asunto sobre el que no ha querido contestar ninguna de las preguntas que le ha hecho este periódico.

Un cliente seguro durante siete años

Pese a que Hispakol carece de experiencia en cursos de formación para trabajadores, pretendía continuar su actividad en ese ámbito, asegurándose que la FeSP-UGT seguía siendo su cliente. Según las fuentes consultadas por este periódico, para la convocatoria de formación en competencias digitales, 60,4 millones de euros, que se está tramitando ahora, Foro de Formación ha acudido con 13 solicitudes. También Fuitec se ha presentado. Y la convocatoria de subvenciones anual para 2018 repartirá 50 de los 400 millones previstos mediante concurso, mientras que el resto se concederá a través de módulos, en lugar del sistema vigente hasta ahora, que obligaba a justificar hasta el último euro por tratarse de subvenciones públicas. Es decir, se abre la posibilidad de que las empresas participantes obtengan beneficios de la formación para el empleo, tras tres años en que la parálisis de las convocatorias públicas ha dejado al sector en estado de shock.

Pues bien, el contrato privado que firmaron ambas partes el pasado 9 de marzo y al que ha tenido acceso infoLibre, estipulaba que el asesoramiento del sindicato sería “imprescindible” cuando Foro de Formación solicitara proyectos a las instituciones para impartir cursos. También incluía un acuerdo de colaboración durante siete años por el que la FeSP se comprometía a subcontratar con carácter “preferente” a Foro de Formación y a su fundación anexa, Fuitec, para gestionar los planes de formación para el empleo. El sindicato continuaría además utilizando los servicios informáticos de la empresa, así como su plataforma de e-learning. Y ésta se comprometía a crear una agencia de colocación que debería remitir a la FeSP ofertas de empleo. El logotipo del sindicato continuaría figurando en la web y en la publicidad de Foro de Formación.

La FeSP asegura que desconocía los antecedentes de Hispakol así como los problemas de su dueño en Bulgaria y Chipre, al menos hasta que este periódico le preguntó por ellos hace dos semanas. Pero tampoco ha despertado las reticencias del sindicato respecto a Hispakol el historial de González Alonso con las dos empresas adquiridas en España con anterioridad y actualmente en liquidación. Ni el hecho de que la persona que ha llevado las negociaciones con la FeSP, Juan José Gómez Rey, sea un viejo conocido de UGT. En 2014 fue uno de los socios de Hércules de Armamento, la empresa que adquirió la Fábrica de Armas Santa Bárbara de A Coruña al Ministerio de Defensa. Entonces UGT acusó al comprador de carecer del capital necesario para reflotar la factoría, así como de ser un experto en liquidar empresas. Gómez Rey fue expulsado del accionariado de la empresa en 2015 y la pugna con su socio en Hércules de Armamento terminó en una querella por estafa. 

Ampliación de capital y dación en pago

El contrato de compraventa establecía dos condiciones que la FeSP debía cumplir antes de que se elevara a documento público la operación. La primera es una ampliación de capital no dineraria que implicaba la aportación por parte de FeSP-UGT de los locales donde tiene su sede Foro de Formación, en la calle de Rufino Gómez de Madrid, valorados en 760.000 euros. La segunda, la dación en pago al sindicato de una nave que Foro de Formación posee en Rivas Vaciamadrid y con la que debería cancelar una deuda que la empresa mantenía con la FeSP por un préstamo que ésta le concedió en 2016 por importe de 700.000 euros, ampliado en 100.000 euros más un año después. Es decir, Hispakol iba a adquirir Foro de Formación libre de cargas, una vez devuelto el préstamo que le hizo el sindicato. En 2016, la empresa sufría la ausencia el año anterior de convocatoria de subvenciones públicas para formación y había ejecutado además un ERE que la había dejado sin liquidez. Por eso acudió al sindicato para que apuntalara su tesorería, apuntan las fuentes consultadas por este periódico.

Tanto la ampliación de capital como la dación en pago fueron formalizadas por Foro de Formación para cumplir con lo estipulado en el documento, según las fuentes consultadas. No así el ingreso por parte de la sociedad luxemburguesa de los 6,55 millones de euros comprometidos y pendientes de un préstamo en Estados Unidos.

Finalmente, el contrato comprometía a Hispakol a mantener “al menos el 90%” de los puestos de trabajo, así como a respetar sus condiciones laborales y el convenio colectivo de la empresa. Foro de Formación tiene una treintena de empleados, a los que hay restar los cuatro que acaban de firmar la extinción de su contrato con indemnizaciones de 20 días por año trabajado.

Cinco meses después de haber firmado un contrato para vender una de sus empresas, Foro de Formación, a una sociedad de participaciones financieras (soparfi) llamada Hispakol y radicada en Luxemburgo, el sindicato UGT aún no ha formalizado la operación. La firma ante notario estaba prevista para mayo, pero a día de hoy sigue pendiente de que Hispakol haga efectivo el pago, según explica Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP), de la que depende la empresa de formación.

