Mientras los siete padres de la Constitución iban perfilando, paso a paso, los fundamentos del país europeo que queríamos ser, la Iglesia se retorcía en sus sacristías: tras siglos de reyes católicos, un insólito consenso ponía las bases de un estado ‘aconfesional’, un escalón por encima del Estado confesional pedido por unos y uno por debajo del Estado laico que otros propugnaban; el consenso era eso. En paralelo a aquellos debates de los padres, la Iglesia fue negociando con el Gobierno de la UCD su posición en la estructura del nuevo poder. La Constitución fue publicada el 29 de diciembre de 1978 (había sido promulgada el día 27, pero alguien pensó que si la publicaban el 28 la gente la tomaría por una inocentada) y el 3 de enero de 1979 se firmaba con la Santa Sede el nuevo concordato que, para evitar viejos resabios, se optó por llamar simplemente ‘acuerdos’.

Por entonces, una de las graves preocupaciones de los obispos era el divorcio, tentación en la que ninguno de ellos habría de caer. De tal forma que negociaron con el Estado encastillarse en su propio matrimonio, indisoluble y regido por el derecho canónico, en paralelo al matrimonio civil que, según el tsunami que se avecinaba, pronto iba a ser disoluble. El Gobierno aceptó encantado esta propuesta; bien es cierto que había enviado a Marcelino Oreja para negociar en su nombre, con lo que, en realidad, la Iglesia negoció los acuerdos con ella misma.

Cuando llegó 1981, España tenía un ministro de justicia bastante más listo que aquel negociador propagandista: Francisco Fernández Ordoñez, el socialdemócrata de la UCD, quien constató que, tras dos años de vigencia, la Constitución no había llamado a las puertas del Código Civil. Así que impulsó la Ley 11/1981, que hoy causa sonrojo pero no leyendo su contenido, sino leyendo los artículos que derogaba, recibidos en herencia de un franquismo añorado por las Esperanzas del reino: un código plagado de referencias a dotes, hijos ilegítimos y naturales, patria potestad paterna, gananciales en manos del marido... En esa ley debía regularse también el divorcio, pero era tantísima la presión de los entornos de la caverna (‘nihil novum’) que la aprobación se retrasó dos meses, hasta la Ley 30/1981, aprobada el día de San Fermín. Y entonces los obispos advirtieron estupefactos que, en aquel encierro, los toreados habían sido ellos.

Mientras que lo pactado en 1979 con la Iglesia contemplaba dos matrimonios distintos –igualmente válidos: uno canónico y otro civil, cada uno con sus propias condiciones, normativa y tribunales– la Ley 30/1981 alumbró dos... formas de contraer el matrimonio, que sería único: bien te cases en el juzgado o en la parroquia, el matrimonio es el mismo y es civil. La derivada insospechada se convirtió en obvia: aquellos que se casaran ante un sacerdote, jurando ante Dios llegar juntos hasta la muerte, podrían hacer de su capa un sayo y divorciarse sin problema. El matrimonio canónico quedaba convertido en una simple ‘forma’, una vestidura de tramoya, amparada y sometida a la jurisdicción del Estado. Los obispos entraron en cólera y el pobre Fernández Ordóñez se quedó sin poder ir a la procesión del Corpus en Toledo, vetado por el ordinario del lugar.

La presión que sufrió el Gobierno para no permitir la disolución del matrimonio nos parece hoy ridícula; y entiendo la desazón de aquellos gobernantes, insultados y zarandeados por los medios conservadores, cuando advirtieron que, aprobado el divorcio, sus oponentes ultramontanos fueron los primeros en correr al juzgado a divorciarse, suplicando que se les aplicara la ley que tanto habían denigrado.

Viendo lo sucedido entonces, y en otras tantas ocasiones que vinieron después, donde quienes luchan contra el reconocimiento de derechos luego los reclaman para sí, a veces me arrojo a pensar que la UCD debió hacer caso al compromiso pactado y limitar el divorcio a los matrimonios celebrados ante un juez y dejarse de mamandurrias: aquel que se casa ante un sacerdote, que no pueda divorciarse. Y estos divertimentos jurídicos inventados en noches de calor como el Tribunal de la Rota (que, ingenuo de mí, pensé que estaba en Cádiz) o el matrimonio roto y no consumado –con su jurisprudencia, tan aguda como procaz, sobre los coitos vestibulares, luego imitada por nuestro Tribunal Supremo para distinguir las violaciones intentadas, frustradas y consumadas– dejémoslos para su uso litúrgico; no les demos valor. Si el matrimonio por la Iglesia dura para siempre, que así sea. No hubiera llegado al nuevo siglo: nadie se casaría ante un sacerdote si no le dejaran divorciarse y volverse a casar.

La idea de dos matrimonios era antigua y un tanto inquietante: durante el franquismo existía un matrimonio civil restringido a quienes demostraran no ser católicos. Existía así una norma para los católicos y otra para los no católicos, a quienes se requería una declaración formal de ser apóstatas. Semejante planteamiento nos retraía al viejo principio de aplicación personal del derecho: normas diferentes para personas diferentes.

En realidad, este principio de aplicación normativa (para mí una ley, para ti otra) tiene una tradición milenaria: el derecho civil romano era solo el derecho de los ciudadanos romanos, pero no se aplicaba a los bárbaros aunque vivieran en el Imperio. En el Toledo medieval de las tres culturas –modelo al parecer encomiable de gente que vive en el mismo lugar pero no se mezcla–, cada una de las culturas o tribus se regía por sus propias normas. Y solo a medida que el Estado se consolidó como estructura de poder, se fue instaurando la aplicación territorial del derecho, que vincula por igual a todas las personas que se encuentran en el país, aplicado por unos mismos tribunales. Las resistencias a este avance democrático fueron inmensas y alguna pervive todavía hoy: el Ejército español, lastrado por una imponente inercia histórica (la misma que le permite ser hoy un reducto católico en un país aconfesional) sigue teniendo sus propias normas y sus propios tribunales. Al resto de españoles, salvando al Rey, se les aplica el mismo ordenamiento jurídico.

Que la UCD hubiese prohibido el divorcio a quienes se casaran en sagrado habría sido una completa insensatez, aunque hubiera puesto a los afectados ante el espejo de su propia hipocresía. Y es que cuesta tanto arrancar derechos al poder, hay que picar tanta piedra, que tienta la idea de abrir senderos paralelos para los afectos y para los desafectos. De esta forma, por ejemplo, podría aplicarse a la normativa de interrupción del embarazo el mismo régimen de los antiguos matrimonios civiles: el Estado, legítimamente preocupado por el equilibrio espiritual de las españolas, podría exigir a las mujeres que abortan una declaración de apostasía, protegiendo a las católicas y evitándoles la violencia moral de actuar en contra de sus convicciones. Estoy hablando en broma, lógicamente, una pura ‘boutade’, pero confrontemos el escenario: a los homosexuales que quisieran casarse, se les podría exigir un certificado de que no votan al PP. Ellos creen que casarse va en contra de la Constitución, y qué mejor cosa puede hacer el Estado que ayudarles a no incumplirla. Y otro tanto pasaría con la eutanasia: a los médicos que la objetan y a todos aquellos que se opongan a la ley, que no se les amortigüen los últimos sufrimientos, si hay riesgo de que los paliativos les acorten la agonía.

Los ejemplos se nos multiplican en las manos: para evitar el incordio de quienes alardean de difamar a las centrales sindicales pero se apresuran a pedir los moscosos que consiguen, podríamos convenir que los sindicatos solo negociasen las condiciones laborales de sus propios afiliados, como sucede en los Estados Unidos, dejando a los esquiroles y botargas compuestos y sin subida de sueldo. Visto que hay gente que no arrima el hombro y que se empeña en echar el ancla mientras otros reman, decidamos que no les alcancen los beneficios obtenidos a su pesar.

Lógicamente, ninguna de estas propuestas irrazonables y delirantes sería deseable, y quiero pensar que tampoco posible. Haremos bien en señalar las contradicciones de los que arrojan piedras a quienes construyen la casa y luego corren a refugiarse dentro. Pero los derechos tienen que ser universales, unos mismos para todos, porque todos los merecen. En el ámbito de lo público, lo ganado por unos beneficia al resto; tal vez ello convierta la lucha en más desigual, a veces descorazonadora, pero igualmente necesaria. Son las reglas del juego: en democracia no existen (o no deberían existir) normas privativas, lo que etimológicamente se denomina privilegio: la ley para unos. Aunque a veces el desahogo nos lleve a querer cerrar las puertas del hospital a quien no ha querido vacunarse (quien decide con libertad la causa, asume libremente la consecuencia), no sería justo. Y convendrá reforzar este principio en estos tiempos en que nos quieren llevar de vuelta al Medievo: defendamos unos mismos derechos, un solo matrimonio para católicos y apóstatas, un mismo convenio para sindicalistas e indiferentes, una sola norma para ciudadanos y extranjeros, para ricos y pobres, para ancianos con seguro privado de salud y sin seguro privado de salud... Lo contrario es el infierno de Dante, el sueño de nuestra querida ninfa Cariclo.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

El año 2021 ha vuelto a marcar un mínimo histórico en número de nacimientos en España tras registrarse un total de 336.811, la cifra más baja contabilizada desde que se tienen datos, en 1941, según el informe Movimiento Natural de la Población del INE, con datos provisionales del año pasado y publicado este miércoles, recogido por Europa Press.

