El Servicio de Minas del Principado de Asturias llevó a cabo una actuación instructora "insuficiente e inadecuada" a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.

También mantuvo "inactividad administrativa" en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medioambiente y su restauración, y se caracterizó por la "ausencia de apertura, tramitación y finalización" de procedimientos relacionados con las solicitudes o documentación relativas a estas empresas.

Así se recoge en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, órgano encargado de velar por el buen funcionamiento de la administración autonómica, sobre el funcionamiento del Servicio de Minas que encargó el Gobierno asturiano a raíz del accidente de Cerredo.

El informe, hecho público este lunes, destaca también que Minas tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Combayl, que traspasó los derechos de explotación a Blue Solving —ambas forman parte del entramado societario del empresario leones conocido como Chus Mirantes—, estuviera entonces inmersa en dos procedimientos sancionadores, "uno de ellos por actividad clandestina en la misma explotación".

Asimismo, concluye que "no se ha conseguido conocer de forma clara y expresa" la calificación y el alcance de las actividades que ambas empresas podían realizar en la explotación, porque Minas no hizo ni un informe técnico relativo a las mismas ni pidió aclaraciones a las memorias presentadas en cuanto a las toneladas de carbón, pese a que había discrepancias.

De "especialmente grave" tacha el hecho de que Blue Solving, a los dos días de hacerse con la titularidad de la mina, pidiese la conformidad de la administración asturiana al contrato de prestación de servicios que había suscrito con la anterior propietaria "para la realización por parte de esta última de todo tipo de trabajos de explotación/extracción de carbón en Cerredo".

Recepcionada dicha solicitud por parte de Minas, esta no mostró "oposición o disconformidad a la legalidad de dicha contratación, en la que se evidencia la intención e inminencia de actividad extractiva" y sin que se hiciese inspección alguna a la mina hasta diez meses después.

Por este motivo, la Inspección ha enviado a la Fiscalía su informe y ha recomendado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que realice las actuaciones necesarias para "determinar responsabilidades" relacionadas con la "ausencia, tanto de tramitación procedimental como de actuación inspectora".

No obstante, el consejero Borja Sánchez ha señalado durante la presentación del informe que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas, sino de asumir y llevar adelante las once recomendaciones que ha planteado la Inspección General en su informe.

El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), han subido a unos 300, confirmaron a EFE un líder de la sociedad civil y un exjefe local.

El derrumbe ocurrió el jueves después de que lloviznara sobre esa mina de coltán, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un territorio bajo control del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"Se recogen cadáveres a cada hora y a cada minuto. Las labores de rescate no están organizadas. Cada uno hace lo que puede para encontrar los cadáveres de sus conocidos. Teniendo en cuenta los cadáveres encontrados desde anteayer, sumamos provisionalmente más de 300", dijo a EFE por teléfono Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe local de Mupfuni Kibabi hasta que fue apartado por los rebeldes, si bien todavía reside en la zona.

Caminos cercanos han quedado sumergidos e intrasitables, detalló Mwabura, así como casas y otras estructuras, que han resultado sepultadas por el lodo.

La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.

Confirmó también la cifra a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

"Ya hemos recuperado varios cuerpos. Ayer, superamos los 200 y ahora nos acercamos a los 300, por lo que debemos pensar en cómo organizar un entierro digno, aunque la población sigue buscando más cuerpos", señaló Nitendike.

En un comunicado este sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" de recursos naturales por parte del M23.

El Ejecutivo recordó que, antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Gobierno la había clasificado como "roja".

"Esta clasificación impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad", aseveró.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Donald Trump lleva desde el sábado repitiendo que su intervención en Venezuela gira en torno al petróleo pero, bajo tierra, este país tiene muchas otras riquezas infraexplotadas. Las grandes mineras estadounidenses podrían aterrizar en los próximos meses en busca de minerales imprescindibles. Venezuela tiene la cuarta mayor reserva de carbón de Sudamérica, posee en el subsuelo grandes cantidades de coltán y otras tierras y metales críticos, y tiene uno de los mayores depósitos de oro del planeta, que lleva una década intentando explotar sin éxito.

El Plan Minero 2019-2025 de Venezuela se ha centrado en 13 minerales: oro, diamante, hierro, carbón, coltán, níquel, sílice, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito y caliza. Algunos sirven simplemente para la construcción, pero otros son clave para fabricar baterías, placas solares y todo tipo de aparatos electrónicos.

Ester Boixereu, experta en Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), afirma que la riqueza subterránea de Venezuela es inmensa, aunque no es comparable a la petrolífera, ya que cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo. "No creo que nadie invada Venezuela por su bauxita o por el oro, es por el petróleo. Pero sí es cierto que tiene unas reservas inmensas y poco aprovechadas, con una oportunidad de explotación tremenda", subraya. De hecho, la experta compara el país a grandes polos extractivos del mundo como Brasil o Sudáfrica.

Hasta ahora el oro había sido el principal exponente de la minería venezolana, aunque con poco éxito. El país nacionalizó en 2011 sus exploraciones de oro bajo el Gobierno de Hugo Chávez y la única compañía que podía explotarlo era Minervén. Sin embargo, la mala gestión de la empresa y los bajísimos precios del petróleo llevaron a Nicolás Maduro a expandir radicalmente la minería en 2016 mediante el plan estratégico Arco Minero del Orinoco. Esta zona de extracción, con una superficie superior a Suiza, facilitaba la entrada de empresas extranjeras mediante bonificaciones fiscales para obtener oro, hierro, coltán, bauxita, cobre y otras tierras raras y minerales estratégicos claves para la economía global.

Sin embargo, la corrupción administrativa, la inestabilidad política y la presencia de grupos armados en las selvas impidieron que el plan se desarrollase según lo imaginado, y todavía hoy no hay siquiera una imagen clara de cuáles son las reservas minerales de Venezuela y cuál es el potencial de explotación. El último catálogo minero del Gobierno afirma que la nación tiene 1.400 toneladas de oro en el subsuelo, situándose en el top 20 países con mayores depósitos, con algo más del 2% de las reservas mundiales.

No obstante, la capacidad de Venezuela para exprimir esas minas es extremadamente limitada. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calcula que en 2019, como en años anteriores, solo se extrajeron 450 kilos de oro, mientras que países con reservas similares como Tanzania, Colombia o México, sacan cada año entre 70 y 130 toneladas. También es cierto que el tamaño real de la minería de oro en Venezuela es desconocido porque una cantidad ingente de este metal sale de manera ilegal.

La ONG Global Initiative publicó en 2016 un informe que estimaba que entre el 80% y el 90% del oro venezolano se produce ilegalmente, aunque en países vecinos como Ecuador o Colombia la cifra también ronda el 80%. Un reportaje reciente de The Guardian explica que el río Orinoco es la vía proferida de salida para estas materias primas y que las minas han sido tomadas por guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y tienen a indígenas trabajando en ellas bajo coacción. 

La agencia estadounidense USGS también publicó en 2019 un informe sobre el estado general de la industria minera venezolana, advirtiendo de que se encontraba en la ruina: en cinco años la producción de acero, hierro, carbón y oro se había desplomado alrededor del 90% "debido a la tensión financiera causada por la inestabilidad política de Venezuela y la debilidad de su economía, agravadas por el embargo económico" estadounidense.

El único sector que sobrevivió mal que bien a esos años fue la extracción de gas, donde Estados Unidos también podría poner sus ojos en los próximos meses. La nación cuenta con el 73% de las reservas de gas de Sudamérica, aunque continúan ampliamente "infrautilizadas", según la Agencia de la Energía de Estados Unidos, debido a que no tiene la infraestructura para licuefacerlo y exportarlo en barcos.

El petróleo, por su parte, es la joya de la corona venezolana, aunque también es un sector enormemente infrautilizado. En sus mejores años –la década de los 70 y de los 2000–, el país llegó a extraer entre tres y cuatro millones de barriles diarios de crudo, una cifra que permitiría al país entrar hoy en el top 10 productores del mundo. Sin embargo, la falta total de inversiones en la compañía ha llevado al país a producir un millón de barriles diarios, y solo mediante el trabajo de compañías extranjeras como Chevron, Eni o Repsol.

Melissa García, exingeniera de PDVSA y actual investigadora del IGME en España, confirma que la industria petrolera venezolana ha sido abandonada a su suerte: no tiene las inversiones necesarias para modernizarse ni los gastos de mantenimiento básicos para conservar lo que ya hay. "Cuando dejas de hacer esos mantenimientos, la infraestructura se deteriora, y ya habrá activos que son incluso irrecuperables. También hemos sufrido una importante fuga de cerebros que ha perjudicado al país", añade.

La consultora energética Rystad calcula que solo para mantener la producción actual de crudo en 1,1 millones de barriles diarios, haría falta invertir unos 53.000 millones de dólares en el país. Y en el mejor de los casos, solo se podría lograr incrementar la extracción en 300.000 bariles diarios en los próximos dos o tres años, por lo que el cambio de régimen del país no garantiza en ningún caso que la nación vaya a convertirse en una potencia petrolera. Para llegar a los tres millones diarios, como en sus mejores años, habría que esperar a 2040, según Rystad.

Dos personas han muerto en un accidente registrado en una explotación minera subterránea de la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, según informaron a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil. El siniestro se produjo en el nivel -2 o -3 de la mina, donde los equipos de rescate ya han recuperado el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores. Las mismas fuentes han precisado que, a diferencia de lo que se informó inicialmente, eran dos, y no tres las personas desaparecidas tras el desprendimiento.

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

Aunque aún se dispone de poca información de lo ocurrido, al parecer el accidente se habría producido por un desprendimiento de material de la explotación minera.

Al lugar del accidente también se está desplazando la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, mientras que el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, que esta tarde participaba en Salamanca en un acto del PSOE, también está regresando a Asturias.

El alcalde de Cangas del Narcea, Luis Fontaniella, ya se encuentra en el exterior de la explotación minera y, según ha apuntado a EFE, se encuentra a la espera de recibir más información una vez que los primeros miembros del operativo de rescate ya se han adentrado en el interior de la mina.

Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las dos personas fallecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.

El Juzgado de lo Penal 2 de León ha absuelto a los 16 acusados de la muerte de seis mineros ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en León en octubre de 2013 por un escape de gas grisú al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados, informa EFE.

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave. También absuelve a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.

Este auto no es firme y cabe la interposición de recurso de apelación ante el propio juzgado que será resuelto por la Audiencia Provincial de León.

Asimismo, la sentencia deja abierta la posibilidad de "acudir a la vía civil por aquellas partes que se consideren perjudicadas en su derecho".

La sentencia se ha dictado dos años y ocho meses después del final del juicio y doce años después de la tragedia en la que perdieron la vida los seis mineros.

La jueza encargada del caso se reincorporó a su puesto el pasado 29 de octubre tras más de dos años de baja y lo hizo un día después de una gran marcha que los familiares organizaron por las principales calles de León en el duodécimo aniversario del accidente.

En el momento de la reincorporación, fuentes judiciales aseguraron que la magistrada contaría con un refuerzo con el objetivo de dictar cuanto antes las sentencias pendientes, entre ellas la correspondiente a este caso.