Sin embargo, hay otros factores que han ralentizado y, quizá, terminen por dar al traste con la operación. El pasado miércoles Lacuerda destituyó de su cargo al gerente de Foro de Formación, Alejandro de Prado, quien ha estado al frente de la empresa desde hace más de una década. Además, su treintena de trabajadores lleva desde el mes de julio sin cobrar las nóminas. Y, para terminar de incendiar los miedos de la plantilla, ya en tensión desde la primavera, el sindicato ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que primero anunció como temporal pero esta misma semana ha convertido en un despido colectivo, tal y como han revelado a infoLibre fuentes internas de la empresa. UGT ofrece a los empleados indemnizaciones de 20 días por año de antigüedad, el mínimo establecido en la reforma laboral.

Preguntado por este periódico, Lacuerda asegura que Hispakol justifica el retraso en el pago porque el fondo de Nueva York al que ha pedido un crédito para comprar Foro de Formación “no se lo habilita”. infoLibre lleva días intentando sin éxito ponerse en contacto con el socio único de la sociedad luxemburguesa, Diego González Alonso, para conocer sus razones. Los trabajadores de la empresa de formación dicen no haber vuelto a ver a González Alonso ni a ninguno de los miembros de su equipo desde la pasada primavera, cuando aterrizaron en Foro para examinar las cuentas. Lacuerda, en cambio, mantiene que su última reunión con ellos fue el pasado lunes.

A las suspicacias que despertó en la plantilla la venta a una sociedad radicada en un país famoso por sus ventajas fiscales y sin experiencia alguna en el sector de la formación, se le sumaba el hecho de que, en junio de 2015, la CNMV había publicado una advertencia sobre New York Securities Bank Funds Management (NYSB), una agencia de intermediación financiera de la que este español era administrador único: NYSB carecía de autorización para prestar servicios de inversión en España. Se trataba de lo que se conoce como un chiringuito financierochiringuito financiero.

210.000 búlgaros y chipriotas sin seguro 

El caso es que al mismo tiempo que se disponía a firmar la operación ante notario, Diego González Alonso acumulaba serios problemas en otra de las empresas de su diversificado grupo, que incluye sociedades en República Dominicana, Chipre, Bulgaria, Letonia, Brasil y Miami (EEUU). En Chipre, el Insurance Companies Control Service de Chipre, el órgano regulador de los seguros, le prohibió seguir operando en la isla, donde posee una aseguradora, Olympic Insurance Company. El regulador le revocó la licencia por que incumplía los requisitos mínimos de capital para cubrir las pólizas. Tres meses después, el regulador de Bulgaria repetía la medida con la filial de Olympic en ese país.

Pero si en Chipre Diego González dejó a 10.000 ciudadanos sin seguro, en Bulgaria el número de afectados alcanza los 200.000. Según han publicado los medios locales, la aseguradora de González Alonso consiguió hacerse con un 10% de cuota de mercado ofreciendo precios low cost para sus seguros de automóvil. En total, el valor de las pólizas que se han quedado sin cobertura alcanza los 20,45 millones de euros. La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) búlgara calcula que Olympic debe 4,78 millones de euros a los contratantes de sus pólizas por las cuotas pagadas hasta el momento.

El escándalo, por tanto, ha sido considerable. El pasado 17 de agosto, los perjudicados por la quiebra de Olympic se manifestaron con sus coches ante el Parlamento búlgaro, amenazando con dejar allí los vehículos cuando a medianoche vencieran sus pólizas. Desde ese momento, no podían circular con ellos sin seguro, a riesgo de ser multados. La Cámara interrumpió sus vacaciones para celebrar una sesión extraordinaria el martes siguiente. Ese mismo día, la vicepresidenta de la Comisión de Supervisión Financiera, Ralitsa Agayn, presentó su dimisión. La víspera, el fiscal general del Estado, Sotir Tsatsarov, había ordenado a la agencia de inteligencia del país que investigara si la Comisión de Supervisión Financiera vigiló adecuadamente las actividades de Olympic Insurance desde que se implantó en Bulgaria en 2009.

El asunto, además, ha caldeado las relaciones entre los dos países. En las fechas siguientes, se sucedieron las reuniones entre los ministros de Exteriores de Chipre y Bulgaria, quienes discutían qué país debe hacerse cargo de las compensaciones a los ciudadanos perjudicados. El Fondo de Seguros del Automóvil chipriota sólo tiene obligación de resarcir a quienes tengan sus coches matriculados en la isla, lo que deja desamparados a los 200.000 búlgaros sin póliza: el fondo con que cuenta el país eslavo para estos supuestos carece de dinero suficiente para hacer frente a un volumen tan grande de damnificados. Mientras, Chipre ha nombrado un liquidador provisional para que administre la aseguradora.

