La casa del barrio barcelonés de Pedralbes que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin vendieron esta semana fue comprada por una sociedad de Luxemburgo por 6,95 millones de euros.

Así lo reconoció en una entrevista con Europa Press el representante de la red de intermediación inmobiliaria Coldwell Banker. François Carriere detalló que la venta se firmó el miércoles en una notaría de Barcelona y que el objetivo de la sociedad para la que trabaja es "alquilarla o venderla en un futuro".

Según Carriere, por parte de Urdangarin acudió a la firma su abogado en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, y por parte de la infanta no lo hizo ninguno de sus abogados (ni Miquel Roca ni Jesús-María Silva) sino su asistente personal.

Carriere explicó que los compradores han visto en esta casa una oportunidad para hacer una operación inmobiliaria, aunque ha asegurado que la vivienda necesita arreglos para poder sacarle luego una "alta rentabilidad", aunque conservará la estructura ya que se encuentra en buenas condiciones.

El representante de la inmobiliaria reconoció que el proceso judicial ha alargado el proceso de venta, pero indicó que los compradores "no tenían prisa" porque el precio ya estaba estipulado desde diciembre de 2014.

La abrumadora ignorancia y desmemoria que durante su declaración como imputada exhibió la infanta Cristina en todo lo relativo a los negocios de Iñaki Urdangarin y de la empresa que ambos comparten, Aizoon SL, la ha acercado un paso más al banquillo, sostienen fuentes conocedoras del caso.

El juez José Castro guarda un hermético silencio sobre las consecuencias de los 412 “no lo sé” pronunciados por la infanta y de su enroque en que jamás –“No me enteraba de nada”, dijo en su declaración– tuvo la menor noción de lo que hacían Instituto Nóos ni Aizoon SL ni su marido a efectos empresariales. Pero observadores que representan intereses y tesis contrapuestas dan por hecho que el magistrado incluirá su nombre en la lista de procesados una vez dicte el llamado auto de pase a procedimiento abreviado, que cierra la instrucción y abre la recta final hacia el juicio.

“Sus constantes evasivas –analiza una fuente– hacen que su declaración sea exactamente igual que si la infanta hubiese ejercido su derecho a no declarar: ni esclareció nada ni aportó ningún elemento que permita que el juez modifique la trayectoria de sus resoluciones anteriores para archivar la imputación que pesa sobre ella porque no se da ninguna de las condiciones que la ley prevé para un sobreseimiento antes del juicio oral”.

Las 120 páginas de la transcripción del interrogatorio incluyen afirmaciones chocantes o inverosímiles como su respuesta a la pregunta que el juez le formuló sobre por qué su empleada de hogar constaba como contratada por Aizoon SL en funciones de telefonista. “No lo sé –contestó la hija del rey–, porque yo no sé qué funciones ejercía cuando yo me iba de la casa, no sé”.

Si finalmente el juez Castro procesa a Cristina de Borbón por delito fiscal y/o blanqueo de capitales –a día de hoy, no se espera una decisión inminente–, el fiscal Pedro Horrach recurrirá sin duda ante la Audiencia de Palma, en cuyas manos quedará despejar el camino de la infanta o el del banquillo. Convencido de que la conducta de Cristina de Borbón puede merecer reproche ético pero no penal porque –y ese es su argumento clave– ni tenía por qué saber que su marido defraudaba a Hacienda ni conocer el origen ilícito del dinero de Aizoon que ella misma utilizó para gastos privados, el entorno de Horrach no recibirá con sorpresa su eventual procesamiento por parte del juez.

Jamás habló con su marido de Aizoon

En ámbitos cercanos a la Fiscalía se pone el acento en cómo la transcripción del largo interrogatorio de la infanta muestra que el juez “se cuidó mucho con sus preguntas de remarcar ciertas respuestas” de la imputada. Básicamente, aquellas en que su alegato de ignorancia o desmemoria resulta especialmente inverosímil. Por ejemplo, cuando aseguró que jamás habló con su marido sobre Aizoon SL –“No hablamos de nuestros negocios en casa”–, o que no sabía que la empresa tenía su domicilio en el palacete familiar de Pedralbes ni que su instalación allí había venido precedida de un contrato de alquiler firmado por ella misma y por su marido. O cuando sostuvo que ignoraba lo que era Nóos Consultoría Estratética SL, la empresa creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres y a la que la pretendida ONG homónima, Instituto Nóos, trasvasó 2,8 millones de euros de los seis obtenidos a dedo de la Generalitat valenciana y el Govern balear.