El juicio comenzó una década después del accidente y sentó en el banquillo a dieciséis acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes.

La Fiscalía retiró al final de la vista la acusación contra cinco de los encausados -todos vigilantes de categoría profesional- y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico cualificado de la Hullera Vasco Leonesa. Para cada uno de los cuales reclamaba tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Las acusaciones particulares, por su parte, pedían seis años y medio, el máximo previsto en este caso para cada acusado, mientras las defensas solicitaban la libre absolución de los encausados al entender que el accidente fue imprevisible e inevitable.

Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos, ha indicado a EFE que es "incomprensible que no sean declarados culpables con todo lo que tenían en contra" y se ha lamentado: "Después de doce años de lucha ya está. Absueltos todos. Es lo que nos queda a los pobres, fastidiarnos”.

Moure, que ha liderado las marchas y los actos reivindicativos que se han organizado en estos años para pedir justicia para los seis mineros fallecidos, se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que se ha dictado sentencia desde la incorporación de la magistrada el pasado 29 de octubre tras dos años de baja.

“¿Cómo puede ser que después de casi tres años desde que acabó el juicio no se hubiese resuelto y ahora, en poco más de dos semanas, ya se ha dictado sentencia?”, ha insistido.

Ha asegurado que es “incomprensible” que “haya estudiado el caso tan rápido” desde la incorporación tras la baja y ha sugerido que bajo este caso “ha tenido que haber presiones”.

Por su parte Icíar Ríos, viuda de José Luis Arias, ha lamentado a EFE que este sea el fallo después de tantos años esperando la sentencia.

“Es un mazazo más, aunque tampoco me coge de sorpresa, si te digo la verdad”, ha añadido, al tiempo que ha insistido en que “hace mucho tiempo" que dejó de creer en la Justicia.

Investigadores de la Universidad de Sevilla advierten de que la futura mina de Aznalcóllar, que acaba de recibir todos los permisos para su reapertura, ya ha vertido metales pesados al río Guadiamar, cuyas aguas acaban en el Parque Nacional de Doñana. La noticia evidencia que Grupo México y Magtel, las nuevas compañías que explotarán las cortas —un tipo de explotación minera—, han incumplido su compromiso de impacto cero antes incluso de iniciar las obras para reabrir la instalación, como ya advertían los ecologistas y expertos ambientales.

Jesús M. Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, explica que las fuertes lluvias de marzo inundaron las históricas escombreras que rodean la mina original, y arrastraron aguas ácidas con un bajo pH y altos contenidos de metales al cauce del Guadiamar. "Esas aguas llevan muchísimo cobre, zinc, cadmio… que son muy tóxicos. Hemos avisado a la Confederación Hidrográfica y al Seprona, y nadie toma medidas. Y todo esto ocurre con los nuevos dueños", advierte el experto.

Castillo ha adelantado las conclusiones de su análisis a infoLibre, y la semana próxima publicará los resultados en un informe. El ecólogo subraya que este desastre ambiental evidencia que la reapertura de Aznalcóllar está en manos de empresas que no tienen intención de proteger el ecosistema porque esos residuos han alcanzado el corredor verde del Guadiamar, el parque Doñana y posiblemente el Bajo Guadalquivir, tres espacios de la Red Natura, uno de ellos Patrimonio Mundial de la Unesco. 

"La contaminación ha matado peces como la anguila europea, que está más protegida que el lince. Y aquí nadie hace nada. Se celebra la apertura de la mina y se le pone una alfombra roja", dice indignado Castillo.

El análisis ha coincidido con el permiso final de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina casi tres décadas después del accidente que precipitó su cierre, la mayor crisis ambiental de la historia de Andalucía. En abril de 1998 reventó la balsa minera de Aznalcóllar por una negligencia de sus dueños y se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados al Guadiamar. Este río es afluente del Guadalquivir y la principal aportación de agua a Doñana, aunque los lodos solo penetraron brevemente en el parque nacional.

Tras años de reparaciones y millones de euros —que se libró de pagar la entonces dueña de las dos cortas, Boliden— la Junta volvió a sacar a concurso la explotación de la mina en 2015 bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE) y el concurso lo ganó la española Magtel, una adjudicación que está precisamente estos días en la Audiencia de Sevilla por un posible delito de malversación, prevaricación y fraude. La empresa que ejecutará el proyecto será finalmente Minera Los Frailes, propiedad del controvertido Grupo México (97,3%) y de Magtel (2,7%).

Además de la dudosa adjudicación, expertos en medioambiente y organizaciones civiles llevan años tratando de frenar la reapertura de la mina por miedo a que se repita la tragedia. La empresa define el proyecto como "la máxima expresión de sostenibilidad", pero los críticos con el proyecto lo ponen en duda. Isidoro Albarreal, especialista en Minas de Ecologistas en Acción, afirma que Minera Los Frailes ya ha dejado claro que no va a velar por el entorno, pero es que la Junta de Andalucía tampoco lo hará. "La Administración no tiene capacidad para controlar las innumerables condiciones técnicas del proyecto, y todo lo que se incumpla se traducirá en daños para el medioambiente", resume.

Los dueños del proyecto empezarán en los próximos meses los trabajos previos a la explotación, y se espera que la extracción de cobre, zinc y plomo comience en 2028, a un ritmo de 2,7 millones de toneladas al año. La vida de la mina será, por ahora, de 17 años.

El proyecto incluye un vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de lodos, que en teoría deben pasar antes por una depuradora que está por construir. A esto hay que sumar otros 17,3 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que ahora almacena una de las dos cortas mineras que hay en la explotación. Allí se vertieron las aguas contaminadas rescatadas tras el accidente de 1998, y antes de poder excavar la mina —que esta vez será subterránea—, hay que vaciar el agujero.

La empresa no obtuvo permiso para verter estos residuos al Guadiamar, pero sí al Guadalquivir, de manera que se va a construir una tubería de 30 kilómetros para poder desaguar los residuos mineros. La teoría es que el Guadalquivir tiene más caudal y el impacto de los residuos metálicos se diluirá, pero los expertos alertan de que la hidrología es mucho más compleja.

Jesús M. Castillo, ecólogo, opina que la Junta se ha querido creer la "historia de ciencia ficción" que ha vendido la minera de que los metales serán arrastrados por el Guadalquivir hasta mar abierto. "Es cierto que la concentración de metales que verterán es baja, pero es la misma historia que ya hemos visto en la mina de Las Cruces (Sevilla). Los metales se pegan a las partículas en suspensión del agua, como la arcilla o la materia orgánica, y se acumulan en el fondo del estuario del Guadalquivir. Después se van liberando, pasan a la red trófica y generan graves problemas de toxicidad". 

Este investigador participó en un análisis publicado en marzo que detectó altas concentraciones de metales pesados en albures, concretamente de zinc, plomo, cromo, manganeso y selenio. El 31% de los peces superan incluso los límites legales de plomo. El origen de la contaminación es la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla, donde se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a convertirse en una mina subterránea de cobre, zinc, plata y plomo.

La extracción masiva y sin control de minerales en La Unión (Murcia) terminó alrededor de 1980, pero allí quedaron cientos de toneladas de tierras contaminadas con metales pesados que desde entonces persiguen a los vecinos. Ha habido diversos intentos de atajar el problema, pero la complejidad técnica, el elevado coste y la inacción política han llevado a que cuatro décadas después la zona sea un páramo inaccesible.

Este martes, el senador del PP de Murcia, Francisco Bernabé, dejó una bolsa de lodos tóxicos en la mesa de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como protesta, obviando que su partido lleva 20 años gobernando la Región y tiene amplias competencias en la limpieza de las balsas mineras que hay por toda la sierra. Bernabé criticó la reciente decisión de este ministerio de mantener allí los residuos y sellarlos, una medida que también ha enfadado a vecinos, expertos y grupos ecologistas.

La minería lleva presente en la sierra de Cartagena desde hace al menos 2.000 años, pero en la segunda mitad del siglo XX las artes tradicionales dieron paso a una extracción industrial a cielo abierto acompañada de una red de lavaderos que generaron una ingente cantidad de tierras que acabaron en la bahía de Portmán, una playa situada a 10 kilómetros al sur del Mar Menor. La empresa Peñarroya fue la principal responsable de los vertidos, y entre 1957 y 1990 se depositaron en total 60 millones de toneladas de sólidos en la bahía.

En noviembre, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) elaboró un informe para el ministerio de Transición Ecológica sobre la situación de la playa y las posibles soluciones que se pueden llevar a cabo. El documento recoge que los vertidos tienen un alto contenido de metales pesados, principalmente plomo, zinc, cadmio y arsénico, aunque buena parte de los lodos no son por ahora un problema ambiental. Según detallan los técnicos, "estos se encuentran en forma de compuesto insoluble. El problema se da cuando debido a procesos de oxidación, estos pasan a ser solubles, ya que al pasar al agua son biodisponibles. Este fenómeno se produce en la franja más cercana a la línea de costa".

María José Martínez Sánchez, geógrafa y edafóloga de la Universidad de Murcia, lleva más de 20 años trabajando en la recuperación de la bahía, y explica que los trabajos no se pueden posponer más tiempo. "Ambientalmente, la zona está controlada, pero con una solución temporal. No puede dejarse más tiempo así", resume esta experta en tierras contaminadas.

Martínez codirigió un proyecto en 2006 para inertizar los vertidos y evitar que los metales llegasen al mar, una solución temporal que ha mantenido estabilizados los tóxicos. En 2016 se iniciaron las obras para una solución definitiva y se construyó un cordón de tierra para generar una pequeña laguna y unas ramblas laterales para evitar que las escorrentías de provocadas por las lluvias arrastrasen los lodos al mar cuando se producen riadas en la provincia. Pero los trabajos se congelaron por problemas administrativos y ambientales en 2019.

Como se ve en las fotografías, el vertido de tierras convirtió en apenas 20 años la bahía en un lodazal, y la línea de costa avanzó 650 metros. También hay restos de tierras estériles en todo el litoral comprendido entre Cabo Tiñoso y Cabo de Palos, más de 50 kilómetros de costa de Murcia, y penetran incluso kilómetros dentro del mar.

En 2019 se construyó un muro de contención en el cordón de tierra para proteger todavía más el colmatado del oleaje, pero no ha sido suficiente. El informe del Cedex recoge que "en la actualidad sigue existiendo un paso de metales pesados a la fase acuosa en la parte emergida y en la zona de rotura, ya que el oleaje pone en suspensión partículas de sedimento favoreciendo el paso de metales pesados al agua".

De los metales pesados que hay en la tierra, el plomo es el metal que más preocupa en la zona por su importante impacto en la salud, especialmente en los niños, y porque no se degrada en el medioambiente, de manera que permanece siglos en la tierra. El problema, de hecho, abarca mucho más allá de la Bahía de Portmán, porque la cuenca minera abarca toda la sierra de Cartagena y todavía hoy hay cementerios mineros sin sellar a lo largo de la región.

