El histórico dirigente del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras, ha elevado el tono este jueves en un acto público en Lugo, en el que ha reiterado que las "políticas" del PP "matan" y una muestra de ello es que "votaron en contra" de dar la medicación a los enfermos de hepatitis C, informa Europa Press.

En la tarde noche de este miércoles en la capital lucense, donde durante la campaña para las elecciones gallegas de 2012 acusó al PP de "matar más que ninguna organización terrorista" en España, Beiras ha recuperado ese discurso poniendo como ejemplo el caso de los enfermos de hepatitis C en Galicia, por los que la Xunta se enfrenta a un proceso judicial por no hacerse cargo de su medicación.

De este modo, el portavoz de Anova ha recordado que los diputados del PP "votaron en contra" de una iniciativa parlamentaria que reclamaba que el Gobierno gallego hiciese frente al pago de las medicinas para estos pacientes. "Claro que mataban", ha exclamado.

También ha hecho referencia a los desahucios, criticando que los conservadores dejaron "sin techo" a muchas personas "violando la Constitución" española y la "carta de los Derechos Humanos" a la que "al parecer el Estado español forma parte de ella", ha ironizado.

Así, ha añadido que "algunas" de esas personas que perdieron su hogar "se suicidaron", para luego recuperar los "carteles" que se veían en algunas de las protestas contra los desahucios y que rezaban: "No es un suicidio, es un asesinato". "Beiras tenía razón", ha zanjado.

Feijóo, casi al filo de la medianoche, compareció muy emocionado ante sus seguidores para agradecer el apoyo recibido y, entre otras cosas, comprometerse a seguir sirviendo a Galicia hasta el año 2020, una declaración con la que pareció querer aclarar que no tiene intención de aspirar a la sucesión de Mariano Rajoy si es que ésta se abre antes de esa fecha.

Por detrás de él queda una oposición desarbolada. La suma de PSdeG, En Marea y el BNG se queda en 34 escaños (los mismos que hace cuatro años). Al 100% del escrutinio las confluencias superron a los socialistas en votos (19,07% frente al 17,88%) aunque habrían empatado en escaños (14 ambos). Apenas 16.866 votos más. El PSOE pierde cuatro escaños (tenía 18) y En Marea gana cinco (si se comparan sus datos con su antecesor político en el Parlamento saliente, que era Alternativa Galega de Esquerdas). La situación entre ambas fuerzas es muy parecida a la que se produjo en 2001, cuando PSdeG y BNG empataron a escaños, con los nacionalistas por delante en número de votos. Aunque aquella vez ambas formaciones sumaban cada una 17 diputados.

Para los socialistas el resultado es muy malo y apenas queda disimulado por el empate a escaños con En Marea. Es el peor de su historia en Galicia, incluso con menos escaños y votos que el de 1997, que también les costó la pérdida del liderazgo de la oposición. Los críticos, muy numerosos en Galicia, no tardarán en pedir cuentas a la dirección del partido en Madrid, que no sólo impuso las listas si no que mantiene al frente de la formación a una comisión gestora. Los partidarios de Pedro Sánchez tienen ahora que organizarse para intentar ganar el congreso del PSdeG que habrá de celebrarse en los próximos meses y en el que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, intentará hacerse con el control de la formación.

En el caso de En Marea, es verdad que el resultado mejora el obtenido por AGE hace cuatro años, pero está bien lejos de ser el esperado. El sorpasso al PSOE no ha tenido el alcance soñado por los líderes de Anova, Podemos, Esquerda Unida y las mareas municipalistas y, sobre todo, no ha sido capaz de dañar lo más mínimo la mayoría absoluta del PP, el gran rival a batir.

El BNG, por su parte, suma seis escaños y el 8,36% de los votos. Un resultado más que digno a pesar de haber perdido un escaño porque le permite formar grupo parlamentario y encarar en mejores condiciones de lo previsto el debate sobre la reorganización de la izquierda nacionalista que, a la vista de los resultados, se desatará en Galicia a partir de esta misma semana. Los nacionalistas del Bloque han vuelto a perder votos y escaños, pero parecen haber limitado el ritmo del descenso y eso puede ofrecer a su nueva líder, Ana Pontón, la oportunidad de dirigir la estrategia de la formación para los próximos años.

El gran derrotado de las elecciones ha sido Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, que en muchos asuntos, sobre todo en autogobierno y lengua, se sitúa a la derecha del PP, se queda fuera del Parlamento. Sólo han sumado un 3,38% de los votos en toda Galicia.

Podemos Galicia ha acordado este viernes la pregunta que formulará en la consulta telemática que realizará a todos los inscritos desde este domingo, día 31 de julio, hasta el próximo martes, día 2 de agosto, sobre la forma en la que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas y que no contempla la opción de acudir como un partido instrumental.

"¿Cómo quieres que concurra Podemos a las elecciones gallegas?", señala la cuestión que deja para los inscritos en la formación dos posibles respuestas: "A) En alianza electoral con otras fuerzas políticas y sociales del cambio (como Esquerda Unida, Anova o las mareas)" o "B) En solitario".

De ello han informado este viernes a los medios fuentes de la dirección de Podemos Galicia después de que el jueves la dirección estatal de Podemos decidiese no convocar la pregunta que consensuó una comisión del Consejo Ciudadano Autonómico sobre las alianzas para las gallegas al no responder la consulta a los documentos con los que la secretaria xeral de la formación morada, Carmen Santos, se presentó a las primarias internas.

De este modo, la cuestión no incluye en su planteamiento la posibilidad de acudir a las urnas como partido instrumental, como defienden las diferentes sensibilidades promotoras de la Asamblea Constituínte que tendrá lugar este sábado en Vigo y entre las que se encuentran los alcaldes de A Coruña (Xulio Ferreiro), Ferrol (Jorge Suárez) y Santiago (Martiño Noriega).

 El Parlamento de Galicia rechazó, con los votos en contra del PPdeG, una petición realizada por parte de los grupos parlamentarios de BNG y de AGE para alterar el orden del día del pleno e introducir el debate de la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de tren de Angrois.

Antes del inicio de la sesión, el diputado del BNG Francisco Jorquera pidió la palabra invocando al reglamento parlamentario para solicitar una alteración del orden del día de la sesión plenaria, con el objetivo de abordar la creación de una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario en el que fallecieron 80 personas.

Tanto el Grupo Mixto, como AGE y BNG defendieron la propuesta, a la que también se ha sumado el Grupo Socialista. Por parte del Grupo Popular, Pedro Puy propuso sin embargo el impulso a una declaración institucional para demandar la creación de un informe "técnico" e "incontrovertido".

Según señala Europa Press, tras las quejas de Jorquera por esta propuesta, señaló su disposición a trasladar por escrito la postura del grupo sobre el informe de la agencia ferroviaria, que concluyó que no había habido imparcialidad en la investigación y faltaban por analizar "elementos clave".

A pesar de todo, la propuesta de alteración de orden del día fue rechazada por 39 votos en contra y solo 34 a favor. El Grupo Popular ya había avanzado su rechazo a esta y había negado un cambio de postura en el PPdeG, defendiendo que siempre habló a favor de "las familias".

Los alcaldes de las mareas en las ciudades gallegas –Jorge Suárez (Ferrol), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Martiño Noriega (Santiago)– han decidido dar un paso al frente este martes para impulsar la confluencia para las elecciones autonómicas elecciones autonómicasy, de este modo, este martes harán una intervención conjunta para hacer un llamamiento en este camino, informa Europa Press.

La ciudad escogida es la de Ferrol, una manera de descentralizar la confluencia y evitar la carga política que tendría realizar este llamamiento desde A Coruña o Santiago, cuyos alcaldes están más marcados por sus posicionamientos públicos.

La apelación de los tres regidores, que se viene fraguando con contactos anteriores de los referentes de las mareas municipales, llega después de que se reuniesen el pasado domingo con la secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, a quien citaron para un intercambio de opiniones sobre el proceso político actual.

En el encuentro, los referentes municipales exploraron la posibilidad de desactivar la hipótesis de que Podemos Galicia concurra en solitario a las elecciones autonómicas, como la propia dirigente de la formación morada baraja.

