El año pasado se detectó por primera vez en Europa un caso de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), una enfermedad que no tiene vacuna, que puede llegar a ser mortal y que afecta a algunos rumiantes, como los ciervos y las vacas, pero que no puede transmitirse a humanos. En España se detectó el primer caso de contagio en noviembre en Andalucía, pero ha sido en estos últimos días cuando se ha expandido rápidamente: ya hay 26 provincias afectadas y se habla de entre 450 y 500 vacas muertas cada día, aunque no hay cifras oficiales. La epidemia llega en un verano especialmente duro para la ganadería, afectada por la sequía y el encarecimiento del forraje y el pienso. 

Esta enfermedad la trasmiten unos insectos voladores llamados jejenes (o culicoides) parecidos a los mosquitos, pero mucho más pequeños, del tamaño de la punta de un rotulador. Hasta hace poco, la enfermedad estaba contenida en el norte de África y países como Turquía o Israel, lo que lleva a pensar que su llegada a España está ligada al calentamiento global, como ha ocurrido con la fiebre del Nilo o el dengue, pero el investigador Mikel A. González desmiente que sea así. "En otros casos sí, pero esta vez no es el cambio climático", afirma el entomólogo. "Este insecto lleva en España décadas. Hace 20 años fue el que transmitió la enfermedad de la lengua azul, que es similar al EHE", añade.

González, investigador de mosquitos en el Parque de Doñana, es uno de los mayores expertos en jejenes, y explica que ya hay evidencias de cómo ha llegado la enfermedad a España. Procede de Túnez y Cerdeña porque los insectos pueden viajar cientos de kilómetros impulsados por las corrientes de aire a la altura de las nubes. Una vez en la península, los jejenes infectados pican a los mamíferos, como los corzos o las vacas, y estos a su vez son picados por jejenes que ya habitan en España, que pasan a ser portadores de la EHE, y rápidamente una infinidad de insectos la distribuyen por el país. "Los jejenes son muy abundantes de Madrid para abajo y muy escasos en el norte", concreta el experto. De hecho, las únicas provincias donde no hay restricciones al movimiento de vacas es de Burgos para arriba.

Aunque la enfermedad es nueva en Europa, se conoce cómo funciona porque está presente en todos los continentes, salvo en la Antártida. También en países como Estados Unidos, donde afecta al ciervo salvaje de cola blanca, en Australia y en Japón. La EHE afecta a todos los rumiantes y el más vulnerable es el ciervo, seguido de la vaca; mientras que las ovejas son asintomáticas y las cabras son muy resistentes y prácticamente ni se contagian.

Ana María Carvajal, profesora de Veterinaria de la Universidad de León, explica que un animal infectado puede sufrir una muerte muy rápida si sufre un edema pulmonar (encharcamiento), aunque también la enfermedad se manifiesta con hemorragias y fiebre o con úlceras. Los ganaderos también sufren pérdidas económicas porque muchas vacas afectadas sufren abortos, lo que perjudica también al futuro de la cabaña. 

Joaquín Gargallo, encargado de Vacuno de la asociación agraria COAG, avisa de que la enfermedad "está avanzando demasiado rápido", con nuevos focos de contagio detectados cada día. "Reclamamos ayudas a las explotaciones afectadas porque esto se suma a un año que ya era muy duro", señala. También han pedido al Gobierno un plan de control donde se investigue más el avance de la EHE, que está muy poco estudiada, como también reconocen los expertos. 

La enfermedad hemorrágica fue detectada a mediados del siglo XX en Estados Unidos y como solo afectaba hasta hace poco a animales salvajes, los laboratorios no han desarrollado una vacuna. Tampoco hay un gran conocimiento sobre cómo de agresiva es sobre los animales domésticos y solo se estima que su índice de mortalidad en ciervos salvajes rondaría el 10%. Los investigadores creen que podría ser más mortífera sobre las vacas de la península ibérica, ya que estos animales nunca se han enfrentado a la enfermedad. 

La ventaja a la hora de controlar la EHE es que solo puede darse allí donde viven los jejenes, que es el único insecto que transmite esa enfermedad vírica. Como no es contagiosa, un mamífero no puede transmitirla a otro, y los humanos no corren peligro porque es una enfermedad no zoonótica. La parte negativa es que los jejenes tienen una gran facilidad para vivir y reproducirse en España, insiste Mikel A. González. "Uno de los grandes problemas es que a diferencia de los mosquitos, no necesitan una capa de agua permanente, solo calor y humedad. Pueden criar en estiércol húmedo, fangos, en materia orgánica o en el borde de una zanja", aclara. 

Por ello, los expertos creen que la enfermedad hemorrágica se va a asentar en España, probablemente de manera permanente. "La única solución es el desarrollo de una vacuna, no hay más remedio", opina González, a quien le consta que algún laboratorio español ya está desarrollando una y que debería estar lista en un periodo de entre seis meses y dos años. El investigador afirma que como los jejenes pueden vivir en una gran variedad de entornos, los insecticidas o el control de las zonas húmedas, como charcas o embalses, no solucionan el problema. Ana María Carvajal coincide: "Una vez que llega es para quedarse. Erradicar una enfermedad transmitida por mosquitos es prácticamente imposible". 

La doctora en Medicina Veterinaria recuerda que con la enfermedad de la lengua azul, producida por un virus muy similar al de la EHE, pasó lo mismo: cuando llegó a Europa a finales de los años 90 no había vacuna, causó estragos en la ganadería, y hubo que desarrollarla a toda prisa. "Europa se gastó un dineral intentando erradicarla, pero no sirvió para nada, y ahora estamos resignados a convivir con ella", añade.

La Guardia Civil ha intervenido más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano en las provincias de Zaragoza, Valencia y Almería en el marco de la operación Potacar, que se ha saldado además con ocho personas detenidas y otras 81 investigados.

En una nota de este jueves a la que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil explica que la comida incautada estaba en almacenes de distribución ubicados en las tres provincias y se ha podido localizar en colaboración con los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía.

Tanto a las ocho personas detenidas como a las otras 81 se las investiga por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La primera inspección se realizó en las instalaciones de una empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde se intervinieron 1.222 kilos de alimentos que presentaban irregularidades, ya que habían sido reetiquetados con ampliación de la fecha de caducidad o consumo preferente.

Después de analizar la trazabilidad, los agentes confirmaron la comercialización de diversos lotes a otros establecimientos con fechas superadas.

Por su parte, en una segunda inspección a otra empresa en Zaragoza, se han intervenido 1.708 kilos de productos en idénticas circunstancias: fechas de consumo caducadas, así como alimentos que debían haberse comercializado como producto fresco y que fueron congelados antes de su fecha de caducidad y puestos a la venta posteriormente con la fecha rebasada.

Además de esta empresa, fueron inspeccionados otros 19 establecimientos en las localidades zaragozanas de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel en los que el SEPRONA detectó irregularidades.

Y en otra inspección, los investigadores se trasladaron a la localidad valenciana de Xirivella y, junto con inspectores del Departamento de Sanidad de la Comunidad Valenciana, descubrieron una empresa que comercializaba productos con la fecha de caducidad vencida e irregularidades en el etiquetado y cuyo género estaba pendiente de ser introducido.

Además, en esta tercera fase, prolongada durante meses, se inspeccionaron numerosos establecimientos en Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Casablanca, Villanueva de Gállego, Zuera; Almudévar (HU); Benicassim (Castellón); Xirivella, Godella y Liria (Valencia); Elda (Alicante); Huercal y Huercal Overa (Almería); Murcia, Puerto Lumbreras, Cartagena y Mazarrón (Murcia).

En total, los agentes han intervenido 18.196 kilos de productos no aptos para consumo humano, la mayoría de ellos en una empresa de Zaragoza que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos.

Durante la última fase, el SEPRONA e inspectores del Departamento de Sanidad de la DGA realizaron otras 45 inspecciones en distintos establecimientos e intervinieron 6.993 kilos de productos irregulares.

El principal organismo de control alimentario de España acaba de introducir entre sus prioridades la conservación del ecosistema, y en un informe publicado esta semana apunta a la carne, los lácteos y el huevo como los principales responsables de las emisiones, especialmente los primeros.  "La ganadería intensiva, las conocidas como macro granjas, tiene animales amarrados que se alimentan de piensos cultivados a miles de kilómetros y la carne que se extrae de ellos se exporta de nuevo a miles de kilómetros, es un contrasentido", explica Celsa Peiteado, responsable del programa de alimentos en WWF España. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha puesto el medioambiente a la altura de la salud y la primera consecuencia ha sido una rebaja en la cantidad de carne que se recomienda comer a la semana. Si en el último informe de 2020 aconsejaban comer de dos a cuatro piezas a la semana, en la nueva propuesta se plantea comer de cero a tres porciones. 

Concretamente, la AESAN propone en el informe que ha publicado esta semana priorizar el consumo de carne de aves y conejo y minimizar el de la carne roja y la carne procesada, ya que es la que más efectos dañinos tiene sobre la salud y la que más emisiones produce, según se lee en el documento, aprobado por un comité científico de 20 expertos de diferentes universidades españolas y del CSIC. 

"Todos los países se están moviendo en la misma dirección porque no hay alternativa. Lo dice la OMS, la FAO, la Agenda 2030, la Comisión Europea... hay mucha evidencia científica de que este es el camino", afirma a infoLibre Isabel Peña, directora ejecutiva de AESAN.

El impacto de cambiar la alimentación tiene tanto peso como transformar el transporte o la generación eléctrica, ya que este sector es responsable del 29% de las emisiones globales. Según la EAT-Lancet, una ONG sueca que estudia la nutrición global, se estima que una dieta saludable alineada con el medio ambiente evitaría 11 millones de muertes al año en el mundo. En España se evitarían 80.000, según un estudio de Marco Springmann, de la Universidad de Oxford. 

Al poner la sostenibilidad a la altura de la salud, los expertos de la AESAN han desarrollado a lo largo del informe el nivel de emisiones de cada grupo de alimentos, y explican que después de la carne son los lácteos los que más contaminan: los quesos, yogures y leches son responsables del 7% de las emisiones. "Cuanto más concentrado sea el alimento, mayor será su impacto ambiental", explican los expertos, que sitúan al queso curado como el lácteo más dañino para el ecosistema. 

Para contrarrestar el menor consumo de carne, la agencia nutricional propone centrar la alimentación en la ingesta de hortalizas, frutas y cereales, como se ha recomendado en informes anteriores. El gran cambio viene desde las legumbres, que pasan de aconsejar un máximo de cuatro raciones semanales a proponer ahora una ingesta diaria. 

Además de ser una fuente de proteínas, las legumbres tienen un impacto mínimo en el ecosistema, según los autores. "Gracias a ciertas bacterias en sus raíces, con las que conviven en simbiosis, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, disminuyendo así la necesidad de fertilizantes", explican.  

