El rey emérito Juan Carlos de Borbón ha anunciado la interposición de una demanda por derecho al honor contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que ha vertido contra en él en diversos medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025, según informa EFE.

La abogada del rey emérito en esta demanda, Guadalupe Sánchez, quien también representa al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las demandas que éste ha interpuesto contra miembros del Gobierno en el ámbito civil, reclama a Revilla la rectificación de manera pública y por los mismos medios de dichas manifestaciones y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados a su representado, que, de serle abonados, serán donados a Cáritas.

Con carácter previo a la interposición de esta demanda, la abogada ha pedido celebrar un acto de conciliación para evitar el litigio ante los Juzgados de Primera Instancia de Santander, según explica en el bufete de la abogada, Novalex, en una nota de prensa a la que ha tenido acceso EFE.

Estas acciones judiciales, señala la nota, tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente por Revilla entre mayo de 2022 y enero de 2025 "en las que calumnió gravemente a mi representado y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor (art.18.1 de la Constitución)".

Fuentes de Zarzuela han informado a EFE al respecto que se trata de una iniciativa personal del rey emérito a través de sus abogados privados y sobre la que la Casa Real no ha sido consultada.

El de Cantabria no es tonto y, además, lleva décadas en política, detalles que confirman lo muy eficaces que, hasta el elefante de 2012, fueron todos los gobiernos a la hora de ocultar a la sociedad el indecente comportamiento del padre de Felipe VI durante su reinado, algo que conocían perfectamente, pues nunca olvidaré el “no me arrepiento” del ex ministro Narcís Serra tras desvelar, en 2022, que “autorizó al CESID (hoy CNI) para ocultar los devaneos de Juan Carlos I cuando era rey”.

Traduzco lo de “autorizar al CESID” por “dar órdenes al CESID” porque las jerarquías no funcionaban al revés durante los gobiernos del PSOE felipista, y quedo a la espera de que alguien ponga una encuesta en Internet para preguntar quién nos merece más confianza, si el expresidente de Cantabria o el padre de Felipe VI.

Y mientras Felipe VI mira para otro lado por si así nos olvidamos de que su padre es su padre, una pose que me recuerda la tan imposible como cutre “renuncia” a la herencia que comunicó en 2020 aprovechando que nos gobernaba el estado de shock provocado por el COVID, resulta que Pablo Hasel, otro “ciudadano de a pie” cuyo mayor delito también fue hablar, a veces rapeando, lleva más de tres años en prisión, y allí seguirá hasta 2027 si nadie lo remedia, siendo "nadie" los dos o tres diputados de la mayoría de la investidura que, tan valientes como inexistentes hasta la fecha, se atrevan a fortalecer la democracia llamando a Sánchez para decirle que se olvide de aprobar nada con sus votos en el Congreso, sea lo que sea, mientras Hasel siga en la cárcel, que las libertades proclamadas en la Constitución son lo más importante.

Descartando a todos los que están a la derecha del PSOE, incluyendo a los del PSOE, me avergüenza afirmar que, hasta hoy, los de SUMAR, Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y, quizás algún otro, son los responsables de la situación de Pablo Hasel.

En cambio, el también condenado Valtonyc eligió el exilio y, mira por dónde, consiguió en Bélgica que su Tribunal Constitucional anulara una ley de 1847 que, aunque ya se habían olvidado de su existencia de tanto no usarla, castigaba las injurias a la Corona, un “delito” que se dieron cuenta de que era contrario a su actual Constitución y que, de paso, sirvió para rechazar la extradición del rapero que se reclamaba desde el Reino de España.

¿Acaso les hacen falta más pistas a los miembros del Congreso español para que comprendan que, si quieren, pueden?

Cada día que renuncian a una victoria segura a favor de la libertad y la democracia contribuyen a su degradación porque todo autoritario de verdad se siente por encima de la ley.

Entonces vuelvo al Revilla diciendo que es “mezquino que un rey inviolable demande a un ciudadano de a pie” y recuerdo también que el próximo 9 de mayo se cumplirán tres años desde que Carmen Calvo informó que, unos meses antes, la “Casa Real”, a la que llamaré Felipe VI porque quien manda, manda, no quiso renunciar al privilegio que le permite cometer delitos.

Lo reveló en un instante inolvidable durante ese paréntesis de libertad que la convirtió en valiente porque ni era la vicepresidenta del Gobierno que había sido, ni la presidenta del Consejo de Estado que es ahora.

Por tanto, nada sabemos de Felipe VI, tal como durante tanto tiempo nada supimos de las fechorías de su padre, tan protegido durante tantos años por las instituciones y los espías del Gobierno.

Pero lo que sí sabemos de él es que, al igual que su padre consiguió acabar, en los años 90, con el programa de humor de Mikimoto en la televisión catalana, a Felipe VI la libertad de expresión de un rapero le importa un bledo, pues, a falta de dos diputados valientes, un solo gesto que le hiciera a Pedro Sánchez sería suficiente para que Pablo Hasel saliera de la cárcel.

¿O acaso Felipe VI no se mete nunca en política?

Que le pregunten a un tal Rajoy cómo se llama el rey que un 3 de octubre y más MASUFA que nunca (art. 62.h de la C.E.), le dejó muertas para siempre las ganas de enfrentarse al Pedro Sánchez que decidió presentar una moción de censura menos de un año después.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación convocado por un juzgado madrileño en el que tenía la opción de retractarse de las declaraciones en las que llamó "delincuente confeso" a Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y evitar así una querella por presuntas injurias y calumnias. Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que al acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha quedado sin efecto al no acudir ningún representante legal de Sánchez.

Se trata de un trámite, previsto en la ley para "alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito", que se convoca previamente a la interposición de una querella, en este caso anunciada por la defensa de Gónzalez Amador por injurias y calumnias por unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que se refirió al novio de Ayuso como "delincuente confeso". La defensa de González Amador ha confirmado a EFE que ahora interpondrá la querella anunciada, en la que solicita una indemnización de 100.000 euros.