¿Y dónde queda entonces el testimonio de los peritos de Hacienda, que exculparon sin ambages a la infanta sin que el juez refutase sus argumentos? Pues, de momento, algunas fuentes ya manejan un nuevo razonamiento que permitiría a Castro seguir adelante con la imputación: “Hacienda debe decir si hay o no delito fiscal, pero se extralimita si pretende marcar al juez quién lo ha cometido y quién no, porque quién le dice a los funcionarios que en el delito no ha habido cooperadores necesarios o cómplices”. Lo importante –remacha una fuente para conjurar con sus palabras el fantasma de la doctrina Botín y la imposibilidad de llevar a alguien a juicio si la Fiscalía no le acusa– es que Hacienda sí ve aquí delito fiscal, algo que no sucedió en el caso Botín”.

La absoluta desmemoria alegada por la infanta durante el interrogatorio al que se sometió ante el juez José Castro la llevó a lanzar una afirmación rotunda: "No me enteraba de nada". La hija del rey respondió con esa frase a una pregunta del fiscal Pedro Horrach, quien recordó cómo el notario que escrituró la constitución de Aizoon SL recalcó que Cristina de Borbón no intervenía ni se enteraba de nada de lo que hacía Instituto Nóos ni Aizoon SL, la empresa cuya propiedad comparte con su marido, Iñaki Urdangarin.

La imputada recogió la pregunta y repitió el enunciado en su respuesta. Previamente, y esa vez en contestación al fiscal, la esposa de Iñaki Urdangarin ya había remarcado que ni siquiera sabía a qué se dedicaba su marido en Aizoon SL. "No hemos hablado de temas de Aizoon". Ni de nada relacionado con actividades empresariales: "No hablamos de nuestros negocios en casa", dijo literalmente.

Además, la infanta Cristina manifestó que entró en la sociedad Aizoon porque su esposo, Iñaki Urdangarin, se lo pidió. "Entré en Aizoon porque me lo pidió mi marido", manifestó, según la transcripción literal de su declaración a la que ha tenido acceso infoLibre. En esta línea, la hija del rey respondió al juez José Castro con unas 550 evasivas sobre su papel al frente de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido.

Al ser preguntada sobre si pudo haber sido utilizada como escudo fiscal al frente de la sociedad Aizoon, aseguró que "no, ni lo hubiese aceptado, ni me consta". "Casi me ofende, Señoría", subrayó. "Yo entiendo que hay preguntas que pueden ser ofensivas, no es mi intención ofenderla señora, créame, pero es lo que sale de la causa", rebatió el magistrado, recordando cómo el notario que participó en la constitución de Aizoon, Carlos Masiá, advirtió de los problemas que podría acarrear exponer a la infanta a los avatares de esta empresa, llegando a asegurar que su presencia suponía "un escudo fiscal ante Hacienda".

"A mí mi marido me pregunta si quiero ser socia al 50% y yo lo acepto y no hay nada más", aseguró la hija del rey al magistrado, ante quien afirmó que no recordaba haber tenido "ningún debate" con su esposo sobre la creación de esta empresa, a la que presuntamente se desvió parte del dinero recaudado por Urdangarin y su socio Diego Torres con contratos supuestamente irregulares con las Administraciones balear y valenciana.

Una constante en la declaración de la infanta fue decir una y otra vez que confiaba en Iñaki Urdangarin: "Mi marido ha hecho las cosas de la mejor manera posible y confío en que lo ha hecho bien, si está asesorado de una manera o estuvo asesorado de una manera o de otra, lo desconozco".

La hija menor del rey reconoció haber firmado el documento por el que se constituyó Aizoon pero negó haber presidido ninguna reunión de su junta, a pesar de que hay dos documentos en los que consta con la firma de la infanta. "¿Entonces esto cómo se hacía, llegaba su marido y le decía 'oye, hemos acordado esto, firma aquí' y usted firmaba?", le preguntó Castro llegados a este punto. "Posiblemente fuera así", contestó ella.