Juan Antonio Ortega García, investigador de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca (El Palmar, Murcia), lleva dos décadas estudiando los riesgos ambientales de la contaminación en la Región, y confirma la exposición de los vecinos a estos tóxicos.

El mes pasado publicó un estudio en la revista Medicina Clínica sobre las concentraciones de metales pesados en la sierra minera de Cartagena con 203 participantes, la mayoría habitantes de la zona más contaminada, y realizado entre 2017 y 2020. El 18% superaba los límites recomendados de 3,5 microgramos por decilitro de sangre (μg/dL) de plomo, "destacando seis niños y una mujer embarazada" que tenían niveles superiores a 5 μg/dL. 

Ortega explica a infoLibre que no hay umbral seguro de exposición al plomo y que se trata de una sustancia neurotóxica que daña las neuronas, el sistema nervioso y es tan peligroso para el sistema cardiovascular como el tabaco o el colesterol. "El plomo tiene un daño irreversible, pero es fácil y barato prevenir su exposición y reducirla", destaca el experto. En los siete casos de personas con altos niveles de plomo detectados en su estudio, lograron reducirlos a parámetros normales en solo tres meses con medidas de seguridad e higiene.

"Es imprescindible que hagamos cribados a la población que vive en zonas contaminadas, y no hablo solo de Murcia, hay muchos lugares de España que están igual, como Huelva o Castilla y León", añade este profesional. También recuerda que en el país solo hay tres unidades de medicina ambiental pediátrica, una en Murcia y dos en Cataluña, y debería haber al menos una en cada autonomía.

En realidad, la toxicidad de la minería lleva castigando la salud de los murcianos desde al menos el siglo XIX. Un estudio entre 1880 y 1970 de la demografía de El Beal, el pueblo ubicado en el corazón de la sierra minera, recoge que la causa de muerte más destaca eran los problemas respiratorios.

"El trabajo subterráneo —problemas de ventilación y utilización de aire limpio, el polvo de la extracción, la contaminación de los minerales, los humos de las chimeneas…— afectaba sobre todo a esta parte del cuerpo", se lee en el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Murcia. El trabajo también refleja cómo la mortalidad ha ido aumentando y descendiendo en función de la intensidad de la minería en la región.

El senador del PP justificó su performance en la Cámara alta —que fue denunciada por el PSOE ante la Policía— con el argumento de que el Gobierno quiere dejar en la costa murciana "millones de toneladas de arenas tóxicas", siendo "la única cuenca minera de España en la que, una vez cerrada la minería, no ha habido ningún plan estatal de reconversión".

Bernabé se refiere al plan que presentó Transición Ecológica a principios de abril para zanjar de una vez el desastre de Portmán, que supone mantener allí las 60 toneladas de lodos con un sellado porque no es posible trasladarlos a otro lugar.

Este martes, el secretado de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, contestó al senador popular que la decisión es la mejor de entre las opciones. "El PP pretende que, en contra de la información ambiental disponible y las advertencias de los científicos, obviando el elemental principio de precaución, se lleve a cabo en Portmán su idea de regeneración, ocultando a los vecinos los riesgos", publicó en X.

Tras la presentación del plan en abril, Morán también declaró que ha decidido apostar por esta propuesta tras leer las conclusiones de los técnicos del Cedex, y porque no quiere "una solución que una vez más nos abocase al fracaso". "Necesitamos tener las garantías de que el proyecto que se vaya a acometer sea un proyecto que en un tiempo razonable se pueda llevar a la práctica”. En todo caso, la decisión es provisional y durante un mes el ministerio ha recopilado "sugerencias de los vecinos" antes de continuar con la ejecución. El Gobierno quiere tener aprobada la declaración de impacto ambiental del proyecto a finales de 2025.

Los informes del Cedex recomiendan en sus conclusiones no devolver la bahía a su estado original y proponen, de hecho, "limitar el volumen a retirar a unos 100.000 metros cúbicos" de tierras contaminadas (el 0,3% del total) debido a las dificultades técnicas. También creen que "no se debe priorizar el retroceso de la línea de orilla", como pedían los vecinos y las organizaciones locales, que aspiraban a recuperar parte de la playa.

Pedro Luego, de Ecologistas en Acción de Murcia, recuerda que en 2006 se llegó a un acuerdo entre todas las administraciones y los afectados para retirar los lodos y recuperar todo lo posible la bahía original, pero el ministerio ha roto ese consenso. "Siempre hemos defendido que sellar no era una opción. Es cierto que también hay posiciones irreales que piden una recuperación total, eso no es técnicamente viable, pero sí un punto intermedio", defiende.

El activista propone retirar parcialmente las tierras que colmatan la laguna "para que la lámina de agua pueda penetrar unos 200 o 250 metros", y recuperar también el puerto original. La parte que quede sin cavar se podría sellar y renaturalizar "para darle otra oportunidad a la zona, pero sin apostar por un modelo turístico depredador". Luengo explica también que la contaminación de la bahía ha dejado deprimido económicamente al pueblo de Portmán, y el turismo sostenible basado en la historia minera podría revitalizar la zona.

Los técnicos del Cedex han estudiado esta posibilidad, la de recuperar parte de la lámina y su uso para baño, así como la de desbloquear el puerto de Portmán, pero la descartan porque la extracción de lodos "produciría la contaminación del agua del mar" durante las labores, y también explican que el recubrimiento de los residuos restantes de "tan solo un metro" de profundidad "genera dudas, ya que es muy probable que quede al descubierto la parte contaminada".

María José Martínez Sánchez, que ya ha trabajado en diferentes escenarios de recuperación de la bahía, tampoco aprueba la apuesta de sellar los lodos que propone Transición Ecológica. "Yo apuesto por una solución intermedia: retrancar la playa y estabilizarla. No veo la necesidad de hacer un sellado porque supondría admitir que la zona es un vertedero", subraya la experta.

El Parlamento asturiano constituirá una comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo le costó la vida a cinco trabajadores, después de que la diputada del Grupo mixto Covadonga Tomé, anteriormente en Podemos, haya anunciado que apoya la iniciativa, según ha recogido EFE.

La constitución de esta comisión había sido solicitada por PP y Foro, y la medida había sido apoyada por Vox, aunque estos tres grupos aún requerían un voto más para que saliera adelante.

En rueda de prensa, Tomé, que fue expulsada de Podemos hace un año por su enfrentamiento con la dirección de la formación morada, ha dicho que ha tomado la decisión porque así lo han decidido por unanimidad las bases de Somos Asturies, plataforma recién creada en torno a su figura.

Tomé había anunciado ya la semana pasada su intención de apoyar la comisión propuesta por la derecha, pero a raíz de que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, presentase su dimisión irrevocable, decidió someter su posición a la votación de las bases de Somos Asturies.

"Ante la falta de explicaciones que no solo evidencian posibles irregularidades en el caso Cerredo sino también en el conjunto de la consejería, la decisión de nuestra gente ha sido unánime", ha remarcado Tomé, quien ha considerado, no obstante, que lo que mueve a los grupos de la derecha es "sacar rédito político", mientras que su objetivo es el de "garantizar la transparencia en la comisión" porque solo le mueve "el interés de conocer la verdad".

Preguntado por esta decisión, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido que la comisión, aún "sin nacer, está siendo utilizada ya por la derecha y la extrema derecha para desgastar al gobierno progresista" sin cumplir "con el objetivo principal, que es saber la verdad".

Barbón ha evitado pronunciarse sobre la decisión de Tomé —"no voy a comentar lo que decida cada grupo", ha dicho—, pero sí que ha asegurado que la respuesta que ha dado su gobierno en materia de investigación "es la del sentido común" y ha defendido que "lo prudente" es esperar al resultado de la "triple investigación" abierta.

Además de la investigación del Juzgado de Cangas del Narcea, en la que el Principado se personará como acusación particular, desde el Ejecutivo autonómico se ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de la Inspección General de Servicios y se ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera para investigar el accidente, ha recordado Barbón.

Por su parte, el secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, uno de los promotores de la comisión, se ha preguntado "qué teme" el presidente del Principado que se "descubra" en la investigación parlamentaria en torno al mayor accidente en la minería asturiana en los últimos 30 años.

La consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, ha anunciado este martes su "dimisión irrevocable" tras haber dado en el pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Degaña, según informa EFE.

La consejera ha señalado que presentó el lunes por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero.

No obstante, ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque "quería trabajar por y para Asturias" y que, aunque desde el accidente minero su único objetivo era "investigación, verdad y justicia", a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan solo ejercer "un ataque permanente y personal" contra ella que ha dicho no merecer.

"En ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, para conocer la verdad y para que se haga justicia", ha señalado antes de finalizar su intervención desde la tribuna del hemiciclo y en presencia del presidente asturiano, con quien se ha fundido en un abrazo.

Las peticiones de cese o dimisión de la titular de Industria se venían repitiendo desde los grupos de oposición desde la semana pasada, tras las primeras explicaciones dadas por la consejera en sede parlamentaria sobre lo sucedido el 31 de marzo en la mina del suroccidente asturiano en la que murieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro mineros resultaron heridos.

Partido Popular, Foro y Vox, pero también para IU-Iniciativa por Asturies, socio de los socialistas en el Gobierno regional, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (anteriormente de Podemos) habían criticado la falta de transparencia de la consejería y puesto en duda la gestión llevada a cabo por la consejera, que, hasta su nombramiento en febrero, había estado siete años al frente de la Dirección General de Minas del Principado.

La dimisión de la consejera socialista se produce en un momento en el que ya hay una mayoría parlamentaria conformada por el PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto para activar una comisión especial de investigación en la Junta General del Principado con la que dirimir responsabilidades políticas por el accidente, al margen de las penales que se deriven de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea.

IU-Iniciativa por Asturies también viene reclamando desde hace días la necesidad de "abrir puertas" y exigir responsabilidades políticas, en contra de lo que defiende el ala socialista del gobierno, que considera que se está actuando con transparencia y dando todas las explicaciones ante las dudas que han surgido en torno a las licencias y denuncias de extracción ilegal que pesan sobre la mina.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo, según todos los indicios, por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en la que se advertían de que se estaba sacando carbón de la mina y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad. 

España se prepara para una ola de aperturas de minas con la que hacer frente a la escasez de minerales indispensables para la energía y la tecnología. Los proyectos más sonados son los siete seleccionados por Bruselas —seis minas y una planta de reciclaje— para extraer níquel, cobalto o litio, entre otros, en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Pero colectivos ecologistas temen que la desregulación que acompaña la etiqueta de "minas estratégicas", y que conlleva una tramitación acelerada, sirva para dar vía a libre a proyectos que llevan años en los tribunales por vertidos contaminantes y otros delitos.

Joam Evans, coordinador del Observatorio Ibérico de la Minería, explica que hay una extensa lista de iniciativas tratando de despegar en España, pero de muy mala calidad. "Lo que más me sorprendió es que incluso las minas avaladas por Bruselas tienen un largo historial de ilegalidades: corrupción, impacto ambiental, denuncias de trabajadores… si quisieran haber escogido proyectos peores, creo que no habrían tenido de dónde sacarlos", opina. Este observatorio fui impulsado por la ONG Ecologistas en Acción, que tiene voluntarios sobre el terreno en todos los puntos afectados por la minería y ha llevado a muchas de estas explotaciones a los tribunales.

