El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que "la justicia haga justicia", y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio", según recoge EFE.

Sánchez se ha referido a la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y mandar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos en la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial invitación de Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

"Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha subrayado.

Al plantearle si comparte las críticas que se han vertido desde el Gobierno a la decisión del juez, entre ellas por el hecho de que haya actuado en este caso cada vez que Begoña Gómez ha viajado al extranjero acompañando a su marido, Sánchez ha señalado que no tenía nada más que decir al respecto.

El Gobierno ya expresó este lunes su indignación por el auto del juez y por algunas frases del mismo que fuentes de Moncloa consideraron que son impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes.

Entre ellas en las que Peinado dice que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

Además, el Gobierno consideró que no es casual que eligiera este momento para emitir el auto justo cuando Begoña Gómez se encuentra fuera de España acompañando a Sánchez, y recordaron que ya ha actuado de la misma forma en otros viajes anteriores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró convencido de que un tribunal superior revocará la resolución porque "donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer".

Bolaños añadió que esta instrucción "ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados" y que el daño que se ha hecho con ello a la justicia puede ser irreparable en muchos aspectos.

Tras conocer en la tarde del lunes la decisión del juez Peinado, Sánchez y su esposa mantuvieron con normalidad su agenda en China, y después de asistir a los actos de carácter oficial previstos, ambos cenaron en Pekín en un restaurante. Este martes, además de asistir al banquete ofrecido por Xi, Begoña Gómez volverá a acompañar al jefe del Gobierno en la cena oficial organizada por el primer ministro chino, Li Qiang. 

"Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial", dijo la presidenta de ese órgano, Isabel Perelló, el pasado 3 de febrero durante la entrega de despachos a la última promoción de nuevos integrantes de la carrera. "La media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea", añadió. Después saltó a las consecuencias de esa carencia: "Este déficit provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales", dijo. "También retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos". El Gobierno ha asumido la queja y acaba de anunciar 500 nuevas plazas judiciales y planea crear otras 500 más en 2027, además de aprobar una macroconvocatoria de oposiciones y concursos de méritos para asumir a los nuevos jueces y magistrados que las cubran.

El discurso de Perelló, sostenido por gran parte de los jueces y magistrados españoles y que les permite –tanto al CGPJ como a muchos jueces y magistrados– eximirse de cualquier responsabilidad en el atasco secular de la justicia para centrarlo en el Gobierno –que debe contratar más jueces y funcionarios, y dotar a los órganos de varias autonomías– o en los ejecutivos autonómicos con las competencias de Justicia transferidas –que deben proporcionar los medios a los de sus territorios– no se compadece con los datos que arrojan las estadísticas del propio órgano de gobierno de los jueces. Solo tres de cada 10 juzgados (ahora integrados en tribunales de instancia) y secciones de tribunales sufren una sobrecarga "no razonable" de trabajo. O al contrario, siete de cada diez órganos judiciales reciben cada año un número de asuntos que se considera asumible.

El Consejo tiene establecido el número de asuntos que cada juzgado o sección debe asumir. Hay órganos judiciales que, por baja demanda, no lo cubren, y otros que lo superan al tener una mayor litigiosidad. El servicio de Inspección del Consejo, que se encarga de supervisar el funcionamiento de todos ellos, considera que, cuando se supera en un 50% esa cifra de entrada, el juzgado o sección correspondiente sufre una sobrecarga no razonable de trabajo. Los últimos datos correspondientes al anuario La justicia dato a dato, correspondiente a 2024, indica que el 32,44% de los órganos judiciales se encuentran en esa situación. De este último porcentaje, el 10,71% se encuentran en un estado especialmente grave, al duplicar el número de causas que les debería corresponder según las estimaciones del Consejo.

Según los datos estadísticos de 2024, los últimos disponibles, ese año había en España 3.910 juzgados unipersonales (ahora integrados en tribunales de instancia) y 313 secciones de tribunales colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). De todos esos órganos –4.223 en total– 1.369, es decir, aproximadamente un tercio, soportan más trabajo del que deberían, mientras que los que se encuentran en una situación especialmente penosa por la excesiva carga de asuntos serían 452, apenas uno de cada 10. Es decir que la "sobrecarga" y el "sobreesfuerzo" del que se queja Perelló en sus discursos no son generalizados, pese a que esa sensación la comparta gran parte de la carrera.

Sí es cierto que los 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes que tiene España, la colocan en la parte más baja de la tabla facilitada por la Comisión para la Eficiencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dos organismos pertenecientes al Consejo de Europa. El dato español se sitúa, sin embargo, por encima del de otros países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Noruega, Malta o Dinamarca, y a muy poca distancia del de Italia, Bélgica o Países Bajos. Muy por encima de la cifra española se encuentra la de Grecia (37,3 jueces por cada 100.000 habitantes) o Croacia (42,4 jueces).

Sin embargo, los datos indican que la ratio de jueces por habitante no es crucial para la calidad de este servicio público. Grecia o Croacia triplican en número de jueces a España en relación a su población, pero el atasco judicial en esos países es mucho peor. En ambos, el tiempo medio de resolución de los casos civiles y penales supera ampliamente al de España pese a contar con una plantilla proporcionalmente mucho mayor. Una demanda civil en España tarda unos 359 días en resolverse, mientras que en Grecia se sustancian en más del doble de tiempo. Los tiempos de resolución de España también son mejores que los de esos dos países en las causas criminales. Así que, el número de jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes de cada país no determina por sí mismo la eficacia del sistema judicial.

Si la comparación se hace con los otros seis países más ricos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica), todos ellos, salvo Francia, con más jueces por habitante que España, los tiempos medios de los procesos en nuestro país son similares a los de Italia y Francia.

Otra de las variables que a menudo se utilizan desde la judicatura para echar la culpa a otros del mal funcionamiento de los órganos judiciales es la falta de medios. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) percibe un caos y desorganización generalizados en la implantación de los nuevos tribunales de instancia que sustituyen en cada partido judicial a los tradicionales juzgados unipersonales. Ese caos, afirma esa asociación junto a otras, se debería, en gran parte, a que la ley que los ha implantado (la ley de eficiencia) no vino con los fondos necesarios para hacerlos funcionar.

Sin embargo, al contrario que en el índice de jueces por habitante, en el de inversión en Justicia por habitante, España se encuentra entre los primeros del Consejo de Europa, con 96,8€ por persona (en el puesto 16 de los 48 Estados miembros). En esta tabla concreta, sí se encuentra una relación directa entre la inversión por contribuyente y la duración media de los procesos, que se reducen cuanto más dinero se gaste cada país. En febrero de este año, en España había 5.809 jueces y magistrados en activo y otros 423 en excedencia o servicios especiales, según los datos del CGPJ.

Un juez federal anuló este viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al dictaminar que la investigación al director del banco central tuvo motivaciones políticas.

El juez de distrito, James Boasberg, advirtió en su opinión dada a conocer hoy que una "montaña de pruebas sugiere que el Gobierno notificó estas citaciones a la Junta (de Gobernadores de la Fed) con el fin de presionar a su presidente para que votara a favor de una bajada de los tipos de interés o para que dimitiera".

Con su decisión, el magistrado pone en duda la validez del proceso iniciado por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, contra Powell, investigado por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, muy criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Boasberg, el DOJ "no ha aportado prácticamente ninguna evidencia que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido delito alguno; de hecho, sus justificaciones son tan endebles y carentes de fundamento que el tribunal solo puede concluir que son meros pretextos".

La fiscal Pirro criticó duramente el dictamen, que ha "neutralizado la capacidad del gran jurado para investigar delitos", según advirtió en una rueda de prensa, donde adelantó que apelará la decisión.

"Como resultado, Jerome Powell goza hoy de una inmunidad que impide a mi oficina investigar a la Reserva Federal. Esto es incorrecto y carece de autoridad legal", dijo.

La investigación tiene lugar en medio de una intensa campaña de presión de Trump sobre Powell, al que el republicano ha llamado "cretino" y al que pide continuamente una bajada agresiva de los tipos de interés, bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.

Powell, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un "pretexto" como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" estadounidense.

La Administración de Trump también intenta destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, acusándola de fraude hipotecario en un caso de alto perfil sobre el que delibera actualmente la Corte Suprema.

La Reserva Federal se reunirá la próxima semana para decidir sobre los tipos de interés, en la penúltima cita presidida por Powell, que dejará su cargo el próximo mayo.

Coordinó junto al Cuerpo Nacional de Policía la recientísima operación contra un gran clan albanés en el puerto de Vigo. Trabajó en la incautación del mayor alijo de la historia de Galicia, los 7.500 kilos de cocaína intervenidos en diciembre de 2023. Conoce a la perfección las dinámicas criminales en los puertos de Europa y analiza todas las posibilidades para detectar los movimientos de los narcos que dominan los flujos ilícitos de cocaína desde América Latina. La jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto de Vigo, Laura Piñeiro, hace un repaso a una situación en la que la droga colombiana inunda los mercados occidentales. 

Descríbanos el escenario actual del tráfico de cocaína.

El tráfico de cocaína ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Esto ha repercutido a nivel europeo en lugares como Amberes o Róterdam y,  en el caso de España, Barcelona, Algeciras y Valencia se han visto afectados, también el puerto de Vigo. Si tiramos de estadísticas podemos ver que Vigo experimenta un volumen de operaciones en torno a unos 20.000 TEU [medida que equivale a un contenedor estándar]. En Algeciras hay 400.000, en Valencia 450.000, en Barcelona algo más de 300.000, wn Bilbao, por ejemplo, 40.000. Y, si analizamos y comparamos las operaciones de entrada de mercancía legal con la ilícita, vemos que en Algeciras entraron 13 toneladas de cocaína, 14 en Valencia, 18 en Barcelona y en Vigo han sido ocho. Si hacemos una comparativa, vemos que el incremento de la entrada de cocaína en el puerto de Vigo es considerable.

¿Qué se esconde detrás de estos números?

Hay una evolución. El número nacional de aprehensiones ha aumentado considerablemente. Estuvimos en 90 toneladas de cocaína en todo el año. Si lo comparamos con 2022, han sido más del doble [40 toneladas] y en el año anterior fueron 30 toneladas. Esto se ha reflejado en el puerto de Vigo. Hemos pasado de una operación anecdótica en 2021 a tres operaciones en 2022, cuando el volumen de las aprehensiones se quedaba en decenas, como mucho en cientos de kilos. En 2023, sin embargo, se mide por toneladas. Tuvimos ocho toneladas y media de cocaína aprehendidas. Sí es cierto que en un único contenedor se encontraron casi siete toneladas de cocaína, y eso rompe todas las estadísticas.

Si vemos que Algeciras o Valencia tienen un mayor número de operaciones que Barcelona, por ejemplo, ¿por qué se incauta más cocaína en Barcelona? El motivo son las rutas comerciales. En el caso de Vigo esto afecta muchísimo. Es uno de los puertos con mayor travesía y conexiones con puertos calientes de Latinoamérica, y la mercancía legal que llega es la más utilizada por las organizaciones: tenemos la fruta, con el banano, el producto por excelencia; las piñas, el mango o la lima. También los productos pesqueros congelados, muy utilizados por los narcos. Si a esto añadimos las rutas calientes por las que llegan barcos semanalmente, varios, con conexiones directas desde Brasil u otros que hacen transbordo vía Algeciras, vemos que es el caldo de cultivo y el reflejo de este crecimiento.

¿Cómo pueden luchar contra este problema?

Se analizan las bases de datos de la Agencia Tributaria y todo el volumen de importaciones, el tráfico comercial, así como el sector económico en concreto. Esto nos permite no sólo conocer una empresa en concreto, sino también la evolución del entorno y de los administradores de esa empresa. Sobre la operación de los 7.500 kilos no puedo dar más datos, pues está en fase de instrucción y podría perjudicar su marcha.

Pero en relación con otras operaciones detectamos patrones comunes. Cuando estamos hablando de esta cantidad de cocaína y este método de ocultación, el hecho de que la droga estuviese oculta en el interior de los palés, en este caso o en cualquier otro, hace pensar que la empresa exportadora y la empresa importadora tendrían que estar vinculadas. Ello es así porque para llevar a cabo el rescate de la sustancia no se podría hacer de otra forma. Para investigar a estas organizaciones nos servimos de bases de datos de la Agencia Tributaria, del análisis de la información, así como de técnicas policiales.

Existen métodos de introducción de la droga de lo más variado...

Cuando hablamos de introducir droga en un puerto, convergen varias tipologías. Los métodos más comunes y tradicionales son los veleros, los pesqueros o incluso técnicas más novedosas que vemos hoy en día, como los narcosubmarinos, los semisumergibles. En los puertos, lo más utilizado son los buques portacontenedores y los contenedores en sí mismos. En estos casos hay que tener en cuenta que la droga no sólo puede ir escondida en el interior del contenedor o en la carga, sino que también el buque en sí mismo puede ser un lugar de ocultación de la droga. En ocasiones efectúan un rip-off, un gancho perdido, dentro del contenedor. Utilizan una oquedad en la estructura del barco, ocultan unas mochilas de hasta 100 kilos, cantidades pequeñas, y las adhieren en esos lugares con imanes para que no se mueva la mercancía.

También pueden adherir las pastillas de cocaína en pequeños grupos, de dos o tres, con imanes, en partes del barco ocultas a simple vista, pero conocidas por los miembros de la organización. Sólo al pasar las recogen y se las llevan entre sus pertenencias, debajo de la chaqueta o en una mochila. Detrás del rescate de estas cargas están las collas de los propios puertos, los trabajadores de las estibas, tanto en origen como en destino. Ellos pueden recoger estos bultos pasando desapercibidos, como si fueran enseres personales.

Sin embargo, lo más común es el interior del propio contenedor. ¿Cuáles son los esquemas?