Esta cita no fue casual, aunque algunos de los participantes que hablaron al día siguiente públicamente restasen importancia a la reunión, ya que, como confirmaron las fuentes consultadas por Europa Press, los alcaldes han cobrado paulatinamente protagonismo en este proceso como elemento de unión y con el fin de "desbloquear" la situación con la que se ha llegado a unos meses de las elecciones autonómicas.

Una situación en la que la coalición de En Marea vivía tensiones internas por las diferencias entre sus socios y las diferencias internas entre la dirección gallega de Podemos y el sector de los diputados electos, y en una etapa en la que también surgió el espacio político Mareas en Común, que provocó también diferencias internas en formaciones como Podemos Galicia.

Los alcaldes también fueron un elemento de unión en las pasadas elecciones generales, ya que en un acto en el que participaron ellos en la capital de Galicia consiguieron reunir, por primera vez en campaña, a los candidatos de las cuatro circunscripciones de En Marea, que logró cinco diputados en unos comicios en los que la coalición perdió más de 60.000 votos, un escaño en el Congreso y un senador.

Al margen de la fórmula de concurrencia, y con el resto de principales opciones políticas con candidato ya elegido, la incógnita permanece en quién será la persona que encabece la candidatura de la confluencia, para lo cual tendrá también especial relevancia resolver la fórmula elegida. En este extremo es en el que trabajan los alcaldes, de forma que se abra un puente entre la marca y la labor política ya realizada por En Marea con el trabajo de Mareas en Común en el ámbito de sistema de trabajo y en lo que este espacio ha denominado "democratización" de las decisiones, con documentos de código ético y primarias ya redactados.

Manifiesto de Mazarelos

El protagonismo que cobran los alcaldes de las mareas varía el esquema que se produjo para las elecciones generales del 20 de diciembre cuando, entonces, fueron los regidores, que habían accedido a los respectivos bastones de mando recientemente, los que pidieron a los partidos políticos que se pusiesen de acuerdo para lograr una candidatura de unidad que diese continuidad a la confluencia iniciada en las municipales.

Esta demanda desembocó en el llamado manifiesto de Mazarelos, donde Podemos Galicia, entonces con Breogán Riobóo al frente, Anova y Esquerda Unida se comprometieron con la unidad política para las generales, consiguiendo atraer el apoyo de Encontro Cidadá por unha Marea Galega y, después, el respaldo de las mareas municipales (aunque Marea Atlántica no se incorporó a la coordinadora).

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C, Quique Costas, tildó este miércoles al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "canalla político" y le acusó de ocultar la "cifra real" invertida por la Administración gallega en fármacos de acción directa contra el virus, unos tratamientos que se incrementaron "por la presión social", según Europa Press.

Costas asistió en el Pleno del Parlamento a la intervención de Núñez Feijóo en respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición sobre el proceso de concesión de tratamientos frente a la hepatitis C, una cuestión por la que dos altos cargos del Sergas están siendo investigados por prevaricación administrativa.

"Ayer, por segunda vez en la última semana, emplazábamos al presidente de la Xunta a matizar y disculparse por las desafortunadísimas declaraciones hechas en Madrid en las que banalizaba el alcance de este problema", dijo Quique Costas, para quien, "lamentablemente", Feijóo "no lo ha hecho" y se ha "ratificado en el contenido y en el tono" de aquellas declaraciones. "Esto nos parece, francamente, inadmisible", apuntó el presidente de la plataforma.

En particular, Costas acusó al jefe del Ejecutivo gallego de "insistir en provocar sufrimiento" a las personas afectadas por esta enfermedad, no reconociendo que "se primaron criterios economicistas" y "presupuestarios" sobre los "criterios humanos" para conceder en plazos razonables estos tratamientos.

"Estábamos dispuestos a aceptar sus disculpas, pero esas disculpas no fueron ofrecidas. Solo nos queda calificarlas", dijo, tras lo que ha afirmado que estas consideraciones "fueron propias de un canalla político".

Una cifra invertida "falsa"

Del mismo modo, Costas pidió a Núñez Feijóo que "explique" la cifra invertida por la Xunta en tratamientos contra esta enfermedad que, "tal y como la explica, es radicalmente falsa". El presidente de la plataforma apuntó ue los 77 millones apuntados el martes por el conselleiro "se remontan hoy hasta los 130" en palabras de Feijóo, que indica también que "el número total de tratamientos, acumulando los que se incorporan por la vía del plan estratégico, no llegan a 3.000". "130 millones entre 3.000 da una cifra asombrosa para unos tratamientos que cuestan 13.000 euros de media", apostilló.

"Si lo que quiere decir es que en tratar a enfermos de hepatitis durante todo el periodo acumulado desde 2012 se gastaron 130 millones de euros, se lo compro", dijo Costas, quien aventuró que la Xunta incluye en esta cifra "trasplantes hepáticos", hospitalizaciones por "descompensación" o intervenciones "de contención", "pero no --solo-- fármacos ni nuevos fármacos". En este sentido, reclamó a la Xunta que "aclare" la "cifra real invertida en fármacos de acción directa contra la hepatitis C" desde su puesta a disposición de los pacientes en enero de 2014.

Paralelamente, agradeció que el presidente gallego haya "matizado un dato", el de pacientes analizados por la subcomisión de farmacia. En este sentido, el presidente de la plataforma aseguró que desde el Gobierno se ha "repetido como un mantra" la cifra de 1.153 tratamientos que pasaron por esta subcomisión, una cifra "engañosa" dado que se remonta hasta 2012 y "no refleja" aquello sobre lo que se "discute", el número de tratamientos antivirales de acción directa, "que existen a partir de enero de 2014".

"Hoy el presidente nos aclaró que el número es de 339 en 2014 y 374 en el primer trimestre de 2015", apuntó Quique Costas, que calificó de "llamativo" que del total de 713 tratamientos, 374 se produjesen en los primeros meses de 2015, "después de que se pusiese en marcha la movilización de los pacientes". "La generosidad es simplemente la respuesta a la presión social y política de los pacientes", concluyó.

Feijóo oposición

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avaló este miércoles a la actuación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la hora de administrar los nuevos tratamientos a afectados de hepatitis C y atacó con dureza a los grupos de la oposición, a los que acusó de intentar hacer "un juicio sumarísimo", de tenderle "una trampa moral" y de estar "en campaña electoral".

"Galicia les queda muy grande; me parece indigno que se use el sufrimiento de las familias para hacer campaña electoral", aseveró el presidente gallego, a quien PSdeG, BNG y AGE recordaron, en algún caso citando expresamente sus nombres, los pacientes de hepatitis C fallecidos que se investiga en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago.

La Policía Nacional entró este martes en el Parlamento de Galicia tras recabar la debida autorización de su presidente, Miguel Santalices, para efectuar un registro en las dependencias del partido AGE en el marco de una investigación contra la pornografía infantil.

En concreto, los agentes accedieron al despacho de uno de los empleados del grupo que lidera Xosé Manuel Beiras, Ramiro Santalices, un militante de Esquerda Unida que llegó a ser candidato a la Alcaldía de Santiago en 2003.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, está acusado de un supuesto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil en una operación que sigue abierta y en la que no se descartan más detenciones.

Otras fuentes policiales señalaron que habría sido el propio investigado quien solicitó esta visita de los agentes, y que él mismo les entregó "diversos efectos personales" relacionados con el caso.

Rescisión cautelar del contrato

Poco después, Xosé Manuel Beiras anunció a los periodistas que el contrato de este administrativo ha sido rescindido de forma cautelar hasta que "se clarifiquen las cosas" porque "está en juego la credibilidad y la ética" de todos los componentes de la coalición.

Consciente del difícil equilibrio entre "la presunción de inocencia" y la necesidad de establecer este "cordón sanitario", aseguró que el trabajador será "plenamente reintegrado" en su trabajo y "reparado" en su "dignidad" en caso de que resulte inocente. Y es que, Beiras no descartó la "hipótesis" de que exista "alguien que, insidiosamente, haga algo para que aparezca implicado" un trabajador de AGE, "un grupo que está mal visto por el poder", dijo el diputado.

Al hilo de ello, el veterano nacionalista dejó claro que lo ocurrido "no es problema de AGE" ni guarda relación con su "actividad política o cívica", de modo que pidió "no mezclar" estas cuestiones con las "actividades como ciudadano" de Santalices.