Aunque los proyectos estratégicos de la Comisión en España miran a futuro, la mayoría se sitúan sobre antiguas minas que tienen décadas de historia. En los últimos años han cambiado de propietarios y varias han cerrado por la decadencia del sector o porque sus permisos se habían agotado, pero ahora van a revivir para aprovechar el tirón de la transición energética. Todas las mineras prometen dejar cientos de empleos en la zona y millones de euros en inversiones, pero eso no es suficiente para convencer a todos los vecinos.

Adrián Godás, consultor minero, explica que la fiebre minera en España está muy ligada a los minerales para baterías y tecnología, especialmente en el caso del tungsteno, que se prevé extraer de El Moto de Abenójar (Ciudad Real). "Es uno de los pocos puntos de Europa donde hay, y ahora es muy valioso teniendo en cuenta que China tiene el 80% de la producción global y ha cerrado exportaciones", dice el experto.

El Moto es precisamente uno de esos lugares donde los activistas están peleando contra la que aspira a ser la principal mina de tungsteno del continente. La empresa Abenójar Tungsten dice tenerlo todo listo para empezar a funcionar y cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico y del ayuntamiento, pero Elena Solís, de Ecologistas en Acción Ciudad Real, denuncia que el proyecto va a salir adelante con una declaración de impacto ambiental aprobada en 2014, pese a que el proyecto ha cambiado notablemente desde entonces.

"En 2024 cambiaron el proyecto para ampliar la balsa minera de 900 m³ a 4.918 m³, cinco veces más grande, que además van a poner en una nueva ubicación. Estas balsas están también pegadas a un arroyo, justo al borde el talud, lo cual supone un riesgo geotécnico y un riesgo de contaminación añadidos. Todo esto necesita una nueva declaración ambiental", señala Solís. La portavoz denuncia, por otra parte, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha dado todavía un permiso de extracción de agua, imprescindible para la extracción de tungsteno.

La contaminación del agua y la extracción ilegal son también el eje de oposición a la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla. Allí se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a reconvertirse en una instalación subterránea para sacar cobre, zinc, plata y plomo. El problema es que durante la década que estuvo abierta acumuló un largo historial de negligencias ambientales que ha acabado con varias sentencias en su contra. 

Isidoro Albarral, de Ecologistas en Acción Andalucía, explica que la explotación tiene una sentencia firme de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por contaminación por arsénicos, así como una multa del Tribunal Supremo de 1,3 millones de euros por extracción ilegal de aguas subterráneas. El TSJA también ha dictado otras dos sentencias en su contra que afectan al nuevo plan de mina subterránea porque la propietaria, First Quantum Minerals, no ha realizado los procedimientos ambientales necesarios para instalar una nueva planta de tratamiento de minerales.

"Además, la mina subterránea que preparan incluye una tubería de desagüe en el estuario del Guadalquivir que triplicaría los vertidos de lodos que hicieron con la mina a cielo abierto. En estos años hemos hecho análisis del agua y hemos demostrado con estudios de catedráticos de la Universidad de Sevilla que hay contaminación por metales en los sedimentos y los peces del río. Evidentemente, esos lodos también han afectado a los arrozales sevillanos y a la pesca de marisco y peces de la desembocadura", comenta Albarral. A esto se suma que la mina de Las Cruces se encuentra ahora en venta y uno de sus posibles compradores es Grupo México, dueños de la polémica mina de Aznalcóllar, también pendiente de su reapertura tras el desastre de 1996.

En Ourense, las asociaciones vecinales están muy pendientes de la nueva mina de litio de Doade, de la que poco se sabe todavía. La zona se ha explorado varias veces en la última década, pero hasta ahora no ha sido explotada. En 2019 se intentó montar una mina de 11 kilómetros, pero fue desestimada por no someterse a una declaración de impacto ambiental, y en enero de 2025 el Grupo Samca volvió a presentar un proyecto similar, al que todavía no han podido acceder los vecinos. "Basándonos en los planos de 2019, sabemos por geólogos que hay elementos radioactivos en el suelo de la zona y arsénico, lo que puede derivar en contaminación de aguas ácidas de aquí a Pontevedra y Vigo", valora Víctor Gil, de la plataforma SOS Suido Seixo.

Los otros tres de los seis proyectos estratégicos mineros que Bruselas ha aprobado para España se encuentran en Extremadura, donde el Gobierno regional ha abrazado los minerales mientras grupos activistas intentan frenar su regreso. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, ha intentado llevar el asunto a la ONU, y acaba de preguntar a la Comisión Europea cómo es posible que estas inversiones hayan pasado el filtro de Bruselas. "Queremos saber cómo se han vendido estas empresas y cuál ha sido el proceso que han pasado", comenta a infoLibre.

La mina de Las Navas, en Cañavera (Cáceres), cerró en los años 70, y Lithium Iberia quiere volver a hacerla funcionar para extraer litio, el famoso metal tan demandado para las baterías modernas. La mina de La Parrilla, en Almoharín (Cáceres), lleva parada desde 2022 y aspira a volver a producir tungsteno. Mientras que la de Aguablanca, en Monasterio (Badajoz), que funcionó entre 2005 y 2015, se prepara para extraer cobalto, níquel y cobre.

Aguablanca tiene un largo historial de contaminación de la Rivera de la Cala, que derivó en varias multas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los activistas denuncian que ahora trata de volver a abrir con una declaración de impacto ambiental de 2017 que ha sido prorrogada, pero que está obsoleta, según los ecologistas. En el caso de Las Navas, la oposición local subraya que el proyecto se ubica sobre la Dehesa Boyal de Las Navas, un enclave ambiental que además se encuentra junto a dos zonas de especial protección para aves (ZEPA), la de Monfragüe y la de Canchos de Ramiro. Julio César Pintos señala, además, que las organizaciones vecinales todavía no han tenido acceso al proyecto de explotación y al plan de restauración de la mina para poder valorarlos, y han interpuesto un recurso al Consejo de Transparencia. Si esta vía no funciona, recurrirán Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Por último, la mina de La Parrilla también lleva varias multas a la espalda por operar sin permiso y por vertidos de lodos. En 2013 recibió un permiso de operación parcial después de que fuese abandonada en 1987, pero en 2019 la empresa W Resources decidió empezar a explotarla comercialmente sin la documentación necesaria, construyó una balsa de lodos sin autorización y vertió aguas ácidas al dominio público, lo que derivó en dos multas por valor de 65.000 euros de la Junta de Extremadura.

Los inspectores del Principado han encontrado "indicios de extracción irregular de carbón" en la mina de Cerredo ante la existencia de dos huecos de más de 18 y 24 metros de longitud, en el nivel tercero de la explotación, el mismo en el que el pasado 31 de marzo se produjo una explosión que acabó con la vida de cinco mineros y provocó heridas de gravedad a otros cuatro. La existencia de estos huecos la ha dado a conocer este viernes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, que ha comparecido a petición propia ante el Parlamento asturiano para informar del accidente y las investigaciones que hay en marcha, según informa EFE.

En la visita que los inspectores realizaron el pasado martes al interior de la mina se detectaron "indicios de irregularidades y actividades que no se ajustaban" a las licencias, que en ningún caso permiten a la empresa Blue Solving la extracción de carbón del nivel tercero. Ahí, sin embargo, se han descubierto dos huecos, uno de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, con una altura aproximada de unos 25 a 30 metros y unos 80 centímetros de anchura, según una estimación visual y que, a falta de confirmar, podrían indicar que había una "extracción irregular de carbón".

"Si se confirma en el futuro exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades porque no sería solo un incumplimiento administrativo sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores". Transcurridos once días desde la explosión que provocó el mayor accidente minero de Asturias en tres décadas, la consejera ha asegurado que "lo ocurrido no puede ni va a quedar impune y se va a llegar hasta el final para saber lo que pasó, sin escatimar medios ni recursos".

Díaz ha negado que el Gobierno asturiano no haya actuado con transparencia desde el primer momento y ha asegurado que "no se ha perdido ni un minuto" a la hora de llevar a cabo inspecciones, reunirse con técnicos y expertos o en la "colaboración máxima" con la Fiscalía, Guardia Civil y el juzgado que lleva el caso. En este sentido, ha señalado que el pasado 4 de abril se inició un expediente administrativo sancionador a Blue Solving ante las "irregularidades detectadas en la primera visita de campo", que tuvo lugar el mismo día del accidente, y que han solicitado a la Inspección General de Servicios que evalúe al servicio de minas de la consejería de la que es titular.

Tan solo unas lineas sobre el terrible accidente minero de Cerredo, que ha provocado cinco muertos y otros tantos heridos en el peor accidente de la minería desde hace décadas. En este sentido, me he preguntado qué puedo aportar yo, aparte de compartir el sentimiento de dolor y de dar el pésame a las familias y a los mineros, y el deseo de recuperación a los heridos. Se trataría de decir algo que vaya más allá del tópico o del primer shock ante lo imprevisto y de la extrañeza y el espanto ante la trágica paradoja de este terrible accidente minero, acompañando el final inclemente de la minería. Porque si un accidente es siempre una tragedia, éste, por su magnitud, es ya un desastre y en el contexto del crepúsculo de la minería es además un escándalo.

Me viene a la memoria el último accidente minero de La Camocha en Asturias, y también el más reciente vivido en la provincia de León a los que asistí como diputado, cuando todavía había extracción de carbón y con ello miles de trabajadores en la minería de nuestras cuencas y en que el final era tan solo una más de las muchas amenazas. En este sentido, no son nuevas las quejas ni las reivindicaciones justificadas de los trabajadores relativas tanto a las irregularidades en la minería de la zona, como a las escasas medidas de seguridad laboral, y en consecuencia los conflictos laborales con los propietarios.

La primera sensación es pues de impotencia en relación a la siniestralidad laboral que, a pesar de tener una de las leyes de prevención más avanzadas, como un castigo bíblico, se desboca con cada repunte de la economía como el actual. Todo esto me lleva a una primera conclusión: la magnitud de este accidente, como la de otros en el ámbito de las grandes infraestructuras como el de Angrois o Spanair, aparte de la obligada investigación judicial, exigen no solo una investigación técnica, sino también parlamentaria para valorar si hubo responsabilidades y también lo que falló en el funcionamiento de las administraciones competentes, en este caso relacionadas con la inspección de la minería y de la accidentabilidad laboral. Porque pende sobre este accidente crepuscular la legítima sospecha sobre el tipo de trabajos que en realidad se estaban realizando, en abierta contradicción con los que estaban autorizados. Ya que, según todo apunta, la autorización no era para extracción sino para recogida de material de la antigua explotación minera en la tercera planta del siniestro. E incluso, aunque fuera para la labor de investigación, ninguna de ellas justifica el grisú como causa del accidente.