Puede esconderse dentro de la propia carga, dentro de la mercancía. Para ello es precisa la colaboración de la empresa exportadora y de la empresa importadora. También puede ser una ocultación parasitaria, el rip-off  o gancho ciego. Son mochilas ubicadas entre la mercancía legal, pudiendo llegar incluso a 500 kilos. Las dejan sobre la mercancía y llevan a cabo el rescate en la propia terminal antes de que el contenedor salga hacia la empresa de destino.

También hay métodos más novedosos...

Una forma de ocultación más sofisticada es el gancho ciego en el circuito de refrigeración, lo que las organizaciones criminales llaman los “ojos del contenedor”. En este caso, se reduce la cantidad, 30 o 50 kilos como mucho. El rescate puede ser en la propia terminal con trabajadores del puerto o bien mediante cualquier otro intermediario en la cadena logística, porque la mercancía no está a simple vista. Los rescatadores pueden ser desde los encargados del mantenimiento de los sistemas de refrigeración hasta los transportistas que deben llevar el contenedor a la empresa de destino. Puede también rescatarse en la empresa de destino o incluso cuando el contenedor regresa a puerto aparentemente vacío, a través de trabajadores de la empresa de mantenimiento.

En Vigo conviven varios de estos métodos, en función de las organizaciones que están operando. Abunda más el gancho ciego, tanto en Galicia como en el resto de España, porque son pequeñas cantidades más sencillas de rescatar, pero es cierto que ha habido ganchos ciegos de 50 kilos y de 500 kilos.

También sabemos que en alguno de los casos el contenedor no iba a ser rescatado en Vigo, sino que después de no poder rescatar la droga en Amberes o en Róterdam, por ejemplo, la organización se traslada aquí para recuperarla. Podríamos hablar de otros métodos como el drop-off: lanzar las mochilas al agua desde el barco. Y, volviendo a los contenedores, pueden utilizar los espejos, que es como llaman los criminales a las puertas, y los dobles fondos, en las paredes o en el suelo.

¿Qué organizaciones criminales dominan el escenario de la cocaína ahora mismo?

El puerto es un proveedor de servicios, y al igual que no tenemos una empresa dominante que se hace con el puerto, existen por desgracia diversas redes que hacen uso de los servicios que se les presta allí. Decir qué organización está detrás de todos los envíos sería prepotente. A escala europea se habla de los cárteles colombianos y los mexicanos, que están muy aliados con los gallegos, y de la presencia creciente de organizaciones de países del Este, ya sea búlgaros o albaneses, e incluso de holandeses, que se han interesado por el puerto de Vigo por una cuestión básica: sus rutas comerciales.

En cuanto a las organizaciones albanesas, lo que estamos viendo es que, tanto en el puerto de Vigo como en el resto de España, están cambiando la tendencia. Ya no son organizaciones que están asentadas en un lugar, sino que son itinerantes. Al igual que cambian de puerto de origen para no ser detectadas, con envíos por Paita (Perú), Fortaleza (Brasil) o Balboa (Panamá), por poner tres ejemplos, hacen lo mismo en la llegada. Cuentan con ramificaciones, se mueven por todo el territorio nacional y europeo, y hoy hacen un rescate en Vigo y meses más tarde están implicadas en el rescate de un contenedor en Algeciras, o en Barcelona, o incluso en puertos europeos, italianos como Livorno. Se mueven por todo el territorio, lo que dificulta su persecución: no sólo investigamos a las organizaciones asentadas aquí, sino que también tenemos que luchar contra las organizaciones itinerantes que en un momento dado trabajan aquí durante un mes, o dos meses, un periodo corto, incluso menos, sólo para una operación concreta. Nosotros nos movemos en nuestros análisis internos y vemos que la organización se mueve.

¿Cómo pueden perseguirles?

No puedo desvelar nuestras formas de trabajar, porque me quedaría a pecho descubierto ante los malos, pero puedo comentar cuestiones que nos dan mucha ventaja. Analizar las rutas comerciales, las empresas exportadoras e importadoras, comprobar operadores de confianza –los más recientes–, la mercancía, por qué se importa una cosa u otra. Eso nos da juego, así como las técnicas policiales propiamente dichas.

Los análisis que realizamos se centran en varias etapas. Por un lado, antes de la llegada de la mercancía. Antes de que sea cargada en origen, 24 horas antes, ya tenemos toda la información sobre la carga, cuándo va a llegar y para quién es. En las inmediaciones del día de la llegada y cuando está en el puerto realizamos fondeos, el registro del buque con equipos de hasta 10 funcionarios, que se dividen con personal del buque para su registro. Además, inspeccionamos el contenedor a pie de buque. También hacemos inspecciones en destino, en almacenes de los operadores. Incluso cuando el barco va a salir seguimos haciendo análisis e intercambiando información con el puerto de destino. 

Hablemos de corrupción. ¿Es tan relevante como parece?

La presencia de personal dentro del puerto facilita a las organizaciones criminales que tenga lugar el rescate. A más personal, mayor índice de corrupción podrá haber. Pero tampoco el hecho de que no haya personal implica que el puerto no sea corrupto. Por ejemplo, en el de Barcelona, que está completamente automatizado, se detuvo a informáticos que cambiaban la numeración de los contenedores, de llenos a vacíos. Dependiendo del tipo de organización que utilice el puerto, será distinto. Un gancho ciego entre la mercancía precisa con seguridad a alguien dentro del propio puerto. Pero si está en los ojos del contenedor, el rescate se puede realizar en un momento posterior.

Vigilancia Aduanera ha detectado algunos narcosubmarinos.

Hay varios proyectos en esa dirección y técnicas para detectarlos. No puedo decir los que tenemos en Vigilancia Aduanera, pero contamos con dinámicas para ello. A nivel internacional, por informaciones que recibimos, sabemos que se están utilizando mucho en Latinoamérica. Pero no podemos corroborar la existencia de nuevas entradas en Galicia.

¿Qué medidas ha tomado Vigilancia Aduanera ante esta escalada de alijos?

Hay un crecimiento exponencial del tráfico de cocaína y, paralelamente, hay un crecimiento exponencial de los efectivos de Vigilancia Aduanera. Pasamos de ofertas de empleo público casi inexistentes en 2015 o 2016 –sumando las tres especialidades, unos 100 efectivos, y esto se mantuvo durante años–, a ampliarse en 2022 y en 2023 a 350 efectivos por año. Esto supone un incremento del 60%.

Somos un cuerpo muy pequeño y especializado. Desde que salimos de la oposición a la escuela estamos especializados en tráfico de drogas, blanqueo de capitales y contrabando. Esta especialización, la apuesta por más efectivos y la renovación de la plantilla con gente dotada de carreras universitarias están haciendo crecer a la agencia. También las nuevas técnicas de investigación con análisis automatizados e Inteligencia Artificial. Estamos analizando las bases de datos con estas técnicas que agilizan las investigaciones y repercuten en los operadores económicos, facilitando el comercio legal. Los medios técnicos se han reforzado, se han comprado escáneres de contenedores, tanto en puertos como móviles, y se están construyendo ocho nuevas embarcaciones tipo Águila, de 17 metros de eslora y alta velocidad, las más rápidas de todos los tiempos –estamos batiendo récords–, así como tres patrulleros de altura, un poco más grandes. Hay una inversión cuantiosa de capital humano y de medios.

La Justicia en España parece que en ocasiones beneficia al criminal. ¿Cómo lo valora?

Vemos un colapso judicial. Los juzgados no pueden absorber más causas. Estamos hablando de una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica y de partidos judiciales pequeños como pueden ser Cambados o Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) donde conviven una investigación sobre un buque que trajo un alijo de cocaína con blanqueos de capitales que no suelen estar radicados aquí. Son cargas de trabajo ingentes que conviven con deslindes de fincas o divorcios. Es necesario que existan juzgados especializados. Siempre que haya demanda [de droga] va a haber oferta, pero es preciso tener herramientas. Sólo con educación no llega, son necesarias la represión y las condenas. No puede ser que las causas se extiendan durante años, porque eso genera impunidad.

Silencio absoluto. Esa había sido la estrategia de defensa seguida por Begoña Gómez en sede judicial. "Me acojo a mi derecho a no declarar", es lo poco que había podido escuchar de su boca el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Pero este miércoles ha cambiado de táctica. Y, por vez primera, ha comenzado a defenderse. En la que ha sido su tercera visita a Plaza de Castilla, la mujer del presidente del Gobierno ha decidido prestar declaración. Eso sí, respondiendo solo a su abogado, que está intentando hacer naufragar a golpe de correo electrónico una causa con mil frentes abiertos y ningún avance determinante.

La investigación judicial contra Gómez, iniciada a raíz de una querella interpuesta en base a informaciones periodísticas por el colectivo ultra Manos Limpias, giró en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se centraba en una serie de contratos adjudicados por Red.es Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que el mismo había aportado en dichas licitaciones –alguna de ellas suscrita por la propia Begoña Gómez–. Un asunto que poco a poco ha terminado desinflándose y pasando a un segundo plano.

Los investigadores no han encontrado, de momento, un solo indicio sólido de delito en estas adjudicaciones. "No se han hallado que los tres expedientes analizados se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares", dijo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un primer informe. Dos de ellos, dejaron de formar parte de la causa después de que la Fiscalía Europea asumiera su investigación. No así el tercero, sobre el que volvió a pronunciarse en el mismo sentido la UCO: "La preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

Barrabés, tanto en su declaración como testigo como en la posterior comparecencia como investigado, negó irregularidades en torno a esos contratos. Igual que el ex director general de Red.es Alberto Martínez, quien rechazó haber recibido o haber dado instrucciones para adjudicar contratos a Barrabés. "Ni se me ocurriría dar instrucción a ningún técnico para decantar ninguna puntuación", dijo durante la comisión de investigación del caso Koldo que se está desarrollando en el Senado. En su declaración judicial de este miércoles, Gómez también ha negado a preguntas de su letrado haber "intervenido" o hecho "gestión" alguna para que esos contratos recayesen en Barrabés.

La esposa del presidente del Ejecutivo también ha quitado peso a las famosas misivas de recomendación. Así, ha dicho que no son otra cosa que "cartas modelo" enviadas a la universidad que no evidenciaban el apoyo a una empresa, sino que respaldaban –como aquellas remitidas por otras entidades y Administraciones, algunas del PP– "la importancia de un proyecto". Explicación que también dio Barrabés cuando compareció como investigado. Y que resulta coincidente con la que ofreció el ex director general de Red.es en el Senado: "No hay una recomendación de que tenga que resultar adjudicatario; simplemente lo que está haciendo es apoyar el programa del Fondo Social Europeo".

Este primer frente de la investigación, que la Audiencia de Madrid ha permitido continuar, ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. De hecho, las fuentes jurídicas consultadas explican que no se ha "aportado" a la causa nada nuevo al respecto. A medida que fue disminuyendo el interés en este punto, fue incrementándose el relativo a su relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid. Se puso el foco sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió. Pero tampoco en este punto hay, por el momento, nada que apunte con claridad hacia una suerte de trato de favor.

El rector del centro, Joaquín Goyache, quien tuvo que comparecer como investigado después de que Peinado le cambiase la condición que tenía como testigo, ha negado una y otra vez irregularidad alguna en la creación de la cátedra. "No cabe duda de la legalidad", dijo la pasada semana el vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, en la comisión de investigación puesta en marcha en la Asamblea de Madrid. Un órgano por el que también han desfilado este miércoles la excoordinadora de uno de los másteres de Begoña Gómez y el excodirector de la cátedra. Ambos, han negado influencia alguna del líder del Ejecutivo en este ámbito.

"Es símplemente absurdo", ha dicho el profesor José Manuel Ruano. Este miércoles, a preguntas de su abogado y ante la atenta mirada de un instructor que ha solicitado recientemente documentación adicional a un exvicerrector que declaró como testigo, Gómez ha recordado que su relación profesional con la Complutense se remonta a 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez alcanzara La Moncloa. Además, ha recordado que no cobró nada por la cátedra y que percibió 15.000 euros por los dos másteres, una cantidad que, ha completado su letrado al término de la declaración, "pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo".

Poco después del aval de la Audiencia de Madrid y del archivo de todas las querellas que contra él se interpusieron por prevaricación, Peinado decidió dar otro empujón a la causa y abrió una derivada más. Lo hizo en base a una querella interpuesta por el colectivo ultracatólico Hazte Oír. De los dos delitos iniciales, se pasó a cuatro. Al tráfico de influencias y la corrupción en los negocios se añadieron los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Todo ello, en relación con un software para pymes que se desarrolló para la Complutense con la ayuda de empresas privadas cuando ella era codirectora de la cátedra.

La querella recogía que Gómez había registrado la marca TSC Transformación Social Competitiva. Y también un dominio web en el que quedó alojada una plataforma basada en el software creado para la cátedra. En su declaración de este miércoles, ha dicho que ella "jamás" pretendió cobrar por el uso de dicha plataforma, que siempre estuvo a disposición de la Complutense y que era "gratuita". Y ha dicho que la universidad tuvo pleno conocimiento de la inscripción del dominio. Es más, su Oficina de Patentes y Marcas le indicó en un correo como debía hacerlo: "Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio, puesto que nunca se ha realizado ese trámite desde la OTRI-UCM".

Con correos electrónicos se ha defendido también de la acusación que sobre ella pesa por intrusismo profesional al haber elaborado "los pliegos de prescripciones técnicas" para la contratación por parte del rectorado de "un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa". "El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña", escribieron desde la Escuela de Gobierno el 24 de abril de 2023. "Adjunto la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tiene que ir firmada por un responsable de la cátedra", insistieron unos días después en relación con dicho contrato.

Otro de los frentes abiertos por Peinado en esta causa convertida en una suerte de hidra de mil cabezas es el relativo a la relación de Gómez con el Instituto de Empresa. En relación con esto, ha prestado declaración este miércoles también en el juzgado Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre y hoy alto cargo del IE. Él es, como Barrabés o Goyache, otro de esos comparecientes que Peinado ha convertido de testigos a investigados. En su caso, lo hizo al entender que el testimonio que había dado entraba en contradicción con algo que realmente nunca dijo la directora de recursos humanos del centro.