Aunque ahí no acaban los problemas de Diego González Alonso, al menos a tenor de lo que algunos medios búlgaros y chipriotas están publicando tras la quiebra de Olympic. El periódico online Bivol.bg ha relacionado al español y su aseguradora con empresarios y testarrefos de la mafia búlgara. González Alonso compró Olympic en 2016, pero la compañía había sido fundada en 1995 en Chipre. Según ha comprobado infoLibre, en el Registro Mercantil de la isla figuran como directores Diego González y Jorge González García, quien en el registro español aparece como consejero delegado de Aerlyper y consejero de Ambartel, dos firmas adquiridas por el primero que se encuentran en liquidación apenas dos años después de su compra. También era administrador único de otra firma de González Alonso, Integral de Gestiones Societarias. El secretario del consejo es un chipriota, Angelos Panayi.

Pero en la filial búlgara trabajaron antes de que el español comprara la matriz chipriota ejecutivos como Krum Dimitrov Krumov, que según Bivol.bg es el actual director Bul Ins, una aseguradora a la que el medio digital relaciona con dos jefes del crimen organizado del país eslavo. Bivol llega a preguntase si Diego González es un “hombre de paja” de los dueños de Bul Ins. Los periodistas al cargo de esta página web viven fuera de Bulgaria por las amenazas que han recibido tras publicar las relaciones entre mafias locales y políticos. Por sus trabajos de investigación, Bivol recibió en 2010 el Premio Leipzig de Medios de Comunicación, con el que también han sido galardonados Roberto Saviano, Anna Politkóvskaya y Seymour Hersh, entre otros.

No descarta la venta a Hispakol

Julio Lacuerda asegura, en declaraciones a este periódico, que desconocía los aprietos de Diego González Alonso en Chipre y Bulgaria. “Es muy probable que no vendamos [Foro de Formación a Hispakol]”, apunta, “me temo que no van a comparecer si tienen tantos problemas”. También dice que carece de “medios para investigar” y que González Alonso no le ha contado nada sobre la quiebra de Olympic. Aunque advierte de que no se va a “casar con él”, tampoco descarta que termine vendiéndole la empresa: “Si me trae el dinero, lo ingresa en una cuenta y el dinero es de curso legal, me parecerá bien”.

El dirigente sindical destaca que una de las condiciones del contrato firmado con Hispakol es que ésta mantenga los empleos. Pero cuando se le pregunta por la responsabilidad de dejar a los trabajadores en manos de un empresario con problemas de solvencia y relaciones poco claras responde que “ésa no es la cuestión”. “Yo no soy el responsable de eso ni de la nueva formulación de la formación en nuestro país”, protesta, “serán ellos los que incumplan el contrato”.

El responsable de FeSP-UGT dice que esperará esta semana y la próxima, “quizá lo que queda de este mes, pero no más” para que Hispakol haga efectivo el pago al que se comprometió en el contrato. Pero, como “los plazos ya están vencidos”, puede quedar libre de sus compromisos enseguida y vender la empresa a cualquier otro posible interesado, sostiene. Lacuerda cifra en 6,5 millones de euros el precio acordado y asegura que la operación no incluye a FuitecFuitec (Fundación para la Innovación y la Tecnología), a la que se trasladó hace unos años parte de la plantilla inicial de Foro de Formación. Uno de sus patronos es el recién destituido Alejandro de Prado.

“El ERE es al margen de la venta”, continúa Lacuerda. “Foro sigue siendo nuestra y tenemos que gestionarla, y como pasa por dificultades, debemos tomar decisiones que no nos gustan”, justifica. “No tengo por qué dejar el grifo abierto y que se me inunde la casa”, resume. Es decir, UGT no va a seguir poniendo dinero en la empresa. Desde que fue destituido De Prado, Julio Lacuerda es el gerente de Foro de Formación, según explica él mismo. “Yo no soy un empresario, que quede claro, y seré un poco más exigente con la ley que un empresario normal, por nuestra condición de sindicato”, subraya, para prometer a continuación que cumplirá con la ley “a rajatabla” y que no le va a deber “ni una peseta a nadie”.

Las empresas de Diego González Alonso

Cuando UGT anunció a la plantilla la venta de la empresa, infoLibre habló con Diego González. El financiero se presentaba como abanderado en España de un proyecto de una universidad de Miami para impartir en todo el mundo formación sobre la tecnología BIM (Building Information Modeling), un sistema integrado de aplicaciones de diseño y modelado para ingeniería y arquitectura. La universidad, que será on line, aún no tenía licencia, admitió entonces González Alonso, que esperaba obtenerla, no obstante, antes de fin de año. “Será la primera universidad BIM del mundo”, resaltó. Hasta ahora, Foro de Formación se ha dedicado a impartir cursos de formación para el empleo, desde certificados de profesionalidad hasta cursos de posgrado en colaboración con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense.