En otro momento de la declaración, aseguró que se enteró recientemente de que tenía la primera planta de su casa de Pedralbes, en Barcelona, arrendada a Aizoon. Cuándo le pidió el magistrado que concretase cuándo fue eso, respondió: "Ahora, preparando con mis abogados".

Cuando el magistrado instructor le indicó que para la Agencia Tributaria Aizoon es una "sociedad pantalla con fines defraudatorios", Cristina de Borbón negó tajante: "Señoría, no había una sociedad pantalla, yo confío en mi marido y en su buen quehacer, no puedo decir nada más".

También se mostró tajante la infanta cuando el magistrado sugirió que el traslado de Aizoon a la calle Balmes el 7 de septiembre de 2011 –dos meses antes de los registros en Barcelona que pusieron el caso Nóos en el ojo del huracán– se debiera a que sospechasen que se avecinaban esos registros. "En absoluto", contestó ella.

Clases de salsa y merengue

"Yo recibí clases de baile hace treinta años y todavía me acuerdo". Con esta afirmación rebatió el juez Castro las evasivas de la infanta, que aseguró no recordar si su marido y ella recibieron clases de salsa y merengue por un total de 707 euros cargados a Aizoon. Unos gastos de los que, entre otros numerosos desembolsos efectuados a nivel personal, los duques de Palma se habrían servido para defraudar a la Agencia Tributaria.

Ante esta respuesta, el instructor del caso Nóos procedió a preguntarle si sabía "a quién se le ocurrió la feliz idea de camuflar la salsa y merengue como curso de formación" para pasarlo como gastos de la actividad de Aizoon. "No lo sé, Señoría", se limitó a contestar la imputada, aseverando en cualquier caso que ella no recibió este tipo de clases y que no recordaba quién podía haber participado en ellas. 

El juez del caso Urdangarin, José Castro, acaba de aceptar que la asociación promovida por Julio Anguita, Frente Cívico Somos Mayoría, ejerza la acusación popular en la causa. El magistrado accede a su personación en contra del criterio de Manos Limpias, personada desde el inicio y que tildó de "réplica política" la entrada en escena de Frente Cívico.

Aunque la instrucción se encuentra ya muy avanzada y con la situación definitiva de la infanta Cristina como única gran incógnita, el magistrado abre paso a la asociaciòn de Julio Anguita sin exigirle que previamente presente querella ni preste fianza. Los abogados de la asociación podrán, por tanto, asistir el 8 de febrero a la declaración como imputada de la hija del rey.

La oposición de Manos Limpias a que se concediera a Frente Cívico el rango de acusación popular se produce tras la convulsa jornada en la que el perito propuesto por su abogada no lograse sembrar dudas sobre lo declarado ese mismo día por tres funcionarios de Hacienda. Hacienda, cuyas tesis respalda el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, sostiene que la empresa Aizoon SL, cuya titularidad comparten al 50% Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, no cometió delito fiscal. Y que la autoría del delito debe ser atribuida a Urdangarin en exclusiva, aunque todavía pende sobre su esposa la sospecha de que pudo cooperar en su perpetración.

En la declaración de la infanta, el juez tratará de esclarecer si el duque de Palma podría haber ocultado sus ingresos personales a Hacienda si no hubiese contado con Aizoon SL y qué papel jugó la infanta en la constitución de la que todos los informes tributarios definen como sociedad pantalla.

Aunque pocos tuiteros confían en que la infanta no vuelva a quedar desimputada, como ya ha sucedido anteriormente.  

[Ya han desimputado a la infanta? Aún no? Ahora? Y ahora??? Seguro que no?]

La Agencia Tributaria eleva a 1,6 millones de euros el coste real de las tres ediciones del Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, a pesar de que para la organización de ambos eventos el Instituto Nóos percibió hasta un total de tres millones de la Comunitat Valenciana y 2,3 millones de Baleares, según un informe de 402 páginas al que ha tenido acceso Europa Press.