Según la transcripción publicada por El Periódico, la testigo vino a decir simplemente que se había firmado por ambas partes una cláusula de especial conflicto de interés motivada porque Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. Un mes después, Güemes se sentó frente a Peinado. "La directora de recursos humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto, era por ser la esposa del presidente del Gobierno", soltó el instructor. "Desde luego, no se contrató a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente", respondió el exconsejero. Y, tras esto, se suspendió su comparecencia y pasó a estar investigado.

El directivo del IE ha vuelto a insistir este miércoles, aunque solo a preguntas de su abogado, en que no se fichó a Gómez por ser la mujer del líder del Ejecutivo. Es más, ha dicho que los contactos con ella comenzaron a finales de 2017, antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. Y que se la contrató para encabezar el África Center porque tenía un perfil que encajaba en el proyecto. Además, ha asegurado que Gómez cobraba de fondos "estrictamente privados".

Más allá de esto, Peinado continúa indagando en el patrimonio de la investigada. En una providencia de la pasada semana, el magistrado pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que compruebe si existen, además de las ya facilitadas a través del Punto Neutro Judicial, más cuentas bancarias titularidad de Gómez. Además, de las ya identificadas, pide los movimientos y saldos de diciembre de 2019 a noviembre de 2024. Y autoriza a los agentes a que "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas".

Del mismo modo, en otra providencia de la pasada semana, ha solicitado a Presidencia que facilite "la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa. Este viernes, ya está citada a declarar como testigo una asesora que, según algunas noticias, habría enviado emails a empresas que colaboraban con Gómez.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha resuelto la apertura de juicio oral contra la actriz María León, para la cual la Fiscalía reclama un año y nueve meses de prisión por un presunto delito de atentado y una multa por un supuesto delito leve de lesiones, a cuenta de su supuesta agresión a una agente de la Policía Local en el marco de su detención por un incidente, extremo que ella viene negando al asegurar que fue "víctima de un abuso policial".

La decisión judicial ha sido adelantada por Diario de Sevilla y confirmada por fuentes del caso, según las cuales el Juzgado de Instrucción número 18 ha resuelto abrir juicio oral contra la actriz y otros dos acusados más por el citado incidente nocturno, en un auto emitido el pasado 24 de junio, según informa Europa Press.

En el caso de la acusación particular que ejercen los tres agentes de la Policía Local personados en la causa, solicitan para ella dos años y un día de prisión por un delito de atentado a la autoridad, al tiempo que reclaman que pague una multa de 5.400 euros por sendos delitos de desobediencia y lesiones.

Recordemos al respecto el auto emitido el pasado mes de junio de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 18, continuando por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias incoadas en su contra. La juez instructora del caso consideró en dicho auto que hay indicios de la comisión de los citados delitos de atentado y de lesiones leves a raíz del relato de los hechos que corrobora el atestado que hizo la Policía Local y la declaración que prestaron los agentes involucrados en la causa ante la magistrada.

El atestado policial recogía que los agentes, al ver aquella noche a un ciclista circulando por la vía pública con una copa de cristal, le interceptaron y le practicaron una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, así como que diez o doce personas empezaron a vociferar a los agentes y a increparles.

Entre ese grupo de personas, según el atestado de la Policía Local, se hallaba la actriz, que grabó con su teléfono móvil a los efectivos según la versión de los mismos, que recoge que le fue llamada la atención a María León para que cesase de grabar a los agentes.

En este instante, según el atestado policial, "la investigada se dirigió al policía diciéndole 'tonto ¿tú qué eres, el sheriff?', y ante tal falta de respeto", el agente le pidió el DNI para identificarla para una sanción por infracción administrativa. La actriz no portaba ese documento acreditativo de identidad, según el atestado, por lo que los agentes le instaron a acudir a comisaría en el coche patrulla.

Con posterioridad, según la versión policial, varias personas del grupo habrían rodeado el patrullero, abriendo una de ellas una de las puertas; tras lo cual la actriz se dispuso a salir del vehículo, extremo que trató de impedir una agente, siendo, supuestamente, golpeada por María León, por lo que fue detenida, dando lugar a esta causa.

En el vasto desierto en el que durante los últimos meses se ha convertido la política española para Feijóo, el presidente popular parece haber avistado un oasis judicial. Mientras el horizonte económico del país se dibuja con trazos bastante más firmes de lo que Feijóo anhelaba, con récords de empleo y un paro en mínimos históricos, la oposición ha decidido fiarlo todo a seguir hablando de Begoña Gómez. Una vez más.

Es como si hubieran decidido que ganar elecciones es demasiado mainstream y que lo verdaderamente sofisticado es intentar derrocar gobiernos a golpe de querella. ¿Para qué molestarse en elaborar propuestas económicas cuando puedes lanzar acusaciones a diestro y siniestro? ¿Quién necesita un programa político cuando tienes un juez dispuesto a admitir denuncias basadas en recortes de prensa más endebles que un castillo de naipes en un huracán?

El PP parece haber encontrado en ella su particular piedra filosofal, capaz de convertir las más nimias conjeturas tendenciosas en oro puro para sus titulares. Es fascinante ver cómo han puesto todas sus fichas en esta particular ruleta judicial, como si el destino del país dependiera de las cartas de recomendación que haya podido firmar la “primera dama” o de las veces que un pseudomedio haya confundido a Begoña Gómez con una hostelera de Cantabria que se llama igual y le impute sus particulares subvenciones cántabras. El espectáculo ha alcanzado tales cotas de absurdez que uno casi espera ver a Manos Limpias presentando una denuncia porque Begoña Gómez utilizó un bolígrafo del Gobierno para hacer la lista de la compra. ¿Malversación de material de oficina? ¡Que rueden cabezas!

Mientras tanto, en el mundo real (ese lugar extraño donde los números importan), la economía española sigue dando alegrías (o disgustos para quienes lo fiaban todo al descalabro económico del país). En junio, el número de afiliados a la Seguridad Social rozó los 21,4 millones, una cifra sin precedentes. El paro se redujo en otras 46.783 personas, situándose en niveles previos a la crisis de 2008. Pero, aparentemente, para la oposición estos datos son mera anécdota frente al potencial mediático de una investigación judicial.

Además, es curioso cómo cambian las tornas. Esta misma semana Feijóo declaraba con solemnidad: "Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo, habría presentado mi dimisión". Palabras que realmente resuenan con cierta ironía, considerando que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, su mayor activo electoral en Madrid (y peor enemigo interno en el PP), no solo está sentado en el banquillo, sino que ha admitido dos delitos de fraude fiscal, aceptando una pena de 8 meses de cárcel y una multa de casi medio millón de euros. ¿Hasta dónde aplican sus declaraciones, señor Feijóo? ¿Se quedan fuera de las fronteras del PP madrileño o tal vez es una llamada de atención a una líder autonómica a la que pretende aleccionar?

El PP parece haber olvidado que las elecciones se ganan en las urnas, no en los juzgados. Su estrategia de fiar todo a una investigación prospectiva llevada a cabo por el juez Peinado es, cuanto menos, arriesgada. Ya pudieron comprobarlo en las recientes elecciones europeas, donde el interesado anuncio de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez en los últimos días de campaña apenas les reportó una victoria pírrica de dos escaños. Es como si no hubieran aprendido la lección. La estrategia de gritar "¡España se rompe!" cada dos días con la ley de amnistía no les funcionó, y ahora parecen empeñados en repetir la jugada con el caso Begoña Gómez. ¿No será que simplemente están disparando con pólvora mojada?

En este contexto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué pasaría si la oposición dedicara la misma energía que invierte en querellas y denuncias a elaborar propuestas constructivas para el país? ¿Y si en lugar de buscar atajos judiciales se centraran en convencer a los votantes con ideas y soluciones? Quién sabe si algún día conoceremos la respuesta.

Las monjas clarisas de Vitoria-Gasteiz presentarán una demanda en los tribunales de justicia para reclamar la anulación de la venta del monasterio de Orduña (Bizkaia) a las clarisas de Belorado (Burgos) por "incumplimiento" del contrato por parte de estas últimas, según ha recogido Europa Press. La demanda se presentará la próxima semana y, a través de ella, las clarisas de Vitoria-Gasteiz tratarán de recuperar la propiedad del monasterio ubicado en la localidad vizcaína.

El argumento de la demanda se centrará en el "incumplimiento" del contrato por parte de las clarisas de Belorado, debido a que estas no han hecho frente a los pagos comprometidos para adquirir el monasterio de Orduña, según han explicado el abogado de las clarisas de Vitoria-Gasteiz, Ángel Fernández de Aránguiz.

El abogado ha detallado que, a finales del pasado mes de marzo, ya tuvieron conocimiento del caso, que "arranca en una compra-venta que se firma en el 3 de noviembre de 2020, por el cual las clarisas de Vitoria venden un monasterio en Orduña a la comunidad de clarisas de Derio, con sede en Belorado".

El precio de esa compra-venta, ha indicado, eran 1.300.000 euros, se pagaron 100.000 euros a la firma de la escritura y 1.200.000 euros quedaron aplazados con dos años de carencia.

El primer pago de esos 1.200.000 euros aplazados tenía que haber sido en noviembre del 22, a razón de 75.000 euros semestrales, pero, según ha indicado el abogado, "noviembre del 22 no se paga, mayo del 23 no se paga, noviembre del 23 no se paga y en marzo del 24, pues comparecen en el despacho, porque quieren, lógicamente, con alguien que vende y que no cobra, pues resolver la compra-vente y recuperar el inmueble".

Ante esta situación, el abogado de las clarisas de Vitoria-Gasteiz inició un requerimiento notarial para notificar a la parte compradora el incumplimiento, "del que evidentemente eran conscientes porque alguien que no paga, tiene que ser consciente de que no ha pagado", y se les emplazó para firmar una escritura de resolución de esa compra-venta, pero "la parte compradora se opuso a la resolución del contrato".

Por ello, ha precisado, el despacho de abogados de las clarisas de Vitoria-Gasteiz se puso a preparar la demanda judicial, porque "es la única forma de resolver el contrato de compra-venta", que se presentará la próxima semana.

Hacia las 14.30 horas del lunes 15 de abril, los abogados de Donald Trump tuvieron que rendirse ante los hechos. Tras presentar durante cuatro largas horas una serie de recursos destinados a paralizar el proceso, no pudieron, a pesar de varios meses de esfuerzos, impedir la apertura del juicio oral de su cliente en el tribunal penal de Manhattan.  

Los futuros miembros del jurado encargados de decidir sobre el caso hicieron finalmente su entrada bajo la atenta mirada del acusado, que estaba presente en la sala. Sin embargo, del primer centenar de ciudadanos convocados, casi la mitad presentaron inmediatamente la renuncia. 

En el interior de la sala, con paredes descoloridas, luces pálidas y sin lámparas de araña, muchos de los miembros del jurado declararon que no podían ser imparciales con el ex presidente, el primer presidente estadounidense de la historia que comparecía en un proceso penal.

Donald Trump está acusado de comprar por 130.000 dólares el silencio de Stormy Daniels, una actriz porno de 45 años con la que supuestamente mantuvo una breve relación, y de falsificar documentos contables para ocultar ese pago. El multimillonario de 77 años, candidato a la reelección en noviembre, es sospechoso según el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, de intentar influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016. 

"Buena suerte", ha deseado el juez Merchan, que preside el tribunal a uno de los miembros del jurado, en una frase educada que podría resumir la primera jornada de un juicio tenso. La vista oral se celebra en plena campaña, a solo seis meses de las elecciones presidenciales americanas, con el foco puesto en un acusado que, a pesar de las órdenes del presidente del tribunal, no deja de lanzar improperios e insultos a los testigos. 

Sólo la selección de los doce miembros del jurado podría llevar hasta dos semanas, de entre más de 500 neoyorquinos convocados. A cada uno de ellos se le harán unas cuarenta preguntas, precisamente para garantizar su objetividad ante un Donald Trump silencioso pero muy gesticulante y que no duda en mover la cabeza en señal de desaprobación.  

Donald Trump, que ya ha sido condenado en Nueva York en otros dos casos civiles, e imputado en otros tres casos –dos de ellos relacionados con sus intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020–, ha hecho constantemente de sus reveses judiciales su principal argumento de campaña, logrando hasta ahora enardecer a sus bases. 

El año pasado, su imputación en Manhattan le permitió recaudar 4 millones de dólares en donaciones de campaña en apenas veinticuatro horas, todo un récord. Incluso hoy, sus equipos intentan sacar provecho del asunto presentando al ex presidente como "víctima de una caza de brujas" orquestada por el financiero George Soros y los demócratas. Por 36 dólares, por ejemplo, puedes comprarte un pedazo de historia adquiriendo una camiseta con la fecha de la acusación de Donald Trump en Manhattan.  

Trump, que se enfrenta a hasta cuatro años de cárcel por este caso, niega los hechos y acusa a su vez al fiscal Alvin Bragg y a la justicia neoyorquina de "injerencia". "Él ha manipulado la ley para poner en marcha un procedimiento que interfiere en las elecciones de 2024", afirmó Donald Trump en una serie de comunicados de prensa enviados en las horas previas y posteriores a la apertura del juicio. Lo que le está ocurriendo "no es más que una conspiración [...] de los demócratas radicales", añadió finalmente el lunes por la mañana durante un nuevo intento de recaudación de fondos. "¡Soy el único que puede detenerles!” 

Es una comunicación agresiva, con entrevistas concedidas sobre la marcha al finalizar las audiencias, que puede alejar a los votantes independientes o indecisos en Estados clave. El impacto de esta campaña presidencial llevada a cabo desde las salas de audiencias –las vistas se celebrarán cuatro días a la semana durante más de un mes– se refleja en las encuestas por una gran incertidumbre y señales contradictorias. 