La pregunta es si la autorización para la investigación sobre el grafito en realidad encubre explotaciones ilegales asociadas a mezclas de carbones de otras procedencias. La respuesta no parece muy difícil.

Una exploración ilegal que además carecía de la ventilación adecuada, con la que no hay acumulaciones de grisú que valgan, porque no se alcanza la mezcla imprescindible para que sea explosiva. Parece que más que de una actividad minera se trata de un aprovechamiento ilícito que no respetaba las normas de seguridad habituales en ese entorno. La trayectoria de la mina y sus propietarios debiera haber alertado a las autoridades. La investigación sobre el grafito encubre explotaciones ilegales asociadas a mezclas de carbones de otras procedencias.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Un informe interno emitido desde la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado advirtió en 2022 de "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada" en la mina de Cerredo, en Degaña, explotación en la que el pasado lunes fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de gas grisú, según la principal hipótesis.

Según ha adelantado este miércoles el diario La Nueva Españay ha recogido EFE, los inspectores recomendaron abrir entonces un expediente a la sociedad titular de las instalaciones, Combustibles Asturiana y Leonesa, una empresa tras la que se encontraba el padre del actual administrador único de Blue Solving, la compañía que actualmente operaba en la mina de Cerredo con permisos para recuperar viejos materiales y valorización de materiales, pero no para extraer carbón.

El informe se emitió a raíz del accidente que el 25 de agosto de 2022 se registró en el exterior de esta mina del suroccidente asturiano, en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido de gravedad al volcar un camión cargado de mineral.

Al igual que Blue Solving, Combustibles Asturiana y Leonesa no disponía entonces de permiso para la extracción de carbón pero, según el informe de los inspectores, el carbón que transportaba el camión accidentado procedía "de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre".

Según el informe al que ha tenido acceso La Nueva España, se constataron graves deficiencias en el vehículo accidentado, irregularidades en el mantenimiento del equipo, carencias en la formación de los trabajadores deficiencias de organización y falta de certificados de capacitación para el manejo de equipos mineros, además de "indicios racionales" de extracción de carbón por lo que los inspectores instaron la apertura de un expediente.

En el momento de emitirse el informe se encontraba al frente de la Dirección General de Energía y Minería, Berlarmina Díaz, que desde febrero dirige la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias y que ayer mismo aseguró que una inspección rutinaria llevada a cabo el pasado mes de septiembre no detectó "nada anormal". En diciembre de 2023, la entonces directora general de Minas también se reunió con los promotores de Blue Solving y al año siguiente se autorizó a la empresa para labores de investigación sobre usos alternativos al carbón.

Tanto la actividad de Combustibles Asturiana y Leonesa, como la que llevó a cabo Blue Solving tras el traspaso de la titularidad en 2024 recibieron ayudas públicas del Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para la recuperación y valorización de materiales, no para la extracción de carbón.

Según confirmaron este martes a EFE fuentes cercanas a la investigación, el Juzgado de Cangas del Narcea abrió diligencias mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las pesquisas. La investigación tratará de dilucidar si los trabajos realizados por la empresa en el interior de la mina se ajustaban a las licencias con las que contaba.

Blue Solving dispone de una licencia de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la antigua mina, en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón.

Al margen de la actividad que se estuviera desarrollando en el interior de la mina, la principal hipótesis es que el siniestro se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso, al carecer de olor, aunque sí existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación.

Un día después de la explosión en la mina de Cerredo, en Degaña (Asturias), que ha costado la vida a cinco mineros leoneses y provocado heridas a otros cuatro, las miradas se dirigen ahora hacia la empresa que desde hacía meses operaba en algunas partes de esta explotación minera con licencias de investigación que no incluían la extracción de carbón.

"Cuando tiene lugar un accidente de este tipo se analiza todo, absolutamente todo, y ahí la empresa va a ser chequeada de arriba a abajo" para comprobar que su actividad se ajustaba a los permisos que la sociedad Blue Solving disponía desde el pasado verano, ha asegurado el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Esta empresa dispone de una licencia de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la antigua mina, en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón.

La investigación, asumida por la Policía Judicial, técnicos de la Consejería de Industria y la Brigada de Salvamento Minero, debe avanzar "con el rigor y la seriedad necesaria" y la empresa tendrá que ofrecer "toda la información" para "analizar qué era lo que estaba sucediendo, en qué estaban trabajando en concreto y que estuviera dentro de la autorización", ha expuesto el jefe del Ejecutivo asturiano.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha remitido a la investigación abierta para determinar "qué medidas hay que tomar", aunque ha remarcado que las vidas "tienen que ser lo primero" y "lo primordial": "No vamos a consentir ninguna reapertura de mina si no tiene las garantías totales de seguridad", ha zanjado.

La mina, que hasta la concesión de las licencias a esta empresa llevaba prácticamente sin actividad desde 2018, fue sometida a una inspección rutinaria el 23 de septiembre en la que no se detectó "nada anormal", ha apuntado la consejera de Industria del Principado, Berlarmina Diaz.

"Todo estaba en regla y estaban haciendo los trabajos para los que tenían permisos", ha añadido la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha apuntado que la explotación permanecerá clausurada mientras se prolonga la investigación que ha asumido la Policía Judicial de la Guardia Civil.

A estas labores se sumarán esta misma semana integrantes del equipo especializado en explosiones con base en A Coruña.

La principal hipótesis que se baraja es que el siniestro se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso, al carecer de olor, aunque sí existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación.

Desde el Gobierno asturiano han insistido también en que la investigación se va a desarrollar "con el máximo rigor y seriedad" y que el próximo jueves se reunirá de urgencia la Comisión Regional de Seguridad Minera.

Castilla y León y Asturias se han teñido este martes de luto por los cinco mineros leoneses fallecidos, con banderas a media asta, minutos de silencio y muestras de pésame y cariño a familiares y amigos.

Aunque todos los fallecidos eran vecinos de León, al igual que tres de los cuatro heridos, Asturias les "siente como a propios", ha señalado el presidente del Principado, que ha asegurado que este siniestro se está viviendo con "muchísimo dolor y silencio", con "solidaridad minera".

En el accidente, el más grave en una mina asturiana en los últimos treinta años, perdieron la vida Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé e Iván Radio, cuyos cuerpos reposan en la capilla ardiente instalada en el polideportivo de Villablino, a la espera de ser enterrados mañana. La quinta víctima, David Álvarez, recibirá sepultura este martes en Torre del Bierzo.

Por su parte, los cuatro heridos que permanecen ingresados en centros hospitalarios de Oviedo y León permanecen estables

Hasta la capilla ardiente se han desplazado numerosas autoridades de Asturias y Castilla y León, comunidades en las que se ha decretado luto oficial hoy y mañana, mientras que el sector de la minería vive un paro de 48 horas.

Autoridades como el rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladaron ayer sus condolencias a los familiares y amigos de los afectados, mientras que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acudió a pie de bocamina para mostrarles su apoyo y pedir responsabilidades por el siniestro.

Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración en una explosión registrada hacia las 9:30 horas de este lunes en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, en el extremo suroccidental de Asturias, han informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil. En los primeros momentos se contabilizaron cuatro personas desaparecidas, si bien en las horas posteriores los equipos de rescate lograron localizar a una de ellas con vida y a las otras tres fallecidas, según informa EFE.

Otras dos personas lograron salir ilesas tras la explosión de una máquina con la que se encontraban trabajando en el tercer nivel de esta mina subterránea de carbón, a varios metros de profundidad. Según el portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, estaban realizando trabajos con un permiso de explotación relacionado con un posible uso de mineral para la fabricación de grafito.

Tras el accidente, fue movilizada la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que trasladó a cuatro brigadistas y a su director en el helicóptero del 112 de Asturias, y a tres más por carretera para colaborar en el rescate de los atrapados. De los cuatro heridos, los dos más graves fueron trasladados hasta el centro de salud de Villablino, en León, un joven de 29 años con graves quemaduras en su cuerpo, en helicóptero para ser derivado desde allí a un hospital de referencia de Castilla y León, y el otro, un hombre de 47, también con quemaduras, en ambulancia.

Un tercer herido ha sido trasladado en otra ambulancia hasta el Hospital Carmen y Severo de Cangas del Narcea, con un traumatismo en la cabeza, mientras que el cuarto ha sido derivado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, tras haber sido localizado en el interior de la mina por los equipos de rescate con lesiones de gravedad.

Junto a la Brigada de Rescate de Hunosa se ha desplazado una unidad canina, así como varias dotaciones de bomberos de Cangas del Narcea e Ibias, ambulancias, Guardia Civil, personal sanitario y un puesto de mando avanzado. Ante la gravedad del accidente, el consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Jesús Calvo, ha activado a las 11:50 horas, el Plan Territorial del Principado de Asturias, PLATERPA, en Fase de emergencia y situación cero.

A través de su perfil en redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado "un sentido abrazo" a los familiares de las víctimas mortales y ha expresado su deseo de una pronta recuperación de los heridos, a la vez que agradecido el trabajo de los servicios de emergencia.

Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.

“Si estuviese a 30 kilómetros no estaríamos aquí”, afirma contundente Isabel Perianes, portavoz de la plataforma que lidera la oposición a la mina, mientras recorre la sierra donde se ubicaría, a solo dos kilómetros de Cáceres. La cercanía al casco urbano de la ciudad, patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental, concentra las críticas de quienes se oponen a la mina, que también alertan sobre la contaminación atmosférica, el gasto de agua y el impacto que la instalación tendría en la Sierra de Valdeflores, una zona de bosque mediterráneo habitada por aves protegidas. “Tendrán que cambiar los filtros para bacterias del hospital, porque cambiará el PH del aire”, señala Perianes como ejemplo. El hospital, la universidad y la prisión están a solo unos cientos de metros del terreno donde se situarían la planta transformadora de mineral y las bocas de los túneles.

Juan Gil es hidrogeólogo y uno de los principales expertos en el Calerizo, un acuífero sobre el que se situarían buena parte de las infraestructuras de la mina. “Han elegido hacer la megaescombrera, la fábrica de procesado de litio y varias balsas de lodos tóxicos sobre las rocas calizas más vulnerables, que se disuelven con el agua de lluvia. Hay un riesgo alto de contaminación”, señala el experto. Si bien el agua del acuífero no se utiliza para el consumo humano, “es una reserva estratégica en caso de que hubiese una sequía prolongada”, advierte. En la misma línea se pronuncia Marco Hoya, vecino de la ciudad: “Cáceres es una ciudad con pocos recursos hídricos y no me parece sensato utilizarlos en una actividad minera”.

El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, salió al paso de las críticas, destacando los esfuerzos de la empresa para limitar el impacto ambiental. “Toda la maquinaria y la planta van a ser alimentadas por renovables, el agua será procedente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres y no vamos a afectar al acuífero”, argumenta, citando la declaración de impacto ambiental entregada a la Junta. Rechaza también la acusación de que construirán un macrovertedero de escombros que se verá desde la ciudad o que habrá balsas con residuos tóxicos: “Las posibilidades de que pase algo como Aznalcóllar son nulas”, afirma.

Fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del gobierno regional evitan pronunciarse por ahora sobre los argumentos de la empresa, a la espera de “una evaluación rigurosa del proyecto”, aunque esperan que “genere empleo y riqueza en la región”. Jiménez promete 1500 empleos directos durante los dos años de construcción (su intención es comenzar en 2025) y 700 durante los 26 años que la mina estaría operativa. Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña, desconfía de estas cifras y alerta de “la pérdida de 150 puestos de trabajo en la zona”, entre empleos agrícolas y turismo. La asociación Hispania Nostra de defensa del patrimonio ha iniciado una recogida de firmas contra el proyecto, por el riesgo de “la emisión de partículas tóxicas derivadas del proceso de tostación con azufre para la obtención del litio, caso del dióxido de azufre que podría provocar lluvia ácida” sobre el conjunto monumental, el principal atractivo turístico de la capital cacereña.

En 2022, la multinacional australiana renunció a su idea inicial de excavar una mina a cielo abierto. Desde entonces, el nuevo proyecto ha vivido una tramitación accidentada. En 2023, el Ayuntamiento presentó a la Junta un informe donde afirmaba la compatibilidad del proyecto con el plan urbanístico de Cáceres, pero se descubrió que el informe original de los técnicos municipales afirmaba lo contrario, que la mina estaba demasiado cerca del casco urbano para ser admisible. Aun así, la Junta dio por bueno el informe remitido por el consistorio y aceleró los trámites mediante la declaración de Proyecto de Interés Autonómico.

La portavoz de Salvemos la Montaña denuncia además la falta de transparencia de la empresa, que les envió un informe “con páginas en negro; han velado [tachado] el 95% de los datos”. La compañía y la Junta lo justifican por el derecho a proteger información empresarial sensible, que podría dar pistas a competidores que pusieran en peligro el proyecto, entre los que el CEO de Extremadura New Energy señala directamente a China.

Jiménez justifica el proyecto por la necesidad de reducir la dependencia de Europa respecto al país asiático en producción y procesado de litio: “en Europa se extrae el 0,5% del litio que consumimos; el 80% de la transformación mundial se hace en China”. El gobierno central, que anunció en 2021 que destinaría fondos públicos a la primera planta de baterías en España, también ha subvencionado con más de 18 millones de euros el proyecto minero de Valdeflores. Es un ejemplo del apoyo estatal a un sector considerado estratégico por la necesidad de materias primas críticas para la transición energética. Sin embargo, el boom de la minería también está atrayendo inversores cuestionables, como desveló una investigación publicada por Infolibre.

A miles de kilómetros de la bolsa australiana donde cotiza la multinacional minera y bajo el vuelo de las aves rapaces que pueblan la Sierra de Valdeflores, Perianes subraya que la plataforma Salvemos la Montaña no se opone a la extracción de litio, pero insiste en que la cercanía a la ciudad hace inviable el proyecto. “Está en la ciudad, delante del hospital, del centro de ancianos, es una zona de uso”, concluye.

Las materias primas vuelven a estar de moda. Los coches eléctricos, los molinos de viento, la inteligencia artificial… todos necesitan en mayor o menor cantidad materias primas estratégicas que son extremadamente limitadas en el mundo, y su acopio es uno de los motivos de los choques y las alianzas geopolíticas. Adrián Godás (O Carballiño, 25 años) es una de las promesas del sector en España, y acaba de publicar Bajo Tierra (Arpa), su primer libro, en el que repasa el pasado y el futuro de la minería global. El experto garantiza que la península ibérica será uno de los puntos calientes en los próximos años gracias a las grandes reservas subterráneas de Andalucía y Extremadura. "Los tres polos mineros europeos son la península ibérica, los Balcanes y Escandinavia. No sé si España podría ser el número uno, pero junto a Portugal está en el top tres, sin duda", afirma en una conversación con infoLibre.

El potencial subterráneo de la península está en el sur, desde Portugal hasta Córdoba, pasando por Huelva y Sevilla, aunque también en puntos de Extremadura y Castilla y León. Allí, relata el autor, se encuentra la llamada Faja Pirítica "una anomalía geológica con una enorme concentración de metales sulfurosos densos; probablemente la mayor concentración del mundo", afirma Godás. "Allí hay oro, cobre, plata, zinc, plomo, uranio… También hay metales críticos. Hay un poco de litio, aunque no de muy buena calidad, y hay uno de los mayores yacimientos de antimonio de Europa, que por cierto es un metal que China ya ha vetado su exportación", concreta el experto. "También hay reservas muy importantes en Galicia y Asturias… pero allí la oposición local es más fuerte".

Godás, licenciado en Economía, lleva desde los 18 años en el mundo de la minería. Cuenta que entró de casualidad, como podría haber acabado en cualquier otra rama, porque no tiene lazos familiares con la profesión. "Coincidió que varias empresas españolas empezaron a invertir en el sector y empecé a ir a conferencias, leer libros, conocer directivos. Y me encantó". En los años siguientes se fue especializando y viajó a decenas de minas europeas, canadienses y australianas.

Esa experiencia en un sector muy pequeño, donde todos se conocen, le ha llevado a hablar con directivos de todo el mundo, y por eso está tan convencido del potencial español. "No haría falta inventar nada, llevamos extrayendo plata en España desde la época de los romanos. Sé de buena tinta que hay mucho interés en el antimonio de Extremadura, en la potasa de Navarra… pero cuando viene el extranjero se enfrenta a políticos, a la oposición local… y flipan. Hasta que no hay un permiso sobre la mesa, no quieren saber nada".

En el norte de Portugal, sin ir más lejos, están preparando la apertura de la primera mina de litio en Europa, un metal indispensable para fabricar prácticamente cualquier batería. En España, la reapertura de Aznalcóllar también debería ser inminente —ahora está temporalmente paralizada por un recurso de Ecologistas en Acción—, y surtiría al continente con cobre, zinc y plomo, también indispensables para la carrera industrial. Todo ello, con el apoyo de la Unión Europea, que el año pasado aprobó la Ley de Materias Críticas Fundamentales, que fija la meta de extraer dentro del continente el 10% de los metales críticos que consume.

Estos proyectos no contarán, sin embargo, con la alfombra roja de los vecinos y activistas. La minería es uno de los sectores que más oposición política y ecologista levantan en este momento y prácticamente ninguna excavación se libra de manifestaciones, titulares en la prensa y exámenes técnicos propios y ajenos. "Es verdad que hay muchísimo conflicto, en España se nota muchísimo. Cada vez que quieres hacer un proyecto tienes una oposición local y de ecologistas muy, muy fuerte", opina Godás. "Es un debate que cada vez va a ser más frecuente. Yo estoy encantado de que se abran nuevas minas, porque desarrollan la economía rural, aunque siempre exigiendo que se cumpla la normativa", añade.

El autor recuerda que unos promotores intentaron reabrir hace pocos años de una mina de tungsteno en Santa Comba (Galicia) y llegaron a recibir cartas amenazantes de políticos nacionales. "Los australianos quedaron poco menos que traumatizados porque era una mina pequeñita que ya había sido explotada en el pasado", afirma el entrevistado. El libro aborda también muchos otros enfrentamientos entre mineras y ecologistas, y critica que en algunas ocasiones se vetan proyectos de manera injustificada, aunque Godás también entiende el papel que juegan los críticos. "Creo que es bueno que haya ecologistas porque ejercen de contrapeso para que las cosas se hagan bien", afirma.

Uno de los capítulos del libro aborda la mala reputación que arrastra la minería, "y no es difícil entender por qué", se lee. Históricamente, fue una profesión de esclavos y exconvictos, pero todavía hoy se leen historias terroríficas sobre niños excavando a mano, ríos contaminados hasta convertir en tóxica el agua y soldados de gatillo fácil que vigilan las excavaciones. Pero Godás trata de hacer una separación entre las "minas buenas y malas" para aclarar que hay de todo. Él separa la minería artesanal de la industrial. La primera es aquella de "pequeñas cooperativas o pequeños empresarios que muchas veces no es ni legal ni está regulado", pero que todavía hoy emplea al menos a 20 millones de personas en el mundo, según el Banco Mundial. La segunda es la minería moderna, que minimiza el impacto ambiental y donde los trabajadores ganan sueldos astronómicos, como en Canadá, aunque también puede encontrarse en el Sur de América y en lugares puntuales de África.

La minería artesanal salió a la luz en todo el mundo con la película Diamantes de sangre (2006), protagonizada por Leonardo DiCaprio, que muestra las excavaciones de diamantes en Sierra Leona, pero que hoy podría rodarse en el Congo. Afortunadamente, recoge Godás en su libro, estos ejemplos dramáticos han terminado cambiando la legislación internacional sobre la minería. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó en 2010 la regulación Dodd-Frank, que obligó a rastrear el origen de las piedras preciosas y que ha llevado a que menos del 1% de los diamantes vendidos ahora sean "de sangre". Otro caso es la reciente campaña global para controlar las represas de escombros mineros que derivó del accidente de 2019 en Minas Gerais (Brasil), en el que murieron 270 personas.

Godás justifica que traer minas a Europa, pese a que levanta fuertes asperezas, ayuda a acabar con estas prácticas. "Si no lo minas tú, se va a minar en otro país. Un ejemplo es del níquel y el estaño indonesio, donde empresas como Tesla y otras automovilísticas tienen acuerdos comerciales para comprar, y han creado lo que grupos verdes llaman el nuevo aceite de palma porque arrasan con la selva tropical".

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la resolución administrativa del permiso concedido por la Xunta a la mina de A Penouta, situada en el municipio de Viana do Bolo (Ourense), única explotación de coltán –material presente en teléfonos móviles, tablets o pantallas– en Europa, por considerar insuficiente el estudio de afectación ambiental, según Europa Press.

De este modo, el TSXG estima el recurso interpuesto por Ecoloxistas en Acción Galiza al omitirse en el estudio ambiental su impacto en la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Este proyecto de la empresa canadiense Strategic Minerals ya fue paralizado por este mismo tribunal en 2023. De hecho, alcaldes de la zona, asociaciones sectoriales como Arigal, colegios profesionales como los de ingenieros de minas y geólogos, la Cámara Minera, así como sindicatos, trabajadores y vecinos conformaron un frente común en contra de la decisión de paralizar el permiso de la sección C de esta mina dedicada a la extracción de tantalio y niobio, minerales que sumados dan como resultado el coltán, una de las materias primas más empleadas en la producción de componentes electrónicos.

Ahora, los magistrados explican en la sentencia que la promotora no ha realizado, ni tampoco la Administración gallega ha exigido, "una oportuna y adecuada evaluación sobre el espacio Pena Trevinca, limitándose a indicar que el proyecto no afecta a ningún espacio protegido, cuando la ZEC y la ZEPA Pena Trevinca se encuentran a cero metros del enclave minero, constatándose que las masas de aguas superficiales superan la normativa permitida para arsénico, mercurio, cadmio y plomo".