Esta cifra de nacimientos supone una caída de un 1,3% con respecto a los números registrados en 2020 (unos 4.500 niños menos), y mantiene la tendencia a la baja que el INE ha registrado en la última década, solo interrumpida en 2014. De hecho, el informe determina que, en la última década, desde el año 2011 la cifra de nacimientos ha descendido un 28,6%.

En cuanto a las muertes, se redujeron un 8,7% en 2021, en relación a las contabilizadas en 2020, el año más trágico de la pandemia del covid-19. En total, fallecieron 450.687 personas, alrededor de 43.000 menos que en 2020.

De este modo, el año pasado volvió a haber más muertes que nacimientos en España, lo que supone un saldo vegetativo negativo de 113.023. Tal y como señala el informe, esta diferencia entre nacimientos y defunciones es la segunda más negativa desde que existen datos, en 1941, es decir, hace 80 años. Sólo la supera las 151.812 personas de 2020.

El número de medio de hijos por mujer se mantiene en 1,19, al igual que en 2020 y uno de cada 10 nacimientos fue de madres de más de 40 años, cinco puntos más que hace una década. De este modo, la edad media de la maternidad en España alcanzó un nuevo máximo en 2021, con 32,6 años frente a los 28,5 años de 1985.

A pesar del descenso de muertes en 2021, en el primer cuatrimestre de 2022 han vuelto a aumentar. Tal y como adelanta el INE, en datos recogidos por Europa Press, en las primeras 21 semanas del año ya se han contabilizado 138 fallecimientos más (192.822) que en el mismo periodo de 2021 (192.684).

Por el contrario, frente a la caída de nacimientos en 2021, el INE detecta un aumento de éstos en los que va de 2022, con respecto al año anterior: la estimación para lo que va de año es de 105.576, frente a los 104.467 del mismo periodo de 2021.

Mientras, las esperanza de vida aumentó en 0,73 años hasta los 83,1, con 85,8 años de media para las mujeres (0,77 más) y 80,2 para los hombres (0,65).

Otras de las cifras que el organismo es el aumento en un 63% del número de matrimonios en 2021, con respecto a 2020, 147.823. De ellos, un 83,3% fueron civiles frente al 16,7% de católicos.

Concretamente hubo 123.012 matrimonio civiles, con un crecimiento del 51,9% en 2021. Mientras, hubo 24.607 matrimonios religiosos, pero su aumento fue del 15% ya que estuvieron muy afectado por la pandemia.

La secularización avanza sin freno. Con datos de 2018 del CIS en la mano, el 68,7% de los españoles se definen como católicos. Son casi 10 puntos menos que hace una década. Pero, de estos, más de la mitad, un 56,2% no van "nunca" a misa (si no contamos bodas, bautizos y comuniones). Hay resultados que apuntan a una secularización aún más frenética. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Tomando como referencia el CIS, la adscripción a las opciones de conciencia no religiosa –ateos, agnósticos, no creyentes– no para de crecer: 8,5% en 1980, 9,8% en 1990, 13,2% en 2000 y 27% en 2018, su máximo histórico. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. Es decir, que la religión va desapareciendo inexorablemente de los convencimientos íntimos de los españoles.

Ante estos datos se suele oponer que existe –y es cierto– una arraigada religiosidad popular, más cultural que espiritual, que es difícil de cuantificar y que incrementa la influencia de la Iglesia católica en España más allá de donde llegan los números de filiación. No obstante, hay indicios que indican también un relajamiento en la práctica social de los usos religiosos. Es fácil observarlo con las bodas y los nacimientos.

En ambos aspectos, matrimonio y maternidad, se ha detenido en su último informe la Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. La conclusión que se extrae de su informe Laicidad en cifras: el retroceso de las bodas religiosas, acompañado por la cada vez mayor propensión a tener hijos fuera del matrimonio, demuestra que la posición de la Iglesia en la institución social de la que se dice principal valedora, la familia, ha quedado fuertemente minada.

  Maternidad: 46,79% fuera del matrimonio

Los nacimientos fuera del matrimonio no paran de crecer. Según los datos del Movimiento Natural de Población del INE, utilizados por el informe de la Fundación Ferrer i Guàrdia, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. La evolución sigue así:

– 1980: 3,92%.

– 1985: 7,96%.

– 1990: 9,6%.

– 1995: 11,09%

– 2000: 17,7%.

– 2005: 26,64%.

– 2010: 35,52%.

– 2015: 44,48%.

– 2017: 46,79% (último año del que hay datos).

El 46,79% es el porcentaje de todos los hijos nacidos en España fuera del matrimonio. El INE hace una distinción entre hijos de madres españolas y extranjeras. Las españolas dan a luz fuera del matrimonio más que las extranjeras: 48,14% frente a 41,08%.

En toda la serie, desde 1975, el porcentaje sólo ha bajado en 1994 con respecto a 1993, aunque de forma casi insignificante: del 10,75% al 10,74%. Todos los demás años ha subido. España está cerca de que más del 50% de sus bebés nazcan de madres no casadas.

  Matrimonio: La Iglesia, minoritaria

La Iglesia defiende un modelo de familia "tradicional", en el que la paternidad se retrase hasta después del matrimonio; de hecho, el sexo también debería retrasarse hasta después de pasar por el altar. Que casi la mitad de los niños que nacen en España lo hagan fuera del matrimonio demuestra el retroceso claro de su influencia.

A ello se suma que la boda religiosa está quedando arrinconada. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según una elaboración realizada por la fundación a partir de datos del INE. La serie histórica muestra una fuerte reducción del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta a la actual: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3% de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, cerca de un 97% siguen siendo católicos.

Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica fuertemente vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a la descendencia con una cierta vinculación con la institución y su campo de valores. La caída de las bodas religiosas, que además es una fuente de ingresos para las iglesias y parroquias, es común a todas las comunidades, pero no igual. Hay ocho autonomías con porcentajes de bodas religiosas por encima de la media:

– Extremadura: 31,5%.

– Castilla La Mancha: 30,2%.

– Andalucía: 28,7%.

– Región de Murcia: 26,6%.

– Aragón: 23,3%.

– Castilla y León: 22,1%.

– Comunidad de Madrid: 21,6%.

– Navarra: 20,4%.

Y nueve que están por debajo de la media:

– Cataluña: 9%.

– Islas Baleares: 10,4%.

– País Vasco: 11,1%.

– Cantabria: 13,1%.

– Canarias: 13,2%.

– Asturias: 15,6%.

– Comunidad Valenciana: 15,6%.

– Galicia: 18,3%.

– La Rioja: 18,6%.

La diferencia en el porcentaje de las bodas religiosas entre Cataluña (9%) y Extremadura (31,5%) asciende a 22,5 puntos.

  Un fenómeno imparable

El avance de la secularización no está impidiendo que la clave religiosa marque la dinámica política en España. Los posicionamientos de raíz católica están determinando la posición de PP y Vox en temas como la interrupción del embarazo y el fin de la vida. La Conferencia Episcopal ha pedido el voto para los partidos contrarios al aborto y la eutanasia, sin mencionar a PP y Vox. Y ambos partidos han convertido el catolicismo en seña de identidad política, incorporando el elemento religioso entre los rasgos definitorios del ser español. En paralelo, los datos reunidos en su informe por la Fundación Ferrer i Guàrdia nos muestran una sociedad que cada vez da más la espalda la Iglesia católica.

El fenómeno no es nuevo. El franquismo taponó por la fuerza un proceso de secularización que era previo a la Segunda República. Ya en democracia, la Conferencia Episcopal ha venido constatando su retroceso en la vida moral española en sus sucesivos planes pastorales. A la bajada de asistencia a misa se vienen sumando la pérdida de importancia de los sacramentos. Y, para colmo, hay una "extraordinaria escasez" de sacerdotes, como ha reconocido el propio Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. Hoy hay 6.117 sacerdotes menos que parroquias, según un informe publicado por Elindependiente.com.

No es fácil medir la religiosidad de una sociedad. Los sentimientos recónditos se resisten a la tipificación. Y además la formulación de la pregunta puede ser deteminante para obtener un resultado u otro. Con datos de 2018 del CIS en la mano, el 68,7% de los españoles se definen como católicos. Son casi 10 puntos menos que hace una década. Pero, de estos, más de la mitad, un 56,2% no va "nunca" a misa (si no contamos bodas, bautizos y comuniones). Hay resultados que apuntan a una secularización aún más drástica. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Son más de 30 puntos de diferencia entre el CIS y Win/Gallup. La coincidencia cualitativa es clara: la secularización avanza al galope. Pero su cuantificación es más complicada. Ahora bien, hay indicadores que son elocuentes, incluso más que la respuesta a una pregunta sobre adscripción religiosa. Por ejemplo, el porcentaje de bodas pasando por el altar.

