Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

Me siento estafada por mi alcalde. Tanto, que interpuse hace unos días un recurso en el tribunal económico-administrativo de mi municipio tan pronto recibí y pagué los cerca de 200 euros de la liquidación de la nueva tasa de basuras que, según él y sus cálculos, me corresponden.

Hace algo más de un año escribía “Se busca: sensatez hasta en la basura”, donde anticipaba temores que ahora constato y comparto: la nueva tasa de basuras, en la mayoría de los casos, no cumple con las dos premisas que la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dicta que deben guiar su diseño: “Cobertura total de los costes de la prestación del servicio” y “Quien contamina, paga”.

El modelo económico adoptado por las entidades locales para determinar, mediante ordenanza fiscal, el importe de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia y que deben tender hacia el pago por generación tal como establece la Ley, es un despropósito.

Diseñar una ordenanza fiscal de estas características no es tarea fácil, especialmente para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría en España. Las ordenanzas fiscales son las disposiciones aprobadas por el pleno en las que las corporaciones locales establecen la regulación de los tributos de ámbito local, ya sean impuestos (como el IBI), contribuciones especiales (por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos), o tasas como la que nos ocupa.

Son muchos los detalles del diseño de la tasa de basuras que desconocemos porque se nos ocultan, o no están contemplados.

El primero de ellos es que, si reduzco, reutilizo y separo para reciclar como si no hubiera un mañana, o lo contrario, ¿se ha tenido en cuenta mi comportamiento en el cálculo de la tasa que me corresponde pagar? ¿Se tiene en cuenta el comportamiento de las vecinas y vecinos de mi barrio? ¿De los de mi calle? No he visto nada de esto en mi liquidación.

El segundo es que, entendiendo perfectamente que el coste del servicio de recogida y gestión de las basuras es muy considerable (lo conocemos ahora, que es visible), y que debe estar cubierto por unos ingresos suficientes estimados a partir de dicho coste, tengo la sospecha de que esos ingresos pueden no estar incluyendo la contribución económica de quien gestiona la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la que la Ley 7/22 dedica el Título IV.

Sospecho que en el modelo económico que determina el importe de la tasa de basuras nos han endosado a los residentes la parte correspondiente al cumplimiento de la RAP. En otras palabras, sospecho que Ecoembes no está cumpliendo su parte del trato.

Si la RAP no está contemplada en el cálculo de la tasa –no la veo en muchas ordenanzas fiscales–, estamos pagándola los ciudadanos. Dos veces, para más inri. Y es muchísimo dinero. Otra forma de cuestionar el asunto es preguntarse si las corporaciones locales están ingresando de Ecoembes lo que les corresponde por los materiales recuperados de envases a la luz de la nueva normativa.

Creo que hay pocos asuntos más cotidianos y cercanos a la ciudadanía como la basura. Una basura que generamos y de la que debemos todos y todas, consumidores y productores, responsabilizarnos. 

España eligió en su momento que de la RAP de la gestión de determinados residuos se encargaría la propia industria que los produce y coloca en el mercado, y que nosotras compramos. Se llaman Sistemas Integrales de Gestión (SIG) y hay uno para cada tipo de residuo.

El SIG de los envases que nos desbordan lo ejerce desde hace 25 años Ecoembes, autodenominada organización sin ánimo de lucro, de la que son accionistas participantes de la industria que produce productos envasados (en la que predominan las empresas de alimentación, de limpieza, belleza e higiene y de bebidas), y de la que los distribuye y vende (supermercados, grandes superficies). Como lo del lobo cuidando a las gallinas.

¿Cómo podríamos verificar, como ciudadanos atracados por una tasa mal diseñada, que Ecoembes está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner? ¿Nos han endosado la totalidad del coste sin tener en cuenta la contribución que debe hacer Ecoembes por la RAP? ¿Está reflejada esta contribución de la RAP en los ingresos de las corporaciones locales? ¿Forman parte estos ingresos de los cálculos de la tasa de basuras? ¿Estamos pagando dos veces, los ciudadanos, por la RAP?

Echadle una mano a vuestro alcalde o alcaldesa. Preguntadle acerca de los detalles de la tasa de basuras cuyo recibo acabáis o estaréis próximos a recibir y que, como yo, pagaréis. Y luego, si queréis, recurriréis. Sinceramente, creo que no es mala fe; creo que estamos frente a una flagrante captura del regulador por una parte muy interesada y poderosa que se oculta tras la imagen bondadosa de una supuesta ONG que, si en algo es experta, es en practicar green washing de libro. Ecoembes es un polizón que nos sale muy caro a todos y a todas.

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Verónica López Sabater es economista.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado que acaba de firmar un decreto que declara la emergencia sanitaria en la ciudad que entrará en vigor a las 15:41 horas de este lunes y que permite proceder a la contratación de personal para garantizar la salud pública y la salubridad ante el incumplimiento del contrato de recogida de basura, según informa Europa Press.

La regidora ha explicado que la nueva empresa comenzará a trabajar "de la manera más inmediata posible", en cuanto se presenten las ofertas y se haga la contratación, y lo harán con una "duración indeterminada, hasta que termine la emergencia sanitaria" y la ciudad vuelva a la normalidad.

El plazo para presentar las ofertas, ha añadido, acaba el 24 de julio a las 10:00 horas y los requisitos son que dispongan de 13 vehículos y 32 operarios.

Esta situación se debe a una huelga iniciada el pasado 24 de junio, promovida por la organización sindical mayoritaria en el comité, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), con motivo de "despidos injustificados", "externalización de servicios" e "incumplimientos" del convenio.

España tiene un problema con la gestión de los residuos: lo sabe el Gobierno, lo sabe Bruselas y lo dicen los datos. Azuzado por ello, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el pasado lunes que el Ejecutivo está preparando una nueva ley de residuos, cuyo borrador se publicará "pronto" y cuyo contenido no quiso adelantar, más allá de la promesa de que apostarán por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para los envases: mediante este modelo, los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. Pero esa posible modificación –y la polémica que conlleva– es solo la punta del iceberg de una gestión que hace aguas por muchos puntos: el oscurantismo con respecto a la gestión de Ecoembes, las materias primas secundarias que van a parar a las antípodas, los vertederos legales y los ilegales, un objetivo para 2020 imposible de alcanzar y un montón de directivas que transponer apiladas en el escritorio de la vicepresidenta Ribera.

Las cifras de la gestión de residuos de España son numerosas, complejas y en ocasiones contradictorias. La primera: 50% es el objetivo que impone la Unión Europea a todos los Estados miembro en cuanto a la recuperación (no solo reciclaje) de sus residuos urbanos, es decir, los que se generan en sus núcleos urbanos o en sus zonas de influencia y que no comprende los industriales. Aquí terminan los datos ausentes de polémica. La segunda cifra: 33%, que es el porcentaje residuos urbanos que España recicla, según los últimos datos de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica. Dentro de ese 33% hay grandes disparidades con respecto al tipo de material: los envases, según los datos de Ecoembes, son reciclados en más de un 70%, pero la organización no justifica de dónde sale esa cifra y los cálculos de Greenpeace lo limitan hasta un paupérrimo 38%.

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de envases plásticos en España, carga contra el dato del 33% en global que España declara porque, aseguran, no cuenta con los envases que son mandados a reciclar por los comercios y no pasan por la mano de los municipios. Ecologistas en Acción, por otro lado, señala que los datos contienen una trampa grosera. La materia orgánica que se desecha, si es de calidad y está separada correctamente (con el uso de un cuarto contenedor), se puede convertir en compost para los cultivos. Si está mezclada con plásticos o metales se convierte en lo que se conoce como material bioestabilizadomaterial bioestabilizado, que no debería utilizarse en el campo por el riesgo de contaminación, y que según la organización acaba mayoritariamente en el vertedero pero se contabiliza como materia prima secundaria en vez de como desecho. "La Comisión Europea dice que eso no se puede contabilizar. Si lo aplicáramos, las tasas de reciclado bajarían en el orden del 8 al 10%", explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de la ONG.