El TSXG subraya que se ha acreditado "el impacto del polvo resultante de voladuras y movimientos, así como grietas en viviendas y la afectación a las aguas destinadas a consumo humano, que motivó denuncias de la empresa municipal de aguas de Viana do Bolo, con actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), la Guardia Civil y la Comisaría de Aguas".

La realidad medioambiental existente, según explica en la resolución, es que "las emisiones y vertidos están llegando a la Red Natura 2000, tanto por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas". Las fotografías aportadas acreditan, según los jueces, "la realidad del polvo que llega a la vegetación y población colindante de la mina y, aunque digan los demandados que han realizado mediciones que arrojan un valor por debajo del límite establecido, estas no han sido sistemáticas, ocultando más de lo que revelan". Así, manifiestan que "la realidad muestra el efecto en la población ubicada a 1,5 kilómetros de la explotación".

En cambio, la empresa negaba impacto ambiental y defendía que del proyecto dependen 129 familias y empresas auxiliares que actualmente trabajan en la mina de A Penouta, la mayoría de la comarca de Viana do Bolo. Todo ello tras una inversión de 45 millones de euros.

De esta forma, los jueces destacan la existencia "de grietas en las viviendas por efecto de las voladuras (llegan a utilizar hasta 8000 kilos de explosivos)" y la presencia "de metales pesados en dosis peligrosas", tal y como consta "en las analíticas presentadas en su día por la minera, emisiones que llegan a la Red Natura 2000 por los cauces fluviales contiguos a la explotación".

El TSXG advierte de que, "curiosamente", ni la empresa ni la CHMS "han realizado nuevas analíticas en las que se verifiquen los parámetros de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, sustancias peligrosas o peligrosas prioritarias, dificultando su estimación en las masas de agua superficiales en el último año y medio, más allá de las evidencias visuales en el arroyo de Treita das Cortiñas aportadas en su día, debiendo rechazarse que esta contaminación venga dada por la propia naturaleza de las aguas, ricas en hierro y manganeso, cuya combinación genera ese aspecto, sino que son consecuencia de la actividad minera, tratándose, en realidad, de filtraciones de los depósitos y balsas de residuos existentes, producidos por falta de medidas de protección".

En todo caso, el TSXG recalca que "no existen controles periódicos que midan los niveles de tales metales pesados, toda vez que ni la minera ni la CHMS han procedido a la monitorización de las aguas para estas sustancias, y ni la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni la autorización de vertido han establecido tal obligación de monitorizarlos, pese a que los regatos afectan a cauces de los que se obtiene agua para el consumo humano, lo que ya motivó denuncias del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Viana do Bolo, con diversos expedientes sancionadores".

La Sala advierte de que los vertidos procedentes de la mina, "intensificados tras la autorización de explotación de recursos sección C)" –declarada nula en la sentencia–, pueden estar causando "una afección a la salud de las poblaciones que obtienen su suministro de agua potable de tributarios del arroyo de Treita das Cortiñas, así como de los pozos o manantiales que la suministran a la población de A Penouta, contigua a la explotación minera, tratándose el mercurio, arsénico, plomo y cadmio de elementos extremadamente tóxicos que causan efectos crónicos por su bioacumulación en el organismo".

Por todo ello, en base al principio de precaución, el alto tribunal gallego entiende que "no conviene permitir la actividad hasta que no se realicen los estudios que evalúen los niveles de tales metales presentes en los regatos afectados por la explotación minera, siendo tal principio de precaución uno de los fundamentos de la política medioambiental europea, consagrada en el artículo 191 de su Tratado de Funcionamiento, desarrollado, respecto a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats, que impide que pueda autorizarse un proyecto sin que se demuestre la ausencia de repercusiones sobre las aguas y la biodiversidad, así como la salud humana".

El TSXG incide en que ante tal incertidumbre "no puede autorizarse", pues subraya que "los efectos de la actividad minera en el medio ambiente son irreparables", ya que "no se pueden reconstruir ecosistemas".

Además, añade que el documento de Determinación de los Niveles de referencia de las Aguas Superficiales y Subterráneas en el entorno de la Mina de Penouta, elaborado por la Universidade da Coruña, "constata que los niveles de esas sustancias en varias masas de aguas superficiales próximas a la mina superan de forma alarmante los límites legales". La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La minería es una actividad controvertida. Y se trata solo del primer y menos valioso paso necesario para fabricar las turbinas eólicas o los teléfonos inteligentes que dependen de las llamadas materias primas críticas. Antes de poder utilizar los minerales excavados, hay que refinarlos. Luego llega la producción –por ejemplo en fábricas de baterías de litio para coches eléctricos–, que es la fase donde está el mayor valor de la cadena. En toda Europa, la oposición a las nuevas minas previstas se alimenta de múltiples preocupaciones, entre las que destaca una: que después de todo el proceso no habrá beneficios para las comunidades locales. Así lo ha comprobado Investigate Europe, en la amplia investigación realizada sobre la nueva minería, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

"Nos preocupa mucho que la UE vea el norte de Suecia, Finlandia y Noruega como zonas inexploradas que hay que colonizar, industrializar y con gran potencial para todo tipo de explotación en nombre de esta transición verde", lamenta Håkan Jonsson en Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia. Jonsson es presidente del Parlamento Sami de Suecia.

La misma sensación se vive 4.500 kilómetros al suroeste, donde Carla Gomes, analista de datos y activista local, también teme que el futuro Reglamento de Materias Primas Críticas lleve a la explotación de su pueblo en Terras do Barroso, una zona protegida del norte de Portugal. "Creo que la minería podría justificarse si se tratara de una cadena de valor que realmente beneficiara al país, a la Unión Europea y al mundo en general", sostiene Gomes. Pero, en su opinión, no es el caso: "Estamos planeando minas para salvar la industria del automóvil, por supuesto, pero también para mantener las cosas como están. No habrá transición".

La transición verde, o "transición negra" como prefiere llamarla Jonsson, depende de la extracción masiva de minerales. Kiruna tiene posiblemente el mayor yacimiento de tierras raras de Europa. Las verdes montañas de Portugal, que Gomes quiere mantener intactas, albergan las mayores reservas de litio conocidas en Europa. Estas dos comunidades están ahora en el centro de la fiebre europea por los minerales, y de sus debates geopolíticos.

Europa quiere volver a explotar sus minas y reducir su profunda dependencia de China, que hoy suministra y procesa la mayoría de las materias primas críticas del mundo. El reglamento europeo podría ser aprobado por Bruselas en cuestión de semanas y desencadenar decenas de debates locales similares sobre nuevas minas en todo el continente. Tras décadas de globalización que externalizaron esta industria, estamos ante un escenario nuevo.

Por eso Jonsson y Gomes rechazan la idea de que estemos ante lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). Simplemente rechazan la necesidad de extraer recursos finitos de la tierra y, en su lugar, exigen una estrategia económica radicalmente distinta.

Terras do Barroso, donde este año se autorizaron dos minas de litio, es uno de los ocho "sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial" reconocidos por Naciones Unidas en el continente europeo. "Una vez que esa región, esas montañas, se conviertan en minas, nunca volverán a ser montañas. Nada volverá a ser lo mismo", lamenta Gomes.

En las tierras sami donde se construyó Kiruna en el siglo XIX para extraer mineral de hierro, el plan para explotar tierras raras no es más que otro capítulo de la historia. "Han secado lagos donde solíamos pescar. Nos han quitado las zonas donde pastaban nuestros renos desde siempre. Hemos tenido que abandonar nuestras aldeas", explica Karin Kvarfordt Niia, portavoz local sami. "Han sido 130 años de usurpación de nuestra naturaleza".

Incluso las fuentes favorables a la minería admiten que es una actividad económica industrial pesada y potencialmente contaminante, aunque subrayan que es necesaria para mantener nuestro actual nivel de vida y que se puede realizar de forma sostenible.

Carla Gomes rechaza la etiqueta Nimby. "Sí, obviamente tenemos un interés muy claro en que no se construya una mina a 500 metros de nuestro pueblo. Es un interés con el que creo que todo el mundo puede identificarse. Pero no sólo decimos que no queremos una mina en Covas de Barroso. Las minas ya no solucionan el problema. Hasta ahora ha sido la explotación desenfrenada de los combustibles fósiles, hasta que se agotan, y ahora sería la explotación de todo el litio que existe hasta que se agote. ¿Qué vamos a explotar después?".

El 85% de la riqueza generada por el litio se concentra en la producción de baterías, según Artur Patuleia, investigador principal sobre energía y clima de E3G, un think tank internacional. Si el Estado portugués invirtiera en toda la cadena de valor vinculada a la proyectada mina de Terras do Barroso, el potencial económico sería enorme, según un estudio de E3G. Una gigafábrica de baterías podría suministrar unas tres veces la cantidad anual de la planta de montaje de Volkswagen cerca de Lisboa, que representa el 1,5% del PIB de Portugal.

Por el contrario, según Patuleia, apostar solo por las partes más baratas de la cadena de valor, como la exportación del litio extraído y refinado, generará casi ocho veces menos valor y una fracción de los puestos de trabajo.

El problema es que no hay políticas nacionales ni europeas que hagan posible la opción de la cadena de valor completa. La UE cuenta con que cada Estado miembro tenga capacidad presupuestaria para invertir. Portugal, que sigue luchando contra la crisis financiera de 2008, no tiene dinero suficiente. Patuleia cree que el nuevo impulso de la UE a la minería "favorece implícitamente" a las naciones más ricas. Por eso entiende la "desconfianza" de las comunidades locales hacia la minería: "Ven el daño potencial, pero no ven los beneficios".

Existe un "interés de la UE por desarrollar localmente la cadena de valor de las materias primas", asegura Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero el proyecto de reglamento no incluye ni una sola referencia al respecto, e incluso en los casos en que los permisos se conceden con la condición de una cadena de valor completa, ésta puede resultar esquiva.

Los planes presentados en 2006 al Gobierno griego por Hellas Gold, empresa ahora propiedad de la minera canadiense Eldorado Gold, preveían la producción local de metales de oro y cobre a partir de las minas de Kassandra, en el norte de Grecia. En 2019, tras más de una década de promesas incumplidas, la empresa afirmó que había que cambiar el plan de inversión. Consiguió imponer un nuevo acuerdo que hacía opcional la metalurgia. Mientras los planes de extracción de metales se dibujan y redibujan perpetuamente, la empresa exporta concentrados de plomo, zinc y oro a los mercados mundiales, alejando de Europa los pasos más importantes de la cadena de valor.

Incluso en el mejor de los casos, en el que la producción de oro en condiciones ecológicamente aceptables se establezca en el país, no hay planes para la fundición de cobre, según admitió la empresa a Investigate Europe. Por lo que respecta al cobre, incluido en la lista europea de materias primas críticas, sólo se prevén exportaciones.

Sin embargo, Bruselas está firmando acuerdos sobre materias primas con terceros países prometiéndoles lo que no puede conseguir en casa. Chile, por ejemplo, es uno de los mayores proveedores mundiales de litio. La UE depende de él para cerca del 80% de sus importaciones. Hasta ahora, este negocio era sencillo y estaba alejado de Europa. Chile tenía las minas, China refinaba el litio y la industria automovilística europea lo utilizaba para fabricar vehículos eléctricos.