Aunque el 58% de los votantes, según un sondeo del New York Times, considera que las acusaciones del fiscal Bragg son muy graves o bastante graves, sobre todo entre las mujeres, sólo uno de cada cuatro votantes afirma estar prestando actualmente mucha atención a los problemas judiciales del ex presidente, que está codo con codo en intención de voto con Joe Biden, éste ligeramente por encima (46% a 45%). El juicio se celebra en un contexto político sombrío, con los americanos rechazando una repetición de las elecciones de 2020.  

En Manhattan la importancia del juicio se midió sin embargo por la magnitud de la presencia policial y mediática. Había varias calles acordonadas alrededor del tribunal. No lejos de allí, manifestantes pro-Trump que habían acudido a apoyar a su presidente desplegaban enormes pancartas de "Trump o muerte". Otros, activistas anti-Trump, llevaron una flauta y empezaron a tocar, como si quisieran ilustrar las mentiras del expresidente tocando simbólicamente ese instrumento.  

Dentro, decenas de periodistas que cubrían el caso llegaron de madrugada para ver la retransmisión de los debates desde una sala aparte. Algunos esperaron más de cinco horas antes de encontrar un asiento libre.  

En cuanto al fondo del asunto, los miembros del jurado tendrán que determinar el grado de implicación de Donald Trump. ¿Sabía que se habían emitido una docena de facturas falsas para ocultar el verdadero motivo de los pagos realizados a la actriz Stormy Daniels por su ex abogado Michael Cohen? Condenado por las mismas transacciones en procesos separados, Cohen aseguró ante el Congreso de EEUU: "Lo sabía todo". "Todo tenía que pasar por Donald Trump y ser aprobado por Donald Trump...".

Traducción de Miguel López

En los últimos meses, desde que se produjo el acuerdo político entre el PSOE y Junts per Catalunya con el que se abría la posibilidad de la investidura de Pedro Sánchez, en el que se aludía al término lawfare y se preveía la presentación de una proposición de ley sobre la amnistía, han sido reiteradas las acciones que acreditan la confrontación por parte del órgano de gobierno de los jueces y algunos de estos frente al Ejecutivo. En especial, se han producido frente al Legislativo, auspiciadas, sostenidas y predicadas por el PP y la extrema derecha en España. Y, últimamente, tiene lugar entre fiscales de diferentes categorías, como si de un torneo se tratara, animado e insidiosamente aplaudido y dirigido por determinado sector mediático y los “voceros” más extremos de aquel en nuestro país, amén del impacto en las redes sociales y sobre los ciudadanos, en general.

Es cierto que, en una materia tan compleja e importante como es una Ley de amnistía, no ha existido (todavía estamos a tiempo) pedagogía alguna para que la ciudadanía pueda comprender de qué se trata y cuáles son sus fundamentos, la necesidad y su alcance. Las posiciones están fijadas ideológicamente y la descalificación de sus promotores servida desde el inicio. Poco importa la bondad que se pretende con esa medida, en aras a una mejor y mayor convivencia y armonía sociales. Sobre este particular, prevalece la posición política contra el independentismo catalán y la animadversión total contra quien, en su momento, fue el president de la Generalitat y contra el ahora presidente de Gobierno. 

La apelación a la persecución y sanción penal y su exacerbación priman sobre cualquier otra posibilidad alternativa, aunque esta pueda suponer el fin o atenuación del conflicto. Aquí, como en el caso del terrorismo, hay quienes viven mejor con el mismo que sin él. Mientras tanto, las mentiras jurídicas sobre la medida de gracia se acumulan y se impone su rechazo, sin más argumentos que la propia afirmación de este. Lo importante, y así se proclama, es que se produzcan manifestaciones, algaradas, descalificaciones antidemocráticas, ataques políticos y exposición de las instituciones al descrédito público nacional e internacional, con tal de que el contrario muerda el polvo. 

No ha existido, hasta la fecha, tamiz ni filtro de calidad de ningún tipo, sino que ha ido a la par en tiempo real la aparición de la futura norma (incluso con anterioridad a la misma) y su rechazo, como si de la retrasmisión de un partido de futbol se tratara, con filtraciones interesadas, manipulaciones clamorosas, anuncios de querellas, sentencias ominosas y, a la postre, confusión total. Es decir, se ha dado carta de naturaleza a la más evidente desnaturalización del sistema democrático, que debería ser responsable e integrador, y del propio proceso penal en el que se ha querido apoyar el desprestigio que se pretende. 

Es un totum revolutum que hace el ambiente casi irrespirable. Frente a la mesura, la tranquilidad y el discernimiento jurídico que deberían adornar la actuación de algunos representantes del poder judicial y del Ministerio Fiscal, estos se han convertido en actores políticos, mezclándose en la vorágine de la confrontación entre partidos opuestos para apoyar o descalificar (generalmente lo último) la opción sostenida por el Gobierno y parte de los grupos que apoyaron la investidura. En tal contexto, no es extraño que los meros borradores de informes de un fiscal se tornen en argumento para el descrédito o insinuación de venalidad o favorecimiento por parte del superior jerárquico, y las decisiones procesales provisionales sean el elemento definitorio de la estrategia política contra el Legislativo.

En línea con esta marabunta y para generar mayor confusión, se escuchan comentarios de “expertos” en terrorismo y se pueden leer artículos incendiarios de algún que otro juez opinando activamente sobre cuestiones políticas que afectan directamente al Ejecutivo en materia de nombramientos, sin importar demasiado la pérdida de imparcialidad. O de algún fiscal, que arrastra su prédica en la radio o gritándola cuando debería callar, porque quebranta la regla de unidad y jerarquía que rige el Ministerio Fiscal. 

Al inicio de esta pendiente, que nos ha llevado al profundo foso de confusión y fango en el que nos encontramos, muchos componentes del poder judicial, asociaciones y altos responsables de aquel y del Ministerio Fiscal se rasgaron las vestiduras ante la aparición en un acuerdo político del término lawfare (instrumentación del derecho con fines políticos).  Lo calificaron de ofensivo, injustificado y mendaz, por cuanto se consideraba que los jueces y fiscales españoles están blindados frente al mismo, siendo un fenómeno, dijeron, propio de democracias no consolidadas. 

Manifestaron que era una desautorización general hacia la judicatura y un ataque miserable a la independencia de los jueces. Lo cierto es que, además de ser esta una reacción corporativista y una de las características del lawfare, los acontecimientos posteriores han demostrado que esa instrumentación existe, que aquel fenómeno está presente en nuestro país y que determinados grupos políticos y miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal están haciendo gala del mismo.

Cuando pase el tiempo y adquiramos la suficiente perspectiva, comprobaremos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los verdaderos intereses en juego y las intenciones que están guiando esta “movida” corporativo-política muy peligrosa para el Estado de Derecho y el propio sistema democrático. 

Si el Derecho es, ante todo, un conjunto de reglas que busca garantizar la convivencia y que antepone el respeto a los derechos de los ciudadanos y, en su caso, sanciona a quienes las quebrantan, en ningún caso puede convertirse en un arma política contra otras instituciones ni ser utilizado por colectivo alguno de forma torticera, con fines espurios.

En este sentido, es muy peligroso el deterioro al que se viene sometiendo al Poder Judicial, a cuya degradación están contribuyendo, por acción u omisión, diversos actores internos como el propio Consejo General del Poder Judicial, con su mandato caducado hace más de cinco años y, por ende, deslegitimado para emitir decisiones y opiniones trascendentes que inciden directamente en el funcionamiento de las propias instituciones (por ejemplo, la sorprendente declaración de inidoneidad del Fiscal General del Estado). O las peticiones de ciertos órganos consultivos que actúan asociados a ciertos medios de comunicación y partidos políticos, para establecer posiciones jurídicas escasamente fundamentadas, aunque sí proclamadas urbi et orbe, de forma inmediata. 

Pero también actúan otros actores externos, como algunas formaciones que han trasladado la cancha de confrontación de esa naturaleza a los tribunales sumergiéndoles en esas luchas partidarias, incapaces de poner orden en el terreno de juego que les es propio. La inflación de denuncias y querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia demuestra la inmadurez democrática de nuestro sistema político. Acudir sistemáticamente a la justicia para resolver contiendas o superar frustraciones en ese ámbito es tan antiguo como pernicioso, por cuanto no solo desnaturaliza la acción de la Justicia, sino porque los componentes del poder judicial se convierten, nuevamente, en actores de la política en un terreno que no les es propio y, en consecuencia, cualquier resolución que dicten será negativa y perjudicial ante la sociedad. 

El papel de los medios de comunicación es un componente esencial para que este escenario de lawfare se complique y amplíe, con efectos geométricamente negativos y de muy difícil reconducción una vez consolidado. Existe una mala costumbre, cada vez más extendida por parte de algunos componentes del sector judicial y fiscal: es la de las filtraciones interesadas para intentar dirigir o motivar a la opinión pública en determinados temas que luego quedan en nada, pero que producen daños reputacionales importantes, a veces irreparables. 

En estos casos, se genera el ambiente mediático adecuado para que la resolución sea asumida en el sentido que convenga, se difunden los entresijos de la misma, se sugieren presiones o condicionantes sobre quien la pronuncia, o se deja entrever que hay algo oculto o sospechoso en su generación. Con ello, se obtiene el efecto deseado en el público que es ajeno a la verdadera motivación y objetivo perseguidos por el proceso judicial. La dilación posterior en la decisión del asunto la convierte en intrascendente.

Cabe preguntarse con qué tranquilidad se enfrentarán los afectados por una medida como la amnistía —si es que se llega a aprobar— a la decisión judicial decisoria de la misma, eventualmente dictada por quienes participaron en las manifestaciones o paradas judiciales en las puertas de los tribunales, o por quienes, perteneciendo a las asociaciones profesionales implicadas en aquel debate político, no se han desmarcado de las mismas.

A algunos operadores judiciales (en sentido amplio) se les ha olvidado que deben guardar silencio y no emitir opinión alguna diferentes a las que expresen en la propia resolución, además de un exquisito rigor. Así lo establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, las normas estatutarias, las internacionales y la propia jurisprudencia nacional e internacional sobre lo que pueden y no pueden hacer cuando están en ejercicio, y sobre la independencia y la imparcialidad. 

La transparencia en democracia es el antídoto de la arbitrariedad en la justicia. No podemos sentirnos tranquilos sin conocer los mecanismos de financiación de las asociaciones profesionales y sin conocer los vínculos políticos o mercantiles de alguna de sus estructuras corporativas, y debemos exigir esa transparencia al CGPJ a la hora de identificar los mecanismos complementarios de ingresos de los componentes del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. En política todo se puede cuestionar, pero en la justicia todo se debe razonar y argumentar de modo que sea comprensible y genere confianza, y no quede espacio posible para la sugerencia perversa de que la resolución correspondiente se ha cocinado entre bambalinas, ni que se alberguen dudas de que la justicia se controle “por la puerta de atrás”. 

Tenemos la obligación de conseguir que el Derecho deje de ser un instrumento de las clases dominantes frente a los más vulnerables, y de evitar que en manos de una determinada élite judicial se torne en instrumento indeseable que puede dar al traste con todos los avances sociales y de convivencia a los que somos acreedores. Como dice Raúl Zaffaroni, debe quedar claro que “el Derecho es lucha y el actual panorama mundial, regional y nacional, lejos de desanimarnos, debemos valorarlo como el desafío de nuestra hora y a cuya altura se nos exige estar”.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Poco a poco, la justicia entra en una nueva era, la de los litigios "anticlimáticos". El jueves 27 de julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo balance de estos nuevos tipos de casos publicando su tercer informe sobre litigios climáticos. En él se evalúan los 2.180 casos judiciales relacionados con la legislación, la política o la ciencia del cambio climático que se han registrado en la base de datos jurídica del Centro Sabin para el Cambio Climático, la más completa del mundo. 

En todo el mundo, los activistas están utilizando el arma jurídica para impulsar la acción por el clima. Pero al mismo tiempo, en los últimos años han proliferado los casos “backlash” o de reacción violenta. Dirigidos por empresas, gobiernos o ciudadanos de a pie, su objetivo es retrasar o detener la acción por el clima. Y en los próximos años, "es probable que se sigan emprendiendo acciones legales para frenar los avances para atenuar el cambio climático y la adaptación a sus efectos", señala el informe.

Los inversores extranjeros llevan cada vez más a los gobiernos ante los tribunales por sus medidas climáticas y medioambientales. Apoyándose en las normas de protección establecidas en los tratados de inversión, como las empleadas por el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (Cirdi) desde finales de los años sesenta, las empresas suelen reclamar indemnizaciones por las pérdidas que temen sufrir.

Por el momento, los resultados son dispares. Mientras que el gobierno de los Países Bajos se ha defendido con éxito ante los jueces europeos, evitando tener que pagar indemnizaciones a las empresas de combustibles fósiles debido a su política de eliminación progresiva del carbón en el país, Colombia se arriesga a tener que pagar cientos de millones de dólares por daños y perjuicios a Eco Oro, una empresa canadiense que extrae oro y plata del Páramo de Santurbán.

Este humedal de gran altitud es uno de los sumideros de carbono más importantes del país y contiene una reserva de agua vital para la región de Santander. Según Cirdi, las medidas de protección del medio ambiente infringían las normas de libre comercio.

La sentencia ha puesto de manifiesto uno de los principales problemas que obstaculizan los esfuerzos por mitigar el cambio climático: el razonamiento del Derecho económico internacional. "La decisión en este caso no es sorprendente. Se deriva de la lógica neoliberal del comercio internacional", explica Zhu Mingzhe, investigador de la Universidad de Amberes y especialista en derecho comparado.

Desde los años sesenta, gracias a un complejísimo proceso de aplicación de técnicas jurídicas, las empresas transnacionales han conseguido a menudo situar sus intereses por encima de las normativas de los Estados. Las consecuencias son nefastas e irreversibles.