La interposición de esta querella forma parte de la ofensiva judicial emprendida por los abogados del empresario Alberto González Amador contra diversos miembros del Gobierno y también periodistas por referirse a él como delincuente confeso tras hacerse público un correo de su abogado en el que reconocía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal.

Entre otros, contra los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quienes no se han presentado a sus respectivos actos de conciliación estos últimos días.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha acordado conceder el amparo solicitado por el periodista de TVE Xabier Fortes por el "ataque a la libertad de expresión e información que supone" la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra el presentador por llamarle en un programa "defraudador confeso".

En un comunicado, las asociaciones de periodistas han manifestado que la acción legal emprendida por González Amador supone un ataque a la libertad de expresión, la libertad de información y la independencia profesional, y han avanzado que la legislación europea "contempla mecanismos" para archivar "de manera acelerada" este tipo de acciones legales.

La querella, que se extiende también a Radio Televisión Española (RTVE) y a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo, participantes en el programa La Noche en 24 horas emitido el 26 de noviembre, se basa en que durante el mismo se calificó a la pareja de Ayuso como "defraudador confeso".

Según relató el propio Fortes en su petición de amparo, el pasado jueves 5 de diciembre recibió un burofax del abogado de González Amador en el que se le comunicó un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias, así como la petición de una rectificación, una declaración expresa de que no volvería a utilizar esa expresión y una indemnización de 5.000 euros.

La federación de periodistas ha decidido conceder el amparo al presentador y ha valorado que la querella, "además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, tiene un carácter directamente intimidatorio y de presión". "La FAPE reprueba taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información, al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo", ha escrito la federación.

Asimismo, la institución ha considerado que la acción legal es "opuesta" a la nueva legislación europea de abril de 2024 en materia de litigio estratégico contra la participación pública (SLAPP), que se refiere a las "acciones judiciales abusivas" destinadas a silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública, así como al artículo 20 de la Constitución Española, sobre libertad de expresión e información.

"Desde la FAPE consideramos que la Justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan", ha concluido la federación. 

El PSOE; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez, y varios ministros y dirigentes socialistas han presentado este viernes una demanda de conciliación contra el supuesto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, como paso previo a la interposición de una querella por delitos de injurias y calumnias.

La solicitud, a la que ha tenido acceso EFE, se presenta además en nombre del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe de gabinete, Carlos Moreno; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En el escrito, dirigido al juzgado de primera instancia de Madrid al que por reparto le corresponda, se reproducen varios fragmentos de la declaración prestada ayer por De Aldama a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo y en la que habló, entre otras cosas, de pagos a varios miembros de la formación.

La demanda señala que las manifestaciones de De Aldama ante el juez "son absolutamente falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas" y "atentan gravemente" contra el honor de los demandantes, del Gobierno en su conjunto y del propio partido socialista.

Los demandantes consideran que se trata de manifestaciones "premeditadas, torticeras y efectuadas con fines absolutamente espurios y evidente finalidad política" y desconocen "si obedecen a intereses exclusivamente propios o también de terceros, así como si se han efectuado 'motu propio' o a cambio de precio, recompensa o promesa".

Para el PSOE y el resto de los demandantes, el hecho de que esas manifestaciones las haya hecho un investigado en un procedimiento penal no supone que "puedan ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa". Por el contrario entienden que pueden constituir delitos de injurias y calumnias contra autoridades en el ejercicio de sus cargos y contra el Gobierno de la nación.

En su declaración del jueves ante el juez Moreno, De Aldama dijo haber pagado 400.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 250.000 a su exasesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También Koldo García, según la versión del comisionista, habría pedido 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, pero De Aldama se negó.

Además el empresario afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor del viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020 y que de hecho había prevista una cena con él y gran parte de sus ministros.

De Aldama abandonó el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el que permanecía en prisión preventiva en relación con otra investigación judicial, la relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos. 

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recibido una notificación de querella por parte de la pareja de la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por unas declaraciones en Telemadrid en las que afirmó de él que es "un delincuente" porque supuestamente ha defraudado a Hacienda, han informado fuentes del partido.

En una misiva de un despacho de abogados fechada este jueves, la representación de González Amador explica que el miércoles el afectado presentó una demanda de conciliación en relación con unas manifestaciones de Bergerot en un programa de Telemadrid.

Después de recibir la carta de la abogada, la portavoz ha escrito en la red social X: "Acabo de recibir una querella del novio de Ayuso y pretende pedirme 20.000 euros. Una querella para intentar silenciarnos, para que no digamos lo que sabe ya toda España. Señor Amador: ya tiene mucha tarea en los juzgados como para andarse querellando. Ojo con Quirón".

La abogada de González Amador pide a Bergerot que acuda al mismo programa de Telemadrid "para retractarse públicamente de las manifestaciones vertidas" vinculadas con la pareja de Ayuso, que elimine el mensaje publicado en X y que publique en redes sociales un mensaje "retractándose de dichas manifestaciones".

Según la misiva de esta letrada, Bergerot escribió el miércoles en X: “El novio de la presidenta es un delincuente, él mismo lo ha confesado, y hoy se lo he dejado claro a esta tertuliana en Telemadrid. Embolsarse 2 millones de euros, defraudar 350.000 € a Hacienda, desgravarse Rólex y viajes con Ayuso no es de ser un ciudadano ejemplar”.

También requiere a la portavoz de Más Madrid para que "no vuelva a protagonizar hechos análogos en el futuro difundiendo públicamente informaciones falsas y/o manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas vinculadas a D. Alberto González Amador".

Este miércoles La Ser informó de que la pareja de Ayuso intentó desgravarse en su empresa gastos personales, como un reloj, la reparación de un coche, la compra de un saxofón, de pelotas de pádel o cosméticos, y gastos de sus vacaciones con Ayuso, de los que pidió en 2021 deducirse fiscalmente el coste del alquiler de dos vehículos en Zagreb y Creta en un viaje vacacional con su pareja. Además, la cadena informa de que la presidenta madrileña reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos de salida y llegada de ese viaje privado y vacacional.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes una demanda en los juzgados contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por referirse a él como un "delincuente confeso". Los abogados del empresario reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro en sus demandas, presentadas como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes de la defensa.