En todo caso, la realidad muestra que España tiene mucho que hacer en materia de residuos. Lo prioritario es reducir la brecha entre el 33% que tenemos ahora en materia de reciclaje y el 50% que exige la Unión Europea para 2020, y cuyo más que probable incumplimiento expone al país a sanciones por parte de la Comisión Europea. La meta aparece en una de las muchas directivas sobre residuos que el país debe trasponer antes de 2021, una labor que las organizaciones relacionadas estiman que se hará con la nueva ley que anunció el lunes Hugo Morán. La lista es larga. En junio de 2018, el Ejecutivo comunitario publicó tres directivas dentro de su paquete de economía circular: una sobre residuos, otra sobre envases y una tercera sobre vertidos. A esas tres normativas se le añade la directiva de junio de 2019 sobre "la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente", con objetivos concretos para plásticos de un solo uso. 

En lo relativo a esta última, la Unión Europea prohíbe utensilios como vasos, platos de plástico o bastoncillos para 2021 y España deberá recoger el veto en su propia legislación. Pero hay más. El texto atribuye a los productores de este tipo de plásticos "los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos y su transporte y tratamiento". En opinión del ambientólogo y experto en gestión de residuos Alberto Vizcaíno, se abre una puerta interesante: "Lo ágil sería incluir el requisito en la ley dejando la puerta abierta a que todos los productores se hagan cargo de estos costes, ya que basura dispersa hay de plástico, pero también de otros materiales de envases, colchones y electrodomésticos". Opina que sería positivo que tanto los fabricantes como los distribuidores pagaran tasas por la recogida de estos desechos a los ayuntamientos, y así se aliviaría la carga impositiva a los ciudadanos a través de la tasa de basuras.

Con respecto al paquete de economía circular, la "madre del cordero", como la define Vizcaíno, es la directiva de residuos, que según el ambientólogo podría introducir claridad y criterios comunes sobre qué es residuo, qué no lo es, qué se considera materia prima secundaria, qué es únicamente un desecho que no sirve para ganar puntos… Por su parte, la directiva sobre envases pone el foco en la prevención para evitar la basura en los entornos naturales, uno de los principales problemas del sobreuso de este material. Y ambos textos defienden el SDDR como una posible solución que ayudaría a los Estados miembro a mejorar sus tasas de reciclaje.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno funciona desde hace años en Estados miembro como Alemania o Países Bajos, que en supermercados y otros lugares coloca máquinas que devuelven al consumidor unos céntimos con la devolución de cada envase. El sistema incentiva el reciclaje porque cada pieza no devuelta es una pérdida de dinero para el comprador. El Gobierno ya ha confirmado que apostará por el SDDR en la nueva ley de residuos, aunque aún no se conoce en qué medida. Ecoembes se opone tajantemente, y utiliza sus campañas de comunicación y las secciones en periódicos que financia para divulgar sus argumentos en contra. Es entendible: la implantación de ese modelo a gran escala sería el fin del Sistema Integrado de Gestión, por el cual los productores de envases pagan por cada uno puesto en el mercado una tasa a Ecoembes y ésta financia los servicios de recogida de basuras de los Ayuntamientos.

"Aplicar la jerarquía que se consagra en la directiva de residuos es aplicar la prevención y la preparación para la reutilización como pasos prioritarios", por lo que tendría sentido que una trasposición de la normativa en la nueva ley de residuos apostara con fuerza por el SDDR, opina Vizcaíno. El ambientólogo ve mucha relación entre la normativa que está preparando el Ejecutivo y las protestas de los agricultores que se están haciendo oír estos días: "Aplicar la prevención en el día a día tiene que ver con los agricultores que están en la calle. El sistema industrial de producción prefiere sobreproducir para bajar los precios. Hay que enfocar nuestro campo, nuestra España vaciada, para que la agricultura no genere productos industriales". Es decir: ecológica y extensiva, en vez de intensiva. Un sector primario que remunere justamente y cuyo impacto ambiental descienda. Porque como pasa en otras muchas materias ambientales, para lograr un cambio real hace falta poco menos que una revolución en muchas dinámicas de base.

Por su parte, Arribas, de Ecologistas en Acción, coloca como prioridad en su particular lista de deseos para la nueva ley de residuos que se aborde la recogida selectiva de materia orgánica. El llamado "cuarto contenedor", exclusivo para albergar restos de comida, bebida o restos de poda, por ejemplo, se ha implantado en algunas ciudades o pueblos, pero por iniciativa de los Ayuntamientos –como el de Madrid–, sin seguir una estrategia o una imposición nacional. "Eso desatasca muchos procedimientos y mejoraría los indicadores de la calidad y cantidad de los residuos que se tratan. La materia orgánica se separa de forma deficiente, se trata de manera deficiente, y acaba mayoritariamente en el vertedero", asegura. Además, el SDDR le parece "una acción urgente para detener el abandono de basura en el medio natural".

Fuentes de Ecoembes, en conversación con infoLibre, no han querido avanzar cuál será su posición en el diálogo con el Gobierno para la elaboración de la nueva ley. Aseguran que aún no saben nada y que lo único que conocen de la norma es lo que dijo el secretario de Estado el lunes, por lo que esperarán para elaborar su estrategia.

Este lunes se celebra una nueva sesión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que reúne a la Vicepresidencia para la Transición Ecológica con las principales organizaciones medioambientales, así como con las empresas, los sindicatos y las asociaciones agrarias. Uno de los puntos del orden del día es el relativo a la nueva ley, pero los participantes no han recibido del gabinete de Ribera ninguna documentación adicional que les permita evaluar cuáles son las intenciones del Ejecutivo. Así que habrá que esperar para saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno para paliar el problema con los residuos en España.

La gestión de residuos se ha ganado a pulso ser considerada uno de los mayores retos medioambientales del siglo XXI. La acumulación de basura contamina el medio natural –con el plástico como principal protagonista–, satura los vertederos y los convierte en polvorines, arroja pérdidas millonarias y contribuye a la crisis climática. Ante la emergencia, se impone tanto la reducción del consumo, en general, como el reciclaje de los materiales que ya no pueden tener una segunda vida. Y en este sentido, España disfruta de varias iniciativas a nivel local, que pueden servir de ejemplo para escalas más grandes: proyectos pequeños que han mejorado enormemente las tasas de reciclaje de municipios, que descubren nuevos usos para lo que antes se consideraba desecho o que conciencian sobre la necesidad de abandonar la generación constante de residuos como modo de vida y modelo de consumo. infoLibre repasa cinco casos de buenas prácticas que pueden inspirar al conjunto del modelo español.

Zamudio y Vilabareix: tasas de basura justas

En la inmensa mayoría de municipios del país, todos los ciudadanos pagan el mismo dinero en concepto de tasa de basuras. Pero, evidentemente, no todos generan los mismos residuos ni reciclan en la misma medida. Por lo tanto: ¿es justo que todos paguen lo mismo? Dos municipios españoles se han planteado esa pregunta, y la respuesta es no. En Vilabareix (Girona) y próximamente en Zamudio (Bizkaia), quien recicle mejor y consuma menos obtiene una rebaja importante a la hora de pagar impuestos. No se trata de penalizar, sino de premiar al que lo hace bien.