"La ley protege cierto tipo de intereses que se consideran legítimos según el paradigma jurídico-político vigente, pero hoy este paradigma ya no tiene sentido. No podemos seguir utilizando un razonamiento jurídico que no tenga en cuenta las cuestiones climáticas y medioambientales", insiste Ivano Algona, jefe de investigación del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado (BIICL).

Los activistas también están en el punto de mira. Ante la urgencia de la crisis climática y la amenaza actual de colapso ecológico, la ausencia de acción gubernamental ha dado lugar a un creciente movimiento de protestas. Las acciones de desobediencia civil, que no están definidas legalmente, han dado lugar a menudo a acusaciones contra activistas en Australia, Francia, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá y Reino Unido, según el informe.

Aunque los jueces suelen tener en cuenta la crisis climática a la hora de condenar a los activistas procesados penalmente –las decisiones tienen en consideración la libertad de expresión y la necesidad del cambio climático–, también se producen abusos. Por ejemplo, tras los bloqueos que tuvieron lugar en 2021 en el Reino Unido, activistas de los movimientos Insulate Britain y Just Stop Oil fueron encarcelados durante meses antes de ser juzgados.

En los casos de derecho público, la libertad de asociación se ve regularmente amenazada por el poder ejecutivo, como ocurrió en Francia con el arresto domiciliario de activistas medioambientales durante la COP21 y la prohibición de manifestaciones a favor del clima, o con la reciente disolución de Soulèvements de la Terre, que han declarado su intención de llevar el caso ante el juez administrativo del Consejo de Estado.

Su batalla no está perdida: "La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Estado sobre la información y la participación del público en las decisiones que afectan al medio ambiente es bastante clara", explica Pauline-Marie Abadie, profesora de Derecho Privado y Ciencias Penales en la Universidad de París-Saclay. “El Consejo de Estado deberá pronunciarse teniendo en cuenta la naturaleza particular de los asuntos medioambientales en lo que se refiere a los derechos de información y participación, en particular a través de asociaciones, protegidos por el Convenio de Aarhus de 1998, que garantiza el derecho de control de los ciudadanos sobre las decisiones medioambientales".

Las desigualdades socioeconómicas también han dado lugar a una serie de casos judiciales en los que los planes para reducir las emisiones de CO2 se han topado con la oposición de ciudadanos, pueblos indígenas o sindicatos. Por ejemplo, en Chile, en 2021, tres sindicatos de trabajadores llevaron al Ministerio de Energía a los tribunales porque había firmado acuerdos de descarbonización con empresas energéticas sin consultar previamente a los empleados.

"Estos casos se basan generalmente en argumentos de derechos humanos y cuestionan la forma en que se distribuyen los beneficios en los procesos de descarbonización", señala María Antonia Tigre, investigadora en litigios internacionales sobre el clima del Centro Sabin y coautora del informe.

"Muestran las preocupaciones de los trabajadores, pero también de las comunidades tradicionales o indígenas, que pueden verse afectadas por proyectos vinculados a las energías renovables o a la minería para las baterías", prosigue, argumentando que este tipo de litigios podrían evitarse si se involucrara a la ciudadanía en una consulta previa.

Zhu Mingzhe, de la Universidad de Amberes, no comparte este análisis. "La llamada transición 'verde', como el despliegue de instalaciones de energías renovables, se hace a menudo a expensas de la equidad social, y la mayoría de los debates sobre el cambio climático no cuestionan al propio capitalismo", observa.

En su opinión, sin reducir el consumo, apostar por la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables para reducir las emisiones oculta la realidad del desarrollo industrial en el Sur global, que tiene "una fuerte dimensión colonial".

Pero, por otro lado, los expertos también esperan que los casos judiciales ayuden a que la ley evolucione a favor de la justicia climática. En 2019, tras seis años de batallas legales –tres decisiones, dos apelaciones y dos sentencias– entre la fundación ecologista Urgenda (con 900 ciudadanos holandeses) y el gobierno holandés, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ordenó al Estado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% en comparación con los niveles de 1990 para finales de la década.

El caso Urgenda inició una serie de procesos judiciales en todo el mundo, en los que ha responsabilizado a los gobiernos de la crisis climática, por ejemplo en Francia en octubre de 2021 y el pasado mes de mayo. "En su decisión, los jueces movilizan la base jurídica de los derechos humanos en los juicios climáticos", explica Ivano Algona, "una innovación" según los juristas internacionales.

La humanidad dispone ahora de sólo cinco años para limitar el calentamiento global a +1,5°C. En los próximos años, la oposición cada vez más feroz de los distintos intereses dará lugar a aún más juicios climáticos.

Traducción de Miguel López

El derecho penal, como instrumento jurídico imprescindible para mantener la paz y la convivencia social, se rige por unos principios que todos los que lo manejan: acusadores, acusados, jueces y tribunales tienen la obligación de conocer y respetar. Un principio básico es el que establece que su activación, como fórmula para solucionar un conflicto, es la “última ratio”, es decir, antes de aplicar la cirugía del proceso penal, hay que utilizar la medicina preventiva y curativa que ofrecen otras ramas del ordenamiento jurídico como el derecho civil, administrativo o social.  

En nuestro sistema procesal y como una peculiaridad única y sin referencias en otros modelos, existe la denominada acción popular, avalada por la Constitución, que permite a todos los ciudadanos, hayan sido o no ofendidos por el delito, la posibilidad de ejercitar la acción penal ante los juzgados y tribunales, solicitando la intervención judicial para la averiguación y posible castigo de los hechos que se denuncian. Además, se puede solicitar del Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación que deben terminar con su archivo, si estima que no existe materia delictiva, o formulando la correspondiente querella.

Estamos asistiendo, no sin preocupación, a una alarmante proliferación de denuncias y querellas de nítido contenido político y a la constatación de la existencia de verdaderos profesionales de la acusación popular que, confiados en la existencia de jueces proclives a la admisión de las querellas, por muy disparatadas o inconsistentes que sean, eligen cuidadosamente el momento para presentarlas con el convencimiento de que, por lo menos, serán admitidas a trámite. 

No es el momento de hacer propuestas de modificación del ejercicio de la acción popular, sino de constatar, como hemos puesto de relieve, la existencia de una realidad preocupante para el buen crédito de la justicia. Existen jueces demasiado abiertos a la recepción de imputaciones, sin profundizar en las verdaderas intenciones de los que abusan de las facilidades que proporciona la existencia de la acción popular, seguros de que nadie le pedirá responsabilidades por malversar fraudulentamente el verdadero sentido de una institución que está prevista para otros fines.  

Soy consciente de las suspicacias que genera,  en gran parte de la opinión pública, el sistema de organización del Ministerio Fiscal, cuya cabeza visible, el o la Fiscal General del Estado, es designada por el Gobierno y que, en principio, el resto de los componentes del Ministerio Fiscal se rigen por el principio de jerarquía. En la realidad —y puedo afirmarlo por haber formado parte del Ministerio Fiscal—, el grado de autonomía de las diversas Fiscalías y de los miembros que la componen es mucho mayor de lo que cree mucha gente, quizá influenciada por las corrientes de opinión, siempre con un sesgo ideológico de muchos medios de comunicación. Su Reglamento orgánico tiene resortes para desmontar interferencias de los superiores jerárquicos y no podemos olvidar que, constitucionalmente, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.

Todo lo que está aconteciendo en la sede de juzgados que admiten querellas e incluso denuncias absolutamente desprovistas de fundamentos jurídicos y que solo buscan la manera de convertir el derecho de acceder a la justicia en un arma de desprestigio y desgaste político, produce grave deterioro en la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Por ello estimo que deben ser los jueces, celosos guardianes de su independencia e imparcialidad, los primeros que deben poner coto a las pretensiones espurias que pretenden instrumentalizarlos, para conseguir efectos políticos que tienen que encauzarse por otras vías. Está en juego la estabilidad y credibilidad de nuestro sistema judicial y de la propia democracia.

Existen instrumentos legales suficientes para cortar de raíz las querellas de evidente intención y contenido político. Los artículos 312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proporcionan los cauces legales para rechazar la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito. La ley procesal veda el automatismo en la admisión de querellas y advierte a los jueces de la obligación de comprobar si son procedentes y, en su caso, rechazarlas de plano cuando los hechos en que se funda no sean constitutivos de delito. Un detenido estudio y análisis de las querellas, puede llevar a la conclusión de que se trata de un asunto sin entidad delictiva o que, en su caso, debe ser resuelto por otra jurisdicción que no sea la penal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el rechazo fundamentado y razonado de una querella no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho de acceso a la jurisdicción.

El contenido político de una querella se detecta: por las personas que las formalizan, por la naturaleza de los hechos denunciados y la condición política de los querellados; todos estos factores denotan, de entrada, un propósito ajeno a la búsqueda de la justicia. Existe la obligación legal de extremar el rigor para su admisión a trámite. Cuando  los redactores de las querellas son suficientemente conocidos, por su dedicación profesional a la imputación de hechos delictivos a personas, ideológicamente situados en un determinado espectro político, cualquier juez o jueza debe ser consciente de sus responsabilidades y valorar la viabilidad penal de los hechos que se denuncian.

Al margen de algunos extravagantes ciudadanos, existen conocidas asociaciones, sindicatos o grupos profesionales que sustituyen sus objetivos sociales por el expeditivo deporte del ejercicio de la acción popular. Sus nombres son suficientemente conocidos por su aparición recurrente en los medios de comunicación y en las sedes de los juzgados. Los titulares de los juzgados tienen la obligación de analizarlos a fondo, sin acudir al expeditivo trámite de tenerlos por recibidos e iniciar diligencias de investigación que pasan inexorablemente por el innecesario gravamen que supone hacer comparecer en un juzgado a un conocido y destacado político. Un dato relevante para desconfiar del fundamento de la querella lo proporciona la identidad del querellante. Suelen ser personas físicas, cuyo interés en la persecución de los hechos carece de justificación alguna o, en la inmensa mayoría de los casos, nos encontramos ante seudosindicatos o Asociaciones constituidas para determinados fines, entre los que no se encuentra el de interponer querellas a destajo.

Quizá uno de los supuestos más flagrantes del abuso del proceso penal lo encontramos, en estos momentos, en la querella admitida y en tramitación dirigida contra la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Una entidad denominada Asociación para la Transparencia y la Calidad democrática, encomiable propósito que todo buen ciudadano debe albergar, ha decidido presentar una querella contra la Alcaldesa, a sabiendas de que hechos parecidos habían sido denunciados por otra asociación (Abogados Catalanes por la Constitución), ante la Fiscalía Anticorrupción, que había decretado el archivo por tratarse de cuestiones que debían solventarse, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sospechosamente, esta Asociación parece que tiene más interés por la calidad de las aguas destinadas al consumo humano que por la calidad de la democracia y el respeto a sus instituciones. La sospecha se acentúa al comprobar que el abogado, en ambos casos, es el mismo y que en la querella se pone especial énfasis en el perjuicio causado a la empresa AGBAR, concesionaria del Servicio de Aguas de la Ciudad de Barcelona, que el Ayuntamiento que preside Ada Colau intenta remunicipalizar. De manera directa y sin ambages, AGBAR ya se ha querellado tres veces contra la Alcaldesa y en las tres ocasiones sus pretensiones han sido rechazadas.

Me parece que cualquier juez o jueza que reciba un escrito de esta naturaleza y que conozca estos antecedentes debe, por puro sentido de la responsabilidad y de la estricta observancia de la legalidad, leer su contenido, comprobar el voluminoso bagaje de expedientes administrativos que se citan y reclaman, para terminar concluyendo, como hizo la Fiscalía Anticorrupción, que se encuentra ante una burda y espuria manipulación del proceso penal, tratando de ponerlo al servicio de intereses ajenos al deber de perseguir los delitos.

Estamos ante una práctica que solo pretende desestabilizar la vida política y, al mismo tiempo, involucrar a los Jueces y Tribunales en un debate político del que solamente pueden salir desprestigiados y cuestionados. Ante esta descarada manipulación, deben resistirse con todos los instrumentos legales a su alcance.

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José Antonio Martín Pallín ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado este martes a raíz del pronunciamiento del juez instructor que, por segunda vez, desestima la denuncia interpuesta por decenas de mujeres víctimas de una grabación en la calle mientras orinaban y cuyas imágenes fueron colgadas en páginas web porno. En este sentido, ha advertido de que "hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual".

"Una mujer en la calle o el espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad", ha apuntado en un tuit este martes la ministra de Igualdad, en el que recuerda que "los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado", lo que incluye el judicial, ha informado Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro argumenta que los hechos denunciados no constituyen un delito contra la intimidad o el derecho a la propia imagen porque las imágenes se obtuvieron en la vía pública, por lo que deberían ser tratados por la vía civil y no la penal. El juez desestimó así la denuncia por segunda vez, al respecto de la cual fue presentada un recurso de reforma (el que se ha desestimado) y de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, que todavía no se ha pronunciado.

Las imágenes fueron tomadas en la vía pública y captadas con cámaras colocadas a propósito para ese fin, de forma oculta. Luego se subieron a páginas web de contenido pornográfico, algunas de ellas de pago. 

En un auto emitido a comienzos de septiembre que ya ha sido recurrido por la asociación Mujeres En Igualdad Burela (Bumei) ante la Audiencia Provincial de Lugo, el juez Pablo Muñoz Vázquez desestima el recurso presentado por el colectivo al primer archivo de la causa, dictado por él mismo a mediados de marzo. El criterio del juez instructor difiere del que tiene Fiscalía, que considera que hay un delito contra la intimidad y estima que "alternativamente" puede existir también otro contra la integridad moral de las víctimas.

Los hechos ocurridos en 2019 originaron que la propia institución del Valedor do Pobo iniciase una actuación de oficio en la que instó al Ayuntamiento de Cervo a revisar la organización del evento. Tras esta queja, el ayuntamiento se comprometió a instalar más baños públicos y aumentar el dispositivo de vigilancia.