Según un estudio de 2018 al que hacen referencia, las legumbres emiten cincuenta veces menos de gases de efecto invernadero que la carne, para producir su misma cantidad de proteína. También once veces menos que la carne de cerdo, siete menos que el pollo y seis menos que los huevos. 

Dentro de los vegetales también los hay más y menos sostenibles. El caso más señalado por el informe es el del arroz, que contamina tanto como el huevo, y emite hasta cuatro veces más que el trigo y doce veces más que la patata. 

"Lo que diferencia al arroz de otros cereales es su especial forma de cultivo, que requiere campos inundados, donde la descomposición de la materia orgánica se produce en situación de hipoxia, emitiendo metano, un gas con un potencial de calentamiento global muy superior al del CO₂”, apunta el panel de expertos. 

Por último, en el lado de la pesca, también hay grandes diferencias según el pez que se compre en el supermercado. Un análisis de diferentes estudios apunta a que los calamares, el atún, el salmón, el bacalao o la merluza tienen una huella de carbono similar a la del pollo, una de las carnes menos contaminantes. El problema reside principalmente en los peces que no forman bancos y que se capturan con técnicas de arrastre, como lenguado. También en los crustáceos, como langosta y gamba. 

Celsa Peiteado, de WWF, recuerda que también existen modelos sostenibles de ganadería y agricultura. "El pastoreo de toda la vida, la ganadería extensiva, alimenta a los animales con restos de cultivos, de podas y de pastos, y además de evitar consumir piensos, permiten fertilizar el campo y ayudan a prevenir los incendios. Es muy importante reconocer el trabajo de los pequeños ganaderos y agricultores", incide. 

Más allá del papel medioambiental de la alimentación, la AESAN vuelve un año más a hacer un llamamiento a reducir la ingesta de carne en la ingesta semanal por razones de salud. Tras el análisis de 800 estudios, el organismo afirma que la mayoría de la evidencia científica apunta a que este alimento, si está procesado, aumenta el riesgo de cáncer de colon y de recto, y en menor medida el de estómago. 

"Si coges una carne, la picas, la moldeas y la especias, su impacto sobre la salud será mayor", añade Paloma Navas, portavoz de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Esta doctora incide especialmente en el riesgo sobre el consumo de carnes procesadas, y recuerda que España está a la cabeza de Europa en obesidad infantil.  

Si la carne no está procesada, la evidencia de su impacto en el organismo es menor, aunque el panel de expertos también subraya que la carne roja sin procesar tiene una mayor cantidad de hierro hemo que la carne blanca, un nutriente facilita la producción de compuestos nitrogenados cancerígenos. 

Pese a la evidencia científica que recae sobre los riesgos de la carne roja, el propio informe de la AESAN reconoce que las carnes rojas son una fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas (especialmente B) y minerales. Por ello, algunos nutricionistas sí aconsejan conservarla en la dieta, siempre de manera racionada. "Dentro de la dieta mediterránea se recomienda un consumo de tres a cuatro raciones de carne a la semana, pero más blanca de roja", apunta Ramón Estruch, doctor de Medicina Interna en el Hospital Clínico de Barcelona y coordinador científico de la Fundación Dieta Mediterránea. 

Para quien decida deshacerse de este alimento en su día a día o reducir su ingesta al mínimo, los expertos recomiendan decantarse por la proteína vegetal, abundante en las legumbres. Principalmente sugieren la compra de garbanzos, algunas alubias blancas y la soja, ya que tienen proteínas de alta calidad que se acercan a las de la carne. 

Sobre el resto de alimentos, los expertos de la AESAN proponen comer: 

Ya no es solamente Isabel Díaz Ayuso. Todo el PP, incluida la nueva dirección de Alberto Nuñez Feijóo, ha abrazado la agitación social cavando trincheras contra supuestas imposiciones del Gobierno de coalición que la formación conservadora considera parte de una plan más ambicioso de “ingeniería social” para cambiar la sociedad a su antojo y cuya autoría atribuyen a Pedro Sánchez.

A falta de un verdadero deterioro de derechos y libertades públicas, el PP alza la palabra “libertad” para defender cosas como el derecho a tomar una cerveza en una terraza, a mantener abiertos los establecimientos comerciales en una crisis sanitaria o a consumir vino, carne o azúcar sin restricciones. La ideología del libertarismo se extiende en el PP, aunque hunde sus raíces en el pasado. Como cuando José María Aznar reivindicó en 2007 su derecho a beber vino y a conducir a la velocidad que le diese la gana desoyendo expresamente las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Una estrategia que, en línea con el manual de propaganda del trumpismo, cimenta en la desinformación las campañas de agitación política contra el adversario.

Su última bandera la hemos visto estos días, en oposición al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, en forma de rebelión contra cualquier limitación al aire acondicionado o a mantener iluminados los comercios y los edificios públicos. Como si la Unión Europea, y con ella 26 de los 27 estados miembros —sólo Hungría votó en contra—, no hubiesen aprobado una estrategia de ahorro para prevenir los efectos letales de un hipotético corte de suministro de gas ruso el próximo invierno.

Lo del vino es una idea fija de los dirigentes del PP. A las palabras de Aznar, defendiendo su derecho a beber lo que le diese la gana (“Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás”, declaró), hay que sumar el “¡viva el vino!” de Mariano Rajoy de 2008 o la acusación de Pablo Casado al Gobierno de “demonizar el vino” asegurando que es “una droga”.

La última vez que el PP agitó el vino contra una supuesta persecución por parte del Gobierno fue cuando sus dirigentes se apuntaron, el pasado mes de abril, a dar credibilidad al bulo de que Sanidad planeaba prohibir que los bares y restaurantes pudiesen ofrecerlo como parte de sus menús a precio cerrado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue una sus impulsoras, pero no la única. 

Todo era falso. Sanidad nunca pretendió tal cosa. Lo único que existió fue un documento de trabajo en el que se abría la puerta a la posibilidad de “colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable sin incluir en ella el consumo de alcohol”. Todo ello siguiendo indicaciones de los profesionales de la medicina y de expertos en salud pública.

El bulo nació de varios medios que lo publicaron manipulando las intenciones del Gobierno, pero al PP le dio igual. No sólo agitó un falso debate acusando al Ejecutivo de estar contra el sector vitivinícola sino que incluso cerró el círculo arrogándose el mérito de haber parado en Bruselas algo que nunca existió: El Partido Popular “ha frenado hoy en Europa que se criminalice el vino, el cava o la cerveza, al evitar que se califique su consumo responsable y moderado como perjudicial para la salud”, se felicitaron sus dirigentes.

El de la carne también es un recurso repetido. Son varios los dirigentes del PP que han acusado al Gobierno de perseguir los productos cárnicos y de perjudicar al sector. El caso más flagrante se produjo a comienzos de año cuando, en el marco de las elecciones autonómicas de Castilla y León, su presidente, el partido y, de nuevo, varios medios de comunicación, tergiversaron una entrevista concedida semanas antes por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian. 

La idea básica que transmitieron es que el Gobierno criticaba en el extranjero la calidad de la carne española, cuando el ministro lo único que hizo fue defender la calidad del producto que salen de las explotaciones extensivas en comparación el de las macrogranjas. El objetivo de fondo era movilizar a agricultores y ganaderos contra el Gobierno y apuntalar así la victoria del PP en aquellas elecciones.

No era la primera vez que Génova trataba de agitar al sector con la carne. Ya lo hicieron un año antes cuando Garzón recomendó la reducción del consumo de carne por razones medioambientales y de salud. Al PP le resultó indiferente que hubiese fundadas razones científicas que avalasen la insostenibilidad del ambiental de una parte del modelo de producción de carne o que las sociedades médicas desaconsejen las tasas de consumo que se registran en nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se unió también a las críticas en aquella ocasión.

El argumento central, como con el vino, fue el de la libertad. El Gobierno, aseguraban, trataba de imponer normas caprichosas a los ciudadanos diciéndole a los españoles lo que deben beber o lo que deben comer. Compartir chuletones en las redes sociales se convirtió, igual que la exhibición de copas de vino en el caso anterior, en una seña de identidad de las cuentas conservadoras. El PP llegó a difundir un vídeo titulado: “Mas ganadería y menos comunismo”.

El esquema es el mismo que el principal partido de la oposición aplicó en octubre de 2021 cuando, también el Ministerio de Consumo, anunció la regulación de la publicidad de galletas, bollería industrial y bebidas azucaradas dirigida a los niños. Dirigentes del PP se volcaron inmediatamente en las redes sociales para difundir el bulo de que lo que el Gobierno pretendía era prohibir estos productos, no su publicidad dirigida a niños, y legalizar de paso las drogas. 

De nuevo Isabel Díaz Ayuso se puso al frente de la protesta. “Drogas sí, dulces no”, escribió en Twitter para impulsar un estado de opinión contrario a una medida que desde el principio contó con el respaldo de nutricionistas, médicos y expertos en salud pública. El consumo desproporcionado de estos productos, ultraprocesados y con altos contenidos de azúcar, está detrás del creciente problema de la obesidad infantil.

“Porros sí, pero que no se tome un niño un bollo y que no consuma carne un ciudadano (...) Ese es el mensaje que está lanzando y sobre todo a los jóvenes”, llegó a decir Ayuso en un acto de partido en Alcobendas (Madrid).

En el debate abierto durante la primera ola de la pandemia entre quienes consideraban prioritario salvar vidas y quienes, por el contrario, daban más importancia a salvar puestos de trabajo, Ayuso primero, y gran parte del PP después, se situaron a favor de los segundos. La presidenta madrileña se opuso a las restricciones que tenían efecto sobre la actividad comercial y especialmente a las que afectaban a los bares y restaurantes. Durante la pandemia defendió el derecho de los ciudadanos a seguir reuniéndose e hizo gala de que eso sólo se podía hacer en su comunidad: “En Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza”.

La defensa de la hostelería, uno de los sectores que más sufrió durante el confinamiento, convirtió a Ayuso en un icono del libertarismo. Pero también su rechazo a las normas del Gobierno que en lo peor de la pandemia prohibieron los despidos: es “ilegal”, dijo, y provocará que las empresas cierren “al completo”.

La misma lógica es la que la presidenta madrileña, con el aval del PP nacional, ha puesto en marcha contra las medidas de ahorro energético puestas en marcha por el Gobierno. Da igual que su propio Gobierno admitiera a continuación que no puede incumplir un real decreto ley. “Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga”, porque la decisión de Pedro Sánchez —la estrategia de comunicación del PP pasa siempre por personalizar en él cualquier decisión, incluso una como esta, que deriva un de acuerdo de la Unión Europea— “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no se da por vencido. Tras ser el blanco de críticas en enero, tanto desde fuera de su Gobierno como desde dentro, por señalar los perjuicios de la ganadería intensiva en el país, el también coordinador general de IU y su equipo han seguido trabajando para evidenciar la insostenibilidad del modelo. Este viernes ha presentado el informe Sostenibilidad de Consumo en España, con una conclusión muy clara: la manera más eficiente de frenar las múltiples amenazas ambientales, desde el punto de vista de los hábitos diarios, es cambiar de dieta. Más que cambiar de coche.