Con esta actuación, la pareja de la presidenta madrileña continúa la ofensiva judicial emprendida contra varios ministros por declaraciones en relación al pacto que ofreció su defensa a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales y evitar así ir a juicio.

En este caso, la defensa del empresario considera que unas declaraciones del presidente del Gobierno y del ministro Bolaños vulneraron sus derechos fundamentales y, con su demanda de conciliación, busca que se retracten públicamente.

Se refiere, en concreto, a una comparecencia del jefe del Ejecutivo en Bruselas, en la que respaldó al fiscal general del Estado tras abrirle causa en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos del procedimiento que se dirige contra la pareja de Ayuso en un juzgado de Madrid. Sánchez defendió que el fiscal general "ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente" y se refirió a González como "un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia".

Un día antes, el pasado miércoles, el ministro Bolaños también defendió al fiscal general en una comparecencia desde el Congreso, en la que indicó: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".

A principios del pasado mes de febrero, el abogado de González propuso un pacto a la Fiscalía en el que aceptaba "íntegramente" la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y proponía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio.

Actualmente, el novio de la presidenta madrileña está imputado por un juzgado de Madrid junto a cuatro empresarios en una causa en la que se investiga un posible fraude de 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer por la entidad Maxwell Cremona S,L., de la que González Amador es administrador.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 720 euros que se le impuso por un delito de injurias al hombre que animó en Twitter a cortar el cuello al rey Felipe VI después de que el monarca pronunciase su discurso televisivo sobre la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, según informa Europa Press.

Así, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de apelación que presentó el hombre contra la decisión del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional de condenarle. Según el tribunal, el contenido del mensaje publicado en la red social "se limita al insulto y a la invitación a matar al rey, lo que no puede quedar amparado en la libertad de expresión invocada".

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han explicado que "no puede haber libertad de expresión cuando 'se supera la barrera del límite de la mera crítica', y en este caso se supera con creces".

La Sala de lo Penal ha respondido de esta forma al recurso que presentó el hombre, quien alegó que tanto la acusación de la Fiscalía como la sentencia se centraban en la expresión "hijo de puta" -que se considera un delito de injurias a la Corona- y no en la de "cortémosle el cuello", que en todo caso formaría parte de un delito de amenazas, pero no del de injurias por el que fue condenado.

Los magistrados, sin embargo, han considerado que "no cabe aceptar esa interpretación reduccionista", dado que la expresión completa contiene un insulto -"hijo de puta"- que se acompaña de otras -"cortémosle el cuello" y "estamos tardando"- y "debe valorarse junto con la anterior".

Según el tribunal, "lo que se deduce del propio tenor literal no es el mero insulto fácil sin ninguna intencionalidad más allá de una explosión momentánea de enfado, ira o rechazo con lo que representa el rey, sino una actitud de desprecio a la persona, porque nada se dice ni se critica acerca de las palabras pronunciadas sobre la pandemia en el discurso que motivó aquella reacción". Ello, además de "una invitación o incitación social al empleo de la violencia (cortémosle el cuello) que no cabe justificar al amparo de la defensa de ningún tipo de ideas políticas o ideológicas, ausentes por otro lado de su mensaje".

En este sentido, la Audiencia Nacional ha incidido en que el hombre reconoció los hechos declarados probados por los que se le condenó; es decir, que publicó un tuit en catalán en el que decía: "Cortémosle el cuello a este hijo de puta, estamos tardando".

Así, ha señalado en que "no se cuestiona ni la autoría ni la realidad de los mensajes publicados en la red social" en la que le seguían 168 personas y permanecía activo desde enero de 2014.

En su recurso, el acusado hizo hincapié en el número de seguidores que tenía, señalando que eran "poco más de cien seguidores". Los magistrados, sin embargo, han indicado que aunque "carece de cualquier relevancia penal" en este caso, "no cabe duda que su plasmación en una red social multiplica la difusión del mensaje, máxime si se publica en abierto, es decir, de libre acceso a cualquier internauta".

Así las cosas, la Audiencia Nacional ha considerado que el hecho de que publicara el mensaje en la red social sirve "para valorar la gravedad de la conducta y la intencionalidad de querer que llegue al mayor número de personas posible".

En siete folios, además, la Sala de lo Penal ha recordado que -tal y como señaló el Tribunal Constitucional- "la libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional".

En este sentido, los magistrados han subrayado que "quedan fuera" de la protección constitucional "las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas"; es decir, las que "en las concretas circunstancias del caso sean ofensivas u oprobiosas".

La Fiscalía de Madrid investiga si el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió un delito de injurias contra el juez a cargo del denominado "caso Dina", Manuel García Castellón, al llamarle "prevaricador" y "mediocre" el pasado abril.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía de Madrid recibió la semana pasada de la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito que recoge los hechos para determinar si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias. Hasta ahora ni se ha adoptado una decisión ni se han practicado diligencias, según han indicado las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes han precisado que desde la FGE, dirigida por Dolores Delgado, se remitió la comunicación a la delegación de Madrid al considerar que es la competente para estudiar el caso, dado que es donde presta servicio García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, tal y como ha publicado El Mundo.

Este juez estuvo a cargo del denominado "caso Dina", que es la pieza número 10 del "caso Villarejo", donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que a Dina Bousselham —exasesora de Iglesias— le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado en la prensa.

Las declaraciones de Iglesias que ahora tiene sobre la mesa la Fiscalía de Madrid tuvieron lugar el pasado 19 de abril en el marco de la presentación de su libro, editado por el periodista Aitor Riveiro, sobre varias entrevistas con el exlíder de Podemos, según ha publicado El Confidencial.

El exvicepresidente aseguró que el magistrado no había logrado su objetivo de terminar con él. "La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador", dijo Iglesias.

Ahora, el Ministerio Público resolverá si dichas palabras constituyen o no un delito contra el juez instructor.