El recurso de casación de la familia Franco, interpuesto ante el Tribunal Supremo, impugna o, mejor dicho, trata de anular la decisión judicial de haber confirmado la titularidad pública del Pazo de Meirás, y lo hace principalmente por tres argumentos: defienden que el Pazo es suyo, por usucapión, que es un modo de adquirir una propiedad por el paso del tiempo; defienden que el Pazo es suyo porque nadie les había traslado que la propiedad fuera pública; y por último, justifican la presencia de la Guardia Civil que custodiaba el Pazo, entendiendo los Franco que era un derecho benemérito particular, de Carmen Polo y Carmen Franco.

Por contra, lo que defiende la Abogacía General del Estado, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada y los Grupos Políticos, PP entre ellos, es que el Pazo es Patrimonio Público, y por tanto, propiedad del Estado, por entender que su título fue un pergamino de 1938, sin reunir la menor formalidad notarial y registral que una compra-venta requiere, y esta última interpretación es la que hace suya la Audiencia Provincial de A Coruña, dictando sentencia por la cual dispone que Franco adquirió Meirás a través de una simulación, en la que, por cierto, no abonó ni una peseta.

En mi opinión, las posibilidades de éxito de la familia Franco son utópicas. Afirmo esto porque además de un título-pergamino de 1938, es fundamental el contexto, analizado desde la buena o la mala fe procesal. La buena fe jurídica, como principio, es el estado mental de honradez por la que se obtiene el título de propiedad; y la mala fe es la convicción que tiene una persona de haber adquirido el dominio o la posesión de manera ilícita, fraudulenta, clandestina o violenta. ​

Personalmente opino que a estas alturas la titularidad del Pazo no va a ser objeto de debate, se va a mantener como un bien de titularidad pública, que es lo que recurre Luis Felipe Utrera-Molina, en nombre y representación de la familia Franco, pero superando todo este debate procesal lo muy discutible será la tasación y liquidación de esos gastos que, si el Supremo les da la razón, habrá que restituir a los Franco, y será controvertido porque no es lo mismo obras de conservación que de mejora, no es lo mismo reparar un inodoro que reformar el baño con los materiales más caros del mercado. El proceso se complica para los Franco, quienes por cierto alteraron el orden de sus apellidos, para no perder el título sentimental fascista supongo, y se complica porque no es el único recurso presentado ante el Tribunal Supremo; el Ayuntamiento de Sada y la Abogacía General del Estado así han procedido, impugnando esa supuesta buena fe que defienden unos nietos que hoy son abuelos, cuya negativa a exhumar a su abuelo fue notoriamente conocida, como si, al parecer, tuvieran miedo de una posible prueba de ADN.

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Eduardo Ranz es abogado y doctor.

Podemos ha presentado este miércoles un recurso de reforma contra la providencia dictada por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga las cuentas moradas, para recabar información de la Junta Electoral Provincial de Madrid, al considerar que no existen "indicios racionales" que justifiquen tales diligencias, subrayando que de realizarse serían "prospectivas".

El partido político ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que revoque dicha providencia "dejando la misma sin valor ni efecto en cuanto a las diligencias de investigación interesadas" en la misma.

Con ella, Escalonilla pedía a la Junta Electoral Provincial de Madrid información sobre la identidad del administrador de la coalición electoral Unidas Podemos-Izquierda Unida y sobre las cuentas bancarias utilizadas para las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.

La formación de Pablo Iglesias esgrime en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, "la inexistencia de indicios racionales que justifiquen las diligencias de investigación interesadas, por no haberse apreciado irregularidad alguna en la contabilidad electoral" para estos comicios.

Para justificarlo, aporta el informe de realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de la coalición electoral, en el que se detallan las comprobaciones efectuadas sobre los recursos y gastos electorales.

Según el extracto destacado por Podemos en el recurso de reforma, el informe señala que "con carácter general no se han detectado incidencias destacables". Así, precisa que "se han examinado los gastos de importe superior a mil euros, los cuales han sido justificados mediante documentación adecuada", siendo el importe global de 252.264,68 euros, lo que representa el 92 por ciento del total. La suma gastada, de acuerdo con este informe, fue de 273.864,99 euros, dentro del límite máximo de 3.289.039,50 euros.

"Como puede comprobarse, el órgano fiscalizador no ha advertido irregularidad alguna en los gastos efectuados por la coalición electoral Unidas Podemos-IUMadrid en Pie, por lo que no cabe apreciar indicios racionales de delito que sustenten las diligencias de investigación acordadas por su señoría", defiende Podemos.

Además, la organización morada añade que, en base a este mismo argumento, el propio Escalonilla rechazó en un auto del pasado 7 de septiembre autorizar las diligencias de investigación solicitadas por Vox sobre el contrato electoral con la empresa ABD, que alegaba que sería simulado, porque Podemos había justificado la prestación de servicios ante el Tribunal de Cuentas, que lo aceptó como gasto electoral. De hecho, la causa respecto a este asunto fue sobreseída.

Con todo ello, Podemos avisa al titular de este juzgado madrileño de que, si sigue adelante con las diligencias de investigación planteadas a la Junta Electoral de Madrid, "las mismas tendrían naturaleza prospectiva".

Neurona, en el punto de mira 

La causa parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras moradas –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad –la llamada 'Caja B'–, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados con Neurona, pero ha recomendado limitar las pesquisas a este contrato al estimar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".

La Inspección Fiscal ha abierto una información previa tras recibir una denuncia de una asociación de abogados de izquierdas contra la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo.

La tramitación de este asunto, confirmada por Europa Press, es independiente de la investigación también interna que ha abierto la Inspección en relación con las manifestaciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien en recientes entrevistas apuntó que dos compañeros habían tratado de "influirle" sobre el sentido del informe que él estaba realizando en relación con las querellas presentadas contra el Gobierno por su forma de llevar la crisis sanitaria.

La denuncia, cuya presentación obliga al menos un somero estudio, según las fuentes consultadas, fue presentada recientemente por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda pese a que el artículo fue publicado hace casi cinco meses. Consideran que el contenido del artículo debe ser merecedor de sanción disciplinaria.

Sobre la investigación de las presiones denunciadas por Navajas, el decreto de incoación de las diligencias no señala contra quien se dirigen las actuaciones, si bien uno de los fiscales apuntados en las entrevistas en las que señaló presiones es Madrigal. La indagación se ciñe por el momento al análisis de lo dicho por el teniente fiscal de Supremo, tras lo cual se estudiará si merece ser objeto de un expediente disciplinario contra algún miembro de la Carrera Fiscal en particular.

El fiscal Navajas explicó que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales "contaminados políticamente".

Según su relato, cuando comenzaron a presentarse las querellas contra el Gobierno por el coronavirus algunos fiscales acudieron a su despacho para intentar influenciarle sobre el fondo de este asunto. En concreto, apuntó a Consuelo Madrigal y a "otro compañero" cuyo nombre no quiso revelar. "Son fiscales de altísima consideración pero que en este asunto concreto están contaminados ideológicamente", dijo.

Estas manifestaciones provocaron el malestar entre las asociaciones de fiscales al considerar que estaban "fuera de lugar". Así, para la Asociación de Fiscales, "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar", pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas "no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones".

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el pasado 17 de junio el cese, a petición propia, de María de Mingo Corral como directora general de Trabajo, sólo nueve meses después de haber accedido al cargo. Inspectora de Trabajo, fue la redactora del informe en que se basó el juez para ordenar en julio de 2019 a Deliveroo que convirtiera en asalariados con contrato laboral a 532 repartidoresasalariados con contrato laboral a 532 repartidores. En septiembre, el consejero de Economía y Empleo de Madrid, Manuel Giménez, independiente en las filas de Ciudadanos, la puso al frente de la Dirección General de Trabajo.

De Mingo no ha querido explicar a infoLibre los motivos de su renuncia tras su breve paso por la Comunidad de Madrid. Pero abogados y asociaciones consultados por este periódico apuntan hacia sus intentos frustrados de mejorar el deficiente funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid (SMAC) como una posible causa. “Sospechamos que en la consejería no le han hecho mucho caso en sus intentos por reformar el SMAC”, indica Eduardo Cohnen, abogado del bufete Sartorius Cohnen. En el mismo sentido se pronuncian Bernardo García, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados –“pese a que hemos sido muy críticos con ella, creemos que su dimisión está relacionada con la falta de respaldo del Gobierno de Madrid para mejorar el servicio”– y Miguel Ángel Garrido, de la Asociación de Laboralistas de Trabajadores de Madrid.

La directora general celebraba reuniones semanales con las asociaciones de laboralistas y los colegios de abogados y graduados sociales para solventar los problemas de falta de medios y personal que el SMAC lleva años arrastrando. Todos los participantes destacan el “interés” y el “esfuerzo”, en palabras de Mariano Salinas, del Colegio de Abogados de Madrid, mostrados por De Mingo para reformar un servicio que coinciden en calificar de “desatendido” y “deteriorado”. Y que, con el cierre obligado por la pandemia, además, afronta ahora una reapertura llena de incertidumbres, advierten los letrados.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Economía, durante el estado de alarma y hasta el mes de junio en el SMAC se han presentado más de 12.000 solicitudes de conciliación, un “volumen importante” que el departamento sitúa, no obstante, “dentro de los parámetros de actividad” del servicio. La vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla, asegura por su parte que hay 4.000 papeletas “atascadas”, presentadas de forma telemática hasta el 4 de junio, cuando volvieron a reanudarse los plazos administrativos que permanecían suspendidos desde el 13 de marzo. El problema estriba en que lo que en principio sólo parece un trámite administrativo puede hacer perder al trabajador demandante su derecho a la tutela judicial efectiva. Porque para acudir al juez de lo Social es preceptivo haber intentado, al menos, la conciliación previa con la empresa. De hecho, el juez puede archivar la demanda si no se ha cumplido esa diligencia. Es lo que está ocurriendo, destacan los abogados, con el SMAC cerrado –el registro físico acaba de abrirse–, pero con los plazos administrativos reactivados desde el pasado 4 de junio.

“No ha lugar, por ahora, a su admisión a trámite, requiriéndose a la actora a fin de que en el plazo de 15 días acredite la celebración o el intento de conciliación previa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 81.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, con advertencia de que caso de no hacerlo así en el indicado plazo se acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones”. El párrafo forma parte de la diligencia que el secretario de un juzgado de lo Social envió a un letrado el pasado 16 de junio. De momento, se pueden presentar de forma telemática las solicitudes de conciliación, pero no se les pone fecha, explican los abogados consultados. Sólo se están agendando las citas que fueron pedidas antes del estado de alarma pero cuyos actos de conciliación tuvieron que ser suspendidos por el confinamiento, así como otras en las que los letrados de empresa y trabajador han alcanzado con carácter informal un principio de acuerdo. “Y ésas son excepcionales”, precisa Eduardo Cohnen. También se está dando prioridad a las demandas de despido, que deben interponerse antes de que transcurran 20 días.

Pero hasta el próximo lunes, día 13, según se les ha comunicado a los letrados, no se empezarán a “certificar” los actos que no han podido celebrarse. “Antes, te ponían un sello para acreditar que el acto de conciliación no se había celebrado ni se iba a celebrar”, explica Eduardo Cohnen, “y con esa certificación podías ir ante el juez sin problemas”. Pero, en todo este periodo de inactividad y posterior desescalada, ese sello no se ha proporcionado, con el consiguiente perjuicio para el demandante si el juez es riguroso y, como en la diligencia de más arriba, exige la certificación.

“Y eso si cuenta con un abogado, que no siempre es así; hay muchos trabajadores que acuden al SMAC sin asistencia letrada o de un sindicato, o que carecen de DNI electrónico o de clave de acceso electrónico para presentar la papeleta y sólo pueden hacer el trámite físicamente... todo redunda en una pérdida de derechos”, protesta Miguel Ángel Garrido. A su juicio, se está haciendo un “uso antisocial de la norma” que obliga a acudir a la mediación antes de demandar, “por culpa de la incompetencia de la Comunidad de Madrid”. En consecuencia, una herramienta pensada para amparar al trabajador deviene así en “un obstáculo”, e incluso en una “trampa”, para que pueda ejercer sus derechos, resume el abogado: “No puede ser que el trabajador se convierta en rehén de la Administración”.

Sin conciliaciones en navidad y verano

Las deficiencias del SMAC no son nuevas. “La falta de personal ha sido la tristeza [del servicio] de toda la vida”, lamenta Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala). Además, el intento de poner en marcha una plataforma telemática para presentar las solicitudes e incluso celebrar actos de conciliación a distancia no ha dado grandes resultados. Hubo un programa piloto, asegura, pero se quedó “en fase de rodaje, en versión beta” por problemas técnicos. Por ejemplo, hubo que cambiar dos veces los formularios, donde apenas se podía explicar en dos líneas el motivo de la demanda, o los días y horas se asignaban de forma aleatoria pese a coincidir trabajadores, empresa y abogado implicados en varios actos de conciliación, critican los letrados a los que ha preguntado infoLibre. “Donde más dificultades tiene el SMAC es en los recursos informáticos y de personal”, subraya Iván López García de la Riva, socio del despacho Abdón Pedrajas y secretario del Foro Español de Laboralistas (Forelab).

Esa crónica falta de plantilla es la que fuerza la interrupción del servicio durante algunos meses cada año. Por ejemplo, en navidad y en verano por las vacaciones del personal, explican los laboralistas. O, cuando la carga de trabajo les desborda, sólo atienden “despidos y sanciones pero no reclamaciones de cantidad”. “El sistema no tiene capacidad mediadora por el volumen de asuntos con que debe lidiar, por lo que la mediación se convierte en un mero trámite”, lamenta Miguel Ángel Garrido. De hecho, los letrados calculan que cada acto de conciliación no dura más de 15 minutos y se limita a la comprobación de papeles. Eduardo Cohnen precisa que, a diferencia de otros servicios de conciliación laboral españoles, donde se hace un intento “mínimo” de mediación, en el “muy peculiar” madrileño los letrados conciliadores se limitan a preguntar “si hay acuerdo o no”, pero no hacen ningún esfuerzo para aproximar a empresa y trabajador: “Examinan los poderes y ya está, con lo cual se está desperdiciando el trabajo de unos licenciados en Derecho”, reprocha el abogado de Sartorius.