Los datos en bruto no provienen, en realidad, del trabajo del Ministerio de Consumo. Los ha obtenido la Comisión Europea, que lleva años ofreciendo información del impacto medioambiental del consumo del club comunitario, tanto de ciudadanos como de empresas. Lo que ha hecho el gabinete de Alberto Garzón –y es el único país que lo ha hecho– es trabajar con Bruselas durante dos años para extrapolar la información al contexto español y obtener lo que el informe denomina "huella de consumo de España". La alimentación, con un 52,1%, es el área de consumo que más daño hace a la atmósfera, el agua o los ecosistemas.

El impacto de la alimentación, explican fuentes de Consumo, es derivado mayoritariamente del excesivo consumo de carne, sobre todo de carne roja. Y este indicador es un 26% superior al daño medio de este ámbito en la Unión Europea. Los datos de Bruselas indican que España tiene mucho margen en esta parcela. Por detrás se quedan el impacto de la movilidad (17,1%), el de la vivienda, incluyendo la calefacción y los gastos derivados de un aislamiento pobre (16,2%), los "bienes del hogar", donde se incluye, por ejemplo, la ropa (9,6%), y los electrodomésticos (5,1%).

Dependiendo del impacto, el margen de mejora es mayor en unos ámbitos u otros. Por ejemplo, en lo que respecta exclusivamente al cambio climático, el impacto de la alimentación se reduce hasta el 45,7%, frente al 25% de la movilidad. Las presiones de la vivienda afectan mayoritariamente a la eutrofización del agua dulce, el proceso de contaminación por exceso de nutrientes que acaba con la vida de los ecosistemas húmedos, mientras que el modelo de agricultura y ganadería intensiva afecta a la eutrofización marina, como la que está asfixiando el Mar Menor en un 79,6%. En la gran mayoría del total de 16 impactos analizados, como la acidificación, la presencia de tóxicos y cancerígenos, la contaminación atmosférica y el uso del agua, el ámbito de la alimentación es el que más contribuye a la degradación.

Como ha explicado una de las autoras del informe, la investigadora del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea Esther Sanyé-Mengual, el impacto de actividades como la agricultura o el turismo masivo ha provocado que los impactos sobre el agua dulce sean seis veces mayores en España que en Europa. Pero no solo porque consumamos demasiado, sino porque tenemos demasiado poco recurso hídrico: "El modelo" desarrollado por los analistas del Ejecutivo comunitario "considera la escasez de agua en el territorio". En resumen: España es muy vulnerable, mucho más que el resto de continente, a la falta de agua y su modelo alimentario está agravando el problema.

El estudio diferencia, de manera pionera en el país, entre la huella de consumo, el impacto de lo que consumimos, y la huella interior, que mide, en resumen, los impactos de lo que se produce solo dentro de nuestras fronteras; sin contar, por ejemplo, el pienso que proviene de la selva amazónica para alimentar el ganado o las emisiones derivadas de la extracción del litio que necesita la batería del móvil. Y mientras que la huella de consumo española no ha hecho más que aumentar tras la caída generada por la crisis económica de 2008, la huella interior se ha estabilizado desde 2012 a 2018: fruto de la deslocalización. Los daños que se producían antes en el territorio ahora se producen fuera, pero ciertos fenómenos, como el del cambio climático, están interconectados y la atmósfera no entiende de lindes.

La buena noticia es que, si bien la alimentación es el sector de consumo de más impacto, es por lo tanto el que mayor margen de mejora disfruta. Los cálculos de Consumo estiman que, con una reducción del 50% del consumo de carne y su sustitución por productos de origen vegetal, se reducirían entre un 30% y 40% los impactos ambientales, destacando la mejora en indicadores como el de la toxicidad, el cambio climático o la contaminación. Aunque la mejora en el uso del agua sería mínimo o inexistente por los daños de una agricultura intensiva y atrofiada. Además, destaca el informe, "la mejora de la eficiencia en productos como neveras, lavavajillas, lavadoras o televisores puede contribuir a disminuir diferentes impactos hasta en un 11%". La reutilización y el reciclaje se suelen llevar más focos y titulares, pero el margen es más escaso: un aumento de estas labores dentro de la economía circular solo aspira a disminuir la huella hasta un 5%.

Fuentes del Ministerio de Consumo hacen hincapié en que no hacen falta grandes sacrificios, esfuerzos, renuncias o prohibiciones: la vuelta a una dieta mediterránea de verdad –no la propagandística–, con más peso de frutas, verduras, legumbres y pescados en línea con las recomendaciones de las autoridades nutricionales, nos aportaría unos ecosistemas y unos cuerpos más sanos. No se trata únicamente de cuidar la naturaleza sino de garantizar el futuro y vivir mejor. Aun así, la batalla política, como se ha demostrado en muchas ocasiones, será compleja: es difícil vender el discurso del cambio de hábitos a las clases populares más afectadas por la precarización, la inflación y la incertidumbre. Estas mismas fuentes apuntan que las competencias de Garzón son limitadas –aunque se está trabajando, por ejemplo, para mejorar los etiquetados en el supermercado– y que son otros departamentos del Gobierno son los que tienen que recoger el testigo.

El consumo de carne roja no solo puede perjudicar a la salud, también afecta al medioambiente. Los impactos negativos se traducen en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o cambios en el uso del suelo. Por eso, las alternativas alimentarias a la carne podrían mejorar la salud y la sostenibilidad.

En la actualidad, entre las opciones se encuentran las fuentes de proteínas de origen vegetal, como la soja y las lentejas, o la carne de imitación o vegetal, como el tofu y las hamburguesas de soja. También están las proteínas microbianas, una biomasa nutritiva rica en proteínas con textura similar a la de la carne producida mediante la fermentación de hongos en biorreactores.

“La carne cultivada (también conocida como carne in vitro o de laboratorio que no proviene directamente del cuerpo de un animal, sino que está formada por el cultivo de células musculares extraídas previamente de animales), que recientemente ha recibido mucha atención del público, se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo con muchas incógnitas, sobre todo en lo que respecta a la composición y los costes del medio de crecimiento”, declara a SINC Florian Humpenöder, del Potsdam Institute for Climate Impact Research en Alemania y primer autor de un estudio que publica la revista Nature.

En trabajos anteriores, la comunidad científica había estimado los posibles beneficios medioambientales de la sustitución de la carne por proteínas microbianas derivadas de la fermentación fúngica en biorreactores, como la micoproteína (una alternativa cárnica disponible en el mercado) con métodos de evaluación estáticos, es decir con una escalabilidad limitada.

Ahora, el equipo de científicos alemanes y suecos ha elaborado un trabajo de modelización para estimar las ventajas del reemplazo de las proteínas animales por las microbianas utilizando azúcar como materia prima. Los resultados revelan que al reemplazar el 20% del consumo per cápita de carne de vaca por proteínas microbianas en todo el mundo se reducirían en 56 % la deforestación anual y las emisiones de CO2 relacionadas para el año 2050.

La razón es que “se compensarían los futuros aumentos previstos de la superficie de cultivos en todo el mundo en comparación con un escenario sin cambios”, añade Humpenöder, para quien sería una importante contribución para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

Para llegar a estas conclusiones los autores también tuvieron en cuenta factores socioeconómicos como el aumento de la demanda de ganado, la expansión de la población y el incremento de los ingresos.

Las ventajas de este proceso de fermentación es que desvincula en gran medida la producción de proteína microbiana comestible de las condiciones biofísicas locales, lo que podría ser especialmente relevante con el cambio climático, dice el experto. “Sin embargo, se siguen necesitando tierras de cultivo para cultivar azúcar y alimentar a los microbios”, advierte el científico.

Además, aunque la sustitución del 20 % consumo de carne produce beneficios ambientales, los científicos señalan que el aumento de los niveles de reemplazo más allá de este punto no darían lugar a un incremento lineal de los efectos de ahorro del uso de la tierra. Los autores predicen que esto puede ser el resultado de la exigencia de los cambios en la estructura de la producción agrícola.

Por otra parte, los estudios anteriores de evaluación del ciclo de vida (ACV) estimaron que “la sustitución de otros productos ganaderos, como la carne de cerdo y de pollo, por proteína microbiana no supondría beneficios medioambientales sustanciales”, señala Humpenöder.

Los autores concluyen que, más allá de completar los hallazgos de estudios anteriores, sus resultados proporcionan proyecciones más dinámicas de los posibles impactos ambientales basados en el uso de la tierra de la sustitución de la carne de vacuno por proteína microbiana.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Cada vez que habla el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sube el pan. Pese a que se limita a repetir lo que la evidencia científica dice desde hace años con respecto a los impactos de la ganadería y del modelo alimentario, sus palabras se asumen como una afrenta. Muestra de que la comida es, como todo, política; y que el debate se libra en los estrechos márgenes de la batalla cultural porque el contenido del plato, además, es tradición e identidad.

Cuando un ministro, un diputado o un concejal hablan de comida o de consumo el riesgo de reacción furibunda es mayor porque está dentro de la parcela de responsabilidad del ciudadano: elegimos, de manera más o menos libre y más o menos consciente, lo que compramos en el súper y lo que nos llevamos a la boca. Nos sentimos aludidos. Hay quien se atrinchera en la defensa liberal del "a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer" y hay quien recoge el guante y decide ejercer un consumo crítico o responsable. Pero no es fácil: por la opacidad de los orígenes, por un etiquetado insuficiente... o porque la vida, a veces o casi siempre, nos atropella.

A raíz de la última polémica, una petición en Change.org que lleva más de 60.000 firmas pide identificar en el envasado de los productos cárnicos si proceden de ganadería intensiva, que concentra a los animales, de cuestionable respeto por su bienestar, y que contamina la tierra, el aire y las aguas; o de ganadería extensiva, menos lesiva según sus defensores. El Gobierno, ha confirmado el departamento de Garzón, ya está en ello. Muchos consumidores, cada vez más, quieren saber qué comen y de dónde viene lo que comen.

Efectivamente, no hay ninguna obligación legal que fuerce a los productores de carne a identificar si el alimento procede de una explotación intensiva o extensiva como, por ejemplo, pasa con los huevos, en lo que sí es fácil saber si las gallinas han sido criadas en libertad o en jaulas. Pero sí hay un método para destacar en el estante del súper a la segunda: la etiqueta ecológica de la Unión Europea. La cría de los animales debe ser en libertad o semilibertad, con un porcentaje de los piensos obtenidos en el mismo lugar de la explotación y sin depender de soja cultivada al otro lado del océano. Bruselas, a través de la estrategia "De la granja a la mesa" quiere que, para 2030, el 30% de la agricultura y la ganadería comunitarias sean "ecológicas" bajo estos criterios.