El PSOE ha votado este miércoles junto a ERC, Bildu, PNV, Izquierda Confederal y Junts en el Senado una proposición de ley para modificar el Código Penal con el fin de despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, como la quema de banderas, a pesar de que en el Pleno no lo haya defendido, por lo que ha quedado aprobada su toma en consideración, según informa Europa Press.

Finalmente, el Senado ha tomado en consideración la propuesta presentada por Esquerra Republicana y EH Bildu con 145 síes. Han votado no 111 senadores, entre ellos los de PP, Ciudadanos y Vox.

El PSOE ha cambiado de opinión ya que por la mañana, el senador del PSOE Artemi Vicent Rallo, durante su intervención ha calificado de "ventajista" el debate. Según él, hay que garantizar, "por supuesto", las críticas a cualquier poder, pero ha dicho que esta proposición de ley estaba fuera del debate de los socialistas, pues lo que buscan sus promotores es eliminar la Corona.

"El propósito de ERC hoy es traer al Senado el debate sobre la legitimidad de la monarquía en el sistema constitucional, un debate ventajista, porque aprovecha este momento", de polémica por las conductas de Juan Carlos I, "para confrontar con la derecha", ha señalado el senador socialista.

El Tribunal Constitucional de Bélgica ha considerado este jueves inconstitucional la ley belga que persigue los insultos al rey al considerar que colisiona con la libertad de expresión, en un pronunciamiento que responde a una duda presentada por el tribunal que debe resolver la extradición del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, informa Europa Press. 

El alto tribunal se ha pronunciado en este sentido ante la cuestión prejudicial presentada por el tribunal de Gante que en septiembre de 2020 elevó la cuestión antes de tomar una decisión sobre su entrega a España, alegando que Bélgica cuenta con una norma del siglo XIX que castiga las ofensas al monarca.

Ahora el Constitucional belga ha señalado que la ley belga sobre delitos contra la Corona que data de 1847 es incompatible con la protección constitucional a la libertad de expresión y afirma que la normativa "no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey".

Una vez conocida la opinión del Constitucional, el caso de Valtònyc encara su fase final y las partes están citadas el 23 de noviembre para tomar una decisión sobre su entrega a la Justicia española, que le reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

El cantante huyó de España en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por el tribunal Supremo. Su entrega ya fue rechazada por la Justicia belga en primera instancia hace tres años.

El juez de lo Penal número 20 de Madrid ha absuelto al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, del delito de injurias a la Policía Municipal de Madrid del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid y los sindicatos policiales a raíz de las manifestaciones vertidas contra la Policía Municipal de Madrid el 15 de marzo de 2018 tras la muerte del mantero Mame Mbaye en Lavapiés, informa Europa Press.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez condena solo a Alfonso L. P., uno de los tres acusados en el procedimiento penal. Se le pena al pago de una multa de 2.100 euros por un delito de injurias graves a la Policía Municipal.

En cambio, se absuelve a Asunción G. R. y a Malick G. del delito de injurias. En el primero de los casos por unos comentarios aparecidos en Facebook y en el segundo, por unas declaraciones a un medio de comunicación, al diario '20minutos' efectuadas en su condición de portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

En el juicio, Malick defendió legitimidad de la crítica y la denuncia frente al "racismo institucional", algo que desde este colectivo llevan haciendo los últimos años debido a "las persecuciones policiales" que sufren en las calles de la capital. "Mi labor es denunciar el racismo institucional", aseveró.

La muerte del mantero por un infarto sobrevino tras una persecución policial que se produjo después de un control contra el 'top manta', lo que provocó fuertes disturbios en Lavapiés. La autopsia confirmó que sufrió un infarto de miocardio que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

En los informes finales, el fiscal rebajó su solicitud de condena respecto a Gueye para que pagara una multa de 1.920 euros frente a los 5.800 euros que pedía por un delito de injurias a la Policía. La rebaja se produjo ante la carencia de medios económicos del acusado debido a que la multa debe ser proporcional a sus posibilidades.

En la sentencia, el juez señala que la entrevista que concedió Malick la hizo en calidad de portavoz de los manteros y en unos momentos en los que había versiones diferentes sobre lo ocurrido que discrepaban sobre "si el fallecido escapaba o no de una intervención policial represiva de la venta ambulante".

En dicha entrevista, según consta en la sentencia, se denunciaba "la situación en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular en el barrio de Lavapiés".

Ante ello, el juez concluye que "no puede afirmarse su intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal, prevalente sobre la de criticar la política de extranjería en la medida en la que da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social, cuando no de actividades delictivas".

El magistrado recalca que la entrevisto la dio en calidad de portavoz de "un colectivo que entiende conducido a la marginalidad" y que "denuncia dicha situación". "Desde luego la situación de los extranjeros irregulares en nuestro país puede ser objeto de crítica. La propia denominación de 'ilegales' atenta contra la dignidad de estas personas", subraya el juez.

Encaja lo dicho en su ejercicio de libertad de expresión y por tanto asevera que cabe admitir su crítica de que se prive "a tales personas de los derechos que les son inherentes a su dignidad, especialmente de la posibilidad de obtener medios para su subsistencia, lo que les condena a la marginalidad, a la explotación de terceras personas y en algunas ocasiones a la actividad delictiva".

Concluye que sus manifestaciones hay que encuadrarlas en "un contexto de mensaje de denuncia de la realidad social de un grupo de personas, que entiende se les condena a la marginalidad siendo el objeto de su crítica el comportamiento de las autoridades y su insensibilidad ante dicha situación".

Añade que dicha crítica puede o no ser compartida pero se ejerce en el marco de su libertad de expresión, "suponiendo su sanción penal una injerencia en dicho derecho que vulneraría su contenido a la vista de los cánones interpretativos de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional.

No es opinión 

En cambio, el juez considera a Alfonso L.P. responsable del delito de injurias graves porque lo expresado en el tuit no es una opinión, sino un hecho, "al informarse, supuestamente, de un asesinato y de su autoría".

Además, llama la atención en que el acusado es un periodista "y su cuenta en la red social era seguida, un mes después de los hechos, por 56.800 seguidores, siendo perfectamente conocedor de las exigencias de veracidad de la información".