Para sustituir a María de Mingo la consejería ha nombrado a otro inspector de Trabajo, Álvaro Rodríguez de la Calle, quien ya ha mantenido su primera reunión sobre el SMAC con las asociaciones y los colegios profesionales. “Nos dijo que es consciente de la acumulación de procedimientos y nosotros le manifestamos nuestra preocupación por los problemas de caducidad que se van a presentar”, traslada Eva Torrecilla. Su prioridad, les avanzó, es abrir la sede del servicio con las medidas de seguridad impuestas por el covid-19. También les anunció su próxima reunión con el decano de los juzgados de lo Social, en un intento por impedir que sus titulares archiven las demandas por falta de conciliación previa. El problema, opone Eduardo Cohnen, es que “cada juez y cada secretario son soberanos en sus decisiones, tienen cada uno su propio criterio”, y no se les puede imponer uno a todos.

De forma que ya está ocurriendo, aseguran los laboralistas, que algunos trabajadores pactan en un despacho de la empresa con un documento privado la indemnización de un despido que ésta sabe que es improcedente. “Técnicamente es ilegal, eso debe hacerse en el SMAC para que la cantidad quede exenta de impuestos”, resalta Eduardo Cohnen, “pero lo hacen porque piensan que es la única manera de cobrar y con la esperanza de que el SEPE no lo considere una baja pactada y les deniegue la prestación por desempleo, y de que no tenga problemas con Hacienda”.

Un refuerzo de 20 trabajadores para aliviar el atasco

La Consejería de Economía asegura que los actos de conciliación se reanudaron el 18 de mayo y que desde entonces se han celebrado unos 3.400 en las dos salas que tiene abiertas. A razón de 300 diarias. Y niega que no se emitieran certificaciones de los actos no celebrados durante el estado de alarma: las cifra en 4.700. En julio y agosto se mantendrán operativos 10 de los 16 despachos con que cuenta el SMAC, “el doble de los que funcionan en un verano normal” para dar salida a la lista de espera acumulada durante el estado de alarma. También se reforzará la plantilla este mismo mes y hasta diciembre con 20 personas adicionales. Según el departamento, el sistema informático está siendo sometido a “pruebas de validación” para que comience a funcionar en septiembre.

Entonces se verá cómo responde el SMA al “complicado reto” que se le avecina: “Si con los medios de que dispone puede atender de forma fluida el aumento de la demanda de mediaciones”, plantea Iván López. Miguel Ángel Garrido prevé una “avalancha inevitable de despidos” para entonces, cuando decaigan los ERTE que ahora están sosteniendo el empleo. El SMAC madrileño celebró en 2019 un total de 98.193 conciliaciones de las cuales 56.423, más de la mitad, fueron despidos, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Economía. De esas casi 100.000 conciliaciones laborales, una tercera parte, 34.275 terminaron con acuerdo, por lo que se evitó el consiguiente juicio. Sin embargo, la consejería lleva desde enero sin proporcionar datos al Ministerio de Trabajo, que recopila los registros de actividad de todos los servicios de conciliación laboral de España. En enero, el SMAC madrileño celebró 10.209 actos de mediación, de los cuales 5.801 fueron despidos.

A las puertas de una sentencia histórica –por supuesto, nos referimos al procés–, es pertinente escuchar a José Luis González Cussac (Valencia, 1960), eminente penalista, que se debate entre el entusiasmo intelectual por el caso y la obligada prudencia ante una materia sub iudice. "No he firmado ninguno de los manifiestos que han salido. Naturalmente tengo mi opinión, pero no voy a decir si existe o no delito", advierte de entrada. A lo largo de una hora y media de conversación con infoLibre, cumplirá su palabra y se reservará si cree más probable la condena por rebelión o por sedición, y en qué grado, lo cual es el gran objeto de especulación en torno al fallo. A cambio, descenderá hasta cada detalle jurídico, separando el grano de la paja para orientar al lector de esta entrevista en todas las claves para comprender el inminente fallo y desgranar los hitos de todo el proceso judicial.

González Cussac, catedrático de Derecho Penal, director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales y co-director del máster de Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos de la Universidad de Valencia, afirma que, aunque originado en "viejos conflictos familiares", el procés es "muy diferente de los históricos demonios del golpismo", aunque sí fue un acto de fuerza. Cree que la sentencia, en la que la justicia española "se juega mucho", es la más importante desde la transición junto a la del 23-F. Y defiende la potestad del Estado para indultar, aunque cree que es un "debate prematuro" en el caso del procés.

PREGUNTA: ¿Con qué se puede comparar este caso? ¿O es único?

RESPUESTA: En la jurisdicción penal española va a ser la sentencia más importante de la democracia desde la del 23-F. Hoy quizás la vemos más importante, pero hay que recordar la situación en 1981, que también era muy trascendente. Diría que, junto a la sentencia del 23-F, es la sentencia más importante desde la Transición.

P: La condena se daba entonces casi por segura. ¿Ahora hay más incógnitas?

R: La situación es diferente. En aquel caso, el mayor impacto fue el propio intento de golpe y la reacción institucional. La sentencia era muy importante, con cuestiones trascendentes a dilucidar, pero la expectación es ahora mayor. La sentencia del 23-F, desde el punto de vista jurídico e incluso político, respondía a la historia negra de nuestro país, del siglo XIX y del siglo XX, a nuestro demonio histórico, que siempre ha sido el golpe de Estado del ejército o de milicias armadas. El 23-F se acomodaba bien a esa tradición. El proceso [independentista] tiene matices muy diferentes a los demonios históricos del golpismo, aunque también se origina en viejos conflictos familiares.

P: ¿Debe tener en cuenta el tribunal el contexto social y político o abstraerse?

R: Los tribunales tienen que aplicar el Derecho vigente. Dicho esto, la sociedad va evolucionando y los criterios jurídico-interpretativos van siguiendo los cambios sociales. Pero en derecho penal no se puede perder lo que dice la ley en atención a las consecuencias políticas y sociales. Pueden jugar con ciertos márgenes para adecuar el texto de la ley a la sociedad, pero sin romper los límites que te da el lenguaje de la ley. El ordenamiento jurídico tiene luego otros mecanismos de subsanación si se considera que el castigo es excesivo. Nosotros usamos una expresión en latín, summum ius summa iniuria, es decir, la aplicación rigurosa y estricta de las leyes puede llevar a una resolución relativamente injusta. Hay mecanismos para corregir eso. Pero la ley se tiene que aplicar.

P: ¿Ha sido un proceso correctamente llevado, desde la instrucción al juicio?

R: Lo primero que quiero significar es que cuando un asunto llega a la jurisdicción penal es un fracaso social. El derecho penal es la última forma de solucionar nuestros conflictos, es bastante dura y fuerte. Esto se multiplica cuando nos encontramos ante un conflicto social y político. El derecho penal, si acudimos a la medicina, sería la cirugía, un método invasivo cuando no queda más remedio. Pero soluciona lo que soluciona. La sentencia no va a cambiar, no puede hacerlo ni aspira a ello, las aspiraciones políticas de cientos de miles de catalanes. Esa es la primera idea: llevar un asunto político a la jurisdicción penal es un fracaso. Y dará una solución penal, no se puede esperar una solución política o social de la sentencia. Dicho esto, aquí estamos ante lo que los juristas llamamos "un caso difícil". ¿Por qué? Porque está sometido al escrutinio general de la opinión pública y los expertos, hay varias interpretaciones posibles... Ahora, si me pregunta si se ha llevado correctamente, creo que sí. Las decisiones judiciales están bien fundamentadas todas, lo cual no quiere decir que no sean discutibles.

P: ¿Por ejemplo?

R: Empezando por el principio, ¿por qué la competencia pasa a la Audiencia Nacional y luego directamente al Supremo? ¿Por qué no se mantiene en la Audiencia de Barcelona o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber aforados del Parlament y del Govern català? Esa es la primera decisión discutible. Como decía, la propia decisión de qué jurisdicción es competente ya generó problemas y discusiones jurídicas. Pero el desarrollo de la instrucción y la vista del juicio oral se han llevado con un escrúpulo absolutamente inusual en la práctica judicial española o de cualquier otro país. Se ha sido de una formalidad y un rigor extraordinarios, por razones obvias.

P: ¿Una "razón obvia" es que el caso está abocado a ser visto fuera de España?

R: Los tribunales supremos en Europa, hasta fechas no muy lejanas, tenían la última palabra. A partir de la irrupción de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, han ido concienciándose de que en ciertas materias la última palabra la tienen ellos. Y también se han ido acostumbrando a que por encima del Supremo está el Tribunal Constitucional. Ya no es la última palabra. En los asuntos de la naturaleza, la gravedad y el impacto de este, los magistrados toman en consideración de una forma mucho más intensa la doctrina constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque, además, ya tenemos antecedentes, con la famosa doctrina Parot, de que hay unas líneas rojas claramente marcadas [en cuanto a derechos fundamentales].

P: ¿Son los previsibles recursos los que hacen importante la unanimidad? ¿Por qué se ha puesto tanto énfasis en lo positiva que sería una unanimidad en el fallo?

R: Es importante siempre. Cuando más difícil es el caso, más necesaria es como expresión de acuerdo a la solución jurídica. Y esto implica acercar interpretaciones. Estoy seguro de que dentro de la Sala, los siete magistrados, por separado, tienen opiniones diferentes. Esto es normal. Justamente la clave de la solución es buscar los puntos de acuerdo. Pero no diría que esta búsqueda se hace mirando fuera, sino dentro, buscando la solución más justa. Si consiguen la unanimidad, será motivo de felicitación a la Sala.

P: Si no lo consiguen, ¿será una sentencia más débil?

R: Desde el punto de vista jurídico, no. Lo que marca una resolución es el fallo, que se obtiene por mayoría. Vale con cuatro votos a favor.

P: ¿En torno a qué delito ve más probable el acuerdo del tribunal?

R: Es difícil. Hay una coincidencia de todas las acusaciones en que se ha cometido el delito de desobediencia grave y malversación. La discrepancia está en la calificación de rebelión [Fiscalía] o sedición [Abogacía del Estado]. Las defensas, por su parte, piden la libre absolución. Dejando la acusación que sólo hace la acusación popular [Vox], de criminalidad organizada, ¿dónde se ha puesto el foco? En si hay rebelión o sedición.

P: ¿Cuál es la clave para decidirse por una u otra?

R: Si hubo violencia [rebelión] o un alzamiento tumultuario, que es el término del Código Penal [para la sedición]. Esto es lo que más se ha discutido desde el punto de vista penal. Ahora, desde el punto de vista procesal, lo que más se ha discutido es la prisión preventiva. Esos son los dos núcleos jurídicamente más importantes que se han debatido.

P: ¿Ha sido excesiva la aplicación de la prisión preventiva en este caso?

R: La prisión preventiva es siempre sumamente discutible. En este caso hay que examinar si en cada uno de los presos concurre una de las tres razones que legitiman la privación de libertad antes de la sentencia: riesgo de fuga, de seguir cometiendo delitos o de destruir documentación necesaria para la causa. No se puede hacer un consideración general. Lo que sí es cierto es que, aunque las estadísticas han mejorado muchísimo y ya hemos dejado atrás las cifras de cuando prácticamente un tercio de la población reclusa estaba en prisión preventiva, España sigue usando demasiado la prisión preventiva comparándonos con los países que mejor conjugan eficacia y respeto [a los derechos], como Francia, Italia o Alemania. Subsiste un cierto automatismo al decretar la prisión preventiva. Este caso debe servir para una reflexión general que sirva para otras causas. Es bueno que con casos con tanta proyección llegue a los ciudadanos este debate.

P: ¿Ha aparecido durante el juicio la violencia necesaria para la rebelión?

R: Contestar sería valorar la prueba. Lo innegable es que no ha aparecido la violencia que hasta ahora acompañaba los delitos de rebelión. No ha aparecido esa violencia con toma de calles, de infraestructuras críticas, con muertos, con heridos... Afortunadamente esto no ha pasado. Habría que ver si de la prueba practicada se puede derivar si ha existido otro tipo de acontecimiento de carácter físico que pudiera ser subsumible en el delito de rebelión. Esa es la tesis de la Fiscalía. Habrá que ver la narración fáctica de la sentencia y si se ajusta a la violencia que requiere el Código Penal. Y luego habrá que ver si estamos hablando de violencia en sentido estricto, o como algunos que tienden a espiritualizar el concepto de violencia y acercarlo a la intimidación. Hay un margen de discusión. Por otra parte, todos sabemos que los delitos no son sólo la consumación, hay fase de actos preparatorios y de tentativa. Y una cosa más: la derogación [en las reformas legales de 1995 y y 2005] de lo que llamábamos la "rebelión impropia", que no tenía el requisito de la violencia, es un argumento a tener en cuenta para la posible calificación que haga la Sala.

P: ¿A tener en cuenta a favor de quién?

R: Bueno, este argumento se ha usado para decir que si se derogó la rebelión sin violencia, pues no hay delito de rebelión si no hay una violencia clara.

P: La Fiscalía ha afirmado en la Sala que hubo un "golpe de Estado". ¿Es jurídicamente útil anclar la argumentación en un concepto así?

R: Es útil si se matiza. Nuestro demonio histórico es una rebelión con violencia sin discusión. Con muertos, con heridos, con enfrentamientos en las calles, los cuarteles y las plazas. Esto es lo que siempre hemos vivido. Ahora [en el procés] la expresión golpe de Estado la puedo compartir si se dice que en el fondo hubo un acto de fuerza. Es decir, se toma una decisión política fuera de los procedimientos legales y constitucionales. En ese sentido se puede hablar de golpe de Estado pero no es el golpe de Estado de siempre. Es digamos otro [tipo de] golpe de Estado, si queremos un golpe de Estado soft. Pero no deja de ser un acto de fuerza. Una imposición de una voluntad, de un nuevo modelo jurídico, rebasando las competencias dadas. En ese caso es un acto de fuerza, una vía de hecho.