Pero hay quien quiere más. Por un lado, abogan sus defensores, la diferencia explícita entre extensiva e intensiva serviría no solo para fomentar el primer modelo, sino para desincentivar el segundo a juicio del consumidor; lo que, de a buen seguro, levantará las quejas de las grandes empresas que hacen negocio con las macrogranjas. Sin embargo, como explica el investigador del Basque Centre for Climate Change, Pablo Manzano, en The Conversation, la línea no está tan marcada entre un sistema y otro: hay explotaciones de vacuno con un régimen de semilibertad, en el que las cabezas de ganado pastan con tranquilidad durante sus primeros años para posteriormente ser estabuladas. Su centro ya trabaja en una propuesta de etiquetado que será más compleja: no habrá solo dos tipos de carne identificados.

"Me gustaría hablar con Garzón sobre esto", reconoce Manzano en conversación con infoLibre, que explica que aún no han encontrado ningún financiador para su trabajo, que se propone hacer una propuesta de etiquetado. Para ello, hay que conocer mejor la realidad del sector. "Hay tres grandes cajones: intensiva, extensiva e industrial. Pero hay muchísima mezcla. No tenemos una idea de la estructura del sistema productivo para saber cómo actuar porque no hay estadísticas". Entre la macrogranja de 30.000 cerdos con el rabo cortado que jamás ven la luz del sol al pastoreo transhumante cuyos animales solo comen hierba hay un amplio gradiente. El especialista explica que la etiqueta ecológica de la UE no garantiza que los animales estén siempre libres o que los piensos sean generados en el territorio, por lo que no es suficiente para que los ganaderos extensivos destaquen su negocio.

Por otro lado, la etiqueta ecológica ahora vigente no garantiza que el cultivo o engorde se ha producido a miles de kilómetros, con el impacto que supone su distribución; o que el desarrollo no implica condiciones de precariedad, explotación o incluso esclavitud. De nada sirve lo ecológico si está sujeto a unas relaciones laborales criminales o humillantes. Es lo que defienden Laura Villadiego, Brenda Chávez y Nazaret Castro, periodistas del colectivo Carro de combate que en su último ensayo, Consumo crítico, abordan la capacidad de nuestras compras para cambiar el mundo –siempre que no se abandone la acción política colectiva y el abordaje de lo estructural sobre lo anecdótico–. Castro aborda en el capítulo dedicado a la alimentación el caso de las temporeras de la fresa en Huelva como exponente de que la producción industrial de comida con el objetivo de satisfacer bolsillos, en vez del estómago, solo se puede abordar mediante la explotación laboral.

Los empresarios freseros necesitan mano de obra abundante y rápida para recolectar un fruto que se estropea muy rápido. "Los contingentes contratados en origen se suman a la mano de obra autóctona y a las personas migrantes llegadas de países como Senegal y Marruecos, quienes, muchas veces indocumentadas, se ven obligadas a vivir en asentamientos de chabolas como los de Palos de Frontera y Moguer. (...) Son sometidas a todo tipo de abusos, desde la violencia sexual a la aplicación de descuentos ilegales sobre sus exiguos salarios: algunas de ellas terminan endeudadas. (...) Los abusos son antes la norma que la excepción, ante la pasividad de las autoridades y de la sociedad en su conjunto". Si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia el aumento de inspecciones, la patronal agraria se siente víctima de una campaña de persecución. Así está funcionando, por el momento.

Así, al calor de estas carencias han nacido en nuestro país iniciativas como Knowcosters, que invita a las empresas a explicar en el etiquetado de sus productos el impacto que ejercen sobre el planeta, sobre los trabajadores que ponen su talento y su cuerpo y sobre el mercado laboral, con el empleo que generan. Para Castro, en conversación con infoLibre, las certificaciones al margen de la etiqueta ecológica de la UE son aún más complejas y poco trazables. "La imposición de calidad se ha desplazado del Estado a las empresas privadas. Me han contado temporeras de la fresa que los empresarios, en algunas fincas, les dicen: las más bonitas, las separáis a otra caja y esas las vendemos como ecológicas".

Castro defiende un cambio de paradigma que, a su juicio, va más allá del debate demasiado simplista entre ganadería extensiva e intensiva, o entre agricultura ecológica o no ecológica. "Cambiar el modelo debe abordar esas diferentes dimensiones a la vez. En Latinoamérica, cuando escuchan el discurso de intensiva no, extensiva sí se echan las manos a la cabeza, porque allí la ganadería extensiva es una de las causas tradicionales de avance de la deforestación sobre los ecosistemas".

La posible solución y la manera de ejercer el consumo crítico puede pasar por los grupos de consumo, donde existe un contacto directo entre el productor de los alimentos y los consumidores, sin distribuidores que oculten el origen de la comida; o los supermercados cooperativos, que pretenden bajar el precio de la carne o las verduras más respetuosas con el entorno sin el ánimo de lucro de Mercadona. La Osa (Madrid), Supercoop (Manresa) o A Vecinal (Zaragoza) son algunos ejemplos. "Quienes desde el activismo del consumo y la economía social y solidaria se movilizan en busca de un modelo alimentario más justo y sostenible saben desde hace tiempo que la gran distribución es uno de los mayores escollos", defiende Carro de combate en su ensayo.

El "activismo del consumo", como llaman las autoras a preocuparse por el origen de lo que comemos y compramos, tiene límites: "Cuidado, sin embargo, con olvidar que los cambios individuales no bastan: deben acompañarse de la batalla política para modificar las reglas del juego existentes". Y, además, tiene escollos. Para empezar, los precios: por un lado, inflados por las grandes plataformas, que intuyen que lo eco está de moda, y por otro lado sujetas a la baja oferta y cada vez más alta demanda, que Bruselas intenta paliar con su paquete legislativo.

Un kilo de carne de vacuno extensivo es bastante más caro que un kilo de carne de vacuno intensivo. Pero Castro pide no hacernos trampas: el primer modelo no es suficiente para abastecer el voraz apetito carnaca del Norte Global, que come mucha más carne de la que necesita y de la que le conviene por su salud. Sin un cambio de dieta, no hacemos nada: no basta con comprar ecológico y ya. Y en esa transición, las lentejas y los garbanzos son mucho más baratos que el filete. "La carne producida en mejores condiciones es más cara porque es imposible que no sea así. Hay un componente cultural muy importante. La gente de mi generación asocia un mayor consumo de carne con un estatus, con buena salud, porque claro, nuestros abuelos pasaron hambre. Eso todavía hay que desmontarlo". Hay, incluso, una relación entre el chuletón y los roles de género: en concreto, con la masculinidad.

Y, por otro lado, otra barrera: estos cambios en los hábitos de vida siempre cuestan más entre las capas más pauperizadas de la población. Cuando las mayores preocupaciones pasan por llegar a fin de mes, cuando el sistema te empuja a la incertidumbre, es difícil hacer una lista de la compra responsable, es más complicado pensar en el origen de los alimentos, cuesta implicarse y no solo pagar el kilo de carne ecológica. Hace falta más información, sí, pero como reconocen las activistas, es esa brecha la más importante que salvar. La de clase.

El nuevo fantasma económico se llama inflación. En España terminó alcanzando el 6,5% el pasado diciembre, unas cotas que no se veían desde mayo de 1992. En Estados Unidos ha escalado hasta el 7%, la tasa más alta desde 1982. La de Alemania no se recordaba desde 1993. El principal culpable de la reaparición del fenómeno es el precio de la electricidad, el gas y el petróleo, en máximos durante todo 2021 debido, sobre todo, a las tensiones políticas con Rusia. Porque la inflación subyacente, la que mide el aumento de los precios excluyendo los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 2,1%. Aunque en diciembre ya creció cuatro décimas respecto al mes anterior y se sitúa como la más alta desde marzo de 2013.

Es decir, el aumento sostenido de los precios del gas, los carburantes y la electricidad está empujando al alza también al resto de la cesta de los productos con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora el Índice de Precios al Consumo (IPC). Y, cuanto más tiempo se mantenga la energía en niveles récord, mayor será el contagio inflacionista en el resto de la economía.

Según el INE, además de la vivienda, debido al recibo de la luz, los productos que más han contribuido a disparar la inflación han sido ciertos alimentos, así como los hoteles y restaurantes, y el transporte. Entre los primeros, las hortalizas y legumbres han subido un 8% en lo que va de año, dice el INE. Los precios en Mercasa, la empresa pública que gestiona la red de mercados mayoristas de la alimentación –Mercamadrid, Mercabarna, Mercabilbao, Mercasevilla– dan una buena idea de lo ocurrido en 2021. Las judías verdes que en octubre se vendían a 1,6 euros el kilo terminaron en diciembre a tres euros, el doble. Las alcachofas llegaron a los 3,5 euros en noviembre. Estos son precios medios y en el escalón mayorista. En el supermercado experimentan el tirón final que daña el bolsillo del consumidor.

Otro tanto ha ocurrido con la carne de vacuno. La ternera en Mercamadrid se vendió a 5,24 euros el kilo en diciembre, cuando en junio no superaba los 4,6 euros. Casi un 14%.

Mucho más ha subido el aceite de oliva, que, después de años con los precios hundidos en origen, despegó con fuerza el año pasado. En junio de 2020 el virgen extra cayó hasta 197,7 euros los 100 kilos, pero en estos primeros días de enero se ha encaramado en los 336,3 euros, según las cotizaciones de POOLred. El INE cifra en un 26,7% la subida en la cesta de la compra del precio del aceite de oliva en 2021. Entre las leguminosas, aunque en España no se consuma, destaca el alza del precio de la colza, que se ha duplicado en un año, hasta los 800 euros la tonelada.

“Los costes de producción han tenido un aumento espectacular”. Así explica a infoLibre un portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) el encarecimiento de los alimentos. La subida del precio del gas también ha disparado el de los fertilizantes, algunos de los cuales se elaboran a partir de su refino. Si a ello se suman el alza de los productos fitosanitarios, atrapados como otros miles de mercancías en los cuellos de botella de las cadenas de suministro, y el ascenso de los combustibles y de la electricidad, la escalada en la factura del supermercado es inevitable. Lo que no significa que el aumento de los costes de producción “haya llegado al campo”, se queja el sindicato agrario. Se la están llevando, acusa, “los intermediarios, la industria y la distribución”. A juicio de UPA, en el encarecimiento final de los alimentos también hay un componente especulativo. “El reparto de valor en la cadena alimentaria no es justo”, resume su portavoz.

La leche, por ejemplo, subió un 5,1% en 2021, según el INE. Pero al ganadero le pagan 34 céntimos el litro: ha subido nueve céntimos para el consumidor, pero sólo tres para el productor. La industria que le recoge la leche al ganadero presiona los precios en origen a la baja. Como consecuencia de ese ahogo, dos explotaciones lácteas al día desaparecen en España, asegura UPA.