Según relataba entonces el financiero, adquirió en 2014 “la estructura” de Hispakol, que había sido constituida un año antes en Luxemburgo por una empresa panameña, un abogado marbellí, otro de Costa de Marfil y un empresario español. “No tenía razón de ser crear la sociedad en España porque no era un proyecto español, sino internacional, tengo más firmas fuera de España que aquí, no hay nada oculto”, recalcaba.

González Alonso incluía entre sus negocios empresas de minería y tecnología. En España compró una firma de mantenimiento y reparación de avionetas, Aerlyper, y otra de servicios técnicos de ingeniería, Ambartel. Ninguna de ellas se encuentra activa, mientras sus extrabajadores les reclaman en los tribunales finiquitos e indemnizaciones. A la primera la Dirección General de la Guardia Civil le reclama 32.429 euros por el “daño y perjuicio” que ha ocasionado la “incorrecta ejecución” de un contrato que firmó con ella para comprar unos sistemas de misión para sus helicópteros, tal y como publicó el BOE el pasado día 12.

Diego González no quiso revelar a este periódico en qué jurisdicción extranjera tenía licencia bancaria NYSB, el chiringuito financiero denunciado por la CNMV en 2015. Pero, según la web búlgara Bivol, fue constituido en las islas Caimán y también tiene licencia en las islas Comoras, un archipiélago en el océano Índico, en el sureste de África. El financiero también aseguró que NYSB “ya no tiene actividad bancaria”. Pero en el registro mercantil español figura NYSB Consulting International SL como sucesora de NYSB Funds Management y con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife. Con esa misma marca, NYSB, Diego González Alonso y su socia, Jocelyn Patricia Smythe Cortés, tienen o han tenido empresas en República Dominicana –seguros y reaseguros–, Miami y Hertfordshire (Reino Unido). Esta última figura como disuelta desde noviembre de 2013. Además, en Brasil ha abierto una filial de Hispakol, dedicada a la consultoría empresarial, y otra firma de seguros, Olympic Brasil Seguros. Según el primer diario e Chipre, Phileleftheros, Hispakol compró en 2017 empresas de seguros en América Latina por importe de 150 millones de euros.

El candidato presidencial Rumen Radev, respaldado por el Partido Socialista Búlgaro (BSP), se impuso en las elecciones en el país europeo tras recabar un 59,08% de los votos, según los resultados oficiales recogidos por Europa Press. El exmilitar es considerado afín a los postulados de Moscú.

La Comisión Electoral Central indicó que, con un 54,76% del escrutinio, Radev supera a la candidata respaldada por el gobernante Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), Tsetska Tsacheva, quien habría obtenido el 36,34% de las papeletas.

El organismo indicó además que un 4,58% de los electores en Bulgaria ha marcado la casilla 'No apoyo a ninguno de los candidatos', según ha informado el diario local Dnevnik.

Radev, de 53 años, fue el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea búlgara y se ha presentado formalmente como independiente, aunque cuenta con el apoyo de los socialistas. Tsacheva, de 58 años, es la candidata del partido del Gobierno y hasta ahora ocupa el cargo de presidenta del Parlamento del país.

La victoria de Radev ha llevado al primer ministro, Boyko Borisov, a anunciar su dimisión, tras lo que ha felicitado al ganador y a sus votantes por haber cambiado la situación política.

"Por los resultados, está claro que la coalición gobernante no tiene la mayoría y no puede ni siquiera aprobar el presupuesto", argumentó, según recoge la agencia de noticias búlgara Novinite.

Borisov había prometido que dimitiría si Tsacheva no ganaba la primera vuelta de las elecciones, pero cuando esto ocurrió dio marcha atrás y dijo que solo abandonaría el cargo si Tsacheva era derrotada en la segunda vuelta.

El candidato del Partido Socialista de Bulgaria (BSP), Rumen Radev, fue el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales búlgaras, celebradas este domingo, y se enfrentará en segunda vuelta con la candidata del Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), Tsetska Tsacheva, según sondeos a pie de urna de los que Europa Press se ha hecho eco.

Radev conseguiría el 24,8% de los votos, frente al 23,5% que habría votado por Tsacheva, según el estudio realizado por Alpha Research y publicado a las 20.00 horas, cuando cerraron los colegios electorales, informa la agencia de noticias búlgara BTA.

Radev, de 53 años, fue el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea búlgara y se presentó formalmente como independiente, aunque cuenta con el apoyo de los socialistas.

Tsacheva, de 58 años, es la candidata del partido del Gobierno y hasta ahora ocupa el cargo de presidenta del Parlamento del país. La segunda vuelta de los comicios se celebrará el 13 de noviembre.