En el municipio vasco, seleccionado para la iniciativa por el proyecto internacional Waste4Think, empezarán en noviembre, y su alcalde está entusiasmado con la medida: "Que la basura no se pague a escote", defiende. En el caso de Vilabareix, la recogida se hace mediante un servicio puerta a puerta en el que operarios municipales, además, vigilan que la separación se ha hecho correctamente, por lo que no vale solo reciclar: hay que hacerlo bien.

Cuentan con dos precios estándar para la tasa de recogida de basuras: 80 euros al año para los más cumplidores y 270 euros para los que menos. En el caso de Zamudio, el sistema que se prevé implantar es algo más complejo. Los habitantes de este pueblo deben pagar dos euros por cada bolsa, de reciclaje o no, que depositen en los contenedores. Así se promueve consumir menos envases de un solo uso, o consumir menos, en general.

Lumbier: reciclaje con inserción laboral

El pequeño pueblo de Lumbier (Navarra) está a escasos kilómetros de la Foz de Lumbier, un impresionante cañón declarado como reserva natural por sus colonias de aves rapaces. Y es escenario de una pequeña pero significativa iniciativa que ha sido premiada por Europa: concretamente por la Red Europea de Desarrollo Rural. Una empresa de inserción laboral llamada Josenea Bio, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, se ha lanzado a un proyecto para la gestión y el reaprovechamiento de residuos orgánicos, que se recogen, se tratan y se convierten en compostaje. Posteriormente se reparte entre los interesados para el abono de los campos.

Josenea es una asociación sociolaboral sin ánimo de lucro, con un objetivo prioritario: reconducir las carreras laborales de personas del pueblo, generalmente con pocas oportunidades en un entorno rural difícil. Cuenta con Josenea Bio, una empresa que lleva una finca donde cultiva ochenta especies de plantas medicinales para su posterior comercialización. Desde su fundación, hace 16 años, ha dado formación y trabajo a 135 personas.

Ahora se ha involucrado en esta iniciativa con la que, explican sus impulsores, la intención es "que los beneficios derivados de la correcta gestión de los biorresiduos repercutan directamente y de una manera transparente en la misma población que los ha generado". El proyecto incluye la creación de un sistema de recogida y transporte de residuos biológicos en el mismo municipio, la puesta en marcha de un pequeño centro de tratamiento y la formación a habitantes del pueblo, que no solo podrán participar activamente en la generación del compost sino que podrán dedicarse profesionalmente a ello en un futuro, dentro o fuera de Lumbier.

Compostaje a gran escala

Cogersa es el acrónimo de Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, un consorcio público que nació en los años 80 fruto de la colaboración entre el Principado y varios ayuntamientos para mejorar el tratamiento de los residuos. Desde hace años organiza un concurso entre los asturianos que cuenten con una parcela grande para premiar el mejor compost, elaborado con restos de poda o siega o alimentos no cocinados que, de otro modo, acabarían pudriéndose en el vertedero.

Lo mejor es que Cogersa facilita absolutamente todo y gratis: la instalación, una especie de bidón donde se realiza el proceso, así como folletos explicativos y formación, apoyo y seguimiento por vía telemática y presencial a los interesados. Y luego, claro, la alegría de ganar. La empresa hace análisis a los abonos resultantes y elige a los mejores. El que quedó segundo le expresaba a La Voz de Asturias su sorpresa, ya que empezó sin tener ni idea… y ahora utiliza el compostaje en su vida diaria con las ventajas que ello implica, reduciendo la cantidad de basura generada de manera importante.

La edición de 2019 de Hago buen compost, el nombre del concurso, empezó en febrero y en los próximos días se conocerán los ganadores. Desde 2009 se han unido más de 10.000 familias, según datos del consorcio, que demuestra que no hacen falta grandes excentricidades para que la gente se ponga a reciclar.

Recogida puerta a puerta: luces y sombras

En Gipuzkoa los ayuntamientos de EH Bildu en pequeños y medianos municipios se lanzaron hace unos años a cambiar completamente su sistema de gestión de residuos. Optaron, copiando iniciativas exitosas en otras partes de Europa, por el sistema de recogida puerta a puerta. En todo el municipio se colocan ganchos donde los habitantes deben dejar sus bolsas de los diferentes residuos. Como no puedes dejar varias bolsas en el mismo gancho, se fomenta que se evite al máximo la generación de desechos. Además, para las personas con problemas de movilidad, se evita tener que dejar la basura en un contenedor que a lo mejor se encuentra a decenas de metros de distancia.

Sin embargo, los problemas, los conflictos y las dudas no han dejado de surgir en Gipuzkoa desde el comienzo de la implantación en algunos municipios de este sistema, allá por 2012. Ha habido protestas de los vecinos en la calle, improvisadas huelgas donde las basuras se dejaban tiradas en la acera, tensión política, dimisiones… Los habitantes se quejaban de la falta de higiene de tener la basura colgando y la poca intimidad, con los desechos a la vista de todos.

Muchos de estos pueblos y pequeñas ciudades, tras años con el modelo del gancho, han optado por volver a los contenedores clásicos. A pesar de su probada eficacia: en todos los sitios de Gipuzkoa donde se ha implantado el modelo, la tasa de reciclaje sube. Eso sí, en muchos lugares no se ha vuelto al contenedor normal y corriente. Para abrirlos, hace falta pasar una tarjeta magnética, de uso exclusivo para cada familia, y se limita la cantidad de bolsas a la semana que se pueden tirar al cubo de la fracción resto.

En otras latitudes, sin embargo, la recogida puerta a puerta ha sido todo un éxito. Por ejemplo, en Orba, una pequeña localidad alicantina, en febrero de 2018 se instaló este sistema y ha pasado de un 17% de tasa de reciclaje en enero de 2018 a casi un 82% en abril, según datos del ayuntamiento. El alcalde, Ignasi Cervera, tiene 35 años y es licenciado en Ciencias Ambientales. Su modelo, además, cuenta con varios pluses: las bolsas no se cuelgan, sino que se colocan en pequeños recipientes repartidos gratuitamente. Y el consistorio ha contratado a una cuadrilla de educadores medioambientales que revisa las bolsas y, si los desechos no están bien separados, se ponen en contacto con los vecinos en cuestión para explicarles los errores cometidos. “Me he encontrado con algunos (vecinos) y les he dicho de broma que íbamos a volver a colocar los contenedores. Y me han contestado que ni se me ocurra”, relataba Cervera a El País.

Regalos por reciclar

Otras localidades de la geografía española, para potenciar el reciclaje, optan por hacer regalos, descuentos o compensaciones a los vecinos por separar correctamente los residuos y depositarlos en el lugar adecuado. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad madrileña de Móstoles, donde se ha instaurado un sistema muy parecido al que vemos en muchos países europeos y al que Ecoembes se niega en rotundo. En uno de los mercados, el ayuntamiento ha instalado una máquina que da dinero por llevar los envases de plástico y las latas. Entregan un cupón que puede hacerse efectivo de los establecimientos. Dos en uno: sube la tasa de plástico reciclado y se fomenta el consumo en estos mercados de la ciudad.

Una iniciativa similar se ha llevado a cabo en San Marcelino, un barrio de València, donde en esta ocasión contaban las bolsas depositadas en el contenedor, que quedaban identificadas mediante una pegatina. Los responsables comprobaban que la separación se ha hecho correctamente y premiaban con “ecopuntos”, canjeables por distintos presentes. En muchas ocasiones, fomentar funciona muchísimo mejor que prohibir.