También ha resultado extraordinaria la variación en el precio de los cereales. Tanto el trigo blando, que se usa para hacer pan, por ejemplo, como el trigo duro, para fabricar pasta, empezaron a subir en verano. El blando, que tuvo una cotización mínima en junio de 2020 de 186,33 euros la tonelada, en diciembre de 2021 se había instalado en 326,87 euros. El duro se disparó aún más y se paga en enero de este año a 538,33 euros, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Agricultura. Para ambas variedades, son niveles máximos desde 2010. En lo que va de año, el trigo duro ha doblado su precio en origen. Y en los cereales, además del aumento de costes derivado de la inflación energética, hay que culpar a la especulación, acusa de nuevo UPA. Fue a partir del verano, una vez acabada la campaña y con el grano en los silos, cuando empezaron a despegar los precios del cereal, en un año de cosechas normales en todo el mundo, destaca el sindicato agrario.

Para el consumidor, dice el INE, el pan ha subido un 3,8% y más aún los bollos, un 4,1%. Para Asemac, la patronal de la industria de panadería, la culpa de ese encarecimiento la tienen los desajustes entre la oferta y la demanda mundiales de cereales panificables, los precios de la energía y el aumento de los costes de transporte.

El transporte es, según el INE, el tercer responsable de la escalada inflacionista. Una rúbrica que incluye los carburantes y el transporte de viajeros. Pero no el de mercancías. Las asociaciones de transportistas convocaron un paro en diciembre en protesta por los elevados precios del gasóleo, que subieron un 35% en 2021. “Por la atomización del sector nos resulta muy difícil repercutir esa alza a los clientes”, lamenta Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, “nos pasa como a los agricultores; en nuestro caso son las grandes superficies, los distribuidores y fabricantes, los cargadores, quienes imponen una política de precios bajos en el transporte”.

Esa imposibilidad, no obstante, va a durar poco. Los transportistas le han pedido al Gobierno, y el Ministerio de Transportes ha accedido, que a partir de febrero puedan aplicar una fórmula que les permitirá repercutir el aumento de precios en sus clientes de forma automática. En función del tamaño del vehículo, podrán trasladar de un 10% a un 30% la subida del precio medio anual del gasóleo. Pero hasta ahora, la escalada de los carburantes les ha costado casi 2.000 millones de euros en pérdida de ingresos, calcula Juan José Gil.

Aunque más peso en el aumento de la inflación han tenido los hoteles, cuyas tarifas se dispararon un 31,9%. Los paquetes turísticos nacionales, un 9%. Los últimos datos de coyuntura turística hotelera publicados por el INE en noviembre cifran en 88,3 euros la tarifa media diaria de los hoteles españoles por habitación ocupada, lo que se traduce en un aumento del 38% respecto al mismo mes de 2020. La tarifa media de un hotel de cinco estrellas se eleva hasta los 192,5 euros. El precio de la electricidad no es más que otra piedra en el camino de la recuperación para el sector del alojamiento, que sigue sufriendo en primera línea la sexta ola de la pandemia. De hecho, la patronal Exceltur prevé que las ventas del turismo caerán un 33,2% en el primer trimestre de este año respecto a 2019, sólo por las incertidumbres asociadas a la variante ómicron.

Los bares y restaurantes no han subido tanto sus precios. Según el INE, un 2%. Aun así, es la tasa más alta desde junio de 2009, como destaca CEHE, la patronal de la hostelería. En su caso, la organización empresarial atribuye el dato no sólo al encarecimiento del recibo de la luz, sino también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, se trata de un sector “muy sensible al alza de los alimentos, las bebidas, el aceite…”, resalta. De hecho, los refrescos han subido un 11,7% y los zumos, un 6,3%, muchos más de lo que lo han hecho los licores, apenas un 0,5% y la cerveza, un 0,7%, mientras que ha bajado el vino, un 0,3%.

Con un año 2021 renqueante y un primer trimestre de 2022 que se avecina “muy malo”, a bares y restaurantes ya no les queda “pulmón” para recuperarse, apunta CEHE, y las pérdidas de márgenes, ya de por sí estrechos en el sector, se sitúan en los tres puntos. Es el efecto de la contención en precios a la que se está sometiendo la hostelería. “Los clientes son muy sensibles a las subidas, especialmente en estos momentos, cuando sufrimos una crisis de asistencia, así que no nos queda más remedio que asumir el alza de los precios y no trasladarlos”, explica su portavoz.

En cualquier caso, estas subidas palidecen aún frente al encarecimiento del recibo de la luz, el origen de casi toda la inflación antes descrita. Según los datos del INE, el precio de la electricidad se disparó un 72% el año pasado, el gas natural un 11,3%, el butano un 33,3% –ha subido un 5% más desde este martes–, el gasóleo un 24,6% y la gasolina un 23%.

Tampoco se han quedado atrás en la escalada inflacionista los bancos que, para apuntalar sus márgenes, han subido sus comisiones un espectacular 10,6%. Otro efecto inesperado del confinamiento: el precio de las bicicletas se ha disparado un 8,1%, el doble que el de los coches.

A Pablo Casado le gustan las granjas. En campaña electoral no pierde ocasión de hacerse fotos rodeado de lechones, terneros y plantaciones. Él dice que es porque tiene un fuerte vínculo con la agricultura y que por eso la conoce de primera mano, aunque los datos digan lo contrario. 

Este mismo viernes el líder del PP visitará una explotación ganadera en Castilla y León en el marco de la campaña que su partido ha puesto en marcha para acusar al Gobierno de estar en contra del campo en general y del sector de la carne en particular. Como aperitivo, horas antes concedió una entrevista al programa de televisión Espejo Público (Antena 3 TV) en el que negó hechos comprobados como el excesivo consumo de carne o que las macrogranjas contaminen. Lo que sigue es un análisis de sus palabras.

1. “Yo tengo que decir que España tiene la mejor carne del mundo”. 

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó sin dudarlo que “España tiene la mejor carne del mundo” y propuso “una campaña internacional para reivindicarlo”. 

Aunque no hay estadísticas objetivas que prueben esa afirmación, sí existen certámenes internacionales de referencia que cada año eligen las mejores piezas de carne del planeta, como el World Steak Challenge que se celebra en Irlanda. Y aunque entre los premios de consolación sí aparecen productores españoles (de ganadería extensiva) no hay ganadores de nuestro país. En las tres últimas ediciones se impuso una explotación danesa, JN Meat International. En la última lo hizo gracias a un ejemplar criado en Finlandia, un novillo de 16 meses de edad que había sido alimentado diariamente con pasto y una ración de entre 300 y 500 gramos de chocolate.

2. “¿Por qué viene un ministro a decir que tenemos que cambiar la dieta si la dieta mediterránea española es la segunda mejor del mundo en base a que vivimos más que cualquier otro?”

Casado se refiere a la esperanza de vida al nacer: “España tiene la segunda longevidad más larga del mundo después de Japón”, insistió.

No es verdad. Lo fue durante un tiempo pero en los últimos años varios países ya han superado a España en esa clasificación: somos el quinto país según los datos que maneja el Banco Mundial (por detrás de San Marino, Japón, Suiza y Singapur) y el cuarto si preferimos los criterios de la OMS (por detrás de Japón, Suiza y Corea de Sur). Y aunque España fuera el primer país en esperanza de vida, no es un criterio médico vincular a ese dato el consumo de carne. 

En todo caso, la carne no forma parte de la dieta mediterránea, en la que los alimentos recomendados son cereales, legumbres, frutos secos, hortalizas, fruta entera y fresca, pescado, marisco, huevos, queso, yogur y aceite de oliva. La carne no sólo no está en esa la lista sino que, aunque se consiente su consumo ocasional, siempre ha sido desaconsejada.

3. “En España lo hacemos [consumir menos carne]” 

Son incontables los estudios científicos y los informes de sociedades médicas que advierten de los riesgos de un consumo excesivo de carne. 

En el año 2015 la Agencia para la Investigación contra el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que la ingesta de carne procesada, como charcutería, salchichas y beicon, puede causar cáncer de colon y recto (basta una ingesta diaria de 50 gramos para que el riesgo aumente un 18%) y situó estos alimentos en una lista de productos en la que están también el tabaco y el amianto. También concluyó que la carne roja es probablemente cancerígena. 

La FAO propone un consumo medio diario de 58 gramos de proteína por persona y día y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) recomienda hacer una ingesta moderada de carne. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 consumimos 49,86 kilos de carne por persona. La cifra es aún mayor en comunidades como Castilla y León (57,48 kg), Navarra (56,21 kg), Aragón (55,36 kg), Baleares (53,93 kg), Castilla-La Mancha (53,27 kg) y País Vasco (53,13 kg). Es un volumen muy por encima de las recomendaciones de la OMS, que pone el listón saludable en 21 kilos anuales.

Hay estudios científicos que aseguran que el incremento del consumo de carne roja aumenta la probabilidad de muerte en un 7% y que ese porcentaje sube hasta un 13% si la carne es procesada.

La paradoja es que la reducción del consumo de carne y el impacto de la ganadería en el medio ambiente forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de los acuerdos climáticos de París que Casado y el PP tienen a gala haber apoyado siempre.

4. “El sector se siente muy atacado por un Gobierno” que habla “de las supuestas macrogranjas que maltratan animales y exportan carne de mala calidad. Es un disparate que un ministro hable mal de España”. 

“Yo reivindico que las granjas en España tienen unos estándares de calidad y de respeto a los animales que les hacen poder exportar carne de la máxima calidad”, aseguró también el líder del PP.

Tampoco es cierto. Textualmente, lo que dijo el ministro Alberto Garzón fue que la carne de las macrogranjas es de “peor” calidad que la procedente de la ganadería extensiva, no de “mala” calidad. 

Y no es el único que lo piensa. Es lo que defienden los ganaderos de las explotaciones tradicionales extensivas y una evidencia en cualquier mercado: la carne más cara es siempre la de ganado procedente de exportaciones extensivas precisamente porque, a juicio de los consumidores, es de mejor calidad.

Lo que Casado llama “bienestar animal” son cerdos, aves y terneros que pasan la totalidad de su vida en espacios cerrados, a veces sin ver nunca la luz de sol, sin sitio para moverse, alimentados exclusivamente con piensos y a los que se sobremedica para evitar que enfermen como consecuencia de sus condiciones de vida. Este vídeo de Greenpeace es un buen ejemplo, aunque por la crudeza de las imágenes para verlo hay que confirmar que se es mayor de edad:

5. “El problema es el ataque al campo”. 

Casado acusó a la vicepresidenta Yolanda Díaz de decir que “la agricultura en España era esclavista” . Y añadió que “se dijo” que “las vacas contaminaban muchísimo y que era una modalidad que teníamos que empezar a reducir en base a una dieta de quinoa o de productos que ni siquiera se producen mayoritariamente en España. Es un cinismo porque esos productos vienen en barco y también contaminan”, remachó.