El santo sacramento del matrimonio trae malas noticias para la Iglesia católica española La Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, ha hecho este martes público su informe Laicidad en cifras 2018, en el que pone el foco –entre otros– en el porcentaje de matrimonios por tipología. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según una elaboración de la fundación a partir de datos del INE.

La tendencia ha sido a la reducción drástica del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3 de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, cerca de un 97% siguen siendo católicos.

Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica fuertemente vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a la descendencia con una cierta vinculación con la misma. La caída de las bodas religiosas, que además es una fuente de ingresos para las iglesias y parroquias, es común a todas las comunidades autónomas, pero no igual. Hay siete comunidades autónomas con porcentajes de bodas religiosas por encima de la media:

– Extremadura: 31,5%.

– Castilla La Mancha: 30,2%.

– Andalucía: 28,7%.

– Región de Murcia: 26,6%.

– Aragón: 23,3%.

– Castilla y León: 22,1%.

– Comunidad de Madrid: 21,6%.

– Navarra: 20,4%.

Y diez que están por debajo de la media:

– Cataluña: 9%.

– Islas Baleares: 10,4%.

– País Vasco: 11,1%.

– Cantabria: 13,1%.

– Canarias: 13,2%.

– Asturias: 15,6%.

– Comunidad Valenciana: 15,6%.

– Galicia: 18,3%.

– La Rioja: 18,6%.

La diferencia en el porcentaje de las bodas religiosas entre Cataluña (9%) y Extremadura (31,5%) asciende a 22,5 puntos.

Más de 20.000 niñas en el mundo son obligadas a casarse cada día sin haber alcanzado la edad mínima permitida por la ley, según revela una investigación de Save the Children con motivo del Día Internacional de la Niña.

Alrededor de 7,5 millones de niñas en todo el mundo se casan por obligación al año y cerca de 100 millones no están protegidas contra el matrimonio infantil por las leyes de sus países, según recoge el informe.

Save the Children ha indicado que más de dos tercios de los matrimonios infantiles tienen lugar por debajo de la edad permitida por la legislación nacional y ha explicado que cada vez hay más países que imponen barreras legales a este tipo de uniones, pero que su implementación supone todavía un gran desafío para los gobiernos.

La ONG ha señalado que la debilidad de las autoridades y la falta de conexión entre las leyes nacionales y las costumbres religiosas son las barreras más importantes a la erradicación del problema.

"Las leyes que prohíben esta práctica son un primer paso muy importante, pero millones de niñas vulnerables seguirán estando en peligro a menos que se aborde de forma contundente el problema del matrimonio infantil. Necesitamos cambiar la actitud de las diferentes comunidades para que podamos acabar con esta práctica tan dañina", ha manifestado la directora ejecutiva de Save the Children Internacional, Helle Thorning Schmidt.

África: el conteninente más afectado

La investigación indica que la mayor parte de los países con tasas altas de matrimonio infantil pertenecen a África, donde se celebran 1,7 millones de uniones de este tipo al año. Además, algunos países de la región se ven afectados por altas tasas de adolescentes embarazadas, en muchos casos consecuencia de la violencia de género o de la explotación.

"Tenía 15 años cuando conocí a mi marido. Ahora mismo no estoy muy feliz porque no tuve la oportunidad de hacer lo que quería en la vida y ahora estoy embarazada", manifestó en declaraciones a la ONG una adolescente que se casó en 2016 en Sierra Leona, Fatmata.

Save the Children ha exigido, de forma previa a una cumbre que abordará la cuestión en África en pocos días, que se tomen medidas urgentes para fijar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, sin ningún tipo de excepciones. Además, la ONG ha reivindicado la importancia de que las niñas consideren la escuela una alternativa real al matrimonio.

"No veremos un mundo donde las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades de tener éxito en la vida hasta que erradiquemos el matrimonio infantil. Cuando una chica se casa demasiado joven, se hace cargo en seguida de su papel como esposa y madre, lo que aumenta las probabilidades de que abandone la escuela, se quede embarazada o pueda sufrir cualquier tipo de abuso", ha denunciado Thorning Schmidt.

En el nuevo auto, de 14 de septiembre y consultado por Europa Press, la juez Otilia Fornieles reitera que no concurren las causas de imposibilidad que alegaron los demandados y emplaza al artículo 283.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que establece que, en caso de incumplimiento de la sentencia de readmisión por parte del empresario, "se ordenará reponer al trabajador a su puesto de trabajo dentro de los días siguientes a la fecha de dicha sentencia, apercibiendo al empresario de que, de no proceder a la reposición o no hacerlo en la debida forma, se adoptarán medidas contenidas en el artículo 284".

La resolución, notificada a las partes en los últimos días y contra la que cabe un enésimo recurso de reposición, rechaza el penúltimo recurso del Obispado de Almería que insistía en la "imposibilidad material y legal" de ejecutar la readmisión ordenada por Supremo ya que el puesto de trabajo "ejecutante se encuentra cubierto por dos profesores en régimen de contratación" y Resurrección Galera "no tiene la preceptiva missio canónica" por parte de la Diócesis, lo que le habilitaría para la docencia de Religión.

Cabe recordar que en la vista celebrada el pasado 25 de abril para decidir sobre el incidente de ejecución presentado por la abogada de la docente, Obispado y Ministerio de Educación solicitaron que se decretase la "readmisión imposible" invocando el artículo 286 de la Ley de la Jurisdicción Social al entender que no queda "otra solución" que dar por "extinguida la relación laboral" con el abono de los salarios de tramitación establecidos acorde a lo que se fija en el citado artículo.

El abogado del Obispado de Almería, Luis Docavo, sostuvo en la vista que el obispo "no está obligado a otorgar" la autorización que "necesitaría" el Ministerio para proceder a la contratación de Galera y apeló al "principio de laicidad" que establece la "total independencia" del Estado y de las confesiones religiosas en materias que son "propias de su competencia".

"Ese principio reconoce el derecho de las autoridades religiosas a autorizar la contratación de los profesores de Religión y ese encargo es de naturaleza estrictamente religiosa, depende de la conciencia de la autoridad religiosa y, en ese sentido, el Estado tienen una capacidad muy limitada de intervenir", argumentó para remarcar que es "una actuación de naturaleza religiosa como la elección de un párroco o del horario de las misas, que nadie piensa deba ser fijado por el subdelegado del Gobierno".

En esta línea, indicó que los requisitos de idoneidad de los profesores de Religión se extiende al comportamiento de los citados profesores que "transmiten unos valores también a través de su testimonio personal y su profesión de fe".

El Ministerio, "imposibilitado"

Por su parte, el abogado del Estado trasladó que el Ministerio de Educación, "pese a haber mantenido la competencia en esta materia" en la comunidad autónoma andaluza, se veía "imposibilitado" para contratar a Galera "por una sencilla razón: no se le ha concedido la missio canónica".la missio canónica

"Sin la propuesta del Ordinario diocesano y en tanto no se proponga esa contratación, el Estado está atado, vinculado al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979 que tienen categoría de tratado internacional y no puede proceder, por tanto, a la contratación por nulidad del despido al existir una norma supralegal, de rango superior al Estatuto de los Trabajadores", precisó.

El Tribunal Supremo declaró nulo el no llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de Resurreción Galera al entender que se produjo una violación de sus derechos fundamentales y que se trató de una acción en represalia a un pleito judicial emprendido por la docente hace 15 años, por lo que, al margen de la readmisión, ordenó que se le pagasen los salarios de tramitación desde entonces.

En su fallo, la Sala de lo Social estimó el recurso presentado por la profesora y condenó a los demandados ya que, según remarca, volvió a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con "la exclusión de la lista del personal a contratar". "Tras once años pleiteando por el despido (...), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente se niega esa reanudación sin motivar", remarcó.

Largo periplo judicial

Con esto en concreto hacía referencia al pleito que emprendió Resurrección Galera por su exclusión para el curso 2001-2002 tras casarse en el año 2000 con un hombre divorciado. Como recuerda el alto tribunal en su sentencia, de la que es ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, se le concedió su amparo en 2011 y se declaró nulo.

"La existencia del procedimiento anterior durante once años constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial ", indicó el Supremo.

Añadía, en esta línea, que la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones "justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley". "Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada", concluía la resolución.

En diciembre de 2012 la letrada de la profesora ya anunció la interposición de un recurso para unificación de doctrina después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazara su readmisión con carácter indefinido pese a que su despido fue declarado nulo por vulnerar sus derechos fundamentales.

Previamente, un auto del Juzgado de lo Social de Almería ordenó que Galera se reincorporase a su puesto de trabajo hasta el pasado 31 de agosto de 2012 y condenó al Ministerio de Educación a pagarle 42.372,98 euros por los salarios dejados de percibir desde su cese.