El juez instructor de 'caso Nóos', José Castro, ha tomado la decisión de pedir a la Agencia Tributaria quie se pronuncie de forma expresa sobre si la infanta Cristina cometió delito fiscal, tal y como se atribuye a su marido, Iñaki Urdangarin.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach había solicitado al juez que se dirija a la Agencia Tributaria apara que determine mediante un nuevo informe si la infanta incurrió o no en un presunto fraude fiscal, tal y como expone en el escrito que ha presentado ante el magistrado.

El representante del Ministerio Público pide, para dar "estricto cumplimiento" a lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Baleares en el auto por el que dejó las puertas abiertas al posible encausamiento de la infanta por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, que una vez emitido el informe pericial de Hacienda se le dé traslado para valorar las consecuencias penales que pudieran derivarse de su contenido.

Horrach ha hecho entrega de su escrito después de que el juez instase a las acusaciones personadas en la causa a que, en un plazo de cinco días, hagan las alegaciones que estimen oportunas sobre las líneas de investigación "insinuadas" por la Audiencia en relación al presunto fraude fiscal en que habría incurrido la hija del rey.

José Castro ha desestimado, además, el recurso de la infanta contra la petición de sus últimas declaraciones de la renta, solicitud que el magistrado cursó a Hacienda a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, informa Europa Press.

Mediante un nuevo auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha rechazado los argumentos esgrimidos por la infanta, quien alegaba una vulneración de su intimidad con esta decisión. Los documentos relativos al duque ya han sido incorporados a la causa.

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha recurrido en reforma la petición efectuada por el juez José Castro a Hacienda de sus diez últimas declaraciones de la renta así como las de la infanta Cristina, una solicitud que cursó mediante un auto en el que aseveraba que, pese a que la declaración de la hija del rey fue "por prudencia" dejada sin efecto, "nada impide que se puedan llevar a cabo las diligencias de investigación que se estimen oportunas".

A través de una nueva resolución que ha dictado este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del caso Nóos da por interpuesta la impugnación del Duque, en la que éste se opone así a la petición efectuada por el magistrado a la Agencia Tributaria (AEAT).

En su solicitud, el magistrado alegaba que el auto por el que imputó a la hija del Juan Carlos tiene "plena vigencia" de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la encausada. De este modo, atendía a la última petición formulada por el sindicato Manos Limpias, dirigida a que se aporte testimonio al caso Nóos de las diez últimas declaraciones del impuesto sobre la renta de los Duques de Palma.

Mientras tanto, el juez ha librado nuevo mandamiento al Registro Mercantil (Borme) de Barcelona a fin de que remita "lo antes posible" testimonio de la totalidad de asientos y documentos contenidos en el Libro de Depósito de Cuentas correspondientes a Aizoon -de la que los Duques son copropietarios al 50%-, desde su constitución hasta la actualidad.

Recientemente, el Borme comunicó al Juzgado que el último movimiento efectuado por Aizoon fue el cambio de domicilio efectuado el 23 de agosto del pasado año, fecha desde la cual no aparece ninguna nueva modificación que afecte a la actividad de la sociedad investigada en el caso Nóos. Así lo ponía de manifiesto la historia registral entregada al juez Castro, a la que tuvo acceso Europa Press, después de que así lo solicitase el magistrado a petición del sindicato Manos Limpias.

En concreto, la sede de Aizoon fue trasladada al mismo local donde en la actualidad está ubicado el despacho del abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives. Así, el domicilio social de la empresa pasó en agosto de estar situado en la calle Balmes de Barcelona al Paseo de Gracia número 81, concretamente en la misma planta donde el letrado ejerce su actividad profesional.

Aizoon, en el foco de la investigación

En el marco del caso Nóos, Aizoon es una de las sociedades de la trama a través de las cuales Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían embolsado unos 5,8 millones de euros. Más en concreto, el marido de la Infanta Cristina cobró más de 747.000 euros a través de su inmobiliaria tan sólo entre los años 2004 y 2005, tal y como consta en el amplio sumario de la causa, que conforma una de las 27 piezas separadas del caso Palma Arena.

Es más, los investigadores apuntan a que el duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Y es que en un extenso informe al que tuvo acceso Europa Press, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).