En realidad, Díaz nunca dijo que la agricultura en España era esclavista. Lo único que hizo su departamento, el Ministerio de Trabajo, fue enviar inspectores a las campañas agrícolas de mayo y junio de 2020. Entre sus materiales de trabajo estaba un cuestionario que incluía preguntas a los trabajadores del campo dirigidas a detectar posibles situaciones de servicios forzados, esclavitud o servidumbre.

Que el ganado contamina es un hecho. El sector agrícola es responsable del 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y el 14,5% del total proceden de la ganadería, tanto como el transporte mundial, según cálculos oficiales. 

Eso sin contar con que la mayor parte de la alimentación del ganado en explotaciones industriales en España se basa en la soja, un producto del que la Unión Europea es extremadamente deficitario y que se importa por barco de países de América (Brasil, Argentina y EE UU). El 87% de la soja importada por la UE se destina a la producción de piensos para la alimentación de ganado. En 2018 España fue líder en la producción de piensos dentro de la UE con 34,5 millones de toneladas.

6. “La regulación (de las macrogranjas) es tremendamente exigente”. 

Casado se refiere a las normas europeas porque afirma “que las macrogranjas son mucho más habituales en países del norte y de centroeuropa, por ejemplo Alemania”. Pero también alude a España: “La regulación española es muy exigente. Y depende de Garzón”.

España ha regulado el tamaño de la explotaciones avícolas y porcinas pero todavía no tiene una norma para el ganado vacuno. El Ministerio de Agricultura la somete a información pública desde hace meses, porque es de quien depende, no del departamento de Consumo que dirige Alberto Garzón.

Uno de los problemas a la hora de hablar de la regulación de las macrogranjas es que no existe una definición legal. La habitual es utilizar esta denominación para aludir a la ganadería industrial de explotación intensiva que concentra una gran cantidad de animales confinados en un área demasiado pequeña en la cual no se puede producir el alimento ni gestionar de manera segura los excrementos. Es clave dentro de este concepto que en ellas los animales no pueden expresar su comportamiento natural y son cebados con el único objetivo de producir mucho, rápido y barato.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "por motivos de espacio" el periodista del diario británico The Guardian tuvo que excluir información de su entrevista y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que ponía en tela de juicio la carne que se exporta desde España ha sido impulsado por el "lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes".

Así lo ha explicado este martes Garzón a través de dos mensajes en su perfil de Twitter que ha acompañado de la transcripción completa de lo que dijo en la entrevista, ha recogido Europa Press.

"Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados", ha tuiteado en el primer mensaje.

Según el ministro, la entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre, pero "el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes...". "Y el resto ya lo sabéis", ha señalado.

Preguntado sobre cómo lograr el apoyo de los ganaderos y cambiar la mentalidad de los españoles para reducir el consumo de carne, Garzón explica que hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la extensiva. "Esta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura", insiste, "pero esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas".

Además, según la transcripción adjuntada, el titular de Consumo asegura que "nunca" ha dicho que no hay que comer carne, sino que hay que reducir su consumo. "Nosotros sabíamos desde el principio que era un tema que iba a ser polémico, pero que era necesario", sostiene.

La España vaciada está en pie de guerra contra la ganadería industrial o intensiva. España vaciadaUn modelo de explotación animal que contamina el aire, la tierra y las aguas, intensivo en recursos y donde, explican sus detractores, la dignidad de vacas, cerdos, gallinas u ovejas ni se respeta ni se puede respetar. No sirven tampoco para fijar población ni para crear empleo a niveles relevantes. "Todo lo que destruyen es mucho más de lo que crean", explica la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que agrupa las decenas de pequeñas luchas que cada vez gritan más fuerte. Por ahora, sin respuesta por parte de las instituciones. Solo tres comunidades barajan o aplican una moratoria para nuevas explotaciones. Y se necesitan, apuntan los activistas, medidas a nivel estatal. Las que hay no impiden la avalancha, sobre todo porcina, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no se le percibe la más mínima intención de limitar la actividad del sector. 

Dos noticias han tenido impacto en estas últimas semanas a nivel nacional, relacionadas con la ganadería industrial, y que han sobrepasado la barrera de lo local. Por un lado, una investigación periodística que demuestra el papel de la contaminación ganadera en la crisis del Mar Menor. Por otro, la entrada de activistas de Greenpeace en una explotación de Castilléjar (Granada), que puede producir hasta 651.000 lechones al año. La empresa al frente es Cefusa, del Grupo Fuertes, dueña de la conocida cárnica El Pozo. Las imágenes pueden ser duras de contemplar. "Los ratones campan a sus anchas por las naves y entre los lechones, las cerdas están tumbadas y pariendo sobre sus propias heces, se ven decenas de lechones muertos en las parideras y pasillos y los lechones están hacinados. Es la imagen del modelo que ha convertido a España en una potencia de la carne de porcino a nivel mundial". Según los cálculos de los activistas, se trata de la instalación porcina que más metano (gas de efecto invernadero) y amoniaco emite del país. 

A pequeña escala, los purines –mezcla de defecaciones de los animales, restos de pienso y agua– son beneficiosos para la agricultura de la zona, dado que abonan la tierra. A gran nivel, con macrogranjas como la de Castilléjar, los purines son un problema medioambiental que contamina la tierra, dejándola yerma, y los recursos hídricos. Los nitratos, las principales sales contenidas en estos restos, aumentaron su presencia en las aguas subterráneas españolas un 51,5% de 2016 a 2019, y los acuíferos más afectados coinciden con las zonas de mayor explotación animal.

España debe atajarlo cuanto antes, no por la opinión de Greenpeace, sino por el ultimátum que el país recibió de la Comisión Europea en julio de 2020. "Nos han vendido como subproducto algo que no lo es", denuncia Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Repite mucho una palabra: "mierda". La "mierda" que, explica, dejan las granjas en sus campos, que genera infertilidad, plagas de moscas, malos olores, depreciación del valor de las casas y aún más despoblación en la España rural. 

Los datos muestran que las explotaciones tanto bovinas como porcinas, las dos con más impacto socioambiental, no dejan de crecer y disfrutaron de un gran crecimiento en 2021. Solo en el último año, según el censo del Ministerio de Agricultura, se pasó de 86.190 granjas de cerdos a 88.205, el mayor aumento en cuatro años. Las granjas de vacas crecieron un más modesto 0,41%, pero el aumento de cabezas de ganado fue del 1,22%. La alta demanda por parte de China, afectada durante muchos años por una epidemia de gripe porcina, estimuló la oferta española. Y también la respuesta por parte de las organizaciones. "Nos estamos manifestando fin de semana sí, fin de semana no, en muchos pueblos pequeños de la España vaciada", explica Lozano. La unión hace la fuerza, consideran: el objetivo es dar visibilidad a la lucha a nivel estatal, más allá de los conflictos locales, que cifran en más de 70 en toda España. 

Los activistas están muy descontentos con la respuesta de las administraciones, tanto estatales como autonómicas. Cataluña tiene vigente una moratoria de nuevas explotaciones, que, según demandan los ecologistas, debe ampliarse a todo el país porque, de otra manera, solo se traslada el conflicto de una comunidad a otra. Navarra también aprobó una moratoria pero solo para la ganadería industrial bovina, y Galicia se lo está pensando. El resto de autonomías hace oídos sordos. Y la competencia es autonómica. Pero el Gobierno central, explica Luis Ferreirim, de Greenpeace, puede hacer mucho más. Está en sus manos regular de manera restrictiva la contaminación por nitratos y puede legislar sobre las cabezas de ganado. 

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura sacó unos meses a consulta pública un decreto de ordenación de la cabaña bovina en el que se pone límite a las nuevas explotaciones: solo pueden albergar 725 vacas de ordeño y 1.400 terneros de cebo. Para Greenpeace, es un buen paso, pero insuficiente: ni es retroactivo ni las cifras se adecúan "a lo que la Unión Europea marca en la Directiva de Emisiones Contaminantes, que considera granjas potencialmente contaminantes a partir de 300 vacas de ordeño" por el metano que emiten los animales. "Que por lo menos sea congruente. En la situación actual no podemos seguir autorizando explotaciones intensivas. No podemos seguir este ritmo". 

La ganadería porcina ya tiene su propia norma de ordenación. Pero los límites que establece son, a juicio del activista, ridículos. "Las limitaciones que pusieron son un poco... no sé cómo decirlo. Dejan la puerta abierta a que esté ocurriendo lo que está ocurriendo". El máximo son 7.200 cerdos... por explotación, pero un mismo proyecto puede contar con una decena de explotaciones. Es decir, 72.000 cerdos: es lo que permite el tamaño colosal de la macrogranja de Castilléjar. No hay ninguna intención manifestada por el Ministerio de Agricultura de reformar la norma y no han contestado a las preguntas de infoLibre al respecto.

Lozano también lamenta los oídos sordos de las administraciones. "Del porcino no se habla. No creo que vayamos a tener respuesta", admite, pesimista. La activista describe varias de las trampas que denuncian las organizaciones locales: verter los purines directamente en la tierra, sin enterrarlos, y disimular cuando pasa el Seprona; o la principal, pedir una evaluación ambiental que es concedida y, a posteriori, cambiar las condiciones para albergar más cabezas de ganado o aumentar la contaminación, sin pedir permiso ya que se consideran modificaciones no relevantes de la actividad. "Las evaluaciones se deben endurecer y se deben valorar en conjunto. Si en un pueblo hay tres explotaciones, pues ya no caben más. Cada cerdo consume 10 litros de agua cada día. Lo comparas con lo que bebe la población de los pueblos y...", denuncia. 

No hay rastro en las palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, de que piense abordar el problema. "El patrimonio ganadero de España es uno de los motores claves de nuestro medio rural", aseguró el pasado 28 de septiembre. ¿Cuáles son los principales "retos" que afronta el "sector", en su opinión? "Conseguir más valor, para lo que resultan esenciales la innovación y la digitalización, novedades que, ha dicho, son ya una realidad", recoge el servicio de comunicación de Moncloa.

Por su parte, la patronal del cerdo en España, Interporc, ha criticado duramente a Greenpeace por entrar en la macrogranja de Castilléjar. "Estas exigentes medidas, que prohíben entre otras cuestiones la entrada de personal no autorizado y que no cumpla las estrictas normas de bioseguridad e higiene, son absolutamente necesarias para evitar perjuicios sanitarios al propio ganado, favorecer el bienestar animal y mantener el estatus sanitario de máximo nivel de la cabaña porcina española, pasaporte imprescindible para llevar la carne y los derivados del cerdo de capa blanca español a más de 130 países de todo el mundo". Es decir, culpan a Greenpeace de afectar al bienestar de los cerdos con una campaña que denunciaba condiciones de hacinación y suciedad de los mismos cerdos. 