El juez cita las alusiones que hizo a la comisión de un asesinato por parte de la policía, lo que considera algo objetivamente "injurioso o vejatorio, incluso calumnioso de identificarse un autor concreto, a salvo de que tal información resulte veraz", lo que no es el caso".

También señala que "la información no es veraz y se expresa con temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto su gravedad". "El propio contenido de las expresiones y la ausencia de cualquier actividad para verificar la información que se facilita, revela un ánimo de injuriar a la Policía que prevalece sobre el de criticar o denunciar la situación de los manteros", recoge el fallo judicial.

"Los mensajes vertidos no encuentran amparo en el ejercicio de la libertad de expresión. Se ha producido un exceso en dicho ejercicio, en cuanto se atenta contra la dignidad, crédito, fama o prestigio de la Policía Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias específicas a los agentes que hipotéticamente pudieron perseguir al acusado, considerándola autora de un asesinato", agrega.

"Incitación al odio"

En la causa penal estuvo imputada Rommy Arce por incitación al odio en relación a unos mensajes escritos el mismo día en el que murió el ciudadano senegalés. La causa arrancó a instancias de dos querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policías Municipales.

En abril de 2018, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid acordó imputar por injurias a Rommy Arce, al portavoz del sindicato de manteros y a otras dos personas anónimas por los tuits contra la Policía Municipal. En cambio, archivó la denuncia por delito de odio contra ella, contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ycontra el Partido Comunista e Izquierda Unida como solicitó el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM).

En octubre de 2019, la Audiencia de Madrid acordó archivar las actuaciones penales respecto a la entonces edil madrileña al estimar un recurso de apelación presentado por su defensa. La impugnación se dirigía contra el auto dictado por la juez María Dolores Baeza que daba el último paso para sentar en el banquillo a Arce; a Malick Gueye; a Alfonso L.; y a Asunción G. R.

El historiador y autor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio, Carlos Babío, será juzgado este miércoles en Madrid por un supuesto delito de injurias continuado contra los Franco en lo que el BNG y él mismo consideran un "auténtico esperpento" y "el mundo al revés". El también integrante de la formación nacionalista ha advertido: "No nos van a amedrentar", según informa Europa Press. 

"Se va a juzgar a un demócrata por decir en pleno siglo XXI que Franco era un dictador y parte de los bienes de la familia Franco los obtuvieron por la vía del robo, como está acreditado en el caso de Meirás", ha señalado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa tras mantener un encuentro con el propio Babío, también miembro del BNG.

Pontón ha trasladado el "apoyo y reconocimiento" a Carlos Babío, que es una "figura central del movimiento de lucha para la recuperación de la memoria histórica" y que "hizo la base" que ha permitido luego iniciar los procesos judiciales para la recuperación para lo público del Pazo de Meirás.

"Detrás de este ataque director de la familia Franco a Babío, hay un intento de amedrentar y silenciar las voces que tratan de decir lo que pasó en el franquismo", ha advertido Ana Pontón, quien ha señalado que "van a conseguir justamente todo lo contrario".

De hecho, la portavoz nacional del BNG avisa de que "no es casual" que estos "ataques" se "centren en una persona como Carlos Babío", porque Galicia "es la punta de lanza de la lucha contra las mentiras del franquismo". Por ello, este tipo de denuncias, ha dicho, solo servirán para darles "más ánimos" para que "haya justicia y reparación" en este país y "realmente se llegue a un momento en que se acaben con todos esos pozos negros de una transición mal hecha".

La portavoz nacional del Bloque ha apuntado que este juicio "no debería ni iniciarse", pero ha querido reiterar "todo el apoyo del BNG y de la sociedad gallega que está trabajando por la memoria histórica". Así, se mostró segura de que Babío acude "con absoluta tranquilidad, con la que se va cuando uno va con la verdad por delante".

"Esperpento" y "no amedrentar"

El historiador también ha denunciado este martes el "esperpento" que, en su opinión, supone este juicio por supuestos delitos contra el honor, injurias y calumnias contra el dictador Franco.

Babío recuerda que por la vía penal la denuncia ya fue archivada y ahora se ha tramitado por lo civil. Los delitos de los que se le acusa están relacionados con hechos del año 41, dijo, por lo que lo que se remontan a la dictadura, la cual, recuerda, se caracteriza por "propaganda". "El fascismo se llamaba franquismo", ha dicho, en España.

Además, se ha preguntado cuál sería la postura si se juzgase por injurias contra Hitler o Mussolini en Alemania o Italia. "El mundo al revés", ha incidido, para advertir de que no se trata de un juicio contra él, sino "a una sociedad democrática que quiere que avance".

"La intención final es amedrentar a una sociedad. No lo van a conseguir", ha sentenciado.

El Gobierno ha garantizado que la reforma del Código Penal se hará con "el máximo consenso parlamentario" y en función de "las necesidades de una sociedad democrática", sabiendo que cuando sus valores y principios cambian, también debe hacerlo la norma.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, recogida por Europa Press, el Ejecutivo señala que "los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del derecho penal, basados en las necesidades de una sociedad democrática".

No obstante, ha afirmado que "el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social y que cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar la propia norma".

Así ha contestado Moncloa a una pregunta formulada por Vox el pasado mes de diciembre, en la que exigió saber "qué artículos del Código Penal español considera el ministro de Justicia que tienen que ser revisados y reformados".

Recelos de Vox

Los de Santiago Abascal plantearon esta cuestión en el contexto del debate sobre la reforma de los delitos de rebelión y sedición a raíz de la sentencia del procès.

"No puede entenderse que en un Estado democrático y de Derecho, como el nuestro, desde el Ejecutivo se adopten decisiones que revistan tanta importancia , como la reforma de tipos delictivos, solo porque se haya dado una sentencia que afecte a simpatizantes del Gobierno", defendió Vox.

