Quién es quién en el nuevo tablero venezolano que Trump quiere controlar

La caída de Nicolás Maduro ha dejado un escenario que pocos analistas habrían dibujado hace apenas unos meses: el de una transición tutelada por Donald Trump y rentabilizada por las empresas estadounidenses, pero ejecutada por el mismo rostro que hasta hace una semana personificaba la retórica más agresiva del chavismo: la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El ascenso de Rodríguez a la presidencia encargada es el resultado de un cálculo de Washington que prioriza la estabilidad sobre la legitimidad democrática, dejando en un incómodo segundo plano a la oposición que, con las actas electorales en la mano, reclamaba su turno para gobernar.

El giro de Delcy hacia Washington 

La misma dirigente que el pasado sábado condenaba los “ataques del imperio” ha pasado a reclamar una agenda de “colaboración conjunta con la Casa Blanca” solo un día después. Mientras, Trump, fiel a su estilo, mantiene la presión amenazando a Rodríguez con un destino similar al de Maduro si se desvía del guión impuesto desde la Casa Blanca, a pesar de que la actual mandataria no forma parte del expediente judicial por narcoterrorismo que ha llevado a Maduro al juzgado de Nueva York.

Para Washington, la solución de Delcy puede ofrecer una estabilidad y continuidad que minimice la resistencia interna del chavismo mediante una cara conocida y respetada dentro del régimen, siempre que no tenga reparo en proporcionar, en palabras de Trump, “acceso” a las empresas estadounidenses.

La figura de Delcy es recordada en España por el episodio que puso en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. Su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, a pesar de las sanciones europeas que le prohibían pisar suelo comunitario, derivó en una crisis política donde el entonces ministro José Luis Ábalos ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. 

Diosdado Cabello: 10 millones de recompensa

En el lado opuesto del tablero chavista se encuentra Diosdado Cabello. Mientras Delcy se muestra dispuesta a colaborar con Washington, Cabello guarda un silencio que podría interpretarse como la antesala de una resistencia interna. Su situación es diametralmente opuesta a la de Rodríguez: él sí figura en la causa del Distrito Sur de Nueva York, señalado como uno de los líderes del Cártel de los Soles, lo que dificulta enormemente que la Administración estadounidense —que mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que facilite su captura— acepte su presencia en cualquier esquema de poder futuro.

La influencia de Cabello, fundamental en los entornos militares, se extiende más allá de Caracas, manteniendo incluso terminales políticas activas en Europa. Su hermana, Glenna Cabello, sigue ejerciendo como cónsul general en Bilbao, puesto desde el que ha arremetido contra Trump, tildándole de “asesino y criminal” y ha llamado a la movilización contra la “agresión imperialista”.

La legitimidad ignorada de Edmundo y María Corina

El gran interrogante de esta transición es el papel de la oposición. Edmundo González Urrutia, cuya victoria en las elecciones de 2024 fue respaldada por las actas recopiladas por la Plataforma Unitaria y avalada por organismos internacionales como el Consejo Europeo y la ONU, parece no contar en los planes inmediatos de Trump. Pese a ser el presidente reconocido por gran parte de la comunidad internacional, la Casa Blanca ha preferido apostar por la continuidad administrativa que garantiza Delcy Rodríguez para asegurar el flujo de crudo y el orden interno.

Por su parte, María Corina Machado atraviesa una situación paradójica. Su reciente Premio Nobel de la Paz en 2025, lejos de facilitarle el acceso al poder, parece haber alimentado una rivalidad de protagonismo con Donald Trump en la cabeza del presidente. El mandatario estadounidense ha dejado caer en varias comparecencias que el liderazgo de Machado es insuficiente para gestionar el complejo entramado militar y petrolero del país. 

Mientras tanto, a través de una portavoz, la reciente ganadora del Nobel ha rechazado la legitimidad de Delcy Rodríguez para encabezar la transición política, acusándola de pertenecer no solo al “aparato represor del Estado”, sino también al Cártel de los Soles, una narrativa que imita a la de Washington en las formas pero que, de momento, no parece bastar para conseguir su respaldo. 

El papel del PP y la incógnita de los cuarteles

Otro interrogante del que depende en gran medida la transición que comienza es el papel de las Fuerzas Armadas. Su máximo responsable, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, tampoco cuenta con el beneplácito de Washington, que ofrece 15 millones de dólares por información relevante para su captura. A pesar de ello, en su primera aparición pública tras la captura de Maduro, Padrino ha llamado a “la paz y el orden” y ha instado a los venezolanos a “retomar sus actividades”, lo que de momento parece alejar el riesgo de una insurrección militar. 

En el plano nacional español, la situación ha generado una hiperactividad en el Partido Popular, que ha adoptado un discurso de exigencia máxima. La formación de Feijóo reclama que España lidere una presión internacional para que la transición sea entregada a la oposición, un movimiento que en círculos diplomáticos se ve con escepticismo dada la nula influencia que Madrid, y más aún Génova, tienen ahora mismo en las decisiones de la Casa Blanca. 

Las exigencias de los populares, verbalizadas no solo por Feijóo, sino también por Ayuso y Álvarez de Toledo, chocan con la realidad de los hechos: el destino de Venezuela se está decidiendo en Washington, saltándose cualquier mediación de la Unión Europea. A pesar de que le interpelan directamente, las declaraciones de enfado de los populares parecen más dirigidas al público interno que al propio Trump, que si no ha tenido en cuenta a la oposición venezolana para decidir cómo administrará Venezuela tras su golpe de Estado, no parece tener ningún motivo para tener en cuenta a la española.

Más descontento aún con la actuación de Trump está el Ejecutivo de Sánchez, que se ha alineado con México, Colombia, Uruguay y Chile para mostrar su rechazo conjunto a la operación militar, que califican como “precedente peligroso para la paz y la seguridad regional”, una postura que, de momento, ningún otro socio europeo ha compartido ni secundado.