El PP de Madrid vuelve a tener problemas con las adjudicaciones de contratos públicos. Según ha podido saber infoLibre, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), dependiente del consistorio gobernado por el conservador David Pérez, decidió este miércoles abrir una investigación interna al identificar la existencia de posibles irregularidades en el contrato de alquiler de los camiones utilizados para la recogida de basuras del municipio. Dicho contrato se licitó en 2014 y acabó en manos de una empresa llamada Transtel S.A. El problema es que nadie dentro de la empresa puede identificar quién, cuándo ni por qué motivo se encargó el informe técnico que avaló y recomendó la contratación de Transtel, ni tampoco su precio, y ningún documento prueba –al menos por el momento– ni siquiera que Esmasa solicitase este informe.

En 2014, la empresa pública Esmasa –que se encarga de la limpieza y el mantenimiento viario y la recogida de basuras en Alcorcón– puso en marcha un concurso para adjudicar un contrato destinado a alquilar vehículos para la recogida de basuras en el municipio de Alcorcón, valorado en más de tres millones de euros. Para ello, y según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Esmasa contrató en mayo de ese año a la consultora RK Consultants únicamente para que redactase los pliegos a los que debían adaptarse las compañías que optaran a conseguir la adjudicación. Por este servicio, la empresa pública pagó a RK Consultants unos honorarios de 2.200 euros.

Dichos pliegos se entregaron a Esmasa, y la empresa pública los utilizó para iniciar el concurso. Al mismo sólo concurrió Transtel, una compañía especializada en el "alquiler y renting de vehículos industriales". El 25 de agosto de 2014 se reunió la Mesa de Contratación de Esmasa, y allí se admitió la documentación técnica presentada por Transtel, cuya oferta pasó a quedar pendiente de ser valorada mediante "los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor". Apenas tres días más tarde, el 28 de agosto, volvió a reunirse este mismo órgano y allí –según recoge el acta de la reunión– se propuso formalmente "adjudicar a Transtel el suministro, tipo renting"renting, de los vehículos de recogida de basuras.

Pero esta recomendación no solo se hizo porque la de Transtel fuera la oferta "económicamente más ventajosa". En esta segunda reunión de la Mesa de Contratación también se leyó un informe fechado el 25 de agosto y redactado por Nuria Gómez Vendrell, jefa del área técnica de Esmasa. En dicho informe se explicaba que la documentación presentada por Transtel para hacerse con la adjudicación había sido valorada positivamente "por la empresa RK Consultants, designada por Esmasa para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas".

Es decir: el mismo día en el que se admitió la documentación técnica aportada por Transtel para hacerse con la adjudicación (el 25 de agosto), Esmasa ya contaba con un informe técnico que avalaba esta oferta redactado por RK Consultants. Según este informe, si se eligió a esta compañía para evaluar la idoneidad con la que Transtel podía desempeñar los servicios de alquiler de vehículos fue porque se entendía que los mismos consultores que habían redactado los pliegos eran los "mejores conocedores de los aspectos que afectan a su cumplimiento, para el estudio y comprobación de toda la documentación técnica presentada al concurso, de forma que se determine que es correcta y que las condiciones técnicas se ajustan al pliego y a las necesidades determinadas por Esmasa".

"No consta" que se encargara a RK ningún informe

El problema es que a RK Consultants no se la había contratado para evaluar la oferta de Transtel –una evaluación entregada con una celeridad inusitada: el mismo día que se admitió la documentación técnica aportada por la empresa de renting–, sino solo para elaborar los pliegos del concurso. Así lo admite a preguntas de infoLibre un miembro del equipo jurídico de Esmasa, que explica que "no consta en ningún documento que el informe técnico, como tal, fuera encargado" por la empresa dependiente del Ayuntamiento de Alcorcón.

Por ello, explica este asesor jurídico, la empresa pública ha abierto este miércoles un "proceso indagatorio" con el fin de descubrir de dónde salió ese informe que, en última instancia, se utilizó para avalar la contratación de Transtel. "A RK Consultants se le encargó la redacción de los pliegos, y no sabemos –y para eso se va a abrir un proceso indagatorio– si en algún momento alguien dentro de la empresa estaba comprometido con la emisión del informe técnico o no", apuntan estas fuentes jurídicas de Esmasa, que señalan que en la documentación reunida hasta el momento "solo estaba presupuestada la redacción y comprobación de los pliegos" por parte de RK Consultants.

"Lo que se va a indagar es por qué RK Consultants realizó el informe técnico" que avaló la contratación de Transtel y "cómo llega RK Consultants a [trabajar con] Esmasa, es decir, quién le solicita presupuesto", resume este miembro del equipo jurídico de Esmasa, que sostiene que "si ha habido algún tipo de irregularidad, nace de quien ha solicitado ese informe que, según la documentación que obra [en poder de la empresa], RK Consultants no tenía que haber emitido". En esta investigación interna, afirman estas fuentes, se consultará "a todas las personas que intervinieron: desde la técnica que pidió el informe hasta el técnico que colaboró con la empresa cuando se emitieron los pliegos, así como la jefa de Administración: todos los trabajadores de Esmasa que han tenido participación en la adjudicación de este contrato".

La Cámara de Cuentas no encontró irregularidades

infoLibre se puso en contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón el pasado martes para pedirle detalles sobre este asunto. En concreto, este diario preguntó al consistorio de David Pérez cuándo y mediante qué procedimiento se encargó a RK Consultants que evaluase la oferta de Transtel, cuál fue el precio de dicho servicio y cuándo se abonó, en qué fecha Esmasa entregó la documentación necesaria sobre Transtel a RK Consultant para la elaboración del informe y qué responsable de la empresa pública fue el encargado de hacer estas gestiones.

El Ayuntamiento se limitó a responder este miércoles que no podía resolver estas dudas porque carecía de la información dado que Esmasa es una empresa que opera de forma independiente, además de asegurar que no existe "ninguna irregularidad" en el encargo de la redacción de los pliegos para este concurso y recordar que nadie ha "impugnado" la adjudicación. Asimismo, la corporación municipal sostuvo que es "habitual" que si una empresa redacta los pliegos para un concurso público de Esmasa sea esa misma empresa la que evalúe las ofertas dado que es quien mejor conoce dichos pliegos, una interpretación que otras fuentes consultadas rechazan.

Este viernes, el Ayuntamiento de Alcorcón se puso de nuevo en contacto con infoLibre para explicar que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid –el equivalente regional al Tribunal de Cuentas– revisó la adjudicación de Esmasa a Transtel sin encontrar ninguna irregularidad en la misma. En un informe hecho público en 2016, la institución incluyó los resultados de la fiscalización de parte de los contratos realizados por los ayuntamientos y entes públicos en el año 2014. Entre ellos, se analizó la adjudicación que ahora investiga Esmasa, y en sus conclusiones la Cámara de Cuentas no denunció ninguna mala práctica con respecto a ese contrato.

Ganar Alcorcón presentará una moción de censura

No obstante, no todo el mundo ha quedado satisfecho con las explicaciones dadas por el momento. Ganar Alcorcón –la marca de Podemos en el municipio, que es la tercera fuerza en número de concejales tras PP y PSOE– ha anunciado que presentará una moción de censura contra el alcalde David Pérez "tras el último escándalo de corrupción" de los conservadores. "La contratación de Trasntel por parte de Esmasa, bajo la gestión del PP en 2014, podría haberse realizado de manera ilícita, incluyendo falsedad documental, para adjudicarle un contrato de 3,5 millones de euros a esta empresa", denuncia el grupo, cuya concejala Raquel Rodríguez (también consejera de Esmasa) criticó "el perjuicio que ha causado para beneficiar y proteger los intereses de Transtel".