Además de la rebelión y la sedición, el Gobierno anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la corona para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de abrir diligencias de investigación contra el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y las líderes del BNG y Adelante Andalucía, Ana Pontón y Teresa Rodríguez, respectivamente, ha vuelto a agitar el tablero político y jurídico alrededor de los límites a la libertad de expresión en cuestiones que toquen de lleno a la monarquía. El asunto no es nuevo, viene de lejos. Sin embargo, el debate se ha intensificado en los últimos años. No es de extrañar. La actividad del Ministerio Público relacionada con el delito de injurias contra la Corona se ha ido incrementando ejercicio tras ejercicio. Si en 2013, 2014, 2015 y 2016 la Fiscalía abría anualmente menos de una decena de diligencias de investigación, en 2017 y 2018 estas cifras llegaron a superar ampliamente la veintena y la treintena, respectivamente. No obstante, más de la mitad de dichas pesquisas centradas en la protección especial de la que goza el jefe del Estado, ampliamente cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los constitucionalistas, suelen acabar guardadas en un cajón y no llegan a ser judicializadas.

El artículo 490 del Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a dos años o multas –en función de la gravedad– para todos aquellos que calumnien o injurien al rey, a la reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Este tipo penal supone, anualmente, un porcentaje residual de la actividad del Ministerio Público. Pero eso no quiere decir que cada año no se ponga la lupa sobre duros comentarios relativos a la institución o al jefe del Estado lanzados en redes sociales, medios de comunicación, actos públicos e, incluso, letras de canciones. En los últimos seis años de los que se tienen datos, la Fiscalía ha incoado 74 diligencias de investigación por un delito de injurias contra la Corona. En 2013 y en 2014 fueron cuatro por ejercicio, de las que dos se archivaron y dos se judicializaron en ambos casos. En 2015, se redujeron a dos, de las que la mitad terminaron en la papelera y la otra mitad en los tribunales. Y en 2016 la cifra se situó en seis, de las que, de nuevo, tres no tuvieron recorrido y tres sí.

Pero en los dos ejercicios posteriores los datos se dispararon. En 2017, año en el que la Audiencia Nacional condenó al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel por un delito de injurias y calumnias graves a la Corona y otro de enaltecimiento del terrorismo, el Ministerio Público inició nada menos que 26 diligencias de investigación, si bien en este caso el informe anual de la Fiscalía no detalla cuántas de ellas se pusieron sobre la mesa de un juez. Y en 2018, un ejercicio muy marcado por el avance independentista en Cataluña, el número de procedimientos escaló hasta los 32. Sin embargo, en este último año ninguna de las diligencias terminó judicializándose. El Ministerio Público dio carpetazo absolutamente a todas al entender, con la doctrina de Estrasburgo en la mano, que los hechos se enmarcaban “en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución de la monarquía”. Por tanto, de las 74 diligencias incoadas, al menos cuarenta –a falta de conocer cuál fue el recorrido de las de 2017– terminaron quedándose en nada. Es decir, el 54%.

La existencia del delito de injurias a la Corona lleva años siendo ampliamente criticada por los juristas al entender que en base a este tipo penal se están restringiendo derechos fundamentales. “Los cargos públicos deben poder ser objeto de crítica aunque esta sea dura”, apunta en conversación con infoLibre José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. El experto entiende que el ordenamiento jurídico trate de cubrir “el honor o la honra” del monarca. Sin embargo, no comparte la interpretación restrictiva que se hace de este tipo penal. “No es de recibo que el Ministerio Fiscal lo haga de tal manera que se ponga en peligro la libertad de expresión”, sostiene Morales. Y menos, dice, cuando los afectados son cargos públicos, que deberían gozar de “un plus añadido” de protección por los comentarios realizados. Por tanto, el catedrático de Derecho Constitucional sólo ve dos soluciones. O se aclara el citado precepto del Código Penal o se elimina del ordenamiento jurídico. “No tiene sentido que se proteja de esta manera y se lamine la posibilidad de expresar opiniones”, dice.

Varapalos desde Estrasburgo

Coincide con él su homólogo en la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós. “La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que si bien la legislación puede proteger la figura del jefe del Estado, no puede hacerlo hasta el extremo de reducir la libertad de expresión”, explica el jurista, que añade que una cosa es “denigrar o desprestigiar a la persona y otra muy diferente es la crítica política”. Para el experto, si se siguiese la línea marcada desde Estrasburgo y las actuaciones no se centraran en “blindar a la Corona”, sería suficiente. “Pero tal y como van las cosas, quizá haya que eliminarlo del Código Penal”, completa. También en la jurisprudencia europea pone el foco Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, que recuerda que el TEDH ha dejado claro en varias sentencias que la protección especial de la figura de la Corona no se ajusta “al espíritu” del Convenio Internacional de los Derechos Humanos. “Por lo tanto, la existencia, todavía, de este tipo penal contradice la jurisprudencia que España está obligada a cumplir”, sostiene.

En los últimos años, varios han sido los tirones de orejas que han llegado desde suelo francés por esta cuestión. Uno de los más destacados fue la sentencia de Estrasburgo de marzo de 2011 que derribaba la condena de un año de prisión que el Supremo había puesto al entonces dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, por haber llamado durante una rueda de prensa al ahora rey emérito, Juan Carlos de Borbón, “jefe de los torturadores” al calor de las denuncias de torturas realizadas por quien fuera director del diario Egunkaria. En su fallo, el TEDH resaltó que el político se había expresado en calidad de portavoz de un grupo parlamentario y enmarcó las declaraciones en el debate sobre cuestiones de interés público. Además, señalaba que el artículo 490.3 concede un nivel de protección más elevado que al resto de personas o instituciones. En este sentido, hay que recordar que el régimen común de la injuria que afecta a todos los ciudadanos no contempla penas de prisión. El único reproche es la multa.

En la sentencia sobre Otegi, Estrasburgo sostenía que “una mayor protección otorgada por una ley especial respecto de las ofensas” no se ajusta, en principio, al “espíritu” del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y sobre esto mismo volvió a insistir en marzo de 2018 en una sentencia que versaba sobre la quema de fotografías del rey. “El interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado no puede justificar que se le otorgue a este último un privilegio o una protección especial con respecto al derecho de informar y de expresar opiniones que le conciernen”, sostenía el fallo, que tumbaba la sentencia de quince meses de cárcel –posteriormente sustituida por multa– que la Audiencia Nacional había impuesto a dos independentistas catalanes y cuyo recurso el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite. En la resolución, Estrasburgo aseveraba que la libertad de expresión, si bien no es ilimitada, cubre no sólo las informaciones o ideas “acogidas favorablemente” sino también aquellas que “hieren, ofenden o importunan”.

