Ayuso dio 800.000 euros a cuatro "clústeres" sin empleados que pagaban a un bufete ligado a Rafael Catalá

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Cuatro asociaciones, un mismo patrón

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

800.000 euros en subvenciones directas

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los gastos indirectos, concentrados en el despacho de Catalá

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Un bufete de fusiones y adquisiciones

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

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Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Catalá, señalado en el triángulo Gobierno-Equipo Económico-Codere

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.