Inviolabilidad de la cámara

Las declaraciones de Beiras se produjeron tras reunirse con Miguel Santalices y con el letrado mayor del Parlamento para analizar si se había transgredido la inviolabilidad de la Cámara con la entrada de los cuerpos y fuerzas de seguridad en sus instalaciones.

Al respecto, el propio presidente, sin dejar de hacer hincapié en que lo ocurrido atañe al "ámbito privado" de una persona y no a la institución, defendió que había autorizado el registro para no "entorpecer" la labor policial.

El portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha sido expulsado del pleno del Parlamento por increpar al portavoz del PP de Galicia, Miguel Tellado, en su escaño, tras un acalorado debate sobre el nuevo hospital de Vigo, para el que su grupo parlamentario ha solicitado su rescate para la Administración pública.

Durante el transcurso de la intervención ante el hemiciclo gallego, Beiras ya había sido llamado al orden por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, quien le advirtió, durante el turno de palabra del conservador Javier Dorado, y ante las palabras del líder de Anova, que "aquí no hay tontos". Ya en la réplica, el veterano izquierdista ha avisado a los populares de que "su derrota es inexorable, con Beiras o sin Beiras", al asegurar que "la ciudadanía está harta de ustedes".

También ha proclamado que en el Partido Popular están "corruptos todos" y ha denunciado que es un partido "podrido de abajo a arriba", en referencia velada a las últimas informaciones conocidas sobre las investigación al PP valenciano.

Suspensión del pleno

"Entre todos los echaremos del país", ha avisado en último turno de la defensa de su iniciativa, antes de levantarse para abandonar el hemiciclo, aunque acabó siendo expulsado antes de que eso ocurriese, puesto que, por el camino, se encaró al portavoz del PP.

Así, cuando se levantó, se dirigió a Miguel Tellado, cuya mesa ha golpeado hasta en dos ocasiones, entre insultos y reproches. Ha sido entonces cuando Santalices le ha vuelto a llamar al orden y ha decretado su expulsión, así como una suspensión del pleno, que apenas se ha llegado a materializar, al continuar con el debate de la siguiente iniciativa.

La expulsión le acarreará 15 días de suspensión de los derechos parlamentarios como diputado, según recoge el Reglamento del Parlamento. Esto supone que no podrá acudir a los plenos, ni comisiones; así como también serán retiradas las percepciones salariales correspondientes.

No es la primera vez que Beiras se encara directamente contra las bancadas del PP, e incluso había llegado a golpear el escaño del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión de control al gobierno en la que la oposición llevó a la Cámara las fotografías de los años 90 del mandatario autonómico con el narcotraficante Marcial Dorado, que publicó el periódico El País. Sin embargo, en aquel momento, abril de 2013, la entonces presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, no llegó a expulsar al veterano político, que también protagonizó otros rifirrafes con las bancadas populares.

El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha indicado que el obstáculo de no contar con grupo propio en el Congreso se podría salvar si En Marea concurre como un partido político si se repiten las elecciones generales y no como una coalición, como así hizo en la cita electoral de diciembre. Beiras cree que En Marea debe "reformularse, que no refundarse". Sobre la posibilidad de conformar grupo propio en el Congreso ante una eventual convocatoria de nuevas elecciones generales, Xosé Manuel Beiras ha apelado a que, tras el 20 de diciembre, no hubo esa posibilidad por una cuestión "formal".

En todo caso, ha criticado la actitud del PSOE por escudarse en el "pretexto" de que la mesa estaba formada por una mayoría de PP y Ciudadanos. De hecho, ha denunciado esa situación, cuando el partido de Rivera y el de Rajoy no tienen mayoría en la Cámara.

Beiras ha justificado este jueves la posición de En Marea en los debates de investidura y en el proceso de negociación tras las elecciones generales, y ha subrayado que esta coalición no impone líneas rojas, sino que defiende "principios democráticos", entre ellos, el derecho a decidir de los pueblos, "que está reconocido por las Naciones Unidas".

Así lo ha manifestado el líder de Anova en una rueda de prensa celebrada en Vigo, en la que ha proclamado que las negociaciones no pueden suponer la firma de un "contrato de adhesión inquebrantable" como "determinados líderes creen". "Las líneas rojas son los principios democráticos de los derechos humanos, consagrados en Naciones Unidas (...), entre ellos, hay uno universal que es el derecho de autodeterminación de los pueblos", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado la posición del socialista Pedro Sánchez, al que ha preguntado "en qué partido está" si cree que "es igual el criptofascismo de Ciudadanos que una fuerza política de izquierdas". "¿Creéis que se puede tomar en serio a alguien que funciona así?", ha cuestionado.

Xosé Manuel Beiras ha insistido en que el líder del PSOE tiene que "escoger" entre un acuerdo "de centro hacia la izquierda" o "dejarse utilizar para jugar y llegar a la 'gran coalición'".

Finalmente, ha denunciado que "los líderes de la 'troika' quieren impedir a toda costa un gobierno de izquierdas en España" porque "es letal para Europa" y para la UE, que "ya está semidifunta".

Finalmente, ha tachado de "mentira" el apoyo de los socialistas en los gobiernos municipales del cambio. "Que se lo pregunten a Xulio Ferreiro o a Martiño Noriega, que no consiguen aprobar los presupuestos", ha sentenciado.

El portavoz nacional de Anova y de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, ha afirmado este lunes "hay fascismo en el Estado Español disfrazado de otras cosas y por eso nace ese disfraz de nuevo falangismo de Alberto Primo de Rivera", en alusión velada al líder de Ciudadanos.

Durante su intervención en un mitin en Monforte, en el que ha apoyado al cabeza de lista de En Marea por la provincia de Lugo, Miguel Anxo Fernán Vello, el veterano político ha advertido de que "no estamos ante una crisis, estamos ante una gran depresión como en los años 30".

"Por eso hay fascismo disfrazado de otras cosas y por eso nace ese disfraz de nuevo falangismo de Alberto Primo de Rivera, una alternativa creada para que parezca civilizada pero son los mismos vestidos de otras pieles".

Así, Beiras ha pedido a los asistentes que "se conviertan en infantería cívica que, con la palabra como arma, expandan la necesidad de llevar el cambio a las Cortes".

Es necesario dar la batalla en el Estado porque es lo que dicta las políticas de exterminio, las que quieren robarnos el idioma y que no sepamos en qué hablaban en nuestro país", ha enfatizado, antes de remachar que, por eso, "son necesarias alianzas en pie de igualdad".

Si este domingo el histórico político ha reivindicado a Galicia como "nación" en un acto en red en el que también participó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este lunes Beiras ha insistido: "Los nacionalistas somos internacionalistas y eso se hace mediante alianzas para dar la batalla en el Estado, para echar 'al Rato' y a las ratas todas de allí. Ésa es la razón de En Marea".

"En Marea está aquí para que exista un sistema de seguridad público universal, por una fiscalidad justa, solidaria y distributiva, por un trabajo digno y una vida plena, para defender los servicios públicos". Estamos aquí en defensa de nuestros recursos y del bien común y por una economía productiva y una nueva política industrial", ha enfatizado, por su parte, Fernán Vello.

La contestación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de las preguntas relacionadas con la denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense por supuesto acoso sexual ha "indignado" a los grupos de la oposición, que han abandonado el hemiciclo celebrado este miércoes –salvo los portavoces del PSdeG y Grupo Mixto–, tal y como ha informado Europa Press.

El presidente de la Xunta ha garantizado "prudencia y firmeza" en relación al titular de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, al que una mujer acusa de ofrecerle un empleo a cambio de sexo. Entre gritos de "machista" desde la oposición, ha relativizado el caso, al incidir en que Galicia cuenta con problemas que le preocupan más, como el paro.

Como representante del Estado en Galicia, ha asegurado que lo que más le preocupa es el desafío soberanista de Cataluña, que ve una amenaza para el Estado de las Autonomías y que, en consecuencia, afecta a la comunidad. Además, ha reivindicado el "respeto" a la democracia y el Estado de Derecho, para subrayar que no hay ningún pronunciamiento judicial ni de la Fiscalía.

Así, ha replicado que él actuará con "prudencia" porque no tiene "dobles varas de medir". En todo caso, ha asegurado que, llegado el caso, si hay que tomar "una decisión" no le "temblará la mano".

La primera en expresar su protesta ha sido la diputada socialista Carmen Acuña, a quien se la ha podido ver visiblemente afectada en los pasillos del Parlamento por las palabras del mandatario autonómico. Acto seguido también lo hicieron todos los diputados del BNG y de AGE, incluida su portavoz parlamentaria, Yolanda Díaz, que renunció así a su segundo turno de preguntas en la sesión de control, los diputados del PSdeG y la diputada Chelo Martínez (Grupo Mixto).

En declaraciones a Europa Press, los representantes de estos cuatro grupos parlamentarios han mostrado su "indignación" por la respuesta que ha dado el mandatario autonómico, quien comenzó asegurando que para él, el problema más importante que tiene Galicia es el desempleo.

"Me pareció absolutamente indignante la demostración del presidente de que esto no le importa absolutamente nada. Fue la cosa más grave que le escuché al presidente en todo este tiempo", ha lamentado Acuña, quien ha considerado "esa falta de respeto hacia las mujeres intolerable".

Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha juzgado que se ha tratado "uno de los plenos más duros que se han vivido en la legislatura".

"Vimos lo que es Feijóo: un presidente machista"

"Seguramente los vivimos duros con los preferentistas y afectados por los pacientes de Hepatitis C, pero creo que es tremendo, porque lo que acaba de decir el señor Feijóo es que no le preocupa la vulneración de derechos fundamentales, particularmente, los de las muertes que está habiendo todos los días, las violaciones que estamos viendo todos los días", ha enfatizado Díaz.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha censurado que Feijóo "lo que dijo es que las mujeres no valen para nada". "Vimos lo que realmente es Feijóo: un presidente machista", ha sentenciado.

"Insultante"

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha tildado de "insultante" la respuesta que ha dado el presidente de la Xunta porque "está acusando a la oposición de frívola por traer una pregunta vinculada con la violencia machista".

Para Jorquera, Feijóo ha mostrado que "para él la violencia machista no es un problema importante, y por lo tanto está insultando al 50% de la población, está insultando a las mujeres y está poniendo en evidencia que considera irrelevante la violencia machista y que no debe ser objeto del debate parlamentario".

"Está diciendo que él considera que es una frivolidad preguntar en la Cámara por un alto cargo público que pide favores sexuales a cambio de una promesa de colocación", ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, Jorquera, quien ha juzgado que el mandatario autonómico "se está retratando" con sus palabras. Además, ha censurado que lo haya hecho con la "anuencia" de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, porque le al permitirle hablar de cuestiones no relacionadas con el asunto de la pregunta.

Del hemiciclo también salió Chelo Martínez, del Grupo Mixto. La portavoz, Carmen Iglesias, también lo hizo pero volvió para la réplica y para escuchar lo que decía el mandatario autonómico.

"Falta de respeto"

Martínez ha considerado "una falta de respeto total contestar en un tema como éste, de acoso sexual, de venta de puestos públicos a cambio de favores por parte del presidente de la Diputación de Ourense, con el desempleo cuando nunca quiso hablar del desempleo".

"Nos parece un insulto para las mujeres, un mensaje para la ciudadanía de que está permitido abusar y acosar a las mujeres. (Un mensaje) de que las mujeres tenemos obligación de cambiar sexo por puestos trabajo y que el PP va a defender esa actuación indignante; un apoyo a la violencia machista que no se puede consentir", ha abundado, antes de asegurar que la actuación de Feijóo ha sido "un apoyo a la violencia machista brutal".

La diputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Eva Solla, criticó este lunes que la Xunta tenga que "recurrir a la caridad" de "un señor multimillonario" o a "la beneficencia" para financiar la sanidad pública, que debería costearse a través de un sistema fiscal "progresivo".

Solla se refería así a la donación de 17 millones de euros que hace unos días anunció la Fundación Amancio Ortega para incorporar nuevos equipos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el Servicio Gallego de Salud (Sergas).

"No es normal que haya que depender de la caridad para financiar algo que es un derecho", remarcó la parlamentaria, sin obviar los recortes acometidos por la Xunta en este servicio y también el nivel de endeudamiento que ha alcanzado.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la sanidad pública se pague con impuestos "justos y progresivos", y criticó que las grandes empresas tributan de media un 6% mientras los trabajadores del Sergas aportan "del 12 al 38%" de sus ingresos.

"El trabajador que menos cobra del Sergas paga dos veces más impuestos que las grandes empresas", aseguró Solla, que aprovechó para denunciar la "elusión y evasión fiscal" en empresas privadas sin que los gobiernos dispongan "medidas reales" para combatirla.

¿Una donación o un contrato?

De este modo, como subrayó al ser preguntada al respecto, el "problema" de su grupo político no es con "la fundación privada" en cuestión, sino con el planteamiento político que lleva a "perder la sanidad como derecho" para convertirla en "un negocio" al optar por su "privatización" en lugar de sufragarla con recursos públicos.

Al hilo del proceso de "privatización" de la sanidad gallega, la representante de Alternativa señaló que los mamógrafos y aceleradores que cederá la Fundación Amancio Ortega ya estaban incluidos en el contrato de la Xunta con dos grandes empresas –Philips y Variant– para la renovación de la tecnología sanitaria.

Es por ello que la diputada pedirá "explicaciones" en el Parlamento sobre esa dádiva a "un servicio privatizado y ya adjudicado", poniendo en cuestión que haya sido "una donación" y no "un contrato". "Queremos conocer los términos exactos en los que se va a desarrollar", concluyó.

El portavoz de Alternativa Galega, Xosé Manuel Beiras, enumeró este miércoles los "pecados capitales" del PP que, a su juicio, hacen prever un cambio de ciclo político, tanto en Galicia como en España. En el debate de política general, el líder nacionalista habló del "expolio" de la energía eólica y demás alternativas renovables, al "robo" de las cajas de ahorro, al "exterminio" de los ganaderos, al sometimiento de la clase trabajadora "a la esclavitud y la inseguridad", y a la conversión de la educación y la sanidad públicas en "mercancía".

Beiras exhortó a los "ciudadanos autoorganizados y a las fuerzas políticas leales a ellos", para dar por "finalizado este ciclo político" y que Galicia irrumpa en Madrid en las elecciones generales. En su intervención en el debate de política general, Beiras acusó a la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo de haber "transmutado" lo que era una "brigada de demolición", cuando los conservadores llegaron al poder, a una "estrategia de exterminio material, cultural y político del territorio llamado Galicia y del pueblo llamado gallego ya hace más de 2.000 años".

"Se dedicó a reduplicar ese expolio en los diversos niveles y dimensiones de la realidad del país: materias primas, formación de capital, fuerza del trabajo, potencial demográfico, creación científica y técnica, patrimonio cultural, y patrimonio natural y medioambiental", espetó.

Uno a uno, Beiras citó los "siete pecados capitales", a los que sumó un octavo: el feminicidio. "Esa lacra repulsiva para cualquiera dotado de sensibilidad de la que ustedes carecen, producto de la violencia machista ínsita en el sistema patriarcal", repudió.

Así las cosas, desgranó el "expolio energético"; el "expolio financiero"; el "exterminio del campesinado y la gente marinera"; la "esclavización de las clases trabajadoras y expatriación forzosa de las generaciones jóvenes"; el "desmatelamiento y privatización de los servicios públicos y sociales"; el "etnocidio cultural y lingüístico"; y el "ecocidio o agresión criminal a los ecosistemas y medioambiente".

Beiras, que comenzó su intervención con una analogía sobre la caída del Imperio Romano y suscribió las palabras de su homólogo del BNG y las diputadas del Grupo Mixto que pidieron la dimisión de Feijóo, apeló a la victoria de las mareas en las ciudades de Ferrol, Santiago y A Coruña para asegurar que han "marcado un punto de clara inflexión hacia adelante en la dinámica de agotamiento y descomposición de esta segunda Restauración borbónica".

En este escenario, apuntó que el "reto" es "derrotar la oligarquía" en las próximas elecciones generales. Para ello, remarcó, el "primer requisito es que el pueblo gallego irrumpa como sujeto político propio en ese combate a favor de la regeneración democrática de la sociedad".

Además, Beiras ha advertido de que el pueblo gallego "nada recibió nunca de la 'España eterna" y ha añadido que "bien demostrado está que la autonomía otorgada hace un tercio de siglo no le sirvió para resolver sus graves problemas endémicos".