Políticos, músicos, dibujantes...

Nadie se salva de la lupa de la justicia en lo referente a las injurias a la Corona. Da igual si ostenta un cargo público, si es un artista o si se trata de un ciudadano desconocido. Una de las sentencias más polémicas fue la que condenó a dos dibujantes de la revista satírica El Jueves por la famosa portada secuestrada en la que se podía ver a los príncipes de Asturias manteniendo relaciones sexuales. El juez consideró que la imagen buscaba “atacar” el “prestigio” de la institución y tildar al entonces heredero al trono “de vago y, por ende, codicioso”. Dos años después, le tocó el turno al alcalde de la localidad gaditana de Puerto Real, José Antonio Barroso, por llamar “corrupto” e “hijo de crápula” a Juan Carlos de Borbón. Una Corona contra la que también cargaron en sus canciones, y por ello fueron sentenciados, raperos como Rivas Leyva, Valtonyc o Pablo Hasel o grupos musicales como Ardor de Estómago. Hasta particulares se han visto afectados. En 2018, la Audiencia Nacional condenó a un hombre a pagar 900 euros de multa por llamar al emérito “corrupto mal parido” en su perfil de la red social Facebook.

Los comentarios realizados ahora por los dirigentes de ERC, BNG y Adelante Andalucía se enmarcan dentro de la enorme crisis institucional generada por los negocios y la fortuna que el rey emérito mantuvo oculta durante años en el extranjero. En concreto, la denuncia presentada ante el Ministerio Público por la recién creada asociación Concordia Real Española pone el acento en frases como “los Borbones son una organización criminal”, “no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción” o “[la monarquía] es corrupta hasta el tuétano”. La apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía ha terminado por trasladar esta cuestión al tablero político. Este martes, el grupo parlamentario de ERC ha registrado en la Cámara Baja una proposición de ley que contempla la derogación de los artículos del Código Penal relativos al delito de injurias a la Corona. El objetivo es “superar” las “censuras”. No es la primera vez que lo intentan. Desde 2008 llevan registrando en el Parlamento iniciativas similares.

Un cambio legislativo por el que también se apuesta desde Unidas Podemos, que ha anunciado iniciativas similares. La formación liderada por Pablo Iglesias ya prometía en su programa electoral para las elecciones del pasado mes de noviembre poner fin a las “leyes mordaza” y a los “delitos medievales” de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona. Sin embargo, estas cuestiones se quedaron fuera del programa de Gobierno acordado con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el pasado mes de julio el Ejecutivo comunicó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el documento de respuestas y observaciones relacionado con el examen periódico anual, que tenía intención de “llevar a cabo una revisión” de estos tipos penales. España aceptaba así la recomendación de Bélgica para “garantizar la libertad de expresión y opinión”. Un derecho que es sagrado en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde no existe una protección especial para el jefe del Estado. O Francia, que derogó este delito en 2013 tras una sentencia de Estrasburgo. En España, seguirá aún como asignatura pendiente.

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado al director del programa de TV3 Està passant, Toni Soler, y a dos de sus colaboradores por un presunto delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por un gag en el que se refirieron a agentes de los Mossos d'Esquadra como "putos perros".

En el escrito de denuncia, recogido por Europa Press, la Fiscalía recoge el diálogo del gag del programa emitido el 16 de octubre de 2019, en el que participaron Soler y los dos colaboradores denunciados, Magí Garcia y Jair Domínguez, emitido en medio de una semana marcada por las protestas y altercados por la sentencia del 1-O.

El fiscal ha presentado la denuncia por un delito contra las instituciones del Estado en su modalidad de injurias graves a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad al juzgado en funciones de guardia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y contempla como responsable civil subsidiaria a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

La denuncia recoge el diálogo entre los colaboradores del Soler en el que aparecen imágenes de perros con la gorra con insignia de policía y con un casco y lanzadora de foam, y se refieren a ellos como "putos perros estos de mierda".

Fuentes de la CCMA han asegurado a Europa Press que no han recibido notificación, y han recordado que la presidenta en funciones de la corporación, Núria Llorach, afirmó en comisión parlamentaria que Està passant "es un programa de humor y el gag se tiene que entender en este contexto".

Toni Soler ya pidió disculpas en directo desde el mismo programa y admitió que se equivocaron con el gag al usar "analogías y ciertas expresiones poco afortunadas", si bien defendió que era un contenido humorístico y la libertad de expresión.

Apertura de diligencias

La Fiscalía abrió a finales de octubre diligencias de investigación tras admitir la denuncia de la Trisindical de los Mossos –formada por los sindicatos SPC, SME y CAT– y la asociación de mandos policiales Copcat.

En su escrito, la Trisindical detallaba que el programa mostró imágenes de perros con objetos como una gorra policial, un casco o una lanzadora de proyectiles viscoelasticos –foam–, "instrumento de defensa utilizado exclusivamente por agentes de Mossos d'Esquadra de la Brimo".

El abogado José Manuel Calvente, que ha sido despedido esta semana por Podemos, ha anunciado que va a interponer una querella criminal por calumnias contra el partido liderado por Pablo Iglesias, por difundir que el motivo de su cese es una denuncia por acoso sexual y laboral a una trabajadora, según informa Europa Press.

En un comunicado que el letrado ha emitido este jueves, tras hacerse público su despido, Calvente asegura que "es rotundamente falso" que se le haya abierto un expediente por acoso sexual y laboral y que este sea el motivo de su despido.

No fue alegado como motivo de despido

"No ha existido ningún expediente ni investigación de ningún tipo contra mi persona en todos los años que llevo trabajando para Podemos. Ni tan siquiera ha sido alegado como motivo de despido", ha sentenciado.