En un documento de una reunión del Consejo Europeo de marzo de 2023, los Estados miembros apoyaron memorandos de entendimiento con Argentina y Chile sobre materias primas críticas. A diferencia de ocasiones anteriores, la UE aseguró que los beneficios debían incluir "la creación de valor añadido local" para los países productores.

En junio, el Consejo publicó un nuevo marco sobre materias primas críticas, en el que se afirma que los acuerdos con terceros países "deben ser mutuamente beneficiosos para la Unión y el tercer país implicado y añadir valor en ese país".

Este giro del "eurocentrismo" es justificable: los países del Sur Global llevan mucho tiempo sufriendo la extracción y la destrucción medioambiental sin compensación alguna.

Celine Tshizena Pegasus es abogada congoleña y miembro de Afrewatch, un organismo de vigilancia de los recursos naturales. Sus argumentos son similares a los de Carla Gomes en el norte de Portugal: "El cobalto congoleño se procesa en otros países, lo que no puede formar parte de una transición justa, ya que crea pobreza en el Sur Global. Es muy importante que África no sea vista como un continente donde se pueden extraer minerales en bruto para crear valor añadido en otros lugares".

Enclavadas entre las altas cumbres de los Alpes piamonteses, en el norte de Italia, hay minas de cobalto cerradas y abandonadas. "El apogeo de la minería se produjo en el siglo XVIII, cuando el cobalto extraído se utilizaba para teñir de azul telas y cerámicas", explica Claudio Balagna, del museo minero de Usseglio.

Usseglio es uno de los dos pueblos de montaña implicados en un nuevo proyecto minero, Punta Corna. Atraída por la creciente demanda de cobalto, necesario para las baterías de los coches eléctricos, la empresa australiana Altamin obtuvo allí sus primeros permisos de exploración en 2018.

Muchos en Usseglio esperan que la extracción pueda comenzar pronto. Creen que la mina traerá empleo y atraerá a trabajadores jóvenes a una comunidad cada vez más envejecida y despoblada. "Vienes a mi casa y te llevas algo que es mío. Así que es justo que me pagues por ello", argumenta el concejal de Medio Ambiente de Usseglio, Giuseppe Bona, refiriéndose a la posibilidad de que el municipio obtenga un canon por la explotación de las minas.

En el cercano pueblo de Balme prevalece el sentimiento contrario. El Ayuntamiento está en contra de "cualquier investigación y exploración minera". Una resolución de 2020 reclamaba una asamblea pública para informar a los residentes "sobre los efectos y el impacto que el proyecto podría tener en la vida de los valles y su destino socioeconómico".

El alcalde de Balme, Giovanni Castagneri, es claro en su postura: "Sin duda requiere mano de obra cualificada, de la que no disponemos. Además, el transporte de estos materiales se realizaría por carreteras estrechas y peligrosas, lo que también crearía problemas de acceso turístico, que es lo que caracteriza a nuestra zona". Teme que una mina contamine también los acuíferos de agua mineral de la región, esenciales para las empresas embotelladoras, que son grandes empleadoras.

"Las empresas mineras tienen mucho más poder que las administraciones locales", afirma Alberto Valz Gris, geógrafo de la Universidad Politécnica de Turín, que advierte sobre los recursos económicos, el personal y los conocimientos técnicos que se necesitan en estos procesos, y de los que carecen los pequeños municipios.

En este aspecto, puede que Europa no sea tan diferente del Sur Global.

Es un error pensar que más minería en Europa significará menos minería en el Sur Global, opina Adriana Espinosa, de la ONG Amigos de la Tierra en España, que rechaza nuevos proyectos mineros en el país: "Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del Sur Global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China".

La normativa europea sobre protección del medio ambiente y derechos laborales es más estricta que las leyes nacionales de otros lugares, reconoce Espinosa. Pero eso es sobre el papel. "Las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental", denuncia.

"¿Necesitamos abrir nuevas minas? Lo que realmente necesitamos para empezar son las cuentas, que de momento no existen. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España", asegura Espinosa.

La comisaria europea Margrethe Vestager se hace eco de este punto: "No podemos seguir como estamos. No podemos coger todos los coches diésel o de gasolina y cambiarlos por un vehículo eléctrico. Porque ahora mismo estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades planetarias. Simplemente no es posible seguir así".

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Con información de Lorenzo Buzzoni, Maria Maggiore, Marta Portocarrero, Manuel Rico, Eurydice Bersi (Reporters United) y Maren Sæbø.

Edición: Ingeborg Eliassen y Chris Matthews.

"La gente tiene mucho miedo de hablar, porque significaría ir contra la principal empresa de la región". Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde un agua preciosa y la fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella. Desde hace décadas, el principal dueño de esta empresa es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

Su mina de litio del Salar de Atacama es una de las principales fuentes mundiales de este mineral esencial para las baterías. También acumula acusaciones de cometer infracciones medioambientales y se enfrenta a la oposición de comunidades locales. El pasado mes de septiembre, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable, se publicó una auditoría supuestamente independiente del yacimiento.

En las dos últimas décadas se han creado una serie de normas voluntarias que promueven "las mejores prácticas" mineras. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.

El consorcio periodístico Investigate Europe ha analizado el funcionamiento de estas auditoras mineras. Es un trabajo que forma parte de la amplia investigación sobre las materias primas críticas, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El sistema considerado más riguroso es IRMA, siglas en inglés de Initiative for Responsible Mining Assurance (Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable), desarrollado por compradores finales de las materias primas como Microsoft y Tiffany junto con diversas ONG. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar SQM, evalúa el desempeño social y medioambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.

La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal), una cooperativa regional, cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, "por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa".

"SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional", denuncia Balcázar.

No son acusaciones lanzadas a la ligera. En febrero de este año se inició un juicio por financiación ilegal de políticos chilenos, que recibieron presuntamente pagos irregulares de SQM. Por su parte, el Primer Tribunal Ambienta de Chile confirmó a Investigate Europe que mantiene abierta una investigación a la empresa minera. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la compañía presentó un plan de cumplimiento para poner fin a los daños medioambientales. En 2022, las comunidades indígenas pidieron que se mantengan las sanciones a SQM y se exijan nuevas medidas de protección del salar.

En la auditoría patrocinada por IRMA también se indica que son necesarias algunas mejoras, entre ellas en materia de seguridad y de gestión de residuos. Sin embargo, Opsal teme una futura escasez de agua en Atacama y la pérdida de ecosistemas y vida salvaje en torno al salar.

A preguntas de Investigate Europe, SQM afirma que su litio tiene "una de las huellas medioambientales más bajas" del mundo y que aspira a producir litio neutro en carbono para 2030. La empresa destaca que aporta "entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas" y asegura que sigue sólidos procesos de diligencia debida. "Estamos orgullosos del continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con cuatro de las cinco comunidades de nuestra área de influencia", presume la compañía minera.

Ramón Balcázar ve las cosas de forma muy diferente. Destaca que las aportaciones económicas de SQM no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina: "Inyectar grandes cantidades de dinero a las comunidades, municipios y universidades no resuelve la falta de sostenibilidad ambiental de la minería del litio o del cobre en el Salar de Atacama. Los ecosistemas se dañan perpetuamente".

Por su parte, IRMA admite que la auditoría podría haber estado "más profundamente informada", con una mayor retroalimentación por parte de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, reconoce que la gente "sigue siendo escéptica con razón", ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.

La auditora de la mina de SQM es una empresa británica llamada ERM CVS, controlada por la estadounidense KKR, uno de los principales fondos de private equity (capital privado) del mundo. La auditora forma parte de ERM International Group, que tiene en su cartera de clientes a varias compañías mineras. La española Corporación Financiera Alba, holding financiero de Banca March, es accionista minoritario del grupo ERM (tiene el 6,91% del capital). Entre otras inversiones, Corporación Financiera Alba posee también una participación en Acerinox, compañía dedicada a la fabricación de acero inoxidable dependiente de materias primas. Tomás Armengol es miembro del consejo de administración de Acerinox y también esconsejero no ejecutivo del grupo ERM, en ambos casos en representación de Corporación Financiera Alba. Esta compañía no respondió a las preguntas sobre posibles conflictos de interés planteadas por Investigate Europe.

Un portavoz de ERM CVS rechaza cualquier irregularidad con el argumento de que el negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general: "ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos para que los organismos de certificación garanticen su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial".

Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de private equity, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. Es decir, no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas mayoritarios de ERM, puesto que KKR gestiona el dinero de otros. A la pregunta de cómo puede garantizar que no existe un conflicto de intereses si ni siquiera sabe quiénes son los verdaderos propietarios, ERM responde lo siguiente: "ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR y KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM".

La compañía auditora también destaca que durante su trabajo de campo logró contactar con varias personas de las comunidades locales y que intentó más entrevistas con otras partes interesadas, pero no recibió ninguna respuesta más.

ERM CVS es una de las dos empresas auditoras aprobadas por IRMA. Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses. Human Rights Watch, miembro de la dirección de IRMA, admitió en mayo que "IRMA aún necesita mejoras significativas para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las compañías de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debe trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías".

Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. "Vemos claramente riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores", sostiene Boulager en declaraciones a Investigate Europe. En su opinión, este sistema aún está en la fase de generar confianza, pero al mismo tiempo destaca que el enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas y el hecho de que los informes se hagan públicos, diferencian positivamente a IRMA de otras iniciativas. "IRMA no sólo está trabajando para abordar el conflicto de intereses, sino también para impulsar un cambio fundamental en la forma de auditar, con la participación de miembros de la comunidad y trabajadores que pueden sentirse seguros para ofrecer todos sus puntos de vista", afirma Boulager.

La multinacional minera Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la compañía afronta protestas por la ampliación de una mina de cobre en Chile y fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina también está siendo auditada por ERM CVS.

Fue en otra mina brasileña de hierro donde la industria auditora se convirtió en el centro de atención en 2019. Una presa en la mina de Brumadinho se derrumbó y desencadenó un deslizamiento de tierra que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era "estable".

Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de la ONG con sede en Bruselas Transporte y Medio Ambiente, que también forma parte de IRMA, asegura que este sistema es el más fiable en una "jungla" de ofertas. Pero advierte: "Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las propias empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado".

El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONG afirmaba que la propuesta "afianzaría el control de la industria minera" sobre las normas. "El resultado final será una norma que carece de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble", denunciaba la carta. "Esto perjudicaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse greenwashing".

Aun así, en la negociación del Reglamento de Materias Primas Críticas, que entrará en vigor en la UE el próximo año y que busca reactivar la minería, la Comisión Europea defiende apoyarse en normas voluntarias. Si una empresa minera obtiene una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener la consideración de proyecto minero estratégico. Las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.

Los grupos ecologistas sostienen que estos sistemas de auditoría no deben considerarse un "puerto seguro" para las empresas. "Esperamos que la versión final del reglamento otorgue menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como etiqueta de sostenibilidad", alerta Cecilia Mattea.

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Con información de Manuel Rico.