"Todos los que decimos asumir y defender el derecho a la libre decisión de los pueblos del ámbito del Estado, debemos, congruentemente, asumir este postulado", avisó el veterano político, quien en otras ocasiones ya lanzó mensajes similares a Podemos.

El rey Felipe VI instó este miércoles a los eurodiputados del Parlamento Europeo en Estrasburgo a contar con una España "unida y orgullosa de su diversidad", así como "leal y responsable hacia el proyecto europeo" y "solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho", informó Europa Press.

"Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar y no restar; de aunar y no dividir, de saber compartir y ser solidarios", defendió el monarca durante su intervención en la Eurocámara, en la que también resaltó que Europa "ha sido uno de los grandes consensos de la sociedad española".

En este sentido, el rey destacó que la UE "ha sido el horizonte de la democracia y también de la regeneración económica y la regeneración social y política". "España es donde los españoles queríamos estar, donde nos merecíamos estar y donde permaneceremos siempre", declaró.

Además, Felipe VI subrayó que la España democrática "se ha basado sólidamente en una firme y sincera voluntad de entendimiento de los españoles", una voluntad "generosa y fraternal". Así, expresó que se ha sustentado en la Constitución, "el gran pacto que defiende, preserva y ampara los derechos y libertades de los ciudadanos, protege a los pueblos de España y consagra la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

De esta forma, el monarca aseguró que durante los 30 años de permanencia en la UE, España "ha demostrado ser un socio constructivo, en permanente compromiso con los valores y principio de la Unión".

En cualquier caso, admitió que los últimos años "no han sido fáciles para España", puesto que se han sufrido "tasas muy altas de desempleo". "Son muchos los sacrificios que han tenido que hacer los españoles para volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo", señaló.

Por otro lado, Felipe VI se refirió también a la crisis de refugiados. "Estamos sobrecogidos ante el desgarrador sufrimiento de aquellos que vienen a Europa huyendo de la violencia y el fanatismo", recalcó, para añadir que Europa "debe responder desde la generosidad, la solidaridad y la responsabilidad".

Eurodiputados de izquierda españoles exhiben una bandera republicana y un enseña independentista gallega durante la intervención del rey. EFE

Los eurodiputados de Izquierda Unida, Marina Albiol, Javier Couso y Ángela Vallina, y la gallega Lidia Senra (AGE) mostraron una bandera republicana y una enseña independentista gallega, ambas colocadas sobre sus escaños, antes de abandonar el Hemiciclo en señal de protesta por la intervención de Felipe VI.

A este gesto se sumaron otros compañeros de fila europeos, como la italiana Eleonora Forenza (Lista Tsipras-L'Altra Europa), que mostró una pancarta en la que se leía, en español, Salud y República, o el francés Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche), que ha colocado una bandera republicana en su asiento.

El Parlamento gallego aprobó este martes la nueva ley de financiación de partidos con el voto en solitario del PP y sin el apoyo de la oposición, que reclamó una reforma de mayor calado y más mecanismos de control de la financiación de los partidos, informa Europa Press.

La nueva ley abarca, entre otras cuestiones, el incremento hasta un 33% de las ayudas electorales a las formaciones con representación, apostando por la financiación pública en detrimento de los ingresos privados.

Aunque todos los grupos se mostraron de acuerdo en la necesidad de poner trabas a las donaciones a los partidos y en fomentar la financiación pública como garantía de "independencia", AGE, BNG y Grupo Mixto rechazó que el texto propuesto alcance una reforma "de calado", por lo que votó en contra, mientras que el PSdeG –que también reclamó más profundidad en los cambios– se abstuvo en la votación alegando que el actual contexto no es el adecuado para llevar adelante esta modificación.

En este sentido, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu aseguró que la nueva ley tiene un contenido "escaso" y explicó que, aunque supone "una mejora", es "insuficiente para el momento crítico" actual, en particular en referencia a los "escándalos de financiación irregular" de varios partidos políticos.

Aún siendo una "mera aproximación al problema", Méndez Romeu admitió que el texto debatido este martes es "bastante distinto al original" gracias a la introducción de algunas enmiendas que lo dotan de "mayor seguridad jurídica". Sin embargo, el Grupo Socialista rechazó apoyarlo y se ha abstenido en la votación, alegando que estas medidas y el aumento de la financiación pública a los partidos "no deben plantearse en el momento actual, al menos mientras sigan vigentes" los "recortes" en servicios y prestaciones.

Rechazo de los demás grupos de la oposición

Para el diputado de AGE Xabier Ron, dentro de este asunto son "necesarios muchos más cambios" que los que plantea esta reforma, en la que se "perpetúa" la "vulneración de la igualdad de oportunidades" entre los partidos al no admitir un reparto económico por votos, sino por un sistema mixto entre votos y escaños conseguidos.

Para AGE, sería necesario que la ley pusiese "límites al marketing electoral" y promoviese un "acceso equitativo a los medios de comunicación" por parte de los partidos. De igual modo criticó que el texto votado permita a "fundaciones y entidades asociadas" convertirse "en el paraíso fiscal de los partidos".

Xavier Ron, que apostó por un modelo "ético y público" de financiación, lamentó que se hayan "dejado fuera" las enmiendas presentadas por AGE sobre "cuestiones fundamentales", como el "necesario trabajo de fiscalización que debe realizar el Consello de Contas", que se inhibe en favor del Tribunal de Cuentas.

Al mismo tiempo reclamó "expresar de manera más severa las prohibiciones en materia de financiación", sobre todo en relación a las donaciones anónimas, y equiparar "las fundaciones y entidades asociadas a las organizaciones políticas en materia de financiación en todos los aspectos".

También el BNG, en boca del diputado Francisco Jorquera, reclamó "límites más estrictos a la financiación privada" y un aumento de las competencias en materia de fiscalización para el Consello de Contas.

Jorquera, que calificó esta norma como "un capítulo más en la operación de lifting" del Gobierno de Núñez Feijóo, criticó las "rebajas introducidas" en el texto en función de la ley estatal, por lo que pidió que Galicia "legisle de forma más ambiciosa" en virtud de su "protestas legislativa".

Financiación pública

El diputado del BNG señaló que la financiación pública de los partidos es "el modelo que más asegura la transparencia y la independencia", por lo que consideró "positivo" la creación de "subvenciones específicas" para sus los gastos de funcionamiento.

No obstante, subrayó la necesidad de compatibilizar estas medidas con otras "complementarias" de "ahorro", para que, en el contexto de crisis, esta financiación "no conlleve más gasto".

En esta línea, defendió "prohibir la distribución por los partidos de papeletas y sobres electorales", así como su envío por correo, y propuso "medidas de racionalización del gasto en campañas electorales", como el incremento de la cobertura informativa en medios de comunicación públicos o la obligatoriedad de celebrar debates.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto Carmen Iglesias calificó de "vergonzoso" el incremento en la financiación pública de los partidos en la situación económica actual, "mientras la ciudadanía sufre recortes". "Esta ley contará con nuestro voto cuando los salarios, incluido el mínimo interprofesional, alcancen semejante incremento", zanjó.

"Cerrar huecos" a la corrupción

Para concluir, el diputado del Partido Popular, Pedro Puy, defendió esta ley y aseguró que garantizar la financiación pública contribuirá a "cerrar huecos" para que "haya menos oportunidades" para casos de "corrupción" y al margen de otras formas de financiación movidas por intereses particulares.

El Grupo Parlamentario del PP ha vuelto a rechazar este jueves convocar un pleno para debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, por el que fallecieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas, y que este viernes conmemora su segundo aniversario. En palabras del diputado popular Alejandro Gómez Alonso, su partido "no entra en el juego de manipular a las víctimas".

Entre otros argumentos, el rechazo a llevar esta cuestión a pleno se debe a que tampoco apoya que se investigue en la Cámara autonómica, alegando el reparto competencial. Sobre este punto, el diputado nacionalista Francisco Jorquera le replicó recordando que se investigó la catástrofe del Prestige y aludiendo al reglamento, que dice que se puede abordar cualquier asunto "de interés público".

El diputado conservador abundó en el argumento contra la oposición para asegurar que es "inmoral" la postura de la oposición, a la que acusa de tratar de sacar "réditos políticos" del accidente ocurrido en la curva de A Grandeira.

Asimismo, Gómez Alonso defendió que el ERMTS "no significa más seguridad, sino una homogeneización" con los sistemas europeos, en alusión a la comparación con el ASFA digital con el que viajaba el tren que descarriló la tarde noche del 24 de julio de 2013.

Solicitud de AGE y BNG

La solicitud de convocatoria de pleno, para que en él se debatiese la constitución de una comisión de investigación, fue presentada por AGE con el apoyo del BNG, cuyo portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, pidió a los allí presentes, de forma retórica, que respondiesen a una pregunta: "¿El accidente se podría haber evitado? Con los datos que hoy conocemos, creo que nadie podría decir que no".

Tras esta reflexión, aludió a que se conocen datos nuevos desde la última vez que se llevó esta petición al pleno (informes e incluso las conclusiones de la subcomisión del Congreso) y recordó que "no dimitió ningún responsable político" y que, incluso, "algunos fueron premiados", en alusión al actual ministro de Justicia, que era secretario de Estado de Infraestructuras entonces.

"Dos años del accidente, las víctimas no se merecen que el 24 de julio pase a la historia como el aniversario de la impunidad", ha proclamado Jorquera.

Su homólogo de AGE, Xosé Manuel Beiras, suscribió los razonamientos e ironizó, a raíz de la postura que suponía de los populares, que al final habrá que pedir "una comisión de investigación para ver si hay presidente de la Xunta y donde está escondido".

Beiras, que encendió su tono en el turno de réplica por considerar "indecente" el voto negativo del PP, también manifestó que confía en que "algún día, algún responsable (político) sea procesado por delitos contra los derechos humanos" por las muertes que se producen en ámbitos como el sanitario, dijo, por la supresión de servicios.

"¡Si tratan así a los vivos, qué rayos van a tratar a los muertos!", afirmó tras referirse a las listas de espera de la sanidad. El veterano político, que advirtió de nuevo a los populares que los ciudadanos ya les están "dando palos para espantarlos como a los ratones", ha señalado que lo que hay que investigar es "qué fallo hubo" en la aplicación de los fondos y ha avisado de que un mal destino es "corrupción".

Justicia social

Chelo Martínez, por parte del Grupo Mixto, lamentó que los populares "busquen un cabeza de turco", al respecto de lo que mencionó que así ocurrió con el Prestige, y avisó de que además de la justicia de los tribunales, existe la "justicia social", que es la que se puede dar, a su entender, con esta comisión.

El portavoz del PSdeG en el debate, Juan Carlos González Santín, se mostró favorable a llevar este asunto a un pleno, pero no quiso aclarar cuál era su posición de elevarse la iniciativa al pleno. Hasta ahora, los socialistas siempre se abstuvieron, con argumentos como que estaba en la Justicia y había una subcomisión creada en el Congreso.

Sin embargo, aunque no definió su postura, Santín sí remarcó que es "imprescindible" establecer las responsabilidades y la "transparencia" en esta investigación, y ha enfatizado que el Gobierno "tiene la obligación de dar explicaciones" sobre la causa del accidente, porque está en juego su "credibilidad" y la del país.

Justificó la postura mantenida hasta ahora su grupo, como la de esperar el resultado de la subcomisión del Congreso y recordó que el Grupo Socialista no "renuncia a saber lo que ocurrió". "Es necesario saber las causas y poner los medios (para el futuro)", ha subrayado Santín, dejando abierta la posibilidad de un cambio a su postura en caso de que este tema vuelva a llevarse a un pleno.

El maquinista que condujo hasta Ourense pide que declaren cargos de Adif

Javier Illanes Álvarez, el maquinista que condujo de Medina del Campo a Ourense el tren Alvia que después se accidentó a la entrada de Santiago, el 24 de julio de 2013, ha reaparecido en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega para reclamar que se tome declaración a cuatro cargos de Adif a los que considera autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y de tantos de homicidio y lesiones imprudentes como fallecidos y heridos se produjeron en el siniestro.

Con fecha de entrada del pasado 30 de junio, a escasos días de que se cumplan dos años del descarrilamiento que causó 80 muertes y más de un centenar de heridos en el compostelano barrio de Angrois, este maquinista, personado en la causa, entregó a través de su procurador un documento de 25 folios con el que solicita dichas declaraciones.

En concreto, quiere que acudan en calidad de imputados el anterior director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; el actual director de seguridad en la circulación, Manuel Besteiro; el gerente del área de seguridad en la circulación noroeste a la fecha del accidente, Fernando Rebón; y el jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste a la fecha del accidente, José Antonio García.

"Por ser todos ellos responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria en Adif, en relación con los hechos instruidos, e infractores de las normas de prevención de riesgos laborales a las que estaban legalmente obligados", sostiene.

Pusieron "en peligro" su vida

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia que estos cuatro cargos no facilitaron "los medios necesarios para que los trabajadores, en concreto los maquinistas y personal del tren de la línea de alta velocidad 082, desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas".

Los acusa, de este modo, de haber puesto "de forma concreta en peligro gravemente su vida", y recuerda que fallecieron dos trabajadores y cuatro resultaron heridos, entre ellos él. En suma, critica no haber adoptado "las medidas preventivas para remediar" poner en riesgo a empleados y viajeros.

Por ello, entiende que son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto y penado en el artículo 316 y siguientes del Código Penal; y de tantos delitos de homicidio y lesiones imprudentes como fallecidos y lesionados se produjeron, de los artículos 142 y 152 del Código Penal, "ya que también incumplieron las normas de seguridad de evaluación y prevención de riesgos".

"Adif incumple sin excepción"

A este respecto, el escrito recoge una amplia argumentación en la que el maquinista recoge aspectos como "la inexistencia de una evaluación de riesgos que conllevara una determinación de peligros, así como su alcance", para establecer "medidas de seguridad con las que proteger a trabajadores y viajeros". "De haberse cumplido escrupulosamente la normativa, el siniestro no hubiera ocurrido", afirma, de manera similar a lo que dijeron en su día distintos peritos.

En este sentido, enumera lo que, a su parecer, Adif incumple sin excepción, hasta 11 normativas, empezando por la directiva 2004/49/CE de 29 de abril de 2004; el reglamento número 352/2009 de la Comisión, de 24 de abril de 2009; el reglamento número 1169/2010 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2010 y el Real Decreto 810/2007, de seguridad ferroviaria.

A continuación se refiere al incumplimiento de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; la directiva 2008/57/CE de interoperabilidad del sistema ferroviario A.V. y el Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la red ferroviaria de interés general.

Por último, apunta a incumplimientos del Real Decreto 810/2007, reglamento seguridad ferroviaria; la decisión de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006; las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y RAMS 50129 y las especificaciones de la Agencia Europea del Ferrocarril para los sistemas de gestión de la seguridad.

"No se efectuó ninguna evaluación de riesgos"

En un tercer apartado del documento, el maquinista se basa en las siete periciales aportadas al juez --tres de peritos judiciales y cuatro de parte-- para concluir que "no se efectuó ninguna evaluación de riesgos" en la línea Ourense-Santiago en la que descarriló el Alvia.

Determina que es "un hecho" que "no se efectuó evaluación de riesgos, ni laborales, ni generales, propia de la explotación ferroviaria, ni tras la modificación del proyecto original, ni tras ordenar la desconexión del sistema de control mando y señalización ERTMS".

Tampoco se efectuó "una evaluación del factor humano, pese a ser una línea monótona puente túnel, puente túnel", ni se registró "ningún punto negro en la línea" ni se identificó como peligro la curva de A Grandeira.

"Agravaron el riesgo"

Ya en un cuarto punto, asegura que los responsables de Adif "agravaron el riesgo y las consecuencias del siniestro, ya que impusieron una velocidad máxima de circulación del tren a 200 kilómetros por hora, cuando conforme a la normativa vigente no se debía circular a más de 160 kilómetros por hora".

En quinto lugar, alude a la pretensión de Adif de "haber cumplido la normativa de evaluación y prevención de riesgos" con el denominado safety case report, pero argumenta que "no es cierto" ya que "se refiere únicamente al sistema de control mando y señalización".

"No abarca el resto de subsistemas estructurales que componen el sistema ferroviario al que se refiere", apostilla, antes de remachar con que tampoco aborda el factor humano ni cubre la curva de A Grandeira, "ya que solo comprende el tramo entre el punto kilométrico 1,857 y 84,188, cuando el punto de salida del tren de la vía y por tanto de la curva se encuentra en el punto kilométrico 84,413".

Atender al teléfono, un riesgo

En un sexto epígrafe, el escrito alude a Francisco Garzón Amo, quien conducía el tren Alvia en el momento del siniestro aquel día y admitió despistarse momentos antes de tomar la curva debido a una llamada de teléfono.

Según expone este otro maquinista, Fiscalía "parece considerar" la atención a dicha herramienta laboral "una imprudencia", en cuyo caso, indica, "debe considerarse como un riesgo". Y "si se consideran las llamadas de teléfono como un riesgo, debió identificarse tal riesgo por los responsables de la seguridad".

Pero constata que "no existe" tampoco "ninguna evaluación de riesgos en relación a los teléfonos corporativos, fijos o móviles, por lo que no hay ninguna prevención, ni protección a tal supuesto riesgo".

Otros documentos aportados al juzgado

También con fecha de presentación del pasado 30 de junio constan en el juzgado un escrito del abogado de Garzón, que insta al juez a citar a los peritos nombrados por su parte --únicos expertos en conducción ferroviaria y factores humanos-- para que ratifiquen sus informes.

El mismo día entró en los juzgados un texto de la representación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que reitera su petición de nuevas diligencias --también declaraciones--, toda vez que los peritos judiciales se ratificaron.

El 1 de julio entró otro escrito de la defensa de Garzón, que pretende incorporar el informe de validación completo del material rodante, al detectar contradicciones entre dos peritos. En otro documento que dio entrada ese día pide que se tome declaración a tres cargos de la Agencia Europea del Ferrocarril y al coordinador europeo de ERTMS.

Por último, el pasado día 3 consta como presentada por Apafas (la otra asociación de perjudicados) otra petición de diligencias que había reclamado meses atrás, sobre las que el juez aún no se pronunció.

Las asambleas celebradas en formato abierto por el BNG dieron luz verde a la propuesta del Consello Nacional de esta formación para concurrir a las elecciones generales en una candidatura gallega de unidad con personalidad jurídica propia, es decir, sin las siglas del Bloque. Este aval se hace con el 87% de los votos de la militancia y simpatizantes que participaron en el proceso.

En contra de esta decisión votó el 3,6% de las personas que participaron y el 9,3%, fueron abstenciones. Con estas votaciones, según explica en un comunicado, el BNG mantiene el objetivo de promover "un amplio proceso social que culmine con la conformación de una gran candidatura gallega de unidad".

Para ella, el Bloque apuesta por "sumar a todas las fuerzas políticas, colectivos sociales y toda la ciudadanía que comparta el objetivo de dotar a Galicia de voz soberana en el Congreso".

Los nacionalistas gallegos, que renuncian a sus siglas y aseguran que el ofrecimiento es "sin exclusiones" de formaciones, pretenden que Galicia cuente con un grupo parlamentario propio "sin supeditación a ningún otro grupo o estructura estatal, conformando esa candidatura gallega de unidad con personalidad jurídica".

El BNG considera que la próxima legislatura "será crucial" en la configuración del modelo de Estado, y "será más necesario que nunca que Galicia cuente con una representación fuerte que defienda sus intereses inmediatos y estratégicos, y el derecho de autodeterminación de los pueblos".

Para el Bloque, "en las elecciones generales está en juego mucho más que la posibilidad de mudar el color político del Gobierno central", que, "siendo necesaria, no resuelve los problemas del país, que precisa una representación soberana en el Congreso a través de una candidatura gallega de unidad".

En Galicia, además de esta propuesta del BNG, Anova y Esquerda Unida, socios en el Parlamento de Galicia, son partidarios de una marea gallega impulsada por los ciudadanos, y Compromiso por Galicia también defiende que haya una confluencia. Ha habido contactos de Podemos con los socios de AGE, pero la condición de la formación de Pablo Iglesias de mantener su marca no encaja con la idea que defienden esas formaciones.

La miembro del Secretariado de Syriza en Tesalónica, Alexandra Krasopoulou, consideró que "el primer impacto" de la "izquierda radical" en Grecia ha sido "el resultado de las elecciones locales en España", las del 24-M.

"Estamos muy contentos y tenemos mucha esperanza por el resultado que hubo en elecciones a las alcaldías de toda España", manifestó este sábado en Santiago, en donde participó en un acto organizado por el grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), en el que participa la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Lidia SenraLidia Senra.

En este sentido, destacó que, con los resultados de los pasados comicios del 24 de mayo, Syriza ve cómo "aquello de lo que ha estado hablando durante muchos años" está "justificado". "Es decir, que resolver el problema del pueblo griego no es sólo algo que se tiene que hacer en Grecia, sino en toda la Unión Europea", indicó.

Los acreedores tienen miedo a Syriza

Por ello, advirtió de que "los acreedores", "los oponentes de Syriza", tienen mucho miedo a que la izquierda radical "continúe empoderandose en toda Europa" y que "partidos similares" ganen próximos comicios. "Ahora vienen las elecciones en Irlanda, en España, en toda Europa", apuntó.

"Nos vemos reforzados en nuestros argumentos, justificados, por creer en otra Europa más solidaria y democrática para pueblo europeo", zanjó.

Tras los resultados obtenidos por las mareas en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, fundamentalmente en las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, los líderes de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras (Anova) y Yolanda Díaz (Esquerda Unida, marca gallega de IU), apuestan por dar continuidad a las candidaturas de confluencia a través de "un nuevo sujeto político" para las generales, una fórmula de unidad que tuvo su primera experiencia en la alianza que ambas fuerzas protagonizaron en las gallegas de 2012, cuando irrumpieron con nueve diputados en el Parlamento gallego.

El BNG, por su parte, aunque coincide en la necesidad de trabajar por la unidad, mantiene su veto a las formaciones con dependencia estatal, como la propia Izquierda Unida o Podemos, y está más centrado en reagrupar el nacionalismo gallego, que en enero de 2012 sufrió las dos mayores escisiones en sus 30 años de historia.

Así, los dirigentes de AGE creen que todavía es pronto para exigir que la conformación de un "frente amplio" esté listo, porque las mareas todavía tienen que asentarse allí donde han ganado. Pero, este martes Beiras subrayó que las conversaciones tienen que empezar "ya", en cuanto se pueda.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, Beiras defendió la interlocución entre formaciones políticas, en aras de acompañar la conformación de ese "nuevo sujeto político". Sin embargo, incidió en que estas negociaciones deben llevarse con la "máxima discreción" y "sin andar canturreando por ahí lo que se habla".

La visión del veterano político nacionalista es buscar la unidad para que Galicia pueda "condicionar" en el Estado y, a su juicio, ello pasa por pactos con formaciones de otras "naciones sin estado" y con aquellas formaciones políticas que respeten la plurinacionalidad del Estado, entre las que se incluiría Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias.

De hecho, Anova-Irmandade Nacionalista ya ha compartido candidaturas con Izquierda Unida, además de en las gallegas de 2012, en las europeas de 2014. También lo ha hecho en las municipales, cita electoral en la que inscritos de Podemos se sumaron en localidades como Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra y Ferrol (esta candidatura no estuvo respaldada oficialmente por la dirección gallega por una cuestión procedimental, ya que no cuenta con consejo ciudadano local).

"Tsunami en generales"

En este sentido, la coordinadora de Esquerda Unida, que lanzó por primera vez el mensaje de una marea gallega en el mitin del 12 de mayo de la Marea Atlántica de A Coruña en el que participó el líder de Podemos, defendió que "se trata de diseñar una herramienta que sirva para convertirse en un tsunami en las generales".

"Porque sólo a través de la unidad seremos capaces de llegar a la Moncloa", manifestó Yolanda Díaz en declaraciones a Europa Press. Díaz, que considera "indiscutible" el liderazgo de Pablo Iglesias y le reconoce a Podemos que pueda ser una fuerza "hegemónica" en el proceso, coincide en la necesidad de dejar de lado las siglas para la constitución de esa candidatura.

Beiras y Díaz, en todo caso, insisten en que el "protagonismo" debe ser de la gente, aunque, como dijo el líder de Anova, "es necesario que haya una estrategia conjunta" de las fuerzas "rupturistas" o que rechazan de plano las políticas actuales. "Pero eso no debe ni prejuzgar ni marcarle la ruta a que la iniciativa debe partir de las propia ciudadanía", insistió, antes de mostrarse "confiado" en que la unidad para el 24 de mayo "pueda continuar".