Por su parte Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón, afirmó que "el PP no puede seguir gobernando" porque "está más atento a beneficiar a empresas amigas y a su propio partido" que a "resolver los problemas de la ciudad". Además de la moción de censura, fuentes de la formación explican que Ganar Alcorcón tiene previsto presentar la semana que viene una querella por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y cohecho contra Javier Rodríguez Luengo y Susana Mozo, que en 2014 eran consejero y presidenta, respectivamente, de Esmasa y que actualmente son concejales del PP –Mozo, además, sigue estando en el Consejo de Administración de Esmasa–.

Sin embargo, esta no es la única polémica que ha salpicado el contrato de Esmasa con Transtel. El pasado abril, la Cadena Ser hizo pública la existencia de un informe interno de la empresa pública que concluía que Transtel suministró con hasta 223 días de demora los vehículos contratados en 2014. Según el contrato, este incumplimiento debería haber supuesto la aplicación de una penalización de más de 81.000 euros–que fuentes de la empresa rebajan a algo más de 40.000 euros–, si bien Esmasa evitó reclamar ese dinero a Transtel.

Además, Ganar Alcorcón relaciona este contrato con el suscrito por Esmasa con la empresa de reparación de vehículos Jotrinsa, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Lezo. Ese contrato se encuentra actualmente bajo investigación judicial, y en el caso están imputados varios responsables de la empresa pública, entre ellos Nuria Gómez Vendrell, la misma persona que redactó el informe en el que se anunciaba que RK Consultants había sido la encargada de evaluar la oferta de Transtel. Según publicó El Confidencial en febrero, un informe interno de Esmasa denunció que la empresa pública pagó en 2012, 2013 y 2014 facturas por valor de 1,1 millones de euros euros a Jotrinsa, cuando los contratos oficialmente suscritos con esa mercantil solo alcanzaron los 285.194,33 euros.

La enésima reprimenda de la Unión Europea llegó este miércoles, y es sobre residuos: un tema sobre el que las instituciones comunitarias están acostumbradas a aleccionar y que España acostumbra a ignorar. Las recomendaciones y exhortaciones de la Comisión Europea y las sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre nuestra gestión de los vertederos ilegales, descontrolados y sin regular se han sucedido durante los últimos años. La última, otra carta de la Comisión Europea, pone el foco sobre los vertederos de residuos inertes: es decir, los que –en teoría– no contienen materia orgánica, y que conocemos como escombreras: restos de obras, en su mayor parte. La Comisión Europea cifra estas acumulaciones ilegales y dañinas en “al menos” 338 por todo el territorio nacional, y exige medidas inmediatas ya que “estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente”. Recuerda el organismo europeo que “la primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas”.

En esta ocasión la Comisión Europea ha decidido centrarse en las escombreras. Ladrillo, pintura, madera, yeso, hormigón o electrodomésticos que, en vez de llevarse a un centro de tratamiento legal y adecuado, se trasladan a instalaciones que no cumplen con la regulación o, directamente, se tiran en cualquier lado. El problema no solo alcanza al peligro de contaminación por incendio, como comprobamos en Seseña: causa un impacto paisajístico evidente, las sustancias químicas como el barniz o la pintura se filtran al suelo, dejan yerma la tierra y contaminan las aguas, los gases de los electrodomésticos se escapan a la atmósfera.

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por esta práctica, con más de una docena de puntos donde se acumulan residuos sin control. “Cuando se hacen obras pequeñas, hay que pagar a una empresa que se las lleve a un punto autorizado. Para ahorrar costes, se tiran a cualquier sitio. Eso si hablamos de obras pequeñas. Si hablamos de grandes obras, existe un mercado negro paralelo”, explica la portavoz de Ecologistas Madrid María Ángeles Nieto.

  "Existe un mercado negro paralelo" de vertido de residuos en grandes obras, denuncian ecologistas

Explica la activista que en la Comunidad de Madrid existen empresas pirata que recogen residuos y los depositan en lugares no autorizados, evidentemente sin ningún tipo de control. pirata Funcionan porque cobran un precio mucho menor que el que cobran las compañías que descargan la basura en los vertederos legales y con todo en regla. “La Comunidad de Madrid está haciendo muy poquito, prácticamente nada”, insiste Nieto. En España, el Gobierno central establece las directrices básicas (el plan Pemar) y las Comunidades Autónomas son las encargadas de ejecutar el plan. “Para conceder una licencia de obra, la Administración tiene que exigir el contrato con una empresa que gestione los residuos. Muchas veces no lo pide en obras pequeñas, y en obras grandes no se hace seguimiento”, argumenta Nieto. Apunta también a que el Ayuntamiento (que gestiona los puntos limpios y los Residuos Sólidos Urbanos, RSU) y la Comunidad no trabajan en conjunto, por lo que es difícil mantener la lucha.

Más allá de los residuos inertes, la existencia de vertederos ilegales de todo tipo ha sido motivo de continuas reprimendas comunitarias. Dos sentencias del tribunal de Justicia de la Unión Europea, una en febrero de 2016 y otra en marzo de 2017, condenan a España por el mantenimiento de 61 de estos espacios. La pena no conlleva multa, ya que ese proceso es más largo y complejo, aunque está en marcha. El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado en ambos casos que el retraso en cerrar o regularizar ese vertedero se debe a que las contingencias de la crisis económica lo impedían –un argumento rechazado por el TJUE– y limita la cifra a 38. “El plazo para esta regularización se abrió cuando se creó la Directiva Marco en 1999. Se sobrepasó en muchos casos”, explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Explica el activista que los vertederos de residuos urbanos, donde se almacena materia orgánica, tienen que contar con una capa de impermeabilización para que la degradación de los desechos no afecte al entorno. Esa como principal medida de protección básica que no se cumple. Otros vertederos de residuos inertes, al no estar regularizados, permiten la entrada de esta materia cuando la infraestructura no está preparada para recibirlos. Todo vale porque no hay control.

“Hay pocos funcionarios. Ni hacen el control los propietarios de las instalaciones, ni las administraciones. Muchas veces el control se reduce a una báscula, y los camiones que llegan esconden materia orgánica bajo una capa de muebles y restos de obra”, señala Arribas. Entre los puntos de acumulación de basura improvisados, los vertederos de residuos orgánicos que no cumplen la regulación y las escombreras que aceptan residuos orgánicos, el cerco de la Unión Europea se estrecha y no hay noticias de una respuesta a corto plazo de España ante este problema medioambiental.

Soluciones

Los ecologistas, más allá de pedir una evidente mejora del control, la persecución y las sanciones a las prácticas ilegales y dañinas por parte de las Administraciones, en especial de las Comunidades Autónomas, apuntan que las plantas de tratamiento de residuos sólidos son “vertederos encubiertos” donde la tasa de reciclaje es demasiado baja y que, por tanto, la basura que acumulamos crece por encima de nuestras posibilidades. La Directiva Marco de Residuos para 2020 nos pone un objetivo del 50% de reciclado de los residuos que se generan en casa, los llamados “domiciliarios”. Estamos en el 33%. Una de nuestras grandes herramientas para alcanzar esas metas, ahora mismo muy lejos, son dichas plantas, donde se hace un separado del material que depositamos en el contenedor gris. Ecologistas en Acción mantiene que estas instalaciones recuperan un 5% del material para su reuso, y el resto se va al vertedero. “El sistema es absolutamente ineficiente, por mucho que mejoremos la tecnología. Las máquinas tienen problemas para identificar los materiales si tienen estampados, si vienen manchados de materia orgánica o si los objetos son muy pequeños. Y del material que se logra reciclar, ni las empresas lo quieren, porque lo generado es muy poca calidad”, explica Arribas.