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha firmado este martes la "primera sentencia" de nulidad matrimonial en virtud del nuevo procedimiento breve establecido por el papa Francisco, según ha anunciado en un comunicado la Archidiócesis hispalense.

El pasado 8 de diciembre, según recuerda la Archidiócesis de Sevilla, entró en vigor la reforma de los procesos de nulidad matrimonial que el papa Francisco estableció a través de la carta apostólica motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Una de las novedades que introducía la reforma papal era la institución de un proceso más breve ante el obispo, para una serie de supuestos en los que la nulidad "se hace patente sin necesidad de los trámites del procedimiento ordinario", informa Europa Press.

Entre las exigencias para un proceso de separación matrimonial más breve, la reforma papal enumera la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto para impedir la procreación y la continuada permanencia de una relación extra conyugal. También ocultar la esterilidad o una grave enfermedad contagiosa, ocultar tener hijos nacidos en una anterior relación, haber estado encarcelado o violencia física para obtener el consentimiento del matrimonio.

El Arzobispado manifestó su "esperanza y también su seguridad de que las determinaciones adoptadas por el Santo Padre en el motu proprio aligeren de forma significativa la lista de espera de nuestros tribunales, cuyo retraso tanto sufrimiento causa a las partes en los procesos y tanta desazón originan a los responsables de impartir justicia, especialmente los obispos y los ministros y personal de los citados tribunales".

Una de las reformas del actual pontífice es agilizar los procesos de nulidad matrimonial y, en cuanto sea posible, garantizar su gratuidad. En los últimos cinco años se han admitido a trámite 304 causas de nulidad matrimonial en la sede central del Tribunal de Primera Instancia de la archidiócesis de Sevilla y 741 en Segunda. 

Firmados en Roma poco después del referéndum constitucional de 1978 –previa negociación entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano, con Pablo VI como pontífice– los acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede son los que hacen que la Iglesia católica mantenga todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y educativos. También regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos. 

Estos acuerdos –que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953– tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado. 

Sin embargo, parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad. Al menos, así lo corroboran los expertos consultados por infoLibre para la elaboración de este reportaje. Conviene recordar, además, que los citados acuerdos han sobrevivido indemnes –salvo alguna excepción– al paso de gobiernos de uno y otro color. Y aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar. 

El PSOE abrazó la laicidad como uno de los ejes de su programa para las elecciones de 20-D. Su programa electoral recogía la promesa de cambiar la Constitución para suprimir las menciones a la Iglesia y de denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Asimismo, aludía a la necesidad de buscar la autofinanciación de las organizaciones religiosas, así como de de eliminar su presencia en los centros educativos públicos. Las propuestas de Podemos era muy similares. En el pacto de Gobierno entre los socialistas y Ciudadanos se incluía la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia y una revisión de los acuerdos para "buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica". 

Financiación 

Punto angular de las prebendas de la jerarquía es la financiación de sus actividades pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". Además, tal y como recuerda Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y experto en financiación de la Iglesia, su autofinanciación –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– no deja de ser una utopía.

En 2016, según se recoge en los Presupuestos Generales, el Estado entregará cada mes a la Iglesia católica 13,2 millones de euros (158,4 en total este año) a cuenta de la asignación tributaria mediante el IRPF. No obstante, la cantidad total que recibirá este año por esta asignación, que se complementa con la liquidación de lo recaudado el año anterior, será de alrededor de 250 millones. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Así, los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta el 100% de su cuota fiscal a Hacienda.

Cerca del 80% de esos 250 millones de euros los dedica la jerarquía a sostener su estructura, el culto y el clero. Ahí va incluido, por ejemplo, el pago de la seguridad social de sacerdotes y religiosos, la retribución de los obispos o el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta semana, el diario El País publicó detalles de las cuentas de 2013, según las cuales la Iglesia católica incluyó en la partida de "actividades pastorales nacionales" una partida de seis millones de euros dedicada a financiar la cadena de televisión 13TV, campañas contra el aborto (162.522 euros) o beatificaciones (100.000 euros). 

Fiscalidad 

El catedrático Alejandro Torres señala que, desde un punto de vista histórico, lo que más llamó la atención durante años fue el hecho de que la Iglesia no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales como consecuencia de una "aplicación extensiva" de los acuerdos. Este privilegio se resolvió en 2006 para cumplir con una airada exigencia de la UE, que llevaba tiempo reclamándolo porque suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal.

De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia. No obstante, esta modificación se produjo a cambio de un incremento del porcentaje del IRPF que pueden dedicar los ciudadanos de forma voluntaria a la Iglesia, que pasó del 0,52% al 0,7% actual. "La Iglesia pasó de recaudar 144 millones a 250", señala Torres. 

Los obispos sí mantienen el descargo del IBI, algo que Torres considera "lógico" en el caso de los templos porque allí "se ejerce un derecho fundamental", pero no en las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines de titularidad eclesiástica. Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI.

Por otro lado, pagar una entrada por acceder a visitar catedrales y basílicas españolas es casi la norma en España. Acceder a esas instalaciones tiene un precio y, si no se paga, no se entra. Sin embargo, estas transacciones no están sujetas a tributo alguno y en las localidades no suele constar la palabra precio ni el desglose del IVA. Estos ingresos permanecen ocultos a la Hacienda Pública –que no recauda nada por ellos– y a cualquier inspección por parte del Estado. En este sentido, Torres considera que sería oportuno abrir un debate "sereno" sobre si sería oportuno someter a un gravamen estas actividades "mercantiles y no religiosas" y que sí entrañan un lucro. 

También la conservación del patrimonio trasciende a los acuerdos. Por ejemplo, sólo 510.261 euros de los 22,16 millones ya asignados para las obras de reforma de la catedral de Santiago proceden de aportaciones de fieles o mecenas. Aunque el cabildo lo justifica porque no se cobra entrada y asegura que la catedral aporta el 30% del PIB turístico de Galicia. El catedrático Alejandro Torres no es tan crítico con el hecho de que el Estado financie la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico porque trasciende al hecho religioso, si bien considera que quizá habría que plantearse si el Estado es "igual de generoso" con otras confesiones.

Educación 

A lo largo de la historia democrática, los obispos también han intentado tomar la base de los acuerdos con la Santa Sede para imponer sus tesis en materia educativa. En este punto, la asignatura de Religión –y, de forma más concreta, su carácter evaluable y su materia alternativa fuerte– ha sido motivo de polémica. El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales recoge que "los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". De este precepto se sirvió la jerarquía para reclamar al PP que la materia confesional contara para la media y para acceder a becas, una prerrogativa eliminada con la LOGSE en 1990, y a la que los conservadores dieron pábulo en la llamada ley Wert. 

La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. Además de lo mencionado anteriormente, esta ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la "demanda social" a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública, y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos.

Movimientos de base como Redes Cristianas también se muestran críticos con el papel de la religión confesional en las aulas. Uno de sus portavoces, el teólogo y sacerdote Evaristo Villar, considera que el catecismo debería estar fuera de los centros educativos financiados con fondos públicos. A su juicio, sí sería interesante implantar una asignatura en la que se estudiara el hecho religioso desde una perspectiva científica dentro de un modelo cultural-no confesional, tal y como se hace en países como Finlandia, Suecia o el Reino Unido. El contenido de esta materia debería estar determinado por las autoridades educativas y sus docentes deberían tener un estatus académico equivalente al del resto del profesorado, no como ocurre ahora, que son seleccionados por la Conferencia Episcopal.

Villar también se muestra muy crítico con los centros educativos ultracatólicos que segregan a los niños en las aulas en función de su sexo y que reciben fondos públicos para su mantenimiento. "Es una discriminación que va en contra de cuestiones fundamentales del mundo en el que vivimos, no tiene sentido alguno", señala.  

Simbología religiosa 

La congelación del proyecto de Ley de Libertad Religiosa por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcó también la posibilidad de regular de forma expresa el establecimiento de símbolos religiosos en instituciones públicas o la participación de autoridades en actos religiosos, como pueden ser las procesiones de Semana Santa. En este sentido, España sigue sin legislar, por ejemplo, sobre los crucifijos en las escuelas públicas que, aunque minoritarios, son los que más polémica han creado en los últimos años.

Y tampoco lo ha hecho en el caso de los hospitales o los aeropuertos, donde la presencia de símbolos religiosos institucionales es "contraria al principio de laicidad" porque puede "propiciar la confusión entre los fines religiosos y los fines públicos o porque de su exhibición exclusiva pueda inferirse una cierta desigualdad respecto al resto de creencias o afectar a la sensibilidad de quienes no profesan ninguna", señala Fernando Amérigo, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense.

Por otro lado, la manera en que el hecho religioso está presente en determinadas ceremonias que tendrían que tener un carácter civil en el seno de un Estado aconfesional es otro de los signos de confesionalismo que de forma más clara perviven en la sociedad española. Por ejemplo, no resulta extraño ver a ministros jurando su cargo ante un ejemplar de la Constitución, un crucifijo y una Biblia. Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, recuerda que ni la simbología en instituciones públicas ni estas actuaciones de responsables públicos están avaladas por los acuerdos suscritos con la Santa Sede. A su juicio, responden más a una cuestión de "usos y costumbres" que debería regularse en base al principio de aconfesionalidad y mediante el respeto a la libertad religiosa y de conciencia. 

