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'Caso Villarejo'

El 'caso Dina', una investigación partida en dos sobre la que la Audiencia Nacional pondrá orden esta semana

La exasesora de Podemos Dina Bousselham, a su llegada a la Audiencia Nacional
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La investigación de la pieza 10 del caso Villarejo es, probablemente, una de las que más giros de guión ha experimentado desde su apertura en marzo de 2019. El caso del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación sigue en la práctica abierta, pues el juez sigue encargando diligencias, a pesar de que hace unos meses cerró las pesquisas para los tres imputados. Así, la investigación se ha desgajado en dos: por un lado, el magistrado Manuel García Castellón sigue empeñado en demostrar los indicios que, a su juicio, pesan contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, mientras que, por otra parte, considera agotada la instrucción con respecto a los periodistas y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el acceso al contenido de la tarjeta de memoria del teléfono móvil.

Los recursos de apelación de unos y otros, además de los presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las dos acusaciones populares, Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, se llevan acumulando en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desde finales del verano pasado, pero ha sido a finales de mayo, sin que haya un motivo justificado, cuando el órgano judicial los ha elevado a la Sala de lo Penal, que ha señalado esta semana, el próximo 18 de junio, las deliberaciones para decidir sobre ellos, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, y poner orden en esta pieza que se ha ido complicando por momentos y de la que llegó a derivarse una petición al Tribunal Supremo para que Iglesias también fuera investigado.

A la vez que García Castellón enviaba su exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación de Iglesias por tres delitos –entonces era vicepresidente y sólo podía investigarle el alto tribunal–, cerraba la instrucción de esta pieza proponiendo juzgar a los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, exresponsables de la revista Interviú a la que llegó la tarjeta del teléfono de Bousselham en enero de 2016, y a Villarejo por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que consideraba acreditado que los primeros accedieron al contenido del dispositivo y después se lo entregaron al comisario. De lo que pasó después, la publicación en medios de comunicación como Okdiario de fotos, vídeos y conversaciones del móvil, no se pudo acreditar nada en aquel momento y el juez tampoco lo investigó más. 

Una decena de recursos parados desde septiembre

Todo eso ocurrió el 7 de octubre de 2020. Para entonces, el magistrado instructor no había elevado a la Sala de lo Penal los recursos que habían presentado anteriormente las partes: los de Iglesias y Bousselham –que constan como perjudicados– contra la admisión de las acusaciones populares o solicitando más diligencias para seguir indagando en lo que pasó entre el acceso de Villarejo a la tarjeta y la publicación en medios; o el de Pro Lege contra la fianza impuesta por el juez. Los primeros, por ejemplo, datan del pasado mes de septiembre. Los recursos se presentan en el juzgado que instruye una causa, pero si son de apelación, el juzgado debe elevarlos a la Sala. Este paso ha ocurrido más de ocho meses después.

Tras el procesamiento de Pozas, Rendueles y Villarejo, las defensas de los tres lo recurrieron, como suele ser habitual. El órgano judicial tampoco los remitió a la Sala de lo Penal. Los periodistas han insistido varias veces desde entonces en solicitar el sobreseimiento de las actuaciones para ellos. Tampoco se les ha contestado. Fuentes jurídicas apuntan que el "inexplicable" retraso del juzgado en tramitar los recursos, sea por los motivos que sea, es un claro caso de dilación indebida. Lo habitual, recuerdan las fuentes, es ir elevando los escritos de las partes a la Sala según van llegando al juzgado, pero esto no ha ocurrido. En total, hay más de una decena de recursos, en muchos casos sin posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, esperando ser resueltos.

La situación se volvió incluso surrealista. En octubre, una vez cerrada la instrucción y con la exposición razonada del juez contra Iglesias enviada al Supremo, Vox llegó a presentar escrito de acusación contra el líder de Podemos, cuando éste no estaba ni imputado, pues la Audiencia Nacional no era el órgano competente, ni mucho menos procesado. El partido de ultraderecha ni mencionaba a los dos periodistas y a Villarejo, los únicos que han estado investigados en el procedimiento. Llegaba a pedir para Iglesias trece años de cárcel.

Desde octubre de 2020 hasta el pasado enero, la causa no manifestó ningún cambio, procesalemente hablando. Los periodistas y el comisario jubilado seguían procesados, mientras que la exposición razonada contra Iglesias se encontraba en estudio en el Supremo. Pero los magistrados del alto tribunal acabaron resolviendo que García Castellón no había agotado la investigación y, por tanto, no se podía proceder contra el entonces vicepresidente. Así, mientras la causa volvía a la Audiencia Nacional y el juez ordenaba una nueva diligencia –una nueva pericial informática para tratar de averiguar cómo, cuándo y por qué se estropeó la tarjeta del móvil de Bousselham, la pieza no se ha llegado a reabrir oficialmente, por lo que hay tres personas procesadas mientras se continúan ordenando nuevas pesquisas. "Esta situación no tiene ningún sentido. No había visto algo así en mis años de profesión", reconoce a este periódico uno de los abogados de las partes personadas.

El informe clave

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La intención del juez es no hacer nada más hasta recibir el informe pericial que encargó a la Policía. Así lo dijo en un reciente auto en el que rechazaba la imputación de Iglesias que le había pedido Pro Lege. Según explicaba, en ese momento era "precipitado" citarle a declarar –ahora sí puede hacerlo, pues el exvicepresidente ya no es aforado–. Anticorrupción está de acuerdo con el magistrado, pero a su vez le pedía que pusiera orden en la investigación organizando la causa. No hubo respuesta.

Con el informe policial, García Castellón espera tratar de precisar las causas que impidieron el acceso al contenido de la tarjeta de Dina Bousselham, pues tal y como apuntaba en la exposición razonada, está convencido de que Iglesias fue quien dañó el soporte. Una vez tenga el informe sobre mesa, "se practicarán además las diligencias señaladas" por el alto tribunal, esto es, la citación de Bousselham como perjudicada en el procedimiento. Y decidirá el futuro judicial de Iglesias, esto es, si le imputa por un delito de daños informáticos. La pericial fue encargada a principios de marzo y a mediados de junio aún no había llegado al juzgado, según fuentes jurídicas.

La declaración de la exasesora de Podemos es fundamental porque el delito de descubrimiento y revelación de secretos que el instructor también sospecha que pudo cometer el exvicepresidente al guardar la tarjeta del móvil durante meses, tras recuperarla de Interviú, sólo se le puede imputar si Bousselham, como afectada, le denuncia. Tal y como establece el Código Penal, ha de constar denuncia de la persona perjudicada, lo que en este caso no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, pues Bousselham ya envió un escrito a la Audiencia Nacional hace un año adelantando que exonera a Iglesias de toda responsabilidad en este sentido.

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