Para su organización, el cambio pasa por una recogida selectiva de materia orgánica. Ya sea puerta a puerta o con contenedores solo de restos de comida y bebida (no como los grises actuales), tanto abiertos (de uso libre) o cerrados, en los que el usuario debe adquirir una tarjeta magnética para usarlos. Ecologistas en Acción apuesta por esta segunda opción: “Al tener que hacer el trámite, adquieres un compromiso”, afirma Arribas. Los restos de alimentos en el contenedor gris provocan que baje la tasa de reciclaje en las plantas de tratamiento, por lo que su salida del sistema de gestión facilitaría el proceso. Ya hay iniciativas al respecto: los últimos, el Ayuntamiento de Dènia, en la Comunidad Valenciana. 

Arribas, además, opina que el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que el consumidor paga por el envase al hacer la compra y el dinero de más se le devuelve al devolver el brick o la latabrick, reduciría bruscamente el número de desechos en los vertederos, o tirados por las ciudades, o en la naturaleza. Pero el sistema actual mayoritario en España, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos, encabezado por Ecoembes en el mundo de los envases y el contenedor amarillo, no venderá barato el monopolio. La sanción económica llegará pronto de Bruselas y, entre la desidia de las administraciones y un modelo ineficiente, como denuncian los activistas, la basura se acumula.

El suministro de agua, la recogida de basuras y el transporte fueron los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos, según el estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una encuesta efectuada por Ipsos. Por contra, suspendieron el cuidado de parques y jardines y los servicios de limpieza de las calles, según informó Europa Press.

En general, un 61% de los españoles se mostró satisfecho con los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y sólo el 22% declaró insatisfacción. También hubo un 16% que manifestó no estar preocupado por estos servicios y el 1% restante no upo o nocontestó.

Por servicios, tras el suministro de agua, elogiado por un 61%, los servicios mejor valorados fueron el transporte público, con el 59% de aceptación; la recogida de basuras y residuos, con el 57%; el cuidado de parques, jardines y espacios públicos con el 49% de aceptación y, en último lugar, los servicios de limpieza viaria, que recibieron un nivel de satisfacción de apenas el 44%. Es más, un 30% tiene la percepción de que la limpieza viaria empeoró en los últimos dos años.

Baleares, andaluces y murcianos, los más descontentos

Por comunidades, los vascos con un 83% y navarros con un 82%, fueron los ciudadanos que mejor valoraron sus servicios públicos municipales situándose muy por encima de la media española de un 61% de satisfacción. Las comunidades más descontentas con sus servicios fueron las Islas Baleares con un 43%, Murcia y Andalucía con un 53% de satisfacción.

Respecto al suministro de agua, el servicio mejor valorado por los españoles con un 61% de satisfacción, un 19% de los encuestados señalaron que mejoró en los dos últimos años frente a sólo un 6% que opinó que empeoró. Lo mejor valorado del servicio con un 81% de aceptación, es la calidad general del servicio (ausencia de cortes, presión). Le siguió la calidad de agua suministrada, con el 71%, y el alcantarillado, con un 58% de satisfacción.

En el transporte público, que obtuvo una media de satisfacción del 59%, los aspectos más valorados fueron el estado y la limpieza de los vehículos, con un 74% de satisfacción; el acceso a los barrios, con un 63% y la comodidad, con un 61%. La relación calidad-precio recibió un 34% de insatisfacción por parte de los ciudadanos españoles.

La recogida de basuras y residuos, que contó con la aprobación del 57% de encuestados, experimentó una mejora de la percepción en los dos últimos años según el 32%, frente al 18% que opinó que empeoró. Lo más valorado fue la frecuencia de la recogida, con el 78% de aceptación; le siguió el servicio de contenedores de recogida selectiva, con el 68% de aceptación general, aunque este dato varía mucho en función de las ciudades.

La conservación de espacios públicos y la limpieza viaria fueron los servicios peor valorados, con índices de satisfacción del 49% y 44% respectivamente. Se da la circunstancia de que son los servicios que acostumbran a prestar de forma directa los propios ayuntamientos.

Mala conservación de zonas verdes

En el caso de la conservación de espacios públicos (parques y jardines) los ciudadanos apreciaron la calidad de las instalaciones en un 57%; un 36% no aprobó el cuidado que se hace de las zonas verdes, un 38% se quejó de la falta de personal y un 35% de la poca frecuencia en el mantenimiento.

En cuanto a la limpieza viaria, fue el único servicio en el que las opiniones negativas (45%) superan a las positivas (44%). La presencia de excrementos de animales fue el aspecto que más molesta a los ciudadanos con un 63% de insatisfacción, seguido de la limpieza de aceras con un 48% de opiniones negativas y un 43% de la poca frecuencia con las que se realizan las labores de limpieza de vías.

El Barómetro OSUR es la primera encuesta de carácter anual centrada en medir los índices de satisfacción y la evolución de la valoración ciudadana, en su rol de contribuyentes y usuarios, de los servicios públicos municipales en nuestro país.

La muestra de alta representatividad y fiabilidad nacional, autonómica y local contempla residentes en las 30 ciudades más pobladas del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alcalá de Henares, Alicante, Badalona, Bilbao, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Elche, Gijón, Granada, L'Hospitalet, Jerez de la Frontera, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo y Vitoria) correspondientes a 13 comunidades autónomas, con 5.262 encuestados de 18 a 79 años en el mes de julio de este año.

Los sindicatos con representación en las empresas concesionarias del servicio de recogida de basura de Madrid han registrado la huelga indefinida que llama a la plantilla a secundar los paros en el servicio a partir del lunes 12 de junio a las 7 horas. La convocatoria se produce así días antes del inicio del World Pride, que comienza el 23 de junio y se extiende al 2 de julio.

Los sindicatos –CCOO, UGT y CGT– tomaron esta decisión después de haberse reunido con las empresas concesionarias y no haber llegado a ningún tipo de acuerdo para que una mesa única negocie un convenio que abarque a la totalidad de la plantilla.

El servicio de recogida de basuras se divide en la actualidad en tres lotes cuya gestión está adjudicada a las empresas FCC, a una UTE formada por Valoriza, Acciona, OHL y Ascan y a una tercera UTE formada por Urbaser y Ferrovial, según ha informado Europa Press.

En una reunión celebrada el 12 de mayo, dos de las empresas adjudicatarias se negaron a constituir la Mesa del Convenio, planteando la negociación de convenio de empresa en lugar de un convenio único para la totalidad de la plantilla.

Los representantes de los trabajadores trasladaron esta situación a los trabajadores en la asamblea proponiendo "que si las empresas mantienen su negativa a negociar en una única mesa se convoque huelga en el servicio" y los trabajadores, por unanimidad, refrendaron esta propuesta.

Una delegación de los representantes de los trabajadores se reunió con la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, como responsable del servicio y trasladaron la situación pidiendo que el Ayuntamiento intermediara en el conflicto.

Preguntado por qué visos de solución ve a la posibilidad de negociar un solo convenio, el secretario de negociación colectiva de Construcciones y Servicios de CCOO Madrid, Félix Carrión, ha indicado que "es complicado" porque "no están en esta línea todas las empresas". "Esperemos que se avengan a razones".

Desde UGT, Miguel Ledesma, el miembro de la mesa negociadora, ha mostrado su "decepción" por no haber conseguido que las empresas concesionarias se reunieran en la misma mesa negociadora.

Ledesma, en la misma línea de Carrión, ha abogado por unas condiciones "homogéneas" para todos los trabajadores de recogida de basura en la capital.

Si la huelga se prolonga durante días, podría coincidir con la celebración del World Pride, que arranca el 23 de junio y prevé la llegada de cerca de 3 millones de personas.