Valero atribuye a una "falta de voluntad política" el hecho de que estos aspectos no se hayan regulado, especialmente por parte del PSOE, que ha sido el partido que los ha reivindicado cuando ha estado en la oposición, pero que ha sido incapaz de ponerles freno cuando ha estado en el Gobierno. 

Cada período electoral trae consigo el resurgimiento del debate de la laicidad. La antesala del 20-D no iba a ser la excepción. La realidad es que España es un país que camina hacia la secularización y el número de españoles que dice profesar esta religión ha ido disminuyendo en los últimos años, si bien el catolicismo sigue siendo hegemónico. Y la realidad es que a pesar de que la España de hoy es la menos católica de la historia, los obispos mantienen su influencia en aspectos como la educación, el concepto de familia tradicional o la limitación de los derechos civiles.

Ante esta realidad surgen compromisos de reforma concretos, aunque con diferentes grados, en todos los partidos menos en el PP. Los conservadores todavía no han presentado su programa, aunque el hecho de que en sus estatutos el PP se comprometa con "el humanismo cristiano de tradición occidental" hace esperar que haya pocas –o ninguna– propuesta en este ámbito. 

PSOE, Podemos e IU proponen directamente denunciar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en materia económica y educativa, mientras que Ciudadanos y UPyD quieren revisarlos parcialmente. En virtud de estos acuerdos la Iglesia católica está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, de la misma forma que lo están otras congregaciones religiosas (desde 1992) y las fundaciones y asociaciones de utilidad pública sin ánimo de lucro (desde 2002) y también tiene potestad para seleccionar a los profesores que imparten religión en los centros públicos a pesar de que sus salarios los paga el Estado.

Entre las propuestas de los partidos está también poner coto a la simbología religiosa en el espacio público. A saber: limitar prácticas como que a cada tragedia con resultado de muerte le siga un funeral católico de Estado o el hecho de que los ministros prometan o juren "cumplir y hacer cumplir" la Constitución ante un crucifijo. 

infoLibre resumen a continuación cuáles son las propuestas de los seis principales partido en cuanto a religión y laicismo: 

PP

Los conservadores todavía no tienen cerrado su programa electoral para las elecciones del PP, así que un portavoz declina –a preguntas de este periódico– responder si la formación de Mariano Rajoy propondrá alguna medida concreta encaminada de reducir los signos de confesionalismo todavía presentes en el espacio público español. Se espera, no obstante, que no lo haga. No en vano, en sus estatutos, la formación dice comprometerse con "el humanismo cristiano de tradición occidental". 

En la reforma educativa aprobada en solitario por el PP en esta legislatura, el Gobierno reforzó en el carácter evaluable de la asignatura de Religión católica, cuya nota ha pasado a contar para la media del expediente y para obtener una beca. Por otra parte, el pasado julio se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria que acaba con el privilegio de la Iglesia de registrar a su nombre bienes de dominio público que no estaban inscritos como propiedad de nadie. Hasta entonces, una ley franquista, reforzada por una reforma legal del PP en 1998, concedía a la Iglesia la categoría de funcionario para poder poner a su nombre bienes no registrados. 

Registradores y notarios consultados por este periódico aseguran que, desde 1998, las inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica han sido "masivas". De hecho, en algunas provincias los colegios de registradores llegaron a enviar delegados a los Obispados para ayudarles a poner en orden su patrimonio. Es decir, esta reforma llegó cuando el clero ya había inscrito a su nombre prácticamente todos los bienes de dominio público que podía inscribir.

PSOE

En 2010, en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, el PSOE metió en el cajón de las promesas incumplidas su compromiso de avanzar hacia la laicidad del Estado con una ley de libertad religiosa ampliamente rechazada por la jerarquía eclesiástica. Ahora, Pedro Sánchez llevará en su programa una batería de propuestas encaminadas a "avanzar hacia el Estado laico", incluida la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia "que establezca un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas".

Así, propone introducir criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos entre los que se encuentran que en las tomas de posesión o promesa de cargo se hagan únicamente ante un ejemplar de la Constitución –actualmente se hace también ante un crucifijo–; que se elabore un protocolo para la organización de actos de Estado de carácter civil, en los que se podrá contar con la presencia y participación de las confesiones religiosas "con arreglo al principio de laicidad, igualdad y no discriminación"; así como que sólo se conserven los símbolos religiosos institucionales de edificios de carácter público cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Propone también que se construyan cementerios públicos no confesionales.

Respecto a los acuerdos de España con la Santa Sede, los socialistas defienden denunciarlos, lo que llevaría a "avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas y a "establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social". En el ámbito educativo, el PSOE propone sacar del currículo y del horario escolar las enseñanzas confesionales, así como recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sobre las inmatriculaciones defiende "reclamar la titularidad" de los bienes si dicha inmatriculación se produjo "sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor". 

Ciudadanos

Ciudadanos no revisará, en términos generales, los acuerdos que regulan la relación del Estado con el Vaticano y se limitará a plantear algún ligero cambio. De hecho, Albert Rivera dice sentirse "bastante cómodo" con el modelo que rige las relaciones del Estado con la Iglesia católica "salvo por algún privilegio económico concreto". Según Rivera, actualmente no hay un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que "les faltan libertades" o de que "hay un abuso por parte de la Iglesia".

A su juicio, un Estado aconfesional con una Constitución que reconoce que existe "una mayoría amplia de ciudadanos que tienen una confesión religiosa" le parece "un buen formato". No obstante, señaló que para garantizar "la igualdad de todos" ve necesario "revisar algunos privilegios" de la Iglesia, como la exención del pago del IBI o determinadas "cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas". Se refería en este punto a las inmatriculaciones, si bien todavía el partido no ha formulado una propuesta concreta. 

Sobre la religión en las escuelas Ciudadanos defiende "una escuela pública laica" y propone, en lugar de la actual materia optativa de religión católica, una asignatura específica sobre la historia de las religiones "que atienda desde el laicismo los distintos aspectos históricos y culturales de la religión, especialmente aquellos que más influencia han tenido en nuestra cultura" y que sea impartida por profesores funcionarios seleccionados por oposición.

Podemos

La formación de Pablo Iglesias hizo público la noche de este jueves las medidas incluidas en el programa del partido una vez que se cerró la votación de las propuestas en las que participaron algo más de 15.000 personas. En materia de relaciones Iglesia-Estado, Podemos propone la anulación del Concordato de 1953 y de los cinco acuerdos que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los firmados con otras confesiones religiosas.

La eliminación de estos acuerdos –subrayan en la propuesta de programa– tendría varias consecuencias. Entre ellas, la salida de la asignatura de religión del currículo, del horario en el caso de los centros educativos públicos, la derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos, así como la exclusión de privilegios fiscales como el pago del IBI o la financiación estatal –ya sea a través de la casilla del IRPF como de las exenciones fiscales– y tanto para la Iglesia católica, como para otras confesiones religiosas.

Podemos también propone medidas encaminadas a la consolidación de la laicidad del Estado como la eliminación de las capellanías y servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, universidades, prisiones, embajadas...) y "la supresión de celebraciones y simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos confesionales". En este sentido, defiende la sustitución de la actual ley de libertad religiosa de 1980 por una ley de libertad de conciencia, "que asegure la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". Respecto a las inmatriculaciones propone el "inventario y recuperación" de los bienes inscritos por la Iglesia católica al amparo de la extinta Ley Hipotecaria. 

Izquierda Unida

La defensa del laicismo ha sido tradicionalmente piedra clave para IU, así que se espera que su programa para las elecciones generales del 20-D incluya una amplia batería de medidas al respecto. Las propuestas que se harán todavía no están cerradas y se presentarán más adelante de forma más concreta. No obstante, un portavoz de la formación adelanta algunas de ellas, entre las que está la supresión "de cualquier privilegio confesional", la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y el Concordato o la eliminación de la financiación pública a las instituciones religiosas.

En el ámbito educativo propone la salida de la religión de las escuelas. Y es altamente probable –analizando las propuestas de elecciones anteriores– que IU vaya a las elecciones del 20-D prometiendo también una Ley de Libertad de Conciencia, la eliminación de cualquier donación a cualquier confesión religiosa el barrido de toda simbología religiosa en centros públicos y en actos oficiales y rechazo a las ayudas a los colegios que excluyan o segreguen al alumnado.

UPyD 

En su programa para el 20-D, UPyD propondrá reformar el artículo 16 de la Constitución para que quede redactado de forma que detalle que "ninguna" confesión tiene carácter estatal. Asimismo, el partido defiende reformar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado por el Estado con la Santa Sede en 1979 con el que fin de limitar los beneficios fiscales de la Iglesia católica. El objetivo es que sólo mantengan esos beneficios las actividades de índole social o asistencial y que no sea así en el caso de las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe, dogmas o cultura religiosa y aquellas otras afectas a una explotación económica. 

UPyD propone también un sistema educativo laico. La enseñanza de la doctrina religiosa no debe formar parte del currículo escolar ni evaluarse como conocimiento, sino en todo caso impartirse fuera del horario escolar, tanto en los centros públicos como en los concertados y privados. "La necesaria formación en esta materia buscará informar de las realidades religiosas en el mundo actual", señala. La formación defiende además el "impulso" a la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas –que no atenten contra los principios básicos de la Constitución–, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.

El Tribunal Supremo ha ordenado a un hombre que continúe pagando una pensión compensatoria a su exmujer a pesar de que el Obispado de Málaga declaró la nulidad de matrimonio, según informó Europa Press.

En una resolución hecha pública este sábado el alto tribunal explica que el afectado se divorció de su esposa en 2005 y fijó con ella de común acuerdo el pago de una cantidad de 600 euros mensuales.

Cuatro años después de la separación, la Iglesia decidió concederle la nulidad matrimonial por "falta de grave discreción de juicio en el esposo", es decir, por desconocimiento de los deberes que implica casarse. La resolución canónica obtuvo, meses después, eficacia civil.

El divorciado solicitó, un año después, que se le dispensara de continuar pagando esta cantidad debido a que el Código Civil solo prevé que exista compensación en casos de divorcio y separación.

La resolución precisa que fue el marido quien instó el divorcio y que se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos para postular la nulidad.

El error

No obstante, cometió un error fundamental que le obligará a continuar abonando los 600 euros mensuales acordados: no reclamó la adopción de medida ninguna y siguió pagando la pensión durante un año.

"Aceptó la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior", dice la sentencia.

Se acercan dos jóvenes al escritor en busca de una firma y le cuentan su historia. Uno se llama Eduardo, el otro Javier. Acaban de casarse. Durante meses mantuvieron la apariencia de una relación de amistad, sin que ninguno se atreviese a hablar de amor. Sentían miedo a la incomprensión, a la posibilidad de romper algo. Cada uno llevaba en su memoria el peso de una ciudad provinciana, una familia difícil, muchas ofensas soportadas y una costumbre de silencio como forma de resistencia.

Un día, justo cuando Javier se iba a pasar las Navidades a casa de sus padres, Eduardo decidió dar un paso. Copió a mano un poema del escritor, lo metió en un sobre y se lo dio a su amigo en la Estación de Atocha. Por favor, dijo, no lo abras hasta que el tren esté en marcha. Javier hizo caso, leyó el poema de amor cuando Madrid se despedía sobre la ventanilla con casas de suburbio, entendió la situación, decidió bajarse en la primera parada y tomó un tren de vuelta. El escritor observa la felicidad con la que los lectores cuentan su vida y se siente feliz. No puede dejar de imaginarse los momentos de silencio, el instante en el que Eduardo decidió elegir su poema, el lugar donde lo copió, la inquietud de Javier mientras empezaba a leerlo en un vagón de tren. Rincones de la vida.

En otra ocasión se acercan dos mujeres. Una de ellas, la más silenciosa, está embarazada. Me llamo Teresa, dice la otra, y quiero que me firme el libro. Antes de que el escritor empiece la dedicatoria, le toca el vientre a su amiga para definir la situación. Ella se llama María y el niño que esperamos se llamará Fernando. Quiero que nos dedique el libro a los tres. Luego Teresa se pone a contar una historia en la que aparece un poema de cuatro versos. El escritor observa su felicidad y se siente feliz. Imagina una cafetería frente al mar, una conversación entre dos profesoras de instituto. Rincones de la vida.

La Conferencia Episcopal publica Testigos del Señor (2014), su nuevo catecismo. Una nueva edición con los miedos y las represiones de siempre. Como cada uno suele tener los lectores que se merece, el escritor piensa en los suyos. La mayoría de ellos no van a sufir mucho porque viven ya en un mundo no gobernado por el infierno de la Iglesia. No estamos, por suerte, en la España clerical que denunció Pérez Galdós en Electra (1901). Los jóvenes Baroja, Valle-Inclán, Azorín y Maeztu fueron convocados a moverse contra la Restauración por aquella obra de teatro en la que una muchacha con derecho a ser feliz era maltratada por las supersticiones beatas de la España oficial. No, no estamos en la situación de Electra. Tampoco Doña Perfecta (1876) tiene ya poder de decisión sobre el amor y la muerte bajo la soberbia sumisa de las sotanas. No es casualidad que una buena parte de la mejor literatura española se haya escrito desde el siglo XVIII contra los daños y las mezquindades de la Iglesia. Algo se ha conseguido, señor Jovellanos, señor Clarín, señor Ortega y Gasset, señora Ana María Matute.

Tampoco es casualidad que García Lorca se identificara como poeta con Cristo frente a la intolerancia del Vaticano y de la institución católica. Se trataba de vivir el amor contra el deseo de poder. La Conferencia Episcopal no dedica su teología al amor, eso es mentira, sino al poder, a entender la religión como forma de poder, y por eso desprecia a los enamorados que no asumen sus reglas de obediencia. Y por eso maltrata también a los sacerdotes y a los cristianos que se empeñan en vivir de acuerdo con el amor, con la pura y libre incondicionalidad del amor.

No, por fortuna ya no estamos en la época de Pérez Galdós. Pero cuanto daño han hecho y hacen todavía aquellos que buscan los rincones de la vida para obstaculizar la felicidad de la gente. El escritor piensa en sus lectores y brinda por los ojos, las manos y las conciencias que han decidido vivir en libertad.

Las demandas de divorcio y separaciones han experimentado un descenso en 2013 del 1,7% respecto al año anterior, pasando de 126.996 a 124.797, mientras que suben las nulidades un 8,5%, de 164 a 178, según los datos que ha dado a conocer este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El año pasado se presentaron 70.326 demandas de divorcio de mutuo acuerdo, un 0,3 % menos que en 2012, mientras que las demandas de divorcio no consensuado fueron 47.609, un 3,5 % menos que en el ejercicio anterior. También las estadísticas relativas a las separaciones reflejan un descenso: del 2,1 % en el caso de las consensuadas (4.631) y del 6,9 % en las contenciosas (2.231).

En cualquier caso, el CGPJ señala que las separaciones vienen disminuyendo ininterrumpidamente desde la entrada en vigor de la Ley 15/2005 por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaciones y divorcios.

Por territorios, Extremadura y Murcia son las únicas comunidades autónomas en las que el año pasado se registró un incremento tanto de los divorcios de mutuo acuerdo como de los no consensuados. En cuanto a las separaciones, solo en Navarra se incrementaron tanto las separaciones consensuadas como las contenciosas.

Los datos anuales revelan, sin embargo, que todos los procedimientos de medidas en procesos de separación o divorcios, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales experimentaron un incremento, que puede obedecer, según el CGPJ, a los efectos de la crisis económica.

El efecto de las tasas judiciales

Así, en 2013 se iniciaron 7.943 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 14,9% más que el año anterior; y 30.511 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 7,6% más. En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se iniciaron 13.849 consensuados (15,2% más) y 25.191 no consensuados (8,2% más).

En cualquier caso, el incremento de los procedimientos contenciosos, tanto de modificación de medidas como de guardia y custodia de hijos no matrimoniales, ha sido el más bajo de los últimos años, lo que puede deberse, al menos en parte, al efecto de las tasas judiciales.

Ricardo Blázquez Pérez fue elegido este miércoles presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) tras las votaciones celebradas por los obispos españoles en el marco de la CIII Asamblea Plenaria de la CEE. De esta forma, Blázquez, que sucede en el cargo al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, retomará el puesto que ya ocupó durante un trienio, entre 2005 y 2008. Regresa con 72 años y ascendido a arzobispo de Valladolid por Benedicto XVI, poco después de fallecer Juan Pablo II. 

Su nombramiento cierra un proceso de renovación en la CEE que se inició el pasado noviembre con el relevo de Juan Antonio Martínez Camino en la portavocía de los obispos. Analistas y teólogos críticos consultados por infoLibre creen, no obstante, que el cambio en la presidencia provocará pocas modificaciones en la jerarquía católica aunque algunos digan de él que tiene un cariz más moderado. "No hay nada que se parezca más a un obispo que otro obispo", resumen Juan G. Bedoya, periodista de El País especializado en información religiosa.

El teólogo y director de la cátedra de Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Carlos III de Madrid Juan José Tamayo duda del halo de moderación que rodea la figura de Blázquez. Y lo hace recordando que fue durante su anterior mandato cuando la CEE arreció la crítica más voraz contra el Gobierno socialista, al que acusó de ser un "laicista radical". De la mano del PP, entonces en la oposición, la cúpula de la jerarquía católica no dudó en encabezar manifestaciones y en librar un duro pulso con los socialistas con propuestas de objeción y movilización de los católicos. Y eso a pesar de que los teólogos consultados creen que fue bajo el Gobierno de Zapatero cuando mejor le fue a las finanzas de la Iglesia. Aunque Blázquez no asistía a los actos en defensa de la familia tradicional que organizaba su predecesor Rouco Varela con el apoyo de grupos neointegristas como el Opus Dei, Legionarios de Cristo o Camino Neocatecumenal y de un sector mediático afín, tampoco movió un dedo para paralizar ese movimiento de respuesta en el seno de la institución. 

Entre los hitos de su paso anterior por la presidencia de los obispos está su acuerdo con el Gobierno de Zapatero para aumentar del 0,52% al 0,7% la asignación económica de la Iglesia vía IRPF a cambio de comenzar a aplicarle a esta institución el IVA por la venta de bienes muebles e inmuebles. El Ejecutivo socialista contribuyó así a aparcar la autofinanciación de la Iglesia católica, a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979. Hay que tener en cuenta que esta cantidad –en 2014 serán 249 millones de euros y en 2006 fueron 144,9– es la que se destina para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero y que sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%.

Tamayo también es crítico en su análisis sobre su paso por diferentes carteras dentro de la CEE, donde además de los cargos de presidente y vicepresidente, ha sido miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe (1988-1993) y de la Comisión Litúrgica (1990-1993) y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (1993-2003) y de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2002-2005). "En el pasado no dio muestra alguna de moderación o de voluntad por tener una actitud más dialogante. En el tiempo en que fue vicepresidente fue seguidor incondicional de la teología dogmática de Benedicto XVI y apostó por la exclusión de las mujeres en la Iglesia", lamenta.

Algo menos duro es Evaristo Villar, teólogo y miembro de Redes Cristianas, una organización que agrupa a más de dos centenares de grupos de cristianos de base, entre ellos muchos sacerdotes y teólogos. "Es un hombre conservador en la doctrina, pero también una persona que busca el consenso y que no se ha caracterizado por tener muchos enemigos. No es un hombre de extremos como Rouco Varela", dice. Asimismo, ensalza un gesto positivo de su primera etapa en la presidencia de la CEE. "Intentó pedir perdón por las muertes durante la Guerra Civil y el franquismo. Es cierto que quiso pero no pudo, le faltó contexto para hacerlo. Era algo que no se había planteado desde 1971", señala.

Su paso por Euskadi y sus nuevos retos 

Blázquez fue nombrado prelado de Bilbao en septiembre de 1995, en sustitución de Luis María de Larrea, y permaneció al frente del obispado hasta que, en 2010, fue designado arzobispo de Valladolid. En el primer destino no lo tuvo fácil. "Se pensaba que era un hombre que llegaba allí para someter a los vascos", señala el teólogo Evaristo Villar. Tanto que Xabier Arzalluz, entonces presidente del PNV, se refirió a él de forma despectiva como "el tal Blázquez". E Iñaki Anasagasti dijo que "loro viejo no aprende a hablar", en referencia a su incapacidad para aprender euskera. Blázquez acabó hablando la lengua de los vascos y logró un notable respaldo en la diócesis de Bilbao y en la sociedad vasca en general. 

Entre sus retos está mostrar más sensibilidad ante la crisis y sus consecuencias sobre los más desfavorecidos. Su antecesor, por ejemplo, ha callado ante el drama de los desahucios o el escándalo del robo de bebés. De puertas para adentro, el nuevo presidente también tiene el reto incluir a los colectivos de base, a los que Rouco ignoró durante sus mandatos y de los que llegó a decir que "profanar la eucaristía supone un desprecio de la muerte del Señor". Sin embargo, Villar recuerda que el hoy líder de los obispos no ha tenido en el pasado gestos de acercamiento hacia las comunidades más críticas. "Las cosas eran diferentes porque entonces en Roma tampoco se hacían esos gestos –Juan Pablo II y Benedicto XVI mandaron de forma sucesiva en el Vaticano mientras él fue presidente–, puede que las cosas cambien ahora con Francisco", añade Villar. 

En este sentido, Tamayo cree que su mayor desafío al frente de los obispos es apostar por un "cambio de prioridad" hacia lo social. "Su reto es que la prioridad no sea la ortodoxia o la moral represiva en materia sexual y que lo cambios que pueda hacer no sean una mera reforma administrativa. El objetivo tendría que ser la apuesta por el compromiso con los excluidos y la defensa de la ética pública de la justicia", asevera. 

Trayectoria 

Ricardo Blázquez Pérez nació en Villanueva del Campillo, provincia y diócesis de Ávila, el 13 de abril de 1942. Realizó sus estudios en los seminarios Menor y Mayor de Ávila (1955-1967) y fue ordenado presbítero en febrero de 1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1967-1972) y también estudió en universidades alemanas, informa Europa Press. 

Sus 21 años de ministerio sacerdotal se centraron en la actividad docente. Fue secretario del Instituto Teológico Abulense (1972-76), profesor (1974-1988) y decano (1978-81) de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como vicerrector de la misma.

En abril de 1988 fue elegido obispo de la iglesia titular de Germa di Galazia y nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela, recibiendo la ordenación episcopal en esa catedral el 29 de mayo siguiente de manos de Antonio María Rouco Varela. En mayo de 1992 fue designado obispo de Palencia y en septiembre de 1995 obispo de Bilbao.

La deriva es lenta, sí. Pero también constante. Y a la luz de los datos, España es un país que camina hacia la secularización. Aunque el catolicismo sigue siendo hegemónico, el número de españoles que dice profesar esta religión ha ido disminuyendo en los últimos años. Las encuestas muestran cómo se ha ido acelerando la desafección de los ciudadanos hacia esta religión. El 70,6% de los españoles se declararon católicos en noviembre de 2013, frente al 82,1% que lo hacían en 2001, lo que muestra casi 12 puntos de caída en 12 años según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Más datos: uno de cada cuatro españoles se declara ahora no creyente o ateo.

Asimismo, las encuestas reflejan también una fuerte caída en la asistencia a celebraciones religiosas. Más de la mitad de los que se consideran creyentes (60%) señalan que "casi nunca" asisten a oficios religiosos sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social como bodas, comuniones o funerales. Y sólo el 13,4% dicen ir a misa casi todos los domingos y festivos. Hace cinco años, esa cifra era 6,5 puntos mayor. Y hace 25, en 1988, el 33% de los que se decían creyentes iban a la iglesia al menos una vez a la semana, según recoge Alfonso Pérez-Argote en el libro Cambio religioso en España. 

Las causas de la secularización son variadas. Pero en esa tendencia que ya ha comenzado a quitarle a España la etiqueta de reserva espiritual de Occidente tiene mucho que ver, coinciden los expertos consultados, el alejamiento de los jóvenes, pues el 52% de los españoles de entre 15 y 29 años ya no se considera católico. "La influencia de las tradiciones persiste, pero de manera más diluida. Es muy posible que haya gente que tiene valores afines a la Iglesia pero que no se declara claramente católica. Se ha creado una situación de círculo vicioso en la que al haber menos vocación entre los jóvenes también entran menos visiones diferentes dentro de la Iglesia", señala Juan J. Fernández, profesor visitante de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Kerman Calvo, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca e investigador de un programa paneuropeo de religión y política, cree que sí ha habido una "transformación radical" entre los jóvenes, que ya no son "culturalmente católicos". Sin embargo, Calvo cree que esta tendencia secular es lenta y que incluso el alejamiento de esta generación de entre 18 y 24 años que ahora se ve lejos de la Iglesia se revertirá cuando abandonen su etapa de rebeldía y empiecen a configurar su propia vida de forma independiente o a formar una familia y adopten actitudes más conservadoras. El teólogo Juan José Tamayo no comparte esta visión. Considera que la "increencia" generalizada entre los jóvenes es "irreversible" y que el hecho de que no existan las presiones ambientales, educativas o sociales de antaño hará que estos, cuando lleguen a la adultez, no se acerquen a la Iglesia. 

Tampoco comparte el análisis de Calvo el profesor Juan J. Fernández, que no cree que este proceso de secularización sea patrimonio exclusivo de la juventud. "El proceso de secularización empieza en el siglo XIX y afecta a la población española en su conjunto, no sólo a los jóvenes. Hay más tolerancia respecto a temas como la homosexualidad, el divorcio o las relaciones fuera del matrimonio al tiempo que la Iglesia católica mantiene posiciones muy inmovilistas", añade Fernández. De hecho, el rechazo a algunos postulados de la Iglesia es ya mayoritario en España. Según datos del último macrosondeo del CIS sobre religión, elaborado en 2008, el 51.6% apoya las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o el 58.9% defiende el aborto en caso de anomalías fetales. 

Además de este fenómeno de alejamiento vinculado especialmente a los jóvenes, el teólogo Juan José Tamayo también apunta otras causas como el proceso de secularización de todo Occidente al que España se apuntó, con gran celeridad, en el postfranquismo. Con la muerte del dictador acabó también el catolicismo obligatorio. Los fieles redujeron su compromiso y las iglesias comenzaron a vaciarse. España pasó de ser un país católico a ser un país de cultura católica. "La secularización genera un proceso de increencia que acerca a las personas al ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia religiosa. Ya no existen las condiciones de siglos pasados para reforzar las creencias, es una opción cada vez más personal", amplía Tamayo. 

Entre los factores que explican este alejamiento, los analistas también coinciden en resaltar la "lejanía" con la que jerarquía católica es percibida por gran parte de la población. "Influye el comportamiento poco solidario de la Iglesia católica, muy preocupada por defender sus dogmas, principios morales y privilegios. Estamos ante un modelo de Iglesia distinto del movimiento igualitario de hombres y mujeres que puso en marcha Jesús", señala Tamayo, que vincula este proceso con el fenómeno de la apostatasía como "renuncia pública a la creencia religiosa". 

En este contexto, políticas laicistas del anterior Gobierno socialista como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo a la diversidad familiar, la agilización del divorcio o la ley de plazos del aborto dieron también un empujón a "grupos de corte neointegrista más preocupados por la evangelización a través del poder y por la espiritualidad personal que por la dimensión social", tal y como los define Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea. Se trata de organizaciones nacidas entre el segundo y el tercer cuarto del siglo XX, pero que se han desarrollado en las últimas cuatro décadas.

Opus Dei, Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenal son algunos de los grupos a los que se refiere López Villaverde y en los que la Iglesia se apoya para movilizar a los católicos con el altavoz de un sector mediático afín y el amparo de asociaciones religiosas del ámbito educativo como la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). Grupos como los kikos –así se conocen los miembros del Camino Neocatecumenal, en honor al nombre de su fundador, Kiko Argüello–, dice Calvo, han cambiado radicalmente las dinámicas dentro de la Iglesia. "Es un movimiento social muy poderoso en un momento de incertidumbre como el actual que ha importado las protestas a la americana y ha sido capaz de sacar a la jerarquía a la calle, un lugar en el que los obispos nunca se han sentido cómodos", señala. 

La realidad es que a pesar de que la España de hoy es la menos católica de la historia, los obispos no solo mantienen sino que acrecientan bajo el actual Gobierno su influencia en aspectos como la educación, el concepto de familia tradicional o la limitación de los derechos civiles. Y eso a pesar de que el 53.6% de los españoles creen que las autoridades religiosas no deberían influir en las decisiones del Gobierno, según el CIS. El borrador de la nueva ley del aborto, más restrictiva que de la de 1985 porque elimina el supuesto de malformación además de eliminará la libre interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, es buen ejemplo de cómo la jerarquía mantiene sus cotas de poder. 

La ley educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.

Una autofinanciación aparcada 

Los colectivos laicistas como Europa Laica señalan que la manera "más objetiva" de diagnosticar el respaldo real de la Iglesia católica es observar el número de personas que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta para el sostenimiento de la institución. En la declaración de la renta presentada en 2012 sólo un 34,83% de los contribuyentes (7.357.037 personas) marcaron esa casilla, frente al 35,71% que lo hicieron en 2011. 

La realidad es que el punto angular de las prebendas de las que todavía goza en España la Iglesia católica a pesar de este avance secularizador es la financiación de sus actividades, pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". El Estado abonará 159,6 millones de euros a la jerarquía en 2014 como anticipo del IRPF, aunque la cantidad total que recibirá por esta asignación se complementará con la liquidación de lo recaudado el año anterior. El adelanto es la misma cantidad que en 2012 y 2013 a pesar de que los ingresos previstos por impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales caen un 0,7%, según las previsiones del Ejecutivo.

Hace dos años, en una conferencia pronunciada en Chile, el recién nombrado portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, dijo tener un "sueño". Aseguró anhelar que "que las organizaciones de acción social como Caritas vayan en las manifestaciones contra el aborto y las organizaciones provida católicas se pongan en primer plano en las manifestaciones en defensa del reparto justo de las riquezas. Tengo este sueño para que no demos la sensación de una Iglesia partida, de una Iglesia rota". Estas palabras, pronunciadas cuando todavía era un sacerdote de perfil bajo a pesar de su extenso currículum, evidencian el perfil renovador de la que será la voz de los obispos para el quinquenio 2013-2018. 

Nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz), el 5 de junio de 1957, es el mayor de tres hermanos. De hecho, el pequeño de ellos, según recoge en su edición digital el diario Hoy, también es cura y, como él, también está ligado al Opus Dei. Pero Gil Tamayo encarna una figura poco común dentro del Opus, tal y como recoge El País: "A nadie se le oculta que su espiritualidad sacerdotal está ligada a la Obra, si bien todos coinciden en decir que es un rara avis, en el buen sentido. No pertenece a la Prelatura. Es cura diocesano", indica Juan Rubio, director de la revista Vida Nueva. 

"Decir que el hecho de que pertenezca al Opus Dei garantiza el continuismo y el ser un 'hombre de Rouco' resulta falso de toda falsedad", escribió este miércoles el periodista Jesús Bastante, especializado en información religiosa, en su blog El barón rampante. La realidad es que Gil Tamayo fue elegido en una primera vuelta con una mayoría de 48 votos frente a 17 obtenidos por el obispo Ginés García Beltrán y 12 logrados por el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, considerado el tapado de Rouco Varela. 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, se ha mostrado crítico con la forma en que la Iglesia difunde su mensaje en los medios de comunicación. En una entrevista con la revista chilena Qué Pasa dijo que la jerarquía tiene que hacer "un cambio de mentalidad" y que hay que "sacar a la Iglesia de las páginas policiales" al tiempo que se hace "más atractivo" el mensaje cristiano. "Creo que nos hace falta vender el producto. Vivimos en una paradoja: si no se vende, se cae, se desactiva", dijo al ser preguntado por su diagnóstico sobre la forma en que comunica la Iglesia.

Es experto en temas de comunicación –en 2006 fue nombrado por Ratzinger consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales– y, según Europa Press, es miembro de los consejos de administración de la Cadena COPE y de Popular TV. Además, es profesor del título de postgrado de Experto en Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor visitante de la Universidad Católica de El Salvador.

Durante la celebración del cónclave en el que fue elegido el papa Francisco desempeñó la función de portavoz para los medios de comunicación en lengua española. Federico Lombardi le reclamó para que acudiera a Roma nada más conocerse la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Un verano hizo prácticas en el diario extremeño Hoy, donde uno de sus periodistas recordaba en un perfil sobre su figura que en la redacción del periódico "todavía se recuerda cómo aquel curita se ruborizaba con algunas bromas que circulaban por la redacción".

De sus afirmaciones –en otra ocasión dijo: "los medios no exponen el hecho religioso salvo cuando es patológico"– se deduce que su gestión será diferente de la que llevada a cabo por su predecesor, que puso voz a la Iglesia más politizada llamando "herejes" a quienes justifican el aborto o sosteniendo que la homosexualidad es "objetivamente desordenada". Aunque Gil Tamayo se mostró contrario a las políticas a favor de la extensión de los derechos civiles llevadas a cabo por el Gobierno de Zapatero, lo hizo con un tono más amable que Martínez Camino, que llegó a acusar al PSOE de tener "poca tradición democrática". 

"Los ciudadanos pagan esos impuestos"

Gil Tamayo también se mostrado favorable a que la Iglesia se incluya en la Ley de Transparencia. "Es una decisión muy positiva, porque todo lo que contribuya a la transparencia es bueno para todos (...). Así, quiero insistir en que la transparencia no es una opción. No tenemos que verlo como una intromisión, porque los ciudadanos pagan esos impuestos y tienen todo el derecho del mundo a saber para qué se destinan. La Iglesia tiene la obligación de responder ante los ciudadanos en aras de conseguir ser transparente", dijo en una entrevista a La Razón. 

Del papa Francisco, de cuyos nuevos aires parece ser cercano, ha ensalzado que proponga una "Iglesia samaritana cercana al hombre y a la mujer de la actualidad" y ha dicho que esta forma de ser "no es producto de un márketing religioso, sino de la autenticidad de un pastor de la Iglesia que cree en el Evangelio y lo practica".

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Antonio María Rouco Varela, parece empeñado en no cejar en el intento de marcar los pasos del Gobierno del PP en lo que derechos civiles se refiere. Este lunes, aprovechó el discurso inaugural de la asamblea plenaria de la CEE para reprender con contundencia a Mariano Rajoy sobre el aborto y el matrimonio igualitario. 

"Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”, dijo el también cardenal de Madrid. Sin embargo, la Constitución Española lleva recogiendo ese derecho desde su aprobación en 1978. El punto uno del artículo 32 de señala que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". Y el punto dos añade que "la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos". 

El pasado noviembre, el Tribunal Constitucional, en la sentencia en la que avaló la unión entre personas del mismo sexo tras el recurso del PP, argumentó que una lectura "evolutiva" de la ley fundamental no lleva a la conclusión de que el matrimonio heterosexual sea el único "constitucionalmente legítimo". En este sentido, el alto tribunal señaló que la Ley del Matrimonio Homosexual no "desnaturaliza" esta institución.