En este sentido, asegura que estas "difamaciones obedecen a un ánimo de venganza desde que se tuvo conocimiento de las investigaciones que estaba realizando" dentro del partido sobre miembros de la cúpula, y que denunció su compañera, la abogada Mónica Carmona, en una carta remitida a la dirección estatal.

En esa misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, Carmona denunciaba que la dirección de Podemos había decidido prescindir de ambos letrados como "un grave acto de represalia y posibles coacciones" por estar investigando "graves irregularidades" en los asuntos de los que eran responsables, que afectarían, según señalan, a varios cargos internos.

Calvente menciona en concreto al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, y a la portavoz adjunta en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Ione Belarra. "Existen pruebas documentales que implican directamente además a Ione Belarra de este complot para desacreditarme", afirma.

El periodista y eurodiputado electo de Vox, Hermann Tertsch ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora a indemnizar con 15.000 euros a Francisco Javier Iglesias, padre del líder de Podemos, Pablo Iglesias, por un delito de "intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" después de que éste denunciara un tuit en el que se le acusaba de participar en el asesinato de un policía en 1973.

Los hechos se remontan al pasado 5 de marzo de 2018, cuando Tertsch escribía en Twitter un mensaje en el que afirmada: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

Francisco Javier Iglesias denunció al ahora eurodiputado electo, según publica La Opinión-El Correo de Zamora, ante los tribunales de la ciudad del Duero.

El fallo impone una indemnización de 15.000 euros a favor del padre del líder de Podemos con imposición de costas, además de la publicación de la sentencia en el perfil de Tertsch en la misma red social y la eliminación de los tuits y todo su rastro en los buscadores de Internet.

La Fiscalía de Madrid ha pedido una multa de 5.760 euros para, la aún concejala matritense, Rommy Arce, y para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a unas declaraciones tras la muerte del mantero Mame Mbaye, el 15 de marzo de 2018, según informa Euroa Press.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal ha remarcado que, tanto el informe del Samur que atendió a Mbaye ese día, como el informe del levantamiento del cadáver realizado por el médico forense, indican que la causa de la muerte fue natural, debida a una parada cardiorrespiratoria, "sin que se apreciaran lesiones traumáticas". En la misma línea, el informe forense determinó que la muerte del mantero fue natural, sin intervención de terceras personas, siendo la causa meditada del fallecimiento, la arritmia cardiaca ventricular con fibrilación auricular refractaria al tratamiento; y, la causa fundamental de la muerte, una miocardiopatía arritmogénica.

La edil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día, decía: "Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". Y otros dos el día 17 de marzo: "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios" y "El portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial".

Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario 20minutos en la que afirmó que llevaban tres años "denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame". "Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle, metiéndole los dedos en la boca para que no se mordiera la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió", dijo, entre otras cuestiones.

El Ministerio fiscal recalca que los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron "el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red, que se vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser los responsables de la muerte del ciudadano senegalés y con evidente desprecio a lo realmente sucedido".

Por todo ello, pide al juez imponer a los dos acusados la pena de 16 meses de multa a razón de 12 euros diarios, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. No obstante, solicita el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.

Investigación judicial concluida

El juez de Instrucción número 12 de Madrid concluyó en febrero la investigación sobre este caso, que lleva la magistrada María Dolores Baeza. Entonces, dio traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formularan escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa. Sobre Arce, la jueza determinó que "concurren bastantes indicios para acordar la continuación del procedimiento y que, por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal".

La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación, tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policía Municipal.

La juez narra que, tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, "se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal".Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves "no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión".

"En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o critica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal", reseñó. "En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicho muerte a agentes de Policía Municipal, ni, por tanto, el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo", zanjó.

El Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar el Código Penal y revisar o derogar delitos como las injurias a la Corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo, informa Europa Press.

La toma en consideración ha sido respaldada por el PSOE, Esquerra (ERC), PNV, PDeCAT y Compromís, además del grupo autor de la propuesta, mientras que PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra ya que consideran que es otro "peaje" más que tienen que pagar los socialistas a aquellos partidos que apoyaron la moción de censura.

La iniciativa ha sido defendida por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, quien considera que los artículos contemplados en el Código Penal relacionados con las injurias a la Corona y otras instituciones, el ultraje a España, la ofensa a sentimientos religiosos e incluso el enaltecimiento del terrorismo están "obsoletos" y son "ambiguos". Asimismo, ha asegurado que se debe tener en cuenta las resoluciones de organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"En nuestro Código Penal existía hace 15 años y no había tantos casos como hoy. ¿Por qué es más fácil entrar hoy en juicio y ser sancionado, incluso penalmente, por criticar la imagen de Cristo que hace 15 años?", ha planteado Garzón.

Debate sobre los límites de la libertad de expresión

Por su parte, el PSOE ha defendido la necesidad de estudiar esta posible modificación legal porque "en la sociedad existe un debate abierto sobre los límites de la libertad de expresión". Además, ha señalado que en la actual ley hay "imprecisiones" que provocan "titubeos judiciales", como es el caso del artículo 510, que regula los delitos de odio, "parece excesivo y desproporcionado" y por ello "casi no se aplica".

Aún así, ha advertido a Podemos de que se va a hacer un examen con "rigor" y que, por ello, se van a presentar las enmiendas necesarias para realizar una "actualización y el ajuste" de la legalidad.

Podemos considera que el "clima conservador" existente provoca una "involución democrática muy grave" por la vulneración de la libertad de expresión debido a la denominada Ley Mordaza y a los "artículos obsoletos, profundamente anacrónicos" previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por contra, el conservador Leopoldo Barreda ha afirmado durante su intervención en el Pleno de este martes, que la propuesta de la formación morada es precisamente una "selección de referencias" que ha hecho el partido de Pablo Iglesias y una "tragadera" del PSOE.

Precisamente este asunto ha sido uno de los que se han incluido en el pacto presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos y en el que las partes se comprometen a revisar el Código Penal para eliminar la "hiperregulación" de algunas conductas, como las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos.