“No tiene sentido enfrentar la pandemia de 17 maneras distintas”. Poner en cuestión el Estado de las Autonomías aprovechando la crisis del covid-19 se ha convertido en una constante. Especialmente después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido dar un paso más en la cogobernanza de la pandemia y haya impulsado, con un amplísimo respaldo del Congreso, una declaración del Estado de alarma que refuerza la capacidad de actuación de las comunidades y deja a sus presidentes sin apenas excusas para trasladar a la administración central la responsabilidad de las decisiones.

No es un debate nuevo. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 no sólo se está llevando por delante miles de vidas y la economía española sino que suma casi ocho meses sometiendo a una enorme prueba de estrés al Estado Autonómico. La gestión de las medidas sanitarias para hacer frente a la enfermedad, además de tensionar la estructura de los hospitales y de los sistemas de atención primaria, que claramente no estaban preparados para una emergencia de estas dimensiones, ha sacado a la luz zonas de sombra en la organización del sistema español de salud, especialmente en materia de coordinación de recursos y manejo de información.

Un escenario perfecto para que los partidos libren una batalla competencial que nada tiene que ver con el covid-19 y que separa, de un lado, a quienes sostienen que el Estado Autonómico ha sido capaz de dar una respuesta eficaz y coordinada a una crisis gigantesca —es el caso, sobre todo, del PSOE— y los que, por el contrario, afirman que parte de los problemas de gestión de la pandemia en España han tenido más que ver con la estructura descentralizada del Estado que con las dimensiones del problema estrictamente sanitario —ahí están, sobre todo, los partidos de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos—.

Supuestas desigualdades

La utilización de elementos del debate público para cuestionar el Estado Autonómico viene de lejos. La derecha, a veces también algunos sectores de la izquierda, han tratado en los últimos años de poner en cuestión el modelo español de descentralización con distintos argumentos, siempre en nombre de la existencia de supuestas desigualdades entre territorios y entre ciudadanos, ya sea en materia sanitaria o educativa, o de agravios comparativos, o en relación con los salarios de las fuerzas de seguridad, por poner los ejemplos más habituales en los medios de comunicación.

PP, Vox y Ciudadanos alimentan sus discursos, en todo o en parte, de mensajes que denuncian supuestos excesos por parte del Estado Autonómico y defienden —en distintos grados— la recentralización de España. En las elecciones de 2019 los tres partidos abrazaronuna amplia agenda recentralizadora para devolver al Gobierno central competencias de las Comunidades Autónomas. El PP, bajo el liderazgo de Pablo Casado, fue el último de los tres en incorporar estas ideas, que hasta entonces eran —en su versión más extrema— patrimonio de Vox y que siempre formaron parte del tronco fundacional de Ciudadanos.

Son estos tres partidos los que están aprovechando la pandemia para denunciar que la toma de decisiones diferentes para atajar la pandemia en Comunidades Autónomas que son distintas, tanto por sus propias condiciones geográficas y meteorológicas como demográficas, ha llevado al “caos” la lucha contra el virus. Sostienen, como han hecho estos días portavoces de los tres grupos en relación con la decisión del Gobierno de reforzar la autoridad de los presidentes autonómicos para luchar contra la pandemia a través del estado de alarma, que es un error que existan "17 estrategias diferentes" contra el covid-19.

Existe en la actualidad un consenso entre todas las partes, especialmente en la comunidad científica, en que desde que estalló el problema todas las administraciones —la central y las autonómicas— han cometido errores. De ahí que voces muy autorizadas de la ciencia en España lleven meses promoviendo una auditoría independiente pensando no en encontrar culpables sino en implementar soluciones que contribuyan a luchar con eficacia contra el virus. Contra este y contra cualquier otro que pueda venir en el futuro.

Así lo hicieron saber a través de la prestigiosa revista The Lancet en un artículo en el que incluyeron, entre las explicaciones del gran impacto del virus en España, “una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, lentitud en los procesos de adopción de decisiones, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales y escasa dependencia del asesoramiento científico”.

Problemas, por cierto, que los científicos españoles creen que “se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado al personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud”.

De ahí que, entre las preocupaciones que la comunidad científica española expresa a la hora de llevar a cabo la auditoría, destaque “el liderazgo y la gobernanza” de las crisis epidemiológicas.

El mal uso de la autonomía

Los constitucionalistas llaman la atención sobre el poco sentido que tiene cuestionar el Estado Autonómico porque en un momento dado alguien haga mal uso de él. El profesor Fernando Flores, de la Universitat de València, pone un ejemplo muy gráfico que a menudo utiliza en sus clases. Un martillo es una herramienta útil, razona, pero en manos de una persona violenta puede convertirse en un arma asesina. ¿Quiere eso decir, explica en conversación con infoLibre, que deben prohibirse los martillos?

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, tampoco cree que tenga sentido cuestionar el sistema autonómico basándose en la crisis del covid-19. Al margen de que la gestión de tal o cual gobierno esté siendo bueno o mala. Sería tanto como decir, explica, “que hay que cambiar la Constitución porque los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos una estructura que es descentralizada y que la Constitución establece porque reconoce el derecho a la autonomía”, recuerda.

Flores coincide con él. “El sistema autonómico es un sistema previsto en la Constitución” y regulado por estatutos de autonomía que implican vías extraordinarias de tramitación y aprobación que les otorgan un especial peso en la arquitectura jurídica del Estado. “Evidentemente hay cosas que funcionan mejor o peor”. Existen “disfunciones”, pero las habría también “si hubiera un Estado unitario no descentralizado”. Su existencia “no significa tener que darle la vuelta al sistema”.

Es verdad, admite Arbós, que “hay personas que cuando ven gestiones distintas se creen que esto necesariamente es un caos”. Y también es cierto que no todas las decisiones que se toman son acertadas. Pero eso no significa que no tenga sentido. “Por tomar una cosa simple: que en un lugar el toque de queda sea a las 11 o las 10. A mí me parece que está bien que pueda determinarse de modo distinto, porque los hábitos de las comunidades y la vida social son distintos. Por lo tanto me parece que es mejor que haya un margen para que la adaptación de las medidas de la lucha contra la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los contagios se derivan de los hábitos de los ciudadanos”. Una de las consecuencias que tiene la descentralización política que España eligió con la Constitución de 1978 “es que sobre una misma base no se toman siempre las mismas decisiones”. Y eso hay que asumirlo.

Las comunidades “deben ser responsables de lo que hacen”. Y los electores también, exigiendo a las autoridades competentes “que desarrollen las políticas que prefieren”. “A veces cuesta aceptar la diversidad y que, inevitablemente, allí donde hay un mínimo de autogobierno, aunque sea a escala local, pueda haber diferencias. Pueda haber incluso una competición”, como ocurre cuando un territorio decide bajar impuestos a costa de recortar en los servicios públicos. “Es inevitable”, apunta. Y representa una diferencia que, en su opinión, “no justifica el replanteamiento total de la estructura constitucional de España, que establece la autonomía como un derecho justo después de mencionar el carácter indisoluble de la nación española. Esto está en el núcleo de la Constitución”, subraya.

Si hay autonomía, “va a haber diversidad de normativas”. La clave “está en que esa diversidad no afecte a los derechos fundamentales y esenciales. Y en que en cada lugar la gestión sea lo más aceptable posible y lo más controlada posible. Y yo creo que es mejor controlar la gestión cuanto más directa es que cuando está a centenares de kilómetros” en virtud de un estado centralizado.

El catedrático catalán recuerda que las comunidades autónomas llevan mucho tiempo gestionando la sanidad, lo que les da “un conocimiento acumulado y pegado al terreno que no se puede pretender sustituir de la noche a la mañana por una gestión centralizada”. “El hecho de que las cosas se decidan todas desde Madrid a mí me parece que no va a mejorar la calidad de la respuesta que afecte a León, a Castellón o a Tarragona”.

¿Caos o diversidad?

A juicio de Arbós, “a veces se ve caos donde sólo hay diversidad”. Sin que eso signifique, subraya, que “todo se haga bien. Hemos visto comunidades autónomas que lo han hecho bien en unas condiciones muy difíciles y otras, sobre todo al principio, donde no se ha hecho bien, aunque creo que ahora se ha mejorado”, recuerda en referencia a Cataluña, donde vive. “Suponer mayor eficiencia y mayor calidad cuanto más centralización es un error”.

Lo que a veces falla, recuerda, son “los mecanismos de coordinación”, que “pueden ser más o menos eficientes”. Y ahí la referencia a Alemania es inevitable. Allí la coordinación “es una práctica constante y todo el mundo considera que, a pesar de las diferencias de gestión que puedan existir, hay una práctica común” a la hora de “ponerse de acuerdo”. El problema es cuando en el camino “se cruzan intereses partidistas”: entonces “no hay manera de ponerse de acuerdo”. “Cuando funciona el partidismo”, insiste, en cuestiones como la renovación de las altas instituciones del Estado “no hay forma de ponerse de acuerdo”.

En relación con la pandemia, “el problema no está en el diseño institucional, que es bueno, porque permite la reacción rápida indispensable, la reacción inmediata y localmente focalizada a través de las competencias ordinarias de las Comunidades Autónomas”. Los mecanismos de coordinación “pueden ser suficientes si los partidos se dejan en la antesala del lugar de la reunión las estrategias de lucha a muerte” por sus propios intereses.

La situación, concede Arbós, es “muy difícil y muy compleja de coordinar. Pero yo creo que la centralización no solucionaría los problemas, agravaría aún más la tensión política porque es una preferencia que no encaja con el actual modelo constitucional”.

Flores insiste en que “si el político decide mal, da igual que el Estado sea unitario, federal o autonómico. Da igual que tengas el mejor derecho del mundo o la mejor organización normativa. Porque va a funcional mal”.

La cuestión, explica, es “si el Estado Autonómico sirve. Y nos ha servido. Si llevamos 40 años sin matarnos, es entre otras cosas porque hay un Estado Autonómico”, por muy “imperfecto” que sea.

Porque lo es, añade. “La coordinación en determinados temas deja mucho que desear”. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, se producen disfunciones por problemas en la interconexión de los sistemas de información digital.

Es algo que no sucede en Alemania, recuerda Flores, quizá porque en un Estado federal estén mejor perfilados la coordinación y los elementos comunes. Aquí el debate se mezcla con la política, al dirigir las críticas en la dirección equivocada. “Para acabar con las disfunciones no hay que acabar con las autonomías. Es más un tema de coordinación que de competencias”.

El problema, según la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz, no es tanto el sistema autonómico como el uso que de él han hecho nuestros políticos. En su opinión, todo “habría funcionado mucho mejor” reformando la legislación sanitaria en marzo y dado capacidad de acción a las Comunidades Autónomas.

El peso de la polarización

En un seminario en línea organizado por la Fundación Alternativas el pasado jueves, Sáenz defendió que España podía haber hecho lo mismo que Alemania: modificar la legislación, prever la situación y coordinar con criterios iguales para todos las obligadas restricciones de derechos. El éxito alemán, sin embargo, no tiene que ver con el diseño de su estructura política, según Sáenz, sino con la “actitud de consenso” de los actores políticos del país.

“Por muchos órganos que establezcamos, la coordinación dependerá del sistema de partidos y de la mayor o menor polarización existente. Con la polarización actual en España, de nada servirá la creación de una Agencia Estatal de la Salud Pública o las reformas en el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Derecho no todo lo puede”, remarcó la profesora de la Universidad de Zaragoza en un reciente artículo en Agenda Pública.

Los estudios corroboran la opinión de los constitucionalistas sobre las bondades de la descentralización. Uno muy reciente, publicado en 2019 por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) intentó calcular Los costes de la no autonomía, yno deja lugar a dudas.

El IVIE es un centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica y a su proyección en el ámbito nacional e internacional creado en 1990 por la Generalitat Valenciana que cuenta con el apoyo de empresas y fundaciones privadas y que desarrolla sus investigaciones en estrecha colaboración con las universidades valencianas.

El documento, dirigido por los profesores de la Facultad de Economía de la Universitat de València Francisco Pérez y Ernest Reig, concluye que aunque “la recentralización no ofrece ventajas”, “la descentralización realizada es manifiestamente mejorable”. Sobre todo por dos vías: una distribución de los recursos entre las comunidades más ajustada a sus necesidades para garantizar la solidaridad interterritorial y “una mayor lealtad institucional entre los distintos niveles de gobiernos para lograr una mejor gobernanza multinivel”.

Esta última parece ser, no sólo para el IVIE sino también a ojos de los expertos en derecho constitucional consultados por infoLibre, el principal problema del modelo autonómico español en estos momentos.

El informe del instituto valenciano trata de dar respuesta a un hecho cada vez más evidente en el debate público —“por primera vez desde la transición política, hace ya más de cuarenta años, se cuestiona el Estado de las Autonomías, uno de los pilares fundamentales del actual régimen político”— exponiendo “el elevado coste que una situación de no autonomía —es decir, una alternativa recentralizadora— supondría para el país”.

Los investigadores del IVIE concluyen que “la evidencia empírica no respalda la tesis de que la descentralización implica mayores costes legislativos y ejecutivos, ni las comunidades autónomas gastan en las funciones que tienen encomendadas porcentajes de PIB mayores que otros países con similar nivel de renta”. Por tanto, "de la recentralización no habría por qué esperar ahorros de costes significativos”.

El informe reconoce que “la descentralización ha sido más importante por el lado de los gastos que por el de los ingresos”, pero recuerda que “no se debe a que las comunidades no quieran asumir responsabilidades fiscales sino “a las dificultades que existen para ampliar la autonomía fiscal de las comunidades dentro del marco normativo europeo”.

El IVIE llama además la atención sobre un enfoque que a menudo rehúyen quienes tratan de cuestionar ese Estado Autonómico en términos exclusivamente de coste-beneficio. “La autonomía es, ante todo,” una opción política que responde a la voluntad de la Constitución Española de 1978 de reconocer la existencia de diferencias culturales y de sentimientos identitarios y que, como consecuencia de ello, existen preferencias distintas sobre cómo organizar y prestar los servicios públicos en las diferentes nacionalidades y regiones”. “No se debe ignorar que una parte mayoritaria de los ciudadanos otorga valor a que se les reconozca el derecho a organizar de manera diferente los asuntos y servicios públicos en su demarcación territorial”.

Las tensiones territoriales desatadas por el intento de declaración unilateral de independencia protagonizado hace un año por las formaciones independentistas catalanas han provocado un ligero repunte de las cifras de ciudadanos españoles que se declaran partidarios de una reducción de competencias de las Comunidades Autónomas o de su completa desaparición. El porcentaje, sin embargo, sigue todavía muy por debajo del que registró en 2012 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando comenzó a preguntar a los encuestados su opinión acerca del modelo territorial español. En aquellas fechas, los partidarios de la involución autonómica eran la opción mayoritaria y rozaban el 40%, nueve puntos y medio por encima de los registros actuales.

Cuando el CIS decidió introducir en su barómetro mensual una pregunta sobre el modelo territorial, en julio de 2012, Mariano Rajoy llevaba seis meses al frente del Gobierno, la crisis y los recortes estaban en su peor momento y las tensiones con Cataluña estaba a punto de comenzar. Fue en otoño cuando Rajoy se negó a negociar el pacto fiscal que le proponía el president Artur Mas, lo que llevó a la convocatoria electoral de noviembre que dio inicio al procés soberanista.

En aquel momento, los españoles partidarios de suprimir las autonomías o, por lo menos, de reducir sus competencias, sumaban el 39%, según los datos del CIS, 8,2 puntos porcentuales más que los defensores del sistema puesto en marcha por la Constitución y casi el doble que los ciudadanos que apostaban por federalizar el país y reconocer el derecho a la autodeterminación.

Desde entonces, el porcentaje de españoles más jacobinos, según el CIS, ha ido cayendo paulatinamente. En 2012 y 2913 se mantuvo en valores cercanos al 40% , pero los dos años siguientes cayó hasta situarse en el entorno del 30%. Los valores más bajos de esta categoría corresponden al mes de junio de 2017 (25,4%).

Ha sido en 2018 cuando, siempre según los datos recogidos por los encuestadores del CIS, por primera vez en seis años ha vuelto a subir el peso de los partidarios de una recentralización. El cambio de tendencia es visible a lo largo del año, a pesar de que es muy ligero. Ahora mismo, este grupo de ciudadanos se sitúa en valores próximos al 30%. El último dato publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (31,5%) es el mayor registrado desde mayo de 2015.

El grupo de encuestados partidarios de que todo siga igual, tal y como establece la Constitución Española de 1978, que dentro de un mes cumplirá 40 años, comenzó a superar por primera vez a los involucionistas a finales de 2013 y se situó claramente por encima de ellos desde mediados de 2015 en una tendencia claramente al alza.

Su mejor registro (40,6%) es de abril de 2017, cuando los planes del soberanismo catalán de celebrar un referéndum el 1 de octubre ya empezaban a tomar forma. Este porcentaje está diez puntos porcentuales por encima de los registros de junio de 2012. Con algún altibajo, los valores se mantuvieron después en ese entorno, entre el 35 y el 40%. Con todo, el último registro publicado, correspondiente al pasado mes de septiembre (36,2%), es el más bajo desde marzo de 2017.

Autonomistas

Por su parte, los partidarios de otorgar más autonomía a las comunidades autónomas o de reconocer el derecho a la autodeterminación siempre ha sido el grupo más reducido. Primero se han movido, con ligeras variaciones y hasta mediados de 2014, en el entorno del 20%, según la serie mensual de barómetros del CIS. Es a partir de ese momento cuando los valores empiezan a situarse más cerca del 25% que del 20%, aunque con constantes oscilaciones.

El máximo registro de los ciudadanos partidarios de más descentralización (26,4%) lleva fecha de enero de 2018, justo después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre que volvieron a otorgar mayoría absoluta a los independentistas en el Parlament de Cataluña, a pesar de la destitución del Govern y de la aplicación del artículo 155.

El último dato ofrecido por el CIS sobre este grupo sitúa a sus partidarios en el 24,4% del total, el valor más alto desde que comenzó el año.

El análisis de las cifras de estos años revela que, cuando el CIS empezó a medir la opinión de los españoles sobre el modelo territorial, los partidarios de una recentralización eran el grupo mayoritario, duplicaban a los federalistas y les sacaban casi 20 puntos porcentuales. Hoy las cosas son distintas: la diferencia entre ambos grupos se llegó a acortar a unos poco puntos (sólo dos en diciembre de 2018) y ahora, gracias al ligero repunte de los ciudadanos contrarios al Estado Autonómico, oscila entre cinco y siete puntos porcentuales.

Un tribunal territorial español nunca podría haber decidido el curso de una euroorden de otro país como acaba de hacer el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el caso de Carles Puigdemont. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa la verdadera dimensión del modelo centralizado que sigue rigiendo en España a pesar de la descentralización política y de gestión que ha supuesto el desarrollo del Estado Autonómico.

En el caso de Alemania, los encargados de tomar una decisión cuando se tramita una orden europea de detención y entrega como la que el Tribunal Supremo cursó contra el expresidente catalán Carles Puigdemont son los tribunales de mayor rango de cada land,land en este caso el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. 

El sistema federal alemán, explica a infoLibre el profesor Ambos Kai, catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania), deja en manos “de la Justicia de los Länder la decisión sobre la admisibilidad de las solicitudes de extradición” que se produzcan “dentro o fuera” del sistema de las euroórdenes.

En España, en cambio, las órdenes de detención y entrega sólo se pueden resolver en los tribunales ordinarios o en instancias territoriales —los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas— si el detenido acepta voluntariamente ser entregado al país que ha planteado la solicitud. En caso contrario, son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional.

Sala de lo Penal

Efectivamente, los juzgados centrales de instrucción son competentes para la tramitación inicial del procedimiento, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es quien decide tanto si la persona reclamada no consiente a la entrega como si el Ministerio Fiscal advierte la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega.

La orden europea de detención y entrega se puede usar para pedir la entrega de alguien con el objetivo de que sea juzgado o para que cumpla una pena a la que haya sido previamente condenado. Funciona desde 2004 y sustituye el tradicional procedimiento de extradición por un sistema ágil de entrega de personas reclamadas basado en el intercambio directo de información entre autoridades judiciales sin la intervención de los gobiernos. La idea es simplificar los trámites y la documentación de trámite disponiendo plazos muy breves para la adopción de decisiones.

Este sistema se aplica en 25 países europeos (España, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia, Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República Checa e Italia) y facilita la entrega en un catálogo de delitos que incluye, entre otras materias, terrorismo, trata, explotación sexual, tráfico de armas, pornografía infantil y corrupción.

Si el delito por el que alguien es reclamado no está en el catálogo —eso es lo que ha ocurrido con las acusaciones de rebelión y malversación que pesan contra Puigdemont— la entrega queda condicionada a que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de delito en el Estado que recibe la petición, precisamente lo que ha hecho el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein antes de pronunciarse sobre la rebelión.

El desembarco de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, puesto por el que se embolsará un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes, ha reabierto el debate sobre la función de estos órganos que equivalen en las autonomías al Consejo de Estado y que tienen como función dictaminar, a través de informes no vinculantes, si una decisión de un Ejecutivo regional se ajusta o no a la ley. La utilidad de estos organismos se viene cuestionando en los últimos años por formaciones como IU y UPyD, que consideran que constituyen una forma más de perpetuar privilegios y que su actividad no está justificada. 

Cantabria es la única autonomía que, a día de hoy, no cuenta con un órgano asesor de este tipo. En su discurso de investidura, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal se refirió a los consejos consultivos como "excesos irracionales" y prometió que iba a acabar con ellos. Han pasado ya más de tres años desde entonces y por el momento no ha llevado a cabo su compromiso. Su opinión al respecto también parece haberse suavizado. De hecho, en junio de de este año agradeció la labor “callada, pausada y constante” de este órgano en su tarea de velar por el cumplimiento de la legalidad. En plan para reducir la Administración elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy también definía a los consejos consultivos como unos de los “órganos auxiliares” llamados a desaparecer. Nada más se ha sabido desde entonces. 

Entre los sectores que critican la existencia de este tipo de organismos los argumentos más utilizados son, por un lado, el desembolso económico que suponen. Y, por otro, el hecho de que en algunos casos se hayan convertido en el retiro perfecto para excargos públicos que se garantizan unos ingresos mensuales nada desdeñables por asistir a una reunión por semana. Algunos nombramientos no han estado exentos de polémica. Es el caso, por ejemplo, del expresident Francisco Camps. Aunque hay otros exjefes de Ejecutivos autonómicos que forman parte de estos consejos. Es el caso de los gallegos Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.

¿Cuánto cuestan? 

La principal crítica que se hace de este tipo de organismos es el desembolso de dinero que suponen para las arcas públicas. Especialmente en un momento de grandes restricciones económicas y recortes en servicios y prestaciones públicas. Según cálculos de infoLibre,en conjunto, las comunidades dedican cada año más de 20 millones anuales a sufragar los consejos consultivos. No obstante, hay diferencias sustanciales entre unas autonomías y otras. El que más gasto supone para el erario público es el de la Comunidad de Madrid. La memoria de 2013 recoge que ese año se destinaron a su funcionamiento 4,3 millones de euros. 

Con presupuestos que rozan o superan los tres millones de euros anuales funcionan los de Cataluña (3,07 millones), Andalucía (3,34 millones) o la Comunitat Valenciana (2,97 millones). Por encima del millón los de Castilla-La Mancha (1,4 millones), Asturias (1,3 millones) o Extremadura (1,24 millones). Mientras, los de otras comunidades tienen dotaciones bastante menores, como es el caso de los consejos de Canarias (500.000 euros), Navarra (470.000 euros), La Rioja (359.000 euros) o Aragón (302.309 euros). 

El caso de Cataluña es especial porque esta comunidad cuenta con dos organismos consultivos de este tipo. Se trata de la Comisión Jurídica Asesora, que trabaja para la Generalitat (tuvo para 2014 un total de 2,6 millones de presupuesto). Y el Consejo de Garantías Estatutarias, que resuelve dudas y conflictos planteados por Parlament y ayuntamientos.

Estas cantidades de dinero se utilizan para pagar el sueldo de los consejeros (presidente y vocales) así como de los funcionarios y otro tipo de contratados públicos que trabajan en estos órganos. El de Asturias, por ejemplo, tenía en 2013 un total de 25 empleados, de los que seis eran altos cargos. El de Madrid estaba compuesto ese mismo año por once altos cargos. Además los consejeros están asistidos por seis letrados y por personal de secretaría. Y hay otras 14 personas dedicadas a las tareas de administración de personal, gestión económica, biblioteca, documentación, archivo, registro de documentos o apoyo administrativo. La plantilla del consejo andaluz es de cuarenta personas a los que hay que sumar el presidente, el secretario general, seis consejeros con dedicación exclusiva y otros cinco consejeros natos. 

¿Quiénes loS forman?

Otro punto polémico es el de quiénes forman parte de estos órganos consultivos. Las diferentes normas autonómicas no guardan criterios similares ni en cuanto al número de consejeros ni en cuanto al currículo que tienen que tener. Las leyes de Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía o Baleares reservan puestos entre sus miembros a "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional". Pero es habitual que se reserven también asientos a políticos, pues los nombramientos se reparten entre los elaborados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento.

Ignacio Astarloa, exdiputado nacional del PP, fue nombrado en abril de 2014 presidente del Consejo Consultivo de Madrid. De los ocho miembros que tenía esta institución hasta la llegada de Gallardón sólo había dos claramente vinculados al mundo de la judicatura. De este órgano madrileño forman parte Joaquín Leguina, que mantiene su cargo de consejero nato como expresidente de la comunidad –cargo al que renunció Esperanza Aguirre–, la exministra Cristina Alberdi, un exdiputado del PP, un exconsejero socialista de Sanidad y hasta el secretario general del Club Financiero Génova.

En el Consejo Consultivo de Castilla y León, por ejemplo, solo hay un consejero con trayectoria únicamente jurídica. Se trata de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Los otros tres han pasado por la política. El presidente es el exalcalde de León Mario Amilivia, que tiene una dilatada trayectoria como diputado nacional, regional y senador y que ha tenido puestos de responsabilidad en la dirección del PP castellanoleonés. Le acompañan Ángel Velasco Rodríguez y José Constantino Nalda (fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1986 y 1987, además de otros cargos), ambos vinculados al PSOE. 

Pero hay más expresidentes en estos consejos. Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Francisco Camps, que  fichó por el de la Comunitat Valenciana tras dimitir como presidente de la Generalitat. Sirviéndose así de las ventajas que le otorga la ley se aseguró tener durante 15 años un sueldo público además del trabajo de un chófer y un secretario particular. Algo similar ocurre en Galicia, donde los expresidentes Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe forman parte del Consello Consultivo de Galicia como conselleiros natos. 

Los salarios que ganan sus miembros varían dependiendo de si ejercen o no la presidencia aunque en todos los casos superan los 60.000 euros anuales. En Galicia, por ejemplo, el presidente cobra 5.185 euros mensuales y los consejeros, 4.888. Tampoco hay un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este órgano. Las cifras son dispares. Por ejemplo, en Castilla y León los miembros son cuatro y en Andalucía, 14.

¿cuáles son sus funciones? 

Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de sus actos y disposiciones. Actúan, por tanto, a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales y reproducen las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.

Sin embargo, no suelen ser los consejeros los que redactan los documentos, pues para eso cuentan con la asistencia de letrados especializados que son funcionarios. Su tarea suele consistir en la asistencia a reuniones semanales en las que revisan y votan los textos que previamente han redactado los profesionales que trabajan en estos órganos. Ellos son los que examinan leyes y sentencias, buscan jurisprudencia y redactan los documentos. Al menos así ocurre en los consejos que cuentan con más expolíticos y menos personas con trayectorias jurídicas reconocidas. 

El volumen de actividad, por lo general, es extenso. Aunque hay diferencias reseñables entre autonomías. En Andalucía el consejo consultivo elaboró en 2012 (última memoria publicada) 1.076 dictámenes. En Euskadi el año pasado fueron 197; en Madrid, 657; en Aragón, 250; 

El enquistamiento del problema soberanista catalán provoca movimientos en el terreno intelectual. Si el martes se presentó un manifiesto firmado por personalidades como Mario Vargas Llosa o David Gistau que pedía al Gobierno que deje de estar "a la defensiva" y rechazaba "cualquier negociación" con la Generalitat, este miércoles se hace público otro documento cuyos autores, bajo el título Una España federal en una Europa federal, abogan por la reforma de la Constitución y la superación de un estado de las autonomías que estiman "insuficiente para hacer frente a los nuevos retos que España tiene ante sí".

La declaración federalista está suscrita, entre otros, por catedráticos como Angel Gabilondo, Fernando Vallespín, Mariola Urrea o Javier Braña; rectores de universidad como Daniel Peña (UC3M) y Alejandro Tiana (UNED); sindicalistas como Rodolfo Benito; abogados como Nicolás Sartorius; escritores como Almudena Grandes y periodistas como José Antonio Zarzalejos, Joaquín Estefanía, Ignacio Escolar o Jesús Maraña. El manifiesto antinacionalista, por su parte, es apoyado por la plataforma Libres e Iguales, que agrupa a políticos –como la expresidenta del PP vasco María San Gil–, intelectuales –el escritor Mario Vargas Llosa o el filósofo Fernando Savater– y periodistas –Hermann Tertsch o Federico Jiménez Losantos, por ejemplo–.

Y, si bien el manifiesto presentado este miércoles comparte con el de la plataforma Libres e Iguales que existe un problema en torno a cómo se están afrontando las reivindicaciones soberanistas, esa es su única coincidencia. Ambos documentos hacen hincapié en la necesidad de abrir un debate sobre la cuestión, pero difieren a la hora de reclamar soluciones al Estado y en el análisis de las causas del problema. El manifiesto antinacionalista achaca la causa principal al "desprecio al pluralismo social y político" del que, a su juicio, hace gala el soberanismo;  la declaración federalista denuncia la "ceguera imperdonable" que supone "ocultar" o "minimizar" la "actual insuficiencia de la estructura territorial del Estado".

Por la reforma constitucional

En este sentido, las soluciones que plantean ambos manifiestos no pueden ser más contrapuestas: mientras la declaración federalista insta "a los partidos políticos, a las instituciones democráticas que tienen las facultades para cambiar la actual situación, a que alcancen los consensos y adopten los procedimientos necesarios para reformar nuestra Constitución", el manifiesto que presentó la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo es tajante a la hora de reclamar al Gobierno que "aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla".

Eso no significa que la plataforma Libres e Iguales sea contraria a cualquier reforma constitucional, ya que su manifiesto señala que está a favor de "las reformas cíclicas que permitan que España sea una nación cada vez más integradora y de mayor calidad democrática", si bien no detallan en qué sentido deben ser estos cambios. Pero las referencias a la Constitución no terminan ahí, ya que el grupo reivindica la Carta Magna "como consigna de ciudadanía y convivencia" y rechaza "cualquier negociación que, con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo catalán, limite la soberanía del conjunto de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos".

El mensaje del manifiesto Una España federal en una Europa federal también gira en torno a la Constitución. Pero, en este sentido, plantea cambios profundos para garantizar la "unidad del Estado" frente a un movimiento independentista cuyas aspiraciones, de cumplirse, provocarían consecuencias "nefastas para todos". El documento enuncia de forma abierta para profundizar en el debate, cuatro propuestas o rasgos básicos de ese modelo federal: el "reconocimiento de las identidades diversas que componen nuestro país", la "distribución clara" de las competencias del Estado y las comunidades autónomas, el establecimiento de una cámara "que permita la participación de todas las comunidades en la gobernación de los problemas comunes" y la reforma en la financiación de las comunidades basándose en los principios de "igualdad de derechos de los ciudadanos", de "solidaridad entre los territorios" pero, a su vez, promoviendo que "ninguna comunidad se empobrezca por causa de la referida solidaridad".

El problema "no ha recibido la respuesta que merece"

"Deseamos firmemente formar parte de un mismo Estado, de una España y una Unión Europea federales, porque estamos convencidos de que sería lo mejor para todos los que llevamos tantos años conviviendo juntos", señala el manifiesto federalista, que pide "el más amplio consenso" para abordar una reforma constitucional que configure un Estado "que pueda en el futuro insertarse de manera natural en una federación de Estados europeos". Por contra, la declaración de Libres e Iguales insiste en la supuesta proliferación de "maniobras opacas para ofrecer nuevos privilegios al nacionalismo a costa de la soberanía de los españoles".

En lo que sí coinciden ambos manifiestos es en que el problema "no ha recibido la respuesta que merece". Pero, de nuevo, los destinatarios de las críticas que se plantean son radicalmente opuestos: mientras la declaración federalista denuncia la actitud inmovilista del Gobierno y alerta ante el riesgo que, a su juicio, supone pensar "que los problemas se arreglarán por sí solos" y prolongar "situaciones que posibilitan la fractura de la ciudadanía", el documento de Libres e Iguales carga contra el soberanismo y es tajante al asegurar que "el nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía" y "los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas".

El debate soberanista planteado por Artur Mas en Cataluña pone sobre la mesa –si es que no lo estaba ya– la posibilidad de replantearse el modelo territorial del Estado 35 años después de que se aprobara la Constitución española.

A través del informe de la Fundación Alternativas El modelo territorial español treinta y cinco años después –presentado este martes–, el catedrático de Derecho Administrativo y exministro socialista de Justicia y de Administración Territoral Tomás de la Quadra pretende buscar "una solución realista a un debate que lleva tiempo en la vida política" a través del "consenso".

Según el catedrático, caben muchas posibilidades entre el centralismo o el inmovilismo y el independentismo y el secesionismo. Para ello presenta una serie de propuestas que incluyen reformas constitucionales, por un lado, y adaptaciones y mejoras que pueden hacerse sin reformar la Carta Magna, por otro.

Del Estatut a reformar la Constitución

"Cataluña expresó una voluntad al ratificar el Estatuto pero el pueblo no sabía si eso era estrictamente consitucional, ni tenía por qué saberlo", explicó De la Quadra. "Resultó que muchos aspectos no eran constitucionales y el Tribunal no tuvo más remedio que decirlo", pero "esa voluntad pude tener encaje por medio de modificaciones constitucionales e incluso sin ellas", apuntó el experto.

Incluso cuando hacen faltan modificaciones constitucionales, advirtió De la Quadra, "no son de esas que implican una alteración completa, no son excesivamente difíciles de hacer". En concreto se refirió a las que afectan al Título VIII de la Constitución, que supondrían según el exministro un proceso de reforma "simple" equiparable a la del artículo del 135 de la Constitución que PP y PSOE modificaron en agosto de 2011: "No es difícil si hay un acuerdo y tampoco es algo que afecte a las bases del sistema".

Un Senado a la alemana

De la Quadra cree –y así lo expresa en el documento de trabajo– que el principal obstáculo para alcanzar este consenso es el inmovilismo del Gobierno de España y el victimismo secesionista de la Generalitat. Plantea que, desde el punto de vista constitucional, se podría volver al encaje "sin distorsiones excesivas".

El autor defendió que España "ya es un Estado de corte federal" pero se podría profundizar en este camnino cambiando en el artículo 149 de la Constitución, que prevé que las competencias que no asuman los estatutos de autonomía son siempre del Estado, algo que "podría cambiar" para darle un tono "más federal" a la Constitución: "Lo que no esté expresamente previsto que es competencia del Estado, que sea de las comunidades autónomas".

Otro asunto novedoso recogido en el informe es reinventar el papel del Senado. Propone un Senado al estilo alemán formado por los gobiernos (por sus consejeros)de las diferentes comunidades autónomas para conseguir "un debate real" que realmente conozca de lo que se habla. "Que el gobierno catalán, el vasco, el de Valencia... discutan qué cosa beneficia más a uno u otro territorio. Así los consejeros hablarán de temas que conocen y no se estará interfiriendo la presencia del debate interno, que para eso ya está el Parlamento de Cataluña o la Asamblea de Madrid", explicó el catedrático.

Por otro lado, aconsejó el cambio del principio dispositivo que recoge la Carta Magna, que dejó "muy abierto" el modelo territorial y las competencias de cada autonomía posibilizando "diversos contenidos". "Habría que cerrarlo y eso sería una buena pedagogía para dejar claro que el Estado tiene unas competencias y las otras son residuales", explicó de la Quadra. Además propuso que también existan competencias concurrentes, es decir, que tanto el Estado como las regiones sean competentes por igual para legislar en una materia, y no como ahora, que cada uno es competente en una parte: el estado hace las bases y las autonomías las desarrolan.

El experto defendió en último término la idea de negociar la financiación autonómica y el esfuerzo fiscal (que paguen más los que más tienen). También el de respetar los signos identitarios pero, eso sí, la "línea roja" es que no puede haber comunidades privilegiadas ni se puede romper el principio de solidaridad, algo, dijo, "bien razonable en cualquier estado federal del mundo".

Una semana después de presentar en el palacio de la Moncloa el informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha convocado en la tarde de este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas (CPFF). Se trata de una cita que originalmente no tendría que producirse y que fue convocada después de que el Gobierno se diera cuenta del enfado que había provocado en los diferentes territorios –incluidos los gobernados por el PP– la presentación del mencionado texto.

El malestar radica, en primer lugar, en las formas empleadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de trasladar el resultado del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El pasado miércoles los consejeros de Presidencia de las diferentes comunidades fueron convocados a la Moncloa para que asistieran al acto en el que Mariano Rajoy iba a presentar el texto. Un texto que, por cierto, está plagado de recomendaciones para las regiones. Las autonomías no entendieron por qué se les convocaba para algo que les afecta –aunque no les obliga a priori– sin explicaciones sobre las líneas generales de la futura ley.

La versión del Gobierno, sin embargo, es otra. Para contrarrestar el enfado de las comunidades aseguran que todas estaban al tanto de los trabajos que la CORA venía realizando desde el mes de octubre.

El segundo lugar, el texto del informe, que pasó la semana pasada por el Consejo de Ministros, también ha levantado ampollas. Comunidades como Andalucía, País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña ya han dejado claro en público su oposición a algunos puntos de la futura norma. Un texto que, inspirado en el principio de “una administración, una competencia”, recomienda a los territorios la “supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores del Pueblo”.

Más explícito es el texto en el párrafo en el que sostiene que “tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros". Unas observaciones que preocupan a algunas comunidades y tras la que ven un "intento recentralizador" por parte de Rajoy. "intento recentralizador"

Este es el escenario que se encontrará Montoro en la tarde de este jueves en el CPFF. A lo largo de la semana pasada, el titular de Hacienda esbozó a qué se arriesgan las comunidades que no cumplan con las "sugerencias" del texto, pero no fue muy claro en si puede haber algún tipo de instrumento sancionador. Sólo mencionó, de pasada, que las regiones cumplidoras podrían ser premiadas en el momento en el que se fijen los objetivos de cumplimiento de déficit.  podrían ser premiadas en el momento en el que se fijen los objetivos de cumplimiento de déficit. 

El déficit, para otro día

Precisamente, la cita de este jueves no tocará otro de los asuntos que mantiene enfrentados en dos grupos a los barones del PP: el de el establecimiento de objetivos de déficit diferenciados. Es el denominado "déficit a la carta". Para tratar este asunto en exclusiva será necesaria la convocatoria de otro Consejo de Política Fiscal y Financiera a lo largo del mes de julio. Lo que sí les trasladará hoy Montoro es que deberán cumplir con un objetivo global de déficit del 1,3 por ciento en 2013, según anunció este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Por si no quedaba claro que las posiciones de los catalanes respecto a España han girado notablemente, ahí está la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un 33,7% de los ciudadanos de esa comunidad cree que Cataluña debería ser un Estado independiente. Y es la opción favorita. Por detrás quedan las demás alternativas: que Cataluña siga siendo una comunidad autónoma como ahora (29,4%), que sea un Estado dentro de una España federal (21,4%) o una región de España (12,1%).

Los datos figuran en el III Barómetro Autonómico del CIS, conocido hoy, pero realizado entre el 13 de septiembre y el 9 de octubre de 2012, justo después de la multitudinaria manifestación de la Diada, en plena efervescencia del desafío soberanista, y antes de las elecciones autonómicas de noviembre.  

La pregunta no se incluyó tal cual en el anterior sondeo del mismo tipo, en el II Barómetro, confeccionado entre enero y marzo de 2010. Pero sí una semejante, y que viene a demostrar la evolución del sentimiento de los catalanes. Ante la pregunta de con qué fórmula de organización del Estado estaban más de acuerdo, en 2010 una mayor parte de catalanes (29,3%) prefería unas comunidades con más autonomía. Otro 26,2% se inclinaba por unas CCAA con el mismo grado de poder, y sólo un 23,6% quería un Estado que permitiera a las comunidades acceder a la independencia. En 2012, los datos eran completamente diferentes. El 37,4% aseguró el año pasado que prefería una España que reconociera a las CCAA "la posibilidad de convertirse en Estados independientes". Un 27,7% se decantaba por un Estado con comunidades "con mayor autonomía que en la actualidad" y otro 16,7% defendía la actual configuración. 

Además, un 68,6% demandaba en 2012 un "mayor grado" de autonomía para Cataluña, por un 54,9% que creía eso mismo en 2010. Otro dato apuntala hasta qué punto es clave para los catalanes el debate "en torno a la forma del Estado". "Bastante importante" lo cree el 41,2%.

La Comunidad de Madrid es casi el reverso de la moneda. Porque igual que se han extremado las posiciones en Cataluña, también lo han hecho en Madrid. Son mayoría (36,8%) los madrileños que piden un Estado con un Gobierno central sin autonomías, cuando en 2010 era sólo un 21%. La conservación del Estado autonómico en su vigente configuración es preferida por el 22%, por el 42% de hace tres años. Una España con unas autonomías con menor poder es deseada por el 19,7% de los madrileños, porcentaje (este sí) similar al de 2010 (17%).

Peor valoración del despliegue autonómico

En coherencia con esta radicalización, un 40,9% de los ciudadanos de la comunidad gobernada por Ignacio González reclamaba que el grado de autonomía de la región fuera "menor". Otro 47,7% juzgaba "más bien negativo" el desarrollo de la España autonómica, cuando en 2010 eran más (41,1%) los que lo consideraban "más bien positivo". Ese empeoramiento de la valoración del Estado de las CCAA también se ha producido, aunque en menor medida, en Cataluña: hace tres años, aprobaba el despliegue autonómico el 51,7%, frente al 42% de 2012. Los satisfechos, en ambos momentos, superaban al número de descontentos. 

El barómetro autonómico del CIS destina un apartado al eje nacionalismo-centralismo. La población catalana se situaba en 2012 en el 6,11 (5,19 en 2010), donde el 0 es "mínimo nacionalismo catalán" y el 10, el máximo. En otra escala, en la que el 0 representa "máximo centralismo" y el 10 la "máxima descentralización", los catalanes colocan al Estado de las autonomías actual en el 4,03, cuando les gustaría que estuviera en el 6,92. Hace tres años, estos registros eran del 4,59 y del 6,38. 

En Madrid, otra vez, las cosas se ven desde otro prisma. Los madrileños creen que el Estado de las CCAA está hoy en el 6,03, por encima de lo que ellos querrían (3,77). En 2010, la radicalización era menor: 6,05 y 4,35. 

Hablar de la reforma del Senado es casi tan viejo como la propia democracia española. El PSOE también hablaba años atrás de la necesidad de darle una vuelta, pero nunca como hasta ahora se había planteado de verdad una cirugía completa. Esa es, al menos, la propuesta de la dirección federal de los socialistas, que en los siguientes dos meses se someterá a discusión en las federaciones para culminar, en julio, en la reunión del Consejo Territorial, el órgano de poder que agrupa a todos los barones autonómicos. 

¿Qué Senado quiere el PSOE? Para empezar, plantea suprimirlo en su configuración actual. Hacerlo desaparecer. Lo que quiere es "convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial". Para ello, sugiere que sus integrantes sean elegidos por las comunidades autónomas. La primera idea que llegó a la reunión de la ejecutiva federal de ayer lunes era que fuesen los gobiernos regionales los que designasen a los senadores. Pero, durante el transcurso de la cita, algunos dirigentes respondieron que eso podría ser "probablemente poco democrático", porque así se eliminaba "la pluralidad interna" de cada comunidad. Lo más indicado, reconoció en rueda de prensa en Ferraz Ramón Jáuregui, coordinador de la Conferencia Política, sería que los miembros del nuevo Senado fuesen nombrados por los Parlamentos autonómicos. 

Los socialistas también quieren cambios de funcionamiento. Consideran que la nueva Cámara alta debe tener sus funciones "más limitadas", limitando su intervención en el proceso de elaboración de leyes y primando su poder en las normas de contenido autonómico. Así, la única Cámara representante de la soberanía popular sería el Congreso. El Senado incorporaría a su vez "las nuevas instituciones consecuencia de una cooperación federalista en el ejercicio de las competencias autonómicas", como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Cambios de raíz que, desde luego, el PSOE no ha puesto sobre la mesa en la ponencia que ahora mismo está abierta en el Senado y en la que se sientan varios partidos. Ponencia que, por consenso de los grupos, se limita a estudiar modificaciones en las funciones de la Cámara alta, no su composición, auténtico anatema para el PP, que parte con ventaja en las elecciones dado el gran número de senadores que proporcionan comunidades conservadoras y pluriprovinciales como Castilla y León. 

Frente al "neocentralismo y la autodeterminación"

La iniciativa se enmarca dentro del documento sobre la reforma federal de la Constitución "frente al neocentralismo y la autodeterminación" que presentó Jáuregui en compañía de la número dos del partido, Elena Valenciano. El contenido íntegro del texto sufrió modificaciones durante la discusión de la ejecutiva, y más que sufrirá cuando pase a las federaciones. Razones que Ferraz esgrimió para hacer público un resumen de cinco folios que contenía propuestas algo difusas y vagas. El PSOE se lanza a una "revisión seria" del modelo territorial hoy puesto en cuestión, a una reforma "profunda" que exige una modificación sustancial de la Carta Magna y, en concreto, del Título VIII, el que recoge la configuración de la España autonómica. No es suficiente, alegó el diputado, con maquillaje ni con reformas estatutarias. "Ya no basta". Los problemas que hay actualmente "no se pueden resolver ni con inmovilismo ni con una revisión necocentralista ni con la autodeterminación". 

El PSOE sugiere acoplar la Constitución "en clave federal", pero ello no significa, según precisó, "cambiar elementos nucleares" del sistema vigente, ni siquiera una reordenación de las CCAA. Jáuregui propone incorporar a la Carta Magna el mapa autonómico con sus actuales denominaciones y formular un "listado de competencias exclusivas del Estado". Más que de recentralizar o de descentralizar, o más que alterar totalmente el reparto de competencias, lo que el PSOE ansía es "cerrar" el modelo. "Clarificar" las competencias de Estado y CCAA. Las autonomías se reservarían todos los poderes que no tuviera el Estado. Además, se suprimiría el artículo 150. 2 de la Ley Fundamental, que permite la transferencia de competencias. 

La "clarificación" no equivale a que todas las CCAA dispongan de las "mismas" competencias, porque cada una podría decidir su grado de autogobierno. Jáuregui puso un ejemplo que ya existe hoy día: sólo dos autonomías tienen un cuerpo de policía propio (Euskadi y Cataluña), y así podría seguir siendo. Con la reforma de la Constitución se introducirían asimismo de forma "solemne" los "hechos diferenciales", las "singularidades" de las CCAA. La lengua, como asumió el coordinador de la Conferencia Política, forma parte de esos "hechos diferenciales", aunque no tendría por que suponer el aval "a un modelo lingüístico concreto", aunque nada "está precisado". El exministro volvió a recordar que lo que somete a discusión ahora es una mera propuesta, un esbozo que aún requerirá de mayor detalle. 

Que las reformas estatutarias pasen antes por el TC

El PSOE también pretende que la Constitución refleje los principios en los que debe basarse el modelo de financiación autonómica, el listado de los impuestos cedidos (total o parcialmente) y su modelo de reparto. La Carta Magna recogería igualmente el "principio de participación de las CCAA en la gobernación del Estado", así como la consagración de los instrumentos de "lealtad y colaboracion". Los socialistas quieren adelgazar el entramado administrativo autonómico y local, para evitar duplicidades, y descentralizar órganos institucionales "en correspondencia con una cultura federal".

Dos últimas reformas: asegurar la "igualdad de los españoles" en sus prestaciones básicas y hacer que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre las reformas estatutarias antes de que estas sean aprobadas por referéndum, si la ley exigiera este. Es decir, que no pase como en Cataluña, donde el TC cercenó el Estatut después de que votaran los ciudadanos. 

Tal cirugía entraría en lo que los constitucionalistas llaman reforma agravada de la Carta Magna, que exigiría disolución de las Cámaras y consulta a los ciudadanos. Jáuregui así lo asumió. Los españoles tendrían así la oportunidad de pronunciarse sobre los cambios y refrendarlos o rechazarlos. 

Jáuregui insistió en que el PSOE no impulsa su modelo por su conflicto interno con el PSC, sino por su convicción de que debe abrirse el melón. Reivindicar la reforma de la Constitución, puntualizó, es "la mejor defensa" de esta. El inmovilismo no es buen consejero, porque ese es el elemento que "encajona y enquista" las tensiones territoriales. Los socialistas saben que todo cambio necesita del concurso del PP, pero creen que el Gobierno "entrará al debate más pronto que tarde".