P: La base del delito de rebelión es que supone un ataque contra la democracia y el Estado. ¿Corrieron riesgo la democracia, la Constitución, las instituciones?

R: En mi opinión, no. Evidentemente hay un conflicto profundo que debe solucionarse como se solucionan los problemas en un país democrático, hablando y llegando a acuerdos mínimos. La solución penal no es una solución al problema, sino sólo a posibles extralimitaciones de decisores políticos y ciudadanos corrientes que han querido ver una legitimidad fuera de la única legitimidad, que es la que te da la Constitución. Todo esto es un problema grave, sí. Pero, desde mi opinión, las opciones de que esto terminara de una manera que no queremos ni pensar estuvieron afortunadamente lejos. No estuvimos cerca de un enfrentamiento grave. Esa parte de la ciudadanía catalana y sus instituciones [la que impulsó el procés] no tenían la suficiente fuerza para derrotar al Estado español. Cuando quieres imponer algo con la fuerza, tienes que tener la suficiente fuerza para contrarrestar a aquello a lo que te enfrentas. Y no hablo sólo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de la fuerza social o el respaldo internacional. N había capacidad de desbordar al Estado. Esta insurrección, por no utilizar categorías penales, nunca la vi con la suficiente entidad para imponerse por la fuerza al Estado español.

P: ¿Una sentencia condenatoria daría fuerza a una euroorden contra Puigdemont, que podría reactivarse después del fallo?

R: Una sentencia condenatoria de un Tribunal Supremo quiero pensar que tiene fuerza frente a otros tribunales europeos. Tendría un peso de prestigio institucional, pero no supondría una obligación jurídica para cualquier otro tribunal.

P: Es decir, ¿una condena haría más sencilla, aunque no segura, la extradición?

R: Si se reactiva la orden con una sentencia del Supremo diciendo que concurre violencia en fase de conspiración, tentativa o consumación, tendría fuerza, pero no constituiría obligación de otro tribunal europeo. Por cierto, también hay polémica sobre si el tribunal alemán se extralimitó o no [rechazando la entrega por rebelión].

P: A su juicio, ¿se extralimitó?

R: Independientemente del caso concreto, como reflexión general se aprecia una cierta resistencia de muchos tribunales europeos a fomentar esto del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. El tribunal alemán, con más o menos razones, no fue por esta línea de reconocimiento muto de resoluciones judiciales.

P: ¿Cuánto se juega la justicia española en este caso?

R: La justicia española se juega mucho. Es un caso jurídicamente muy difícil. Por el impacto, por las consecuencias. Porque va a estar sometido al escrutinio de todo el mundo dentro y fuera de España y seguro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un caso tan difícil, nuestro máximo tribunal ordinario tiene que mostrar su capacidad jurídica para buscar una solución que se acomode a los derechos fundamentales. Los magistrados son muy conscientes de la trascendencia del fallo. Ya se ha visto con qué escrúpulo y meticulosidad se ha seguido la vista oral. Realmente es muy difícil universalizar esta precisión, este buen hacer exquisito procesal.

P: ¿Sería negativo un indulto? Es un tema de debate político antes de la sentencia.

R: El debate del indulto es completamente prematuro. Antes de que el tribunal se pronuncie, no se puede anticipar esa discusión. El indulto es un vestigio del derecho de gracia del soberano, pero hoy el procedimiento está reglado. No es en absoluto discrecional. Seguro que encontramos casos discutibles e incluso irregulares, pero lo normal es que siga unas pautas. Creo que un Estado no puede renunciar al ejercicio del derecho de gracia. Ya lo dije en enero en la Comisión de Justicia del Congreso, donde me llamaron para hablar de la modificación de la ley del indulto: yo soy absolutamente contrario a limitar el derecho al indulto. No se puede hacer un listado diciendo "no se puede indultar a terroristas, maltratadores, corruptos...". Estoy en contra de cualquier exclusión. El indulto justamente está para cuando los jueces resuelven aplicando el derecho positivo pero, por determinadas circunstancias personales y sociales, se hace recomendable, por razones de justicia, que esa pena se atenúe o se extinga. Hay que quitar el prejuicio negativo contra el indulto, como que sólo se concede a los poderosos, que es algo turbio o para hacer favores. No, no es nada turbio. La razón del indulto es una razón poderosa, se llama proporcionalidad. El paso del tiempo hace innecesario castigar o castigar tanto. Es una válvula de escape que tiene el Estado, o la sociedad. El indulto está para hacer justicia. En este caso [el procés], si hay condena y se pone en marcha el proceso de indulto, habrá que ver los argumentos.

P: Si Cataluña deja atrás este conflicto, ¿el indulto sería más probable?

R: Desde luego el contexto ayuda. Te pondría un ejemplo típico de indulto: un joven que comete delitos vinculados a las drogas y cuando se le condena es un adulto que ya no consume, tiene familia... No tiene mucho sentido. Claro, si esa persona sigue cometiendo delitos, va a ser difícil que la indulten. Si esta regla la llevamos al caso que nos ocupa, es fácil la solución. Dicho esto, no hay que pedir a nadie que esté de acuerdo con la Constitución. Una cosa es acatarla cuando eres una autoridad, derivada además de la Constitución, y otra es la exigencia de estar de acuerdo. Bajo ningún concepto. Lo único que se puede pedir es renunciar a vías de hecho que pueden constituir ilícitos penales.

P: ¿Ir más allá sería criminalizar las ideas?

R: Sería una traición a la Constitución y a la pluralidad ideológica. Lo exigible es la lealtad constitucional. Hay que buscar soluciones dentro de los procedimientos constitucionales. El indulto se podría dar pero no sujeto a que renuncien a sus ideas, sino a los métodos que pueden ser delictivos.

P: Ha despertado suspicacias que los presos estén bajo la custodia de la Generalitat. ¿Estaría justificado que no cumplieran pena en Cataluña?

R: No, no. Existe el derecho de cualquier preso a elegir el lugar de cumplimiento de la pena, salvo los delitos de terrorismo. Cataluña es la única comunidad que pidió las competencias penitenciarias y se le concedieron. Pero, y esto hay que aclararlo, aunque el sistema penitenciario es dependiente del poder ejecutivo, en el caso catalán la Generalitat, este poder ejecutivo está sometido a la ley. Frente a las decisiones que pudiera tomar la administración penitenciaria catalana se podrá oponer el fiscal y la resolución final la tomará un juez de vigilancia penitenciaria.

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá previsiblemente la petición de condenas por rebelión para los nueve encausados por el procés independentista en Cataluña para los que ya pidió inicialmente la pena de cárcel por este delito. La formalización de esta petición –trámite de conclusiones definitivas– se producirá al término de la prueba documental que se celebra esta semana, informa Europa Press.

Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que se descarta la petición de penas por sedición, que es el delito por el que acusa la Abogacía del Estado, y la previsión es que los cuatro fiscales que llevan este asunto defiendan definitivamente en sus informes finales la pena de rebelión para el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los que fueran líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

Lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena dé voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones, aunque si la prueba documental se extiende con la exhibición de los vídeos que integran la prueba documental el anuncio de las calificaciones finales deberá esperar a la semana próxima. En dicho momento se conocerá si, tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras visionar varias horas de vídeos sobre el 20-S y las intervenciones policiales del 1-O la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.

Peticiones iniciales

En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés. Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional. Para cada uno de ellos, los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

Abogacía y Vox

Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal, se dará a conocer la de la Abogacía del Estado cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica. En principio, los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía. A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía consideraba antes del juicio que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Catalunya, si bien ahora tiene la oportunidad de modificar esta posición.

Finalmente, la acusación popular de Vox solicitaba inicialmente un total de 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados. En este momento procesal se conocerá si el partido político rechaza finalmente acusar por organización criminal, lo que supondría una rebaja de sus peticiones.

La Sala ha comunicado que el día 11 próximo mes de junio la vista oral podría quedar vista para sentencia.

El cantautor Lluís Llach ha revelado este lunes que fue él quien animó al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente, a subirse a un vehículo de la Guardia Civil la noche del 20 de septiembre de 2017 para desconvocar la multitudinaria protesta frente a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, informa Europa Press.

Así lo ha contado Llach en su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista que se celebra en el Tribunal Supremo, donde ha explicado que después de desconvocar la concentración desde un escenario que se había colocado en la confluencia de la Gran Vía y Rambla Cataluña se dieron cuenta de que las personas situadas junto a la puerta de la consejería no les habían oído. Llach, que estuvo toda la jornada del 20-S junto a Sànchez y Cuixart, ha relatado que desde ese escenario emplazaron a los manifestantes a desconvocar la protesta y les animaron a concentrarse al día siguiente frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una revelación que ha admitido un tanto avergonzado al decirla delante de magistrados del Supremo.

En todo caso, ha reconocido que hicieron esta arenga a los manifestantes para conseguir que se marcharan y a continuación, el expresidente de la ANC y ahora diputado electo afirmó que se encargaría de "buscar un megáfono" para poder dirigirse a los presentes que estaban más lejos, junto a la puerta de la consejería. "Y yo les dije, quizá por deformación profesional, que el único sitio desde el que podrían verles sería desde encima del coche", ha apuntado.

Según ha señalado, él mismo también quiso subirse al coche, pero Sànchez y Cuixart le pidieron –"no muy educadamente", ha ironizado– que se marchase porque si los manifestaban le veían allí, al ser "una persona conocida", no querrían desconvocar la protesta. Llach, quien vestía de negro y llevaba distintos complementos de color amarillo como la correa del reloj y el cordón de las gafas, además del lazo amarillo en solidaridad con los políticos presos, ha declarado en el juicio durante algo más de media hora a petición de la acusación popular que ejerce Vox debido a que estuvo toda la jornada del 20-S.

Al comienzo del interrogatorio, y cuando el letrado de Vox Javier Ortega Smith ya había hecho un par de preguntas, el cantautor se ha dirigido al tribunal para expresar su protesta "como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo" por la presencia del partido de ultraderecha en el proceso. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha interrumpido antes de que pudiese seguir, recordándole que aunque son "afirmaciones respetables hasta el máximo", exceden el "propósito" de su papel en el juicio como testigo. El magistrado le ha recordado además que Ortega Smith "personifica la acusación popular", que está prevista en el "régimen jurídico vigente", por lo que los testigos tienen "la obligación de responder a sus preguntas".

Colaborando con los 'Jordis'

Salvada esta interrupción, Llach, quien en el momento de los hechos era diputado de Junts pel Sí, ha afirmado que conoce a Sànchez y Cuixart desde hace muchos años y que el 20-S sabía que se estaba realizando un registro judicial cuando acudió a la Consejería de Economía, donde estuvo todo el día para "protestar" y defender una "desobediencia civil". Eso sí, al igual que otros testigos ha comentado que el ambiente ese día fue "festivo".

También colaboró, junto con otros diputados del Parlament, a la hora de hacer una "barrera" entre los manifestantes y la entrada del edificio, donde había mossos d'Esquadra y guardias civiles, para que la actuación judicial "se desarrollase perfectamente" y "todo fuese lo más normal posible". Asimismo, ha contado que al ser "una persona incomprensiblemente conocida", se puso "al servicio" de Sànchez y Cuixart, a los que estuvo acompañando casi todo el día, también asistiendo a las reuniones que mantuvieron con los guardias civiles y mossos.

En un momento dado, también trató de organizar la salida de la letrada de la administración de justicia, intentando "camuflarla" entre dos de las diputadas, y que "una masa de periodistas", además de manifestantes, fueron los que se subieron primero en los vehículos de la Guardia Civil y que cree que eso es lo que pudo ocasionar los destrozos. Llach también estuvo presente cuando Sànchez se enteró de que en esos vehículos había armas largas, por lo que se pusieron a hacer un "cordón" de voluntarios, pero primero tuvieron que bajar a los manifestantes de los coches. "Pasamos un poco de sudor y lágrimas porque se creían en propiedad de las mejores plazas. Para bajarles tuvimos que llorar y gritar y así el cordón pudo pasar por detrás de los coches y así nos quedamos más tranquilos", ha relatado.

Según el cantautor, a lo largo del día no escuchó "insultos" a los guardias civiles que vigilaban la entrada de la consejería, aunque sí oyó mucho la consigna "fuera las fuerzas de ocupación". "Pero puedo dar fe absoluta de que los guardias civiles fueron respetados y que el comportamiento de éstos fue ejemplar y los mossos", ha aseverado.

Invitada por la CUP a "observar" el 1-O

Antes de Llach, ha declarado por videoconferencia desde Montreal Manon Massé, integrante de la Asamblea Nacional de Quebec y portavoz del partido Québec Solidaire, quien ha admitido haber estado a Cataluña entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017 como "observadora" del referéndum ilegal. En este sentido, la política canadiense ha explicado que fue "invitada" por la CUP, partido con el que ya había participado en otro tipo de actos internacionales, pero ha indicado que se sufragó ella misma todos los gastos de esos días, tanto el traslado como el alojamiento.

Massé ha resaltado que aceptó la sugerencia para viajar hasta Cataluña porque su partido es "independentista" y defiende el derecho de autodeterminación como un "derecho fundamental de todos los pueblos". Asimismo, ha revelado que durante el 1 de octubre, la persona que la acompañó durante las visitas a los distintos centros electorales era un representante de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). En cuanto a su trabajo de "observación" en los centros electorales, la política canadiense ha asegurado que vio que los concentrados a las puertas de los colegios, "esperando a que abriesen", estaban "contentos y cantando lemas". Ha añadido que, según iba avanzando el día los ciudadanos, tras ver en televisión y redes sociales "imágenes de violencia" de la Policía, comenzaron a sentir "miedo" y "temor" por lo que estaba pasando.