"La ciudadanía activa debe liderar el proceso y los partidos ser el motor auxiliar", convino el coordinador de Anova, Antón Sánchez, en declaraciones a Europa Press. Ello, para "una confluencia amplia" y en la que haya "generosidad" de todas las fuerzas políticas que se sumen, entre las que le gustaría que estuviese el BNG.

Diferente visión de la confluencia

Por otro lado, Beiras aseguró que "la cuestión nacional de Galicia" se resolverá si se "establecen alianzas con las otras fuerzas de las naciones y las estatales que asumen la pluralidad nacional".

En este sentido, recordó que su formación tiene documentos políticos desde el año 2013 que apoyan esta tesis de por dónde caminar y que ya aplicó en las europeas de 2014, cuando se creó la marca Alternativa Galega de Esquerda en Europa para Galicia, aunque la lista estaba incluida en la impulsada por Izquierda Unida a nivel estatal.

El BNG coincide en el diagnóstico con Beiras en que Galicia debe "condicionar" en el Estado, convencidos ambos de que va a haber nueva "transición" política. Pero los nacionalistas, como expresó este martes de nuevo su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, insisten en vetar a formaciones políticas que tengan centro de decisión estatal y que, a ojos del Bloque, cederían en las reclamaciones de Galicia.

Así, y aunque el BNG va a iniciar una ronda de asambleas abiertas, retomando las celebradas para debatir programas y candidaturas e incorporando a independientes para las municipales, las líneas rojas siguen siendo las mismas que impidieron candidaturas unitarias en las gallegas de 2012 (cuando el BNG acababa de sufrir una escisión que desembocó en Anova y en otra organización, Compromiso por Galicia) y en las europeas de 2014, que supuso que las tres patas principales del nacionalismo estableciese otras tantas alianzas para concurrir.

Jorquera insistió en "diferenciar tiempos" y subrayó que ahora toca "escuchar" a la militancia y a los simpatizantes. Pero el objetivo, bajo su punto de vista, es lograr una "candidatura que se fije como objetivo que en el próximo Congreso haya un grupo parlamentario gallego propio, no sometido a ninguna obediencia estatal, y que influya para que Galicia cuente".

Las especificidades existentes en Galicia por la cuestión nacionalista las tuvo en cuenta el líder de Podemos, quien en días pasados, preguntado por los procesos electorales en la Comunidad gallega, afirmó que Podemos "tenderá la mano a todos los sectores" de las mareas, y reconoció que "el ecosistema gallego tiene sus particularidades".

"Ninguna organización en solitario puede propiciar el cambio" ni en Galicia ni en España, manifestó, por su lado, Antón Sánchez. Anova también aprobó, en su máximo órgano de decisión entre asambleas, una reivindicación de que "la ciudadanía activa, las mareas y las candidaturas de unidad popular deben protagonizar la nueva fase que se abre" tras las municipales.

El debate sobre una iniciativa impulsada por el PP gallego en la que se recoge la declaración de la Unión Europea sobre Venezuela, acabó con un nuevo enfrentamiento directo entre el portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, con los diputados conservadores, a los que acusó de "golpistas, racistas y fascistas".

La actitud de Beiras, que tras su intervención y antes de abandonar el hemiciclo recorrió las bancadas del PP con esas palabras y que se llegó a parar frente a diputados como Aurelio Núñez Centeno y Pedro Puy –portavoz parlamentario–, enfadó al portavoz del PP gallego, Miguel Tellado, que le espetó (pese a su ausencia): "Si le quiere hacer un favor a la democracia, lo mejor que puede hacer es marchar y no volver".

La iniciativa contó con el voto favorable del PSdeG, cuya diputada Marisol Soneira, con todo, arremetió contra el PP por haber actuado como "nacionalistas" al llevar al hemiciclo gallego una iniciativa ya debatida en la UE y en el Congreso, y quien le afeó que esta propuesta "sólo tuviese la finalidad" de "examinar", como publicó un periódico, a la oposición.

La propuesta aprobada –con los votos en contra de AGE, BNG y Mixto– supone una declaración por la que el Parlamento "asume como propio el contenido de la resolución del Parlamento Europeo, del 12 de marzo de 2015, sobre la situación de Venezuela".

También "muestra la solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil periodo y en particular con la comunidad gallega allí residente" y solicita al Gobierno de Nicolás Maduro "que cumpla lo dispuesto en su Constitución y con sus obligaciones internacionales en lo que atañe al respeto a los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y pluralismo político como principios fundamentales de un sistema democrático".

"Teorías conspiratorias"

"No vale escudarse en teorías de la conspiración", advirtió, ya antes de que interviniesen los grupos parlamentarios Tellado, quien reclamó a la oposición que "defienda lo mismo que defienden" para los diputados gallegos. "Sólo pedimos el voto a favor de la democracia. Votar en contra  es votar en contra de la democracia y abstenerse es abstenerse de la democracia", avisó el portavoz conservador.

Al salir Beiras, se escuchó desde las bancadas populares un "¡vaya fiesta!" y, posteriormente, fue la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, la que consideró "una vergüenza el espectáculo" que se estaba dando en el hemiciclo por la actitud del diputado de AGE.

Desde la tribuna, el veterano político apeló a varios escritos del recientemente desaparecido Eduardo Galeano para acusar al expresidente José María Aznar "de ser cómplice del golpe de Estado" contra Hugo Chávez. "Son cómplices de intentar derrocar el régimen democrático [de Venezuela]", acusó. Por ello, calificó a los conservadores de "golpistas", y advirtió del "error grave" que acometería quien "apoyase" la propuesta, algo que hicieron los socialistas.

También acusó de política "racista" al PP y a la UE por "dejar morir en el Mediterráneo" a miles de inmigrantes que salen de África. "¿Quiénes son para venir a hablar de derechos humanos?", espetó, antes de volver a acusar a Aznar de "propagar la mentira" de las armas de destrucción masiva por la que "siguen hoy muriendo" miles de personas en Irak. "Son infames, racistas, golpistas y fascistas", atribuyó Beiras, que tras salir de la tribuna caminó entre la bancada de los conservadores para decirle estas acusaciones, ante el apercibimiento de la presidenta de la Cámara.

En su turno de réplica, Tellado, quien advirtió inicialmente del "grave riesgo social y político", incidió en que "es francamente lamentable acudir a teorías conspiratorias" y "un insulto a la inteligencia", y apeló a la "falta de libertades" para la oposición venezolana, así como para la población.

Asimismo, censuró que la oposición gallega "anteponga sus simpatías ideológicas" y "no sea capaz" de defender la "separación de poderes" y censuró la "escasa voluntad democrática" de la oposición. También criticó la ausencia de Beiras, ante lo que la diputada del Grupo Mixto Chelo Martínez (antes de Anova, formación que lidera el veterano político), salió en su defensa para decir "te está escuchando".

"Chinchar"

La diputada socialista Marisol Soneira calificó la propuesta como iniciativa de "chinchar" y, si bien mostró el apoyo del PSOE a la iniciativa, lamentó que los conservadores la llevasen a la Cámara autonómica. Soneira afirmó que su respaldo a la iniciativa no es "porque no haya un Gobierno legítimo" en Venezuela, sino por la "falta de garantías" de miembros de la oposición que están en la cárcel.

Por su parte, la diputada del BNG Montse Prado acusó a los conservadores de "imperialistas fracasados" y recriminó a esta formación "estar al servicio del amo yanqui y de los poderosos", mientras ocurren investigaciones a nombres vinculados con el PP como "[Rodrigo] Rato, Rita Barberá, [Federico] Trillo y [Vicente Martínez-]Pujalte".

Además, ironizó con la defensa de la libertad de expresión por parte de un partido que ha aprobado una "ley mordaza" que establecen "sanciones por protestas" y defendió que en 19 años hubo "14 procesos electorales con observadores internacionales", que los dieron por "válidos, limpios y demócratas". "No pida para los demás lo que no están dispuestos a hacer", espetó.

Carmen Iglesias, por su parte, también se fijó en la "ley mordaza" del PP y advirtió de que las "arengas" del líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, para "descargar la rabia" tras el triunfo de Maduro supuso un "desenlace" que remató con "11 asesinatos y asedios".