La recogida de papel y cartón en el Día de Reyes puede verse alterada por una huelga indefinida convocada en el municipio de Madrid desde el próximo 3 de enero, a la que están llamados los trabajadores de recogida de residuos, que se encuentran en plena negociación del convenio colectivo.

Así consta en el escrito enviado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el Comité de Empresa ha presentado el preaviso de huelga con carácter indefinido y dirigido a todos los trabajadores de recogida de cartón, envases, contenedores voluminosos, vidrio, móviles y pilas, entre otros.

Esta huelga se enmarca en el proceso de negociación del convenio colectivo, en el que los trabajadores de la recogida de residuos piden la equiparación de las condiciones laborales a los de la recogida domiciliaria. Afecta tanto a los trabajadores de la periferia como a los del centro de Madrid.

El conflicto viene de meses atrás, cuando se separaron los contratos de centro y periferia y una nueva UTE formada por Cespa (Ferrovial) y Urbaser (Grupo ACS), se hizo adjudicataria del servicio de recogida y transportes de residuos en la periferia, hasta entonces en manos de FCC.

FCC entonces recurrió el contrato adjudicado –a mediados de octubre– y alertó de los "problemas" que, en su opinión, conllevaría la separación de los contratos de centro y periferia a la hora de las condiciones laborales, pues dicha separación las "alteraba" y podían "generar conflicto", repercutiendo en la "calidad del servicio", entendían entonces desde la empresa.

Durante estos meses, el Ayuntamiento de Madrid y FCC se han 'enfrentado' a raíz de unos camiones que ésta última debería haber traspasado a la nueva UTE que se encarga del contrato. La empresa tenía la obligación de revertir al Ayuntamiento 301 camiones propulsados por gas natural comprimido pero sólo se entregaron 239, de los cuales 116 están utilizados, algunos desguazados y otros con averías.

Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales del país, según las liquidaciones de sus presupuestos. De la lista faltan los municipios vascos y navarros, con la excepción de la capital guipuzcoana; siguen otro cauce de información a Hacienda por el régimen foral, pero sus datos aparecerán también en el futuro.

La reforma local obliga a los municipios a calcular el coste de los servicios que prestan. Este mes se ha dado a conocer la primera oleada, aunque la información no está detallada sino distribuida en grandes capítulos de gasto. Todos los datos serán publicados anualmente por Hacienda para que los vecinos puedan consultar los de sus ayuntamientos.

Uno de ellos, es el que recoge el gasto en los servicios propios de los ayuntamientos, es decir, el saneamiento, la luz, la gestión de residuos y basuras, vivienda y urbanismo o la limpieza viaria.

San Sebastián, Zaragoza

Distribuido este coste por habitante, la capital guipuzcoana es la que más dinero dedicó a estos servicios según los datos de 2013, 854 euros por vecino (128 millones de euros). Son 20 millones más de lo que gastó en estos mismos capítulos Zaragoza, con medio millón más de habitantes y un gasto per cápita de 158 euros, la cifra más baja del país.

La segunda capital de provincia que más dedica a estos servicios básicos por vecino es Barcelona (674 euros anuales en 2013), seguida de Madrid (592 euros), Tarragona (574), Granada (561), Córdoba (516) y Málaga (507).

Justo por encima de Zaragoza se sitúan Mérida (187 euros por habitante), Cuenca (278 euros), Valladolid (285) y Ávila (295). Casi la mitad de las capitales gastan entre 300 y 400 euros, 26 de ellas en total, y otras 11 invierten entre 400 y 500 euros per cápita al año.

Jóvenes, infancia, mayores

La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes, infancia, mayores, personas con discapacidad o fomento del empleo.

En este ranking, y también calculando el gasto por habitante según las cifras de 2013, Sevilla es la primera capital de provincia (191 euros por vecino), seguda por Lleida (185), Ávila (177 euros), Lugo (157), Logroño (151) y Soria (150 euros por habitante).

La mayoría de ciudades dedica entre 60 y 100 euros per cápita y por debajo de estas cifras se sitúan sólo Murcia (58 euros), Santiago de Compostela y Badajoz (55 euros cada una), Alicante (52) y Toledo (50) y cierran la lista Teruel y Pontevedra (48 euros por habitante, respectivamente).

También ha incluido el Ministerio la información de la deuda pública de las entidades locales. Madrid ocupa el primer lugar en deuda por habitante (414 euros) y Badajoz, el último (35 euros).

También ocio, economía y gastos generales

Además de estos tres grandes grupos, Hacienda incluye otros tres. El denominado Producción de bienes públicos de carácter preferente incluye capítulos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como tiempo libre, ocio, cultura o deporte.

Como actuaciones de carácter económico Hacienda considera los gastos en desarrollo de actividad económica, como agricultura, ganadería o pesca, inversión en infraestructuras básicas y transportes, comunicaciones o I+D+I.

Por último, en el capítulo de actuaciones generales se incluyen los gastos en constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno, servicios información, participación ciudadana o administración.

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Los sindicatos temen que los recortes que han llevado a la huelga a los servicios de limpieza viaria y jardinería de las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Madrid se reproduzcan en los servicios de recogida de basuras. Así lo han afirmado fuentes de CCOO en el consistorio, las cuales han asegurado que la reducción del presupuesto destinado a la limpieza de las calles con respecto al año pasado ha sido de aproximadamente un 25%.

A pesar de que el concurso para elegir la compañía que se ocupará del servicio de recogida de basuras el año que viene no ha sido aún convocado, los representantes de los trabajadores creen que conllevará un tijeretazo similar al que han sufrido las concesiónes de la limpieza viaria y la jardinería. Los sindicatos reparten las culpas de esta falta de medios entre las empresas adjudicatarias y el propio Ayuntamiento, ya que aseguran que la corporación ha cambiado el método por el cual adjudica sus contratos "desde hace un par de años" y lo ha convertido en una mera "subasta".

En este sentido, CCOO y UGT denuncian que ahora mismo el Ayuntamiento ofrece un presupuesto máximo para conceder un contrato, y espera a que las empresas presenten sus ofertas "en un sobre cerrado" para después elegir la que menor coste económico conlleve. Esto ha provocado, según asegura Roberto Tornamira, secretario general de la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) en Madrid, que las compañías "pujen a la baja" para intentar conseguir la adjudicación, aún a costa de saber que con las ofertas que realizan no podrán cubrir los servicios que deben prestar. La solución que encuentran las empresas a esta cuestión, denuncia Tornamira, es simple: recortes en el salario de los empleados y reducciónes de plantilla. 

Con esta explicación se muestra totalmente de acuerdo Moisés Torres, secretario de servicios a la comunidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) de Madrid, quién denuncia que, en su sector, los presupuestos máximos que ofrece el Ayuntamiento en sus contratos se ha reducido un 32% con respecto a hace dos años, lo cual ha redundado en que el tijeretazo final haya sido de prácticamente el 50% en relación a esa fecha, ya que la compañía adjudicataria pujó por debajo del precio 'tope' que fijó el consistorio.

Torres se muestra cauto con respecto a las consecuencias que tendría un recorte similar en el servicio de recogida de basuras y afirma que, al no haber sacado aún el Ayuntamiento el contrato para su licitación, no puede hacer cálculos de a cuántos trabajadores afectaría. No obstante, el sindicalista asegura que, de confirmarse una reducción presupuestaria de tal calibre, tanto el servicio como los propios empleados se verían afectados.

Además, el secretario de servicios a la comunidad de FSP-UGT Madrid se queja de que el consistorio madrileño ya ha aplicado recortes en esta área: según denuncia Torres, el Ayuntamiento suprimió en 2010 el servicio de recogida de muebles que realizaba con frecuencia quincenal. El tijeretazo no quedó ahí, ya que también se redujo la frecuencia con la que se recogen los cubos amarillos: de desecharse todos los días, pasó a hacerse en días alternos.

La alcaldesa "se lava las manos"

Mientras tanto, las tres empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria y jardinería que plantean el ERE han ofrecido a los sindicatos reducir el número de despidos de 1.134 a 625 trabajadores, lo que supone rebajar casi a la mitad el número de empleados inicialmente afectados. Además, han planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de un mes y un 12% de ahorro en costes, como eliminación de acuerdos en centros de trabajo, jubilaciones, excedencias, bajas incentivadas y otras medias.

Por su parte la alcaldesa, Ana Botella, ha declinado cualquier responsabilidad en la huelga, al asegurar que el conflicto es "entre empresarios y trabajadores". Sin embargo, la oposición no opina de la misma forma: la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha manifestado que "nadie puede desentenderse de las competencias que tiene", mientras que el líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que la mandataria es un "lastre" para la ciudad.

En la misma línea se ha expresado la diputada nacional de UPyD Irene Lozano, que ha tachado de "impresentable" que la alcaldesa "se lave las manos". "Me parece infame que, una semana después de haber empezado la huelga y de que los ciudadanos estemos padeciendo las consecuencias con riesgo de que en cualquier momento haya problemas de tipo sanitario, la alcaldesa siga en la actitud de que ellos no tienen nada que ver porque es una empresa privada", ha denunciado Lozano.

"¿Dónde va a ir una persona de 52 años a buscar trabajo si le despiden?", se pregunta Ibrahim, un jardinero de la Comunidad de Madrid en huelga junto a otros empleados del servicio de limpieza viaria. La capital de España es desde hace una semana una ciudad-contenedor, donde los alimentos, latas, envases y demás desperdicios invaden sus calles a cada paso. Los barrenderos y jardineros están en huelga indefinida porque las empresas concesionarias quieren "despedir a 1.135 trabajadores y bajar el sueldo en más de un 40% a 6.000 barrenderos", añade este jardinero, que acusa directamente a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de "contentar a sus amigos" y las empresas con la concesión de los servicios públicos. 

En un comunicado emitido por el sindicado de Comisiones de Base, aseguran que las mismas empresas constructoras (FCC, Sacyr y OHL) "que se forraron con el boom inmobiliario, y que siguen enriqueciéndose con sus negocios en el exterior, han copado ahora los servicios, los hospitales, los centros de salud, la limpieza viaria y jardinería. Con la complicidad de los Gobiernos han accedido al servicio licitando por debajo del precio establecido".

Es el día de la Almudena (festivo en Madrid) y en la calle Arenal los señores vestidos de chulapos madrileños bailan con sus parejas con cuidado de no pisar una piel de plátano ante la mirada atónita de los turistas. "La huelga va a seguir hasta que no retiren los EREs planteados porque con 1.500 trabajadores menos no se va a poder mantener Madrid limpia", explica Gustavo Cabrera, otro miembro del servicio de jardinería que se siente estafado y que reclama que los servicios vuelvan a ser gestionados por parte de la administración pública. A los 1.135 despidos que plantean los EREs habría que añadir 300 trabajadores a quienes las contratas no han subrogado, es decir, asumido en plantilla, con los derechos y obligaciones laborales que existían en la anterior empresa.

Agustín tiene 63 años y está a punto de jubilarse. Cada día, cuenta, se levanta a las seis de la mañana para podar los hierbajos de los jardines de Ciudad Lineal. Recuerda que a lo largo de su vida laboral los convenios colectivos no se asemejan a los de hoy, con un "claro recorte de derechos".  "Nuestros antepasados tuvieron que luchar por conseguir estos derechos y de un plumazo nos los están quitando" declara mientras matiza que ellos no tienen nada que ver con los piquetes que se dedican a esparcir más basura para generar presión. "El otro día fuimos a una manifestación en Carabanchel y había jóvenes haciendo vandalismo. No estamos con ellos. Nosotros nos manifestamos pacíficamente", concluye ante los aplausos de los compañeros, que rememoran tiempos mejores vividos junto al "mítico Agustín".

La Policía Nacional detuvo la noche del viernes a cinco personas por quemar y tirar basuras en Puente de Vallecas y Arganzuela, aunque no eran trabajadores de la limpieza. "La culpa es de los ciudadanos que han elegido a una mafia. No me vale la excusa de que no han votado a la alcaldesa, porque iba en las listas", comenta indignado uno de los que acudió a la manifestación frente a la Catedral de la Almudena. "Lo que quiere la casta política es enfrentar a los ciudadanos", añade Ibrahim, que reitera la importancia de lenvantar la voz. "Después de la crisis esto tiene que cambiar. No podemos seguir así. Cuando es el PP a degüello, cuando son los socialistas, finamente. En la protección de los derechos de los trabajadores no hay diferencia", se indigna el jardinero mientras balbucea al recordar el por qué están en la calle. "Nos estamos jugando el puesto. El pan de nuestros hijos". 

FCC retirará el expediente de regulación de empleo (ERE) que había planteado para un total de 146 trabajadores del servicio de recogida de basuras de Madrid, el 9,7% de los 1.500 empleados con que la empresa cuenta en esta área. La semana pasada, los trabajadores del servicio de recogida de basuras aprobaron en asamblea y por unanimidad una huelga indefinida a partir del próximo día 15 en protesta por los despidos.

Los sindicatos acaban de desconvocarla. La retirada del ERE se produce después de que el portavoz del Gobierno municipal y delegado de Seguridad, Enrique Núñez, advirtiera a FCC de que no puede despedir a los empleados de este servicio porque "el personal consignado en su día en su oferta es parte del contrato vigente con el Ayuntamiento de Madrid". Ese contrato se prorrogó el pasado mes de noviembre tras quedar desierto el concurso, al que sólo se presentó la empresa que preside Esther Alcocer Koplowitz.

La empresa ha comunicado esta decisión a los sindicatos en la reunión que ha mantenido con los representantes de los trabajadores en la mañana de este martes, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía.

Con esta medida, FCC pretende realizar una muestra de "buena voluntad" ante los trabajadores, detallaron las mismas fuentes. El grupo prevé retirar "en las próximas horas" el expediente.

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Madrid han votado en asamblea ir a la huelga indefinida desde el próximo lunes, día 15, como protesta por el anuncio de despidos por parte de la concesionaria, FCC, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El 96% de los 1.200 trabajadores que han acudido a la asamblea han apoyado la huelga indefinida "mientras que FCC no retire el ERE", que afecta a 146 empleados, según fuentes sindicales. Desde la próxima semana se sucederán las negociaciones todos los martes y jueves.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo, se ha reunido con un representante de FCC para comunicarle que no puede haber pérdida de puestos de trabajo afectos al servicio de recogida de basuras en la capital "dado que el personal consignado en su día en su oferta es parte del contrato vigente con el Ayuntamiento de Madrid".

Por la mañana, el portavoz del Gobierno municipal y delegado de Seguridad, Enrique Núñez, ha apelado a la concesionaria FCC a que llegue a acuerdos con los trabajadores a fin de evitar la huelga indefinida en la recogida de basuras.

"El Ayuntamiento espera y desea que ese proceso de reducción de contratos no afecte a los trabajadores, que no haya despidos. Apelamos a FCC a que llegue a acuerdos con los trabajadores, que no haya despidos y, por ende, que no haya huelga", ha señalado Núñez a la prensa. El delegado ha añadido que cualquier proceso de huelga "implica perjuicios para la ciudad que se tienen que baremar desde la prestación de servicios".