Interporc insiste en que las granjas cumplen la ley en cuanto al bienestar animal. Muchas de las condiciones en las que se mantienen los cerdos, como la completa ausencia de movilidad o la mutilación de los rabos para que no se los muerdan entre sí por el estrés, son recogidos por la normativa. Además, el sector, defiende la organización, es "referente internacional en sostenibilidad", a pesar de que la contaminación haya sido señalada por la Comisión Europea. "El sector ha conseguido disminuir en la última década un 30% el uso de agua por kilo de carne producido y reducir en más de un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 15 años". Pero, como suele ocurrir cuando se saca la eficiencia a producir, el aumento descontrolado de la actividad echa por tierra las mejoras. 

Tiene España ya lo tantas veces anunciado y casi siempre bien disimulado: una ultraderecha a la altura de las redes sociales y la Semana Santa, una extrema derecha moderna en definición 4K que quiere hacer de España algo grande, más grande si cabe. Tiene España también su Santiago Matamoros, Abascal, que no se corta un pelo de la perilla califal a la hora de decir que este país es para los españoles y que la familia estuvo antes que el Estado; y que los toros y la caza mayor, se respetan, coño, porque así lo manda la tradición. Lo más inquietante del asunto es que ahora parece que todo el mundo vio venir la manada que se desplegaba desde los invernaderos de El Ejido hasta el frente de Madrid, que los politólogos ya sabían y los genios estadísticos también, pero nadie se dio cuenta de que son, al menos, 400.000 esos desafectos de la democracia que caminan con paso firme a dar otro trabucazo electoral este año que comienza.

La Reconquista (en las banderas de fachada hemos pasado del águila al toro y de este, a la Babieca del Campeador, como si fuera el horóscopo chino) que esta formación pretende, con ganchos electorales como la abolición del Estado de las Autonomías y la ley de violencia de género, hace pensar que hay estudios de mercado habilitados para que alguien compre la mercancía, en cierto modo la misma que le valió a Trump la conquista del reino americano: desprecio al sistema democrático, proteccionismo a ultranza, unas migajas de buena conciencia para los pobres (si son españoles) y las familias numerosas (trenes gratis) y mucha, mucha, intoxicación y mala hostia en las redes, los perfiles, los digitales, la televisión, los medios.

El alunizaje en el escaparate electoral ha sido de todos modos tan poderoso que ha hecho un corrimiento de tierras entre el PP y Ciudadanos, que mal disimulan ahora sus componendas en el arte de convertir a la ultra al buen gobierno, después de despellejar a los jacobinos por pactar con golpistas que no respetan ni los toros, ni las procesiones y, mucho menos, la unidad de España.

Estamos donde solíamos. Cabreados, precarizados, desnortados. Por eso, y porque empezamos otro año, encomendamos a nuestros cronistas que nos cocinaran una portada esquizofrénica: de una parte Vox, de otra los pecados carnales; el profeta y la chuleta en la misma mesa. Supongo que habrá lectores a los que se le indigeste el menú orgánico. Para ellos, lo mejor es que cojan la revista por la última página y dibujen, ayudados por el lápiz de Leonard Cohen, un brindis por la vida. Salud y feliz 2019.

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"Todo el mundo está muy concienciado de que si coge el coche está contaminando. Pero no todo el mundo sabe que, si come carne, también". Cristina Rodrigo, portavoz de la asociación ProVeg, explica así la próxima gran frontera de la acción climática: la ganadería y sus productos, que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)representan el 14,5% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se emiten a la atmósfera en todo el mundo. El ex economista jefe del Banco Mundial, Nicholas Stern, aseguró en 2009: "Si todo sigue como hasta ahora, las temperaturas subirán hasta cinco grados en un siglo y el sur de Europa será un desierto. Ser carnívoro se volverá inaceptable, como ahora lo es conducir ebrio". Pese a que el transporte y la industria sean los dos grandes señalados cuando hablamos de calentamiento global, la producción de carne, leche y huevos, entre otros alimentos, también influyen y mucho. No solo porque emitan, también porque consumen unos recursos de los que –como indican todos los estudios– vamos a disponer cada vez menos.

Cada español come, de media al año, 51 kilos de carne. Y no sale gratis, ni para nuestros bolsillos ni para el planeta. Según datos de la FAO, ese 14,5%, 7,1 gigatoneladas de CO2 equivalente por año en todo el mundo, tiene sus causas en la producción y elaboración de piensos (45%) y la fermentación de lo que consumen los animales rumiantes en el estómago, que genera metano expulsado a la atmósfera por sus flatulencias. La vaca es la más señalada: el 41% del CO2 de la ganadería es emitido por la producción de su carne y el 29% por la leche. La carne de cerdo y la carne y los huevos de aves de corral contribuyen con el 9% y el 8% respectivamente de las emisiones del sector.

La producción ganadera, además, requiere miles y miles de hectáreas para alimentar a los animales y hasta 15.000 litros de agua por cada kilo de carne de vacuno, según datos de la misma FAO. Teniendo en cuenta que el terreno fértil será cada vez más escaso debido a la desertificación y que el propio aumento de la temperatura que nos espera en los próximos años secará los ríos y dejará los recursos hídricos al mínimo, es razonable que la ganadería se ponga en el centro del debate: sin embargo, no está. Ni se la espera. "La ganadería es tabú en la acción climática. No se focaliza en eso. Ahora mismo ni se plantea el debate", explica Rodrigo. Su organización, ProVeg, tiene un objetivo marcado: reducir el consumo de productos de origen animal a nivel mundial en un 50% para el año 2040. No solo por razones éticas, en defensa de los derechos de los animales: también por nuestra propia supervivencia como especie.

A pesar de ser la causante de casi el 15% de las emisiones que provocan el cambio climático en el planeta, la ganadería no estuvo ni de lejos sobre la mesa en la última gran cumbre sobre el clima, en Bonn (Alemania). Como parte de los llamados sectores difusos, sí que está sujeta a una reducción vinculante de sus emisiones, que en el caso de España debe ser del 10% con respecto a los niveles de 2005. Pero ni se duda socialmente de su consumo, al menos de manera mayoritaria, ni está en las discusiones a nivel político, más centradas en las innegables prioridades: el fin del carbón como fuente de energía, el mercado de emisiones o el transporte en las ciudades.

La cuarta industria más potente

"Seguramente influye que, al menos en España, la industria cárnica es la cuarta más potente", cifra Rodrigo, que pone sobre la mesa otro dato: los 840 millones de animales cada año que son utilizados para el consumo humano en el país. Dado el tamaño tanto de la industria como del consumo, las soluciones para abordar el impacto ambiental de la ganadería no son fáciles. Según Proveg, todo pasa por la reducción en la carne, los huevos y la leche que comemos. Los ecologistas suelen poner el foco en la ganadería intensiva, de grandes granjas donde los animales, hacinados, producen sin pausa y consumen recursos sin parar, en contraposición a la ganadería extensiva, en la que las cabezas de ganado cuentan con hectáreas y hectáreas para pastar a sus anchas. Sin embargo, en palabras de Rodrigo, "no podemos pensar que esta segunda opción sea ecológica o respetuosa con el medio ambiente". Solo por el metano que emiten las vacas, y que según el experto en Biotecnología José Miguel Mulet es menos controlable con la ganadería extensiva, sería imposible mantener el ritmo actual de consumo aun evitando las granjas, señaladas por el polémico programa de Salvados.

El eurodiputado de Los Verdes Florent Marcellesi sí apuesta explícitamente por la ganadería extensiva en detrimento de la intensiva: "La industria de ese tipo es un peligro. Son macrogranjas que producen mucho y que dañan a los animales, al medioambiente y a nuestra salud", denuncia. Sin embargo, admite el matiz: la extensiva solo es planteable si comemos menos carne, básicamente porque no hay tanto pasto en España para mantener nuestros niveles carnívoros. Y para lograrlo, Marcellesi apuesta por "medidas a nivel municipal", sin esperar a una gran legislación transnacional. "Hay que llevar a cabo iniciativas para una dieta más sostenible. Promoviendo lunes sin carne, por ejemplo. Implantando menús vegetarianos en los colegios y facilitando que se instauren en los restaurantes", defiende.

Por lo tanto, dejar de comer tantos productos de origen animal está de las primeras en la lista de recetas, algo incluso recomendable en términos de salud, como ya ha advertido la OMS. Pero hay más.

En su informe de 2013, base de todas las teorías sobre ganadería e impacto ambiental, la FAO apunta a una mejora de las técnicas que se utilizan, además de dejar en evidencia a los Gobiernos y las instituciones ante ya ya por entonces evidente inacción. "Según se estima, se podría reducir hasta un tercio de las emisiones del sector ganadero a corto o medio plazo recurriendo en mayor medida a prácticas y tecnologías eficaces y rápidamente disponibles", afirma el organismo. Mulet concreta, aunque algunas medidas, como reconoce, no serían demasiado populares. "Se puede tratar de minimizar la emisión de metano seleccionando la raza o con la dieta, optimizando al producción de soja y maíz que se utiliza como pienso, por ejemplo, utilizando transgénicos, algo que ya estamos haciendo desde hace casi 10 años".

El experto va más allá: cita el uso de hormonas en los animales para adelantar su crecimiento y usar menos pienso y agua, y el de animales transgénicos: modificados genéticamente. En el caso del cerdo, explica, está en desarrollo uno transgénico que permitiría un impacto ambiental mucho menor aprovechando el fosfato que consume. "Uno de los principales problemas de la ganadería porcina es que el maíz impide la absorción del fosfato y se elimina con las heces. Eso obliga a añadir suplementos de fosfato, pero el problema es que cuando las heces entran en contacto con acuíferos, por filtración o porque las tiran directamente, el fosfato hace que crezcan muy rápido las algas y las bacterias, creando una capa que impide que pase la luz al interior y mata todo el ecosistema", explica a infoLibre. No muchos animalistas estarían de acuerdo con este tipo de soluciones al problema.

El papel de la PAC

En el caso de la Unión Europea, tiene mucho que decir la Política Agraria Común (PAC), cuyas bases hasta 2020 están ahora mismo en un proceso de revisión. La PAC es uno de los principales instrumentos presupuestarios del club comunitario, que reparte recursos y posibilidades a agricultores y ganaderos de todo el continente. La Comisión Europea ha propuesto que, a partir de ahora, los Estados miembro asuman más responsabilidades en el diseño de la estrategia, proponiendo sus propios planes de gestión, adaptados a la realidad de cada territorio pero siguiendo siempre las líneas de la UE.

Está por ver qué sale de unas negociaciones aún por empezar, pero para ecologistas y animalistas sería una buena noticia que se abordara de manera decidida el melón sin abrir de la ganadería y el cambio climático. "La anterior reforma de la PAC 2014-2020 fue un fracaso", aseguraba en su blog Marcellesi, que en declaraciones a infoLibre defiende que la PAC "apueste por los pequeños agricultores y por la sostenibilidad", en vez de por las grandes explotaciones, a las que subvenciona generosamente, defiende. "Si se hace una reforma estética, no va a ir por buen camino", aunque aún es optimista. Por su parte, Rodrigo apuesta por una reforma fiscal que se plantee impuestos "en función de la carne no solo que más contamina, sino que más recursos consume", para alertar a los consumidores y desincentivar su consumo.

Justicia climática

Todos los actores, sin embargo, coinciden en que cuando se habla de reducir el consumo de carne, nos referimos al mundo etiquetado como desarrollado. Con Estados Unidos como indiscutible líder, la mayoría de países que lideran el top ten de consumidores de carne son del primer mundo. No se pueden obviar las connotaciones de la llamada justicia climática: que no paguen quienes no son tan culpables del desastre. En países menos desarrollados, que afrontan severos problemas de pobreza y malnutrición, es terriblemente pretencioso querer que consuman menos productos de origen animal. "Las comunidades infectadas por el VIH/sida, las mujeres y los niños tienen especial necesidad de alimentos altamente nutritivos como la carne. Para combatir de manera eficaz la malnutrición y la subnutrición, deben suministrarse 20 gramos de proteína animal per cápita al día", explica la FAO. También hay que abordar qué hacer con la cantidad de empleos que se perderían en el sector, y que se debe tener en cuenta en cualquier transición en el consumo. 

La solución no es, por tanto, un mundo vegano, sino que Occidente deje de abusar: para que todo el planeta pudiera consumir la misma proteína animal que la que consume la minoría privilegiada de los países ricos se necesitarían tres planetas, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Y el fin del abuso, desgraciadamente, no es negociable, porque o se ponen todos los esfuerzos en la mitigación del cambio climático o vendrá con más fiereza de la prevista, reduciendo los recursos al mínimo y haciendo desaparecer de nuestra dieta en décadas el filete de ternera. O comemos menos ahora o no comeremos nunca más, advierten los expertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha visto obligada a emitir un comunicado, recogido por Europa Press, para aclarar el informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), que asociaba el riesgo de cáncer con el consumo de carne roja y de carne procesada.

Así, tras recibir "una serie de consultas, expresiones de preocupación y solicitudes de aclaración", ha recordado que la revisión de la IARC va en la misma línea de las recomendaciones realizadas por la OMS en 2002, dentro de su informe Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas, que aconseja a la población el consumo moderado de carne para reducir el riesgo de cáncer.

"La última revisión de la IARC no pide a la gente dejar de comer carne procesada, pero indica que una la reducción de consumo de estos productos puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal", añade.

Asimismo, defiende la credibilidad de la IARC, una agencia que se estableció hace 50 años a través de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud –y cuyo programa de trabajo está aprobado y financiado por los Estados Miembros–, con el objetivo de crear un organismo independiente para el control de cancerigenos.

La OMS cuenta con un grupo permanente de expertos que regularmente evalúan los vínculos entre la dieta y la enfermedad. A principios del año próximo, estos expertos se reunirán para estudiar las implicaciones en salud pública de los últimos avances científicos y para conocer cuál es el lugar de la carne procesada y carne roja dentro del contexto de una dieta saludable.

La Comisión Europea ha confirmado el hallazgo de trazas de ADN de carne de caballo en productos etiquetados como carne de vacuno en 193 del total de 4.144 muestras analizadas en el conjunto de Estados miembros (el 4,66% de los casos) y 16 casos positivos de fenilbutazona de 3.115 muestras analizadas para detectar este potente antiinflamatorio de caballos, a partir de los resultados de las pruebas remitidas por los autoridades nacionales.

El Ejecutivo comunitario también ha confirmado la presencia de ADN de carne de caballo en otras 110 muestras de un total de 7.951 realizadas por la industria agroalimentaria europea, productores, procesadores y distribuidores, es decir, en el 1,38% de los casos.

España ya notificó la Comisión Europea que en su caso ha detectado ADN de equino no etiquetado en el 4% de las 189 muestras realizadas en productos etiquetados como vacuno en su caso y ha confirmado que no se han detectado ningún positivo de fenilbutazona, medicamento que está prohibido para animales destinados a consumo humano.

Sin tratamiento veterinario

La carne de caballo es un producto autorizado en la Unión Europea pero que debe cumplir una serie de estándares para entrar en la cadena alimentaria. Por ejemplo, cada caballo sacrificado para el consumo humano debe contar con un pasaporte sanitario que acredite que el animal no ha sido sometido a ningún tratamiento veterinario.

Según el comisario de Salud y Protección al Consumo, Tonio Borg, los resultados confirman que el escándalo de la carne de caballo detectada en productos transformados como lasañas y albóndigas en el mercado comunitario constituye "un fraude alimentario" en el etiquetado de productos "y no un asunto de seguridad alimentaria".

Borg ha dejado claro que, a pesar de que los casos detectados son "relativamente" bajos, resulta de "vital importancia" restablecer la confianza de los consumidores europeos y socios comerciales de la Unión en la seguridad de su cadena alimentaria.

Revisión del sistema de 'pasaportes' equinos

Por ello, el comisario ha avanzado que propondrá a los Estados miembros adoptar "nuevas medidas" para "reducir la posibilidad de abuso", entre ellas revisar el sistema de pasaportes sanitarios de caballos actualmente en vigor y que los Estados miembros establezcan sanciones y especialmente "penas pecuniarias" que sean "proporcionales" a las garancias obtenidas en el marco de prácticas fraudulentas.

"En los próximos meses, la Comisión propondrá reforzar los controles en la cadena alimentaria en línea con las lecciones aprendidas", ha prometido Borg en un comunicado.

La Comisión Europea y expertos de los Veintisiete se reunirán el próximo día 19 para discutir los resultados de las pruebas en toda la UE y si éstas deben prorrogarse, según ha avanzado el Ejecutivo comunitario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido este martes a través de un comunicado al Gobierno que publique de "forma inmediata" la lista de marcas que ofrecen a los consumidores productos cárnicos derivados del caballo y etiquetados como si fuesen de ternera en España.

Los análisis de los Ministerios de Sanidad y Servicios Sociales y del de Agricultura revelaron este lunes la presencia de ADN de caballo no etiquetado en el 4% de 189 muestras analizadas en productos etiquetados como vacuno. Las organizaciones OCU y FACUA-Consumidores en Acción, reclaman que se hagan públicos los nombre de las marcas fraudulentas y sus sanciones y piden al Ministerio que descarte de forma definitiva la existencia cualquier otro producto en el mercado español que contenga de manera fraudulenta carne de caballo. 

"Hay ocho productos en el mercado que son un fraude y no sabemos ni siquiera si son de la misma marca o de varias. Nos están engañando y es escandaloso que no hagan públicos los nombres, aunque sea por responsabilidad para con los consumidores", ha denunciado el portavoz de la organización de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, en declaraciones a Europa Press. 

Para ello, FACUA ha puesto en marcha una campaña favor de la "Lucha contra la falta de transparencia en los fraudes alimentarios" protagonizada por los actores Juanjo Puigcorbé y Alba García y el periodista Juanjo de la Iglesia con el fin de presionar al Gobierno y las Comunidades Autónomas para que reconozcan los alimentos que incurren en fraudes alimentarios.

Desde la OCU entienden que ocultar el origen de los productos servirá para "alimentar la desconfianza entre los consumidores hacia la calidad y la seguridad de los alimentos que consumen". Piden que se retiren dichos productos y que se haga de forma pública.

Está previsto que la Comisión Europea publique este martes los resultados de las 2.250 pruebas de ADN realizadas en alimentos procesados en países de toda la Unión Europea para determinar el alcance del fraude de la carne de caballo vendida como vacuno en productos transformados como lasañas y albóndigas.

España ha detectado ADN de equino no etiquetado en el 4% de las 189 muestras realizadas en productos etiquetados como vacuno, según informan el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad.

El titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha precisado que los resultados positivos en equino se han dado en la Región de Murcia (uno), el Principado de Asturias (uno), Castilla y León (uno) y Castilla-La Mancha (tres), y ha avanzado que el Gobierno revisará el cuadro de infracciones y sanciones en la Ley de Calidad Alimentaria.

Según Cañete, un 4% de positivos es un porcentaje bajo que demuestra que los mecanismos de detección "funcionan bien".

En el caso de los análisis efectuados para detectar el medicamento fenilbutazona, prohibido para animales destinados a consumo humano, se han analizado 108 muestras y no se ha detectado ningún positivo, lo que descarta un problema de seguridad alimentaria.

El Gobierno español ha trasladado a la Comisión Europea los resultados de los análisis efectuados para determinar el alcance del fraude el ADN de caballo en productos etiquetados con vacuno.

Análisis en toda Europa

Como consecuencia de los casos detectados desde mediados de enero de este año en Europa relacionados con practicas fraudulentas por presencia de ADN equino en productos cárnicos de vacuno, la Comisión Europea publicó la recomendación el pasado 19 de febrero sobre un plan coordinado de control para establecer la prevalencia de estas prácticas en la comercialización de determinados alimentos. Este plan se ha llevado a cabo durante el mes de marzo en los Estados miembros.

La Comisión Europea publicará mañana los resultados de las 2.250 pruebas de ADN realizadas en alimentos procesados de toda la Unión Europea para determinar el alcance del fraude de la carne de caballo vendida como vacuno en productos transformados como lasañas y albóndigas.

En España, se han llevado a cabo actuaciones coordinadas por parte de las Autoridades de Seguridad Alimentaria, Consumo y Fraudes tanto desde los dos ministerios, como de las comunidades autónomas, para dar cumplimiento al programa de control coordinado establecido en la recomendación.

Perseguir el origen del fraude

Así, en España se han analizado un total de 189 muestras para detectar ADN de caballo en productos no etiquetado. Esta cifra es un 26% superior a la determinada por Europa (150). Las muestras han sido analizadas en el Centro de Investigación de Control de la Calidad del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario, perteneciente al Ministerio de Agricultura.

En los casos de las muestras no conformes (4%), se han adoptado las medidas oportunas por parte de las autoridades competentes para evitar que estos productos, con identificación incorrecta, continúen en el mercado.

Por otra parte se están realizando las actuaciones de seguimiento correspondientes para la identificación del origen del presunto fraude.

Sin rastro del antiinflamatorio

Además, se han realizado en el marco de la recomendación europea análisis para determinar la posible presencia de fenilbutazona, un antiinflamatorio veterinario utilizado en caballos destinados a deporte y silla, espectáculos, etcétera, pero no a consumo humano.

Se han efectuado análisis en un total de 108 muestras, superándose ampliamente el número mínimo de muestras a realizar en el marco de este programa coordinado. Los análisis se han realizado en el Centro Nacional de Alimentación, y se han obtenido resultados negativos a la presencia de este medicamento en el 100% de las muestras analizadas, lo que descarta la existencia de un problema en materia de seguridad alimentaria.